Page 1 of 9
1 2 3 9

CGT considera que sin la derogación de las Reformas Laborales el empleo continuará siendo precario en un país donde más del 12 % de las personas en activo viven en riesgo de pobreza

Por: Tercera Información

  • Los datos de la EPA del III trimestre de 2021 siguen situando al Estado español entre las economías más pobres de la Unión Europea.

  • CGT insiste en que es fundamental la derogación de las Reformas Laborales de PSOE y PP, y la creación de un marco regulatorio que tenga en cuenta las nuevas formas de explotación.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado tras analizar los datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al III trimestre de 2021. Según la organización anarcosindicalista, el empleo que se está creando sigue siendo precario e inestable, siendo especialmente preocupante la tasa de desempleo juvenil, que se sitúa entre las más altas de Europa con un 32’2 %. Además, apuntan desde CGT, el mayor porcentaje de contratos temporales y parciales siguen siendo para las mujeres, perpetuándose la división sexual del trabajo y siendo estas las que se encarguen de desempeñar actividades más precarias y teniendo más dificultades a la hora de acceder a puestos laborales de mayor responsabilidad y mejor remunerados.

De este modo, explican desde la CGT, se han creado 359.000 empleos, reduciéndose en 0’7 puntos la tasa de paro, aunque sigue siendo mayor la tasa de desempleo femenina con un 16’36 % frente a la masculina con un 12’97 %. Por otro lado, se han destruido 49.500 empleos en el sector de la agricultura y 31.500 en el sector de la construcción. El sector de los servicios aumentó el número de empleos con 377.200. CGT indica que también se observan grandes diferencias por territorios, siendo Canarias y las Islas Baleares donde más empleos se han creado y Andalucía, Ceuta y Murcia donde más han desaparecido o donde la situación sigue estancada. Y en relación a las horas trabajadas, se han realizado 5’1 millones de horas extras durante el tercer trimestre del año, y de estas un 40 % no fueron pagadas.

Ante este panorama, desde CGT indican que la ausencia de un verdadero cambio en el marco de las relaciones laborales sigue permitiendo y reproduciendo la precariedad y la inestabilidad de las personas de clase trabajadora. Los anarcosindicalistas consideran que no es suficiente crear empleo, sino construir un marco regulatorio que garantice trabajos dignos y de calidad que permitan a las personas tener vidas dignas. Por ello, y además de la derogación de las dos últimas Reformas Laborales de 2010 y 2012, desde la organización anarcosindicalista exigen la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario y la defensa de una edad de jubilación digna y un sistema público de pensiones.

Fuente: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/03/11/2021/cgt-considera-que-sin-la-derogacion-de-las-reformas-laborales-el-empleo-continuara-siendo-precario-en-un-pais-donde-mas-del-12-de-las-personas-en-activo-viven-en-riesgo-de-pobreza/

Comparte este contenido:

Democracia sindical

Por: Sergio Martínez Dunstan 

La democracia sindical se ha convertido en una promesa de campaña incumplida, un problema irresuelto y una obligación legal infringida. El Presidente de México, siendo candidato, dijo que respetaría la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en caso que el voto ciudadano le favoreciera. Lo reiteró en abril del dos mil diecinueve: “Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia”. Días después, se promulgó la reforma laboral. Hasta hoy, ha sido imposible hacerla realidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han impedido, de una manera u otra, llevarla a la práctica. La dependencia encargada de la política laboral por omisión a sus atribuciones y la organización gremial por desacato. A ambos, la pandemia les vino como anillo al dedo para justificar su insensatez.

Analizaré el tema en los párrafos subsecuentes. Para ese propósito, retomaré algunas ideas de mis escritos anteriores a manera de introducción. La importancia de contar con organizaciones sindicales para la defensa de los derechos laborales de los agremiados y de órganos colegiados que salvaguarden los intereses profesionales, la deontología y ordenación del ejercicio docente lo expresé en el texto “La reforma a la reforma educativa”. Salió a la luz en septiembre del dos mil dieciocho.

Profundicé sobre el asunto en la colaboración que lleva por título “Los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio”. Tomé como punto de referencia la modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LFTSE). Como bien se sabe, se buscó adecuarla a los Convenios C087 y C098 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la libertad y protección de los derechos sindicales. Me concentré en los derechos inherentes al ejercicio de la profesión docente emanados de la creación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

A partir del cuestionamiento final del artículo anterior, ¿cuál es el papel que juegan, y debieran jugar, las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio? intenté aportar algunos argumentos para una probable repuesta en “Por un sindicalismo al servicio del magisterio”. Advertí, que la reforma educativa le habría arrebatado a las organizaciones sindicales la prerrogativa de los derechos profesionales adjudicándole a los propios maestros el derecho de interponer su defensa. Y, por ello, se le concedió al Estado Mexicano la rectoría de la educación quedando de manifiesto en las atribuciones exclusivas conferidas a las autoridades educativas en determinados asuntos con una participación marginal de los sindicatos como, por ejemplo, la asignación de plazas. En este sentido, destaqué que la función sustancial de las organizaciones gremiales, particularmente el SNTE, debiera ser la aludida en el título. Observé también que, al interior del SNTE, se libra una batalla entre diversos grupos. Unos por mantenerse y otros para acceder al poder.

