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Se pararon muchos efectos de la reforma educativa, pero hay pendientes

Por Laura Poy Solano

Con un llamado a la unidad y a fortalecer la coordinación con otras organizaciones sociales nacionales y extranjeras, inició el IV Congreso Nacional Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos dirigentes reconocieron que, pese a la valentía, la organización y la disciplina de los maestros disidentes, no hemos logrado detener todas las reformas estructurales aprobadas en este sexenio.

En cuanto a la reforma educativa aseguraron que no sólo logramos prevalecer como organización, paramos muchos de sus efectos, pero se requiere mayor coordinación con otros referentes de lucha y, sobre todo, la unidad del magisterio para no hacer más de lo mismo frente a una coyuntura histórica como la que se vive hoy en México.

Enrique Enriquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de Ciudad de México, recordó que tras 38 años de lucha, la CNTE mantiene sus principios en un proceso de resistencia que no ha sido fácil. Hoy tenemos más de 500 compañeros cesados por negarse a ser evaluados por un mecanismo punitivo. No significa una derrota, pero eso nos exige responder con tenacidad, sagacidad, inteligencia, y, sobre todo, con la capacidad de saber escucharnos para actuar en consecuencia.

En el encuentro, al que acuden delegados magisteriales de todo el país, y donde se definirá un nuevo plan de acción para su jornada de lucha, un posicionamiento político frente al proceso electoral de 2018, y se hará un balance de la disputa magisterial tras la aprobación de la reforma educativa en 2013, dirigentes de la CNTE llamaron a que ninguna sección sindical actúe sola, porque entonces iría directo al suicidio.

En tanto, Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la sección 7 de Chiapas, afirmó que en este sexenio la CNTE ha sido la única organización social que ha mantenido una resistencia férrea frente a la imposición de las reformas estructurales, en particular la educativa.

Pese a ello, advirtió que derrotar su mal llamada reforma educativa no únicamente demanda unidad y organización, sino un compromiso de disciplina, porque hoy tenemos una oportunidad histórica frente a la coyuntura político-electoral y si queremos transformar al país debemos tener claro que no habrá triunfo posible sin el apoyo y la colaboración con otros referentes de lucha.

En la sede de la sección 9 en la capital del país, Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, destacó que como parte de las demandas de su jornada de lucha se mantendrán su exigencia de abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de todos los docentes cesados y la libertad para nuestros presos políticos, pues enfatizó que la CNTE no se va a quedar cruzada de brazos ante la coyuntura político-electoral. Vamos a insistir en la democratización del gremio, pero también del país.

En tanto, integrantes de la sección 40 de Chiapas, que agrupa a los docentes de esa entidad, denunciaron que se les negó el ingreso al IV Congreso Nacional Extraordinario poroponernos a la dirigencia de Pedro Gómez Bámaca.

Agregó que 30 delegados electos continuarán demandando que se les permita participar en los trabajos del encuentro, que concluye el próximo sábado.

Fuente:  http://www.jornada.unam.mx/2018/03/16/sociedad/036n2soc?partner=rss

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La Equidad en la Reforma Educativa

Por JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

Un artículo interesante, aunque breve, sobre la relación entre la equidad y las políticas públicas, es el que nos comparte Miguel Ángel Quintos Mora, quien lo escribe como comentario en el marco de los debates en torno a la actual Reforma Educativa en México. (1)

Quintos introduce así su texto: “A contracorriente de lo señalado en épocas recientes dentro del debate de la reforma educativa, consideramos que el énfasis de la política educativa debe centrarse en lograr la equidad y no en la calidad de la educación. Lo anterior no significa que la calidad no sea una cualidad deseable en el sistema educativo, pero considerando el contexto del país resulta insuficiente. Observando las condiciones de desigualdad e injusticia social que acontecen cotidianamente en nuestro país, debería ser prioridad del Estado mexicano una política educativa en materia de equidad, al menos en educación básica, con la finalidad de cerrar la brecha social e impulsar la justicia social. Partiendo del reconocimiento que las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión o marginación son portadores de derechos básicos a los cuales el Estado tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para que accedan, permanezcan y concluyan su educación básica satisfactoriamente.”

