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Reforma educativa MINERD-ONU choca con instrumentos legales

Por: Héctor Rodríguez Cruz

Deben hacerla a la par con el fortalecimiento de los propósitos, las estrategias, los desafíos  y los compromisos del Pacto Nacional Educativo, aportando recursos, expertise y logística. Si quieren, pueden lograrlo.

Los dos instrumentos legales son: La Ley 1-12 y el Decreto 84-15. Apelando a su observancia, se torna un tanto incomprensible , y hasta preocupante,  el que el liderazgo de esta gran revolución educativa nacional pretenda ser asumido solamente por el Ministerio de Educación (MINERD) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), obviando el Pacto Educativo Nacional y sin tomar en cuenta a otros muchos.

La preocupación no es fortuita. Ahí está la noticia servida por el MINERD. “El Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Sistema de las Naciones Unidas anunciaron hoy la realización de una gran Consulta Nacional que tiene como objetivos la transformación cualitativa de la educación dominicana, garantizar la recuperación de la interrupción educativa de la COVID-19 e identificar las principales transformaciones y palancas estratégicas para reinventar la educación para el siglo XXI”. (https://dominicanrepublic.un.org/es/184056-ministerio-de-educacion-y-naciones-unidas-haran-consulta-nacional-para-transformacion-de-la)

La nota periodistica también agrega:“Mauricio Ramírez, coordinador residente de la ONU en República Dominicana, expresó que la iniciativa forma parte de una convocatoria realizada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, a los países a una cumbre mundial que busca movilizar la acción, soluciones y solidaridad para transformar la educación, como lo contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Década de Acción”.

Según el parecer de académicos y especialistas dominicanos consultados, la iniciativa resulta honrosa pero  poco pertinente,  en tanto entra en conflicto con la Ley 01-12  sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, END,  que contempla la creación del “Pacto Educativo” y con el Decreto 84-15, que reconoce la legitimidad del mismo como estructura participativa con la responsabilidad de la identificación, realización, evaluación y veeduría de dichos cambios.

Reiteran los académicos y especialistas dominicanos consultados que la consulta que se proponen realizar el MINERD y la ONU para identificar y direccionar los cambios educativos ya se hizo y con un tiempo mayor a los 6 días que proponen ambas instituciones para realizar un diagnóstico tan profundo y exigente.

El Pacto Educativo Nacional para la Reforma de la Educación Dominicana partió de  un amplio y planificado proceso de consulta a nivel nacional con instancias territoriales presenciales, virtuales, consulta a niños y comunidades locales. Siguió con la conformación de 10 mesas técnicas de trabajo, integradas por todos los actores de la comunidad educativa local, cuyo trabajo se extendió desde enero a marzo de 2014.

El poder democrático e inclusivo del Pacto Educativo Nacional deviene del compromiso  manifestado por las instituciones que lo firmaron: 32 organizaciones gubernamentales, 25 del sector privado, 11 sindicatos, 23 organizaciones de la sociedad civil, 31 universidades y las 3 instituciones religiosas más importantes del país.

Fueron testigos 10 organismos multilaterales, 49 expertos nacionales e internacionales,  y también estamparon su firma los 8 partidos y bloques políticos con representación congresual, dándole al documento una amplia base de legitimidad, a lo que pretendió ser la bitácora de la educación nacional con vigencia hasta el año 2030.

El Pacto estructuró sus compromisos con base en seis ejes principales: a) acceso a la educación; b) calidad de los aprendizajes; c) dignificación de la carrera docente; d) cultura de evaluación; e) gestión eficiente del sistema educativo; y, f) recursos para la educación.

Es más que probable  que en un clima de madurez y armonía  entre los sectores que deben ser tomados en cuenta para la reforma educativa nacional, al conflicto de la iniciativa del MINERD y la ONU con las dos normativas citadas se le  llame con un nombre más “light” que haga innecesario prestar atención al conflicto procedimental surgido.

