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Corchetes a la reforma educativa

Por: Pluma invitada

La reforma educativa es tema de debate. Por la coyuntura electoral los partidos políticos han decidido impulsar la idea de ponerle corchetes, incluso los partidos que la construyeron; ni unos ni otros formalizan un verdadero desafío a su viabilidad o a su existencia.

Resulta sorprendente que el partido político que la diseñó desde el Pacto por México, el PRI, en este caso el PRI veracruzano desde la legislatura radicada en Xalapa, haya decidido proponer eliminar lo que llamaron “sus dientes”. Recuérdese que sus más férreos defensores e impulsores pidieron que la reforma educativa “tuviese dientes”: la obligatoriedad de la evaluación o el cese. En la última semana de enero de 2018 la propuesta que se remitió a la Cámara de Diputados por parte el PRI jarocho (ala anarquista) fue eliminar de la Constitución la evaluación docente para efecto de permanencia. Nosotros, desde estos párrafos, tímidamente, por temor a perder el trabajo (temor extemporáneo), habíamos planteado a mediados de 2016 la propuesta de que la evaluación docente para la permanencia fuese voluntaria, pero el PRI (ala bolchevique) nos rebasó por la derecha. La iniciativa ha quedado hasta hoy en nada, como broma derivada del ocio, porque una reforma constitucional no es nada fácil en los tiempos revueltos de hoy.

El día 10 de febrero en Zacatecas, el izquierdista candidato presidencial puntero, le propuso al magisterio mexicano un temario a aplicar en materia educativa en caso de triunfo. Llama la atención el matiz que le pone al tema, llama la atención cómo acomoda sus propios corchetes porque ya no llama a la incendiaria desaparición de la reforma educativa sino a la pacífica reconversión de la Ley del Servicio Docente. Leamos primero el antecedente número 2 del documento de Zacatecas que menciona al Pacto por México y a la Constitución para que podamos comprender los acuerdos firmados:

“2) Dicho pacto concluyó con una reforma constitucional que definió procedimientos para el ingreso, la promoción y la evaluación del desempeño, la cual determinaría la permanencia en la plaza de base. La constitución señaló entonces que, en todos los casos, se respetarían los derechos laborales de los trabajadores de la educación”. Enseguida leamos el primer compromiso: “1.- Dar marcha atrás a la Reforma Educativa enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley General del Servicio Profesional Docente, que tal como la Constitución lo establece, respete y garantice los derechos laborales y gremiales, las plazas de base del magisterio, de (sic) certidumbre en el empleo y reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”.

Queda claro entonces que ya no se habla de desaparecer toda la reforma educativa sino apenas de modificar una ley secundaria, la ley docente. Es todo. Se añade en el punto 3: “Dentro de ese Proyecto de Ley, eliminar la evaluación punitiva, el cese de las persecuciones y amenazas a las maestras y maestros por sus convicciones y derechos. Una ruta justa para su permanente desarrollo profesional”. No se entiende cómo un proyecto de ley que sólo afecte la ley docente puede eliminar la evaluación punitiva cuando esto sólo puede lograrse con una reforma constitucional que no se menciona en ninguna parte del documento. Si no se aplica una reforma constitucional entonces estamos hablando de nada, y de nada estaría hablando el documento firmado y publicado el 10 de febrero (bit.ly/2EIr2bq).

El acuerdo número 5 de Zacatecas ofrece que habrá “recontratación inmediata de los maestros y maestras cesados por no aceptar una la evaluación punitiva”. Debe tenerse presente que no evaluarse no es el único motivo de cese derivados de la reforma. Otro motivo es el artículo 76 de la ley docente cuando se aplica arbitrariamente, fuera de contexto, como ocurrió con el autor de estos párrafos con la complicidad documentada por escrito, membrete y sellos de su representación sindical. El acuerdo 5 debería incluir el desistimiento de las secretarías de Educación de todos los estados en cualquier procedimiento legal que se haya implementado contra los docentes en cualquiera de los frentes legales que la reforma educativa creó contra el trabajador. Debe incluir también la libertad de los docentes presos que se equivocaron en su procedimiento al luchar y tienen en su contra causas penales. La visión de este acuerdo 5 debe ser mucho más amplia, muchísimo más amplia, y debe no olvidarse de dos o tres nombres propios que les podemos proporcionar para el caso.

Porque una cosa es la que se dice en el micrófono (“cancelaremos la reforma educativa”) y otra es la que se firma en documentos (“impulsaremos reformas a una ley  secundaria”), a la propuesta encorchetada de Zacatecas ya la reprobaron algunos voceros de la CNTE y ya la aplaudió con júbilo Mexicanos Primero en un comunicado de dos cuartillas fechado el lunes 12 de febrero: “Reconocemos las precisiones”, “aplaudimos que el debate se dote de contenido”, etc.

