Siembra

María Mónica Monsalve S: “La esperanza de nuestra cultura se está yendo al mar”: el grito de los wayuu desplazados por la erosión costera llega a Washington

Noticias Deja un comentario

Tres miembros de la Cachaca III, cerca de Riohacha, pusieron una acción de tutela contra el Gobierno ante el avance del mar sobre su territorio que ha desplazado a cinco familias. Este jueves serán escuchados por la CIDH

Los primeros signos evidentes empezaron en 2005. La comunidad wayuu Twuliá, ubicada en un lugar conocido como la Cachaca III, a un kilometro de distancia desde Riohacha, La Guajira, empezó a ver cómo el mar se iba comiendo su costa. La situación empeoró en 2007, después de que en Riohacha se construyeran seis espolones para controlar la erosión costera de la capital. Lo que fue una solución para unos, se convirtió un problema para los habitantes de la Cachaca III, quienes tras esa construcción vieron al mar llegar con más fuerza, con más sedimentos y, de nuevo, comerse la costa ante sus ojos. “En solo dos meses – noviembre y diciembre- la comunidad pudo registrar que se perdieron cinco metros”, cuenta la periodista Angie Serna, que ha acompañado el caso y relató lo que vive la comunidad en un podcast sobre pérdidas y daños del cambio climático.

El mar, hasta el momento, se ha llevado dos viviendas, una alberca, una caseta comunitaria, varios árboles, un cementerio de ancestros y ha destruido la zona de desembarco de las lanchas pesqueras, su principal medio de subsistencia. Y a pesar de que el Gobierno, a través del subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Luis Carlos Barreto, se comprometió a hacer un estudio sobre el tema que diera pistas sobre cómo mitigar la situación, pasaron meses sin que pasara nada. Un hecho que motivó a tres personas de la comunidad a poner una acción de tutela – figura legal en Colombia – en diciembre de 2023 contra el Gobierno y otras entras entidades, y que, tras vencimiento de plazos, aún no ha sido respondida por el Consejo de Estado.

“Hasta el momento, cinco familias enteras se encuentran en situación de desplazamiento en Bogotá; el progresivo avance de la erosión costera los puso en peligro al dejarlos sin medios de vida para sobrevivir”, explican en la tutela los líderes wayuu Pedro Fonseca Epiayu, Clarena Fonseca Uriana y Edwin Fonseca Redondo. A través de esta acción, en la que apelan a la violación de 12 derechos, entre ellos el de la salud, el mínimo vital de agua y “la vulneración de derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en contextos de cambio climático”, le piden al Consejo que le exija al Gobierno principalmente dos cosas. Que como medida cautelar, en los siguientes cinco días se lleve personal de salud y agua a la Cachaca III. Y que se les informe del estatus estudio que prometió la Ungrd, así cómo cuál es el presupuesto asignado.

El caso será escuchado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mientras esperan respuesta, este jueves, 29 de febrero, más de 30 organizaciones de América Latina y el Caribe hablarán frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia pública, sobre un problema que, cada vez más, está afectando a la región: el desplazamiento humano asociado al cambio climático. Representando a Colombia y de la mano del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam), Clarena Fonseca Uriana, líder de la Cachaca III, expondrá su caso. A través de un video —ya que no tuvo tiempo suficiente para poder obtener la visa para ir a Washigton— ella expondrá cómo la erosión costera en su comunidad ha generado que cinco familias abandonaran su hogar y, cómo, si la situación se agudiza, el escenario se podría repetir para ella y varias familias.

El mar, hasta el momento, se ha llevado dos viviendas, una alberca, una caseta comunitaria, varios árboles, un cementerio de ancestros y ha destruido la zona de desembarco de las lanchas pesqueras, su principal medio de subsistencia. Y a pesar de que el Gobierno, a través del subdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Luis Carlos Barreto, se comprometió a hacer un estudio sobre el tema que diera pistas sobre cómo mitigar la situación, pasaron meses sin que pasara nada. Un hecho que motivó a tres personas de la comunidad a poner una acción de tutela – figura legal en Colombia – en diciembre de 2023 contra el Gobierno y otras entras entidades, y que, tras vencimiento de plazos, aún no ha sido respondida por el Consejo de Estado.