Los cambios de la educación nacional se hacen más urgentes después de los embates de la COVID-19. Por tanto, no hay que renunciar a la sinergia y a la fortaleza del MINERD y de la ONU para promover y hacer posible los cambios educativos que requieren la Revolución Industrial 4.0 y el cumplimiento de los compromisos de la END,  y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

Consideramos positiva la participación del MINERD y de la ONU en la reforma de la educación nacional, pero deben hacerlo a la par con el fortalecimiento de los propósitos, las estrategias, los desafíos  y los compromisos del Pacto Nacional Educativo, aportando recursos, expertise y logística. Si quieren, pueden lograrlo.Los conflictos bien asumidos pueden llevar a remar en el mismo sentido. ¡Eso espera el país!

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/reforma-educativa-minerd-onu-choca-con-instrumentos-legales-9068486.html

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Claroscuros de la propuesta educativa de la Cuarta Transformación

Por: Miguel Ángel Pérez Reynoso

 

En educación un requisito fundamental de toda propuesta de cambio, de mejora o incluso de reforma educativa, es que sea clara en cuanto a los fines y los beneficios sociales y educativos que se tendrán con su implementación.

De esto carece la propuesta educativa de la Cuarta Transformación, de claridad; sus contenidos se han tornado en polisémicos, cada quien entiende lo que quiere o lo que puede entender y ni en los fines, ni en los medios, ni tampoco en los contenidos que le dan soporte logra visualizarse la claridad social y educativa de lo que aspira.

La propuesta educativa del gobierno de López Obrador desde un inicio tuvo como finalidad el distanciarse de la propuesta educativa de gobierno anteriores, se inició un proceso de cambios en la legislación educativa para poder corregir los excesos que se generaron con los acuerdos de la evaluación punitiva del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se generaron una serie de documentos breves, desde un inicio en donde daban a conocer algunos principios rectores de lo que sustentaba la propuesta. No le quisieron llamar reforma educativa sino un amplio acuerdo por la educación, de esta manera era importante cabildear y poder acordar con los actores políticos algunos contenidos y procedimientos de la propuesta educativa de este sexenio. El SNTE a la cabeza y de manera oportunista se vistió ahora de los colores de MORENA y comenzó a tejer una serie de alianzas en el ámbito nacional primero y en algunos estados más adelante. Cabe reconocer entre paréntesis que el espectro político del país ha cambiado radicalmente a partir del triunfo de López Obrador y hasta este momento. Los partidos fuertes de antaño PRI y PAN hoy forman parte de una oposición debilitada que, si bien está al acecho de regresar al poder a través de tejer alianzas tácticas, han pasado a formar parte de una oposición debilitada y carente de inventiva. La hegemonía política en este momento se distribuye entre MORENA, Movimiento Ciudadano que hoy tiene el control en Jalisco y en tercer lugar la alianza PRI – PAN – PRD. Actualmente MORENA tiene 15 gobernadores, Movimiento Ciudadano 2, el PAN 7, el PRI 4, el PRD 1, el PCEM 1 y el PES 1. Y MORENA gobierna el DF.

De esta manera la educación también pasa y se negocia con las fuerzas políticas locales, para llegar a acuerdos o para conocer el rechazo que se tiene.

La propuesta educativa de la cuarta transformación tiene aspiraciones significativas, con todo un despliegue ligado a la inclusión a partir del reconocimiento de las diversidades, del intento por reinventar la alianza escuela – comunidad, y de darle un nuevo rumbo a la organización curricular sobre todo en la educación básica, a partir de mejorar la relación entre los campos formativos con los ejes articuladores. Pero todo esto queda en un plano referencial, el gran problema sigue siendo el poder incorporar a los miles de docentes de todo el país y que hagan suya la nueva propuesta. Además, junto a todo ello, la promesa de democratizar al SNTE no se ha cumplido. El reloj político sigue caminando, y parece ser que al igual de lo que sucedió con Peña Nieto nos va a alcanzar el tiempo para poder consolidar los ejes centrales de la propuesta.

El actual gobierno le apuesta a la continuidad en política y en educación, pero de ello no hay garantía, la democracia sui generis de nuestro país abre horizontes a la incertidumbre y a las sorpresas. El año 2024 es una fecha clave para comenzar a entender no solo lo que está pasando ahora sino lo que está por venir.