Desde esta perspectiva, revisaré de aquí en adelante las nuevas reglas para la elección de los dirigentes seccionales. Estas fueron aprobadas en noviembre del dos mil diecinueve por el Consejo Nacional del sindicato más grande de América Latina por la cantidad de afiliados según el Comunicado 77-2019. El portal Profelandia.com filtró el reglamento presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con acuse de recibido por la Oficialía de Partes fechado el trece de enero del dos mil veinte.

Sobre el particular, la Cámara de Diputados emitió dos proposiciones con puntos de acuerdo para exhortar

  • A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover la celebración de los encuentros sindicales nacionales; y al SNTE, a expedir la convocatoria correspondiente para elegir a la dirigencia nacional por el voto personal, libre, directo y secreto. 19 de noviembre del 2019 (https://bit.ly/37dKmu3).
  • Al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE a modificar su estatuto y reglamento en materia de elección de dirigentes. 5 de febrero de 2020 (https://bit.ly/3yjXGZO).

Haciendo uso de tácticas dilatorias y burocráticas, meses después, el SNTE  manifestó que hasta el 2024 se convocará a una nueva elección para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional. Y, para el caso de los Comités Ejecutivos Seccionales, se continuará con la renovación de las dirigencias en las seis secciones pendientes debido a la pandemia una vez que existan las condiciones para evitar contagios por Covid 19 en concordancia con el Comunicado 43-2020. Se refiere a la 21 de Nuevo León, 31 de Tlaxcala, 2 y 37 de Baja California, 26 de San Luis Potosí, 27 de Sinaloa. Para las fechas actuales, la mayoría de las secciones en el país han concluido su periodo.

Una vez reveladas las intenciones del CEN del SNTE, la STPS fijó su postura sobre el reglamento en cuestión “a efecto de desarrollar una elección ejemplar en la que se garantice la libre participación de los trabajadores para ejercer la libertad sindical para elegir a sus dirigentes” según la nota de Milenio fechada el diecisiete de septiembre del dos mil veinte (https://bit.ly/3ymMQSz). Se le refutó al SNTE, por parte de la STPS, el Artículo 8 porque violenta el derecho a ser votado. Se puso en tela de juicio el requisito de elegibilidad y la exigencia de haber desempeñado algún cargo de representación sindical para poder ser votado como integrante de la Directiva Seccional Sindical. Ello contraviene, se determinó, lo dispuesto en el Artículo 358 de la LFTSE relativo al derecho a la libre participación de los trabajadores al interior de la organización. Es necesario, resaltó la STPS, modificar dicho reglamento y los estatutos porque restringe y condiciona la libertad de los agremiados para ser candidatos. También propuso directrices que han de seguirse para que el proceso electoral interno sea equitativo y democrático.

En las redes sociales circula el documento “Propuesta sobre elecciones de Directivas Seccionales del SNTE”. Entre otras recomendaciones que la STPS le hace a la organización sindical, se contempla: I) Previo a la jornada: garantizar condiciones equitativas para todos los candidatos; elaborar la convocatoria apegada a las disposiciones en la que se garantice el voto personal, libre, secreto y directo; sobre el registro de candidatos y la integración del padrón; emisión de boletas con medidas de seguridad. II) Durante el proceso electoral: asegurar el material para el ejercicio del voto, instalar urnas y casillas. III) Un vez concluido el proceso: contabilizar los votos, publicar los resultados, resguardar los materiales, atender las impugnaciones, informar sobre la jornada electoral. La realización de actividades proselitistas e inhibir actos de violencia son acciones muy delicadas.

En mi opinión, lo anterior significa un avance insoslayable. Pero acusa vacíos v. gr. la modificación del propio reglamento. Tampoco se aborda lo relativo al financiamiento, a la transparencia ni la rendición de cuentas de las instancias y personas involucradas. Aborda generalidades y sería conveniente precisar puntualmente todos y cada uno de los aspectos.

Por otra parte, algunas organizaciones magisteriales han externado su desacuerdo con respecto a dejar en manos del CEN del SNTE la realización de la jornada electoral porque se convertirían en juez y parte. Se inclinan a favor de que se le encargue el proceso, de principio a fin, al Instituto Nacional Electoral. También han planteado la instalación de una Comisión que sustituya al actual Comité Ejecutivo Nacional para quitar cualquier asomo de duda. A eso le han llamado de manera coloquial, “poner el piso parejo”. Implicaría necesariamente un proceso de cabildeo de la STPS con las diversas fuerzas políticas.

