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China: Se intensifican los ataques contra abogados y activistas de los derechos humanos dictándose sentencias condenatorias en farsas de juicios

Asia/China/19 de Agosto de 2016/Fuente: Anmistía Internacional

Las autoridades chinas deben poner fin a su implacable represión contra profesionales de la abogacía y activistas de los derechos humanos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, tras ser objeto un destacado abogado de derechos humanos de la más reciente sentencia condenatoria después de un juicio injusto.

El jueves, Zhou Shifeng fue condenado a siete años de cárcel tras ser declarado culpable de “subvertir el poder del Estado”, después de un juicio que no llegó a durar un día en el Tribunal Popular número 2 de Tianjin, en el nordeste de China.

El miércoles de esta semana, Hu Shigen, activista en pro de la democracia, fue condenado a siete años y medio de prisión por “subvertir el poder del Estado”, y el martes se impuso al activista Zhai Yanmin una pena de tres años de cárcel, con suspensión de cuatro años, tras ser declarado culpable del mismo cargo.

“Esta oleada de juicios contra profesionales de la abogacía y activistas es una farsa política. Su suerte estaba decidida antes de entrar en el tribunal, y no existía ninguna probabilidad de que se les sometiera a un juicio justo”, ha afirmado Roseann Rife, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.

“Las autoridades chinas parecen resueltas a silenciar a toda persona que plantee cuestiones legítimas sobre los derechos humanos y haga uso del ordenamiento jurídico para tratar de obtener reparación.”

Estas sentencias condenatorias son las primeras que se dictan contra personas detenidas en una campaña de represión sin precedentes que comenzó en julio de 2015 y que ha afectado a 248 profesionales de la abogacía y activistas de los derechos humanos.

Los tres hombres condenados esta semana estuvieron detenidos en espera de juicio durante más de un año, se les negó la asistencia de abogados defensores de su elección y no se permitió a sus familias asistir a los juicios. La televisión estatal china también emitió “confesiones” de Zhai Yanmin y Zhou Shifeng antes de sus juicios. Amnistía Internacional ha documentado una constante de uso de este tipo de tácticas contra profesionales de la abogacía y activistas de los derechos humanos.

Otras 14 personas afectadas por la campaña represiva continúan en espera de juicio, 10 de ellas por cargos relacionados con la seguridad del Estado, que a menudo se presentan contra activistas de los derechos humanos y disidentes.

“Las autoridades están utilizando disposiciones legales imprecisas como arma para dar un barniz de legitimidad a sus ataques por motivos políticos. Cuando las leyes sobre seguridad del Estado se prestan a abusos tan flagrantes, es preciso cambiar las leyes”, ha afirmado Roseann Rife.

El lunes, medios de comunicación de la China continental y de Hong Kong informaron de que la abogada Wang Yu había quedado en libertad con fianza. Su detención el año pasado señaló el comienzo de la campaña de represión. Podría ser enjuiciada todavía por el cargo en virtud delo cual fue detenida, “subvertir el poder del Estado”.

Una emisora de Hong Kong, Phoenix TV, anunció que se había concedido la libertad con fianza a Wang Yu en un segmento, filmado en un lugar no revelado, en el que la abogada denunciaba su trabajo en el pasado y afirmaba que el despacho de abogados para el que trabajaba había sido utilizado por “fuerzas occidentales” para desprestigiar al gobierno chino.

El contenido de sus comentarios era semejante al de una entrevista publicada en el periódico de Hong Kong South China Morning Post con la asistente jurídica Zhao Wei, al ser puesta asimismo en libertad con fianza tras un largo periodo de detención. El esposo de Zhao Wei no ha podido contactar con ella desde su supuesta liberación.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/08/china-assault-on-human-rights-lawyers-and-activists-escalates-with-convictions-after-sham-trials/

Fuente de la imagen: http://asiasociety.org/human-rights-and-law-asia

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Turquía: El estado de excepción no debe reducir los derechos humanos

Turquia/23 de julio de 2016/www.amnesty.org

La imposición del estado de excepción anunciada por el presidente Erdogan no debe preparar el terreno para una reducción de los derechos humanos ni servir de pretexto para suprimir aún más libertad de expresión y las salvaguardias contra la detención arbitraria y la tortura, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Tras una reunión que mantuvieron el Consejo de Seguridad Nacional y el gobierno turco el miércoles por la noche, el presidente Erdogan anunció que se iba a imponer el estado de excepción durante al menos tres meses.

“Con la situación de violencia generada a raíz del intento de golpe de Estado, es comprensible que se tomen medidas que den prioridad a la seguridad pública. Pero las medidas de excepción deben respetar las obligaciones contraídas por Turquía en virtud del derecho internacional, no deben eliminar libertades y salvaguardias de los derechos humanos que ha costado mucho ganar y no deben acabar aplicándose de forma permanente”, ha señalado Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía.
Las medidas de excepción deben respetar las obligaciones contraídas por Turquía en virtud del derecho internacional, no deben eliminar libertades y salvaguardias de los derechos humanos que ha costado mucho ganar y no deben acabar aplicándose de forma permanente.
Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional sobre Turquía

“En una situación donde casi 10.000 personas se encuentran detenidas en la actualidad, en medio de denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia, y donde se está llevando a cabo una purga en los ministerios del Estado y los medios de comunicación, los amplios poderes que confiere el estado de excepción podrían preparar el terreno a una reducción aún mayor de los derechos humanos.”

A modo de estremecedor preludio de lo que está por venir, el viceprimer ministro ha anunciado hoy que, durante el tiempo que se mantenga el estado de excepción, el gobierno suspenderá el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El estado de excepción confiere al primer ministro y a su gobierno atribuciones para eludir el Parlamento y gobernar por decreto. Amnistía Internacional teme que la medida sirva a las autoridades como pretexto para aumentar la duración de la detención preventiva sin cargos, que actualmente es de cuatro días. En las actuales circunstancias, tal aumento podría menoscabar aún más las salvaguardias contra los malos tratos, así como el derecho a un juicio justo. Las medidas de excepción podrían utilizarse también para imponer restricciones arbitrarias a la libertad de expresión y de reunión pacífica y para negar a los empleados públicos su derecho a recurrir contra las suspensiones y despidos.

De acuerdo con el derecho internacional, las medidas de excepción deben ser necesarias y proporcionadas en magnitud y duración y utilizarse sólo para responder a amenazas reales a la seguridad de la nación. Un aspecto decisivo es que deben vigilarse atentamente, ser temporales y aplicarse con sensatez, es decir, sólo cuando sean absolutamente necesarias.