En mi colaboración anterior en este espacio (ver Reforma Educativa: el Contenido y el Método, SDP Noticias, 9 de marzo, 2018), justamente decía que el tema de la “equidad” es, junto con otros conceptos de principal relevancia (como “calidad”, “evaluación educativa”, “idoneidad de docentes y directivos”, “derecho a la educación”, entre otros), un tema estructural de la Reforma Educativa, la cual requiere de una profunda revisión. Por esa razón me parece de primera importancia la reflexión crítica que hace Quintos Mora en torno al tema de la “equidad” social, que a su vez tiene implicaciones directas sobre otra categoría específica que es la “equidad educativa”, en contraste o en referencia con el concepto de “calidad educativa”.

“El problema de la equidad se relaciona directamente con el hecho de que la mayoría de los bienes sociales se distribuyen inequitativamente en México; uno de ellos es la educación.”, asevera Quintos.

Podría decirse, en otras palabras, que no puede haber “calidad educativa” (así, en “el aire”) si no existe antes un trazo claro, deliberado y contundente en materia de políticas públicas orientadas  hacia el combate de la “inequidad social y educativa”. Si bien es cierto que la iniciativa reformista de la actual administración de EPN pretendía lograr cambios estructurales, es decir, impactar en la base del sistema educativo nacional, lo cierto es que muchas de las nociones y acciones (incluida la modificación del marco constitucional y de las leyes secundarias), no han sido suficientes para modificar o transformar el piso de las desigualdades.

El colaborador de Nexos también afirma que: “…en nuestro país el porcentaje de población de 15 años o más con escolaridad básica es de 53.5 (INEGI, 2015), esto ya constituye una deuda histórica y un rezago educativo severo, para lograr acortarlo se ofrece a estos grupos rezagados una serie de medidas que si bien permiten el acceso no garantizan permanencia o el logro de resultados, por tanto, no se asegura la equidad ni la calidad educativa. En este sentido, la reforma educativa impulsada por la actual administración considera el rezago educativo dentro de su Estrategia de Equidad e Inclusión (SEP, 2013); no obstante, considerar el combate al rezago educativo como una simple certificación de habilidades y saberes no resuelve el problema de la equidad ni mucho menos la calidad educativa a la que están obligadas las instituciones educativas del país.”

En efecto, conviene que desde ahora los equipos especializados en las políticas públicas sociales y educativas por parte de los candidatos, partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, que contienden en el proceso político de este año, se sienten a trabajar sobre los “qués” (conceptos como éstos), así como también sobre los “cómos”, que se habrán de rediscutir y reformular durante los siguientes meses, y que se deberán convertir en políticas públicas a partir de diciembre de 2018, una vez que concluyan los procesos electorales.

En otra parte de su artículo, Quintos afirma lo siguiente: “La inequidad en la educación se puede presentar de maneras casi imperceptibles, por ejemplo: en el bajo rendimiento de los estudiantes provenientes de familias pobres; en los resultados de las escuelas indígenas en relación con el resto del sistema escolarizado; en que la población monolingüe tiene que aprender los elementos básicos en una lengua ajena a la suya; en que muchas de las escuelas rurales no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus labores; en el gasto educativo por entidad que no considera las necesidades sociodemográficas; en el gasto corriente que absorbe la mayor parte del presupuesto destinado a la educación, y demás indicadores.”

Este periodo de decisiones que tendremos con las elecciones, en julio próximo, es una buena oportunidad para reconocer que los procesos macro sociales (como la “inequidad”) impactan de manera directa e indirecta en los procesos micro sociales (como la “inequidad educativa”), y que, a su vez, dichos procesos se mueven en forma circular, es decir, no sólo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Esto lo digo porque quizá eso sirva como para valorar los alcances de la Reforma Educativa actual.

Pero quizá lo más interesante es considerar que periodos históricos como éstos sirven para pensar, así mismo, que no se puede hablar hoy en día de “calidad educativa” en abstracto, (tal como lo han pretendido hacer ciertas autoridades educativas, alguna prensa y ciertos organismos cúpula de la iniciativa privada), sino que es necesario incorporar estas nociones contextuales y estructurales o constitutivas de los procesos educativos.

Nota: (1) Miguel Ángel Quintos Mora. La equidad: un elemento relegado en la política educativa. Nexos.com.mx “Distancia por tiempos”, 28 de febrero, 2018.

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/03/12/la-equidad-en-la-reforma-educativa

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La reforma educativa mexicana en perspectiva comparada

Por: Miguel Ángel Pérez

Me han llegado algunos mensajes a mi buzón de correo electrónico diciéndome, de que la reforma educativa es una calca al carbón de la reforma educativa de España y de algunos países europeos.