El aplauso suyo es tan fuerte que, de haber estado presente en Zacatecas algún representante suyo habría estampado su verde firma (la tercera al calce del documento) sin ningún tipo de problema, sin ninguna clase de preocupación.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/corchetes-a-la-reforma-educativa/

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Puerto Rico: La reforma educativa cambia los requisitos para ser maestro en la isla

Centro américa/Puerto Rico/22 Febrero 2018/Fuente: El nuevo diario

El proyecto de ley busca atraer a otros profesionales al salón de clases

Si el proyecto legislativo que propone una reforma al sistema educativo se aprueba tal cual fue radicado, el Departamento de Educación establecerá nuevos requisitos para la contratación del personal que impartirá clases a los estudiantes, los cuales no necesariamente tendrían que tener preparación o experiencia como maestros.

Asimismo, la permanencia de un maestro en el sistema no estará garantizada solo porque tenga una plaza regular en el Departamento de Educación, sino que dependerá de las evaluaciones constantes que se hará de su desempeño.

El subsecretario asociado de Educación, Eligio Hernández, aseguró que estos cambios permitirán que se atiendan, en primer lugar, las necesidades de los estudiantes de las escuelas públicas y que se desarrollen ofrecimientos académicos que en estos momentos no están disponibles.

“El maestro que aspiramos que esté en la sala de clases es el que pueda atender las necesidades del estudiante, que tenga capacidad de innovar, de tener una oferta curricular distinta, que pueda mantenerse actualizado sobre su materia, su área”, sostuvo Hernández.

Más allá de viabilizar las escuelas charter en Puerto Rico y revivir el programa de vales educativos, el proyecto de ley bajo el análisis de la Legislatura propone una nueva Ley Orgánica del Departamento de Educación para sustituir la Ley 149 de 1999. La legislación modifica tanto los criterios que necesitaría una persona para convertirse en maestro, como el proceso que seguirá la agencia para reclutarla.

El capítulo V de la medida legislativa establece que habrá varios mecanismos para que los aspirantes se certifiquen como maestros. El primero es la “certificación tradicional”, que se da cuando la persona completa un bachillerato “que incluya cursos generales de pedagogía”, cumple con 180 horas de práctica y completa un semestre enseñando o de internado en un plantel.

Además, se crearían “rutas alternas para la certificación” para aquellas personas que no hayan completado un programa de preparación de maestros en la universidad, de modo que puedan convertirse en docentes si completan un grado de maestría -que el proyecto no detalla en qué especialidad-, un programa de certificación o un programa de maestro practicante.

El texto de la medida no menciona el Registro de Turnos, una lista en la que se enumeran todos los maestros certificados e interesados en ocupar plazas vacantes en una región educativa y se contratan en orden descendente, de acuerdo con el turno que recibieron según su preparación académica y experiencia. La existencia de este registro ha sido considerada durante las últimas décadas como una victoria para el movimiento magisterial, porque lo consideran un método objetivo para el reclutamiento de personal docente.

Hernández reconoció que el Registro de Turnos ha sido útil para Educación, pero dijo que, a la vez, ha creado para la agencia “unos retos sumamente relevantes”. Si Educación no logra llenar vacantes de maestros a través de registro, abre lo que se conoce como “convocatoria especial”, mediante la cual puede contratar personas que no cumplan con todos los requisitos para ser maestros.

Un proceso similar sería viable a través de la reforma educativa, sostuvo Hernández. Por ejemplo, señaló que se podrá contratar profesionales en otras áreas, como ingenieros, periodistas o programadores, para enseñar cursos en escuelas especializadas o como parte de los proyectos innovadores que promueve la legislación.

“Esto puede ser una discusión filosófica. ¿Qué nos recomendaba (Eugenio María de) Hostos, uno de los 50 filósofos educativos más importantes a nivel mundial? Que era mejor crear especialistas y a los especialistas le enseñamos a enseñar”, argumentó el subsecretario asociado.

El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es la única universidad que sigue esta filosofía porque no tiene una Facultad de Educación. Los estudiantes que aspiran a ser maestros hacen un grado en un área de especialidad -como matemáticas, química o mercadeo- y toman cursos en pedagogía a través del Programa de la Preparación de Maestros de Escuela Secundaria de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales.

Hernández apuntó que los programas para certificar a los aspirantes de maestro se cubrirían con fondos federales que se asignan anualmente.

El funcionario rechazó que la propuesta atente contra los derechos adquiridos de los maestros, porque, argumentó, derechos laborales como la licencia por vacaciones, las aportaciones al Sistema de Retiro y el plan médico, se mantienen.

Asimismo, la reforma educativa establece nuevos requisitos para la selección de directores escolares. Los nombramientos de estos funcionarios tendrán vigencia de un año y podrán renovarse sujeto a evaluaciones de desempeño. Aunque los requisitos específicos para el puesto serán detallados mediante un reglamento en Educación, la pieza legislativa establece que deben contar con “experiencia gerencial, administrativa y pedagógica”, y serán evaluados a base de su “rendimiento en posiciones de similar naturaleza”.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lareformaeducativacambialosrequisitosparasermaestroenlaisla-2400279/

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operacion de desaseo: El PRI en la Reforma Educativa.

