Aunque no escolarizar a los hijos está contemplado como delito, los expertos lo ven «excesivo» en las actuales circunstancias.
Las medidas acordadas por el Gobierno y las comunidades autónomas para la vuelta al cole han puesto en guardia a padres y profesores, muchos de los cuales consideran que no son suficientes para evitar el riesgo de contagio en las aulas debido a la pandemia de coronavirus.
Por ello, algunas voces han planteado la posibilidad de no llevar a los niños al colegio; un supuesto, el del absentismo escolar, para el que existe normativa penal pero que sería de difícil aplicación, dadas las circunstancias.
Aunque el derecho a la educación debe ser garantizado por las autoridades y las familias tienen la obligación de escolarizar a sus hijos, el miedo a la pandemia está haciendo que muchos padres aboguen por no llevarlos a las aulas. Todo ello a pocos días del inicio de las clases, que comenzarán de forma escalonada a partir del viernes 4 de septiembre en algunas comunidades.
El Gobierno es consciente de la incertidumbre que hay entre los colectivos implicados en la enseñanza ante el comienzo de un curso absolutamente atípico. Por ello, ha encargado un informe jurídico para analizar el absentismo, según ha confirmado la ministra de Educación, Isabel Celáa, quien insiste en que «hay que ir a clase». Celáa no quiere hablar de medidas coercitivas y esperará a tener ese informe en la mano para actuar, aunque confía en que «las familias van a ser responsables».
«Situaciones excepcionalmente graves»
La posibilidad de sancionar a una familia por no llevar a sus hijos al colegio está recogida en el Código Penal, cuyo artículo 226 contempla este supuesto como un posible delito de abandono familiar por dejar de cumplir los «deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad», lo que acarrearía una pena de entre cuatro y diez años de inhabilitación para ejercer la misma. Sin embargo, este supuesto se restringe a «situaciones excepcionalmente graves», según señala en declaraciones a RTVE.es la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato.
«Cuando se alzan voces informando de que no llevar a los niños al colegio como consecuencia de la pandemia puede conllevar responsabilidad penal, me parece cuanto menos excesivo», apunta Peramato, para quien las autoridades deberían primero «planificar adecuadamente el regreso a los colegios, adoptando las medidas necesarias para garantizar la salud escolar» y, después, informar a padres y tutores «para evitar esta situación de incertidumbre que se está generando».
La fiscal afirma que «en la mayoría de las ocasiones, no llevar al niño al colegio no es delito, pues hay que partir de un principio fundamental: el derecho penal es el último recurso para resolver los conflictos y solo se debe utilizar cuando no hay otras alternativas para resolver la situación». Solo en «situaciones irreversibles» el Fiscal de menores va a interponer una querella, señala.
«Tiene que quedar claro que la vía penal es el último recurso y que lo que tienen que hacer las autoridades competentes es reconducir la situación», añade Teresa Peramato, para quien, en esta situación de pandemia, plantear que los padres vayan a incurrir en un delito penal es «absolutamente excesivo, no me parece apropiado».
La presidenta de la UPF comprende que haya padres que tengan incertidumbre y miedo en esta situación. Por eso cree que lo importante es que las administraciones den «seguridad y una información certera y adecuada» lo que, en su opinión, permitirá que «los padres estén más tranquilos».
«Incertidumbre y miedo» entre los padres
En las familias la inquietud va en aumento según se acerca el inicio del curso escolar. Aunque la mayor parte de los padres prefiere la educación presencial, piden sobre todo garantías sanitarias, como afirma a RTVE.es Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).
«Queremos que los colegios estén abiertos, que nuestros hijos reciban la educación de manera presencial, pero si a día de hoy no podemos saber si se pueden garantizar las medidas sanitarias o en qué nivel, desde luego no vamos a animar a las familias a que incumplan la ley pero tampoco les vamos a animar a que lleven a sus hijos a un escenario en el que no sabemos lo que puede pasar«, señala Caballero, quien cree que en este momento de pandemia «el derecho sanitario tiene que estar por encima del educativo».
El presidente de Concapa asegura que las familias les están pidiendo una «cantidad inmensa» de asesoramiento legal y que su departamento jurídico está estudiando la herramientas que los padres tienen en sus manos para que «si no se garantiza esa seguridad sanitaria, podamos ejercer el derecho a no llevarlos al colegio«. «Entre los padres hay muchísima incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo», concluye Pedro Caballero.
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Los docentes piden más seguridad
Esa incertidumbre también se extiende al colectivo de docentes, que se muestran críticos con las medidas adoptadas por el Gobierno y las comunidades autónomas y reclaman más contrataciones para incrementar la seguridad.
Según señala José Ramón Merino, responsable de Acción Sindical y Política Educativa del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs-i), el colectivo es partidario de la educación presencial, pero al tiempo reclama que las autoridades competentes «aseguren una vuelta al colegio en condiciones de seguridad, y eso no se da».
En declaraciones a RTVE.es, Merino considera que las medidas aprobadas en la Conferencia Intersectorial del pasado jueves son «una declaración de buenas intenciones, pero no son suficientes y además, son difíciles de llevar a la práctica: parece que no han estado nunca en un centro educativo o hace tanto tiempo que se les ha olvidado lo que es la práctica diaria».
Dudas en los docentes respecto a las nuevas medidas
Merino no cree que el absentismo «vaya a ser una postura mayoritaria, pero seguro que va a tener efecto«. También por el lado de algunos docentes, que «han puesto por escrito ante las autoridades competentes los riesgos a los que nos sometemos, exigiendo responsabilidades en el caso de que suceda algo», sobre todo en el supuesto de aquellos profesores que están dentro de la población de riesgo por edad o por circunstancias médicas.
La alternativa, para los educadores, es incrementar las contrataciones, como en el caso de Italia, lo que permitiría reducir los grupos y «eximir a las personas de alto riesgo de ir a los centros y que se contraten nuevos profesores».
Los colegios sólo cerrarán si hay brotes descontrolados, las clases serán presenciales hasta 2º de ESO y las mascarillas obligatorias a partir de los seis años.
Madrid pide un plan común ante el absentismo
Las comunidades autónomas son conscientes de que el absentismo escolar puede suponer un problema y algunas ya se han pronunciado al respecto, como la Comunidad Valenciana o País Vasco, que han recordado a los padres que la educación es obligatoria y que las autoridades deben garantizar ese derecho.
Pero está claro que la normativa existente no se ideó para situaciones como la actual. Así lo plantea la Comunidad de Madrid, que por ello ha reclamado un plan común para que las comunidades autónomas tracen una estrategia de actuación ante las familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio.
Como asegura el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, «esta ley no estaba pensada para esta realidad».
Fuente e imagen: https://www.rtve.es/noticias/20200831/absentismo-escolar-entre-derecho-educacion-miedo-pandemia/2041049.shtml
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