Desde la perspectiva de la Pedagogías Comparadas, la reforma educativa mexicanas (REM) es igual a muchas reformas del mundo occidental pero a la vez diferente por el contexto y la dinámica propia de este país.

Es igual porque la REM, la ha trazado la OCDE (Organización para el Comercio y Desarrollo Económico), organismo multinacional que dicta e impone las directrices a partir de lo que los grupos más ricos del mundo desean. Desde este marco a la OCDE le interesa que la educación viva un proceso de privatización, que poco a poco los estados nacionales adelgacen su injerencia en la atención de los asuntos educativos y permitan que los particulares (empresarios, el clero y organismos de la derecha confesional, entre otros) se hagan cargo de la administración y orientación de los asuntos educativos), los sistemas educativos deberán homologarse a partir de la definición de un sistema educativo mundial (SEM), que comparta contenidos, competencias, políticas de formación e ideológicas, en ello, una regla que impulso la OCDE es que el sistema educativo mexicano debería de evaluarse, para conocer mejor las necesidades del sistema y actuar en función de ellos, el problema del esquema de evaluación es que éste no ha servicio para conocer mejor el sistema y poder tomar decisiones acertadas, sino para castigar a quien no cumple (Santiago, 2009).

Y los dos últimos asuntos que ha impuesto la OCDE son: la reforma del profesorado tal como la padecemos hasta ahora y la reforma del financiamiento, gastar lo menos posible en educación y comenzar a cobrar por ella, de ahí la frase de un ministro de educación de hace años: “quien quiera tener educación de primer nivel, que pague por ella”.

Los anteriores puntos (en mayor o menor medida) han sido compartidos a partir de esta tendencia de querer generar un sistema educativo mundial, obviamente regulado desde la OCDE y desde la racionalidad de los países más poderosos del mundo. Desde el poder pasando por la OCDE se aspira a que la educación de los pises pobres o periféricos (incluyendo a México) sirva para dos cosas: a) para que la educación forme a obreros calificados que se hagan cargo de la producción en las brandes empresas maquiladoras multinacionales y b) para imprimir contenidos ligados con el consumo a partir de enfatizar los valores individualistas de desarrollo personal alejados de la convivencia grupal.

En lo particular en nuestro país se imprimen una serie de rasgos propios y particulares a la reforma, por ejemplo que no ha tenido nada de reforma educativa sino que ha sido una reforma admisntrativa y laboral para restringir derechos y prerrogativas de los docentes. En ningún país del mundo existe algo parecido al SNTE mexicano, en otros lugares los sindicatos o las organizaciones gremiales de maestros sirven como verdearos contrapesos ante los abusos que desde el poder se pretenden imponer en educación.

Lo que tenemos hoy es un hibrido de reforma, que es laboral con rasgos de lo que pretende la OCDE y junto con hacer un ajuste de cuentas de los grupos de poder y del reparto del gran pastel que se divide entre los grupos y las familias de los poderosos.

Es por ello que la lucha de los maestros y maestras mexicanos en los destacamentos democráticos que se oponen a la reforma, es bastante valioso en estos momentos, resistir es la tarea más digna y consecuente en un momento de fuertes imposiciones, ¿Qué pasa en otros países? Habría que acercarse a ver las notas de los países de la región y del mundo latino. En todos ellos hay una fuerte ofensiva en contra de los maestros y maestras a ellos se les ha culpabilizado del fracaso educativo de los gobiernos neoliberales. El escenario sigue bajo un clima de tensión, la coyuntura electoral es un respiro y una oportunidad para hacer avanzar las fuerzas democráticas. Veremos qué es lo que sigue.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-reforma-educativa-mexicana-en-perspectiva-comparada/

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Las fortalezas de la reforma educativa

Por: Otto Granados

De suyo, es una buena señal que ahora muchos hablen de la reforma educativa diseñada e instrumentada por la administración del presidente Peña Nieto. Prácticamente todos los días hay informes y artículos en los medios comentando algunos de sus componentes; en Google aparecen 3 millones 140 mil entradas; se ha convertido en parte relevante de la agenda electoral; existen 167 iniciativas y puntos de acuerdo en trámite en el legislativo federal y, según las encuestas, 64 por ciento de la población dice aprobarla.  La pregunta es entonces ¿por qué tanto interés sobre algo de lo que pocos se ocupaban hace 10 años? Porque esta reforma estructural es la más importante que se ha hecho en México desde los años sesenta del siglo pasado. Por tanto, la cuestión relevante es porqué consolidar su ejecución y defenderla frente al oportunismo y la demagogia, ya sea electoral, pseudoacadémica, civil o mediática, es una alta prioridad.