En educación tanto las y los ciudadanos que confiamos en el sistema, así como las y los docentes cuyo trabajo consiste en contribuir en la formación de la niñez y la juventud de nuestro país, merecemos claridad de la propuesta, no solo lo que se pretende explícitamente sino también entender el contenido de las letras chiquitas que se escriben abajo o en los márgenes y que dan cuenta del verdadero contenido de la misma.

Es importante contar con espacios de diálogo para conocer cuál es realmente el escenario educativo de México a partir del arranque del ciclo escolar 2022 – 2023.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Encuesta: ¿Qué opinan los uruguayos sobre la educación en liceos y escuelas públicas?

«El 52% considera que necesita muchos cambios y un 25% adicional que necesita cambios, pero pocos», señala la última encuesta de Cifra.

La consultora Cifra publicó los datos de su última encuesta para conocer qué opina la población sobre la educación que se ofrece en las escuelas y liceos públicos. Un 52 % de los encuestados considera que la educación pública necesita muchos cambios y un 25 % cree que los cambios son necesarios, pero son pocos. Apenas un 18 % cree que el sistema actual “es adecuado”.

En una comparativa con una encuesta similar del año 2013, la respuesta es la misma: “La enorme mayoría de la gente piensa que hace falta reformar la educación”, dice Cifra.

“En el interior del país solo el 46% considera que hay que realizar reformas profundas, mientras que en la capital el 60% pide cambios grandes. También varía la evaluación según el nivel educativo de cada persona: a más educación formal, aumenta la proporción que considera que la educación pública necesita muchos cambios”, detalla la consultora.

Cifra

Cifra

Dado que una reforma educativa requiere consensos políticos, es también la política la que suele dividir las opiniones de la población. Sin embargo, en esta cuestión hay un pensamiento alineado: “Se observa gran consenso a nivel del electorado: la mayoría absoluta tanto de los votantes de la coalición como de la oposición coincide en que hay que cambiar la educación pública”, dice Cifra.

Cifra

Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/reforma-educativa-poblacion-opina-educacion-escuelas-liceos-publicos.html

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Las heridas abiertas del magisterio oaxaqueño

Por: Luis Hernández Navarro 

En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cué, le declararon la guerra al magisterio oaxaqueño. Veían en los profesores de la entidad el principal obstáculo para que su reforma educativa avanzara. Desataron en los medios de comunicación una salvaje campaña de calumnias. Militarizaron el estado. Encarcelaron a varios dirigentes y giraron órdenes de aprehensión contra otros. El 19 de junio de 2016, lanzaron a policías contra el pueblo y los maestros de Nochixtlán, que bloqueaban una carretera. Los uniformados asesinaron a ocho pobladores e hirieron a más de 200 (https://bit.ly/3F4jjRX).

Los docentes oaxaqueños resistieron las agresiones. El entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, no pudo doblegarlos. Los maestros se cobraron la afrenta, votando masivamente en 2018 contra los candidatos del PRI y quienes fueron parte del Pacto por México.

A partir de 2018 algunas de las heridas fueron cicatrizando. Los presos obtuvieron su libertad, los despedidos fueron reinstalados. La dirección sindical recuperó parte de su interlocución. Otras siguen abiertas. Las víctimas de Nochix­tlán siguen esperando verdad y justicia.

Entre los problemas generados por la embestida se encuentra uno que afecta significativamente el proceso pedagógico en la entidad: en el área de educación primaria no se han cubierto las plazas de 500 trabajadores de asistencia a la educación, de 432 maestros de grupo, de 268 inspectores de clave 21, de 71 supervisores escolares y de 23 jefes de sector. Se ha resentido la falta ascensos para atender estas instancias directivas. Centenares de profesores se han jubilado desde entonces y sus plazas no se han cubierto. La cadena de coordinación y mando que enlaza los niveles inferiores de la enseñanza con los superiores está maltratada.

La situación se agravó con la pandemia. En el nivel primaria general, fallecieron de Covid unos 110 maestros, 50 trabajadores de apoyo y 11 supervisores, sin que se hayan cubierto las plazas.

