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Argentina: Crear dos, tres, muchas universidades públicas

Por Horacio Raúl Campos/Pagina12

Ya avanzan los proyectos para establecer casas de estudios superiores en Cañuelas, Pilar, Tigre y Saladillo, y nacionalizar la que funciona en Ezeiza. Desde distintos sectores coinciden en la necesidad de ampliar derechos en materia educativa, una política de Estado ignorada por el gobierno anterior.

La creación de nuevas universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires ya cuenta con el apoyo político y académico para convertirse en realidad en un futuro cercano. El impulso definitivo lo dio el presidente Alberto Fernández cuando en abril pasado ratificó la intención del Gobierno de respaldar el nacimiento de universidades en Cañuelas, Pilar y Tigre, y la nacionalización de la de Ezeiza. Los proyectos se encuentran en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se sumó una iniciativa para fundar una casa de estudios superiores en Saladillo. En consonancia con esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó hace un mes esas iniciativas durante un plenario de rectoras y rectores.

“A diferencia de lo que otros creían, que los pobres no estudiaban, nosotros creemos que si les damos oportunidades a los que menos tienen, a cada oportunidad la aprovechan”, aseguró el Presidente en aquella ocasión y aprovechó también para marcar distancias ideológicas con el macrismo: “Esas universidades del conurbano, que otros decían que no servían para nada, están llenas de primeras generaciones de estudiantes universitarios e hijos de trabajadores, y eso es lo que nos diferencia”.

Los referentes que impulsan la instalación de nuevas universidades son los intendentes e intendentas de cada uno de los municipios bonaerenses involucrados y referentes políticos de las regiones, quienes ya tuvieron reuniones con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Como las universidades públicas se crean por ley, los casos están adquiriendo estado parlamentario y al momento son todos proyectos que están ingresados en la Cámara de Diputados”, explicó a este suplemento el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y señaló que “al día de hoy no se pueden dar mayores precisiones sobre fechas de inauguración o inicio de clases, porque son proyectos”.

Con respecto a la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), Perczyk precisó que “el camino a recorrer es el mismo” que con las otras casas de estudios proyectadas, aunque el fin sea “crear una universidad nacional a partir de la base de una institución ya en funcionamiento”.

El circuito que debe atravesar la creación de una universidad nacional es el siguiente: en el Congreso, un legislador presenta un proyecto de ley; después la Comisión de Planeamiento del CIN evalúa sobre su factibilidad; la iniciativa vuelve al Parlamento para su tratamiento y una vez convertida en ley el Ministerio de Educación designa a un rector organizador, que es “el encargado de presentar el proyecto institucional a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)”, explicó Danya Tavela, que integra el directorio de ese organismo y es vicerrectora de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

En declaraciones a este suplemento, Tavela precisó que “una vez que la CONEAU se expide, vuelve al Ministerio de Educación, que dicta la resolución para que la universidad empiece a funcionar”.

Dinamizar cada región

El proyecto de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, cuya sede central estará en Cañuelas, es el que llegó más lejos: en octubre de 2015 tuvo aprobación de la Cámara de Diputados, pero al año siguiente quedó frenado en el Senado, que debía convertirlo en ley cuando Mauricio Macri ya era presidente.

“Lamentablemente, durante 2016 perdió el estado parlamentario por el desinterés de llevar adelante políticas públicas de educación superior inclusivas que brinden iguales oportunidades a aquellos que menos tienen”, explicó a este suplemento la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi.

Entre 2007 y 2015 “se abrieron 16 nuevas universidades nacionales y ninguna de ellas le restó matricula a las existentes; eso explica a las claras la necesidad de invertir en la creación de nuevas instituciones de educación superior”, destacó Fassi.

“La descentralización propone la radicación de sedes en diversos municipios, respondiendo de forma orgánica a la sede central, que se encontrará emplazada en el municipio de Cañuelas”, argumentó.

El plan de estudios de la futura universidad de la Cuenca del Salado contempla carreras relacionadas a las ciencias agrarias y veterinarias, de la salud y empresariales.

Los partidos donde se asentarán las nuevas universidades poseen realidades sociales, laborales y económicas disímiles, y los referentes de cada uno de los lugares apuran el debate parlamentario, que recién podría concretarse el año próximo.

El intendente de Pilar, Federico Achával, dijo que la creación de la universidad “es un sueño de la comunidad que está cerca de concretarse para que nuestro jóvenes e hijos de trabajadores tengan la posibilidad de trabajar y estudiar en el mismo distrito”.

“Pilar tiene el parque industrial más grande del país y con la universidad tendrá aún más un perfil productivo e industrial y dará lugar a nuevas tecnologías, con una mirada humana”, aseguró Achával a este suplemento. Y destacó: “Asumí con el compromiso de zanjar la profunda desigualdad que hay en el distrito y este proyecto político sabe que la educación implica generar más oportunidades. Además, la universidad funcionará en el Instituto Pellegrini, que es símbolo de lucha por la educación en Pilar”.

Quienes hacen fuerzas para que el Parlamento apure los proyectos de ley confían en los referentes proclives a ese tipo de iniciativas. “Estamos entusiasmados porque Trotta y Massa han dado un enorme impulso al proyecto, así como también confiamos en el apoyo que dará Cristina Fernández” en el Senado, se esperanzó Achával.

Subsedes y zonas de influencia

El proyecto de la Universidad Nacional del Delta incluye a los partidos de Tigre –donde estará la sede central–, Escobar y San Fernando. En esos dos últimos distritos se prevé instalar sedes regionales. En la iniciativa se destaca que esos tres municipios albergan en conjunto, según el Censo 2010, poco más de 700 mil habitantes.

“Las características de esos municipios, principalmente por la ubicación geográfica de la zona, las localidades lindantes, su fácil acceso y circulación regional, son variables que permitirán que concurran estudiantes de toda la región”, se argumenta en el proyecto de ley.

En cuanto a la nacionalización de la UPE, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez había presentado un proyecto de ley en 2020 y lo propio hizo la exdiputada y concejal de ese distrito Dulce Visconti. Ese tipo de iniciativas, si no son tratadas por algunas de las cámaras del Congreso durante el año legislativo, pierden el estado parlamentario y tienen que volver a presentarse en comisión.

El área de influencia de la universidad de Ezeiza abarca gran parte de la zona sur del conurbano bonaerense. Los municipios aledaños de Esteban Echeverría, Cañuelas, Lobos, Presidente Perón y San Vicente, y con menos incidencia en localidades de la zona sur de La Matanza.

Acerca de la futura Universidad Nacional de Saladillo, la zona de influencia contemplada en el proyecto de ley está conformada por los distritos de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio, cuyas distancias oscilan con respecto a la sede central entre 100 y 150 kilómetros.

Desde hace alrededor de 30 años, en Bolívar y Saladillo existen extensiones áulicas de distintas universidades. En 1991, por ejemplo, comenzó a funcionar el Centro Regional Universitario Bolívar-CRUB de las universidades de Quilmes (UNQ) y Tres de Febrero (UNTREF). Cuatro años después, comenzó a gestionarse el Centro Universitario Regional Saladillo “Dr. Hugo Daniel Salomón”, que funciona desde 2018 con la participación de la UBA, la UNLP y el municipio.

Desde la experiencia

Para el titular de la Comisión de Planeamiento del CIN y rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, el nacimiento de una universidad “crea efectos en la población y no sólo entre los jóvenes, sino que dinamiza lo cultural y productivo”.

“Las experiencias en estos años de las nuevas universidades, como la Arturo Jauretche, fueron todas positivas. Incluso estas nuevas instituciones a crearse no les quitarán estudiantes a otras universidades”, justificó el rector de la UNAJ, que fue creada en 2010.

En declaraciones a este suplemento, subrayó que otro de los aspectos que se analiza en un proyecto “es ver cómo una universidad favorece el desarrollo científico y tecnológico del propio territorio, porque en las casas de estudio se encuentra mucha investigación que se va generando y en varios años se mejora la región”.

“En estos casos, en sus ciudades, existen instituciones que son subsedes de otras. Por los tanto, no se parte de cero. Es decir que no se crean desde la nada, porque ya hay académicos y profesionales en condiciones de cubrir los cargos. Lo digo por experiencia propia. Hay muchos profesionales en las cercanías”, argumentó Villanueva.