“Hasta el momento, cinco familias enteras se encuentran en situación de desplazamiento en Bogotá; el progresivo avance de la erosión costera los puso en peligro al dejarlos sin medios de vida para sobrevivir”, explican en la tutela los líderes wayuu Pedro Fonseca Epiayu, Clarena Fonseca Uriana y Edwin Fonseca Redondo. A través de esta acción, en la que apelan a la violación de 12 derechos, entre ellos el de la salud, el mínimo vital de agua y “la vulneración de derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en contextos de cambio climático”, le piden al Consejo que le exija al Gobierno principalmente dos cosas. Que como medida cautelar, en los siguientes cinco días se lleve personal de salud y agua a la Cachaca III. Y que se les informe del estatus estudio que prometió la Ungrd, así cómo cuál es el presupuesto asignado.

El caso será escuchado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mientras esperan respuesta, este jueves, 29 de febrero, más de 30 organizaciones de América Latina y el Caribe hablarán frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia pública, sobre un problema que, cada vez más, está afectando a la región: el desplazamiento humano asociado al cambio climático. Representando a Colombia y de la mano del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam), Clarena Fonseca Uriana, líder de la Cachaca III, expondrá su caso. A través de un video —ya que no tuvo tiempo suficiente para poder obtener la visa para ir a Washigton— ella expondrá cómo la erosión costera en su comunidad ha generado que cinco familias abandonaran su hogar y, cómo, si la situación se agudiza, el escenario se podría repetir para ella y varias familias.

“Los daños que hemos vivido con la afectación costera son varios”, explicará a través del video. “Hay también personas en riesgo de perder la vida. Alguna vez un barranco, de unas mil toneladas, casi le cae encima a un pescador estando en la faena”. Y continua: “Toda la esperanza de nuestra cultura se está yendo en el mar”.

“Hay que recordar que una audiencia pública ante la CIDH no es una acción judicial, ni una demanda”, comenta Andrés Aristizábal Isaza, director de litigio estratégico de Celeam y miembro del Movimiento de Laderas. “Así que lo que esperamos es que la Corte escuche este caso, así como los que traen las otras 30 organizaciones para elevar el relato y las discusiones sobre migración, desplazamiento e inmovilidad asociadas a cambio climático”. Es decir, a diferencia de la tutela presentada ante el Consejo de Estado, no se espera que haya una sentencia o fallo, sino que la Comisión los escuche para ir generando un precedente de que en la región y a nivel jurídico y político se tiene que empezar a hablar sobre este tema.

Un caso icónico de litigio sobre erosión costera de Colombia

Unos pequeños pasos, el cambio climático se ha venido colando en el mundo del derecho colombiano. “El pronunciamiento que, esperamos, dé el Consejo de Estado, es un hito que estará abriendo camino”, cuenta Aristizábal. “Cuando empezamos a litigar derechos relacionados con el cambio climático, lo que buscamos es que el Estado genere políticas públicas al respecto, porque actualmente no hay una legislación actualizada. Queremos que las instituciones y políticas no actúen de manera reactiva, sino preventiva”.

 

El experto recuerda que, en los últimos seis años, según datos de Unicef, en América Latina la erosión costera ha afectado a 2,3 millones de personas y que, en los próximos 30 años, 4,6 millones de personas podrían verse afectadas solo por inundaciones. Además, datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, determinaron que, en el año 2023, 9.850 personas se habrían tenido que desplazar en el país por temas asociados al cambio climático.

Por esto, el caso de la Cachaca III podría convertirse en un hito. “Ellos han logrado visibilizarse”, agrega Sierra. “Pero en realidad hay más de 180 comunidades wayuu que están a lo largo de zonas costeras y que están viviendo las mismas condiciones”. Lo que se aplique para la Cachaca III, sería una especie de prueba piloto sobre lo que vendrá para todos ellos.