Estas carencias provocan grandes dificultades para que 31 mil profesores de primaria realicen su labor. Para tapar hoyos, se abren otros más grandes. Se está tomando personal frente a grupo para cubrir huecos, pero el lugar que dejan no es ocupado por nuevos profesores. Quienes sirven de “bomberos” para apagar los fuegos no reciben compensación. Más aún, deben poner dinero de su bolsa para sufragar los gastos generados por desplazarse a visitar las escuelas o adquirir materiales para hacer su trabajo. Se carece de vehículos y viáticos. Quien conozca Oaxaca sabe lo difícil y costoso que resulta transportarse en ciertas regiones.

La cadena de mando en el sector tiene varios eslabones: intendente, secretaria, maestro de grupo, director, supervisor y jefe de sector. Un director coordina y encauza el trabajo de los profesores de grupo de una escuela. Un supervisor compagina y guía las actividades en unos 25 centros escolares. Está al frente de un consejo técnico donde se decide sobre las actividades de las zonas escolares. El jefe de sector organiza con los supervisores el trabajo educativo, social y los talleres pedagógicos de una región.

La situación se asemeja a un ejército en el que no se sustituyen a los cabos, sargentos, tenientes, capitanes, mayores y coroneles que se dan de baja. Y, en el que se cubren informalmente los huecos que dejan con soldados rasos. Un ejército no puede funcionar sin oficiales.

Directores, supervisores y jefes de sector son, usualmente, los docentes con mayor antigüedad y conocimiento del mundo de la enseñanza. Muchos tienen entre 30 y 40 años de servicio. Son gestores del conjunto de problemática educativa. Se encargan de sistematizar y trasladar las demandas de las comunidades escolares. Por ejemplo, documentan qué escuelas están en malas condiciones, carecen de infraestructura y servicios. Esto es particularmente importante en Oaxaca, donde se necesita construir y reparar las escuelas que se cayeron o las aulas que se cuartearon por el sismo de 2017.

Además, los directivos se topan con que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) funciona en más de 90 oficinas distribuidas en la capital del estado y municipios conurbados, muchos con accesos casi desconocidos para los maestros. Esto complica y encarece las gestorías que deben hacerse. Por eso, demandan que los funcionarios regresen a despachar al edificio histórico en que se encontraba su sede.

El conjunto de estos funcionarios escolares se agrupa en el comité directivo del H. Cuerpo de Supervisores y Jefes de Sector de Educación primaria del estado de Oaxaca. Ellos han caminado con el movimiento magisterial desde que el gremio se democratizó en 1980. La insurgencia de base los arrastró. El comité se fundó en 1982. Sus representantes cambian cada tres o cuatro años, cuando se releva a los dirigentes de la sección 22.

Ante lo difícil de la situación, el comité directivo instaló un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca el 28 de febrero pasado. Tuvieron que replegarse sin que su pliego petitorio fuera atendido. No era la primera ocasión que lo hacían. En 2019 también se movilizaron. El pasado lunes, se trasladaron a la Ciudad de México para buscar respuesta a sus demandas.

El comité directivo pregunta: ¿dónde están las plazas del personal que se ha jubilado de 2015 a la fecha que faltan? ¿Por qué no se han cubierto adecuadamente? Demanda la instalación de una mesa de negociación con el IEEPO, la comisión política de la sección 22, la secretaria de trabajos y conflictos de primaria general y el comité directivo para que se solucionen sus demandas laborales, económicas, educativas y materiales.

Ya es hora de que cicatricen las heridas abiertas por la agresión al magisterio oaxaqueño en 2015.

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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USICAMM: el calvario por los cursos para la admisión, incremento y promoción

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Por qué la USICAMM no revisó la pertinencia de esos cursos, talleres o diplomados y, en su lugar, permitió la incorporación de un curso, por ejemplo, sobre moral cristiana?»

Con el peñanietismo comenzó un verdadero lastre educativo para ser admitido o promocionado en el Sistema Educativo Mexicano. El menosprecio hacia las instituciones formadoras de docentes, particularmente, hacia las escuelas normales (EN), fue el sello distintivo de Aurelio Nuño y compañía. No había de otra pues a decir de este singular personaje: “cualquiera podía ser maestro”.

Para ello, a partir de la implementación de la mal llamada reforma educativa de 2013, derivada del Pacto por México, comenzó a operar la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente; instancia encargada de aplicar los instrumentos de evaluación a quienes deseaban incorporarse al magisterio, pero también, a quienes en sus hombros contaban con varios años de servicio; esto, según se estableció, con la intención de determinar si tal o cual aspirante era “idóneo o no idóneo”, pero también, para definir si tal o cual maestro era “destacado, suficiente, regular o insuficiente”.