Es esencial que el gobierno turco no utilice el estado de excepción como pretexto para reprimir con mayor severidad aún la disidencia pacífica. Incluso durante los estados de excepción, la Constitución de Turquía garantiza el cumplimiento de las obligaciones del país con arreglo al derecho internacional.
Andrew Gardner

“De acuerdo con el derecho internacional, hay ciertos derechos, como el derecho a un juicio justo y las prohibiciones de la tortura y la discriminación, que no pueden jamás suspenderse ni limitarse de ningún modo.”
“El gobierno ha hecho uso indebido de la legislación vigente, y el estado de excepción le da mayor capacidad para continuar por este peligroso camino.”
Información complementaria
• El gobierno ha emprendido una campaña de represión de proporciones excepcionales, dirigida contra personas supuestamente vinculadas a Fethullah Gülen, a quién acusa de ser el cerebro de la trama golpista. Amnistía Internacional ve con preocupación que las autoridades estén actuando de manera arbitraria, al detener y suspender de sus funciones a muchas personas sin pruebas de que hayan hecho algo indebido.
• Desde el intento de golpe de Estado han sido suspendidos 2.745 jueces y fiscales, según Habertürk, importante canal de noticias de televisión turco afín al gobierno. De acuerdo con el viceprimer ministro Numan Kurtulmuş, han sido detenidos 2.277 jueces y fiscales, de los que 1.270 están recluidos en la espera de juicio y 730 se encuentran en detención preventiva sin cargos.
• El 19 de julio, el Ministerio de Educación informó de que que habían sido suspendidos 15.200 empleados suyos y estaban siendo investigados por vínculos con Fethullah Gülen. Según el periódico afín al gobierno Sabah, el 19 de julio el Consejo de Educación Superior (YÖK) pidió a 1.577 decanos de universidad que dimitieran. De ellos, 195 han presentado ya su dimisión. Todos los decanos serán investigados por vinculación con Fethullah Gülen, según Habertürk.
• De acuerdo con la agencia semioficial de noticias turca Anadolu, el gobierno ha iniciado el proceso de cierre de 524 colegios privados y otras 102 instituciones subordinadas al Ministerio de Educación por presunta vinculación con Fethullah Gülen.
• Asimismo, el Ministerio de Educación ha suspendido hasta nueva orden el derecho de los profesores universitarios a realizar investigaciones en el extranjero y ha pedido a los que están trabajando actualmente fuera del país que regresen.
• Las autoridades han bloqueado arbitrariamente el acceso a más de 20 sitios web de noticias, han retirado la licencia a 25 empresas de medios de comunicación del país, han anulado las credenciales de prensa a 34 periodistas y han dictado al menos una orden de detención contra una periodista por informar del intento de golpe.
• Esta mañana ha sido detenido en Estambul y llevado al jefatura de policía de la ciudad el respetado abogado de derechos humanos y periodista Orhan Kemal Cengiz.

Tomado de: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/07/turkey-state-of-emergency-must-not-roll-back-human-rights/

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¡Alto a la represión en México!: Declaración de la IVª Internacional

Madrid / 06 de julio de 2016 / Por: Secretariado del Buró Ejecutivo de la Cuarta Internacional. / Fuente: http://bolgaia.blogspot.com.es/

Desde que el gobierno mexicano hizo aprobar en el Congreso una supuesta “reforma educativa”, en realidad una reforma laboral que quita derechos de permanencia en el trabajo y ataca a la organización sindical, la resistencia de los trabajadores de la educación en México se ha mantenido.

La resistencia de los trabajadores de la educación, enseñantes y profesores sobre todo de educación primaria, ha tratado de ser rota por el gobierno de Peña Nieto de diversas maneras. Se ha querido obligar a los profesores a someterse a un examen de evaluación educativa que en realidad es punitivo pues busca despedir de su trabajo a los que supuestamente no lo aprueben. El examen es diseñado con criterios mercantiles, en consonancia con la lógica privatizadora que desarrollan en todos los terrenos los gobiernos neoliberales en México. El examen sostiene criterios, por ejemplo, que no toman en cuenta las particularidades regionales y culturales del país. Le evaluación pretende estandarizar la educación eliminando estas particularidades regionales. Este tipo de evaluación afecta, por ejemplo, a los maestros de educación indígena que hablan otro idioma, además del español, pero que no es el inglés, sino lenguas indígenas. Al estandarizar la evaluación, ésta es discriminatoria y es pretexto para despedir maestros que supuestamente no aprueban el examen. El movimiento de oposición a la reforma educativa se ha negado a presentarse a los exámenes de evaluación pese a las amenazas de despido contra quienes no lo hagan.

El gobierno no acepta reunirse a dialogar con el movimiento que se opone a la reforma educativa y ha preferido abrir la represión contra el movimiento que incluye cada vez más sectores diferentes del magisterio, pero que tiene relevancia especial en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. En otros estados de la República la oposición está organizada por otras corrientes sindicales. Desde hace unas semanas la represión oficial ha venido subiendo cada vez más de tomo. Primero han empezado a despedir o dejar de pagar a miles de trabajadores en todo el país por no presentarse a los exámenes de evaluación y también por haber participado en alguna de las huelgas que han venido organizando secciones sindicales. Más recientemente han venido deteniendo ya a líderes sindicales, no solamente durante la represión de alguna movilización, sino con órdenes de aprehensión en sus casas y trasladándolos a cárceles muy lejanas de su lugar de trabajo y residencia. Ha sido el caso del secretario general de la sección 22, de Oaxaca, Rubén Núñez, quien ha sido llevado a una cárcel federal hasta el norteño estado de Sonora. Lo más grave ha ocurrido este fin de semana en que miles de policías federales han atacado simultáneamente en varios lugares del estado de Oaxaca a protestas del magisterio y bloqueos que realizaban en carreteras diversas. El domingo 19, además de decenas de heridos y detenidos, han matado por lo menos a 6 personas en estos ataques.
Recientemente se han venido organizando padres de familia, de niños en la escuela, en apoyo a los maestros en lucha. De tal manera que la represión de este fin de semana la han sufrido tanto los trabajadores de la educación como sectores del pueblo organizado, básicamente los padres de familia que apoyaban a los maestros de sus niños. La situación es muy grave pues en las horas siguientes la represión se extiende en varias partes del país. Incluso en la Ciudad de México, este lunes fueron atacados por la policía los que participaban en un mitin de solidaridad con Oaxaca. Es urgente frenar la represión y apoyar la lucha de los maestros de México contra la llamada reforma educativa. El gobierno dice que aceptará dialogar con el movimiento hasta que éste acepte la “reforma educativa” lo que es absurdo pues lo que los maestros quieren discutir es precisamente su oposición a la reforma. En realidad para el gobierno no hay otra opción que la de que los maestros se rindan y acepten sus condiciones.
La solidaridad internacional con el movimiento magisterial de México es fundamental en este momento. Así como en meses anteriores se expresó la solidaridad con el movimiento de Ayotzinapa por los 43 estudiantes todavía desaparecidos. Hay que recordar que los 43 son estudiantes de una escuela -la de Ayotzinapa- que forma maestros para educación rural e indígena. Este tipo de escuelas y maestros son también un objetivo de la reforma educativa que busca estandarizar la educación con criterios de eficiencia capitalista. Nuevamente el movimiento de solidaridad internacional con las luchas del pueblo mexicano debe expresarse en todas sus formas, con pronunciamientos específicos, protestas frente a consulados y embajadas mexicanas o como se ha hecho en otras ocasiones, de rechazo a las visitas de Peña Nieto a otros países del mundo. Mostrar en todo el mundo que los maestros y el pueblo mexicano no están solos en esta lucha. Que desde todas partes reclamamos el alto a la represión en México y la libertad de los nuevos presos políticos, activistas y dirigentes sindicales en oposición a la reforma educativa.