Fuente: https://elpais.com/america-colombia/2024-02-29/la-esperanza-de-nuestra-cultura-se-esta-yendo-al-mar-el-grito-de-los-wayuu-desplazados-por-la-erosion-costera-llega-a-washington.html

 

 

Comparte este contenido:
Leer más »

Combatir el hambre y el veneno en los alimentos

Frei Betto

En este artículo el autor reflexiona sobre la situación de miseria que sufren 19 millones de personas en Brasil como consecuencias de las políticas aporofóbicas del presidente Bolsonaro.

La alimentación es el derecho humano número uno. En Brasil, 19 millones de personas (el 9% de la población) padecen hambre crónica, agravada por la pandemia, el desempleo, el aumento del precio de los alimentos (el más alto desde 2003) y, sobre todo, el desgobierno de Bolsonaro.

La inseguridad alimentaria moderada y severa afectaba al 21,5% de la población en 2004; al 10,3% en 2013; y en 2020 alcanzó el 20,5% (Rede Penssan – Red de Investigación Brasileña sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional). En la actualidad, 116 millones de personas en Brasil sufren inseguridad alimentaria, es decir, no saben qué tendrán que comer al día siguiente o no tienen acceso a una dieta que contenga los nutrientes esenciales.

En 2004, la pobreza afectaba al 21,5% de la población brasileña. Diez años después (2014) se redujo al 8,4%. Subió al 11% en la recesión de 2015-2016, y al 16% en el primer semestre de 2021.

Acción Colectiva Comida de Verdad, una red formada por 13 movimientos comprometidos con la promoción de la seguridad alimentaria, identifica 310 iniciativas de sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles en Brasil, desde huertos comunitarios hasta cooperativas y campañas de financiación colectiva. De estos 310, el 58,9% se dedican a la comercialización, como las ferias agroecológicas y la distribución de cestas de agricultura familiar. Y el 31% son acciones solidarias destinadas a facilitar el acceso a los alimentos de los grupos vulnerables; y el 7,5% son el resultado de políticas públicas.

Desde el lanzamiento del programa Hambre Cero, en el gobierno de Lula, se propone que los municipios cancelen el IPTU (impuesto sobre la propiedad) de las parcelas y terrenos baldíos que sean cedidos por sus propietarios para el cultivo de huertos comunitarios.

En 1950, según el censo del IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística) -, dos tercios de la población brasileña (64%) vivían en zonas rurales. En el último censo, en 2010, el 84% vivía en ciudades y el 16% en zonas rurales. Esto se traduce en favelas, desempleo, violencia y, sobre todo, en el consumo de alimentos industrializados de escaso valor nutritivo.

El MST (Movimiento de los Sin Tierra) es hoy el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, es decir, sin insumos como fertilizantes y pesticidas químicos. De hecho, estos productos se encarecieron durante la pandemia, afectando al precio de los alimentos. En el MST, un paquete de 1 kg de arroz cuesta entre 7 y 8 reales (1,20 $US). En Rio Grande do Sul, el movimiento espera recolectar, para la cosecha de 2022, 300 mil sacas. A principios de 2021, se cosecharon 248 mil sacas, por un valor de 20 millones de reales, y 130 mil aún están en stock, ya que la principal dificultad es vender la producción, ya que el principal comprador es el gobierno, la Conab (Compañía Nacional de Abastecimiento) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Y en cuanto a los productos de la MST… la Conab no ha realizado ninguna subasta para comprar productos de la agricultura familiar. El gobierno federal tampoco muestra ningún interés en mantener las reservas de regulación.

Brasil es el tercer país del mundo que utiliza pesticidas, por detrás de China y Estados Unidos (datos de FAO). En 2019, se vendieron 620.000 toneladas de pesticidas en Brasil (datos Ibama). De este total, el 38,3% son «muy o muy peligrosos», el 59,3% «peligrosos» y sólo el 2,4% «poco peligrosos».

El gobierno de Bolsonaro ha flexibilizado el registro de agrotóxicos. Desde la ley de 1989, se había evitado aprobar cualquiera que contuviera sustancias que provocaran graves trastornos respiratorios, cáncer, mutaciones genéticas, malformaciones fetales, Parkinson, así como alteraciones hormonales y reproductivas.