En tales procesos, sobre todo en este último, las instituciones del estado encargadas de brindar una capacitación o actualización al magisterio quedaron seriamente limitadas, restringidas y dañadas, me refiero a los Centros de Actualización del Magisterio (CAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) o aquella que se conoció como Programa Nacional de Actualización de Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) pues, de manera concreta, los presupuestos asignados, así como los mecanismos de participación para la formación continua del profesorado, quedaron supeditados a los antojos de los titulares del ramo.

Sobre este tema los datos no mienten, pues según el Balance de cierre de PRODEP (antes PRONAP) de 2018, durante ese año se ofrecieron 19 cursos en línea sobre los Planes y Programas de Estudios del Modelo Educativo 2017 y diversos cursos para atender las tres líneas que contemplaba la estrategia nacional de evaluación relacionados con los proyectos de enseñanza y gestión, pero también, para los ATP en tutoría y servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SEP, 2018). ¿Y las escuelas normales, CAM y UPN? No hay más, fueron excluidas, denostadas, discriminadas y olvidadas.

Desde luego que este proceso “formativo” estuvo ligado a la desaparición de Carrera Magisterial que, si bien es cierto que tuvo un inicio prometedor, con el paso del tiempo se corrompió, y de eso sabe mucho el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pero bueno, ello no significó que las normales, los CAM y la UPN hayan dejado de ofertar cursos, talleres, diplomados o especialidades; es más, con los pocos recursos que les llegaban a sus manos, me consta, se dieron a la tarea de diseñar esquemas de formación continua para maestras y maestros a lo largo y ancho de la República Mexicana. Cierto, no en todos lados sucedió de esta manera, pero sí continuaron cumpliendo con su función formativa.

Tales eventos, los de la falta de un esquema de formación continua a nivel nacional, conjuntamente con la implementación de una de las peores políticas de estímulos salariales en todo el sexenio de Peña Nieto generó, en otras latitudes, el surgimiento de un sinnúmero de empresas o particulares que vieron en ello, la posibilidad de hacer un negocio, redondo, a partir de las necesidades del magisterio. Cursos por aquí, talleres por allá, diplomados por acullá, surgieron de la noche a la mañana sin que, en muchos casos, sus contenidos cubrieran las necesidades formativas que se requerían. La emisión de constancias que pudieran ser válidas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para integrarlas a un expediente con la finalidad de ser admitido o promovido en el Sistema se volvió, como ya he dicho, un lastre y un negocio para quienes, ni siquiera, con conocimiento de causa, sabían del tema educativo y, mucho menos, de pedagogía o didáctica.

Con el paso de los años, y con llegada de régimen lopezobradorista, las cosas en cuanto a esa política de estímulos salariales no han cambiado mucho que digamos; la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), a cargo de la profesora Adela Piña, sigue implementando una política neoliberal, la más neoliberal de todas, en tiempos en los que el “neoliberalismo” es el enemigo. Es más, hoy día, los procesos de evaluación para el ingreso y promoción, con excepción de los punitivos ligados con el desempeño docente, siguen a tambor batiente como en aquellos años esplendorosos del peñanietismo.

Con esta idea no quiero que se piense que los procesos del 2015 al 2018 fueron extraordinarios o excelentes; por el contrario, fueron tan malos como los que, a partir de 2018, con la llegada de un “nuevo” régimen, se observan. Aquí el logro, si es que puede llamársele de esta manera, ha sido de las maestras y los maestros que han participado en estos procesos porque, indudablemente, han jugado con las cartas que les han puesto en la mesa y, cuya capacidad, conocimiento y dominio de su práctica, les ha permitido obtener un lugar en el magisterio o bien, su promoción directa. ¿No que era tan mala la formación inicial docente que Aurelio Nuño no se cansó de denostar y menospreciar?