Se detectan tres aspectos controversiales:

  1. La distinción entre voto universal y el voto personal, libre, secreto, directo. Hay discrepancias entre lo estipulado en el reglamento y la ley.
  2. El tiempo considerado para la organización de un proceso de tales magnitudes. Algunos dicen que seis meses, uno más consideran que año y medio y otros señalan hasta dos.
  3. Y ruta crítica a seguir. ¿La renovación de las dirigencias seccionales o la nacional? El CEN del SNTE impone lo primero y los opositores prefieren lo segundo.

Lo cierto es que no se ha modificado ni una coma al reglamento en cuestión ni se ha hecho valer lo legalmente establecido. Se ha hecho caso omiso a los puntos de acuerdo pronunciados por los legisladores. Los días transcurren sin concretarse la reforma laboral. Mientras tanto, continúan las violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación. En particular, los derechos profesionales del magisterio. Y, con ello, se posterga la transformación política, laboral, educativa y social deseada.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

Comparte este contenido:

Reforma laboral en Grecia: ataque histórico contra la clase obrera

Por:  Oriol Sabata

El gobierno griego, encabezado por el Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis (Nueva Democracia), aprobó el pasado 17 de junio una reforma laboral que supone uno de los mayores ataques contra la clase obrera en décadas.

Los grandes medios de comunicación apenas hablan de ello pero esta nueva legislación que se ha aprobado en Grecia significa un retroceso histórico en los derechos conquistados por los trabajadores.

La reforma de Mitsotakis plantea suprimir la jornada laboral de 8 horas y ampliarla hasta 10 horas. La patronal no estará obligada a pagar las horas extra, que podrán ser compensadas por días libres, aunque se fija un máximo. Además, se amplían las horas extra anuales permitidas de 90-120 a 150.

Esta ley elimina a los sindicatos como intermediarios y dinamita los convenios colectivos, de manera que los empresarios negociarán directamente y de forma individual con el trabajador, que perderá fuerza y capacidad de presión. Los sindicatos advierten que sin procesos colectivos las empresas tienen todas las de ganar a la hora de imponer sus condiciones.

Otro punto alarmante es que se obliga a los sindicatos a registrar a todos sus afiliados y limita el derecho a huelga. A partir de ahora, para convocar una huelga, el sindicato deberá presentar una votación en las fábricas y centros de trabajo que deberá ganar con el 50+1. En caso de que tire adelante, por lo menos un 33% de los trabajadores deberán asistir a trabajar para mantener lo que considera el ejecutivo «servicios mínimos».

Cabe destacar que la clase obrera griega trabaja una media anual de 1.950 horas, siendo uno de los países de la Unión Europea donde más horas de trabajo se acumulan.

El Ministro de Trabajo Kostis Hatzidakis, afirmó que se trata de una normativa que “pone los cimientos para un ambiente laboral moderno”.

Dimitris Koutsoumbas, Secretario General del Partido Comunista Griego (KKE), respondió al Ministro de Trabajo: «si se trata de un proyecto moderno, ¿porqué las condiciones de trabajo retroceden un siglo atrás, convirtiendo a los trabajadores en esclavos en el siglo XXI?». Koutsoumbas advirtió que con esta ley se aumenta el mecanismo de explotación de los trabajadores y que este tipo de medidas se pretenden imponer en otros países de la Unión Europea.

Nikos Mavrokefalos, miembro de la Secretaría Ejecutiva del sindicato PAME, dijo que los trabajadores no se quedarán de manos cruzadas ante la explotación por parte de los grupos empresariales y agregó que la lucha de la clase obrera mandará a la basura esta ley.

Fuente de la información e imagen: https://nuevarevolucion.es

Comparte este contenido:

La huelga nacional en Colombia: perspectiva sindical

Por: Daniel Hawkins

Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Durante el pasado mes y medio Colombia ha vivido presa de una agitación social y política sin parangón en el último medio siglo. El 28 de abril comenzó una huelga nacional que ha ocupado las calles y avenidas de más de 600 ciudades de todo el país, una agradable aunque inesperada sorpresa para los dirigentes del comité de huelga y que ha pillado totalmente desprevenido al gobierno nacional, que no esperaba el alcance de la misma y su enorme apoyo popular.

Aunque en sus inicios la huelga estaba relacionada con el descontento popular producido por el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, también supuso el resurgir de las grandes manifestaciones que inundaron Colombia desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero más que un reflejo espontáneo de la amplia crisis social instalada en Colombia desde hace décadas, el contexto actual presagia una explosión social mucho más profunda, general y trascendental.

Contexto nacional previo a la huelga

La aparición de la pandemia de covid-19 en Colombia al comienzo de marzo de 2020 fue una bendición para el gobierno. Tras cuatro meses de revuelta popular y las mayores manifestaciones de protesta desde la huelga nacional de 1977, la oportunidad de centrar la atención en un “enemigo común” permitió al presidente Iván Duque reforzar su menguante popularidad y fabricar la imagen de un dirigente fuerte y asertivo.