La historia de la política educativa refleja una acumulación de esfuerzos colectivos orientados por décadas a la inclusión de un mayor número de mexicanos. Por muchos años, México vivió, en materia educativa, entre la simulación, la inercia y la frustración. Se escolarizaba, pero no se educaba. Los arreglos políticos desplazaron la calidad. El clientelismo sustituyó al mérito. Los intereses corporativos suplantaron el interés público. La simulación se volvió lo normal. Se sabían alternativas y soluciones, pero se descartaron por su complejidad política y técnica.

Los gobiernos del PAN (2000-2012) no pudieron ni supieron impulsar una reforma a fondo porque no tuvieron la voluntad política necesaria o rehuyeron el natural conflicto o simplemente eligieron la comodidad de la inercia.  Más aún: esos gobiernos y algunos de sus personeros describieron la colonización del sistema educativo en términos casi surrealistas: mientras se profundizaba la venta y herencia de plazas, la captura de la SEP y el traslado de las decisiones al ámbito sindical, Alonso Lujambio, antiguo titular de la SEP en la era panista afirmó: “nuestra relación con el sindicato es pulcra y es transparente” (Julio 8, 2011). Era el Titanic.  No es una coincidencia que, justo ahora, hayan reaparecido varios de los causantes de la crisis educativa del pasado buscando recuperar el territorio que fue suyo hasta hace poco.

La primera fortaleza de la Reforma Educativa es, sin duda, haber tenido a su favor el consenso de los partidos más grandes de México. Las fuerzas políticas entendieron que hacer de México un país competitivo en medio de la globalización y la economía del conocimiento, pasa necesariamente por establecer mecanismos de igualdad de oportunidades para toda la población a través de una educación de gran calidad.

Si se asegura una educación así, la lucha por la equidad registrará a mediano plazo una de sus mayores victorias pues, sin importar el origen social del que procedan, los estudiantes mexicanos tendrán mejores condiciones para alcanzar el éxito profesional y la movilidad económica. Y ésta será la segunda fortaleza de la reforma. Para ello no bastan buenos maestros y buenas escuelas, sino también buenos contenidos. Allí reside el corazón del Nuevo Modelo Educativo, cuya primera etapa se pondrá en marcha a partir del próximo agosto, diseñado y pensado para favorecer, mediante la adquisición de los aprendizajes clave, la integración de un sistema educativo propio del siglo XXI.

Una tercera fortaleza de la Reforma Educativa es haber dado origen al Servicio Profesional Docente, con el objetivo principal de establecer un sistema orgánico que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente, en el que hasta ahora han participado poco más de un millón 241 mil profesores, y otros 548 mil más lo harán durante este año. En suma: 1 millón 789 mil sustentantes, de los cuales, por cierto, unos 635 mil habrán pasado por la evaluación del desempeño, que es la meta que nos propusimos en la ruta de implementación del Nuevo Modelo Educativo.  Con ello, se institucionaliza un sistema transparente, basado en el mérito, la capacidad, el desempeño y el esfuerzo de los docentes para que impartan una enseñanza de mayor calidad. Los nuevos integrantes de la planta magisterial, de los cuales están ingresando aproximadamente 1 de cada 4 concursantes, gradualmente tendrán un mejor perfil académico para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos en el siglo XXI. No es un logro menor que, hasta ahora, se hayan asignado, de manera legal, pública y transparente, casi 190 mil plazas y promociones, exclusivamente por mérito.

No obstante estos y otros resultados, en la búsqueda de influencia, acomodo o rentabilidad electoral y mediática, todavía se escuchan susurros que impunemente insisten en que esta no es una reforma sino meros ajustes. Los datos duros dicen otra cosa.

