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México: Maestros piden recursos acatando la reforma educativa: SNTE

México/Agosto de 2017/Fuente:  El Mercurio

El dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de la Educación en Tamaulipas Rigoberto Guevara Vázquez, aseguró que los maestros han atendido el llamado por parte de las autoridades educativas al evaluarse dentro de lo que marca la Reforma Educativa pro ahora, es necesario sean tomados en cuenta para poder prepararse académicamente.

Reveló que los maestros de Tamaulipas han cumplido con la disposición de la reforma educativa, pero para emitir una educación de calidad, deberán de tener otros estadios de preparación y asi, pulir todo lo que hoy se le exige a la docencia en la nación.

“Que nos fortalezcan en el ramos 11, que es lo que establece la actualización y la profesionalización con recursos para que podamos tener nosotros una preparación adecuada y poder accesar a la educación de calidad que requiere el estado de Tamaulipas”, dijo,.

Reconoció que ellos como sindicato, también colaboramos con la educación, esto luego de subrayar que ellos están ponen a la disposición del SINADEP lo hacen dentro de las 15 regiones ya que eso ayuda a que el compañero se vaya preparando mejor en todas las áreas.

Guevara Vázquez solicitó que la Reforma Educativa cumpla con los beneficios que establece y no solo con las exigencias para los maestros de Tamaulipas y de todo el país, al precisar que la secretaría de educación como una gran empresa, debe y tiene que capacitar a sus trabajadores para poder mejoras el nivel educativo de los maestros.

“Yo creo que a eso tendremos que accesar, nosotros los maestros hemos cumplido con la tarea que corresponde en el aula y en nuestro trabajo, por eso hoy decimos que la reforma educativa que no sea solo de papel en la exigencia”, dijo el dirigente de la sección 30 del SNTE.

Fuente: https://elmercurio.com.mx/la-ciudad/maestros-piden-recursos-acatando-la-reforma-educativa-snte

 

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Chile. Reforma a la educación superior de Bachelet: Educación pública como mercado regulado

América del sur/Chile/05 Agosto 2017/Fuente: Kaos en la red

Se aprueba el proyecto de reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados quedando pendiente su trámite en el Senado, lugar que, de no mediar la presión del Ejecutivo, posiblemente mantenga la gratuidad por medio de una glosa en la ley de presupuesto del año 2018. Así, la garantía del derecho social a la educación seguirá dependiendo de una discusión anual, cuestión que contraviene las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de derechos económicos y sociales.

La discusión del proyecto no estuvo exenta de críticas provenientes de todos los sectores – incluido el oficialismo – quienes sostenían como puntos comunes de crítica al Proyecto: (i) un aparato burocrático excesivo carente de coordinación al momento de aplicar sus potestades; (ii) temor sobre la forma de determinación de aranceles y matrículas, regulados por la nueva Subsecretaría de Educación Superior y, derivado de lo anterior, (iii) el déficit que podrían enfrentar algunas instituciones que decidan formar parte del nuevo sistema.

Sin embargo, las críticas por la izquierda tampoco son menores. La existencia de un ente fiscalizador con características de Superintendencia viene a reconocer y perpetuar el mercado educativo en nuestro país, en tanto se mantiene una estructura educativa cuya provisión sigue en manos de entes privados que continúan parasitando de los recursos públicos. Esto explica la necesidad de crear un ente que fiscalice dichos recursos, pues, ha sido la experiencia de los últimos 10 años la que ha instaurado dicha necesidad tras el cierre de universidades fraudulentas que han engañado a miles de familias con la promesa de una profesión universitaria y un futuro más próspero. Al igual que otras Superintendencias, su rol se traduce en fiscalizar un mercado, lo cual demuestra que para el Gobierno de la Nueva Mayoría la educación sigue siendo un bien de consumo que se adquiere en un mercado regulado.

Por tanto, la inmutabilidad de la estructura de la oferta educativa, que obliga al Estado a pagar subvenciones a entes privados, es la que imprime la necesidad a este último de fiscalizar los recursos entregados. Cuestión del todo prescindible si se hubiese estimulado el crecimiento y desarrollo de la educación pública estatal que, en tanto entes públicos, sus recursos serían fiscalizados por instituciones ya existentes, tales como la Contraloría General de la República o el mismo Ministerio de Educación.