La pandemia y las políticas puestas en marcha para limitar la actividad social y económica sirvieron para que las protestas ya debilitadas perdieran fuelle sin alcanzar victorias políticas concretas, y para que el presidente y su gobierno se sintieran relativamente a salvo. En realidad, el cierre institucional del país abrió la puerta a un golpe de estilo ejecutivo a la democracia, permitiendo gobernar por decreto durante la mayor parte de 2020 sin que el sistema judicial mostrara disconformidad al respecto, y menos aún un Congreso plagado de parlamentarios procedentes de familias dinásticas envueltos en escándalos de corrupción y otros delitos (Reyes Ramírez, 2017).

A medida que el covid-19 acababa con el ya mermado sistema de salud privatizado, dejando a su paso casi 96.000 muertes a 14 de junio de 2021, las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto socioeconómico de un año de políticas destinadas a contener la difusión del covid-19 fueron poco entusiastas, por decir algo. Mientras en gran parte del mundo se ponían en marcha paquetes de ayuda a los ciudadanos afectados por las políticas destinadas a contener la pandemia, en Colombia se decidió la estrategia fracasada de antemano de ofrecer ayuda a un pequeño porcentaje de los hogares más afectados mientras se pretendía proteger a las empresas mediante préstamos controlados y diluidos por el sistema bancario. Mientras los niveles de pobreza se disparaban en todo el país, hasta afectar a 21 millones de personas a inicios de 2021, el sistema de mitigación de la pobreza del gobierno, el Fondo de Solidaridad –con una ayuda de apenas 43 dólares al mes– llegaba solo a 2,6 millones de personas.

Cambio de horizonte para la acción política

A inicios de 2021, según los datos del Departamento Nacional de Estadística, el desempleo general llegó al 15%, estando el juvenil mucho más alto, al 23,9% y el desempleo femenino juvenil por encima del 31% –todo ello en un país en el que el trabajo informal supera el 63%, donde solo el 15% de la mano de obra alcanza el salario mensual mínimo legal, y donde el 48% gana incluso menos (Ortiz-Quevedo, 2021: 45). Al final de 2020, la pobreza monetaria había llegado a afectar al 42% de la población y, según un sondeo a escala nacional, cerca del 66% de los encuestados tuvo dificultades para cubrir los gastos de la familia en junio de ese año, mientras el 74% afirmaba que para mejorar la economía era necesario aumentar los impuestos a los ricos.

La respuesta del gobierno fue dar prioridad a la prudencia fiscal y anteponer los intereses de los acreedores internacionales y las agencias de calificación. Como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por el Congreso por vía rápida en el auge de las protestas de 2019, así como de la reforma de 2016, que incrementó el impuesto de valor añadido (IVA) del 16% al 19%, el gobierno apoyó en 2019un proyecto de reforma fiscal que mantenía las exenciones y los beneficios a las grandes empresas y a los ciudadanos más ricos. Al mismo tiempo intentó financiar el coste de la respuesta a la pandemia mediante impuestos indirectos, que recaen desproporcionalmente sobre las clases media y trabajadora.

Pero en esta ocasión los colombianos, tan acostumbrados a soportar las adversidades, dijeron no. El presidente, que confiaba en que dicho proyecto de ley fuera aprobado con relativa facilidad por el Congreso, prometió no ceder frente a la presión pública. Pero desde el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC Colombia es una sociedad muy diferente y, a pesar de las reticencias gubernamentales a aplicar  dichos acuerdos, la gente ha salido a las calles en masa para mostrar su oposición a las políticas impopulares, con una energía no vista en decenios. Como último recurso para silenciar la resistencia popular, Duque apareció en la televisión nacional la víspera de las protestas, para pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante la tercera ola de covid-19. Hubo incluso un tribunal que se atrevió a prohibir las manifestaciones debido al daño que pudieran causar a la salud pública, todo ello en vano.

La primera semana de la huelga nacional superó a cualquiera cosa que el país hubiera visto anteriormente: las calles de todas las ciudades estaban animadas con marchas, bailes, conciertos improvisados y expresiones artísticas de masas como gigantescos murales. También surgieron actos esporádicos de saqueo y vandalismo ante la decisión del gobierno de militarizar todas las ciudades grandes y pequeñas en las que las marchas y actividades de protesta habían mostrado fuerza y persistencia. Esta estrategia de contención seguía pautas bien conocidas: excesiva violencia del Estado frente a manifestantes desarmados, y una aparente colusión de la policía con grupos de civiles armados. Según diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo murieron 45 personas relacionadas con las protestas y otros 187 civiles fueron heridos, entre un total de 1.248 víctimas de violencia física, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas, así como 409 desapariciones forzosas (de las cuales 328 han sido “encontradas”).

Frente a tan severa represión, los manifestantes se atrincheraron y ampliaron sus esferas de influencia, levantando cientos de bloqueos por todo el país que lograron ralentizar el comercio y el transporte. Y a pesar de las tácticas violentas del gobierno, a comienzos de junio más de un 74% de la población seguía apoyando la huelga nacional.

