SEP

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Libros de texto exprés y sin pago a creadores visuales

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Tal parece que la “austeridad republicana” ha traído consecuencias nada gratas en diversos órdenes de gobierno. Y es que mire usted, plantear de buenas a primeras que los creadores visuales participen en el rediseño de los libros de texto gratuitos (LTG) que se distribuirán en las escuelas del país en este año sin que exista una remuneración por el trabajo realizado, es una de las tantas ocurrencias que caracterizan a este gobierno. Me explico.  

Hace unos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) y la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), lanzaron una convocatoria para rediseñar los LTG de primaria con la idea de convertirlos en una pieza clave para la solidaridad y la integración de un país desde una visión humanista; para ello, convocó a diversos actores educativos y no educativos, entre los que destacan docentes normalistas, investigadores de universidades, maestros y maestras, cronistas, entre otros, para que, con base en una capacitación sobre la Nueva Escuela Mexicana, el diseño de Planes y Programas, las categorías pedagógicas y las variables que deben de abordar en el diseño de los materiales didácticos, se tengan listos 18 nuevos libros de 30 el próximo 31 de mayo de 2021; esto, con la intención de que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) los imprima y que los niños los reciban en agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2021-2022.  

Tal convocatoria no es algo nuevo puesto que, en sexenios pasados, se convocaba a diversos especialistas para que, de manera conjunta con la SEP, se rediseñaran dichos textos. Lo nuevo aquí es que, en esta ocasión, se abre la posibilidad de que participen maestros y maestras de todo el país, asunto que podría ser harto favorable de no ser porque participar en diseño curricular no es una tarea sencilla, requiere de amplios conocimientos especializados en diseño curricular, didáctica de la asignatura o didáctica docente, así como también, expertos en ciertas disciplinas, en pedagogía y otros.  

¿Es suficiente una capacitación de unas cuantas horas para el rediseño de los LTG sobre algo que poco se conoce como lo es la Nueva Escuela Mexicana?, ¿son suficientes 56 días para que diversos “equipos de trabajo” cumplan con una tarea nada sencilla como la que demanda este rediseño? Ojo, no estoy diciendo que los profesores y profesoras participantes no tengan el conocimiento que se requiere para esta tarea, lo que estoy diciendo es que se va a trabajar sobre algo que poco se conoce, por ejemplo: ¿cuál es el plan de estudios que se está tomando como base para el rediseño de los LTG si el plan de estudios de la “Nueva Escuela Mexicana” ni siquiera se ha publicado?, ¿será que la SEP ya tenga listo este plan, pero aún no lo difunde entre el magisterio? En este sentido, una cosa es lo que dicta el Artículo 3º Constitucional y sus leyes secundarias, y otra, muy diferente, contar con un nuevo plan de estudios o, como diría aquel, con un nuevo modelo educativo.  

¿Quién asumirá los “costos” educativos por el trabajo realizado sin el debido fundamento?, ¿los maestros y maestras? Es más, me gustaría saber: ¿cuáles fueron los resultados de la evaluación curricular que orientaron la toma de decisiones para el rediseño de estos textos?, ¿es suficiente que un funcionario, como lo es Max Arriaga Navarro, haya afirmado que los LTG han perdido vida convirtiéndose un material oscuro para que se considere dicho rediseño?, ¿acaso no se acuerden que durante el peñanietismo se imprimieron cientos de LTG con una mano de seis dedos y que, en su momento, se criticó hasta el hartazgo? 

Ahora bien, por lo que respecta a cierta remuneración que puedan recibir los participantes en esta primera convocatoria, se entiende que es eso, una convocatoria mediante la cual el que decida participar, puede hacerlo; de hecho, no tendría por qué existir una remuneración porque es una decisión voluntaria y la autoridad educativa pudo convocar a cierto grupo de profesores a través de una comisión para tal efecto. Muchos docentes han participado en otros procesos y, desde luego, se agradece la emisión de una constancia; esto no es nuevo.  

Lo nuevo en este proceso es la siguiente convocatoria, la que fue dirigida a los creadores visuales, porque en ella se estipula que cada participante en el proceso de rediseño de los LTG, recibirá únicamente una constancia por sus materiales visuales, con valor curricular por parte de la DGME, así como un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración y su crédito y, por ello, el creador visual tendría que ceder sus derechos patrimoniales de las obras desarrolladas a la SEP. Sí, así como lo leyó usted: ceder sus derechos.  

Y bueno, como era de esperarse esto no cayó del todo bien en diversos artistas visuales, artesanos en general, artistas urbanos, ilustradores, pintores, diseñadores gráficos, escultores, dibujantes, entre otros. De hecho, hace unos días, el movimiento “No Vivimos del Aplauso”, integrado por una cantidad de artistas y creadores, dieron a conocer una carta dirigida a la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, y al Director General de Materiales Educativos, Max Arriaga, en la que expresaron su descontento y rechazo a tal convocatoria. Su argumento tuvo como sustento que, al ser una instancia como lo es el Estado para convocar a ciertos creadores visuales a participar en este rediseño, tendría que existir una remuneración de por medio; y es correcto.  

Ciertamente habrá quien me pueda decir que es una convocatoria y que quién decida participar puede hacerlo; es más, con seguridad me podrán decir que los maestros no recibirían remuneración alguna por participar en este proceso, tal y como lo he comentado y que, por tal razón, no tendría por qué pagarles a los creadores visuales; y puede ser cierto. No obstante, a diferencia de los profesores que pueden ser comisionados para este trabajo, los creadores, a través de sus obras, cuentan con derechos patrimoniales que son propios de los trabajos que éstos desarrollan. En consecuencia, ¿tendrían los maestros que exigir sus derechos patrimoniales por la participación en este rediseño?, ¿no acaso una actividad intelectual para la que fueron convocados requiere de este reconocimiento y/o remuneración?, ¿qué dice la ley con relación a las formas de contratación de los profesores?, ¿qué dice la ley con relación a quien realiza un trabajo artístico por su propia cuenta? Obviamente hay una diferencia importante y, desde luego, la DGME y la SEP, cometieron un error más al pretender hacer las cosas con base en esa austeridad republicana y sin el conocimiento pleno de lo que significan ambas formas de participación.  