Por otra parte, el proyecto de reforma es capaz de mostrarnos luces de la táctica adoptada por el Gobierno para enfrentar la coyuntura educativa. En primer lugar, una división de la reforma al sistema que dificulta una respuesta social unitaria al proyecto; secundarios/as, profesores/as, funcionarios/as universitarios/as (estatales y no estatales) tuvieron que responder descoordinadamente a una agenda que nunca pudieron -ni tuvieron posibilidad- de controlar. Un segundo movimiento, consistió en diagnosticar la imposibilidad de salvar al sistema público sin, al mismo tiempo, regular la existencia de los oferentes del mercado educativo, hecho que dio lugar a la necesidad de crear un Superintendencia que fiscalizara a las instituciones de educación superior en el empleo de los recursos públicos que verán abonados a sus arcas, como dijimos en un comienzo. El tercer elemento, consiste en esbozar, sin mayores controles, una estrategia de desarrollo que afronte los errores cometidos por la Concertación al aumentar la cobertura educativa sin visión país, y que hoy tiene al 60% de los profesionales sin ejercer sus respectivas disciplinas, o en la cesantía ilustrada del siglo XXI que afecta mayormente a jóvenes recién titulados.

La intención del bloque en el poder para sortear la crisis educativa dice relación con la necesidad de dar conducción, mediante objetivos de desarrollo previamente definidos-artículo 7 del proyecto-, a una oferta educativa que ha marchado los últimos 30 años según los vaivenes de la oferta y la demanda. Resulta vital para esta arquitectura la creación de la nueva Superintendencia de la Educación Superior, que tiene amplias potestades para evitar los excesos del mercado en la asignación de recursos, así como también para garantizar el efectivo cumplimiento de la prohibición de lucro. Luego, los criterios establecidos en la ley para optar a los recursos públicos no parecen significar nuevos requisitos para las universidades tradicionales, por el contrario, parecen ser una línea divisoria para identificar a aquellas instituciones que quedarían fuera del reconocimiento estatal y que parece amenazar a cientos de miles de estudiantes que pertenecen a dichas instituciones. De igual forma, los criterios para el financiamiento público tampoco imponen nuevas exigencias para las universidades tradicionales y terminan por enterrar el programa Confech en lo referente a orientación del conocimiento, educación no sexista y democracia al interior de los planteles.

Parece complejo poder dar un juicio cerrado sobre el proyecto, pues se espera que en el Senado sea modificado en variados aspectos. De lo que sí hay claridad es que los puntos Confech parecen estar cada vez más lejos de ser oídos, por lo que los resultados de años de movilización estudiantil se han materializado en la reducción de excesos de mercado y aumento de recursos públicos a instituciones ineficientes para los objetivos políticos que tienen los sistemas educativos en países “OCDE”. Al parecer, la deuda privada de las familias será reemplazada con deuda pública, dado el aumento del déficit presupuestario y la poca recaudación que tuvo la reforma tributaria del gobierno. En cualquier caso, esta reforma solo esconde la mugre debajo de la alfombra, quedando latente la posibilidad de nuevos conflictos en el futuro próximo.

Fuente: http://kaosenlared.net/chile-reforma-la-educacion-superior-bachelet-educacion-publica-mercado-regulado/

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Nicaragua, tecnología, cooperación genuina

Tecnología y educación

Por: Ana Lilia Herrera

Es cierto. Muchas de nuestras escuelas públicas no cuentan con la infraestructura necesaria para aprovechar la conectividad a internet, y muchas otras requieren incluso de algo tan básico como la electrificación, mobiliario o hasta un techo.

También es cierto que hay decisiones que México no debe seguir postergando: en la actualidad fuera de las aulas, la tecnología ya está al alcance de todos y necesitamos contenidos y capacitación adecuados.

En el año 2000 muchos consideraron irrisoria la propuesta visionaria, hay que reconocerlo, de un candidato presidencial para que la educación pública incluyera inglés y computación. Hoy el destino nos alcanzó y aunque tarde, nuestro país ha dado pasos firmes para enfrentar la brecha digital que ha generado nuevas desigualdades sociales, estructurales y educativas, vinculadas al uso de internet y las nuevas Tecnologías de Información (TIC’s).

La educación en México hoy cuenta con las bases constitucionales y legales necesarias que, en el camino hacia su consolidación, están plasmando calidad en el proceso de aprendizaje que reciben millones de niñas, niños y jóvenes, además de la transformación cualitativa en las relaciones entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general.

El presupuesto del sector tiene niveles históricos destinados a infraestructura y equipamiento, lo que debe traducirse en escuelas dignas, donde la incansable gestión de los maestros y maestras se centre en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no en las condiciones mínimas necesarias de la infraestructura.