Énfasis en la crisis institucional y política

No solo ha fracasado la respuesta del gobierno en forma de militarización del conflicto sino también sus iniciativas para sofocar el descontento mediante vagas promesas. Las actuales protestas han puesto de manifiesto la futilidad del poder político del presidente y de su gobierno, y la respuesta violenta del Estado es el mejor ejemplo de su debilidad y su crisis de legitimidad (Valencia, 2021: 37). A los pocos días del inicio de las protestas se hizo evidente la magnitud de su fuerza. Las manifestaciones obligaron al presidente a retirar del Congreso la propuesta de reforma fiscal y a aceptar la dimisión del tremendamente impopular ministro de finanzas. También sirvieron para abortar la propuesta de reforma sanitaria en el Congreso y, posteriormente, para forzar la dimisión de la canciller de Colombia, coincidiendo con el aumento de la condena internacional al modo en que el gobierno estaba gestionando la huelga.

La lucha en las calles continuó hasta el 11 de junio, encabezada por la juventud del país y por miles de comunidades marginadas y discriminadas, unidas en su oposición a la clase política y gobernante, pero también aparentemente desconectadas de la gestión institucional del movimiento de protesta de manos del Comité Nacional de Huelga. Este comité está compuesto por 20 miembros, principalmente sindicalistas, y una minoría de representantes de diversas asociaciones de transportistas, estudiantes y de la comunidad LGTBI. No obstante, aunque la preparación y lanzamiento de la huelga nacional del 28 de abril tuvo un tremendo éxito, la heterogeneidad, descentralización territorial y liderazgo de la juventud de los subsecuentes movimientos y actos de protesta han demostrado que la huelga ya no está bajo el control de dicho comité. Además, tras el progreso inicial, las negociaciones con el gobierno se atascaron cuando, justo después de la aprobación de un borrador de acuerdo sobre las garantías para las protestas sociales el 26 de mayo, el gobierno se retractó de dicho acuerdo, exigió el levantamiento inmediato de todos los bloqueos y comunicó que no firmaría ningún acuerdo hasta que hubiera un acuerdo global.

El 8 de junio, ante la intransigencia del gobierno, el comité de huelga abandonó formalmente la mesa de negociación, al encontrarse en una posición insostenible, en la tesitura de aceptar el farol de un gobierno carente de capital político y sin autoridad suficiente para poder convencer a los manifestantes discrepantes de todo el país de que pusieran fin a los bloqueos. Las iniciativas del comité para ampliar su base invitando a nuevas voces a unirse a su asamblea han sido notables pero insuficientes, y activistas de vanguardia en diversas ciudades han declarado que este comité no les representa. Según parece, el problema no son tanto las demandas como quiénes son las personas que les representan y cómo lo hacen. Lo que se ha puesto de manifiesto es la brecha generacional entre los manifestantes, principalmente jóvenes que se enfrentan al desempleo, el trabajo informal y la exclusión, y los líderes sindicales de mayor edad que, aunque se oponen con vehemencia a las políticas estatales regresivas y represivas, forman parte del tejido institucional existente, que ha demostrado ser anacrónico en el momento actual de revuelta social.

Tras casi 45 días de protestas y bloqueos la huelga parece haber llegado a su fin, pero el año que tenemos por delante promete estar pleno de agitación política y social. El gobierno, que había intentado aprovechar la pandemia para impulsar más leyes impopulares, especialmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, ha cambiado de planes. No obstante, el presidente Duque está buscando inútilmente recuperar cierta legitimidad al presentar proyectos tomados directamente de la lista de demandas del comité de huelga, especialmente un subsidio de renta básica para familias golpeadas por la pobreza.

El país está expectante, cada vez más dividido por la polarización política fomentada por la necesidad de crear miedo para vender programas de seguridad. Pero las protestas de 2019 y la huelga más reciente han mostrado claramente que en Colombia, tras los acuerdos de paz de 2016, cuando aumentaron la desigualdad extrema y las deficiencias estructurales, sembrar el miedo no basta para sofocar el deseo y la demanda de políticas más concertadas y cambio institucional.

Bibliografía:

  • Ortiz-Quevedo, CH (2021) ‘Another twist: the greed of the elites in the pandemic’ [en español], Pensar la Resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia, Documentos Especiales CIDSE 6.
  • Reyes Ramírez, E. (2017) ‘Corruption and the Colombian state’, [en español], Dictamen Libre, 21.
  • Valencia, AG (2021)¿Qué está pasando en Colombia? Power, legitimacy and the social crisis’ [en español], Pensar la Resistencia. Mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos Especiales CIDSE 6.

Daniel Hawkins es coordinador regional para la construcción sindical de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) en América Latina y el Caribe.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-nacional-en-colombia-perspectiva-sindical/

Fuente original: https://socialistproject.ca/2021/07/national-strike-in-colombia-trade-union-perspective/#more

Comparte este contenido:

Bruselas: Trabajo plantea retomar la contrarreforma laboral y reforzar la formación en el semestre

Los sindicatos exigen a Díaz que les presente «por escrito» las propuestas de reforma que quiere enviar a Bruselas en materia de mercado de trabajo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, convocó ayer a los máximos líderes de las patronales, CEOE-Cepyme, y de los sindicatos CC OO y UGT a una primera “reunión de trabajo”, para hablar de los asuntos a tratar en el semestre en materia de diálogo social para sacar adelante una serie de reformas que quiere llevar a Bruselas. Fundamentalmente, rediseñar las políticas activas de empleo y de formación y retomar las negociaciones para la contrarreforma laboral.