Por: Insurgencia Magisterial/Roberto González Villarreal,  Lucía Rivera Ferreiro y  Marcelino Guerra Mendoza/ 21/02/2018 

La reforma educativa inició como reforma constitucional de los artículos 3 y 73; se aprobó en 10 días y se  promulgó el  26 de febrero de 2013. Un día después fue detenida y encarcelada Elba Esther Gordillo, presidenta del CEN del SNTE.

Se ha dicho también: la celeridad de la reforma fue posible por el Pacto por México, un compromiso  de gobierno de los tres principales partidos políticos: PRI, PAN y PRD.

Puede ser; sin embargo, el problema de esta narrativa es su generalidad. No explica cómo se produjo la reforma educativa, cómo se logró realizarla en tan poco tiempo, siguiendo los trámites parlamentarios, que están reglamentados y son muy precisos. ¿Dónde está el truco?

Como siempre, en los detalles. A un nivel de lo real donde pocas veces bajan los generalistas, los que no se ensucian las manos con archivos y documentos; las que no se cansan la vista con tantas ligas, carpetas y documentos de cientos de fojas.

En la economía política del detalle se encuentran siempre los materiales del hecho, las condiciones y razones de su producción. Veamos cómo se realizó la reforma constitucional y el triste papel que jugó el PRD en esta historia.

Partamos de lo evidente, lo que consta en los registros. Lo que se dice, se vota y se declara. La iniciativa de reforma constitucional en materia educativa fue presentada por el ejecutivo federal en el marco de los compromisos adquiridos en el Pacto por México. En otras palabras: se negoció fuera del Congreso; es más, a la iniciativa la acompañó un extraño documento, fuera de toda tradición legislativa, firmado por los presidentes de los tres partidos del Pacto. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, su legitimidad parlamentaria estaba asegurada por la disciplina de partido.

Las representantes populares responden a sus partidos, no a sus representados. Esa es una de las dificultades de los regímenes de mayoría  relativa -pero esa es una discusión a la que no entraremos en este momento. La pregunta es: ¿cómo se produjo la legalidad procedimental de la iniciativa? ¿Cómo se tradujeron los acuerdos extra- parlamentarios en tácticas, técnicas, discursos y votaciones aprobatorias, rápidos y legales?

Aquí es donde interviene el PRD. Sobre todo en la Cámara de Diputados, la cámara de origen de  la reforma educativa.

Recordemos. Cuando llega una iniciativa al pleno, el presidente de la Cámara empieza el trámite dirigiéndola a la comisión correspondiente; en este caso a la Comisión de Puntos Constitucionales (CPC), con la opinión de la de Educación Pública y Servicios Educativos (CEPSE).  Aunque la presidenta de la Comisión de Equidad y Género solicitó dar su opinión también.

Lo que sigue es el estudio, discusión y votación en comisiones. Eso está regulado en  Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento  Interior de la Cámara de Diputados, donde se establecen detalladamente los tiempos, formas, requisitos y responsabilidades del trabajo parlamentario.

Aquí es donde está el diablo de los detalles. Las tres comisiones estaban presididas por miembros de la Fracción Parlamentaria del PRD, por lo que controlaban en buena medida el proceso de dictaminacion, sobre todo en la CPC, a cargo de Julio César Moreno Rivera.

¿Quién es Julio César Moreno Rivera? Un joven abogado de la UNAM, miembro de la corriente de Los Chuchos, o Nueva Izquierda. Surgió del comité delegacional de la Venustiano Carranza, del que fue presidente de 1999 a 2002, para luego ocupar la secretaría de cultura en el PRD del DF en 2003 y  ganar una curul en las elecciones de la III Asamblea del DF. En 2006 ocupó la jefatura de la delegación Venustiano Carranza. En 2009 regresó a la Asamblea del DF, para saltar a la lista de la cuarta circunscripción plurinominal en las elecciones federales de 2012.

En poco más de una década, Julio César ascendió en la política partidaria, delegacional y estatal. Siempre ligado a la estructura partidaria y a las redes ciudadanas de la delegación Venustiano Carranza, donde logró  formar un consistente grupo político del que  salieron los tres  jefes delegacionales que lo sucedieron,  Alejandro Piña, Juan Manuel Ballesteros y su propio hermano, Israel Moreno Rivera, aunque este último fue recientemente destituido por la Suprema Corte (El feudo de los Moreno Rivera).