Muchas veces en las redes sociales circulan diversos mensajes relacionados con el que no se debe “regatear” el trabajo que artesanos ofrecen en las calles, en los pueblos, en las ciudades, porque, curiosamente, cuando alguien compra en un centro comercial o en alguno de los locales donde se vende ropa de marca reconocida a nivel mundial no se “regatea”, simplemente se compra; ¿por qué no tendría que remunerarse el trabajo de estos creadores visuales?, ¿acaso no sus obras les permiten obtener un recurso que les permita llevar un sustento a casa?, ¿acaso los profesores no reciben su salario quincenalmente? 

Muchos crecimos con LTG que, hasta la fecha, los tenemos en mente por las ilustraciones que en éstos aparecen dado el contenido que se abordó en Español, Matemáticas, Historia, entre otros. Tenerlos presente, independientemente del momento en que los hayamos trabajado con nuestros maestros, es un claro indicador de que, a través de estas imágenes, tuvimos o adquirimos un aprendizaje, cualesquiera que éste haya sido. 

Desde mi perspectiva las ilustraciones deben pagarse. 

Con negritas: 

Bien podría el titular de la DGME acercarse a la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM); ahí, por varios años, se ha trabajado un programa: “leer para la vida” que, dicho sea de paso, ha colaborado para que los estudiantes y maestros de las escuelas normales se acerquen a la lectura y a diversas obras que han publicado cientos de escritores. Esto lo digo porque tal acercamiento, le permitiría comprender que una obra es producto del intelecto humano y porque, dadas las recientes y desafortunadas palabras del Director, Max Arriaga, en cuanto a que las mujeres no leen y por ello no desarrollan un pensamiento crítico, tal parece que el que requiere leer y empaparse de la cultura es él y no las mujeres. Sin duda. 

Referencias: 

Crowley, C. (2021). Rediseño de libros de texto… exprés. Muxed. Recuperado de:https://www.muxed.mx/post/redise%C3%B1o-de-libros-de-texto-expr%C3%A9s?fbclid=IwAR3CXaI2OO8dVjrvypOBqdtY8Dp7anLmZu8W9ARGA4JFZuypOdpkltiCj1g 

Quintanilla, S. e Ixba, E. (2011). “Martín Luis Guzmán y los primeros libros de texto gratuito”, en La educación pública: patrimonio social de México. 

Roldán, N. (2021). Con el presupuesto más bajo en 8 años para libros, la SEP pide a ilustradores trabajar sin pago. Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2021/03/libros-sep-ilustradores-trabajar-sin-pago/ 

SEP. (2021). Convocatoria para el rediseño de los libros de texto gratuitos de primaria 2021. Recuperado de: https://libros.conaliteg.gob.mx/Convocatoria_2021.pdf 

SEP. (2021). Convocatoria a creadores visuales para el rediseño de los libros de texto gratuitos de educación primaria ciclo escolar 2021-2022. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/18UQkhq4cBcBG8M_kpPh71OrXxCZ7-JJm/view 

Fuente e imagen: https://profelandia.com/libros-de-texto-expres-y-sin-pago-a-creadores-visuales/

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La nueva Crisis Educativa en México

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

México en una nueva “crisis educativa”

La declaratoria, tácita, de que hoy México se encuentra empantanado en una nueva “crisis educativa”, junto con las crisis sanitaria y económica, tiene su primera referencia oficial en la encuesta recientemente publicada por el INEGI (2021), sobre los efectos o el impacto de la pandemia en la educación (1).

Llama la atención que esta declaratoria no provenga, lamentablemente, de las instituciones nacionales responsables de la conducción de las políticas nacionales en la materia: la SEP y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu), esta última creada en el marco de la reforma constitucional de 2019. Todo lo contrario, pues la SEP de Esteban Moctezuma se condujo siempre con cuentas alegres.

Aunque ya había advertido en algunos de mis textos, a finales de 2020 y durante lo que va de 2021, sobre la configuración de una crisis educativa en nuestro país, considero oportuno entrar a la caracterización de esa “crisis educativa” ¿Cómo surge? ¿Quiénes son responsables de su estallamiento? ¿Cuánto durará? ¿Cómo se podrían evaluar sus etapas de inicio, desarrollo o auge y decadencia? ¿De qué manera superarla?

Ciertamente, en toda crisis hay contradicciones, situaciones de emergencia, cambios radicales en contra, confrontaciones de ideas, ambigüedad y carencias de diferentes calibres, trátese del ámbito de la salud, de la política, la economía o la educación, entre otros sectores claves de la vida pública y social de una nación.

Pero cuando hablamos o nos referimos a una crisis, preferentemente nos encontramos ante el umbral de un proceso de agotamiento de un modelo, un paradigma o un núcleo discursivo para generar alternativas o nuevos derroteros.

Como dirían los clásicos (Bertolt Brecht entre ellos) una crisis es como una transición entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer.

Según los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid 19 en la Educación, (Ecovid-Ed 2020), de la población y porcentaje de población de 3 a 29 años de edad inscrita en el ciclo escolar 2019–2020 (antes de la pandemia), para grupos de edad, destaca el 3.6 por ciento que representan las y los estudiantes de 3 años de edad matriculados en el sistema educativo mexicano. Ese porcentaje se registra sobre el total de estudiantes inscritos durante el ciclo 2019-2020, de 3 a 29 años de edad, es decir, de 33.6 millones de personas inscritas.

Sobre ese mismo universo, el bloque de estudiantes entre los 4 y los 5 años de edad, representa el 64.4%, que se encontraban inscritos en el sistema. En pocas palabras, estos datos revelan el incumplimiento, establecido en la ley, de la universalidad de la educación preescolar en México.

Situación similar, de incumplimiento, se registra en la población de estudiantes inscritos, antes de la pandemia, entre los 16 a 18 años (75.5% matriculados o afiliados en educación media superior) y en el grupo de edad de 19 a 24 años (38.4% matriculados en educación superior, aunque ésta no es obligatoria), del universo de estudiantes entre los 3 a los 29 años de edad. En estos grupos, sin embargo, hay un ligero avance en cobertura, si lo comparamos con los datos registrados durante el ciclo escolar 2009-2010.

Estadísticas de estudiantes que tienen dispositivos electrónicos

Acerca del porcentaje de la población de 3 a 29 años inscritos en el ciclo escolar 2019–2020, según los principales aparatos o dispositivos electrónicos usados para sus actividades escolares o clases a distancia, INEGI encontró que 67.5% de los estudiantes usa teléfono inteligente; 18.2% computadora portátil (laptop); 7.2% computadora de escritorio o PC; 5.3% TV digital y 3.6% tablet. Datos que, en gran medida, dan cuenta de la inequidad y la precariedad en el acceso al equipamiento y la conectividad utilizados cotidianamente por la población estudiantil en México.