Fuentes conocedoras de encuentro, que se inició a última hora de la tarde, a las 19.30 horas, indicaron que su celebración estaba prevista desde hace tiempo y su objetivo era fijar el próximo temario y calendario en materia laboral. Si bien, el líder de UGT, Pepe Álvarez, se quejó ayer de que Trabajo solo les trasladó sus planes «verbalmente» ante lo que indicó que los sindicatos exigirán que les faciliten los documentos escritos si quieren recabar su apoyo.

Según distintas fuentes, desde Trabajo informaron a los líderes sindicales y patronales sobre sus planes para usar los fondos europeos y su intención de rediseñar cuanto antes el sistema de políticas activas de empleo para formar a ocupados y desempleados, así como el programa de garantía juvenil.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluyen un fuerte incremento del 35,7% de la partida destinada a políticas activas hasta los casi 6.500 millones de euros. La intención de Díaz es convertir este esfuerzo económico en “columna vertebral” de las reformas orientadas a eliminar la precariedad laboral, según ha asegurado recientemente la propia ministra.

Junto a este rediseño de las políticas activas, el ministerio de Trabajo está elaborando ya más cambios que verán la luz próximamente en la vinculación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con la formación de los trabajadores afectados por estos ajustes.

Este departamento, ya ha cambiado la normativa para priorizar el acceso de los empleados afectados por un ERTE a todos los cursos de formación para el empleo de oferta para ocupados y desocupados. Fuentes de este departamento, esta prioridad de acceso “está funcionando muy bien”. Pero, ahora, la intención de Trabajo es “personalizar” más este tipo de cursos para adaptarlos a las necesidades concretas de cada empresa, en colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).

La polémica contrarreforma en el horizonte

La otra gran tarea que Trabajo quiere abordar con los interlocutores sociales en los próximos meses es la esperada negociación de la contrarreforma laboral, al menos por la parte sindical. Estas futuras conversaciones, de las que ayer no se conoció ningún detalle, se iniciarán, tal y como estaba planeado por parte de Trabajo, cuando la mesa que estudia la regulación de los repartidores (riders) de las plataformas digitales concluya con un texto legal.

Esto, según las fuentes consultadas, ocurrirá previsiblemente antes de marzo, por lo que será entonces cuando las partes retomen –ya habían tenido algún contacto antes del inicio de la pandemia– el espinoso asunto de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, según ha propuesto el Gobierno.

Para ello, contarán con la oposición frontal de salida de los empresarios, inmersos ahora en mantenerse a flote tras el azote de la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19. Ahora, más que nunca, las patronales se cierran en banda a introducir lo que consideran elementos de rigidez en el mercado laboral. Aunque los líderes empresariales se sentarán a hablar.

En este sentido, el líder de CC OO, Unai Sordo, destacó que «más allá de los documentos que quieran remitir a Bruselas», ya hay cosas «que vienen muy trabajadas», en referencia a la eliminación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y que deben aprobarse, en contra de lo que defienden las patronales. Así, la negociación no se presenta fácil.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/11/economia/1610396995_500044.html

 

Comparte este contenido:

La negociación colectiva no ha existido en México: STPS

Redacción: El Pulso Laboral

Al menos tres de cada cuatro sindicatos en México han promovido contratos de protección. La negociación colectiva auténtica es un concepto que no se ha aplicado históricamente, por ello la importancia de la reforma laboral del 1 de mayo pasado, destacó el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo.

El subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que estos contratos de protección fueron producto del asedio que sufrían patrones por parte de líderes sindicales que ofrecían “protección” de los sindicatos auténticos. De lo contrario, dijo el funcionario, el empleador quedaba desprotegido y vulnerableporque llegaba una serie de demandas de emplazamientos a huelga por firma del nuevo contrato colectivo de trabajo.

Los contratos de protección fueron una práctica común.

“Esto demuestra que esta libertad sindical y esta contratación colectiva auténtica no ha existido por lo menos en la gran mayoría de los sindicatos en México y esto es precisamente lo que la reforma pretende atender y resolver a través de otorgarle hoy a los trabajadores esta libertad”, detalló Alfredo Donínguez Marrufo en el marco del webinar Libertad sindical y negociación colectiva auténtica, impartido este lunes.

La reforma laboral del 1 de mayo garantiza el derecho de los trabajadores al voto libre, personal, directo y secreto para la elección de las directivas sindicales y la aprobación de nuevos contratos colectivos de trabajo, incluyendo la modificación de los acuerdos existentes.

