América del Sur/Chile/20_10_2019/Autor y Fuente: telesur
«Estamos mandatados para evitar que se sigan generando destrozos en la ciudad y recuperar derechos y libertades de las personas», advirtió Iturriaga desde el Palacio de La Moneda.
El jefe de Defensa Nacional de Chile, Javier Iturriaga del Campo, anunció este domingo un nuevo toque de queda en la región Metropolitana y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, Santiago de Chile (capital).
«Estamos mandados para evitar que se sigan generando destrozos en la ciudad y recuperar derechos y libertades de las personas», advirtió Iturriaga desde el Palacio de La Moneda.
El toque de queda regirá en la zonas por dos noches consecutivas, desde las 19 horas (hora local) hasta las seis de la mañana del próximo lunes, debido a las masivas protestas por el alza del precio del transporte público.
El primer toque de queda se decretó el pasado sábado desde las 22 horas (hora local) hasta las siete de la mañana; la medida se anunció después de que el presidente de la Nación, Sebastián Piñera, anunciara la suspensión del incremento de precios en el transporte.
No obstante, el Ejecutivo decretó el Estado de Emergencia en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y el Biobío.
Más de 10.000 militares se han desplegado en Santiago (capital), Valparaíso y Concepción durante la tercera jornada de protestas en todo Chile, donde registran enfrentamientos, ómnibus incendiados, semáforos derribados y piedras en las vías.
Debido a los disturbios, el Gobierno de Chile invocó la Ley de Seguridad del Estado para castigar con penas de cárcel a quienes causen daño en los bienes del Metro de Santiago, a consecuencia de las protestas contra el alza del precio del pasaje.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/toque-de-queda-santiago-chile-protestas-20191020-0031.html
El Tribunal Supremo ha condenado a los doce líderes del procés a 104 años y seis meses de cárcel por los delitos de sedición y malversación (de 12 a 13 años), sedición (de 9 años a 12 y seis meses) y desobediencia (1 año y 8 meses).
Con ello aceptaba la tesis fundamental de la abogacía del Estado, dependiente del gobierno de Pedro Sánchez, y rechazaba la del juez instructor Pablo Llarena y de la fiscalía que solicitaban una condena por rebelión y penas todavía más duras. El delito de rebelión ha caído porque era injustificable, sobre todo a nivel internacional, por la incuestionable ausencia de violencia.
Pero sigue siendo una condena durísima que no se atiene a los hechos realmente acaecidos sino al relato construido por los mandos policiales, el juez de instrucción, los poderes del Estado, incluido el Rey, y los medios de comunicación estatales. He aquí como explica y justifica la sentencia el diario El País:
“La diferencia entre rebelión y sedición es que la primera persigue modificar las estructuras del Estado (lograr la independencia de un territorio, vulnerar la Constitución mediante violencia en la calle) mientras que la segunda consiste en promover actos tumultuarios para impedir la aplicación de las leyes. Para que haya rebelión, el alzamiento debe ser «público y violento» y, aunque el Supremo considera acreditado que hubo jornadas de violencia , el tribunal cree que para que haya rebelión la violencia tiene que ser una parte estructural del plan rebelde. Y, en el caso catalán, los líderes independentistas no buscaron ni planificaron los actos violentos como parte del procés”.
Sin embargo los hechos no acreditan que hubiera jornadas de violencia o actos tumultuarios que justifiquen una acusaciones y unas condenas tan graves, porque la violencia residual que hubo en muy pocos casos por parte de algunas personas fue notablemente menor que en muchas manifestaciones en el Estado español o en Europa.