El decreto del 7 de octubre de este año (10.833/2021) aprobó el «paquete de veneno». Reduce el plazo de aprobación de los plaguicidas, aumenta la participación del Ministerio de Agricultura y crea «límites de seguridad» para que se aprueben sustancias antes prohibidas. Las entidades que se oponen a la medida dicen que Brasil tiene un gran potencial para producir biodefensivos, pero el gobierno los ignora.

De enero a septiembre de 2021, se liberaron 1.215 plaguicidas en Brasil (Diário Oficial). Entre 2005 y 2015 el ritmo de aprobación fue de unos 140 al año. Este año ya se han publicado 345. De los productos utilizados en Brasil, el 30% tiene sustancias activas prohibidas en los países europeos, como la atrazina, el acefato y el paraquat. Este último herbicida, utilizado en plantaciones de algodón, maíz y soja, fue vetado en 2017, pero se permitió su uso hasta julio de este año. Está prohibida en 37 países. Provoca Parkinson en los agricultores.

Desde 1997, los pesticidas reciben incentivos fiscales del gobierno. Al permitir la exención de hasta el 60% del ICMS (Impuesto a la Importación) sobre el comercio de venenos, los estados dejan de recaudar ¡6.000 millones de reales al año!

Una de las principales fuentes de venenos en los alimentos son los productos ultraprocesados. El gobierno debería regular la publicidad, aumentar los impuestos y obligarles a imprimir etiquetas de advertencia, como con los cigarrillos. A partir de octubre de 2022, los productos con altas concentraciones de sodio, azúcar y grasas saturadas tendrán que mostrar los índices en sus envases.

La dieta in natura es más cara que el consumo de productos ultraprocesados, cuyo mayor coste se deriva del envasado, el transporte y la publicidad. Los productos ultraprocesados se fabrican, no para alimentar, sino para fomentar el consumo excesivo. Los refrescos, por ejemplo, no están pensados para calmar la sed, sino para crear adicción en el consumidor. Favorecen la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y lo peor: aquí son alentados por el gobierno. Los refrescos fabricados en la Zona Franca de Manaos reciben subvenciones en forma de créditos fiscales.

En septiembre, el Idec (Instituto Brasilero de Defesa do Consumidor), denunció que el 59,3% de los productos ultraprocesados tienen residuos de pesticidas. Entre los 27 productos, más de la mitad contenían residuos de glifosato o glufosinato, dos herbicidas muy utilizados en los cultivos de soja, maíz y algodón. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el glifosato provoca cáncer. Aparece en bocadillos, panecillos, galletas de agua y sal, galletas rellenas, cereales, pan de trigo y bebidas de soja, artículos muy consumidos por niños y adolescentes.

Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), que controla el nivel de pesticidas en los productos ecológicos, no lo hace cuando se trata de productos industrializados.

El agronegocio reconoce que, en los últimos 30 años, el área de siembra en Brasil ha crecido sólo un 50% y, gracias al uso de pesticidas, ¡la producción de granos aumentó un 360%!

¡Sálvese la bolsa, dañándose la vida!

Frei Betto es asesor de movimientos sociales. Autor de 53 libros, publicados en Brasil y en el extranjero, ganó dos veces el premio Jabuti (1982, con «Batismo de Sangue», y 2005, con «Típicos Tipos»).

Traducción: Correspondencia de Prensa.

Fuente (de la traducción): https://correspondenciadeprensa.com/?p=22771

Fuente (del original): https://www.correiocidadania.com.br/colunistas/frei-betto/14842-combater-a-fome-e-o-veneno-na-alimentacao

Comparte este contenido:
Leer más »

Eco-swaraj: una democracia verde y radical en India

Noticias

Swaraj, una filosofía de autodeterminación y toma de decisiones colectivas, inspiró la lucha de Gandhi por la independencia. Ahora está promoviendo enfoques de abajo arriba para proteger a la gente y al planeta.

En noviembre de 1909, Mahatma Gandhi viajaba a bordo del SS Kildonan Castle de Londres a Sudáfrica, y escribió su obra «Hind Swaraj” en tan solo 10 días de travesía en ese barco. Cuando el libro fue publicado en India, al año siguiente, la potencia colonial británica lo prohibió por sedición.