Consultado sobre los plazos de concreción, aclaró que “para crear una universidad se necesita una cierta maduración y lleva tiempo”, y recodó que “en el mundo ha sido así, porque se van creando desde la comunidad, desde abajo”.

Página 12

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Estudio: El reto africano de recuperar las clases perdidas

Tras el cierre de escuelas por la covid-19, África debe reformar la educación para paliar los atrasos en el aprendizaje que lastrarán a la próxima generación. Hay soluciones, según esta nueva investigación.

La pandemia de covid-19 ha provocado una conmoción histórica en la educación al haber cerrado las escuelas de más de 1.600 millones de niños en el mundo. Esta sacudida empeorará una crisis educativa que ya existía de antes y en la que muchos estudiantes aprendían ya muy poco en la escuela. El Banco Mundial prevé que el porcentaje de niños analfabetos a los 10 años podría ascender del 53% (número anterior a la pandemia) al 63% debido al cierre de centros educativos.

Estos déficits en la enseñanza podrían derivarse de una combinación de elementos: el olvido de lo estudiado anteriormente y la falta de lo que se habría aprendido si las escuelas no hubiesen cerrado. Tales pérdidas se pueden acumular en el largo plazo. Los alumnos que se reincorporan a los colegios, muy atrasados con respecto a las previsiones de los planes de estudio, pueden estar demasiado rezagados para aprender de la enseñanza diaria, por lo que se quedarían aún más atrás.

Este nuevo estudio, que publicamos en International Journal of Educational Development, analiza cuánto aprendizaje puede perderse en Etiopía, Kenia, Liberia, Tanzania y Uganda como consecuencia del cierre en la pandemia. Utilizamos datos de las evaluaciones de lectura de los primeros cursos en estos cinco países. Nuestro modelo indica que podría haber hasta un año de atraso en el aprendizaje a corto plazo. Nuestros cálculos advierten de que estos déficits se distribuirán de manera desigual y quienes se quedarán más atrás serán los estudiantes que empezaron con niveles de aprendizaje más bajos.

Según nuestros cálculos, estos déficits en el aprendizaje a corto plazo podrían acumularse en 2,8 años de déficit en el largo plazo. Así sucede si el plan de estudios –a menudo este es demasiado ambicioso y no se corresponde con los niveles de aprendizaje de los estudiantes– no se ajusta para permitir que los estudiantes alcancen el nivel que se les exige.

Oportunidad histórica para la reforma

Pero ese no tiene por qué ser el resultado final. Aunque la covid-19 ha frenado el aprendizaje, es posible una reforma audaz y la pandemia brinda una oportunidad histórica para renovar los sistemas educativos. Podría ser el momento de instaurar prácticas y políticas que ya eran necesarias para abordar la crisis educativa subyacente desde hace décadas.

En la revisión de los trabajos existentes se identifican dos estrategias para mitigar las pérdidas en el aprendizaje y mejorarlo incluso más allá de los niveles previos a la covid-19. Esta revisión se fundamenta en una creciente base de intervenciones que han funcionado a escala en países de ingresos bajos y medios para mejorar la alfabetización y las aptitudes básicas de aritmética.

La primera estrategia consiste en adaptar la enseñanza al nivel de aprendizaje del alumno. Esto se puede conseguir a un bajo coste mediante una prueba de conocimiento del niño durante el proceso de formación –lo que se conoce como evaluación formativa– y una variedad de actividades ajustadas al nivel de cada alumno. Esta estrategia tiene más potencial que una enseñanza prescriptiva basada en un único plan de estudios.

Podría ser el momento de instaurar prácticas y políticas que han sido necesarias para abordar la crisis educativa subyacente desde hace décadas en África

La segunda estrategia consiste en introducir programas estructurados de pedagogía que combinen planes de clases estructuradas, formación del profesorado y apoyo escolar. En la situación actual, muchos profesores suelen verse obligados a arreglárselas solos y redactar sus propios planes diarios de clases. Si se proporciona un apoyo estructurado y continuo, pueden conseguirse grandes avances en el aprendizaje.

En estudios anteriores se ha comprobado que ambas propuestas mejoran el aprendizaje en tres años de escolarización de alta calidad por un coste de 100 dólares. Estos avances son casi equivalentes a la brecha educativa en el sistema por niveles entre Zambia, uno de los países con menor rendimiento del África subsahariana, y Kenia, uno de los de mayor rendimiento.

El modelo indica que la corrección a corto plazo mediante estas estrategias puede paliar considerablemente los atrasos en el aprendizaje. Y lo que es más sorprendente, las ambiciosas reformas vinculadas a estas estrategias –como la adaptación en el largo plazo de la enseñanza a los niveles de los alumnos– no solo pueden aplacar todos los déficits formativos, sino que también mejoran los niveles de aprendizaje previos a la covid-19.

Países que ya han empezado

En el estudio exponemos algunos ejemplos de países que están empezando a implementar estas reformas, como Botsuana y Madagascar. En la segunda región más grande de Botsuana, el noreste, el director del Ministerio de Educación Básica solicitó a todas las escuelas que realizaran una evaluación formativa y aplicaran la enseñanza específica de manera inmediata. Y así se hizo cuando reabrieron las escuelas en junio de 2020 tras la primera ola de cierres a causa de la covid-19.

La región actualizó las funciones y las responsabilidades del personal educativo para regularizar esta reforma. Se celebraron sesiones formativas con el apoyo de la ONG que dirijo, una de las mayores dedicadas a la juventud del país, Young 1ove, en colaboración con USAID y Unicef. El Ministerio esperaba que se informara con frecuencia de los progresos realizados y el director regional visitó directamente las escuelas para supervisar la implementación. Aunque aún no se disponen de pruebas causales, los primeros datos indican que los niveles de aprendizaje están mejorando más rápido que en otras regiones.

Hay iniciativas de reforma esperanzadoras en el continente africano, pero muy pocos países han dado pasos hasta la fecha

Madagascar constituye otro ejemplo. El Gobierno ha reforzado el programa nacional para la recuperación, llamado CRAN, que antes de la pandemia había estado proporcionando un periodo de aprendizaje intensivo de dos meses a los niños en función de su nivel. A finales de 2018, CRAN se había implementado con el apoyo de Unicef en siete de las 22 regiones de Madagascar. A finales de 2020 y en respuesta al cierre de escuelas por la covid-19 se aceleró esta implementación. Aunque el Gobierno y Unicef están en las primeras etapas del proyecto, este demuestra cómo los Gobiernos pueden reforzar los programas actuales para cambiar las prácticas de docencia y aprendizaje.

Estas iniciativas de reforma son esperanzadoras, pero muy pocos países han dado pasos hasta la fecha. Si no se toman medidas urgentes, los atrasos en el aprendizaje a corto plazo podrían atrofiar a la próxima generación de estudiantes de por vida, lo que conllevaría posibles consecuencias intergeneracionales. La covid-19 presenta la necesidad de actuar con urgencia y brinda una oportunidad para concebir soluciones diferentes. Tal vez algunos sistemas educativos se reformen para alcanzar el tan ansiado objetivo de una educación para todos.

Noam Angrist es el director de Young 1ove, ONG que apoya al Gobierno de Botsuana para promulgar las reformas educativas mencionadas en este texto.

Fuente: https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-04/el-reto-africano-de-recuperar-las-clases-perdidas.html#:~:text=Tras%20el%20cierre%20de%20escuelas,lastrar%C3%A1n%20a%20la%20pr%C3%B3xima%20generaci%C3%B3n.&text=La%20pandemia%20de%20covid%2D19,de%20ni%C3%B1os%20en%20el%20mundo.

 

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Argentina: San Juan y otras 7 provincias retornan a clases presenciales con protocolos tras el receso

América del Sur/Argentina/06-08-2021/Auto(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

La provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, San Juan, Corrientes y Salta retomarán a partir de mañana las clases presenciales con protocolos sanitarios, a raíz de la pandemia de coronavirus tras el receso escolar de invierno.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires el plan de regreso a los colegios se irá implementando entre el 4 y el 31 de agosto próximo en forma escalonada en los distintos niveles educativos.