Ahora bien, con la intención de erradicar el negocio al que me he referido, la USICAMM desde hace unos días tomó la decisión de hacer válidas, para los procesos de admisión, las constancias que única y exclusivamente hubieran emitido las instituciones formadoras de docentes: escuelas normales, CAM y UPN y, para el de incremento de horas, aquellos que otras instituciones ligadas a la educación pudieron haber diseñado. Una idea que, en principio, pareciera ser favorable, dados los eventos que ya he señalado, pero también, por la importancia que tienen en la formación de profesionales de la educación. Lo malo de este asunto es que, tal decisión, no se plantea en el marco de un programa de formación continua que, desde la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) tendría que haber surgido. En pocas palabras, esto demuestra o evidencia que, en las altas esferas del poder, cada quien hace lo que quiere. Me explico.

El título Tercero, del Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización, Capítulo I, del Derecho a la formación, capacitación y actualización de las maestras y los maestros, contenido en la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la CPEUM, en materia de Mejora Continua de la Educación, se establece una serie de lineamientos con la intención de garantizar lo necesario para que el personal que ejerza funciones docentes, directivas o de supervisión, cuenten con opciones de formación, capacitación y actualización; para ello, MEJOREDU goza de amplias facultades para proponer un sistema que de forma a este propósito; sin embargo, como está más que visto, la USICAMM toma determinaciones pasándose por el arco del triunfo a la ley referida puesto que, como puede verse en la página electrónica de esta Unidad, ha propuesto tres catálogos para los procesos que tendrán lugar este año: una catálogo para educación básica, otro para media superior y uno más para el para incremento de horas.

Cierto, aquí alguien podría señalar que MEJOREDU no cuenta con atribuciones para determinar lo concerniente a la formación inicial docente y el proceso de admisión que de ésta se deriva, y es cierto, pero, de 2019 a la fecha, ¿qué es lo que está instancia ha coordinado? Porque si usted observa el catálogo para el incremento de horas aparecen Universidades, Institutos de Consultoría, Asociaciones Civiles, pero también, departamentos dependientes de las Secretarías de Educación Pública de diversas entidades. Entonces, ¿cuál fue el criterio bajo el cual se tomó la decisión de integrar a ciertas Asociaciones Civiles o Universidades y solo a 3 escuelas normales? Es correcto, para este proceso, se recuperan a esas instituciones que en antaño fueron excluidas y discriminadas como el PRODEP u otras dependientes de la SEP, no obstante, ¿cuáles fueron los criterios que se emplearon para determinar que tal curso, taller o diplomado gozaría de una acreditación para ser parte de un catálogo nacional?

Ahora bien, y en la misma tesitura, podemos analizar lo que en el proceso de admisión se espera para este año en educación básica o media superior. Es cierto, se recupera ese carácter formativo de las instituciones formadoras de docentes, no de negocio como podría pensarse o llegar a decirse, pues los recursos con los que cuentan son extremadamente limitados y, por ello, una cuota de recuperación bien apoyaría esta encomienda más no una cantidad exorbitante, pero ¿acaso sus esquemas de capacitación no son de utilidad para aquellos profesores que se encuentran en servicio?, ¿qué criterio fue empleado para determinar que unos cursos, talleres o diplomados sí podrían ser parte de ese catálogo y otro no?, ¿por qué se le delegó esta responsabilidad a las DGESMUN, CAM y UPN?, ¿por qué no de manera conjunta con MEJOREDU?, ¿por qué la USICAMM no revisó la pertinencia de esos cursos, talleres o diplomados y, en su lugar, permitió la incorporación de un curso, por ejemplo, sobre moral cristiana? En fin.

Con estas interrogantes cierro esta serie de ideas de un proceso que, desde mi perspectiva, sigue excluyendo, discriminando y restringiendo la posibilidad de ingresar o promocionarse en el magisterio. Una política que desde el peñanietismo viene clasificando a quienes aspiran a un trabajo o a una mejor calidad de vida en el ámbito profesional. En cualesquiera de los casos, ¿no acaso las escuelas normales forman profesionales de la educación y, la docencia, al ser una profesión de estado, no tendría que otorgar el ingreso de manera directa al magisterio?, ¿no acaso pueden existir otros mecanismos para que los profesores puedan acceder a una mejor calidad de vida profesional en sus propios niveles o espacios educativos?