Con respecto al uso de dichos equipos por nivel de escolaridad, cabe destacar que el 72% de estudiantes de Primaria y el 71% de estudiantes de Secundaria, utilizan el teléfono inteligente para conectarse a clases o a asesorías mediadas por las nuevas tecnologías.

Del total de los 2.3 millones de no inscritos por COVID-19 en el actual ciclo escolar 2020-2021: 615 mil personas mencionaron que eso se debió porque las clases son poco funcionales; 584 mil porque alguno de los padres se quedaron sin empleo, y 581 mil por carecer de computadora u otros dispositivos.

Tanto en los análisis cualitativos como cuantitativos, una cosa son los datos y otra, diferente, es la interpretación que se hace de los mismos. De hecho, y no es cosa menor, en el reporte de los resultados de la encuesta, el INEGI no menciona la palabra “crisis”.

Al respecto, tiene razón Pedro Flores Crespo cuando afirma que la crisis educativa tiene rasgos específicos y se torna en un reto social: “…más allá del número o de las proporciones está el razonamiento humano… Si ya había evidencia —gracias a la investigación educativa— de que la vida escolar podía aburrir por ser poco pertinente para los sujetos, imagínense estar todo el tiempo en casa y sentados frente a una pantalla. La mala pedagogía también genera exclusión y para esto no sirve ni el dinero repartido en becas ni el otorgado a las empresas de medios.” (2)

738 mil estudiantes no concluyeron el ciclo escolar pasado

“Tristemente, un poco más de 738 mil estudiantes no concluyeron el ciclo escolar pasado y de éstos, 435 mil (59%) declararon un motivo relacionado con Covid. Según INEGI, 29 por ciento de éstos perdió contacto con sus maestros o no pudo hacer las tareas. ¿Quién asumirá la responsabilidad de esto? ¿Debe el Estado asumir la acreditación de todos los excluidos del Sistema Educativo Nacional?”, señaló Flores Crespo en una columna publicada esta semana.

Acerca de lo anterior, INEGI reportó que: “Adicional a los 435 mil alumnas y alumnos que no concluyeron el ciclo escolar pasado por COVID-19: 66 mil no concluyó por falta de recursos y 49 mil no concluyó porque tenía que trabajar.”

Esos datos, proporcionados por un organismo público, autónomo, (el INEGI), ofrecen un panorama general sobre las dificultades que ha enfrentado el sistema educativo mexicano ante la crisis de salubridad (generada por la pandemia de la Covid durante el año 2020-2021), misma que se relaciona, a su vez, con las dificultades económicas (sobre todo la pérdida de empleos y el cierre de miles de negocios medianos y pequeños).

Es necesario señalar, así mismo, que el sistema educativo no es un concepto abstracto, sino que está compuesto de personas que se organizan en instituciones, en las cuales y sobre las cuales se construyen y establecen marcos legislativos, reglas, procedimientos, infraestructuras, financiamientos y programas, etc. En ese contexto, las autoridades federales y estatales (Poderes Ejecutivos) son las responsables de la adecuada conducción del sistema educativo del país.

Por ello, la crisis educativa que vivimos en este 2021 y años próximos, al analizar sus causas y efectos, tiene que ver, con las decisiones que toman las y los funcionarios públicos del más alto nivel de este sector.

Y aunque es de tal modo complejo el “sistema” educativo (como lo son otros sectores de la vida pública nacional), los gobernantes habrán de trabajar para producir los equilibrios, las concertaciones y los consensos necesarios o suficientes con los diferentes actores involucrados, esto con el propósito de cumplir con lo establecido en el programa rector nacional (en este caso, el Programa Sectorial de Educación 2018-2024).

Como se puede observar, tales equilibrios, concertaciones y consensos, en la práctica y en la marcha adecuada de las instituciones educativas en México, cuelga de un alfiler. Por el momento, los datos oficiales así lo demuestran. La crisis educativa en México es un hecho, no un pronóstico.

Las preguntas están sobre la mesa: ¿Cuánto durará esta nueva crisis? ¿Cómo y quién evaluará sus etapas de inicio, auge y decadencia? ¿Cuáles serán sus efectos a mediano y largo plazos en las nuevas generaciones de niñas, niños, jóvenes y adultos? ¿De qué manera, como nación, podremos confrontarla? ¿Con qué capacidades humanas, técnicas y financieras contamos para contrarrestarla? ¿Hay voluntad política para hacerle frente o, una vez más, se transitará por el camino de la simulación?

Fuentes consultadas:

(1) https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf

(2) Pedro Flores Crespo. Crisis educativa: Un reto social. El Universal Querétaro, 29 de marzo, 2021.

Publicado en SDPnoticias

Fuente: https://profelandia.com/la-nueva-crisis-educativa-en-mexico/

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México: “Amañada y añeja”, intención de la SEP de pagar con constancias a ilustradores: No Vivimos del Aplauso

Noticias
Redacción de: desinformemonos.org

El movimiento No Vivimos del Aplauso calificó de “amañada y añeja” la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de “pagar” con constancias el trabajo de aristas e ilustradores para rediseñar los libros de texto gratuito, pues aseguró que “es una falta de respeto pedir trabajo y querer pagar con ‘así te das a conocer’”.

Puede ser una ilustración de una o varias personas y texto que dice
Arte: Adriana Ilustrada

El pronunciamiento de No Vivimos del Aplauso se dio a conocer luego de que la SEP publicara una convocatoria dirigida a todos los ilustradores, diseñadores gráficos, infógrafos y otros artistas visuales a participar en el acompañamiento gráfico de los libros de texto gratuito de Español, Ciencias Naturales, Geografía e Historia de tercero a sexto grado de primaria.

Puede ser una ilustración de una o varias personas y texto que dice
Arte: Uribe Carv

Frente a la convocatoria, ilustradores de distintas partes del país iniciaron una campaña en redes sociales para manifestar su indignación y exigir el pago por su trabajo profesional. De igual forma, a través del hashtag #Anticonvocatoria los artistas y usuarios en las redes compartieron sus propuestas para rediseñar los libros de texto.