Sin embargo, la tarea no estaría completa si no emprendemos acciones que aseguren, como lo establece el texto constitucional, que los materiales y métodos educativos abonen al máximo logro de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos inscritos en alguno de los niveles de enseñanza.

Con el propósito de hacer realidad el derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos, el acceso al internet y a las TIC’s son un factor que coadyuvará a la sociedad del conocimiento, en una era global donde la alta competitividad, el flujo y tránsito de la información son la estructura de una nueva manera de entender y participar en el mundo actual.

De ahí que senadores de todas las fuerzas políticas apoyaron en forma unánime la reforma a la Ley General de Educación que propuse en 2014, para facultar a la autoridad educativa federal a que al inicio de cada ciclo lectivo, ponga a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso.

Con cambios al artículo 12 del ordenamiento jurídico, se garantiza que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la información de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación indígena y media superior, independientemente del extraordinario esfuerzo que se realiza en México para llevar los libros impresos a cada escuela.

Información publicada por el Inegi señala que el acceso a las tecnologías digitales es predominante (80 por ciento) entre la población de los 12 a los 17 años, mientras que en niños de entre 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2%). Para el grupo de 18 a 24 años, la proporción se reduce a dos de cada tres, mientras que la mitad de los adultos jóvenes, (de 25 a 34 años) dispone de las habilidades y condiciones para realizar tareas específicas en Internet.

En congruencia con las reformas educativa y en telecomunicaciones, el Senado dio un paso firme para posicionar a nuestro país como referente internacional en el acceso educativo a través de medios tradicionales y tecnológicos preservando la gratuidad y el acceso a los contenidos a través de plataformas digitales.

Muy seguramente la Colegislatura encaminará sus esfuerzos a la consecución del logro de oportunidades para la inclusión de los educandos, lo que sin duda, repercutirá en la innovación, el desarrollo del capital humano y el perfeccionamiento del conocimiento para las nuevas generaciones.

Fuente: https://www.debate.com.mx/opinion/Tecnologia-y-educacion-20170803-0347.html

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¿Hacia un proyecto educativo social?

Por Mexicanos Primero/ Jennifer L. O’Donoghue*

En el último mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha presentado una serie de planes, programas y estrategias que buscan mejorar, fortalecer y transformar la educación básica, media superior y normal en el país. Cada presentación ha arrojado sus correspondientes análisis, críticas y elogios. Nosotros mismos estuvimos en cada
presentación y reunión entre funcionarios y sociedad civil, y hemos también comentado los aciertos y desafíos para estas piezas de política pública.

Pero ya que analizamos los árboles, ¿qué tal se ve el bosque?
Lo presentado por la SEP forma parte de lo que se ha nombrado el “nuevo modelo educativo”, pero que concebimos nosotros como un proyecto educativo social. Un “proyecto” se refiere a algo dinámico, propositivo y aspiracional. Un proyecto educativo que además sea social expresaría nuestros propósitos compartidos y debería reflejar la
respuesta colectiva a un conjunto de preguntas sobre cómo construir la educación que necesitamos para llegar a ser la sociedad que queremos.

Los planes y estrategias presentados a lo largo de estas semanas representan un planteamiento de qué es importante para nosotros como sociedad: la equidad, la inclusión, la interculturalidad, el plurilingüismo, la investigación, la diversidad, la autonomía, el interés y la participación de las niñas, niños y jóvenes. ¿Qué queremos – o por lo menos qué afirmamos querer? Que todas y todos tengan oportunidades para aprender y desarrollarse integralmente para superar su contexto y poder ser partícipes del mundo a su alrededor.

Sin embargo, no podemos perder de vista los cómo. El currículum representa sólo una parte de nuestro proyecto educativo. También son fundamentales otros componentes:

*El aprendizaje profesional docente: Si no fortalecemos las capacidades de los principales agentes designados a promover el aprendizaje en las escuelas, no tendremos la educación que queremos. Preocupa que la estrategia menos desarrollada es aquella para el “fortalecimiento y transformación” de la formación inicial, y que aún no exista la de formación continua.

Hasta ahora, tenemos pocos detalles sobre cómo vamos a promover, por ejemplo, el desarrollo de docentes o directores incluyentes, con las disposiciones, habilidades y prácticas necesarias para atender la diversidad en sus aulas y escuelas.