«Swaraj significa actuar de forma autodeterminada”, escribió Gandhi para mostrar a la población india cómo enfrentarse a las potencias coloniales y crear una sociedad más justa.

A pesar de que India obtuvo su independencia en 1947, los principios del swaraj establecidos en el texto de Gandhi han desempeñado un papel menor en la política india. Sin embargo, siguen resonando en la sociedad civil hasta el día de hoy, especialmente en los movimientos populares ambientales, según el conocido activista indio Ashish Kothari.

«El swaraj puede definirse como autogobierno, pero, en realidad, su significado va más allá”, explica Kothari, que ha escrito extensamente sobre el swaraj y la crisis ecológica. «Significa mi propia autonomía, autosuficiencia e independencia, tanto como individuo como comunidad. Pero no se trata de la noción americana de individualismo, de que puedo hacer lo que quiera”.

Gandhi sentado y escribiendo.El eco-swaraj tiene sus raíces en los principios del swaraj escritos por Ghandi en su tratado sobre la independencia de India.

Democracia radical

Más bien, es un tipo de autonomía colectiva que reconoce nuestra dependencia y responsabilidad hacia otros seres humanos y especies. De esta manera, vivir en armonía con la naturaleza es fundamental para el swaraj.

«Hay que ser respetuoso con la naturaleza y reconocer que otras especies y la Tierra en su conjunto también tienen derechos. No solo están ahí para servir a la humanidad”.

«Eco-swaraj” no es un movimiento en sí mismo, pero Kothari utiliza el término para describir las pautas que ha observado en cientos de iniciativas en toda India, que se oponen a la construcción de presas y proyectos de minería y propugnan alternativas sostenibles. En todos los casos, los ciudadanos son la fuerza motriz de un enfoque de base, que va de abajo arriba.

«Uno de los principios fundamentales del eco-swaraj es la democracia radical, que significa que el poder reside en la gente común”, explica Kothari. «No se trata de que un gobierno establezca políticas. Se trata de todos. Cada persona debería estar en el centro de los procesos de toma de decisiones, sin importar de qué aldea provenga”.

Mujeres con mascarillas vertiendo gachas en un tazón.Los miembros de los sangham donaron 20.000 kilogramos de granos para suministrar una nutritiva ración de gachas de mijo dos veces al día a los trabajadores sanitarios y de la limpieza en varias aldeas, durante el confinamiento del coronavirus en India.

Seguridad alimentaria en Telangana

Esos principios han ayudado a miles de mujeres del estado indio de Telangana a pasar de ser buscadoras de comida a proveedoras de alimentos. Antes de que se fundara la ONG agrícola india Deccan Development Society (DDS), en 1983, muchas familias del distrito de Sangareddy luchaban por conseguir suficiente comida. Hombres y mujeres trabajaban como agricultores temporales en tierras ajenas por salarios escasos, mientras que sus propios campos permanecían en barbecho.

DDS animó a las mujeres a formar sanghams, o grupos de autoayuda, para discutir la seguridad alimentaria y encontrar soluciones. Tomaron prestadas semillas de las aldeas vecinas y recuperaron los cultivos tradicionales adaptados al suelo y al clima árido.

Las 3.000 mujeres miembros de los sangham son ahora granjeras orgánicas que cultivan hasta 35 productos diferentes, como mijo, legumbres, semillas oleaginosas y plantas silvestres. También tienen su propio banco de semillas con 80 variedades. Durante el confinamiento del coronavirus en India, cada miembro donó 10 kilogramos de mijo, que se sirvieron como gachas para cientos de trabajadores sanitarios y de la limpieza.

«Antes de unirse a los grupos sangham, estaban solas”, señala Jayasri Cherukuri, co-directora del DDS. «Ahora, cuando hacen las cosas colectivamente, tienen más valor para hablar de los problemas a los que se enfrentan”.

Según Cherukuri, las mujeres que temían enfrentarse a los propietarios de las tierras para las que trabajan, ahora exigen un lugar en los comités del gobierno local. Y no son únicamente las comunidades rurales las que hablan sobre las decisiones ambientales.