Puede ser una imagen de texto que dice

“Las personas convocadas merecen un pago claro y digno por el trabajo que realicen. Y la niñez merece lo mejor que podemos darle”, dijeron el movimiento No Vivimos del Aplauso y el Observatorio Cultural para la Niñez Mexicana.

Puede ser un dibujo animado de texto
Arte: Postaza Mostaza

La nula remuneración económica a los trabajos seleccionados, dijo el movimiento, “nos parece totalmente inadmisible y reprobable […]. Más aún sabiendo que nos encontramos en medio de una pandemia y de una crisis sanitaria, económica y social”.

Puede ser una imagen de una o varias personas y texto

Los integrantes del movimiento recordaron que el sector cultural en México es “uno de los más golpeados” por la crisis derivada de la pandemia, pero también “porque ha carecido de apoyo institucional a lo largo de este año”.

Puede ser una imagen de texto
Arte: Chirgous

Por ello, llamaron a la SEP a revisar su convocatoria y corregir lo necesario para que el proyecto de mejora de los libros de texto permita también mejorar las condiciones de la cadena de valor que lo hará posible.

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/amanada-y-aneja-intencion-de-la-sep-de-pagar-con-constancias-a-ilustradores-no-vivimos-del-aplauso/

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La “reducción” de personal en la SEP y las tijeras de la profesora

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

En los primeros días de enero de 2016, el ex Secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunciaba que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a su cargo, dejaría de pagar el sueldo a más de 2 mil maestros “comisionados”; esto, después de haber concluido la primera etapa de revisión y depuración de la nómina magisterial donde se identificaron esos dos mil comisionados sindicales con goce de sueldo, asegurando con ello, que si era deseo de esos trabajadores gozar de este derecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tendría que pagarles (Aristegui Noticias, 2016). Obviamente esta organización sindical guardó el más profundo silencio; de hecho, tampoco fijó postura con relación al ordenamiento de la nómina magisterial a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y el Fondo de Operaciones para la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (FONE). ¿Cuál fue el motivo que propició ese silencio? La respuesta, quiero pensar, la conocemos, pero también conocemos el apoyo incondicional que esta organización sindical le brindó al peñanietismo.

Esta acción, fundada en la implementación de la mal llamada reforma educativa generó que, tanto a nivel federal como en las entidades de la República Mexicana, se reubicaran o movieran a los trabajadores de la educación “comisionados” a sus respectivos centros de trabajo porque, hay que decirlo, no sólo impactó en el ámbito sindical, sino también, en las anchas estructuras burocráticas de las dependencias oficiales. Por ejemplo, si en una Secretaría de Educación existía una plantilla de personal (mayormente “comisionado”) de 2000 trabajadores, con esta medida, ésta se redujo en más del 50 por ciento, es decir, entre 600 y 700. No obstante, con el paso de los meses y cuando las cosas se “calmaron” un poco, progresivamente fueron llegando otros “comisionados” al Sindicato y a las Secretarías de Educación. ¿Fue útil la medida tomada por Nuño y compañía?, ¿sirvió de algo la reubicación y movimiento de ciertos trabajadores cuando en los hechos solo se propició la llegada de otros a esos espacios?, ¿qué nos dicen las auditorías aplicadas, por ejemplo, en cada una de las dependencias estatales y, obviamente, en la federal?, ¿qué pasa en los departamentos de recursos humanos y de relaciones laborales en dichas dependencias?; ¿por qué no se habla mucho de estos temas? Veamos.

Como bien sabemos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, es clara en cuanto a la división de los trabajadores en dos grupos: de confianza y de base (Artículo 4º de la LFTSE), no así en cuanto a la figura denominada “comisionados” puesto que como tal no existe, dado que el personal o trabajador que solicite licencia, con o sin goce de sueldo, podría desempeñar una comisión o actividad derivada de la licencia. En consecuencia, el tema de los “comisionados” necesariamente tiene que ser visto a partir de esa licencia solicitada y por las actividades, funciones y/o responsabilidades de la comisión o actividad obtenida.

En este sentido, no está demás revisar el Manuel de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública (y otras normatividades) publicado por la Oficialía Mayor, la Dirección General de Personal y la Dirección General de Normatividad y Evaluación en 2013*, para ubicar el tipo de licencias con goce y sin goce de sueldo que le permitirían al trabajador obtener, entre otras cuestiones, una “comisión”. Por ejemplo, en este documento se especifica que las licencias sin goce de sueldo por comisión sindical o por desempeño de cargos de elección popular se obtienen cubriendo una serie de requisitos. Creo, si no me equivoco, el tema es claro en este sentido: son licencias sin goce de sueldo, pero desafortunadamente en los hechos no sucede de esta manera. ¿Cuántos comisionados sindicales tiene en su estructura el SNTE?, ¿a cuántos de éstos le fue concedida una licencia sin goce de sueldo para cubrir una comisión sindical?, ¿a cuántos de éstos les paga el Sindicato? ¡Vaya tema!

Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que han llegado a la SEP sin solicitar una licencia puesto que, como tal, no sería necesaria? En ese mismo manual de normas referido (y otras normatividades), tal cuestión se observa en los apartados reubicación de las plazas, nombramiento, y límites de competencia para autorizar movimientos de personal. Tal vez por ello se explica que, ciertas autoridades educativas, reubiquen o muevan al personal por necesidades del servicio, reinstalación, prórroga o sustitución, pero ¿esto es así?, ¿la reubicación o movimientos obedece, por ejemplo, a esas necesidades del servicio? No necesariamente puesto que, como sabemos, estos asuntos obedecen a: 1. La realización de una actividad específica para la cual el trabajador es requerido en alguna área o departamento de la dependencia, 2. La complicidad y/o acuerdos que existe con el SNTE para que ciertas áreas o departamentos sean ocupados por algunos de sus más cercanos colaboradores, sean o no titulares de alguno de esos espacios, 3. Problemas, de diversa naturaleza o índole, que suelen suscitarse en los centros de trabajo y que llevan a reubicar a algún trabajador, 4. Seguridad del trabajador por estar laborando en zonas de violencia y por las que obviamente es necesario moverlo, entre otras.