Como presidente de la CPC de la LXII  Legislatura, José Luis operó con rapidez la reforma educativa, su primera gran prueba. El 11 de diciembre recibió la iniciativa; en la Gaceta Parlamentaria del 12 aparece la convocatoria a una reunión extraordinaria para las 19 horas. (Gaceta Parlamentaria 12 diciembre 2012). En la mañana del 13 ya se encontraba el  Proyecto de Dictamen en sentido positivo a la iniciativa presidencial (Gaceta Parlamentaria 13 diciembre 2012). ¿Cómo logró que en pocas horas se conociera y discutiera la iniciativa; y prácticamente al mismo tiempo se elaborara y aprobara un dictamen?

Julio César es un mago de la operación legislativa. La mañana del 12 convocó a una reunión ese mismo día en la tarde-noche. En esa sesión los miembros de la CPC analizaron, discutieron, acordaron, redactaron y aprobaron un dictamen que al día siguiente fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados.  ¡Un prodigio de eficacia, eficiencia y liderazgo! ¿Cómo le hizo? ¿Cuál es el secreto?

Sencillo, primero se acogió a los acuerdos del Pacto por México; así conformó una fuerza avasallante en la comisión; luego utilizó el añejo saber parlamentario de priistas y panistas, que lo guiaron y apoyaron para declarar una sesión extraordinaria de la CPC, así podría tratar el asunto de la reforma educativa en menos de 24 horas, que es lo mínimo requerido por las prácticas legislativas; siguió una discusión acotada y veloz en la comisión; llevaban un predictamen y se aprobó raudo y veloz. Solo así pudo aparecer al día siguiente en la Gaceta Parlamentaria.

Por sorprendente que parezca, no es una práctica nueva. Lo novedoso no es el procedimiento, sino el personaje que lo dirige, el partido y la fuerza que representa. Antes, los diputados del PRD denunciaban esas “prácticas que pervierten el debate parlamentario”.   Ahora las comandan; o peor, creen comandarlas.

Eso le costó a José Luis algunas fracturas. No con los diputados del PRI, PAN y PVEM, desde luego, sino con compañeros de su misma fracción parlamentaria; también con antiguos aliados.

Amalia García Medina, ex gobernadora de Zacatecas y ex presidenta nacional del PRD,  José Ángel Dávila y  Fernando Zárate Delgado votaron  a favor del dictamen; José Ángel Espinoza no votó y solo la diputada Julissa Mejía Guardado lo hizo en contra.  También  se manifestaron por la negativa los diputados Ricardo Cantú Garza y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano (MC),  y Luis Antonio González, del  PANAL (Gaceta Parlamentaria 13 diciembre 2012).

La pinza del dictamen aprobatorio  la cerró otro perredista, Jorge Federico de la Vega Membrillo, diputado de mayoría relativa por el distrito 38, con cabecera en Texcoco de Mora, en el Estado de México. Su eficiencia y eficacia rivalizaron con las de Julio César, pero lo superó en votaciones: logró la unanimidad.

Jorge Federico es un militante de la vieja izquierda, la del Partido Comunista Mexicano, que más tarde se disolvió en el Partido Socialista Unificado de México, luego en el Partido Mexicano Socialista hasta darle su registro al Partido de la Revolución Democrática. Jorge es fundador del Colectivo Texcoco, de ahí pasó a ocupar una diputación local en el Estado de México, de 1994 a 1997, y más tarde ganar la presidencia municipal de Texcoco de Mora en 1996 (CVU Jorge Federico de la Vega).

¿Cómo operó la aprobación de la iniciativa en la CEPSE? En este caso contamos con un informe un poco más claro de su modus operandi (MO).

En la segunda sesión de la CEPSE, el 10 de diciembre de 2012, la orden del día incluía un apartado de asuntos generales, ahí se encontraba la reforma educativa. En toda la reunión se había tratado el presupuesto para 2013, pero al final, el

“Dip. de la Vega, observó que hay un trabajo paralelo a la aprobación del Presupuesto para 2013 de igual importancia, que es el de la Reforma Educativa, por lo que pide  a los integrantes de la Comisión estar atentos a esta propuesta del Ejecutivo. No habiendo más temas pendientes por desahogar, declara la reunión en sesión permanente y en receso el día hoy siendo las 19:55 horas” (Acta de la segunda sesión de trabajo CEPSE).

La sesión continuó dos días más tarde. El MO es tan claro que raya en la obscenidad: el presidente da la bienvenida e instruye al secretario que desahogue el orden del dia. No es algo raro, es una práctica común, sobre todo en presidencias débiles, cuando los diputados acceden por cuotas legislativas, no por conocimientos y experiencia. Como en este caso. En la trayectoria política y profesional de Jorge Federico los temas educativos no son relevantes. En la del secretario si. Miguel Ángel Aguayo no es un secretario más, fue rector de la Universidad de Colima durante dos periodos consecutivos, de 2005 al 2008 y de 2008 a 2013, cargo que dejó para ganar la diputación del PRI al 1 distrito de mayoría en Colima.

En otras palabras, Jorge dejó en manos de un experimentado priista, conocedor de la política de educación superior, la aprobación de la reforma en educación básica.