El plan de regreso será en burbujas que abarcarán a la clase completa de alumnos y se aplicará en etapas entre el 4 y el 23 de agosto próximos, después del receso escolar y las dos jornadas del 2 y el 3 para exámenes.

Puntualmente, desde el miércoles 4 volverán los alumnos de 4to y 5to año de secundaria, los de 5to y 6to año de técnica; en tanto que el 9 de agosto regresarán los restantes cursos de 1ero, 2do y 3ro de secundaria y 1ero, 2do, 3ero y 4to de secundarias técnicas.

El 17 de agosto retornarán los chicos y las chicas del nivel primario, los de modalidad especial, los de escuela para adultos, los del nivel superior no universitario y de los Centros de Formación Profesional.

Y el 23 de agosto será la fecha para el regreso de los niños y niñas del nivel inicial.

En la provincia de Buenos Aires, un total de 4.150.000 alumnos que cursan sus estudios en un total de 16.000 establecimientos regresarán a clases presenciales «cuidadas» en contexto de pandemia.

De esa manera, los 65 municipios de fase 3 y los 70 de fase 4 tendrán clases presenciales.

Mañana lunes, en Santiago del Estero retomarán las clases presenciales todos los niveles y modalidades del sistema educativo con el sistema de burbujas en escuelas de matrículas elevadas y cada grado o sección se dividirá en dos grupos, que se alternarán una semana cada uno en la presencialidad.

En Salta, los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y técnico retornarán a clases este lunes, tras el receso invernal que se extendió una semana más a raíz de las jornadas pedagógicas para instrumentar los criterios de promoción, evaluación, acreditación y cierre.

También mañana retoman las clases Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Corrientes.

Según el cronograma de vacaciones escolares de invierno, la semana del 26 de julio retornaron a clases Catamarca, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Fe, La Rioja y Tucumán, que iniciaron sus vacaciones el 12 de julio.

En Santa Fe las clases se reiniciaron con presencialidad en todos los niveles y la ampliación del tiempo de los alumnos en las escuelas de una hora en el nivel primario y de dos en el secundario.

En Córdoba, retomaron la presencialidad de alternancia, con el incremento de una hora más de clase en los niveles primario y secundario.

En Formosa, las clases presenciales volvieron de manera parcial, con horarios reducidos y de forma progresiva y no obligatoria.

En tanto, en Entre Ríos se reanudaron con la carga horaria completa.

Por su parte, en Tucumán, retornaron las clases presenciales todos los días con protocolos.

En Río Negro, 230.584 alumnos de todos los niveles volvieron a las aulas con el protocolo de presencialidad cuidada y el sistema combinado de clases virtuales y presenciales, en forma alternada, según voceros de Educación provincial.

También regresaron en Neuquén, con la asistencia de todo el trayecto educativo obligatorio, que va de las salas de 3 años hasta el secundario completo.

En San Luis, las clases regresaron con modalidades presencial, virtual o combinada y los tutores podrán elegir cualquier modalidad o combinar ambos sistemas de enseñanza, previa comunicación con sus escuelas.

Por su parte, la Dirección General de Escuelas de Mendoza había establecido el regreso a las aulas el jueves 29 de julio, tras el receso invernal y de las jornadas institucionales previstas entre el 26 y el 28.

A su vez, los alumnos de La Pampa volvieron a las clases con un sistema bimodal virtual y presencial.

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/San-Juan-y-otras-7-provincias-retornan-a-clases-presenciales-con-protocolos-tras-el-receso-invernal-20210801-0058.html

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Report OVE: World Bank Group (WBG) , UNESCO Institute of Higher Education for Latin America and the Caribbean (IESALC), Gates Foundation and Facebook Corporation

Critical thinking is based on the praxis anchored in the territories , the systematic study of reality, the analysis of data, narratives and imaginaries. According to the world-system framework , doing critical pedagogies adds the need to study the link between large corporations, development banks, multilateral organizations and philanthropy with education.

This is particularly relevant in the context of recent decades tensions, resulting from the national educational disinvestment in key areas such as teacher working conditions, infrastructure, endowments and social programs for students, to which is added standardization systems of educational goals marked by suparanational definitions .

At no other time in history was so decisive explicit international pressure on the national in educational matters. The normalization and standardization of educational policies is produced through consensus induced by post-cold war multilateralism, formulation of minimum and maximum coordinates established by the G-7, international monetary fund and development banks, strengthened through the corporatization of the educational agenda and philanthropic financing of multinationals conditioned by market priorities.

Despite the multiple evidences in this regard , unfortunately many of the discourses of educational resistance do not immerse themselves in this spider web, which leads to the emptying of the narratives of resistance , to the fragility of the arguments and serious limitations to foresee.

The great obstacle to the work of this observatory is the precarious transparency in the budgetary and financial information of some instances of multilateralism. In the 21st century, transparency is an imperative to rebuild the democratic culture and the active role of citizens. However, the work will be done with the information that is available, without leaving at every opportunity to underline the need to improve transparency.

For the work that we begin with this report, we are eager to call on more voices to join the work we do, with the understanding that the work that we begin strategically is sustainable with an alternative social structure.

Enlace del Informe

REPORTE 1 INGLES

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La política educativa y la catástrofe generacional

Por: Eduardo Hernández de la Rosa

El contexto global, se ha visto mediado por el riesgo, desde diferentes ópticas como lo he expresado en otros momentos, desde aquellas que se integran al conflicto social, a la incertidumbre y la misma globalización. Sin embargo, en los procesos educativos, no existía un precedente en el cual existiese una migración forzada (Hernández, 2020) de esta naturaleza.

La política pública, en términos generales, puede describirse como los cursos de acción que buscan atender problemas colectivos. De esta manera, el confinamiento, es una política que se ha empleado como una medida de contención sanitaria para prevenir el incremento en los contagios tras el Covid-19, siendo esta acción la que se emplearía en todos los sistemas que integran a las sociedades, sin embargo, el primer problema que enfrentó esta política pública, fue que su implementación no tuvo el impacto esperado, especialmente, por que los contextos sociales son diversos, incluyendo las necesidades económicas y las posibilidades de poder sobrevivir a un confinamiento prolongado sin realizar actividades económicas, esto especialmente para los grupos sociales que se sitúan dentro de un contexto de estrés económico.

Tras las complicaciones que trae el confinamiento, los sistemas también tuvieron que emplear acciones que pudieran adaptar su funcionalidad para continuar con los procesos educativos y con ello asegurar la continuidad de los procesos de ingreso, transito, conclusión y certificación de los estudios en todos los niveles que estructuran la educación formal, tanto en sus modalidades rural o urbana, compensatorias o de apoyo a los adultos.

Esto implico revalorizar el papel de la docencia y con ello, la adaptabilidad que se pudiera lograr a partir de mecanismos apoyados en las diferentes variantes de la educación a distancia y con los recursos que pudieran disponerse para tal efecto.

Por supuesto, las dificultades se hicieron notar ante una diversidad de posibilidades de acceso, que pusieron sobre la mesa, las discusiones sobre la cobertura educativa, la calidad en los procesos educativos, la continuidad del Curriculum y la necesidad de pensar en el rezago educativo que se vio presente en diversas modalidades en todos los países cuyas brechas educacionales fueran marcadas por las zonas que no cuentan con los recursos necesarios para atender una educación formal.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) más de 1 500 millones de estudiantes de 165 países son afectados por el cierre de escuelas debido a la pandemia (UNESCO, ), esto por supuesto, representa problemáticas diversas, es aquí que se coincide con Amina Mohamed (2020) la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas al mencionar que “para millones de niños y jóvenes de entornos desfavorecidos, el cierre de las escuelas podría significar la pérdida de una red de seguridad vital –de nutrición, protección y apoyo emocional”. Este panorama de implicaciones educativas, no solo permite visualizar el impacto, sino prever los matices con los cuales se deben orquestar las políticas educativas de los gobiernos, articulándose con todo el aparato gubernamental para efectos de minimizar dichos impactos.

Pese a los esfuerzos que se realizaron por parte de La Coalición Mundial para la Educación, lanzada por la UNESCO, en la que interactúan sociedad civil la academia y el sector privado para garantizar que #LaEducaciónContinúa, los esfuerzos, han sido insuficientes.