En la concentración del 20 de setiembre de 2017 frente a la sede de Economía la violencia se redujo a unos coches de la Guardia Civil abollados a los que se habían subido numerosas personas y periodistas antes que lo hicieran los Jordis para justificar la protesta masiva y pacífica o llamar a abandonar la concentración. Allí no se impidió la aplicación de ninguna ley porque la Guardia Civil pudo hacer su registro sin problemas. Las imágenes lo explican mejor: https://www.youtube.com/watch?v=5bN8ZM-V4Jo&feature=youtu.be
En vísperas del domingo 1 de octubre hubo ocupación pacífica de colegios electorales desde la tarde del viernes, y el 1-O una votación de dos millones trescientas mil personas desobedeciendo al Tribunal Constitucional donde la única violencia fue la de la Policía y la Guardia Civil contra gente que hacía resistencia pacífica para impedir el secuestro de las urnas y los votos. Ahí están las imágenes: https://www.youtube.com/watch?v=tKQ4NDN-G7A&feature=youtu.be.
Estos fueron los hechos. Y estos los derechos que se condenan: reunión y manifestación tanto en la sede de Economía como en los colegios electorales; votación en el caso del referéndum; desobediencia civil frente a leyes injustas, como las decisiones del Tribunal Constitucional para impedir el derecho a decidir de Catalunya; resistencia pacífica para proteger los colegios; etc. etc.
La condena del Suprema no afecta solo a los doce procesados
Afecta a las personas que participamos en la concentración de Economía, en la ocupación y defensa de los colegios, en la votación del 1 de octubre, a los millones de personas que nos manifestamos durante años para exigir al gobierno del Estado y al de la Generalitat el ejercicio del derecho de autodeterminación. En una concentración de la Assemblea Nacional Catalana Carme Forcadell dijo a Artur Mas: “President, posi les urnes!”. Y en incontables ocasiones centenares de miles de persones les hemos dicho a nuestros políticos: “Volem votar!”. Nunca hubieran llegado tan lejos sin esta presión. Por eso la sentencia del Supremo nos condena a todos quienes lo hicimos.
La sentencia del Supremo no afecta solo a los que participamos en los hechos anteriores ejerciendo derechos fundamentales. Afectará a todas las personas que los quieran ejercer en el futuro, en Catalunya y en todo el Estado. Este es su verdadero alcance. Este era el plan estratégico del gobierno del PP al impulsar el juicio, el de Pedro Sánchez al mantenerlo y el de los poderes del Estado que están detrás de ambos. De ahora en adelante las acciones ciudadanas masivas y pacíficas en ejercicio de derechos fundamentales podrán ser tildadas de tumultuosas y acusadas de sedición.
Por eso en Catalunya y todo el Estado español hay que movilizarse contra esta sentencia:
para exigir la libertad de las personas presas y exiliadas, por la amnistía. Para hacer retroceder a Pedro Sánchez que al conocer la sentencia y para no ser menos duro que la derecha ha rechazado el indulto y exigido el cumplimiento íntegro de la sentencia
por el libre ejercicio de todas las libertades fundamentales, por una democracia plena y sin recortes.
por el derecho de autodeterminación de Catalunya y de todos los pueblos.
Habrá muchas ocasiones para hacerlo durante las movilizaciones que ya han empezado hoy y en las que seguirán. En Catalunya: las 5 marchas que saldrán de Girona, Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona para confluir en Barcelona, la huelga general del viernes 18, la manifestación de entidades y sindicatos del 26, etc. Y en todo el Estado
Porque, como explicó tranquilamente Jordi Cuixart a los jueces del Supremo, los derechos se conquistan ejerciéndolos: #HoTornaremAFer [lo volveremos a hacer]. Y lo ha repetido hoy al conocer la sentencia: “La respuesta es la reincidencia”.
14/10/2019
Martí Caussa, forma parte de la redacción de viento sur
América del Sur/Colombia/13-10-2019/Autor y Fuente: lahora.com.ec
Multitudinarias marchas estudiantiles tomaron las principales ciudades de Colombia para exigirle al Gobierno más recursos para la educación pública, que carece de financiamiento.
Diez meses después de haber llegado a un acuerdo con el presidente Iván Duque para aumentar el presupuesto del sector, los estudiantes de universidades públicas y privadas salieron nuevamente a las calles alegando incumplimientos en lo pactado.