Lo que sigue es de manual: cuatro o cinco intervenciones generales, voto de confianza a los asesores para que elaboren el dictamen y aprobación por unanimidad. Clásico. Quien no lo pueda creer, que lea el Acta de la segunda sesión de trabajo CEPSE.

Lo que hicieron Jorge Federico y Julio César se conoce en el slang parlamentario como la aplanadora. Aplanaron los procedimientos, retorcieron las formas y los tiempos, con el poder de las mayorías del Pacto por México. No inventaron nada. Siguieron lo que durante años inventaron los priístas, aprendieron los panistas y ahora los perredistas siguen a pie juntillas. No hay nada nuevo en el MO, solo dos innovaciones menores: el Pacto por México, que tampoco inventaron y, sobre todo, su incorporación tan largamente soñada a lo que podría llamarse -siendo laxos en el concepto- el cogobierno. Ansiosos de formar parte del poder, de los que deciden, de quienes gobiernan, de los que mandan, los perredistas se convirtieron en todo aquello contra lo que lucharon cuando eran jóvenes. Peor: a la zaga, siempre a la zaga; sujetos por la ilusión de que forman parte del bloque de poder, ellos, los izquierdosos. ¡Ja! Sólo les falta decir que por fin la izquierda había llegado al gobierno. ¡No, esperen, si lo dijeron! -luego les contamos cómo, cuándo y dónde.

El resultado de este MO está a la vista. La iniciativa se aprobó con amplio margen, en poco tiempo; en el argot legislativo a eso se le llama mayoriteo; eso también afectó la calidad de los dictámenes, francamente pedestres, unos bodrios infumables que por si mismos ilustran la necesidad de mejorar la calidad de la educación. ¡Je je! Quien quiera ver los detalles, revise el análisis que hicimos en Los poderes percutidos.

Sin duda, son producto del acelere; aunque no hay que desdeñar la poca experiencia y capacidad analítica de sus asesores, a juzgar por la carta de observaciones de la Coordinación de Política Social del PRD, con fecha 12 de diciembre, en la que proponen, reformar el diseño del nombramiento de la Junta de Gobierno del INEE; que los integrantes de la junta de gobierno sean investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SIN); suprimir el segundo párrafo del artículo tercero transitorio, para dar certeza jurídica al INEE;  agregar un artículo transitorio en el que expresamente queden a salvo los derechos de los trabajadores de la educación;  y eliminar en el transitorio quinto de la fracción III, los incisos b y c, dado que ya existen escuelas de tiempo completo y una ley vigente para prevenir la obesidad (Carta Coordinación de Política Social del PRD 12 diciembre 2012 ).

¡Puras cuestiones admistrativas!; menores, sin entender la lógica de la reforma, sin cuestionar el problema, ni su formulación, ni la coherencia entre problema, objeto de intervención, objetivos y medios de acción. Las cuestiones básicas de cualquier análisis político-legislativo.

Esta no es la pequeña historia de una traición, como alguien podría creerlo. Es el desmontaje de una lógica política que desde hace muchos años se ha desarrollado en el PRD y en la izquierda  mexicana. Así piensa y así actúa. Pero no se crea que es la única. El proceder de los presidentes perredistas de las comisiones responsables del dictamen en la Cámara de Diputados fue cuestionado por sus mismos compañeros y aliados del Movimiento Progresista.

En la discusión en el pleno, el primero que subió a denunciar los procedimientos y llamar a una moción suspensiva del debate de segunda lectura fue el diputado Ricardo Mejía, del MC, que había  firmado en contra y presentado un voto particular en la CPC, argumentando violaciones a los artículos 150, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados por no haber citado con al menos 24 horas de anticipación y por hacerlo por vía electrónica; al artículo 69 del mismo Reglamento, porque las comisiones de Educación y Equidad no utilizaron el tiempo reglamentario para fundar sus opiniones; a los artículos 87 y 97 para publicar en tiempo y forma el dictamen de la comisión, que se hizo el mismo día en que realizó su reunión para discutirlo.

En el mismo sentido, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, presentó otra moción suspensiva, porque se violentó el principio de legalidad o primacía de la ley, al realizar dictámenes en sólo dos días, atendiendo más la procedencia de la iniciativa que a su lógica jurídica, sobre todo porque implica cambios en el régimen laboral del magisterio, regulado por el artículo 123 de la Constitución, cuestión que ni la iniciativa ni el dictamen se pusieron a considerar, entre otras cosas, y con ello se violentaron los artículos 85, 89, fracciones VI, VII, VIII y IX, 155, 156 fracción III, 162, 176 al 179 del Reglamento de esta Cámara de Diputados por carecer de la debida motivación que explique la necesidad de dicha reforma, carece de datos mínimos que soporten la propuesta y de la opinión de especialistas en la materia, así como la consulta de los trabajadores a los que se dirige la reforma (Diario de los Debates. Cámara de Diputados, 19 diciembre 2012).