De acuerdo a según la “Encuesta sobre las respuestas nacionales de educación al cierre de escuelas por la COVID-19” realizada por la UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y la OCDE, uno de cada tres países en los que se cerraron las escuelas, no aplicó programas de recuperación de aprendizajes, por lo que según el instrumento, solo un tercio de los países está adoptando medidas para medir las pérdidas de aprendizaje en los niveles primario y secundario inferior, sobre todo entre los países de ingresos altos.

Por lo anterior, más de 100 millones de niños no podrán leer ni escribir correctamente. De hecho, 584 millones de niños carecen de habilidades básicas de lectura, un aumento de más del 20% en solo un año (UIS, 2021). El informe del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS, 2021) de la UNESCO, asimismo, indica que las mayores pérdidas de aprendizaje ocurren en las regiones de América Latina y el Caribe y Asia Central y Meridional, previendo si no existen políticas educativas de regularización al menos una década para volver a una situación anterior al confinamiento causado por la pandemia mundial. En vista de ello, se deben generar acciones para brindar tutoría y estrategias de recuperación para todos los niveles educacionales, en particular el sector primario y secundario.

Aún con este panorama, según el informe (UIS, 2021), indica también que el 65% de los gobiernos de los países de bajos ingresos redujeron la financiación para la educación en comparación con el 35% de los países de altos ingresos. Calculando con ello que solo el 2% de los paquetes fiscales está destinado a la educación.

En este sentido, para el caso de la educación superior, se han expresado las siguientes recomendaciones, que buscan incidir en la política educativa de los estados miembros de la UNESCO, ver cuadro 1.

Cuadro 1. Recomendaciones para las Instituciones de educación superior
Dimensiones OCDE (2019) UNESCO (2020)
Dimensión humana y social Sin dato ·       Principios básicos:

Derecho a la educación.

Ningún estudiante atrás. Capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis.

La reanudación de las actividades presenciales.

·       La vida cotidiana y el equilibrio personal.

·       Apoyo socioemocional.

Dimensión estructural ·       Alinear la educación superior con las necesidades cambiantes del mercado laboral.

·       Concienciar sobre la relevancia y los resultados de la educación superior en el mercado laboral.

Las perspectivas laborales de los nuevos graduados.
Dimensión educacional ·       Fomentar las prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje en la

·       educación superior

·       Fortalecer las cualificaciones del personal académico

·       Desarrollar una cultura sólida de excelencia en la enseñanza y el aprendizaje.

·       Fomentar la contratación de profesores que ejercen también como profesionales y expertos en la industria

·       La sustitución de las clases presenciales

·       Profesorado

·       Personal no docente

Dimensión curricular ·       Promover la internacionalización de los planes de estudios y apoyar la movilidad de los estudiantes y el personal.

·       Integrar el aprendizaje en el lugar de trabajo en los planes de estudio.

·       Respuestas institucionales.

·       El apoyo a la continuidad formativa.

Dimensión formativa ·       Garantizar mejores itinerarios para el ingreso en el sistema de educación

·       superior y la progresión dentro del mismo.

·       Apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida.

·       Promover el aprendizaje a lo largo de la vida haciendo la educación superior más flexible.

·       La contribución de la I+D.

·       Continuidad de las actividades formativas.

·       Apoyo en recursos bibliográficos y tecnológicos.

·       Los programas de educación continua.

Dimensión gubernamental e institucional. ·      Fomentar la colaboración entre secretarías, organismos gubernamentales y

·      niveles de gobierno.

·       Generar un entorno político propicio a una salida de la crisis con calidad y equidad, la responsabilidad de los Estados.

·       Contar con la educación superior en los planes de estímulo para la recuperación

·       económica y social.

Fuente: Elaboración propia a partir de UNESCO (2020) OCDE (2019)

Por lo anterior, la pregunta obliga es ¿Son suficientes las recomendaciones que se emiten por parte de los organismos internacionales? ¿Qué deben hacer los gobiernos para crear políticas que atiendan la heterogeneidad de la educación? El cuadro, ofrece una visión comparativa de las políticas impulsadas por el organismo de la OCDE en 2019 y el de la UNESCO en 2020, las diferencias son mínimas, lo que obliga a pensar en las formas de operar las recomendaciones por parte de los sistemas educativos en cada uno de los países.

En una declaración de la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, y de la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay (2021), coincidieron en afirmar que frente a esta pandemia mundial: “las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir”. Asimismo, dentro de dicha declaración se hace una crítica sobre la apertura de bares y restaurantes en detrimento de los espacios educativos, por supuesto, las declaraciones se hacen antes de la aceptación del virus Delta y de sus implicaciones para los grupos juveniles e infantiles.

Lo cierto es que la extensión del confinamiento, ha sido en la medida de lo posible una política que reactiva, que ha tenido el propósito de evitar catástrofes sanitarias, aún cuando esto implique catástrofes educativas, los procesos educacionales, deberán ser atendidos de formas igualmente cautelares, en tanto, no exista una cura concreta a la variantes del virus covid-19, tendrán que tomarse precauciones, pero también deberán de hacerse énfasis en el diseño e implementación de políticas que no solo constituyan el abordaje sino el acompañamiento para mitigar el rezago educacional en todas las poblaciones.

En el contexto mexicano, se han formulado de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, un documento que ha intentado hacer el esfuerzo de lo que es un Modelo Educativo Híbrido, como alternativa para la educación frente a una pandemia, no obstante, el documento en sí, aún con las limitaciones respectivas, ofrece un atisbo de luz en medio del horizonte de esperanzas que nublan con los deseos de la presencialidad, la apertura a medios alternativos para impulsar la educación.

Las recomendaciones emitidas por parte de los árbitros internacionales, se ven aterrizadas en los Estados, y estos a su vez impulsan para que los sistemas educativos y a su vez sus organizaciones, puedan operar la política educativa a través de Modelos Educativos que atiendan las necesidades de las comunidades educativas.

Sin menor a dudas, los datos solo nos permiten poner en perspectiva lo que se vive en lo cotidiano, al constatar los problemas que implica el confinamiento para el desarrollo psicopedagógico y psicoandragógico en todas las comunidades educativas. Realmente, los procesos de aprendizaje dentro de las modalidades a distancia, mantienen una entropía del aprendizaje más elevada de lo normal, efecto de las deficiencias por parte de la migración forzada hacia los medios alternativos, además de las claras brechas de cobertura existentes para asegurar la llegada de los materiales educativos.

Las acciones que deben tomarse dependerán de una solución polifactorial, mientras tanto, desde las trincheras educativas, formativas, magisteriales o institucionales, deberán de hacerse el esfuerzo por asegurar que los procesos educativos vayan fortaleciéndose, recordemos que, por naturaleza, somos entidades biológicas que impulsan el aprendizaje, por lo anterior, pongamos énfasis en lo que nos toca y mantengámonos atentos para enfrentar las vicisitudes del presente y del futuro.