*La participación social: Otro aspecto por aclarar es cómo se van a involucrar los aprendices mismos, sus familias, la comunidad y la sociedad. Las niñas, niños y jóvenes tienen por ley el derecho a participar en su propio proceso educativo, pero poco se ha mencionado cómo se va a garantizar esto en la práctica. No se especifica, por ejemplo, cuál será el papel de los estudiantes en la autonomía
curricular.

Tampoco se han desarrollado mecanismos consistentes y efectivos para la participación de la sociedad civil en la política educativa. Hay mucho por hacer para aterrizar la participación social y fortalecerla como factor impulsor en el proyecto educativo.

*La evaluación: Es necesario contar con instrumentos y procesos adecuados para monitorear la implementación de los planes y estrategias y hacer los ajustes necesarios para que progresemos como queremos.

Vemos algunos avances – un instrumento para evaluar el aprendizaje del inglés, por ejemplo -, pero todavía hay grandes pendientes: cumplir con la evaluación incluyente de los aprendizajes de los estudiantes, desarrollar evaluaciones de la oferta de formación docente inicial y continua, articular los perfiles e instrumentos utilizados como parte del Servicio Profesional Docente con el nuevo modelo educativo, y publicar las evaluaciones de los programas educativos (como Escuelas de Tiempo Completo o al CIEN), antes de escalarlos a todo el país.

* El gasto: Sin una inversión de recursos suficientes y en forma eficaz, difícilmente llegaremos a nuestros objetivos. Ejercicios como el censo educativo o la auditoría a la nómina docente ayudan a identificar y acabar con viejas prácticas que desviaban los recursos educativos. Hay que seguir en ese camino. Al mismo tiempo, falta transparentar – todavía no sabemos cuánto va a costar implementar el modelo o
cómo se gastan los recursos destinados para la educación en los estados – y asegurar la equidad en el uso de los recursos.

El nuevo modelo educativo – y sus múltiples estrategias y planes – sólo tendrán sentido en la medida en que cambian prácticas – en el aula, en la escuela y en el sistema, de l@s maestr@s, pero también de l@s funcionari@s y de nosotr@s mism@s. Y eso sólo pasará cuando ya no es “un programa de gobierno”, sino nuestro proyecto educativo social.

*La autora es directora de Investigación de Mexicanos Primero

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/hacia-un-proyecto-educativo-social.html

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Chile: Ximena Ordenes Neira “El desafío es avanzar en la gratuidad total en educación superior”

Chile / www.rln.cl / 2 de Agosto de 2017

Luego de desarrollar un análisis de la propuesta del Gobierno de la gratuidad en educación superior para el 60% de las familias de menores ingresos del país, que hoy se discute en el Congreso, la candidata al senado por Aysén, Ximena Ordenes Neira, afirmó que se debe seguir aumentando la gratuidad en educación superior como una medida de equidad y desarrollo para las familias de la región.
Aysen.- Actualmente, gracias a la Gratuidad 2017, las familias correspondientes al 50% de menores ingresos de la población, cuyos miembros estudian en instituciones adscritas a este beneficio, no deben pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera. En esta misma línea, para seguir avanzando en este derecho, hace unos días la cámara de Diputados aprobó aumentar este beneficio a un 60%. Al respecto, Sebastián Piñera candidato de Chile Vamos planteó mantener la gratuidad solo en el 50% y señaló esperan revertirlo en el Senado.
En este aspecto, Ximena Ordenes afirmó que si bien el aumento del quinto al sexto decil es valorable, es importante continuar más allá con la gratuidad universal, ya que este porcentaje no garantiza una educación superior para la mayoría de los ayseninos y ayseninas, pese a que tengan una situación económica desfavorable.
Sobre el punto, desde el primer al quinto decil se encuentran las familias que tienen un ingreso per cápita menor a $154.166, estas son las familias que hoy tienen derecho a la gratuidad. En el caso del sexto decil, que es lo que se quiere aprobar, son parte las familias que tienen un ingreso menor por persona a los $193.000.
Por ejemplo, si la madre y el padre de una hija o hijo único trabajan, sumando su ingreso total es de $600.000, no tendrían derechos a gratuidad. Esto se debe a que al calcular el ingreso por persona, es de $200.000. Si se ubica este monto en la tabla de deciles, se ubicaría en el séptimo decil, es decir esta familia no podría optar a gratuidad en la educación superior, ni aunque se apruebe en el Senado el 60% de gratuidad, ejemplificó la candidata.
“El arancel promedio de una ingeniería está por sobre los $300.000 mensuales, es decir la mitad del ingreso de la familia descrita anteriormente, la que hoy y el próximo año, pese a que se apruebe la Ley, no estaría incluida en la gratuidad, lo que no va de la mano con el proyecto de un país equitativo que aspiramos y por ello el desafío es avanzar en la gratuidad total en educación superior”, concluyó Ximena Ordenes.