Para empezar, la reforma educativa es la mejor valorada en todas las encuestas nacionales. Algunas, por ejemplo, señalan que  el 64 por ciento de los encuestados está de acuerdo con ella; 79 por ciento aprueba las evaluaciones a los docentes; 71 por ciento  que las escuelas tengan jornada ampliada; 71 por ciento que se estén remodelando las escuelas; 89 por ciento en que se busque que los maestros tengan un alto nivel de inglés, y casi el 60 por ciento de los maestros piensa que la evaluación es “fundamental” para su desarrollo profesional (Consulta y BCG, julio, noviembre y diciembre 2017).
En segundo lugar, se observan ya cambios positivos en la calidad y el desempeño del magisterio. Según un análisis reciente del Banco Mundial, los docentes que entraron al sistema después de creados los mecanismos del servicio profesional docente parecen estar relativamente más calificados. Dos ejemplos entre 2014 y 2017: en varios estados, el porcentaje de idoneidad en los concursos de Ingreso ha venido creciendo sistemáticamente: en Querétaro del 56 al 73 por ciento; en Colima del 56 al 68 por ciento; en CDMX del 52 al 64 por ciento, y en Baja California Sur, del 48 al 69 por ciento. Y el segundo: en las evaluaciones del desempeño también se observan mejorías en diversas disciplinas:   los destacados, el nivel más alto en esta modalidad evaluativa, se fueron en educación especial del 7 al 9.2 por ciento, en español de secundaria, del 9.1 al 10.4 por ciento, en química de secundaria, del 8.6 al 12.4 por ciento, y en telesecundaria del 5.6 al 18.6 por ciento. Huelga decir que en todos estos casos la cifra de insuficientes, el resultado más bajo en la escala determinada por el INEE, se redujo considerablemente. No hay un solo país que haya avanzado tan rápido en este componente crucial.

Es claro que todos los maestros están haciendo un esfuerzo personal y académico cada vez más grande y mejor, tanto por sí mismos como por el acompañamiento que ahora se les ofrece. Si bien en 2015 y 2016 nuestra oferta de capacitación fue deficiente e insuficiente, el año pasado alcanzó a  626 mil maestros, cuando la meta original era de 500 mil. Y para este año, la cifra de inscritos al 2 de marzo era ya de 642 mil maestros, apenas un mes después de haberse abierto la plataforma de registro.
Se dice, en tercer lugar, que esta reforma ha sido mal implementada. Pero gracias a esta reforma pasamos de un sistema opaco, corrupto y discrecional en la profesión docente a otro basado en el mérito, la transparencia y el esfuerzo.

Gracias a esa reforma las escuelas de tiempo completo crecieron de 6 mil 708 en 2012 a 25 mil 134 en la actualidad; de no existir un programa ambicioso de modernización de infraestructura escolar hoy existe uno que está atendiendo a las 33 mil escuelas con mayores desventajas físicas y haciendo la mayor inversión en la historia desde hace al menos 3 sexenios; del 37.4 por ciento en que dejó la pasada administración el rezago educativo ahora se redujo al 31.9 por ciento; del 65.9 por ciento que era la cobertura en educación media superior ahora es del 85.7 por ciento incluyendo todas las modalidades; del 32 por ciento que era la cobertura en educación superior ahora es de 38.4 por ciento, y de tener un modelo educativo “indefendible”, como lo calificó correctamente el Presidente de la Comisión de Educación del Senado, ahora hay uno nuevo construido colectivamente, tras un robusto proceso de consulta, y adaptado a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. ¿Mal implementada? Más bien, diría San Agustín, el problema con los necios es que se aferran a su parecer no porque sea verdadero sino tan solo porque es suyo.

En cuarto lugar, las últimas pruebas de PLANEA arrojan resultados notables entre 2015 y 2017. En lenguaje y comunicación, una de las dos disciplinas evaluadas, 11 estados tuvieron mejoras, entre 2 y 29 puntos, y en matemáticas 18 entidades progresaron entre 1 y 27 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo sucesivo, además de consolidar la arquitectura de la reforma en lo nacional, el éxito en los logros de aprendizaje dependerá principalmente de la gestión estatal y de la gestión escolar, tal como ha sucedido en el mundo.

En suma, una reforma educativa es demasiado importante como para dejarla a los opinantes de coyuntura. Si obras son amores, en la reforma educativa las hay, y en abundancia.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/las-fortalezas-de-la-reforma-educativa/

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República Dominicana: Ministro dominicano favorece cambios en ley de Educación

Centro América/República Dominicana/15 Marzo 2018/Fuente: Prensa Latina

 El ministro dominicano de Educación, Andrés Navarro, favorece la aprobación de una nueva ley de esa materia que se ajuste a los nuevos tiempos y permita aplicar métodos modernos sin limitaciones, trascendió hoy aquí.
La referida ley está en el centro de los debates en estos días luego de la designación efectuada por el Ministerio de Educación de los Directores Regionales y Distritales del país, lo cual produjo un enfrentamiento entre esa institución y el gremio de los docentes porque estos últimos cuestionan la potestad que la norma otorga a esa cartera a estos fines.