 

Fuente noticia: http://bolgaia.blogspot.com.es/2016/06/alto-la-represion-en-mexico-declaracion.html

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Argentina: Violento ataque contra el diario “Tiempo Argentino”

Argentina/5 de julio de 2016/ Fuente: resumenlatinoamericano

EN TIEMPOS DEL FASCISMO LAS PATOTAS TRATAN DE ACALLAR LAS VOCES DISIDENTES.

(Desde RESUMEN LATINOAMERICANO toda nuestra solidaridad con las y los trabajadores de TIEMPO ARGENTINO, violentados brutalmente por quienes quieren enterrar la libertad de expresión)

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Después del ataque a Tiempo Argentino, habla uno de los delegados

“Martínez Rojas no es un empresario de medios sino el jefe de un grupo de tareas integrado por barrasbravas

Resumen Latinoamericano, 4 de julio 2016.-En horas de la madrugada un grupo de violentos patoteros comandados por el “empresario” Mariano Martínez Rojas irrumpió en la redacción del diario Tiempo Argentino y destrozó gran parte de la misma y su mobiliario, con la clara intención de que el diario deje de salir, como lo manifestaron sus trabajadores y trabajadoras durante una conferencia de prensa. Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, Tiempo mañana volverá a estar en la calle con una edición Especial.

Esto es lo que pudimos recabar hablando con uno de los delegados de Tiempo, Randy Stagnaro:

Stagnaro  señaló a Resumen Latinoamericano, que a manera de urgente respuesta a “esta nueva agresión sufrida por los trabajadores y trabajadoras del diario y de Radio América, vamos a sacar mañana martes una edición especial de 16 páginas donde además de dar información sobre lo ocurrido con las instalaciones que fueron destrozadas por una patota, también reseñaremos las importantes muestras de solidaridad que recibimos”. Calificó a Martínez Rojas de “un patovica que se hace llamar empresario y se mueve acompañado de barrabravas que actuaron como un autentico  grupo de tareas (como en la época de la dictadura militar)”. Según el delegado, lo que se intenta es que el diario no salga “pero no nos van a amedrentar y además del “especial” de mañana vamos a editar el diario del domingo como siempre”.

Acotó también que en un momento de la madrugada, cuando “nosotros volvimos a entrar el diario se dio una situación muy tensa ya que estaban los patoteros junto a Martínez Rojas y también nosotros, ellos eran unos 16 (ya varios se habían escapado por los techos) y la policía en el medio. El nivel de diálogo de esa patota con Martínez Rojas indicaba que no era la primera vez que se ven las caras. Es un grupo de tareas que vienen trabajando en común, no sabemos en que otros delitos”. Luego confirmó que “aquí hubo muchos delitos en una sola noche y por eso vamos a hacer una denuncia penal contra estos sujetos”. “Martínez Rojas estaba aquí mientras rompían el servidor de Tiempo Argentino, los placards donde tenemos guardada información y documentos, violentaron la oficina de administración donde están los papeles centrales de la Cooperativa, además rompieron paredes haciendo unos boquetes enormes. Mientras esto sucedía Martínez Rojas miraba y comandaba a sus muchachos, ratificando así su implicación en los hechos”.
Stagnaro señaló además que “hay que olvidarse que Martínez Rojas es un empresario de medios sino que es un jefe patotero que busca  cerrar el diario que con mucho esfuerzo hemos puesto de pie los trabajadores después que el duo nefasto de Szpolski  y Garfunkel (los anteriores propietarios) lo vaciaran y abandonaran. Nosotros sospechamos fuertemente que detrás de Martínez Rojas están Szpolski y Garfunkey y además la connivencia de una parte del gobierno de Macri”.
Las sospechas del delegado se basan en que como él mismo explica, “un empresario que compra un medio o cualquier empresa, demuestra inmediatamente que es el dueño y comienza a discutir con sus trabajadores como va a ser todo de allí en adelante. Martínez Rojas jamás demostró que era el dueño y por eso pensamos que detrás de él puede estar la mano de quienes de un día para el otro nos dejaron sin trabajo”.
Un afiche del inolvidable periodista y escritor Rodolfo Walsh también sufrió la ira de los atacantes de la redacción de Tiempo Argentino.

El empresario Mariano Martínez Rojas, jefe de la patota que destrozó las instalaciones de “Tiempo Argentino”, imputado por una jueza porteña

 

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El supuesto “dueño” del diario y de radio América deberá responder, junto con otras diez personas, por los delitos de usuparción y daños; la Justicia pidió las imágenes

El empresario Mariano Martínez Rojas fue imputado de los delitos de usurpación y daños por los destrozos ocurridos en la madrugada de este lunes en el edificio donde funcionan el diario Tiempo Argentino y Radio América.

La decisión fue tomada por la fiscal Verónica Andrade, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la ciudad de Buenos Aires.

Junto con Martínez Rojas fueron imputados otros diez sospechosos, que serían los integrantes de la “patota” que protagonizó el destrozo.

A las 2 de la madrugada, Martínez Rojas con otros diez hombres entraron a la fuerza en el domicilio de Tiempo argentino, en Amenábar 23, en Palermo.

“El grupo de personas comandado por Martínez Rojas obligó por la fuerza a retirarse del lugar a las personas de seguridad del diario. Los dos agentes de seguridad de Tiempo Argentino fueron a la comisaría 31a. de la Policía Federal de la ciudad de Buenos Aires a realizar la denuncia de lo que había sucedido”, agregaron las voceros consultados.