«Protestamos para exigirle al Gobierno (…) el cumplimiento total y no parcial de los acuerdos logrados el año pasado», declaró en Blu Radio la líder estudiantil, Alejandra Sánchez, de la universidad privada Javeriana.
Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostiene que el Gobierno «está cumpliendo» y que para el 2020 el sector tiene asignado un presupuesto de 12.000 millones de dólares, «el más alto de la historia».Corrupción y fuerza policial
Las movilizaciones fueron convocadas por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), que reúne a más de 50 entidades públicas, y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), donde participan alumnos de entidades públicas y privadas.
«86 millones de dólares se comprometió el Gobierno a otorgar el año pasado».
Con cánticos y bailes, los universitarios protestaron además contra casos de corrupción en algunas entidades educativas y en rechazo a lo que llamaron el «abuso» de la fuerza por parte de la Policía antidisturbios en recientes manifestaciones.
«Hemos convocado a las movilizaciones pacíficas, rechazamos el uso de la violencia (…) pero también le exigimos al Gobierno que respete y que garantice nuestro derecho a la protesta», declaró a Blu Radio la líder estudiantil Jennifer Pedraza, de la Universidad Nacional.
En todo el país
° Las marchas se llevaron a cabo en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tras los choques que hubo entre la Policía y encapuchados en las jornadas anteriores.
El año pasado, maestros y estudiantes organizaron alrededor de una decena de marchas que se prolongaron durante más de dos meses y que terminaron con el acuerdo que hoy es motivo de discordia.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102278495/universitarios-protestan-en-colombia-por-recursos-
Chile / 30 de junio de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: El Diario
Una veintena de profesores fueron detenidos este martes en Santiago de Chile cuando se manifestaban en las cercanías del Palacio de la Moneda, sede del Gobierno, en el marco de una huelga que los docentes mantienen desde el pasado 3 de junio, en demanda de mejoras laborales.
Los maestros habían anunciado que entregarían en la sede gubernamental una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, que viajó a Oriente Medio para visitar Israel y Palestina, para instarle a dialogar con el gremio y buscar una salida al conflicto, tras los nulos avances con el Ministerio de Educación.
Una treintena de profesores se sentaron en una de las calzadas de la Alameda Bernardo O’Higgins, la principal avenida de Santiago, bloqueando el tráfico de vehículos, lo que provocó la reacción de la policía, que los dispersó con chorros de agua, además de detener a una veintena de ellos.
Entre los detenidos, según confirmó él mismo vía redes sociales, estaba Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien aseguró que la manifestación era pacífica y acusó a los carabineros de «uso excesivo de la fuerza».
Precisó que estaban sentados con carteles en la calzada, además de «hacer cánticos y gritos en favor de nuestra causa. Esa fue nuestra manifestación».
«Fuimos duramente reprimidos, nos tiraron agua, nos maltrataron por estar cantando sentados en la calzada. Ese fue el terrible delito por el que fuimos detenidos», añadió.
«No nos van a acallar, «que el Gobierno atienda nuestras demandas y se siente a conversar con nosotros», reclamó.
Antes, al inicio de la manifestación, el dirigente había afirmado que el profesorado «quiere hacerse escuchar, que el Gobierno nos escuche, que se siente a conversar, que dé solución a este conflicto».
Aguilar desmintió además a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien aseguró que el gremio desconoció un acuerdo alcanzado la semana pasada para resolver el conflicto y que por ellos decidieron recurrir directamente al presidente de la república.
Los profesores demandan varias mejoras laborales, entre ellas que se reconozca a las educadoras de párvulos y diferenciales la denominada «mención» de especialidad, que supone un pequeño sobresueldo.
También exigen el término de una «doble evaluación» de su trabajo a que están sometidos los docentes, mejoras en la infraestructura de la enseñanza pública y que se anule una reforma que dejó la Historia, Educación Física y Artes como materias optativas en los dos últimos años de enseñanza media.
En Valparaíso, en tanto, unos 300 docentes se tomaron la sede regional de Educación, donde esperaban reunirse con la secretaria regional y no la encontraron, pues había viajado a otra actividad, fuera de la ciudad.