Un grupo de personas recogiendo agua de los grifos exteriores.Residentes del barrio marginal de Shivram Mandap gestionan colectivamente un sistema que bombea el agua de un pozo a un tanque de agua y luego se distribuye a toda la zona.

El redescubrimiento de la tecnología tradicional para preservar el agua

En la ciudad de Bhuj, en el estado occidental de Guyarat, las iniciativas ciudadanas están elaborando sus propios planes para gestionar los residuos y el agua potable, que presentan a los organismos gubernamentales para su financiación. Ahora que los pozos perforados han agotado las aguas subterráneas, la ciudad sufre alternativamente escasez de agua e inundaciones. No obstante, estos proyectos dirigidos por los residentes locales son sostenibles. Están recuperando el sistema tradicional de reabastecimiento de pozos para preservar las aguas subterráneas, limpiando los lagos contaminados y recogiendo el agua de lluvia en escuelas y universidades.

Las iniciativas ciudadanas están coordinadas por Homes in the City (del inglés, «Hogares en la ciudad”), una ONG que ha estado trabajando con los vecinos de los barrios marginales de Bhuj durante una década. «Antes, los ciudadanos dependían de unos pocos funcionarios que tomaban decisiones por ellos”, cuenta Aseem Mishra, director del programa Homes in the City. «Ahora estamos tratando de cambiar la mentalidad de los ciudadanos. Queremos que sepan que tienen voz en el desarrollo urbano”.

Soluciones para problemas locales

Una ventaja de las iniciativas ciudadanas es que se basan en tradiciones y condiciones ecológicas locales.

«Cada región y cultura tiene sus propias tradiciones y comprensión de la naturaleza”, explica Brototi Roy, una estudiante de doctorado que investiga los movimientos de justicia ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona. La filosofía eco-swaraj puede aplicarse a diferentes contextos locales y reconoce que no hay una solución para todos.

Un grupo de personas reunidas.Miembros del comité del Distrito número 2 de Bhuj se reúnen en la oficina del distrito para su reunión. Las iniciativas de base se adaptan mejor a la ecología y las tradiciones locales.

Según Kothari, el eco-swaraj tiene fuertes similitudes en otras partes del mundo, como los conceptos de Ubuntu («Soy porque somos”) en África, el «Buen Vivir» en América del Sur, el movimiento de Autonomía Zapatista en México y «Abwicklung des Nordens” (Desarrollo del Norte) en Alemania.

Con valores compartidos de autonomía, justicia social y vida en armonía con la naturaleza, estos marcos se están utilizando para poner en tela de juicio un enfoque general de los problemas ambientales arraigado en el «desarrollo”, es decir, la idea de que el Sur global debería esforzarse por emular las economías más ricas de los «países desarrollados” del Norte global.

Resistiendo al imperialismo, antes y ahora

Gandhi no fue el primero en aplicar el swaraj a la lucha por la independencia de India. Ya fue fundamental en la resistencia del siglo XIX al imperialismo británico, y la idea tiene raíces mucho más antiguas en el subcontinente indio, que albergó algunas de las primeras democracias del mundo ya en el siglo VI a.C.

Ahora, activistas como Kothari están utilizando esta idea para enmarcar alternativas a «la tendencia de ‘modernidad’ y ‘estructuralismo’ que da forma al mundo entero en un marco occidental homogéneo, consumista y materialista”, como señala en un documento de 2018.

Personas con muchas bolsas de compra en una calle comercial.Eco-swaraj adopta un camino de desarrollo alternativo al marco “occidental, consumista”.

Las soluciones ambientales convencionales podrían centrarse en las emisiones de carbono, plantar más árboles o depender de una aplicación para gestionar recursos, según Roy. Pero esto no altera fundamentalmente un sistema en el que la salud ambiental y humana está librando una batalla perdida contra el desarrollo económico.

«Cuando consideramos a la gente y al planeta por encima de los beneficios, los recursos se gestionan mediante la participación local y podemos llegar a un modo de vida ecológicamente más favorable”, concluye.

  • Deutschland BdT Hitze Mähdrescher (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

Fuente: https://www.dw.com/es/eco-swaraj-una-democracia-verde-y-radical-en-india/a-54632072

Comparte este contenido:
Leer más »