Por: Juan Antonio Guerrero Orrostieta*
En la pasada entrega establecimos que éste instrumento que está siendo utilizado por las diferentes instancias de Gobierno es – como lo ha sido en otras ocasiones – ilegal, ya que ninguna ley expresa de manera explícita que las y los docentes tienen que presentar esta información.
Podemos identificar que si bien (en el magisterio), se devenga un salario que se desprende de recursos públicos, no se administran dineros del erario propiamente – en la mayoría de los casos -; se entiende que se busca poner a las y los trabajadores de la educación al nivel de una o un funcionario que recibe, administra y/o dispersa partidas presupuestales para obra, gasto corriente, infraestructura, pago de servicios o cualquier desembolso que se nos pueda ocurrir en algún espacio institucional, gubernamental o de administración pública centralizada o descentralizada, situación totalmente incoherente.
Ante los altos niveles de corrupción que existen en la administración pública, este tipo de “estrategías” que buscan prevenir e identificar los actos que puedan constituir un delito son importantes, siempre y cuando sean utilizados de manera adecuada, dirigidos a quienes manejan los dineros provenientes de nuestros impuestos, sobre todo gestores de las cuentas públicas.
La información que se solicita en la Declaración Patrimonial y de Intereses, se habrá de transparentar – según establecen las leyes de acceso a la información – y, cualquier persona, tendrá acceso a la misma, por lo cual representa un serio riesgo para quienes estén obligados a presentar datos detallados acerca de sus ingresos, posesiones, bienes, créditos e incluso, joyas y animales de compañía, de cónyuges y dependientes económicos, ésto en el contexto de altos índices delictivos que se vive en la actualidad en el país, por lo cual, se deben generar una serie de medidas de seguridad que garanticen la salvaguarda de información personal (para quienes están obligados y obligadas a presentarla por la naturaleza de sus funciones).
Ahora, pone en la mira otro serio riesgo para la seguridad, como ya es de mala costumbre, en cuanto a que las bases de datos puedan ser “otorgadas” a entidades privadas externas por parte de los Gobiernos o funcionarios (municipal, estatal o federal), ya sea a cambio de algún favor político o simplemente al recibir alguna contraprestación económica, caso plenamente comprobado y que sucede con la Banca Privada en México, ya que cuentan con toda nuestra información como dirección, teléfono, celular, correo electrónico y seguramente, la carátula de nuestra credencial del IFE o INE, referencias que en teoría, solo este organismo descentralizado debería tener. Otro ejemplo es el caso de las encuestadoras que miden las preferencias electorales antes o durante algún proceso, empresas como Parametria, Mitofsky y muchas otras, ya cuentan con la información de los votantes, sus datos personales, teléfonos y el distrito en que se encuentran, antecedentes que simple y llanamente tienen en su poder gracias a la facilidad con la que es obtenida nuestra información personal.
Otro elemento que puede ser tomado en cuenta es que en el caso del Magisterio, la Declaración Patrimonial y de Intereses es una especie de complemento a la Declaración Anual de Impuestos, en la lógica de esta administración, lo que busca es verificar que la recaudación fiscal que se está haciendo a las y los trabajadores del Sistema Educativo es la correcta – desde su perspectiva -, buscando obtener de manera ilegítima, información que les pueda engrosar las arcas públicas a través de los impuestos que puedan estar pasando por alto al desconocer en su totalidad las posesiones de las y los asalariados.
Por último, debería ser prioridad del Gobierno recabar información acerca de las necesidades que se tienen en los distintos espacios formativos, desde la falta de una correcta infraestructura, materiales e insumos hasta las carencias que tiene no solo el personal que labora en las escuelas, también las y los alumnos y sus familias que no cuentan con lo necesario para hacerle frente a la ardua labor de aprender en el contexto de pandemia que se vive en la actualidad.
- Juan Antonio Guerrero OrrostietaMilitante Activo de la Sección XVIII de la CNTEMichoacán
Fuente de la informaciò: Insurgencia Magisterial
Fotografía: Profelandia.com
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