El personal de la comisaría 31a., que desde el traspaso hecho entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires depende del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña, dio intervención a la fiscal Andrade. La representante del Ministerio Público porteño “ordenó inmediatamente consigna policial en el diario Tiempo Argentino para asegurar el lugar”.

“A las 3 de la mañana, cuando algunos periodistas de Tiempo Argentino comenzaron a llegar al diario, se encontraron con Martínez Rojas y su grupo. Allí se produjo un altercado. La fiscal Andrade ordenó a la policía a que desalojaran del diario a Martínez Rojas y a su grupo”, explicaron fuentes judiciales..

Andrade imputó a Mariano Martínez Rojas y las diez personas que lo acompañaron por el delito de usurpación y por daños. Los 11 imputados serán indagados en 48 horas.

El delito de usurpación tiene previsto en el Código Penal una pena de prisión de prisión de entre seis meses a tres años. Para el delito de daños el castigo es de 15 a un año de cárcel para el “que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno”.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño, “Andrade les aseguró a los periodistas del diario que podían continuar con su actividad y les colocó seguridad policial. También le solicitó al canal C5N las imágenes de los daños que produjeron el grupo de Martínez Rojas”.

JUAN MARIANO MARTÍNEZ ROJAS (ALIAS “EL FARIÑA CORRENTINO”)

QUIÉN ES EL JEFE DEL GRUPO DE LA PATOTA QUE ATACÓ Y DESTRUYÓ GRAN PARTE DE LAS INSTALACIONES DE “TIEMPO ARGENTINO”

 

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Juan Mariano Martínez Rojas y Sergio Szpolski: una dupla para el vaciamiento de empresas y otros delitos.

Resumen Latinoamericano, 4 julio 2016.- 

Juan Mariano Martínez Rojas, de 37 años, y titular del Grupo M de Luxe,

Martínez Rojas se convirtió en un debutante en el rubro de los medios de comunicación. Tiene antecedentes como asesor empresarial en grandes eventos, espectáculos y representación de equipos de polo.

El empresario posee cuatro propiedades, dos en Corrientes y dos en la Ciudad de Buenos Aires. En una de ellas, ubicada en la calle Figueroa Alcorta, tiene radicado el Grupo M de Luxe. 

Si bien insistió en remarcar su solvencia económica, el nuevo dueño de Tiempo Argentinoy Radio América presenta una alarmante calificación de riesgo crediticio. Según registros del Banco Central, su puntuación en Santander Río es de nivel 3.

De hecho, en enero, en el mismo momento en que Martínez Rojas afirmaba que el anterior dueño de Tiempo Argentino, el vaciado de empresas Sergio Szpolski, le había vendido el diario, poseía  una deuda de 143 mil pesos. “Son movimientos de cuentas bancarias, si entrás el 30 de enero vas a ver que no hay ninguna deuda”, prometió. “No se preocupen, tengo una muy buena línea de créditos”, contestó a varios periodistas que lo entrevistaron.

En los registros comerciales de Martínez Rojas figuran movimientos de paquetes accionarios de las empresas BTH, Torre SRL y BBDO SRL con los que desarrolló diversos negocios en rubros tales como prestación de servicios inmobiliarios, publicitarios y compra-venta de bienes.

En 2013, Martínez Rojas, su esposa y su hermano fueron denunciados por el delito de estafas reiteradas y asociación ilícita por un monto que, según medios de Corrientes, supera los 10 millones de pesos en la compra de autos de alta gama, la comercialización de obras de arte y operaciones inmobiliarias. En horas de la tarde, el empresario había negado en diálogo con Perfil.com haber realizado negocios en el rubro automotor. “Soy fanático, pero nunca compré ni vendí autos”, dijo.

Sin embargo, en la noche, su abogada dio una versión distinta a este portal. “Efectivamente Martínez Rojas fue denunciado por estafas en autos, pero son denuncias falsas”, respondió. “Sí, se dedicó a la compra y venta de autos pero nunca estafó a nadie”, continuó

Si bien la letrada ya presentó el pedido de sobreseimiento, la denuncia le ganó un curioso apodo al empresario: medios locales lo mencionan como “el Fariña correntino”, en referencia al ahora detenido Leonardo Fariña.

La denuncia había sido efectuada por el abogado penalista Ernesto “Tito” González, conocido públicamente por su participación en distintas causas mediáticas. En julio de 2015, el letrado fue asesinado a balazos por un cliente que luego se suicidó.

El Grupo M de Luxe, acorde a su propio testimonio, organizó shows y recitales en sociedad con el gigante Ticketek del grupo mexicano Maná y el cantante puertorriqueño Ricky Martin, entre otros.

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REPUDIAMOS ATAQUE Y NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS Y LOS TRABADORES DEL DIARIO “TIEMPO ARGENTINO”

Desde los Movimientos Sociales hacia el ALBA Capítulo argentino nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras de prensa de Tiempo Argentino que sufrieron esta madrugada los golpes y la destrucción de sus elementos de trabajo en manos de una patota comandada por el “supuesto dueño” de la empresa que quedó vaciada, Mariano Martínez Rojas.

La protección policial a los integrantes de la patota y la complicidad del gobierno de Mauricio Macri son un ejemplo más de los intentos de cercenar la libertad de expresión en nuestro país, como ya sucedió con eliminación por parte del gobierno de Telesur de la grilla de TDA y con la inacción respecto a la situación de Barricada TV, legítima licenciataria de su señal en TDA, a la que ni el gobierno ni la Justicia le facilitan la posibilidad de usar su frecuencia ganada por concurso público que es interferida por Canal 13 del Grupo Clarín.

Desde los movimientos del ALBA nos ponemos a disposición de quienes integran la Cooperativa de Trabajo de Tiempo Argentino y decidieron organizarse colectivamente para recuperar su fuente de trabajo.

Firman: Frente Popular Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán -Corriente Nacional-, Pañuelos en Rebeldía, MULCS, Patria Grande, Movimiento Popular La Dignidad, Barricada TV, Resumen Latinoamericano, Seamos Libres, Proyecto Popular, OLP-Simón Bolívar, Marcha Patriótica (Capítulo Argentina), Congreso de los Pueblos (Capítulo Argentina),
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Los periodistas que justificaron la agresión a Tiempo Argentino

Hasta hubo periodistas afines al oficialismo que celebraron el ataque al edificio y sus trabajadores.

  • El destape, 04 de julio 2016
  • RW
  • La salvaje agresión de la patota de Mariano Martínez Rojas al edificio de Tiempo Argentino y sus trabajadores increíblemente tuvo sus defensores. Inclusive, algunos de ellos son periodistas, todos afines a la actual gestión, que recordaron la línea editorial del diario como un argumento que explicaría que un grupo de 20 matones destrocen un diario cooperativo que sobrevivió al abandono de Sergio Szpolski y el supuesto actual titular.
    Desde el ex diario Muy Gabriel Bracesco hasta el columnista de cine de radio Ciudad yNacional Gustavo Noriega, hasta famosos trolls macristas, salieron a mostrar la peor cara.