Referencias

Alternativa: Educación (06 de abril de 2020). MUNDO: UNESCO impulsa la coalición #LaEducaciónContinua. Recuperado de https://alternativaeducacion.com/?p=640

Alternativa: Educación (14 de julio de 2021) Uno de cada tres países no está tomando medidas para ayudar a los estudiantes a ponerse al día en el aprendizaje tras el cierre de las escuelas de COVID-19 Recuperad de https://alternativaeducacion.com/?p=2813

Hernández de la Rosa, E. (2020, 16 de abril). Una migración forzada: la educación aprendiendo de la crisis. Revista Edurama. Recuperado de: http://revistaedurama.com/una-migracion-forzada-la-educacion-aprendiendo-de-la-crisis/

IESLAC. (2020). COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. UNESCO.

nacionales al cierre de escuelas COVID-19. Recuperado de  http://covid19.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/11/2021/01/Joint-Survey-of-School-Closures-3_Definition-and-Glossary_ES.pdf

OCDE. (2019). Educación superior en México: Resultados y relevancia para El mercado laboral. Resumen / evaluación y recomendaciones. Recuperado de: www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

UNESCO (07 de abril de 2021) UNESCO alerta sobre catástrofe generacional https://pt.unesco.org/news/unesco-alerta-catastrofe-geracional

UNESCO (13 de julio de 2021) Uno de cada tres países no está tomando medidas para ayudar a los estudiantes a ponerse al día en el aprendizaje tras el cierre de las escuelas de COVID-19. Recuperado de https://es.unesco.org/news/cada-tres-paises-no-esta-tomando-medidas-ayudar-estudiantes-ponerse-al-dia-aprendizaje-cierre

UNESCO (2020) Encuesta UNESCO-UNICEF-Banco MundialOCDE sobre las respuestas educativas

UNESCO (2020) Instrumento: Encuesta sobre respuestas nacionales de educación ante cierres de escuelas por el COVID-19. Recuperado de http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/covid-19_school_closure_questionnaire_sp.pdf

UNESCO (25 de marzo de 2021). 100 million more children under the minimum reading proficiency level due to COVID-19 – UNESCO convenes world education ministers Recuperado de https://en.unesco.org/news/100-million-more-children-under-minimum-reading-proficiency-level-due-covid-19-unesco-convenes

UNESCO Institute for Statistics (UIS) (2021) Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators: A focus on the early grades. Recuperado de  http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/covid-19_interruptions_to_learning_-_final2.pdf

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Diego Herrera: ¿La escuela acepta las disidencias de género?

Fue hace unos diez años. Uno de los vicerrectores del Colegio Nº 4 “Nicolás Avellaneda”, ubicado en el barrio porteño de Palermo, quiso prohibirle el ingreso a un estudiante que vestía una pollera con cadenas, larga casi hasta los pies.

No se trataba de una persona trans, sino que tenía una elección estética medieval. A veces llevaba capa y bastón. El alumno sacó el reglamento de convivencia de la mochila, se lo mostró al directivo y, sin decir una sola palabra, señaló donde decía: “No se puede usar polleras cortas”. Nada señalaba sobre las largas.

La anécdota la cuenta Marta Busca, docente jubilada del Avellaneda y pionera en la educación sexual integral (ESI): “Tuve una larga charla con ese vicerrector. Él sostenía que había que agregar al reglamento que no se permitía vestimenta extravagante. ¿Quién define si algo es extravagante? ¿Qué habría hecho esa autoridad si una alumna trans iba a la escuela?”. Lejos está Busca de presentarse como una persona que siempre estuvo por encima de los códigos de vestimenta. De hecho, recuerda otra anécdota que marcó su recorrido docente: “En 1986, en esa misma institución, había chicos que iban con peinados punks que, en ese tiempo, llamaban mucho la atención. No me molestaba la situación, pero no sabía si podían asistir con esos peinados. Lo consulté con el rector de aquel entonces, Raúl Aragón, y él me contestó que a la escuela un estudiante tiene que entrar tal cual es”.

El acto de discriminación sufrido por aquel alumno que quiso vestir pollera es útil para pensar, como mínimo, un par de cuestiones. En primer lugar, permite observar la velocidad con que se produjeron cambios en dirección a la expansión de algunos derechos: hoy, al menos en las escuelas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), no parecería posible que se pretendiera imponer una prohibición de ese tipo. Pero, sobre todo, deja en evidencia la complejidad de la vivencia de género, que no está determinada ni por el sexo biológico, ni por la vestimenta, ni por los roles que tradicionalmente la sociedad patriarcal quiso imponerles a mujeres y varones. Tal como, desde 2012, establece la Ley Nº 26.743: “Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

La citada Ley de Identidad de Género (2012) Nº 26.743 –y la posterior reglamentación (2015) de su Artículo 11 para garantizar el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales–, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) Nº 26.150 (2006), la Ley de Matrimonio Igualitario Nº 26.618 (2010), la Ley de Protección Integral a las Mujeres Nº 26.485 (2009), la Ley de Capacitación Obligatoria en Género Nº 27.499 (2018), la Ley de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes (2018) Nº 27.452 y la reciente Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo Nº 27.610 cristalizan las conquistas de los movimientos de mujeres y del colectivo LGBTIQ+. En ese proceso, y sobre todo a partir de 2015, cuando irrumpe ese #NiUnaMenos que abrió paso a la marea verde, les adolescentes tuvieron un protagonismo notable que sacudió la experiencia cotidiana de las escuelas secundarias. Tal como indica Denise Fridman, referente del Programa de Género y Diversidad Sexual de la UNIPE, estos cambios se expresaron en iniciativas para habilitar baños sin distinción de género en algunas escuelas y universidades y en protestas estudiantiles para acabar con el sexismo de los códigos de vestimenta: “Hay mucha mayor regulación en la vestimenta de las mujeres y de la diversidad sexual. Se regula menos la vestimenta de los varones cis porque se supone que no ‘provocan’. Hay una objetivación del cuerpo de la mujer, también en la escuela”. También hubo varones que acompañaron esas luchas. Por ejemplo, en 2016, un grupo de la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña”, situada en la CABA, concurrió vestido con pollera en solidaridad con sus compañeras, a quienes se les prohibía el ingreso con shorts, polleras cortas o sin corpiños.

“Estas movidas más políticas que muchas veces se arman en las escuelas son impactantes y envían un mensaje a la sociedad. Pero es necesario considerar que esos chicos no van con pollera todos los días. Estamos muy lejos de vivir en un mundo en el cual cada uno y cada una va como quiere a las escuelas”, observa Gabi Díaz Villa, licenciado en Ciencias de la Educación y activista por los derechos humanos del Colectivo Trava Trans No Binarie (TTNB). Por su parte, Fridman advierte que el mundo adulto tiene “dificultades para entender que existe un movimiento no binario, que hay pibis que no quieren ser mujeres ni varones”.

La constatación de los avances en materia de inclusión de las diversidades de género puede causar la falsa impresión de que ya no queda nada por mejorar. Incluso, hay ejemplos de políticas educativas que apuntaron a favorecer estos avances. Tal es el caso de la Resolución Nº 2.476 (2013) de la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires, que establece la organización de clases “mixtas”. No obstante, las escuelas todavía son escenarios de disputas en los que conviven docentes y autoridades que defienden los derechos consagrados por distintas leyes nacionales y provinciales con otras y otros que resisten los cambios y hasta vulneran derechos. Al mismo tiempo, la situación en la Ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades puede llevar a generalizaciones apresuradas: Argentina presenta un paisaje muy diverso y existen grandes disparidades entre jurisdicciones.

Exclusión estructural

La realidad de la población trans en el sistema educativo no es comprensible sin atender a sus condiciones de vida generales. Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, advierte sobre la falta de información oficial, relevada a nivel nacional. Aunque también menciona la existencia de alrededor de quince estudios realizados por organizaciones sociales, universidades y áreas de género de algunas provincias. “Es necesario sistematizar toda esa información, pero los indicadores son tremendos. Todos los estudios muestran la exclusión estructural que vive la población trans en nuestro país”. La funcionaria también informa que en el próximo Censo Nacional (que debió realizarse en 2020 y fue suspendido por causa de la pandemia) se incorporará la pregunta por la identidad de género. Como es sabido, contar con datos precisos es fundamental para el diseño de políticas públicas. Mencionaremos datos de algunos estudios que pretendieron mostrar la realidad en todo el país.

El informe Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina (2016), producido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales en el marco de la Evaluación sobre el Cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por su sigla en inglés), muestra que la discriminación sufrida por este colectivo tiene su correlato en obstáculos estructurales para el acceso a derechos básicos (educación, salud, trabajo y justicia). El resultado de estas prácticas discriminatorias se expresa dramáticamente en el promedio de vida de la población trans, estimado en 35 años (1). Como explica Florencia Caballer, investigadora y trabajadora social, el término trans “designa las diversas identidades de género–y sus modos de expresión– no coincidentes con el sexo asignado al nacer: travesti, transexual, transgénero y otras como las personas de género fluido” (2).

En el marco de la Primera Encuesta sobre Población Trans (2012), Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans, se produjo el Informe Técnico de la Prueba Piloto realizado en el Municipio de La Matanza por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el INADI, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el INDEC. El trabajo evidencia la ausencia de “estudios de parte de organismos estatales que tomasen exclusivamente a la población trans como objeto de análisis”. Este primer muestreo abarca a 209 entrevistades.