Actualmente, ¿cuántos trabajadores se encuentran en las Secretarías de Educación de los estados bajo este tipo de movimientos?, ¿qué puestos son los que ocupan o qué actividades son las realizan?, ¿se justifica el ensanchamiento de las estructuras burocráticas cuando, en los hechos, en buena parte de ellas los procesos administrativos y/o trámites burocráticos padecen de un cierto “tortuguismo”?, ¿por qué si han sido reubicados o movidos a estas instancias no permea un sentido educativo en las decisiones y acciones que se realizan?, ¿qué pasa con aquellos trabajadores cuya plaza de origen fue en esa Secretaría?, ¿qué puestos ocupan éstos y qué actividades realizan?, ¿de qué manera se interpretan o emplean los manuales de organización?, ¿cuál es el papel de las delegaciones sindicales en todo este proceso?

Tengo claro pues, que generalizar no es del todo adecuado; puede ser que alguna Secretaría (con su respectiva estructura y personal) opere con altos niveles de eficiencia y eficacia, y qué bueno que sea así porque, ante todo, su labor o quehacer se debe a sus usuarios; sin embargo, también tengo claro que no sucede de esta forma en todo el país y, desde luego, en la propia SEP federal. En suma, habría que observar qué es lo que pasa con el personal de confianza o de base porque, independientemente del puesto o cargo que ocupa, las actividades que realiza son fundamentales para el logro de los objetivos educativos y, en eso, tendrían que enfocar su atención los titulares de las distintas áreas o departamentos. En fin.

¿Qué otro tipo de personal podemos encontrar en las Secretarías de Educación? Además de aquellos que ocupan puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera encontramos a los que han sido contratados por Honorarios. Por el tema que me ocupa en estos momentos me referiré a los segundos porque, quiero pensar o suponer, que el documento que la profesora Delfina Gómez, titular de la SEP, firmó hace unos días y, mediante el cual solicitó a Subsecretarios, Directores Generales, Titulares de Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, que presentaran su propuesta de reducción de personal aludía a éstos, a los que fueron contratados bajo esta figura: la de honorarios. ¿Por qué afirmo esto? Veamos.

El contrato de honorarios por la prestación de servicios profesionales, es un esquema laboral en el que no existe una relación de subordinación por lo que la parte contratante no está obligada a garantizar ningún derecho laboral. Los ingresos percibidos de esta manera se basan en esa prestación de servicios independientes, en una relación laboral autónoma y voluntaria y, aunque no están sujetos a las mismas leyes que los trabajadores subordinados, la Secretaría de Trabajo en los últimos años, ha determinado los marcos bajo los cuales se regula este esquema.

De esta forma, a un trabajador contratado bajo este régimen, se le puede rescindir su contrato porque la misma norma establece que dichos contratos deben apegarse a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que dicte el ejecutivo, no obstante, éstos podrían exigir derechos laborales si pudieran comprobar la existencia de una relación laboral de subordinación, por ejemplo: si tiene un horario fijo, si recibe órdenes o instrucción de un superior inmediato o si realiza sus tareas en un lugar de adscripción fija. En estos casos, podría comprobarse una relación laboral explícita y el trabajador sí tendría que reclamar todos los derechos laborales que indica la LFT vigente.

¿A qué tipo de personal se refería la Secretaria de Educación, Delfina Gómez?, ¿la política de austeridad del gobierno, que se autodenominó de la cuarta transformación, es motivo suficiente para rescindir contratos, si fuera el caso?, ¿el contexto pandémico que estamos viviendo en nuestro país, y el mundo entero, es razón necesaria para que se reduzca el personal adscrito a esa Dependencia?, ¿no habría que ser un poco más sensibles y revisar las actividades que cada trabajador, área o departamento realiza para el desarrollo y éxito de los proyectos y políticas educativas? Vaya, ¿una política de austeridad determina la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios educativos?

Desde luego que hace falta que en la SEP se pongan las pilas; por ejemplo, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un caos y, en lo que va de este gobierno, ha vuelto incomprensibles todos sus procesos. ¿No cabría la posibilidad de hacer un diagnóstico y perfilar otro tipo de acciones para mejorar, insisto, los procesos?

¿Qué motivó a la Secretaria de Educación a afilar las tijeras? Ojalá respondiera porque, tal y como lo expuso el periodista Erick Juárez en sus redes sociales a través de la respuesta que dio la SEP al oficio signado por la profesora en cuanto a que éste se trataba de una reubicación de personal o reestructuración administrativa, deja muchas interrogantes sobre lo que sucede una vez que ésta tomó posesión de su encargo.

No hay que olvidar, que de acuerdo al artículo 46 de la LFTSE: Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. Consecuentemente, ¿asumiría los costos legales por la reducción de personal de base, por ejemplo?

Al tiempo.

*Nota: Quiero pensar que sigue vigente porque en la búsqueda de este documento no encontré una versión actualizada del mismo)

Referencias:

–Ley federal del Trabajo. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federació el 11/01/2021.

–Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1/05/2019.

–Redacción Aristegui Noticias. (2016). SEP dejará de pagar sueldo a más de 2 mil maestros comisionados. Aristegui Noticias. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/sep-dejara-de-pagar-sueldo-a-mas-de-2-mil-maestros-comisionados/

–SEP. (2013). Manual de Normal para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública. SEP. Recuperado de: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/24e8c91d-d2fc-4977-ad19-dc572c3e4439/manual_normas_administracion_recursos_humanos_sep.pdf

Fuente e Imagen: https://profelandia.com/la-reduccion-de-personal-en-la-sep-y-las-tijeras-de-la-profesora/

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Efectos de romantizar al magisterio

Pedro Flores Crespo

Por: Pedro Flores

La semana pasada sostuve que la supuesta “revalorización” del magisterio que ha emprendido este gobierno está basada más en una cándida narrativa hacia el maestro de educación básica que en acciones concretas. De ahí el término de “romantización”. El aprecio verbal y los símbolos rebasan a los otros elementos de la política pública. El presupuesto federal destinado al desarrollo docente, por ejemplo, se ha reducido y el apoyo real a las distintas trayectorias docentes aún brilla por su ausencia.

Ante esto, algunos colegas me escribieron preguntándome qué había de malo en que el presidente “apapachara” a los maestros, que si me fijaba bien, ya no había protestas magisteriales en la Capital y que esto demostraba lo “eficiente” que era la Cuarta Transformación. Agradezco tales comentarios. Es una fortuna tener lectores en tiempos del Tik Tok y ante la creciente polarización, es muy sano deliberar. Por ello, hoy trataré de argumentar porqué pienso que romantizar al magisterio es un error para la política educativa de México.