    Una patota de zurdos y sindicalistas usurpándole un edificio a la patota de un empresario.
    Si se matan entre ellos, mejor.

    Yo ayudaba a verdaderos colegas a exiliarse del país o esconderse de los aparatos de propaganda estatal del que fue parte Tiempo Argentino.

    Los guardias de Auswitchz y los empleados del Ministerio de Propaganda Nazi no tuvieron nada que ver. Lo hacían por la fuente de laburo.

    ¿Qué hizo el aparato de medios de propaganda K cuando NK boicoteaba Crítica? ¿Y cuando mandó al monito a tapar de camiones a Clarín? ¿Ah?

    ¿Y cuando la prensa K se burló sistemáticamente cuando se hizo periodismo de investigación sobre los millones que le florecieron a Báez?

    Hicieron un medio oficialista con fondos públicos de la mano de un empresario mafioso, qué podía salir mal?

    Para mi lo de Tiempo Argentino es una guerra privada entre operadores y services.

    House organ de lo peor de la SIDE pero hay que apoyar.

    Empresarios K asociados a funcionarios K estafan a empleados K en un medio K y mandan a una patota K siguiendo órdenes DE MACRI. Clarísimo.

    Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/07/04/especial-argentina-violento-ataque-contra-el-diario-tiempo-argentino-en-tiempos-del-fascismo-las-patotas-tratan-de-acallar-las-voces-disidentes/

    Imagen: http://www.resumenlatinoamericano.org/wp-content/uploads/2016/07/1325c42c-703d-401c-a099-91af81bc4e7b-620×400.jpg

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Los estudiantes tienen la razón

Centroamérica/Honduras/Artículo/Autor:Armando Cerrato

En ningún periodo de la historia de los movimientos sociales, políticos, culturales y de otra índole en el desarrrollo del quehacer humano las mayorías, usualmente silenciosas, siempre han tenido la razón, aunque para demostrarla y hacerla valer, hayan de revelarse con gran escándalo contra el statu quo.

La razón ha sido, es y será la causa principal de todo cambio que por leve que sea siempre resulta groseramente traumático, pues las minorías dominantes hacen uso de todos los recursos represivos creados inicialmente para garantizar la convivencia social en paz y armonía con seguridad individual y colectiva de los ciudadanos y sus bienes, pero finalmente dedicados al control equilibrante del interés del o los dirigentes.

Usualmente todo el que busca el poder y llega a obtenerlo lo usa indiscriminadamente para conseguir los objetivos que según su propio criterio es lo mejor que puede parir la humanidad para subsistir no importando si su proyección es positiva o no, porque la impone a sangre y fuego.

Pero como toda acción produce una reacción y toda causa produce un efecto, las mayorías usualmente dispersas y aguantadoras, finalmente encuentran un horizonte señalado por uno o más líderes visionarios, futuristas y parados en la realidad concreta, no conformistas y mucho menos tolerantes ante la crueldad desmedida de quienes gobiernan no administrando sino imponiendo unilateralmente normativas alejadas de la realidad nacional al ser vil copia de otras sociedades usualmente más avanzadas.

Las copias de los avances sociales no son malas si las condiciones para aplicarlas están dadas para su asimilación pues el desarrollo obedece a un proceso cuyos parámetros y ejes transversales se basan en normas universales estandarizadas que condicionan el éxito de cualquier intento de cambio entendiendo el mismo como un salto dialéctico hacia delante y no hacia atrás.

Es por ello que el hombre creó el Estado que se define como la nación políticamente organizada lo que le atribuye tres elementos indispensables: territorio, población y gobierno, de los cuales, solo el gobierno es temporal y por lo tanto cambiante en su representación que no es su fin que en todo tiempo y circunstancia debe ser la búsqueda del bien común el cual solo se alcanza si existe consenso social sobre su existencia y necesidad de adquisición y aplicación en nuestro sistema de convivencia.

A medida que el hombre fue construyendo y acumulando el conocimiento, el mismo terminó por rebasarlo, así en la historia, Aristóteles es el último de los seres humanos poseedor de un conocimiento total, luego hubo de diversificarse la administración del mismo y surgieron las especializaciones académicas hasta llegarse en la Edad Media a la fundación de las universidades como centros educativos superiores masificadores y desarrollistas del conocimiento humano como patrimonio universal.

Las universidades llegan a ser comunidades compuestas por autoridades académicas y administrativas, trabajadores docentes y de servicio y la gran masa estudiantil, agregándose los egresados graduados que usualmente se agrupan en colegios profesionales que terminan por ver con indiferencia la vida palpitante del Alma Máter.

Durante siglos los estudiantes se mantuvieron como mayoría silenciosa y obediente de las normas académicas inventadas e impuestas por las autoridades, pero la verticalidad se pierde con la inconformidad estudiantil que da una lucha frontal mundial por la autonomía académico-administrativa universitaria y la paridad estudiantil en los sistemas de gobierno de las instituciones de educación superior.

En 1847 la denominada Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, fundada por el presbítero mercedario, José Trinidad Reyes, se convierte en Universidad Nacional, al frente de la misma su fundador junto a otros intelectuales emprendedores y futuristas de mente abierta.

En 1954 la Universidad obtiene su autonomía pero sigue siendo pública al depender del presupuesto nacional para su subsistencia. La autonomía trajo consigo la organización sindical, la docente y la estudiantil, y con ello la paridad en las decisiones de toda índole, pero también se abrió la puerta para una lucha por el poder en todos los sectores y un cierto libertinaje alentado por los sectores políticos vernáculos que siempre se han cuidado de mantener hegemonía o al menos presencia importante en el quehacer universitario.

Usualmente las autoridades universitarias son reflejo de los grupos políticos en el poder de la nación, por lo que partidos opositores dedican sus esfuerzos a mantenerse vigentes a través de las diversas organizaciones docentes, sindicales y estudiantiles usualmente para utilizarlas como elementos de oposición.

La oposición es la que con sus señalamientos constantes resalta los errores fatales de la administración que se vuelve impositiva en la medida de su penetración política y en defensa de intereses que van más allá de lo académico, tal sucede hoy en la Universidad Nacional Autónoma, donde los estudiantes se han cansado de ser objetos y luchan por ser sujetos del trabajo educativo sin imposiciones de ninguna especie y tienen la razón.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2016/06/29/los-estudiantes-tienen-la-razon/

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Mexico’s Teachers Stand Up Against the Violent Neoliberal Order

América del Norte/México/Junio 2016/Autor: A.S. Dillingham and René González Pizarro / Fuente: Jacobin

ResumenLos maestros en huelga mexicanos están luchando por la justicia en el aula – y contra el orden neoliberal violenta de México.