Fuente: https://www.rln.cl/noticias/regional/34840-ximena-ordenes-neira-el-desafio-es-avanzar-en-la-gratuidad-total-en-educacion-superior

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Chile: Diputado Flores amenaza con no aprobar reforma a la Educación Superior

Chile / www.biobiochile.cl / 2 de Agosto de 2017

El diputado DC Iván Flores amenazó con rechazar el proyecto de reforma a la Educación Superior si no son incluidas 3 universidades privadas con vocación pública.

Así lo dijo el parlamentario por el Distrito 53 Iván Flores, quien consignó que si la Universidad Federico Santa María, Universidad de Concepción y Universidad Austral de Chile no son incluidas, revertiría su apoyo a los proyectos en curso.

Flores apoyó el proyecto de Reforma de Educación Superior, pero exige que se incluyan en los beneficios los tres recintos de regiones que no fueron considerados en la reforma.

El diputado dijo que espera que en el Senado se formalice la solicitud de considerar a dichas casas de estudio.

El congresista enfatizó en que esto es importante para la región, porque lo que le pase a la UACH, le pasará también a toda la región de Los Ríos por su influencia en términos de movilidad económica, de empleo y de formación de capital humano para el desarrollo local.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/07/31/diputado-flores-amenaza-con-no-aprobar-reforma-a-la-educacion-superior.shtml

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Argentina: Hacia una reforma educativa

Argentina/31 de Julio de 2017/Entorno Inteligente

El anuncio de una reforma educativa generalizada de la escuela media, todavía en proceso de elaboración, genera expectativas e incertidumbre. Como causa determinante de una reforma de alcance estructural se menciona que nuestra escuela secundaria muestra síntomas de «una crisis terminal».

Ese severo juicio se basa en fallas conocidas: cinco de cada diez alumnos no la concluyen en tiempo y forma; otro 10% deserta; en las pruebas Aprender el 40% no alcanzó el nivel básico en matemática y tuvo bajo desempeño en lengua.

Los representantes de los 24 ministerios del país que han asumido la tarea de preparar la reforma, que sería introducida gradualmente, habrán de comprometer a los colegios a elevar sus proyectos educativos, que se iniciarían en la práctica -aunque parcialmente el año próximo.

La cuestión es compleja. Primero se habla de la obligación de todas las provincias de presentar proyectos. Se sumaría luego la planificación de las escuelas, en la que se especificarían las mejoras que se incorporan. En cuanto a la situación de los docentes, también requerirá adecuarse a los cambios en ciernes. Poco clara es la afirmación de «flexibilizar la clásica repitencia», que alude al funcionamiento escolar actual, que no ha sido exitoso y ha movido al abandono de los sectores sociales más vulnerables.

El cambio se impone porque los alumnos «se aburren», a pesar del aumento de las inversiones, que pasaron del 1,1% del PBI en 2005 al 1,8% en 2015, sin poder evitar el abandono escolar ni la deficiente formación. Puede afirmarse que el estado de ánimo de los alumnos en el desarrollo de un tema depende en parte de los contenidos temáticos, del interés que sabe suscitar el docente y de los recursos que emplea.

Otra cuestión de importancia es la reformulación de los contenidos curriculares, con menos materias, aunque sin dejar de garantizar las capacidades y conocimientos buscados. Construye una aspiración positiva, aunque difícil de lograrse. Se debe acordar cuáles son esas materias decisivas y es de suponer que el tema será objeto de debate, ya que cada docente defenderá la permanencia de la materia que dicta.

El Ministerio de Educación aspira a concretar una resolución del Consejo Federal por la cual todas las provincias han de comprometerse a realizar el plan de reformas. En ese sentido, ya se efectúan reuniones mensuales en todas las provincias. Se aspira también a promover la capacitación de los profesores y a crear una escuela de política educacional que elabore material apto para servir a directivos y docentes. Entre las cuestiones a tratar no se ha aludido al problema de paros y huelgas que han afectado severamente la actividad escolar y reclama soluciones; de lo contrario, la reforma se frustra. Desde luego, la cuestión de fondo reside en renovar la escuela media. Ahí están cifradas las expectativas.

Fuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/10378620/ARGENTINA-Hacia-una-reforma-educativa

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