Al considerar que un individuo con una responsabilidad pública (como educar a la niñez y juventud) es un “héroe”, víctima o sujeto desconfiable al que hay que evaluar y si no cesarlo, como proponía la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, se corre el riesgo de fallar en la definición del problema social. Los docentes no somos ni “santos” ni “demonios”, sino seres humanos que actuamos dentro de contextos particulares, complejos y con distintas motivaciones y racionalidades de acuerdo con las reglas que creamos y observamos. Reducir entonces la individualidad del maestro puede dar pie a fórmulas simples.

La romantización magisterial en México ha llegado a tal grado que el documento oficial de política educativa de la 4T presenta, como ya se he dicho, una inexplicable separación entre el objetivo de elevar la calidad educativa y el de desarrollo docente (Programa Sectorial de Educación: inconexiones, 17/07/21). ¿Se reconoce o no el papel del profesor para mejorar los aprendizajes del alumnado? Como en el sexenio pasado se asumió, según algunos, que el mentor era el único culpable de la mala calidad educativa, ¿ahora había que desligarlo totalmente de su responsabilidad y mejor buscar en el “neoliberalismo” al culpable? Tanto responsabilizar al maestro de la mala calidad como desligarlo totalmente de la responsabilidad de educar son dos distorsiones que pueden originar políticas con baja o nula efectividad. ¿Se compró la “paz social” con el magisterio durante este sexenio a costa de “nadar de muertito” y retrasar el avance educativo?

Otro efecto regresivo de la romantización del magisterio se puede observar cuando la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación declara, por un lado, que los docentes fueron “creativos” para organizar sus clases en línea durante la pandemia, pero también detecta, por otro, que no pudieron apoyar a los estudiantes con sus tareas al mismo grado que lo hicieron sus familias. ¿Ven cómo se oscurece el análisis y se entorpecen las políticas cuando impera el corazón? Vaya “república amorosa”.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/efectos-de-romantizar-al-magisterio/

Texto publicado originalmente en El Universal

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El contexto familiar y social del alumno, potenciador o limitante para el aprendizaje

Erica Franco Lavín

Por: Erica Franco Lavín.

En este año en que la pandemia provocó que las escuelas se cerraran y que fuera la  casa el centro de la actividad educativa de los estudiantes, quedó comprobada la influencia que ejerce el contexto familiar, la idiosincrasia y la cultura,  ejes trascendentales para despertar el interés, disposición y la actitud receptiva de niños, niñas y adolescentes para continuar estudiando a distancia.

Mucho se ha hablado de la desigualdad económica que existe en nuestro país. No ha sido lo mismo la educación a distancia para alumnos de clase media, que para los que se encuentran en un nivel de pobreza o alta marginación. También resaltan las diferencias entre espacios urbanos con servicios de señal de red e internet, y las comunidades rurales donde la comunicación por celular es limitada o inexistente.

Sin embargo, el deseo de continuar aprendiendo en casa también está vinculado a la percepción que tiene la familia con relación a la educación. Son los padres quienes a partir de la valorización que dan a la escuela, la importancia que otorgan al aprendizaje escolar, y de acuerdo a los valores promovidos y la jerarquización de intereses y necesidades surgidos en el seno familiar, los que conforman la personalidad y contribuyen en el diseño del proyecto de vida de sus hijos e hijas.

Por ello, a lo largo de la educación a distancia, las y los maestros han vivido miles de experiencias con sus estudiantes de diversa índole: existen aquellas donde los alumnos se encuentran en comunicación constante y demostraron su capacidad para sortear los obstáculos, siguen cumpliendo con sus actividades desde casa, han dedicado gran parte de su tiempo para llevar a cabo el trabajo escolar, se volvieron autodidácticas, independientes, utilizaron la contingencia para desarrollar sus habilidades digitales, diseñaron  estrategias  y se convirtieron en gestores de su propio aprendizaje.

No es de sorprender que detrás de cada buen estudiante, están los padres, hermanos, abuelos, tíos o tías; la familia en general que brindó el apoyo y destinó el tiempo y los recursos necesarios para que, a pesar de la pandemia, existiera una continuidad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Fue en  el seno familiar donde se  desarrolló el sentido de responsabilidad y transformaron las dificultades en oportunidades; a pesar de no tener las condiciones económicas,  buscaron soluciones para que sus hijos e hijas mantuvieran el contacto con los docentes, compraron dispositivos móviles, crearon en su hogar un ambiente adecuado para que siguieran aprendiendo. Aun cuando no hubo recursos de la SEP para garantizar la equidad en la educación a distancia, fueron los padres quienes asumieron de manera responsable su papel de tutores en el acompañamiento del trabajo bajo esta modalidad.

De manera paralela se encuentra el otro lado de la moneda, las experiencias de alumnos que tuvieron a su alcance recursos económicos óptimos que les permitían disponer de equipos digitales y conexión a internet, tenían condiciones favorables para continuar estudiando y optaron por ausentarse;  el origen de una salida fácil a las adversidades  se encuentra, en  parte, en la concepción que existe sobre la escuela y la educación; considerada un complemento más que una base de formación, no se valora el sentido del aprendizaje escolar y se abandonan fácilmente las responsabilidades que corresponden  a los  alumnos y a los padres de familia.

A lo largo de estos meses en que se ha mantenido el aprendizaje en casa por la contingencia,  se reafirmó el trabajo constante con los alumnos que estando en clases presenciales ya destacaban como buenos estudiantes; después de una etapa  de reconfiguración del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y digital, desarrollaron nuevas actitudes y desplegaron su capacidad de adaptación, superación y, sobre todo, participaron de manera activa en la conformación de un nuevo sistema de trabajo escolar.

Para el caso de los estudiantes ausentes, la tarea que las autoridades de la SEP delegaron  totalmente al maestro, fue buscar los mecanismos para contactar a esos alumnos y mantenerlos en el curso, algo que se convirtió en una tarea titánica, pues aun localizándolos, tanto estudiantes como padres, han demostrado que su interés ya no está centrado en el aprendizaje escolar, lo que se evidencia en la nula iniciativa que tienen para contactar o responder a los llamados  de  los maestros y la falta de entrega de actividades escolares para su revisión y retroalimentación.

En las políticas educativas y gubernamentales, los programas de apoyo para padres y alumnos se han centrado principalmente en un sistema de becas, pero ha faltado una concientización sobre la corresponsabilidad que existe de los beneficiarios con el sistema escolar y con   la educación de sus hijos e hijas, así también, la valorización de la escuela como eje de desarrollo, progreso y movilidad social.