Ten years ago, as a group of striking teachers slept in their encampment during the early hours of June 14 in the state capital of Oaxaca, Mexico, government forces launched an attack to remove them from the zócalo, or town square. Riot police cleared the plaza while helicopters dropped tear gas from above.

The striking teachers were beaten, arrested, and pushed out of the city center. But not for long; the teachers and their supporters quickly regrouped, fighting back, block by block, and took the plaza back by midday.

The violent repression of striking teachers in 2006, ordered by the state governor, launched a social movement — called the “Oaxaca Commune” by supporters — that grew to encompass much more than the local teachers’ union.

The movement mobilized large swathes of Oaxacan society against the repressive governor. Aggressive federal intervention hobbled the movement, but failed to wipe it out. Today the dissident teachers’ movement is in the streets again, this time in opposition to the federal government’s “education reform” program.

The teacher’s movement is also more widespread than in 2006. Militarized attacks on striking teachers have occurred in Mexico City and throughout the country’s southern states. In the last month, the state of Chiapas has seen pitched battles between teachers and police forces, and the Zapatistas have spoken out in favor of the striking teachers.

Last week the Mexican attorney general’s office arrested two of the leaders of the Oaxacan section of the teachers’ union, Local 22, on corruption charges. Then on June 19, federal and state police attacked protesters in Nochixtlán, Oaxaca, a town on the highway between the state capital and Mexico City, resulting in the death of at least eight protesters.

The blatant attack on outspoken government opponents unleashed a wave of protests in the state capital in response.

It’s become somewhat of a cliché to describe the situation in Mexico as a “crisis.” Indeed, la crisis is frequently satirized in Mexican film and popular culture, with Mexicans unsure when the last crisis ended and the next began.

Yet it’s true that in Mexico has experienced a wave of tragedies since 2006. Over one hundred thousand thousand people have died, over twenty-five thousand have been disappeared, and more than one hundred journalists have been killed in the decade since former president Felipe Calderon declared war on the drug cartels.

Some of the crisis’s numbers are unforgettable. The forty-nine children burned to death in a government-outsourced daycare center without safety protections in the northern state of Sonora in 2009; the seventy-two migrants found in a collective grave in the state of Tamaulipas in 2010; and most recently the 2014 disappearance of forty-three Ayotzinapa Normal School students in the southern state of Guerrero. Tragedy’s numbers are a defining part of daily life and conversation in Mexico.

Enrique Peña Nieto’s election in 2012, coming after years of drug-war-related violence, was seen by many as a possible reprieve, a return to the nostalgic days of the Institutional Revolutionary Party (PRI) rule when governance was at least stable, if not democratic or transparent.

Yet President Peña Nieto’s sexenio (six-year term) has been marked by continued mass violence, corruption, and impunity at seemingly all levels of government. From shady government contracts in Mexico City, to his wife’s extravagant home paid for by dubious means, to the flagrant and repeated government lies over the forty-three missing students, Peña Nieto’s popularity has plummeted.

Recent state-level elections saw the PRI lose power in a number of its former strongholds. Mayors in Mexico are targeted by cartels, in a way that suggests they are siphoning funds directly from the state, in addition to drug and human trafficking.

The multiple captures and escapes of “El Chapo” Guzman, the infamous drug trafficker, lent credence to the popular belief among many Mexicans that the line between the traffickers and the state is blurry, at best.

Peña Nieto’s 2013 education reform plan — the piece of legislation under contention today — is just one component of a broader set of structural reforms pushed through by the president and the PRI.

While other reforms — such as the partial privatization of the state-run oil company, PEMEX, and corporate tax reform — have been relatively successful (on their own terms), the education initiative has proven the most difficult to implement, sparking opposition by not only the dissident section of the teachers’ union, the Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), but also broader sectors of the national teachers’ union, the Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

This opposition and the militarized approach of the government employed to implement the reforms, with thousands of federal police securing teacher testing sites, has led the international press, much of which until recently was supportive of Peña Nieto, to declare him a failure.

The education reform is better understood as an attack on labor. Much like the discourse of recent education reform movements in the United States, the Mexican reformers invoke notions of “accountability” and “quality” instruction.

But the reform itself contains numerous measures aimed at undermining the power of teachers’ unions including measures that weaken the union’s control of the hiring process at normal schools (which they historically controlled), eliminate teachers’ ability to pass down a position to their children, make it easier to fire teachers who miss work, and limit the number of union positions paid by the state.

These measures are all directly aimed at undermining the union’s power, but the central point of contention has been the evaluation of teachers through state-administered standardized tests.

At the end of last year, teachers across Mexico sat down for new nationwide teacher evaluations. In Oaxaca, the scene outside the testing site resembled a military exercise.

Ten thousand federal police were deployed to facilitate the administration of the evaluations, reflecting both the federal government’s desire to see their reform implemented as well as the widespread opposition to the new law.

Oaxaca is home to one of the most outspoken union locals in Mexico, Local 22, a member of the dissident CNTE movement — a movement that emerged in the late 1970s in opposition to the authoritarian, PRI-aligned SNTE.

In the 1970s and 1980s, the CNTE struggled against entrenched PRI control of union locals, with newly minted indigenous teachers playing a key role in southern states such as Oaxaca and Chiapas. The CNTE has remained a powerful force and controls, in addition to Local 22, sections of union locals in Michoacán, Guerrero, Chiapas, and the Federal District (Mexico City).

Given Local 22’s historic militancy, the state’s response was not surprising. Yet similar scenes of police coercion played out across the country, alongside a massive media campaign denouncing the dissident teachers’ union as self-interested and corrupt.

Historian A. S. Dillingham sat down with René González Pizarro, a Oaxacan teacher and member of Local 22, as well as a former delegate to its assembly, to discuss the nature of the reforms, the government’s strategy, and the history and culture of Local 22.

Can you first tell us a little about your own experience as a teacher? Why did you choose the teaching profession?

My professional training was originally in graphic design, but I’ve been immersed in the education world ever since I can remember. Actually, as a baby I was part of the teachers’ demonstrations of the 1980s and I remember that as a six- or seven-year-old I’d chant along with the slogans of the teachers.

After eight years teaching in private schools, I entered Local 22 thanks to my father. One of the benefits of the union members (eliminated by the recent reform) was the ability to inherit the position of one’s parents upon their retirement, as long as one had initiated their teacher training.