La negociación colectiva será auténtica porque la representación de los trabajadores será legítima a través de procesos democráticos, manifestó el funcionario de la STPS.

“La negociación colectiva auténtica tiene que ver con dos pilares: que las directivas sindicales, las comisiones que revisan los contratos colectivos de trabajo y que realizan estas negociaciones estén respaldados por los trabajadores.

«Es decir, que estos líderes tengan ese respaldo porque fueron electos por voto personal, libre, directo y secreto; pero la otra, una vez que estos liderazgos acuerdan con el patrón los términos de una negociación, el acuerdo tiene que pasar por la aprobación mayoritaria de los trabajadores por este mismo método”, explicó.

En ese sentido, Domínguez Marrufo expuso que ambos pilares garantizan que los trabajadores son quienes tienen el control de la negociación colectiva auténtica. “Es uno de los valores perdidos en nuestro México, en tres de cada cuatro sindicatos”, puntualizó.

Nuevas reglas sindicales

Los sindicatos, tanto nuevos como los que ya están constituidos en México, deben cumplir con un nuevo proceso para negociar un nuevo contrato colectivo de trabajo.

Tener la constancia de representatividad que expedirá el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Este documento acredita que los trabajadores respaldan al sindicato que hará la negociación, al menos el 30% de los agremiados.

En caso de que haya más de un sindicato demandado la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, el (CFCRL) convocará a los trabajadores a una consulta para determinar cuál organización cuenta con el respaldo mayoritario.

Si ya existe el contrato y se está revisando, el acuerdo debe darse a conocer entre los trabajadores antes de firmarse y depositarse en el (CFCRL).

La reforma laboral prevé que el sindicato mayoritario tendrá la titularidad del contrato colectivo y la negociación; sin embargo, esto no significa que los trabajadores que pertenezcan al sindicato minoritario pierdan derechos.

El contrato colectivo será disfrutado por todos sin importar la afiliación sindical, enfatizó Alfredo Domínguez Marrufo.//Factor Humano

Fuente: https://elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/21229/la-negociacion-colectiva-no-ha-existido-en-mexico-stps

Comparte este contenido:

Construyendo la República

Por: Víctor Arrogante

Con la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 y la posterior celebración de elecciones legislativas, se inició un proceso constituyente. El Estado republicano quedaba legitimado democráticamente por las elecciones del 28 de junio y por la Constitución del 9 de diciembre. Todo quedaba por hacer y no se lo permitieron.

La República fue recibida por la mayor parte de la población con gran entusiasmo. Se abría una oportunidad para abordar las reformas necesarias y modernizar las estructuras políticas, económicas y sociales. Tuvo enfrente los intereses creados de la derecha de toda la vida que lo impidieron con una dura oposición, con las contrarreformas del segundo bienio, con un golpe de estado, la guerra y la dictadura franquista interminable.

El Gobierno Provisional que se conformó tras la caída de la monarquía y la proclamación de la República, se mantuvo hasta la aprobación de la Constitución. El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a las llamadas cuestión regional, cuestión religiosa, cuestión militar, cuestión agraria y cuestión social. Demasiadas cuestiones, que hoy siguen en nuestras vidas como viejos fantasmas. Todo en un ambiente influenciado por la depresión económica mundial tras el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. Creció el desempleo en las ciudades y se incrementó el subempleo en el campo, disminuyendo las expectativas de bienestar para todos. En estas circunstancias adversas se desarrolló el gobierno formado por la coalición republicano-socialista, en medio de una alta conflictividad política y social.

Las dificultades económicas tenían una raíz interna tradicional: el paro agrícola y desigualdad en el reparto de la tierra; descapitalización industrial con escasa competitividad internacional. Por otro lado se sumaron los problemas derivados de la escasa confianza de empresarios y propietarios agrícolas hacia el nuevo sistema republicano. Como siempre ocurre, mejorar las condiciones para la clase trabajadora, provocan descenso en las inversiones empresariales.

Uno de los problemas inmediatos al que tuvo que hacer frente el Gobierno Provisional, fue el de la proclamación de la República Catalana, impulsada por Francesc Macià de Esquerra Republicana de Catalunya. El Gobierno consiguió que ERC renunciara a la República Catalana, a cambio del compromiso de presentar en las Cortes un Estatuto de Autonomía. En el País Vasco, el PNV y los carlistas, aprobaron en 1931 el llamado Estatuto de Estella, al que se opusieron los republicanos de izquierda y los socialistas por su carácter confesional y poco democrático, incompatible con la Constitución. Se mantuvieron intensas negociaciones hasta que en octubre de 1936, iniciada ya la guerra, fue aprobado un estatuto vasco democrático, siendo elegido José Antonio Aguirre como Lehendakari. Desde antes y desde entonces, aquellos problemas lo siguen siendo, pese a la represión franquista en los territorios.