Nadie puede llamarse entonces a engaño. Ni pedir peras al olmo. El PRD es un artífice de la reforma educativa. Como el PRI, el PAN y la chiquillada. Todos tuvieron sus responsabilidades, que ya veremos detalladamente.

El PRD operó el desaseo en la cámara de diputados. No tuvo ni ideas ni argumentos, sólo administró las prisas y los mayoriteos en comisiones. Esa es su contribución a la reforma educativa: la inmundicia en las prácticas parlamentarias.

Contacto: labandadelxs3@gmail.com

Fotografía: eleconomista

Fuente: http://insurgenciamagisterial.com/operacion-desaseo-el-prd-en-la-reforma-educativa/

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Calidad de la educación: los términos de su ecuación (III)

Por: Bonifacio Barba

Hemos considerado que la calidad de la educación es igual al aprendizaje que se logra en el proceso de formación, multiplicado por la equidad (CE = ae). Se ha reconocido la trascendencia de ambos términos de la ecuación al darles un sentido jurídico que los eleva y fortalece por su pertenencia a la axiología constitucional. En esta ocasión el tema central es la equidad.

Por principio de cuentas es necesario recordar que el aprendizaje no es un proceso humano exclusivo de la experiencia escolar: en esta, se trata de que sea sistemático de acuerdo con fines establecidos que son buenos para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Y es importante decir también que la cuestión de la equidad no se agota en el horizonte de la institución escolar. Aquello que sobre la equidad sea dicho o asignado a la escuela, proviene de los valores sociales y, más específicamente todavía, de los principios jurídicos que la crean como institución y precisan los valores que deben sustentar la formación que ella promueve. Por ejemplo, está el valor de la dignidad humana. La equidad está en el proceso histórico constitutivo de la escuela, pero eso ocurre porque es un problema de la sociedad.

En algunos comentarios que suelen hacerse sobre la equidad, de manera directa o indirecta aparecen otras cuestiones como la igualdad, la desigualdad, la inequidad y la iniquidad. Explicar cada una y aclarar todas sus relaciones prácticas y teóricas rebasa los límites de este espacio, pero es necesario no desatenderlas del todo.

Empíricamente, la desigualdad humana se muestra de maneras múltiples y en sus variantes sociales, económicas y políticas ha sido causa de debates y de grandes problemas a lo largo de la historia de las sociedades. No es fácil o inmediatamente posible afirmar la igualdad humana como cosa natural; esta es una creencia que se ha construido a lo largo de siglos y precisamente con un trabajo contextualizado y motivado por las desigualdades creadas por los seres humanos. La creencia es asimismo fruto del deseo y del propósito de atenuar o acabar las desigualdades. Ello toca a todos los trabajos de la antropología, de la economía y de la filosofía política.  Así surgió el proyecto del Estado constitucional o de derechos.

Uno de los logros fundamentales del pensamiento y del afecto humano es la afirmación de la igualdad de los seres humanos en su naturaleza, en su esencia. Esta creencia es la base para un derecho que se califica igual que el logro anterior, es decir, derecho fundamental, el de educación.

En el reconocimiento constitucional de que toda persona “tiene derecho a recibir educación” se condensa tanto un avance civilizatorio del mundo y de México, como un elemento central del proyecto ingente de transformar las desigualdades sociales, económicas y políticas. ¿Con qué criterios y fines? Con los que establece el proyecto de sociedad contenido en la Constitución, la cual es un patrimonio histórico de los mexicanos y tiene una dinámica que la relaciona siempre con la vida social y va precisando los derechos y su alcance y las obligaciones estatales y sociales.

Por los elementos antecedentes, es posible afirmar que la equidad representada en la ecuación de la calidad es una consecuencia natural, intrínseca, del derecho a la educación. Puede sostenerse que la equidad implicada o necesaria para que educación tenga la posibilidad de llegar a darse y ser reconocida como experiencia de calidad, es una expresión gemela del derecho mismo a ella. Por eso la equidad que se predica de la educación rebasa a la escuela y debe calificar y potenciar en la ecuación a todo el aprendizaje y, desde él, al currículo y a la pedagogía. Por todo ello, es una cuestión que toca toda la vida social, toda la actividad económica y toda la experiencia política.

Es tan inherente la equidad al derecho a la educación que el ordenamiento de la pedagogía escolar debe surgir de ella y ser a la vez uno de los aprendizajes clave. La equidad viene a ser entonces base y fin de la educación; es la expresión más clara y exigente de su ontología, y la escuela debe enseñarla, trabajar para ella porque es una institución política y lo que logre es trascendental para la comunidad política.

La equidad debe estar en los aprendizajes, es su fundamento: el conocimiento de sí como ser digno e igual a los otros; el conocimiento de los otros como seres dignos merecedores de respeto y poseedores de derechos; la formación de la persona y su autonomía. Por eso importa la educación y todas sus relaciones con la vida social, con la economía y con la política.