Los dirigentes locales dijeron que se trata de una ocupación momentánea de las oficinas, en espera de que la secretaria regional, Patricia Colarte, los reciba.
Colarte, acusaron, hace lo mismo que la ministra Marcela Cubillos, que se ha negado hasta ahora a reunirse con el gremio, delegando la responsabilidad en el subsecretario de la cartera.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 30 de junio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – Venezuela: Rescate de los valores: la clave para acabar con desmotivación escolar
En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.
Nada ni nadie detiene a la Marea amarilla en su Acto XXVI. Nada ni nadie puede con la determinación de los Chalecos Amarillos, que por vigésima sexta semana consecutiva han desfilado, una vez más, por las calles de toda Francia. Ni la brutal represión emanada desde el Régimen de Macron; ni la ley antidisturbios que cercena el derecho a manifestarse; ni las desacreditaciones a un Movimiento legal; ni los medios corporativos; ni las detenciones; ni los bastones policiales, o los gases lacrimógenos o carros hidrantes los frenan. Emmanuel Macron pensaba que con su “gran debate nacional” iba a lograr calmar la cólera de los ciudadanos, pero la realidad es otra, pues los Chalecos Amarillos cumplirán seis meses de manifestaciones y el instituto Elabe muestra que el 66 % de los franceses no se cree ya las promesas gubernamentales. Un Régimen que sábado tras sábado muestra sin inmutarse, sus garras de furia.
En París, se han manifestado por el poder adquisitivo y la justicia social, pero también lo hicieron en apoyo a la comunidad educativa.
Como contrapartida a la brutal represión, a la criminalización de las protestas, a la estigmatización de un movimiento, los Chalecos Amarillos han recibido el apoyo a sus reivindicaciones de 1400 artistas que han firmado una tribuna pública en la que denuncian a un poder que busca el borramiento de la legitimidad. Escritores, actores y cineastas acusan al Gobierno francés de reprimir con violencia y amenazas.
Pero, aunque el Gobierno sigue buscando acabar con los Chalecos Amarillos, las ciudades de Nantes, Toulouse, Burdeos, Lyon, Estrasburgo o Montpellier, también han salido masivamente a la calle.
Ha sido en Nantes y Lyon donde el brazo armado del Régimen ha reprimido y donde la policía ha lanzado gases lacrimógenos, balas de goma y utilizado cañones de agua para acallar la marea reivindicativa y contestataria.
Los Chalecos Amarillos han advertido al Gobierno que antes que nada son ciudadanos y que no se puede gobernar contra su pueblo cuando faltan dos semanas para las elecciones europeas.
Furia y cacería gubernamental
Los Chalecos Amarillos, el 17 de mayo cumplirán seis meses de movilizaciones semanales con el mayor saldo represivo de la reciente historia de Francia: 13 muertos, 4.000 heridos y más de 10.000 detenidos.
El movimiento, que nació el 17 de noviembre en las carreteras, se trasladó rapidamente de las periferias a los centros de las ciudades, y ha sido entonces que la policía ha cambiado su política, pasando a la represión abierta. En total, 11 muertes están asociadas a la represión policial, incluyendo el de Zineb Redouane, una abuela de 80 años golpeada por una lata de gas lacrimógeno disparada por la policía en Marsella contra la ventana de su casa.
Las manifestaciones se han convertido en un delito por el que 12.000 personas han sido detenidas, con 1.800 juicios rápidos, según cifras del Ministerio de Justicia.
Los jueces han dictado más de 400 órdenes de detención y han encarcelado a otros tantos manifestantes. Además, han emitido casi 2.000 citaciones a los acusados para someterlos a juicio.
El 3 de abril la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, informó al Senado de que se habían dictado casi 2.000 condenas de prisión contra diversos manifestantes.
Según el Ministerio del Interior, a principios de marzo había 2.200 manifestantes heridos pero las cifras reales superan los 10.000.