La encuesta arrojó que un 67% de las personas consultadas se identificaba como travesti; y, al agrupar categorías, se consideró que un 85% podía considerarse como trans femenino. El estudio confirma la vulneración estructural de derechos de este colectivo: el 80% no tenía ninguna cobertura de salud; casi un 70%, por motivos económicos, no había podido realizarse intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales; sólo el 64% había completado el Nivel Primario o la Escuela General Básica (EGB); el 50% residía en viviendas deficitarias; el 20% no realizaba ninguna actividad por la que obtuviera dinero y el 85% de las trans femeninas declararon estar o haber estado en situación de prostitución.

Otro estudio, realizado en 2014 por la Fundación Huésped y la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros Argentinas (ATTTA) (3), intentó medir el impacto de la Ley de Identidad de Género en las condiciones de vida de esta población. Con ese fin, durante 2013, se entrevistaron 498 personas trans (452 mujeres y 46 hombres) de CABA, Conurbano Bonaerense, Región Pampeana, Noreste Argentino (NEA), Noroeste Argentino (NOA), Cuyo y Patagonia. Las respuestas fueron comparadas con los resultados de grupos focales realizados en 2011.

Si bien este estudio comparte el diagnóstico hecho por la CEDAW sobre el estigma y la discriminación que pesa sobre este colectivo, también registra mejoras en aspectos que hacen a las condiciones de vida. En lo que respecta al ámbito educativo, el informe concluye que, luego de la promulgación de la ley, “se observa una clara tendencia hacia la reducción de las experiencias de discriminación (de la mitad a menos del 20%), conjuntamente con una incorporación a la educación formal (una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres trans retornaron al sistema educativo)”.

Pese al avance evidente que implica la Ley de Identidad de Género, no puede dejarse de lado que su aplicación es dispar en distintos lugares del país y que incluso las formas más habituales de violencia policial contra personas trans encuentran modos indirectos para ejercerse. Así, de acuerdo con el informe de la CEDAW, el 91% de las mujeres trans privadas de la libertad están acusadas de infringir la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, lo que “da cuenta del uso excluyente de la ley como método de criminalización”.

Deserción escolar

De acuerdo con los datos disponibles en el país, se estima que alrededor del 80% de las personas trans manifiestan socialmente su expresión de género antes de los 18 años (4). Esta información es relevante porque las transiciones llevadas adelante en edad escolar muchas veces acaban en el abandono de los estudios, a causa de la discriminación y la incomprensión sufrida de parte de pares y a menudo también de los adultos y adultas de las instituciones.

En 2013, el conocimiento público del caso de Luana –la primera niña trans que a los cinco años accedió a su cambio registral con su identidad autopercibida– fue crucial para que se inaugurara un camino en el reconocimiento de los derechos de las infancias trans. Luana contó con el apoyo decisivo de su madre, Gabriela Mansilla, y de profesionales de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). El libro Yo nena, yo princesa, publicado en 2014 con autoría de la propia Mansilla por la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, relata las dificultades que Luana debió atravesar para que su identidad fuera reconocida y es un testimonio que enriquece el acervo de recursos de los que puede valerse la escuela. Detrás de Luana, empieza a haber niñas y niños trans que, desde muy pequeños, encuentran el acompañamiento de docentes y equipos directivos. En 2018, una maestra de un jardín de infantes porteño recibió en sala de cinco a una niña trans que, hasta ese momento, habían conocido como niño. Un día la niña les manifestó a sus pares que quería que la llamaran con el nombre que hacía poco tiempo había elegido. Una compañera empezó a reírse y la docente intervino casi sin titubear: “Cada cual tiene que sentirse bien con su nombre. A veces las mamás y los papás nos ponen un nombre porque es importante tener una identidad, pero si no nos sentimos a gusto podemos cambiarlo”.  Con respecto a la ESI, es necesario advertir que esta no puede comprenderse como una serie de contenidos estables, definidos de una vez y para siempre. Por el contrario, debe acompañar los avances y la conquista de derechos promovidos por los movimientos de mujeres y LGBTIQ+. De esta manera, los materiales diseñados para abordar la ESI deberían ser revisados para contemplar las experiencias de las infancias trans. Por otro lado, el reconocimiento de estas identidades no puede depender o estar impulsado solo por el hecho de que haya una persona trans dentro de esa comunidad educativa.

Leandra Atenea Levine Hidalgo, egresada del Colegio Carlos Pellegrini de la CABA en 2017, también contribuyó a que se creara conciencia en el interior del sistema educativo. La joven realizó su transición mientras cursaba la escuela secundaria. Sus compañeras y compañeros la eligieron para que diera el discurso de colación en el solemne salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA: “Como verán, estuve realizando mi transición de género. Un año muy difícil, pero por suerte pude transitarlo con orgullo”, expresó en un tramo del discurso de la entrega de diplomas. Levine Hidalgo contó con el apoyo de su familia y de la escuela, pero es consciente de que cuando ese acompañamiento no está presente, el tránsito por el sistema educativo se vuelve casi imposible.

Las historias de estigmatización, discriminación y expulsión del “cis-tema” educativo, como lo denomina Caballer para alertar sobre una impronta que “da por sentado que todo el mundo es o debe ser cisexual” (5), proliferan en la boca de cualquier persona trans que haya pasado por la escuela. Quimey Ramos, profesora de inglés que transicionó en 2017 mientras trabajaba en una primaria de La Plata, relata la escena que presenció cuando visitó una escuela cordobesa hace dos años y medio: “Un docente le preguntó a la directora por una estudiante trans de 15 años que había empezado a ausentarse. Ella le respondió que no estaba yendo más porque ‘estaba con eso de la transición’. La directora estaba naturalizando que transicionar era motivo para la deserción y consideraba que no había nada que la escuela pudiera hacer al respecto”. En su experiencia como docente, Ramos también sufrió insultos y agresiones de estudiantes de nivel secundario que se asomaban a la ventana del aula donde daba clases.

Por su parte, Díaz Villa también advierte que no alcanza con que los cambios se limiten a los contenidos escolares: “Si bien a nivel curricular queda mucho por mejorar, hay experiencias interesantes de inclusión del tema, jornadas, capacitaciones docentes y nuevos recursos didácticos. Sin embargo, no hay que perder de vista otra línea de trabajo de las escuelas vinculada a qué cuestiones administrativas podemos flexibilizar para alojar y abrazar a un o a una estudiante trans”. Y agrega: “Hay un lugar de simple humanidad que tiene que ver con conectar con el otro o con la otra. Antes de preguntarle al Ministerio de Educación qué hacemos, hay que preguntarle al pibe o a la piba qué necesita para sentirse bien en la escuela”.

El bachillerato popular Mocha Celis (6), en el barrio porteño de Chacarita, es la primera escuela trans del mundo. Esta escuela atiende las características específicas de la matrícula que recibe: funciona por la tarde porque muchas de sus estudiantes trabajan por la noche en la prostitución. La necesidad de una institución como esta evidencia que gran parte del sistema educativo aún no contiene o expulsa a las personas trans.

La inclusión de la población trans en el sistema educativo aún está lejos de haberse concretado plenamente. Mientras la implementación de políticas públicas universales hace un lento recorrido, la disparidad de situaciones entre jurisdicciones e incluso entre instituciones de una misma jurisdicción continúa siendo notable y el peso de las iniciativas de actores individuales (familiares, docentes, directivos, supervisores) sigue haciendo la diferencia. De todas formas, es difícil desconocer que comienzan a sumarse historias de aceptación, empatía y respeto en muchas de las escuelas del país. Gabriela Gaspar, supervisora de Nivel Inicial de gestión estatal en la CABA, relata cómo se involucró para lograr que una niña trans fuera debidamente aceptada y respetada en un jardín de infantes. Para ello trabajó un año entero junto a la familia de la niña, el equipo directivo de la institución, la comunidad y, sobre todo, con la docente de aquella sala de 5 años. Cuenta Gaspar que una vez le preguntó “desde cuándo se sentía hombre” a un profesor trans de su distrito. El profesor le respondió que desde siempre, pero que nadie nunca lo había escuchado. “Me sentí muy bien porque pudimos escuchar a la niña del jardín de infantes que nos tocó acompañar y no va a tener que pasar treinta años siendo una persona que no es”, reflexiona la supervisora.