No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero desde que se difundieron los catálogos que he referido, cientos de aspirantes viven un verdadero calvario para cumplir con un requisito administrativo que no avala su formación inicial, o bien, su trayectoria profesional en los diversos ámbitos en los que se encuentran.

¿Cuál es la opinión de MEJOREDU sobre este tema? Me gustaría saberlo.

Al tiempo.

Con negritas: no hay que perder de vista que los catálogos referidos muestran una serie de cursos, talleres o diplomados que ya fueron impartidos por las instituciones ahí señaladas; con seguridad, algunas todavía podrán ofertarlos, sin embargo, la carrera para preparar todos los documentos con la finalidad de cumplir con esos incomprensibles requisitos administrativos que la USICAMM establece año con año está a todo lo que da, lo que significa que muchos, pero muchos aspirantes, de nueva cuenta serán excluidos; vaya forma de revalorar al magisterio.

Referencias:

  • (30/09/19). Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la CPEUM, en materia de Mejora Continua de la Educación. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019
  • SEP (2018). Balance de cierre Prodep 2018. Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica.

Recuperado de: http://dgfc.basica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/galerias/151/201811/151-3-201811-FILE-19DKffdysH-PresentacinReuninNacionalnoviembre2018_VF.pdf

Fuente de la información: https://profelandia.com

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SEP: Reorientación curricular 2022

Por:  Juan Carlos Miranda Arroyo

El documento denominado “Marco curricular y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”, redactado por el personal técnico de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP (documento de trabajo que circula en redes sociales digitales desde la semana pasada), contiene la propuesta de reorientación curricular del actual gobierno 2018-2024.

El “Marco curricular…” aún está en proceso de elaboración. Por lo tanto, sería conveniente hacer algunos comentarios una vez que se encuentre completo y aprobado por las autoridades educativas federales. Sin embargo, es posible analizar algunos elementos en torno a lo que se ha publicado –oficial o extraoficialmente- hasta el momento.

¿Por qué no se hizo este trabajo antes? Por una sencilla razón: Porque el actual gobierno de la República no tenía un proyecto educativo propio, en general, ni con un alcance en este nivel fino de intervención educativa (renovación curricular); porque no había una visión transformadora con elementos educativos específicos. En términos generales el candidato López Obrador, antes de julio de 2018, hablaba de una “cambio de raíz” de la educación, pero nunca se pronunció a favor de promover una reforma curricular.

El proyecto de gobierno de AMLO sólo había considerado eliminar, parcialmente, los “colmillos” que asomaba la reforma educativa anterior: En particular, la evaluación de desempeño obligatoria hacia las y los docentes, con efectos en la permanencia en el empleo. El o la docente que no reuniera los requisitos académicos establecidos por la ley del servicio profesional docente, (la constitución política modificada en 2013 estableció el término “idoneidad”), quedaría fuera del sistema educativo.

Digo “parcialmente” porque durante las negociaciones para sacar adelante a la reforma constitucional de 2019, el gobierno de AMLO, con Esteban Moctezuma al frente de la SEP, operó políticamente y aceptó que el modelo de evaluaciones hacia docentes, directivos escolares y ATP se mantuviera intacto, con excepción de la “punitiva” evaluación del desempeño.

Hoy, en esa lógica, la evaluación dirigida hacia las figuras educativas no es obligatoria, sino voluntaria. No es de “desempeño” ni excluyente, sino formativa. Sin embargo, la evaluación en este ámbito sigue siendo un modelo que auspicia las carreras individuales de quienes aspiran a lograr una promoción vertical u horizontal. Con dicho esquema, quedan fuera las propuestas para ponderar el trabajo colegiado, la labor colaborativa y el sentido comunitario de la docencia. Propuestas que, por cierto, se han hecho desde las escuelas y con argumentos emanados de la investigación educativa.

El patrón de letargo gubernamental al iniciar una reforma curricular tardía para la educación básica, se confirma. Ayer como hoy, el gobierno federal (SEP) emprende una “reorientación” en los planes y programas en ese nivel educativo después de haberse cumplido el tercer año de la administración.

Pero hay otro patrón o conductas gubernamentales reiteradas: Ese patrón es similar al que he señalado en este y otros espacios: la obsesión de los gobiernos de la República de “meterle” la mano al Artículo Tercero Constitucional. Como si al reformar lo establecido en la Carta Magna, en automático, produjera cambios sustantivos en la base del sistema educativo nacional: en las escuelas.