La equidad debe estar en los aprendizajes por la semántica de la frase que consagra el derecho a la educación, pero no se agota en ellos, los mueve desde fuera y los vincula con las otras acciones sociales, económicas y políticas que también deben construir la equidad: las relaciones sociales basadas en los derechos y la justicia que ellos proyectan; las relaciones económicas acordes a la dignidad humana y al conjunto de derechos que de ella dimanan; las relaciones políticas impulsadas por los derechos de forma que configuren y sostengan el  bien común con todos los instrumentos de acción del Estado. En tal horizonte, las políticas para la equidad educativa no pueden comprenderse, formularse, ni emprenderse sin las políticas para la equidad en todos los ámbitos de la acción social y del ejercicio del poder público. De esta forma, en los principios constitucionales y en los fines de la educación, la equidad es un valor procedimental, sí, pero es también un valor que señala la meta última de la vida social y de la realización del Estado: la persona humana como fin.

La equidad es, en última instancia, una representación de la justicia, y su inexistencia o su debilidad extrema dan lugar a la iniquidad, es decir, a una vida social, política y económica de injusticia; da lugar a un mal humano; de ahí la responsabilidad de los gobernantes. Es por eso inaplazable que con la luz y la exigencia del derecho a la educación,  de manera constante se trabaje para que se identifiquen todas las formas de inequidad en el servicio educativo, desde las relativas a la infraestructura y la disposición de maestros, hasta las que se cuelan en el currículo y en la vida escolar.

La obligación constitucional de ofrecer educación de calidad es una exigencia de transformación de las políticas educativas. Vivimos tiempos electorales; deben ser tiempos que sacudan la estructura y motiven la acción de los partidos y de todo candidato o candidata para que comprendan la responsabilidad pública que significa la equidad en la educación. La prueba de fuego para la vocación del político o de la política es su capacidad de ocuparse del hecho de que toda persona tiene derecho a recibir educación. Sin tal capacidad, no pueden pretender vocación política y no estarán legitimados.

Fuente del Artículo:

Calidad de la educación: los términos de su ecuación (III)

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Utopía, Educación, gobiernos y profesores

 Autor: Eduardo Ibarra Aguirre

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentó su informe de seguimiento global del ramo en 2016 en el que alerta: Es posible generar efectos negativos graves cuando se usan los resultados de los alumnos para responsabilizar a maestros y escuelas de los problemas de fondo que se enfrentan.

A juicio de la Unesco, que está en vías de abandonar Estados Unidos e Israel, los gobiernos son responsables de garantizar las condiciones adecuadas para el aprendizaje, como la rendición de cuentas, pues la corrupción en el sector educativo es más elevada que en el campo de la construcción. Ilustra que durante 2009-14, de las licitaciones en educación de los países asociados solamente 38% tuvieron un licitador, cifra que en el sector de la construcción apenas alcanzó 16%.

El informe Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos, como cada año analiza el avance en el logro de las metas –como garantizar la educación con inclusión, equidad y calidad–, destaca que para concretar los ambiciosos objetivos en materia educativa depende de diversos agentes que deben cumplir responsabilidades compartidas, por lo que “no se deben exigir cuentas a alguien por resultados que están fuera de su control”.

El enfoque utilizado por el órgano integrado por 193 Estados miembros y seis Miembros Asociados, amén de pertinente por colocar en un primer plano las responsabilidades gubernamentales y subrayar la incidencia de los factores socioeconómicos en la tarea educativa, sin pretenderlo son una fuerte llamada de atención sobre el aplicado en México con la reforma educativa promulgada en 2013 –la más estratégica de las reformas estructurales, reza la propaganda oficial– e impuesta con el apoyo de la Policía Federal y del Ejercito por Emilio Chuayffet, después relanzada con más agresividad por Aurelio Nuño y en la actualidad con Otto Granados.

Hoy es suficiente con voltear la vista a Michoacán, donde la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación deplora que el gobernador Silvano Aureoles recurra a la judicialización y no al diálogo para frenar las protestas, con saldo de 78 profesores detenidos, 20 de ellos golpeados por agentes de la PF, seis policías lesionados, cuatro vehículos incendiados, dos patrullas destruidas y pérdidas millonarias por la toma de las vías del tren en las que se mueven toneladas de mercancías del puerto de Lázaro Cárdenas a otros puntos del país y Asia. Todo por exigir durante dos meses lo elemental: el pago de salarios, aguinaldos, bonos y otras prestaciones.

¿Cuál reforma educativa puede impulsarse cuando la que está en curso es de corte administrativo y laboral para controlar al magisterio y no se cubren a tiempo las obligaciones salariales del gobierno?