Notas:

1. Lohana Berkins, Cumbia, Copeteo y lágrimas, ALITT, 2007; Fundación Huésped, Buenos Aires y ATTTA, “Ley de identidad de género y acceso al cuidado de la salud de personas trans en Argentina”, ONUSIDA, 2014.

2. Florencia Caballer, Niñez trans en la escuela: La inclusión como paradigma de lo particular, trabajo de investigación final, Carrera de Trabajo Social (UBA), 2017.

3. Op. cit.

4. Lohana Berkins y Josefina Fernández, La gesta del nombre propio, Buenos Aires, Madres de Playa de Mayo, 2005.

5. Op. cit.

6. Ángela Gancedo y Julián Mónaco, “Secundario para todxs”, Revista Tema (uno), Nº 7, septiembre de 2016, Buenos Aires, UNIPE: Editorial Universitaria, pp. 19-23. https://editorial.unipe.edu.ar/revista-tema-uno/numero-7-trans


Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación

La necesidad de actualizar la ESI

“Uno de los grandes temas pendientes es el desarrollo de políticas públicas que acompañen a niñes y adolescentes trans en los ámbitos donde realizan sus actividades”, expresa Alba Rueda,subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La funcionaria, además, es presidenta de Mujeres Trans Argentina e investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.

¿Qué políticas públicas ha puesto en marcha el Estado Nacional para atender a la población trans?

La estructura de la desigualdad que afecta a travestis y trans en el tema de derechos implica ya mismo una agenda política de acciones. El Decreto Nº 721/20 de cupo trans en el sector público nacional garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Si bien faltan datos oficiales, es una respuesta al hecho de que la mayoría de las personas trans no lograron nunca obtener un empleo formal. Entre el 80 y el 90%, dicen los estudios sociales. Son datos alarmantes. Los sistemas de información, como el próximo Censo Nacional, van a colaborar para el diseño de estrategias. También es urgente mejorar la participación de personas travestis y trans en distintas instancias de las instituciones estatales. Una figura muy común es la del travesticidio social, que es la muerte temprana de personas travestis y trans en virtud de situaciones de discriminación que involucran a distintas instituciones. Por ejemplo, la expulsión del ámbito educativo o la falta de oportunidades laborales.

¿Se lanzaron otras líneas de intervención para mejorar la inclusión en esos ámbitos?

Dentro del ámbito de la salud, estamos desarrollando específicamente la atención en consultorios integrales. Las voces autorizadas de las organizaciones en los territorios dan cuenta de que no hubo y no hay un desarrollo de los consultorios integrales en las provincias, tal como establece el Artículo 11 de la Ley de Identidad de Género.

¿Y en materia educativa?

La población trans todavía no ha logrado ingresar al sistema educativo debido a la expulsión que hay en las instituciones. Nuestro trabajo implica no solamente levantar el eje de la educación sexual integral (ESI) en términos de formación y capacitación para toda la comunidad educativa, sino también el desarrollo de otras estrategias específicas, como las becas Progresar que están destinadas para la población trans sin límites de edad. También estamos promoviendo que las personas trans que no completaron sus estudios se inscriban en el plan FinEs.

¿Cuál fue la contribución de la Ley de Identidad de Género para mejorar las condiciones de vida de la población trans? ¿Qué falta para su efectiva aplicación?

La aprobación de la ley trajo en sí misma la instalación del sujeto político trans, como necesario para la conformación de nuestras democracias. Todo lo que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad desarrolla en torno al eje de la diversidad se basa mucho en ese marco normativo que habla no sólo sobre el reconocimiento de las identidades, sino también de la necesidad de generar acciones específicas. Uno de los aspectos menos abordados es el tema del trato digno hacia las personas trans. El Artículo 12 de la ley indica específicamente que debe respetarse la identidad, se cuente o no con el cambio de DNI. Este es uno de los puntos menos cumplidos. Realmente se necesita trabajar para que las escuelas (por mencionar uno de los ámbitos donde se dan la discriminación y la exclusión) tengan la perspectiva de la diversidad y respeten las identidades trans con o sin cambio de DNI.

¿Hay un cambio generacional positivo que se expresa en luchas estudiantiles?

Una de las grandes protagonistas dentro de la Ley IVE, por ejemplo, son compañeras jóvenes que integran los centros de estudiantes de las escuelas o el movimiento estudiantil de mujeres y diversidad o disidencia. La participación juvenil en ámbitos educativos reclama también políticas en términos de diversidad. Otra fortaleza es el lenguaje inclusivo que se ha instalado entre niñes y adolescentes.

¿Qué límites encuentra la ESI para nombrar las identidades trans en la escuela?

Estamos trabajando con las compañeras de la Dirección de ESI para actualizar contenidos que, por un lado, son responsabilidad del Estado Nacional, pero también de las jurisdicciones. Es necesario atender también a las intersecciones que hacen a las identidades: racialización, clase, territorio y, por supuesto, género.

Parecería que, en la mayoría de las escuelas, la diversidad se convierte en tema solo cuando hay una persona trans en la comunidad educativa. ¿Es así?

Coincido en que el gran desafío es que se tome como un abordaje de agenda y no solo como reacción a un caso que se presente. La federalización de la educación implica un desafío muy grande para desarrollar esa prevención o esa promoción de derechos en articulación con todas las jurisdicciones. Esos desarrollos van a ser asimétricos conforme no solo a los gobiernos, sino también a las comunidades educativas y a la fortaleza que tengan.

D.H.


Quimey Ramos, docente

Entre la discriminación y la solidaridad

“Qué lindo va a ser el día que, en lugar de hacerles jurar la bandera, les pregunten a les estudiantes si les gusta el nombre que tienen”, dice Quimey Ramos, docente de “Educación y Género” en el Bachillerato Popular Mocha Celis y trabajadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ramos es profesora de Inglés y trabajó durante varios años en una escuela primaria de La Plata. En 2017, a los 22 años, se presentó ante sus estudiantes con su identidad autopercibida.

“Cuando hay avances en materia de derechos o en libertades para comunidades vulneradas, siempre se dan a partir de las luchas de las mismas comunidades. Sin duda hubo avances, pero seguimos en una condición muy postergada”, sostiene la docente. A continuación, menciona un episodio más o menos reciente que condensa todo el camino que resta por recorrer en términos de ampliación de derechos.

“En 2015 –relata–, cuando empecé a trabajar en una escuela primaria del barrio Aeropuerto de La Plata, una de mis compañeras docentes sacó una nota que les había –confiscado– a sus estudiantes de quinto grado. Ella estaba divertida con lo ingeniosos que son los niños para hacer daño. El papel decía: ‘Soy Fulanito y ahora les voy a hacer una poesía. Mi mamá quería una mujer y mi papá, un varón. Pero lo único que salió fui yo: un maricón’. En un barrio donde había muchas urgencias, con muchas vulneraciones mediante, eses pibites sabían reconocer que existían otras identidades por fuera de lo mujer y lo varón. El problema es que ese yo estaba negativizado, y que la docente se reía de esa negativización.”

En la vereda opuesta, Ramos también destaca que existen escuelas que alojan trayectorias estudiantiles trans. “Hay escuelas, en Chubut por ejemplo, que son refugios amorosos para les niñes, incluso a pesar de que sus familias vulneren su derecho a la identidad”. En este sentido, rescata el valor de la educación sexual integral (ESI) como herramienta legal que posibilitó el tejido de redes y de comunidades afectivas más involucradas con la defensa de los derechos de las personas trans, travestis y de género no binario.

La exclusión de la población trans, pese a las transformaciones en curso, continúa siendo estructural. Por otra parte, la realidad de este colectivo tiene especificidades que añaden dificultades para desarrollar la vida. Ramos recupera lo que la militante Pía Baudracco dijo en el marco del debate que precedió a la Ley de Identidad de Género: “Cuando un niño o niña de algún otro colectivo sufre una vulneración, usualmente su familia sabe de lo que le está hablando. Hay una experiencia común. Las familias cisheterosexuales, en cambio, no suelen tener la experiencia compartida del mismo lado con nosotres”.