Sabemos que eso no sucede así. Tanto la experiencia internacional como local indican que esa obsesión por emprender cambios legislativos, no da frutos nutritivos en términos de los procesos educativos ni de sus resultados.

Pero más allá de ello, la simplificación o la ilusión legislativa se queda en retórica mientras las figuras principales de los procesos educativos se quedan relegadas de la deliberación pública.

La disputa por los proyectos y su conversión en políticas públicas educativas, son asumidos por los gobiernos como producto de una lucha que se da en el terreno de las élites dirigentes: partidos políticos y legisladores; grupos empresariales y sus organizaciones filiales; especialistas o expertos asociados a ellos; funcionarios de alto nivel de los gobiernos federal y estatales; dirigencias sindicales; y, entre otros, tomadores de decisiones y operadores de los organismos internacionales, especializados o no en educación.

Aparte, también ha quedado registrado el patrón del cambio “fast track”, que consiste en modificar el Artículo Tercero de la Constitución Política mexicana durante el primer año de gobierno. Así lo hicieron tanto Peña Nieto como López Obrador. ¿Continuarán esos patrones equivocados (la ilusión legislativa) por parte de nuestros gobernantes en los futuros sexenios?

Cuando el gobierno de Peña Nieto inició el proyecto del “nuevo Modelo Educativo” (2015-2016), lo hizo como reacción a las críticas que había recibido su reforma laboral o administrativa, pero no pedagógica. Lo cual era paradójico e incongruente para el sector. Por eso Aurelio Nuño, titular de la SEP en ese entonces, tomó la iniciativa de promover la renovación curricular, entre otras acciones y decisiones de política pública.

Fue hasta el 2017 que se publicó el documento oficial. A un año de concluir el periodo de gobierno (noviembre de 2018). Algo similar sucede ahora: Corre el cuarto año del periodo de gobierno federal, encabezado por AMLO. ¿Cuándo aterrizará en las escuelas la propuesta de reorientación curricular iniciada este año?

De manera oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convoca en estos días a los diversos actores involucrados en la educación básica, media superior y normal del país, así como a todo interesado en aportar propuestas, a participar en las Asambleas de análisis del plan y los programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica, que se llevarán a cabo del 31 de enero al 25 de marzo de 2022 (Boletín SEP no. 25).

Ojalá que se pudieran precisar los términos, porque el análisis del plan y programas de estudio es una cosa, y el diseño y elaboración de los libros de texto gratuitos para la educación básica, son una cuestión diferente.

El análisis y rediseño del plan y programas de estudio tienen que ver con la definición de los criterios para seleccionar contenidos, enfoques y métodos educativos (¿Saldremos por fin del oscuro túnel del enfoque “competencial”; habrá mayor flexibilidad para abonar a la autonomía de las escuelas?); mientras que el rediseño de los libros de texto, tiene que ver con los recursos didácticos que están vinculados, directa e indirectamente, con el diseño curricular de base.

Como primer comentario al respecto, y por los términos de la convocatoria, queda la percepción de que las autoridades educativas y los especialistas que trabajan en estos procesos, creen que la renovación curricular obedece a la necesidad de reorientar el rediseño de los libros de texto gratuitos. ¿No es esto acaso al revés? ¿U otra vez se busca legitimar hechos consumados (libros ya rediseñados), a través del montaje o de una puesta en escena (renovación curricular)?

Fuente de la información: http://www.educacionfutura.org

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El Congreso de Perú aprueba su polémica contrarreforma universitaria

El Congreso de Perú dio este martes un gran paso en su contrarreforma universitaria al aprobar una polémica ley que devuelve la autonomía a las universidades frente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la piedra angular de la reforma universitaria emprendida en 2015.

La norma fue aprobada en el hemiciclo peruano con 69 votos a favor, 39 en contra y 2 abstenciones, y requerirá de una segunda votación que ratifique la primera para que sea enviada al Gobierno para su correspondiente promulgación.

Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-congreso-de-peru-aprueba-su-polemica-contrarreforma-universitaria/20000013-4730835

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