Según medios de prensa, al ser ese cuerpo legal una ley que lleva 20 años de aprobada, su articulado ya no se ajusta a los momentos actuales y limita en varios aspectos la aplicación de las reformas educativas necesarias en el país.

Sin embargo, Navarro señaló que aunque está de acuerdo con la revisión y ajustes de la norma jurídica vigente, mientras eso se hace, la actual legislación debe respetarse y los nuevos directivos deben asumir sus cargos y llevar adelante su trabajo.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159681&SEO=ministro-dominicano-favorece-cambios-en-ley-de-educacion

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La evaluación de académicos universitarios

Por: Roberto Rodríguez

  1. En un sentido general, evaluar no es otra cosa que indicar el valor de algo. No obstante, la práctica de la evaluación es compleja. Incluye, en principio, los siguientes elementos: qué se evalúa y con qué propósito, quiénes participan en la evaluación, cómo se evalúa, y cuáles y para quiénes son las consecuencias de esta práctica. En el campo de la educación superior contemporánea los objetos y sujetos que comprende la evaluación son múltiples y diversos. Se evalúa a las instituciones, programas, proyectos, resultados de las funciones académicas, así como a los individuos y grupos que participan en éstas: estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo.
  1. La evaluación de académicos presenta una doble condición temporal. Por un lado, tiene profundas raíces históricas. Por otro, su proliferación, profundización y papel en la dinámica y trayectoria del trabajo académico se remonta a las últimas décadas. Desde la universidad medieval se establecieron prácticas evaluativas para la selección de candidatos: básicamente el concurso de oposición a las cátedras vacantes. Otros procesos que implican evaluación de logros (permanencia, promoción, pago por desempeño) presentan una notable diversidad entre países, sistemas e instituciones universitarias, aunque una tendencia general identificable en medio de esa diversidad es la propensión a aplicar instrumentos y procesos de evaluación en distintas fases de la trayectoria académica y con el propósito común de mejorar determinados indicadores institucionales, entre otros la calidad académica de los programas y la productividad de los sujetos universitarios.
  1. Cualquier práctica de evaluación tiene dos elementos indispensables: primero, un marco de referencia (por ejemplo, un estándar) que define las dimensiones, requisitos, componentes, entre otros aspectos, que debe cumplir el objeto por evaluar. Segundo, el conjunto de datos, evidencias, resultados o productos del objeto evaluado. El evaluador intermedia entre ambos elementos, y mediante su interpretación tanto del marco de referencia como de las características y condiciones del objeto evaluado emite un juicio de valor (una opinión autorizada) determinado.
  1. La evaluación de académicos, ampliamente generalizada en universidades públicas, y progresivamente también en otras IES públicas y privadas, muestra hoy varios dilemas de compleja solución. Entre otros:
  1. Marco de referencia común o protocolos sensibles a la diversidad de las funciones (investigación, docencia, combinadas), disciplinas (ciencias, ciencias sociales, humanidades, artes), etapas del trayecto académico, entre otros elementos. La solución a este tema suele ser una combinación de los dos elementos, aunque no siempre se ha logrado una mezcla virtuosa, no es infrecuente que el marco de referencia común esté formulado conforme al paradigma de la producción científica y que la valoración de la docencia se base exclusivamente en elementos cuantitativos (clases impartidas, tesis dirigidas, participación en procesos de tutoría, por ejemplo).
  • El dilema de la objetividad del juicio. Cuando la evaluación académica “con consecuencias” es practicada por individuos que participan en la misma comunidad (institucional o disciplinaria) que los sujetos evaluados existe un problema básico de imparcialidad. El conocimiento de los árbitros sobre las personas evaluadas puede tener consecuencias positivas (valorar con mayor conocimiento de causa su desempeño y logros) pero también negativas (prejuzgar). En otros campos evaluativos (por ejemplo el dictamen editorial) se practica el arbitraje “doble ciego” para resolver el dilema entre “juicio de pares” y evaluación imparcial. Esta práctica, o alguna equivalente, no suele ser aplicada a la evaluación de académicos y pone en riesgo un principio elemental de justicia.
  • El dilema del uso ineficaz de talento. Como el personal universitario más calificado debe arbitrar procesos de evaluación, y dado que el universo de evaluación se encuentra en un incesante proceso de expansión, se está empleando el tiempo, la concentración, y la energía de los mejores académicos en procesos rutinarios de evaluación. Como, además, la práctica de evaluar es poco apreciada en los propios procesos de evaluación, es frecuente que las evaluaciones practicadas sean superficiales. Difícilmente puede ser de otra manera si se toma en cuenta la demanda de evaluación (de personas, programas, proyectos y productos) que recae en un número limitado de evaluadores académicamente autorizados.
  • ¿Para qué sirve la evaluación? Está menos claro de lo que parece. La evidencia sobre una pregunta básica (¿mejora en efecto la calidad académica de lo evaluado por o tras la práctica de evaluación? ¿cuanto? ¿cómo? ¿por qué?) es más bien escasa. ¿Responde la evaluación a otros fines, por ejemplo de control laboral o de gobernabilidad institucional?
  1. El falso consentimiento. Quienes defienden la evaluación de académicos bajo las formas e instrumentos prevalecientes sostienen que, como esta es voluntaria, la participación de los sujetos en ella implica, en principio, la aceptación de sus reglas. Y por lo tanto, que las prácticas evaluativas son aceptadas o aceptables por la comunidad. Ocurre, sin embargo que, salvo excepciones, la evaluación es percibida como una condición de riesgo, un factor de ansiedad y estrés, o cuando menos un elemento que interrumpe y altera la cotidianidad académica de las instituciones, las comunidades y los individuos involucrados. Se piensa, sin pruebas, que los sistemas de evaluación de académicos mejoran la calidad de lo que hacen. Los académicos no comparten esa creencia: participan para mejorar sus ingresos, no sus prácticas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-evaluacion-de-academicos-universitarios