Si el programa no contempla un compromiso real de padres y alumnos, si las familias no conciben a la escuela y a la educación como la posibilidad de alcanzar un mejor nivel de vida, si la triada maestro-alumno-padre de familia no camina hacia objetivos comunes, el proceso educativo se verá limitado, y la trasformación de nuestra sociedad seguirá siendo una tarea pendiente.

Fuente: https://profelandia.com/el-contexto-familiar-y-social-del-alumno-potenciador-o-limitante-para-el-aprendizaje/

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El dilema del regreso a clases presenciales en México

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

En los últimos días, el tema del regreso a clases presenciales en las escuelas de nuestro país ha tomado un auge importante. Desde luego, como es natural, hay posturas encontradas, pero legítimas, en tanto la creciente preocupación que he observado por la adquisición de aprendizajes de los estudiantes que cursan sus estudios en alguno de los niveles que conforman el Sistema Educativo Mexicano (SEM), pero también, por el abandono escolar aunado a otras problemáticas que probablemente se viven en los hogares mexicanos relacionadas al maltrato físico y mental del que pueden ser sujetos los alumnos. No obstante, pensar en reabrir estas escuelas bajo las condiciones en las que varias de éstas se encuentran, fincadas en una pésima administración por décadas de dicho Sistema, propicia cuestionarnos si el momento es propicio para hacerlo. Veamos.

En julio de 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), publicó un documento titulado “Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y el Caribe” cuyo propósito, como parece obvio, fue el de aportar un marco de referencia para la reapertura de las escuelas con la finalidad de apoyar a los gobiernos en el fortalecimiento de la educación a distancia y en el proceso de reapertura de éstas, intentando con ello, acelerar las reformas de todo el sistema para ampliar el alcance y mejorar la calidad de los servicios educativos, garantizando la seguridad, el bienestar y protección, el estado de salud y nutrición de todos los miembros de la comunidad educativa (UNICEF, 2020).

Para ello, esta misma organización brindó algunas orientaciones clave para antes y después del proceso de reapertura de las escuelas consistentes en: a) planificación, coordinación, comunicación y monitoreo, b) políticas, procedimientos y financiamiento, c) operaciones escolares seguras, d) continuidad del servicio de alimentación y nutrición escolar de forma segura, e) cómo llegar a todos los niños, niñas y adolescentes con un enfoque en los más vulnerables, f) protección y bienestar. Algunas acciones clave que en este mismo documento se recomiendan cuando las escuelas se abran, sugieren: 1) procesos de entrada (protocolos), 2) práctica de agua, saneamiento e higiene (lavado de manos, etiqueta respiratoria, higiene menstrual, entre otros), 3) suministros básicos de desinfección y limpieza, 4) orientaciones sobre distancia física (en las aulas, en el patio de la escuela, comedores, camarines, baños, en el transporte escolar), 5) continuidad de servicio de alimentación y nutrición escolar/comedores escolares de forma segura, 6) continuidad del aprendizaje para todos, 7) apoyo psicosocial y bienestar, 8) manejo y derivación de casos sospechosos de COVID-19, 9) orientaciones para prevenir la discriminación y el estigma, 10) orientaciones de información y comunicación (UNICEF, 2020).

Pasados algunos meses, particularmente en noviembre de 2020, a través de esta misma organización (UNICEF), Seusan y Maradiegue, publicaron el texto titulado “Educación en pausa, una generación de niños y niñas en América Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización debido al COVID-19”. En este documento, en el apartado denominado “Preparación para la reapertura de las escuelas”, se señala que la preparación para el funcionamiento seguro de éstas es una parte vital de este proceso, por ello, la nota de orientación regional de UNICEF, UNESCO y el PMA sobre la reapertura, recomienda siete áreas paras las que es necesario establecer protocolos para que las instituciones educativas sean seguras al momento de reabrir: 1) protocoles de acceso, 2) de agua, 3) saneamiento e higiene, 4) de distanciamiento físico, 5) de salud, 6) de limpieza de desinfección e higiene, 7) de entrada y salida de la escuela. Y, para reanudar el aprendizaje en este mismo texto se sugiere: a) evaluar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, b) identificar las deficiencias o lagunas preexistentes, c) diseñar programas pertinentes de recuperación o rehabilitación, d) fortalecer la educación a distancia y los programas de aprendizaje mixto, e) capacitación de maestros (Seusan y Maradiegue, 2020).

Textos que, sin duda, ofrecen una visión global sobre lo que pudiera implementarse en diversos países para un regreso seguro a clases presenciales; sin embargo, como tales, deben ser vistos, leídos y analizados dadas las particularidades económicas, políticas, sociales y culturales que en cada uno de éstos se observan y que, desde luego, son conocidas por sus habitantes. Esto lo digo porque, si bien es cierto que la UNICEF ha instado a diversos gobiernos a retornar a las escuelas, también es cierto que éstos tienen la valiosa oportunidad de tomar decisiones con relación a este tema. ¿Pueden estos países, por ejemplo, dotar de agua a cada una de las escuelas para el lavado constante de manos? La respuesta seguramente la conocemos: 2200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4200 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento de manera segura y 3000 millones carecen de instalaciones básicas (OMS/UNICEF, 2019). En fin.

Ahora bien, hasta el momento, ¿qué es lo que ha pasado en México?

El 11 de enero de 2021 en conferencia de prensa, el aún Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer el protocolo para el regreso a clases en semáforo en verde consistente en: 1) establecimiento de comités participativos de salud escolar para fortalecer la relación escuela-centro de salud local, 2) disponer de señalizaciones, 3) garantizar acceso a agua y jabón, 4) cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo teniendo prioridad en campaña de vacunación pues el Covid-19 se considera riesgo de trabajo, 5) uso general de cubrebocas artesanal, 6) sana distancia en entradas y salidas, 7) regreso escalonado, el lunes regresa la mitad de los alumnos y el martes otra, 8) asignación de lugares fijos y la asistencia será por apellidos, 9) educación mixta, los alumnos podrán aprender presencial o a distancia, 10) maximizar uso de espacios abiertos, 11) suspender todo tipo de ceremonias, 12) sistema de detección temprana de cualquier caso, con un enfermo de Covid-19 se cierra la escuela, 13) apoyo socioemocional para docentes y estudiantes, 14) regreso voluntario a clases presenciales (Milenio, 2021).