Es plausible, por ello, que la Unesco reivindique la transparencia como parte sustantiva de la mejora de los sistemas educativos, pues sólo 6% de las naciones publican cada año informes de seguimiento, mientras menos de 20% garantiza a su población un mínimo de 12 años de escolaridad. En 45% de las naciones, los ciudadanos no pueden llevar a juicio a sus gobiernos por violar el derecho a la educación, y sólo en 41% de los Estados se aplica esta medida. En acciones como la elaboración de material didáctico para alumnos y escuelas, 60% de los sindicatos magisteriales no es consultado, y en la mitad de los países no existen reglamentos para regular el número de alumnos por clase. Entre ellos, digo yo, destacadamente México.

Acuse de recibo

“Mario Campos. ¿Por qué todos los periodistas, hasta los más serios, siguen mencionando que el nuevo presidente de la república tomará posesión el 1o. de diciembre, cuando el 83 constitucional modificado señala que será el 1o. de octubre? ¿Será que lo volvieron a modificar y quedó como estaba anteriormente? ¿Seré el único que no se enteró? No sean gachos, me hubieran avisado. Ni un voto más al PRIANRD”. La reforma entra en vigor en 2024… Antonio del Campo Gordillo sobre el quinceañero Forum en Línea: “Felicidades por el aniversario y la lucha que ha significado lograr todos estos años de información. No cualquiera es así”… Invitación. “A 19 años del inicio de la Revolución bolivariana. Logros y retos”, miércoles 7 a las 17 horas en Laredo 5, frente al parque México, colonia Hipódromo-Condesa… Para leer en Forum. Davos: Las preocupaciones de la elite (Jorge Faljo). Boleta de calificaciones del primer año de Trump (Luis Emiliano Gutiérrez Poucel). Donald Trump y el ocaso de Enrique Peña (Dolia Estévez). Sonámbulos incomprendidos;  Peña Nieto y los sepultureros de la ciencia ficción (Jesús Delgado Guerrero). ¿Quién trajo a México a JJ Rendón? (José Luis Camacho Acevedo). Andamio; Epifanías; Las vueltas del tiempo; Desde Rusia con amor (Raúl Moreno Wonchee). Asesores ominosos, la catadura del PRI; Un libro y una propuesta legislativa contra la trata (Teresa Gil).

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/02/06/utopia-educacion-gobiernos-y-profesores

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A Contracorriente – La Reforma Educativa en temporada electoral – 15/02/2018 (Video)

México / 18 de febrero de 2018 / Autor: Rompeviento Tv / Fuente: Vimeo

¡Listo un nuevo programa de A Contracorriente!

¿Cuál ha sido la respuesta de los candidatos presidenciales a la Reforma Educativa? ¿Cómo han reaccionado los maestros de México?

El periodista Luis Hernández Navarro entrevista a Francisco Bravo, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Entérate en rompeviento.tv

 

 

 

https://vimeo.com/255934314

 

 

 

 

 

Fuente: https://vimeo.com/255934314

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Paraguay: A UE le interesa apoyar la reforma educativa

Paraguay / 18 de febrero de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: ABC Color

La Unión Europea UE) ratificó su interés de apoyar una reforma en el sistema educativo de nuestro país, según precisó ayer su embajador en Paraguay, Paolo Berizzi, tras una reunión con la ministra de Hacienda, Lea Giménez.

En ese sentido, Berizzi sostuvo que la conversación con la secretaria de Estado giró en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en lo relacionado al plano educativo, al que es destinado casi el 50% de la cooperación bilateral del bloque europeo al Paraguay, en los últimos 10 años.

“Seguiremos apoyando la reforma en el sistema educativo en dirección a las políticas que el Gobierno quiere implementar. Se trata de asegurar que el sistema educativo en el futuro sea más eficiente y produzca buenos resultados”, indicó el diplomático.

En cuanto al desarrollo del plan de acción explicó que estará sujeto al calendario del Gobierno actual y el siguiente. “Estamos esperando que el Gobierno defina cuáles son sus objetivos para los próximos años en la agenda educativa y nosotros la vamos a apoyar”, afirmó.

Por otra parte, el diplomático destacó la estabilidad macroeconómica del Paraguay, a la que calificó de muy buena, considerando los informes recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

El embajador europeo habló de la necesidad de la nación paraguaya de contar con más recursos para ser invertidos en desarrollo, en acciones que apunten a la reducción de la pobreza y de la ilegalidad.

En esa misma línea, dio especial énfasis a la inversión, no solo en obras de infraestructura sino también a nivel de capital humano, ya que ello imprimirá mayor dinamismo a la economía de un país que busca superar la ilegalidad y la pobreza extrema, según expresó Berizzi.

Fuente de la Noticia:

https://www.pressreader.com/paraguay/abc-color/20180214/281681140344327

Fuente de la Imagen:

http://www.portalguarani.com/2428_francisco_gimenez/29591_la_reforma_educativa_en_el_paraguay__autor_francisco_javier_gimenez_duarte__ano_2011.html

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