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Argentina: 24 de Marzo, ganemos las calles nuevamente

Por: laizquierdadiario.com/14-03-2018

Después de las masivas movilizaciones de diciembre contra el saqueo a los jubilados, de las luchas contra los despidos y por el salario, y del multitudinario 8 de Marzo, en este nuevo aniversario del golpe salgamos otra vez masivamente a las calles contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el ajuste de Macri y los gobernadores.

Cada vez que Macri, los gobernadores, los empresarios o una institución del régimen nos atacan, salimos masivamente a las calles.

Así fue el año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia dictó el 2×1 a los genocidas, cuando fue el crimen de Estado que acabó con la vida de Santiago Maldonado o cuando en el Congreso Nacional votaron el saqueo a los jubilados.

Este año, venimos de las peleas contra los despidos, de la lucha por el salario en distintos gremios y del reciente y multitudinario 8 de marzo en el que salimos a las calles para luchar por el aborto legal, seguro y gratuito, contra la violencia machista y por los derechos de la mujer trabajadora.

Este 24 de marzo salimos a las calles nuevamente y tenemos que ser otra vez cientos de miles para hacer sentir nuestra voz. No podés faltar.

Luchemos contra el ajuste y la represión a 42 años del golpe

Más de cuatro décadas después del golpe, hoy enfrentamos a un Gobierno nacional que busca la impunidad de los genocidas, tiene un discurso que niega el plan sistemático de desaparición de personas y pone en duda la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos. Junto con eso, una Corte Suprema que sancionó el beneficio del 2×1 para los genocidas.

A la par, para intentar avanzar con su plan económico a favor del gran capital, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich buscan disciplinar con una mayor represión, como vimos con el crimen de Estado de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la represión de la lucha contra la reforma previsional en diciembre o con la “doctrina Chocobar” que busca darle rienda suelta al gatillo fácil policial.

Hoy este plan está en crisis. El ataque del Gobierno fue repudiado en las calles en diciembre, mientras que su imagen cae y día a día saltan sus escándalos de “transparencia cero”, como los de Caputo, Triaca o antes el propio presidente Macri con los Panama Papers.

Sin embargo, el Gobierno aún cuenta con una ventaja: las distintas alas del peronismo y de la burocracia sindical que lo ayudan en sus planes de ajuste.