Protocolo que, si se observa con detenimiento, contempla varios elementos que la UNICEF dio a conocer el año pasado. Algunos de ellos intentaron ser adaptados a nuestras circunstancias, otros, por el contrario, quedaron en los mismos términos. Hecho que me llevar a reafirmar el cuestionamiento en cuanto al posible pertinencia del retorno a clases presenciales en las escuelas mexicanas. ¿Puede, por ejemplo, el ejecutivo garantizar el agua en cada una de las escuelas cuando en la misma Secretaría de Educación se sabe que más de 45 mil instituciones educativas no cuentan con ella (MVS Noticias, 2020)? ¿puede el estado garantizar que las escuelas cuenten servicio de lavado de manos cuando se sabe que solo el 65.3, 70.2 y 73% (de educación primaria, secundaria y media superior, respectivamente) cuentan con este servicio? Vaya, de marzo de 2020 a marzo de 2021, ¿qué se ha hecho para atender estas deficiencias y cuántos recursos económicos se ha destinado para ello?, ¿acaso se piensa que los padres de familia y colectivos docentes deberán asumir los costos para habilitar el servicio de lavado de manos o de agua potable cuando se sabe que al inicio del ciclo escolar 2020-2021 se prohibieron las cuotas que hacen dichos paterfamilias para el mantenimiento de las escuelas? Sería importante que el gobierno federal diera a conocer estos datos porque, por más que he buscado esta información, solo he hallado lo relacionado al Programa “La Escuela Es Nuestra” que, dicho sea de paso, no contempla a la totalidad de instituciones educativas públicas del país que se han visto beneficiadas con los recursos que entrega este programa.

¿Cuál fue el plan de trabajo que diseñó e implementó la SEP para las actividades escolares que se deprendieron de una educación a distancia a partir de la contingencia sanitaria decretada por el gobierno mexicano en marzo del año pasado?, ¿cuál es la responsabilidad de la SEP para garantizar la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes si una estrategia no es lo mismo que un plan de trabajo?, ¿cuál es la responsabilidad de la SEP en cuanto a la implementación de un sistema de seguimiento o apoyo para procurar la permanencia y continuidad académica de los estudiantes de todos los niveles educativos establecido en el Acuerdo 05/06/2020 pero que no se implementó por razones desconocidas?, ¿quién asumiría la responsabilidad de reabrir las escuelas sin que cuenten con lo mínimo necesario para un regreso seguro a las mismas?

Sí, así como lo señaló el presidente de este país hace unos días “urge que los niños vayan a la escuela a estar con sus compañeras, compañeros, esa socialización tan importante que se da en las escuelas del país…” (Profelandia.com, 2021). Yo creo que sí urge, pero indiscutiblemente, URGE que el estado mexicano, a través del poder ejecutivo, brinde todos recursos materiales y económicos a las escuelas para que éstas sean espacios seguros y, con ello, se pueda lograr la socialización referida.

Desde mi perspectiva, es necesario poner orden en el país en cuanto a este posible regreso a clases; deslindar responsabilidades y afirmar que cada estado es libre y soberano para tomar esta decisión no es buena idea.

Los intereses económicos y políticos jamás pueden anteponerse a la salud, bienestar y vida de los seres humanos. Es cierto, el estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, pero también, de garantizar la vida de las personas que en éste habitan. En este sentido, un derecho no puede estar por encima de otro y viceversa y, para ello, necesario fue, es y será, la puesta en marcha de acciones con todos los recursos disponibles para que sean una realidad o, al menos, la realidad tan prometida. Obviamente, la comunicación y coordinación entre distintos niveles de gobierno es fundamental.

Sabemos bien que los contextos, condiciones y necesidades de nuestro país son diversos y complejos, por ello es que pienso, que una toma de decisiones aventurada no podría traer buenos resultados para los actores educativos y no educativos que son parte de este proceso formativo.

¿Podría pensarse en la planeación de una organización comunal, municipal, estatal y, luego, nacional a partir de los criterios o protocolos que han establecido las autoridades sanitarias y educativas para garantizar un regreso seguro a las escuelas? Desde luego, es posible. Sin embargo, con una vacunación de personas que no avanza según lo programado, sin los recursos presupuestales para dotar de insumos a los centros escolares, sin esquemas de capacitación al profesorado y padres de familia sobre estas cuestiones, sin claridad en los criterios que se toman en cuenta para la asignación de colores en el semáforo epidemiológico, sin tener claro los criterios técnicos/operativos para adecuar los espacios escolares a fin de disminuir o prevenir los contagios, sin un sinfín de cosas más, el tema se torna por demás complejo porque el riesgo de contagio podría ser mayúsculo dada la precariedad que estamos viviendo en tiempos de una cuarta transformación de México.

¿Quién asegura que los contagios no podrán darse en los centros escolares por la misma naturaleza y dinámica que se vive en los mismos aun y cuando se cumplan al cien por ciento los protocolos?, ¿quién valorará si alguien es portador del virus, pero asintomático?, ¿de qué manera se detectarán estos y otros casos?

Referencias:

Melín, A. (2020). Hay 46 mil 515 escuela sin agua en México, representan 23% SEP. MVS Noticias. Recuperado de: https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/hay-46-mil-515-escuelas-sin-agua-en-mexico-representan-23-sep/

Redacción Milenio. (2021). Regreso a clases presenciales: el protocolo que emitió la SEP ante Covid-19. Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/comunidad/regreso-clases-presenciales-sep-presenta-protocolo

Redacción Profelandia.com. (2021). Ya “urge a clases presenciales: AMLO. Profelandia.com. Recuperado de: https://profelandia.com/ya-urge-el-regreso-a-clases-presenciales-amlo/?fbclid=IwAR3iQsMI9q3zTQ3xfC2zy1E_Z-rsaUpLVfA6aGHmeNEyV3WdFfCUPOHRLRk

Seusan, L.A. y Maradiegue, R. (2020). Educación en pausa, una generación de niños y niñas en América Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización debido al COVID-19, UNICEF.

UNICEF. (2019). 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. UNICEF. Recuperado de: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/1-de-cada-3-personas-en-el-mundo-no-tiene-acceso-a-agua-potable

UNICEF. (2020). Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto de COVID-19 para los administradores y directores escolares en América Latina y el Caribe. UNICEF.

Fuente:  http://www.educacionfutura.org/el-dilema-del-regreso-a-clases-presenciales-en-mexico/

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