Durante la represión, cada vez más frecuente de la policía de Macron a los manifestantes, la brutalidad se instaló cada vez más, hasta el punto de que se han abierto unas 240 investigaciones por parte de la inspección de la propia policía, según la cadena de televisión BFM. Alrededor de 160 de ellas se refieren a agresiones que tuvieron lugar en París. Además, los manifestantes han presentado 290 denunciascontra miembros de la policía.
Los intelectuales franceses denuncian la violencia de Estado contra los chalecos amarillos
Bajo el lema “Nosotros acusamos” 323 académicos e intelectuales franceses firman un manifiesto en el que denuncian la violencia de Estado ejercida contra los chalecos amarillos.
Desde el 17 de noviembre de 2018, cientos de miles de personas expresan su inquietud ante un poder que hace oídos sordos a sus reivindicaciones. Tienen la fuerza y el valor de tomar la palabra diciendo alto y claro que están hartos y que no seguirán soportando los efectos de las políticas nefastas que, desde hace décadas, se aprovechan impunemente de su trabajo y saquean los recursos públicos.
Las voces de los chalecos amarillos han permitido poner al descubierto las mentiras y las pseudojustificaciones “científicas” dadas por el poder y su jauría de cortesanos con el fin de ocultar el alcance y la magnitud de este robo a mano armada. Su levantamiento ha puesto de manifiesto el verdadero sentido de una política que ha organizado a conciencia la transferencia de unos recursos producidos con el esfuerzo del 95% de la población hacia el 5% de los estratos más privilegiados. Su fuerza ha logrado que se tome conciencia de la hipocresía de un poder que se atreve a celebrar que ha multiplicado por cuatro las enormes riquezas acumuladas por una minoría minúscula. De la mano de la gran mayoría de los franceses y las francesas, nos reconocemos en la toma de conciencia de los chalecos amarillos. Cada uno de nosotros ha podido constatar que, en todos los sectores de la sociedad, estábamos sufriendo los efectos de las mismas políticas encaminadas a aumentar continuamente las desigualdades sociales.
Las demandas y las expectativas de cambio surgidas a raíz de este levantamiento popular se han expandido con rotundidad y han chocado inmediatamente contra un poder que no ha dejado de ignorar su contenido para aplacar su efecto desestabilizador. En primer lugar, con el silencio ensordecedor de un presidente y de su corte, encerrados todos tras los muros de sus palacios. A continuación, tratando de engañar a la gente con falsas promesas y limosnas concedidas a costa del esfuerzo de los más necesitados y el deterioro de los servicios públicos. Con la realización de un simulacro de consulta de la que se suprimió muy hábilmente toda posibilidad de interacción y de debate. Y, sobre todo, con la decisión clara y meditada de impedir por todos los medios la expresión pública de las demandas y las reivindicaciones.
El objetivo de todas estas medidas ha sido silenciar la voz de los manifestantes. Desde las primeras acciones, el poder ha optado por la violencia al exigir a las fuerzas del orden despejar los peajes de autopistas y las rotondas, bloquear el acceso a los puntos de convergencia de las manifestaciones y, sobre todo, intervenir con “firmeza”. Todos y todas hemos visto cómo se han trasladado estas órdenes sobre el terreno: hemos podido comprobar de primera mano cómo las filtraciones y los arrestos arbitrarios en las entradas de las ciudades han impedido el desarrollo de las manifestaciones y han acallado las voces. Hemos visto las cabañas de las rotondas destruidas y, una y otra vez, valerosamente reconstruidas. Las técnicas de intervención policial elegidas a propósito (cercos policiales, lanzamiento de gases lacrimógenos desde el principio de las manifestaciones, disparos de balas de goma sin previo aviso) han sido las causantes de los escasos actos violentos, centradas de forma deliberada en generar la confrontación con los manifestantes.
