Reforma Fiscal

La sociedad dominicana escucha con atención, y con no menos preocupación, una posible e inminente reforma fiscal. Cada vez que se debate un tema de esta naturaleza, las personas más vulnerables, en los ámbitos educativos y económicos, acumulan tensiones y cuentan con poca ayuda para obtener información y orientación clarificadoras. Se institucionaliza, cada vez más, la cultura de hacer un debate entre los teóricos de las reformas. Un grupo reducido, constituido por los versados en temas económicos y en la articulación de estos con la política, se convierten en las estrellas del discurso. Se asumen como los grandes premonitores del presente y del futuro de la sociedad en todos sus niveles y ámbitos. Los medios de comunicación, las redes sociales y los canales con que cuenta el gobierno convierten el tema de la reforma fiscal en prioridad, antes de que se anuncie oficialmente. El conocimiento de los análisis y de las implicaciones de una reforma fiscal es pertinente, pero no lo es mantenerlos en un círculo de eruditos económico-políticos. Estos lanzan epítetos; anuncian convulsiones y fracturas sociales, sin una propuesta educativa para el mayor porcentaje de la población que no tiene formación alguna en el tema.

Es tiempo de cambiar la metodología y de establecer coherencia entre la denuncia permanente sobre la falta de educación de la mayoría de los ciudadanos y un esfuerzo real por el fortalecimiento de su educación. Los grandes temas que inciden de forma directa en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo del país requieren la inclusión de una propuesta de formación ciudadana. Este tipo de propuesta no tiene nada que ver con mecanismos manipuladores para que la sociedad acepte una reforma que robustezca el capital de los más ricos y deteriore vertiginosamente la ya precaria situación del porcentaje más elevado de la población. Es recomendable que a la ciudadanía en general, especialmente a la más sencilla en materia educativa, se le explique la naturaleza de la reforma, las razones que le dan sentido y las implicaciones para los ciudadanos. De igual manera, se ha de diseñar una estrategia que involucre a la ciudadanía en la discusión. Es necesaria una discusión inclusiva y democrática. No se debe mantener una discusión elitista que les dicte a los demás los planteamientos centrales de una reforma que va a impactar la vida de la gente.

Es importante que los teóricos de la reforma fiscal y el gobierno revisen qué quieren decir cuando se lamentan por la baja calidad de la formación ciudadana. También deben revisar por qué no aprovechan los temas vitales para mejorar de forma significativa la educación y la participación social. Estos temas vitales son los que deben analizarse en un contexto educativo y de participación amplia. De no ser así, se incide de forma negativa en la calidad de la formación ciudadana; y las personas se convierten en objetos de los economistas, de los políticos y del gobierno. La privatización de los saberes y de los métodos de análisis y discusión deben ser asuntos del pasado.

Parecería que hay interés en el desarrollo de tensiones sociales. Estas se cultivan y emergen sin esfuerzo alguno cuando a la ciudadanía se le mantiene orillada de la información integral, del debate y del diálogo reflexivo. Si ese interés es real, es tiempo de cambiar de posición y abrirse a un proceso que priorice la educación en la reforma fiscal y para la reforma fiscal. Para nadie es un secreto que el contexto de la pandemia ha provocado cambios profundos en la esfera de la salud, de la economía, de la educación y de las condiciones de vida. Estos cambios determinan modificaciones necesarias en diferentes ámbitos de la vida nacional, pero no pueden hacerse acentuando el problema educativo de las personas. Proponemos que especialistas en reforma fiscal, políticos comprometidos con el bien común y funcionarios del gobierno formados en este campo y sensibles a los más vulnerables, diseñen una estrategia de información y de educación. Esta estrategia debe tener como objetivo principal el fortalecimiento de la calidad de la educación de la sociedad; y una participación consciente y corresponsable en la reforma fiscal.