My father was in the indigenous education system, so I started there, with lowest category of promotor bilingüe or bilingual promoter. These positions were created in the 1970s and it is the category I continue to hold.

I started work in an indigenous boarding school in Coixtlahuaca, a rural, mountainous region in the western half of the state.

Let’s begin with the June 19 attacks on the teachers’ blockade in Nochixtán.

The federal and state police’s recent violence merely demonstrates the total obstinacy and refusal to negotiate on the government’s part. The teachers’ movement and much of the public generally have spoken out against the structural reforms, not just the against the education program.

On Sunday, the federal police first denied their use of live ammunition against demonstrators. Then later, after the confirmation of the first two dead, the secretary of government claimed it wasn’t police who fired, and said the photographs of police firing assault rifles were from another date and time.

But the media reaction was quick and the Associated Press confirmed the photographs of police firing on crowds were indeed from that Sunday and not manipulated.

Finally, at a press conference late that afternoon, the police admitted to their use of live ammunition.

The key from the government’s point of view has been the implementation of last year’s teacher evaluations. More than ten thousand federal police arrived in Oaxaca to facilitate the new evaluations.

The state government and Ministry of Education claimed it was a success. How do you view what took place with the evaluations?

The new state education ministry (IEEPO), which was legally reconstituted during the summer of 2015 to weaken the union’s control, has been trying to legitimize itself since its restructuring last July.

They’ve begun a series of actions, particularly on social media, to try to show that the Oaxacan teachers wanted to get rid of the “yoke” of the union.

On social media they have bombarded Oaxacans with messages like, “The new IEEPO is better, nothing remains in the union’s hands, now union coercion is no longer needed to access labor rights, the evaluation isn’t meant to take peoples’ jobs, now children will have all their classes.”

But the message is funny, if not ironic, in the face of the deployment of federal forces, not just in Oaxaca but in other states where the CNTE hasn’t had much presence.

Two or three years ago, before the reforms began in earnest, many non-CNTE teachers in the rest of the country viewed the evaluations as a good thing. (Actually some Oaxacan teachers did, as well.)

But with the full implementation of the reform there has been an upturn in the scale of opposition to it. Even in places where one hasn’t seen teacher protests before, one sees them now; the state of Jalisco and the state of Mexico are clear examples of this.

You mentioned the “new IEEPO” and what took place last July when the state government legally abolished — with the support of the federal police — the previous education ministry, in order to facilitate President Peña Nieto’s reforms.

How do you view that action? Does this constitute a death blow to Local 22’s power?

The government’s actions last July were a major blow to Local 22. But they weren’t a death blow. It wasn’t enough to merely freeze the union’s bank accounts, prosecute them financially, invent connections to organized crime, or try to do something from the financial side.

Nor has it been sufficient to detain the leaders. Actually, the detainment of four leaders and recently three members of Local 22’s executive committee sparked more desire to resist within the union.

Now the new state education ministry, supported by the reforms and federal education authorities, says that there will be no more marches and no missed class days. Three absences will mean the loss of one’s job, one absence will mean your pay would be docked.

The same happened with the federal ministry, after the first three days of the strike that began on May 15, 2016 the federal education ministry announced the firing of over four thousand teachers in Oaxaca, Michoacán, Guerrero, and Chiapas.

Do the authorities have the power to do that? To fire the teachers? That seems to be something new, given the union’s previous control over hiring.

According to the new reforms, yes they do have the power. The IEEPO asked the teachers to either go to class or have a day of pay deducted, because that is what the new law stipulates. Many teachers took to the streets. Some, out of fear or because they didn’t want their pay to be docked, stayed in the classrooms. Yet the threat of firing hasn’t stopped collective action. In fact, since May 15, the start of the strike, the movement has only grown.

The reform has allowed the state authorities to change how the IEEPO functions, right?

The new IEEPO is a mess. Within the actual office building, they have no idea what they are doing and they dismantled the apparatus, which, even if it was overly bureaucratic, knew how to function.

That is why they have turned to their massive publicity and social media campaigns, to improve the image of the new IEEPO.

In your opinion, what is the worst part of the education reforms?

That it’s not about education. That is the part that bothers me the most. From reading Peña Nieto’s reforms, the laws, and the auxiliary laws, it isn’t at all clear — and I’m not the only one that says this — that it’s about education reform.

It’s about yet another neoliberal government attack on trade unions that demonstrate any type of opposition. When one looks at the structural reforms in this country (and globally) one notices these reforms are directed at eliminating trade unions.

The strong unions have either been co-opted or eliminated. This happened in Mexico first with the railway workers, then the telecommunications workers’ union, the Luz y Fuerza union, the Federal Electricity Commission, and PEMEX. All that’s left are the teachers and public health workers.

With each reform, there is a direct attack on trade unions or civil society organizations.

You mentioned that you attended teachers’ marches as a baby with your parents. Not just in Oaxaca, but also in many other states, the democratic teachers’ movement emerged around that time. Local 22 and the CNTE nationally have their origins in that period. Is that history important for those in the movement today?

Yes. That generation from the 1980s just retired a few years ago (my father is one of them) and now there is a whole new generation of teachers. I know the history of that struggle because I lived through it but I’m not sure other comrades do because even those whose parents were also teachers in the 1980s don’t always seem very interested today.

There are two factors that might explain this dynamic. One is the distance that has developed recently between the union leadership and its bases, and the other is social pressure, particularly in the media, that casts the union in a negative light.

So the new comrades are often not interested in, nor committed to, the idea of struggle, either because they don’t feel represented by their leadership — because of corruption or poor management of the union — or because the media accuse the movement of being lazy and something bad for the country.

Yes, and many teachers say the relationship between the union leadership and the rank-and-file has changed dramatically since the 1980s.

Among the comrades that do participate, one major difference between today and the 1980s is the mandatory participation in union activities.

Today (although the state education ministry says the restructuring has taken this power away from the union), los puntos sindicales, the union point system, determines whether teachers can change their job category, school, or school zone, move between levels, and it also determines benefits, such as union-sponsored personal loans.

How do you see the Oaxacan struggle relating to the national context in Mexico? After Ayotzinapa, and the struggle for the missing forty-three students, have things changed in Oaxaca?

Unfortunately, Local 22 didn’t immediately join the movement for the missing forty-three students. The lack of solidarity among resistance and left movements in Oaxaca and Mexico generally is symptomatic.

After 2006, it has been virtually impossible to organize and unite the Left in Oaxaca. Many of us teachers have watched and followed the Ayotzinapa issue, and we are part of that movement, but not formally as Local 22.