De manera cada vez más intensa, se han ido aplicando semana tras semana estas técnicas mortíferas y liberticidas. Protegidos por el poder y encubiertos por la omertà de una gran parte de los medios de comunicación, escuadrones de policías extenuados por el trabajo se dedican a realizar deleznables atropellos. Cientos de hombres y de mujeres que se estaban manifestando pacíficamente han sido atacados sin razón alguna y, con frecuencia, con un ensañamiento descabellado. Desde diciembre pasado, el número de heridos graves aumenta sin cesar: se cuentan por cientos las personas que han sufrido serios traumatismos. Ni el presidente de la República ni su Gobierno se han pronunciado respecto a las víctimas, ni siquiera sobre Zineb Redouane, asesinada por el impacto de una granada cuando estaba cerrando la ventana de su casa. Parece que ya nada puede detener esta escalada dramática y nos avergonzamos de tener que asistir a la puesta en escena de la autocomplacencia del poder, supuestamente llamado a contener a una “masa llena de odio”.
La elección de la represión violenta contra todas aquellas personas que tienen el valor de levantarse para tomar la palabra frente a estas artimañas no es nada nuevo –ya se había empleado principalmente en los barrios populares y contra grupos vulnerables como los emigrantes y los gitanos, e incluso contra representantes de los movimientos sociales–, pero desde noviembre de 2018 se ha traspasado una frontera. Esta estrategia de la represión violenta llegó a su punto álgido durante la manifestación del Primero de Mayo de 2019: no solo asistimos al despliegue de todo el arsenal represivo del Estado, sino que se ha demostrado que el Gobierno, una vez más, mintió al armar un enorme escándalo sobre un supuesto “ataque” al hospital de la Pitié Salpêtrière por parte de manifestantes que intentaron refugiarse allí. Esta mentira de Estado es la gota que colma el vaso. Refleja el estado de nerviosismo y pánico de un poder en apuros.
¡Esta violencia de Estado debe cesar!
Nosotros acusamos al Ministerio del Interior de provocar deliberadamente las reacciones de violencia en nuestras ciudades, en las rotondas y los lugares de debate público, a fin de criminalizar a toda persona que se oponga a sus leyes y a sus políticas funestas.
Nosotros acusamos al Gobierno de emplear contra civiles armas de guerra prohibidas en el conjunto de los países occidentales, y de ignorar las repetidas advertencias de numerosos organismos internacionales.
Nosotros acusamos a la jerarquía de la magistratura de haber aceptado tapar esta política nefasta aplicando ciega y servilmente las órdenes emitidas por el poder ejecutivo.
Nosotros acusamos a la Inspección General de la Policía Nacional de haber realizado investigaciones fingidas que, hasta donde tenemos conocimiento, no han conducido a la interpelación de ningún miembro de las fuerzas “del orden”.
Nosotros acusamos a todas las personas vinculadas a la prensa y los canales televisivos que han aceptado convertirse en portavoces del Ministerio del Interior y de la Prefectura sin llevar a cabo ningún control sobre sus fuentes.
Hacemos un llamamiento al conjunto de los ciudadanos a unirse al movimiento social para denunciar la deriva autoritaria del Gobierno, y exigimos la dimisión del Sr. Castaner [ministro del Interior], así como la apertura de una comisión de investigación independiente para arrojar luz sobre los desatinos de los verdaderos responsables y que estos sean procesados.
La CTERA expresa su enérgico repudio al procesamiento iniciado al Secretario General de ATECH –Chubut –, Santiago Goodman.
Dicho procesamiento es por la manifestación realizada por ATECH el 4 de abril de 2018, donde se reclamaba la apertura de la paritaria provincial, exigiendo respuestas ante la grave crisis salarial y laboral de los docentes chubutenses.
Nuevamente se persigue y castiga a quienes luchan por los derechos de lxs docentes y en defensa de la educación pública.
Desde CTERA repudiamos esta metodología de hostigar y enjuiciar las luchas de lxs trabajadorxs y exigimos se deje sin efecto el procesamiento y se termine con esta práctica autoritaria.
¡ No a la criminalización de la protesta !
Buenos Aires, miércoles 15 de mayo de 2019
Sonia Alesso
Secretaria General
Guillermo Parodi
Secretario de Prensa
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