Desde Urtubey a Alicia Kirchner, todos los gobernadores del peronismo aplican en sus provincias los mismos planes de ajuste, mientras que en el Congreso Nacional ninguna ley saldría sin los indispensables votos de distintos sectores del peronismo, ya queCambiemos es minoría en ambas cámaras.

Por su parte, las distintas alas de la burocracia sindical o bien se subordinan abiertamente al Gobierno, como los que por estos días aceptan despidos o techos salariales del 15 % sin cláusula gatillo, o bien son “opositoras” de palabra pero dividen las luchas, llaman a medidas testimoniales en sus gremios y se niegan a convocar a un paro nacional activo como inicio de un plan de lucha para derrotar los planes de ajuste. Muchos dirigentes gremiales trabajan hoy junto al peronismo para las elecciones de 2019, mientras los ataques siguen pasando.

Más aún sobre el peronismo: en los últimos días ha salido a la luz, por ejemplo, un acta acuerdo entre el Gobierno de Santa Cruz, el Gobierno nacional y la Gendarmería, para hacer inteligencia represiva contra los mineros de Río Turbio que están en lucha por sus puestos de trabajo.

No es un hecho aislado. Más allá del doble discurso, durante los doce años de gobiernos kirchneristas hemos visto la represión en decenas de luchas, como las de los trabajadores de Lear, Kraft, el Casino Flotante, los trabajadores de la Línea 60, Mafissa y tantas otras, mientras que Mariano Ferreyra cayó asesinado por las balas de la burocracia sindical amiga del Gobierno, el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado en Neuquén o las comunidades Qom sufrían muertes a manos del Gobierno de Gildo Insfrán en Formosa, entre muchos otros casos.

Al mismo tiempo, durante los gobiernos kirchneristas se aprobaron las leyes “antiterroristas”, se designó al represor Sergio Berni, se instauró el Proyecto X de espionaje, y finalmente se nombró a César Milani al frente del Ejército. Al día de hoy, la mayor parte de los genocidas permanecen impunes.

Marchemos de forma independiente

Por todo lo dicho, sobran los motivos para movilizarse este 24 de Marzo de forma independiente del macrismo y del peronismo.

Contra el ajuste de Macri y los gobernadores, y las entregas y divisiones de la burocracia sindical, la izquierda y el sindicalismo combativo vienen impulsando el apoyo y la coordinación de todas las luchas, así como la exigencia de paro nacional y plan de lucha a las centrales sindicales. Por el triunfo del Posadas, del INTI, Río Turbio, los docentes, los bancarios y todas las luchas. Por el salario, los puestos de trabajo y contra los tarifazos.

Al mismo tiempo, frente al oscurantismo de la Iglesia, las maniobras del macrismo y las divisiones del peronismo que nunca aceptó siquiera el debate mientras fue Gobierno, levantemos las banderas de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la pelea por todas las demandas de la mujer trabajadora.

A 42 años del golpe, denunciemos que no solo el aparato represivo de la dictadura sigue impune y la mayor parte de los genocidas en libertad, sino que ningún gobierno constitucional ha abierto los archivos del genocidio, medida elemental con la que sería posible obtener información indispensable sobre el destino de los compañeros desaparecidos, así como recuperar identidades de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados.

Marchemos también denunciando que los mismos empresarios que impulsaron y se beneficiaron del golpe junto a los militares, son los que hoy continúan haciendo superganancias.

Con todas estas banderas, te invitamos a marchar junto al PTS en el Frente de Izquierda, la agrupación de mujeres Pan y Rosas y el Movimiento de Agrupaciones Clasistas.

Levantemos bien fuerte:

  •  No al ajuste de Macri y los gobernadores.
  •  Contra la impunidad de ayer y de hoy.
  •  Cárcel común y efectiva para todos los genocidas.
  •  Apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas, de Inteligencia y de la Iglesia.
  •  Restitución de la identidad de todos los jóvenes apropiados.
  •  No a la prisión domiciliaria ni al 2×1.
  •  Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
  •  No a la criminalización de la protesta, libertad a todos los presos políticos, desprocesamiento de todos los luchadores.
  •  Castigo a los responsables políticos y materiales de las desaparición de Julio López.
  •  Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
  •  No a las políticas de gatillo fácil.
  •  Anulación de las leyes antiterroristas.
  •  No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
  •  30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presentes!

*Fuente: http://laizquierdadiario.com/24-de-Marzo-ganemos-las-calles-nuevamente

 

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