It was only during the one-year anniversary of the disappearances that Local 22 made official statements of solidarity. I remember the first national teachers’ action in Mexico City after the disappearances; there was nothing in the official accords or assembly demands about Ayotzinapa.

The march was full of signs and banners addressing what had happened but it wasn’t even discussed, let alone made an official demand, by the organized union movement.

And why do you think the union leaders haven’t focused on supporting Ayotizinapa?

I’m not sure. Since I joined the union I’ve noticed a lack of interest in other movements and a basic lack of solidarity.

And that dynamic, of not taking up demands of other movements, contributes to the notion that the union is only concerned about its own interests. You can’t ask for support if you’re not supporting other struggles.

Exactly.

This brings me to a longstanding frustration with the reporting on teachers’ struggles in Mexico that leaves out important conflicts and problems within the union. As Benjamin Smith points out, there are problems within the dissident union movement itself, like the ability of teachers to pass their job on to their children, corrupt internal arbitration practices, and pay scales that benefit the union hierarchy.

What we shouldn’t lose sight of is that, even with the problems within the CNTE leadership, we cannot blame teachers themselves entirely for the education situation in Oaxaca or Mexico.

And there are real fights within Local 22 for internal union reform and alternative education reform. For example, Local 22 has developed a counter-proposal to the government’s so-called reform over the last few years.

Our counter-proposal is an effort from the union and the base-level membership, organized around two important points. First, it proposes a curriculum based in the local culture and context of Oaxaca, which is diverse, indigenous, and multicultural. Secondly, it is based in the theories of critical pedagogy.

Of the most important changes it proposes, in my view, regards the system of teacher evaluation. The union’s proposal eliminates standardized testing (there will be exams but the use of standardized exams will be abolished) to evaluate either students or teachers. It focuses entirely on the qualitative aspect of education.

I served as advisor for a process in which indigenous teachers from all over the state of Oaxaca discussed and debated methods of evaluation that fit indigenous education and what we aim to accomplish as indigenous teachers.

With the imposition of the new law, our proposal has lost steam. Now there is no openness on the part of the government or education authorities to even listen to our proposals.

In terms of the crisis of participation and distancing between the base and the leadership within Local 22, that is something far too complex to be solved with one or two actions but I would venture two reforms that, to me, would be fundamental in shifting toward a more democratic and militant unionism.

Within the union, one important change would be to eliminate the mechanisms of coerced participation. The teachers’ movement of the 1980s had a genuine interest from the bases in fighting against union corruption and in favor of the people and their right to a public and quality education.

Teachers participated with conviction. They slept on sidewalks waiting for the results of the state union assembly and valued the actions decided there.

Over time, that same leadership promoted a system of coerced participation, in which, through the point system, gave benefits or transfers, even salary raises, to those with the highest points.

This has meant that in the last few years union activities continued to have large levels of participation but not necessarily due to political conviction.

The other important change would be for us teachers to regain the parents and general public as allies in our struggle. In many communities the teachers left to participate in union actions without explaining to the parents why they did so or convincing them of the importance of their activities.

In the recent struggles it’s encouraging that more parents seem to be upset about how the reform will affect public education and are joining us in the streets.

It’s important that the school becomes once again part of the community and that the community itself becomes part of the education system.

For example, since June 19 of this year many NGOS, be it local, national, or international, have shown their solidarity with the movement and rejected the government’s use of police repression.

As I mentioned, the support of the communities and parents’ groups is decisive to reinvigorating the movement and one has begun to see that in the recent highway blockades, maintained for many days by parents and community members.

That popular participation is what held back the federal police across the state. The state violence over the weekend has only released a bigger wave of support from local communities.

What you raised at the beginning, that one cannot isolate the teachers from the broader social context in Mexico, seems crucial. Even the OECD, whose statistics are trotted out frequently to describe the poor quality of education in Mexico, notes the statistical correlation between poverty and education outcomes in southern Mexico.

The notion that poorly administered teacher evaluations will solve this problem is laughable and that teachers are primarily to blame for poor education conditions in their communities absurd.

Precisely. One has to keep in mind the structural poverty in this country.

The education reform doesn’t address the physical conditions of public schools, classroom technology, continuous teacher training, nor the distinct pedagogies that might fit particular regional contexts throughout the country. For me poverty is the principle problem affecting the education system.

Fuente de la noticia: http://readersupportednews.org/news-section2/318-66/37639-mexicos-teachers-stand-up-against-the-violent-neoliberal-order

Fuente de la imagen: http://readersupportednews.org/images/stories/article_imgs21/021588-oacaca-062416.jpg

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A ESTA HORA: Renuncia secretario de Asuntos Indígenas en Oaxaca

México/ Oaxaca/20 de Junio de 2016/TelesurTv

“No puede formar parte de un gobierno que usa la fuerza pública y la represión como salida”, manifestó Adelfo Regino Montes.

Adelfo Regino Montes presentó su renuncia tras la represión de las fuerzas policiales contra los profesores de esa ciudad

El secretario de Asuntos Indígenas en Oaxaca (México), Adelfo Regino Montes, renunció este lunes a su cargo en señal de protesta por la represión de la fuerza pública en contra de los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y de los padres de familia en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y en la ciudad de Oaxaca.

Regino Montes lamentó los hechos del domingo y los calificó como “indignante” y recordó que en 2010 Oaxaca eligió a Gabino Cué como gobernador, quien aseguró que nunca más habría represión contra el pueblo,  pero “lamentablemente esto ocurrió este fin de semana”.

Agregó que “no puede formar parte de un gobierno que usa la fuerza pública y la represión como salida, en lugar de apostar al diálogo”.

Hasta ahora suman 8 muertos, 22 desaparecidos y decenas de heridos, luego del brutal desalojo de maestros en el sureño estado mexicano de Oaxaca por parte de la policía.

Los datos fueron suministrados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y han circulado por las redes sociales junto a la lista de heridos.

El Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, reconoció la noche del domingo que elementos de su corporación sí estaban armados durante el brutal desalojo de maestros en Oaxaca.

Minuto a Minuto: Muertos por represión policial en Oaxaca

La CNTE tiene unos 200 mil afiliados en México, 80 mil de ellos en Oaxaca, y es uno de los gremios latinoamericanos que durante años ha mantenido su lucha por mejores reivindicaciones y beneficios sociales.

Organizaciones sociales, académicos e intelectuales de México y otros 14 países instaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto a no reprimir más las manifestaciones del sindicato magisterial y que, en lugar de ello, se siente con el grupo que exige «justas demandas» y busque soluciones apropiadas.

Fuente: http://www.telesurtv.net/news/Renuncia-secretario-de-Asuntos-Indigenas-en-Oaxaca—20160620-0035.html

 

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