La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por su contribución a la renta nacional como por la mano de obra que empleaba. La reforma agraria era imprescindible, si se quería acabar con el hambre y su histórico atraso. Los campesinos vivían en situación de esclavitud, sufriendo hambre e injusticias. Los trabajadores de la tierra no la poseían y padecían bajos jornales, malas condiciones de vida, escasa alimentación y jornadas de sol a sol. La Ley de Reforma Agraria puso de acuerdo a los latifundistas, caciques señoritos, opuestos a la modernización del campo, junto con algunos sectores del campesinado, frustrados por la falta de resultados y defraudados con las posibilidades de cambio social.

El ministro de Trabajo socialista Largo Caballero, promovió una reforma laboral, que otorgaba a los trabajadores, a través de sus sindicatos, mayor control sobre las empresas. Era un proyecto coherente con los principios marxistas del socialismo español, que no renunciaba a la transformación revolucionaria de la sociedad, pero pretendía alcanzarla por cauces pacíficos y democráticos. Se aprobó la ley de contratos de trabajo y de jurados mixtos; se estableció la jornada laboral de 40 horas; hubo aumento de salarios y se impulsaron los seguros sociales. Se amplió el Seguro obligatorio de Retiro Obrero, se estableció el Seguro de Maternidad y el Seguro de Accidentes de Trabajo. Las organizaciones patronales se opusieron a todas estas medidas. CNT fue crítica y continuó con la convocatoria de huelgas, al entender que las reformas iban en beneficio de la UGT.

Se reformó el sistema educativo, adaptándolo al modelo que la Constitución establecía. Se potenció la universalización de una educación laica, liberal, mixta, obligatoria y gratuita. El objetivo principal fue la educación primaria. Entre 1932 y 1933 se levantaron 6.570 escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestros y maestras, con mejores salarios. El experimento más notable, fue la creación de las Misiones Pedagógicas, ligadas a la Institución Libre de Enseñanza, que llevó el aliento del progreso a los pueblos más aislados y atrasados de España. Se promovió la creación de Universidades Populares, con el objeto de extender la cultura −que era patrimonio de una minoría− al pueblo y promover la alfabetización, principalmente entre las mujeres.

La eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas, provocaron el rechazo de la iglesia y de la derecha católica. La iglesia se negó a cerrar sus escuelas y prohibió a los católicos que matricularan a sus hijos en las escuelas públicas del Estado.

La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española y para ello procedió con la secularización del estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de cultos y se suprimió el presupuesto para la Iglesia. Asimismo se legalizó el matrimonio civil y el divorcio y se secularizaron los cementerios. Se decretó la disolución de aquellas órdenes que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad. De este modo la orden de los jesuitas, que tenía una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, quedando sus bienes nacionalizados.

Todas estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población de aquella época, como hoy, era católica, por lo que no le fue difícil a la jerarquía religiosa movilizar a importantes sectores en contra del sistema. El gobierno decidió expulsar de España a los religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España.

Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, pretendía constituir un ejército profesional defensor de la democracia, para lo que había que reducir la proporción de oficiales existente. Se promulgó la Ley de retiro de la oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o, en caso contrario, a retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. Se cerró la Academia militar de Zaragoza, por considerar sus enseñanzas como anticuadas, se clausuraron los Consejos de Honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar y se eliminó la prensa militar. La ley de reforma militar fue recibida por un sector del ejército como una agresión a la tradición militar, lo que provocó importantes tensiones, especialmente entre los africanistas. La prioridad dada por el gobierno a los gastos sociales, impidió mejorar la capacidad técnica y de armamento, como estaba previsto. Años después, los mandos militares sediciosos, se le cobraron con creces.

El gobierno radical-cedista entre 1933 y 1936, presidido por Lerroux, y sostenido por la derecha católica de la CEDA de Gil Robles, derogó la mayoría de las medidas anteriores. Aprobó la Ley para la Reforma de la Reforma Agraria; paralizó la reforma militar, amnistió a los golpistas de la sanjurjada y designó, para los puestos claves, a Franco, Goded y Mola; se concilió con la iglesia e inició la negociación con el Vaticano; paralizó el programa de construcciones escolares y anuló la enseñanza mixta.

Los republicanos de izquierda pretendían consolidar la democracia sin cambiar el sistema. Por el contrario, los socialistas, consideraban que el sistema democrático, era un paso intermedio hacia una sociedad nueva −de igualdad, justicia y libertad−, y daban prioridad a las reformas sociales. El enemigo político, mantenía sus posiciones de poder intactas y no permitió más reformas.

Algunos de los problemas sociales de aquella época siguen teniendo vigencia hoy, y los comportamientos de la derecha siguen siendo parecidos, pretendiendo ejercer el poder para beneficio propio, muy alejado de los intereses de la mayoría trabajadora.

Se pretendió modernizar el país y promover la justicia social y los estamentos sociales corporativos afectados lo impidieron. Tanto se opusieron algunos que dieron un golpe de Estado, que provocó una guerra, que ganaron, creando un estado totalitario, que sufrimos durante cuarenta años.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/construyendo-la-republica/

Comparte este contenido:
Page 1 of 9
1 2 3 9