La situación de las pocas personas trans que hasta ahora se desempeñan como docentes también está lejos de ser la ideal. “Un compañero de Córdoba, antes de transicionar, tenía más de veinte módulos semanales de clases. Dos años después, le quedaban menos de cuatro. La gran mayoría de las horas las había tenido que licenciar o abandonar por los padecimientos que le causaba transitar esos espacios”, cuenta Ramos. También ella padeció situaciones de discriminación y maltrato: “Los chicos de la secundaria se colgaban de la ventana del fondo y me gritaban ‘puto de mierda’, ‘travuco del bosque’.(1) No podía acercarme a las ventanas de atrás porque me escupían”. Sin embargo, rescata que luego llegó el apoyo de unas compañeras: “Un día vinieron a buscarme las trabajadoras sociales del equipo de orientación y me hicieron saber que no iban a permitir que pasara eso. Lo trabajaron, y realmente las cosas cambiaron”.

En un contexto histórico muy dinámico, las experiencias escolares de las personas trans parecen presentar matices. La docente recuerda que, cuando informó que empezaría a presentarse en la escuela como Quimey, la primera reacción del director estuvo lejos de ser la adecuada. No obstante, enseguida hubo un cambio de postura: “Cuando vinieron familias a cuestionar que hubiera una travesti dando clases, el director les respondió que no estaba haciendo más que cumplir con la ley. También les dijo que podía darles el pase a otra escuela, pero que no estaba en condiciones de asegurarles que no fueran a encontrarse con otra docente como yo”. Del mismo modo, Ramos recupera el gesto solidario de un grupo de compañeras: “Sabemos que con el sueldo docente se tarda un montón en armar un ropero”, le dijeron. Luego le entregaron cinco bolsas de ropa que habían juntado para ella.

“Hay avances interesantes –insiste la docente–. Pero no voy a regalarle nada a ningún gobierno, ni voy a hacerme la fiesta dionisíaca hasta no ver que las leyes se reflejen en la vida cotidiana de las personas.” También alerta sobre la disparidad en materia de acceso a derechos: “Tenemos una ley nacional, pero se dan casos de violencia administrativa e institucional en las jurisdicciones”.

Nota:

1. La prostitución callejera suele tener lugar en las zonas aledañas al Paseo del Bosque platense. Con ese insulto, los estudiantes manifestaban que el lugar de la docente era el bosque y no la escuela.

D.H.


Sophie Joan Gaelle Salcedo Caporale, estudiante

Preguntas sin respuestas

Sophie Joan Gaelle Salcedo Caporale está feliz: recién se enteró que pronto empezará el tratamiento de hormonización femenino. Relata: “Me di cuenta a mediados o finales de 2019, cuando estaba en cuarto año del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA). Había profesores que abusaban de su autoridad y me ponían mal. Yo tenía la cabeza en otro lado: estaba investigando qué implicaba ser transgénero; si era mujer; si era no binaria; qué pronombres me gustaban”. Este año, la estudiante comenzó a cursar Animación 3D y Dibujos Animados 2D en un instituto terciario.

¿Cómo viviste tu transición de género en la escuela? 

Empecé a pintarme las uñas en segundo año y sabía que iba a ser aceptada porque el CNBA es muy inclusivo. Podía ir en pollera y con zapatillas con ruedas e iban a decirme “que crack que sos”. Esa escuela tiene otros problemas, sobre todo en términos académicos. Mi experiencia fue muy linda, también porque conocí otras personas transgénero binario y no binario. En ese entonces, todavía no sabía que era mujer: pensaba que era un varón cis, pero empecé a jugar con una masculinidad frágil. En cuarto año, en un viaje a Tilcara, ya estaba bastante fuera del clóset y usaba los pronombres femeninos. Me llevé una pollera. Uno de mis primeros vestidos me lo dio un amigo que conocí en el ingreso al CNBA. Él es un hombre trans, un hermano para mí. Cuando salí del clóset, él todavía no lo había hecho. En ese momento, se suponía que éramos dos mujeres. Después, volvimos a ser un chico y una chica. Nos reímos de eso.

¿Tuviste apoyo de tu familia?

Soy afortunada de tener una familia comprensiva. Hasta mi abuela hace todo lo posible para referirse a mí con el pronombre y el nombre que elegí.

¿Cómo ves la realidad cotidiana de las personas trans?

Tengo una amiga trans más chica que tiene una familia homofóbica y transfóbica. Sigue en el clóset, con problemas de depresión. Mirá lo que pasó con Tehuel: fue a una entrevista de trabajo y no volvió. Podríamos decir que estamos en una revolución de la inclusión, pero todavía hay tabúes. Y peligrosos.

¿La ESI aborda suficientemente todas las diversidades?

La ESI debería estar en todos los colegios y desde el jardín. Hay que dejar de separar “chicos” y “chicas” para abordar determinados temas. Tiene que hablarse de los paradores de testosterona (o puberty blockers), que interrumpen la pubertad. Deberían verse cuatro sistemas genitales como mínimo: cisfemenino, cismasculino, transfemenino y transmasculino. ¿Qué pasa con el pene después de la hormonización? ¿Y con la vagina? ¿Qué pasa con las intervenciones quirúrgicas? Más que nada porque en la edad escolar muchas personas trans pueden tomar decisiones. Si quiero saber cómo podrían verse mis genitales luego de comenzar el tratamiento, no hay nada. La única manera es buscar imágenes porno hipersexualizadas y, la mayoría de las veces, transfóbicas: en vez de “mujer transgénero” se encuentra “hombre femenino” o “chica con pene”. No entiendo por qué el gobierno de CABA o nacional no tienen una galería de imágenes. También me da bronca que gran parte de la información esté en inglés.

¿Qué más debería modificar el sistema educativo para acompañar las trayectorias educativas de personas trans? 

Desde el día uno, deberían preguntar: nombre, pronombres y no informar sobre la situación de personas transgénero a familias que no lo sepan y puedan resultar una amenaza. Las listas escolares tienen que tener los nombres y pronombres de cada persona. Si es un hombre cisgénero que se llama Manuel García, tiene que decir “él” como pronombre. No debería pensarse que no es necesario en el caso de las personas cisgénero: también es una manera de ser aliades de las personas que luchan por sus pronombres reales y rechazan los que les asignaron de acuerdo con sus genitales.

D.H.


Gabi Díaz Villa, profesor

Un tiempo de mayor libertad

Gabi Díaz Villa, licenciado en Ciencias de la Educación, se presenta como activista por los Derechos Humanos del Colectivo Trava Trans No Binarie (TTNB), feminista, hombre trans y peronista. Es profesor de Educación Sexual Integral en institutos de formación docente e integrante del equipo de investigación “Mariposas Mirabal” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. “Después de tener un pibe o una piba trans, la escuela no sale igual, se transforma. Hay cosas que se modifican y, obviamente, para el próximo o la próxima va a ser más fácil. Hay una Ley de Identidad de Género que implica obligaciones que, gusten o no, deben cumplirse”, afirma.

Según Díaz Villa, la inclusión de las personas trans varía según la institución: “Depende de la conducción, de la población que atiende, de la comunidad y de un montón de variables más. Hay un proceso de transformación social y cultural del que las escuelas no escapan, pero, aun así, existen algunas que acompañan y otras incapaces de escuchar y entender”. Y, como feminista militante, agrega: “Hay todavía mucha sobresexualización y control sobre el cuerpo de las mujeres cis. Toda una cultura escolar les dice a las pibas que su cuerpo es tentador, distrayente y que hay que taparlo. Me parece que eso está menos cuestionado que la discriminación por transfobia, por homofobia o lesbofobia”. Aunque aclara: “También es cierto que la posibilidad que tienen las pibas de tomar la palabra dentro del aula es absolutamente mayor respecto de lo que pasaba diez años atrás”.

Si bien el investigador señala que siempre existieron transformaciones generacionales, considera que “en estas últimas décadas, hay una liberalización mayor de las prácticas corporales, de lo que está bien o mal hacer con el cuerpo”. Y agrega: “En los ochenta, por ejemplo, los pibes no podían usar el pelo largo en las escuelas”. Por otra parte, se refiere al temor docente a que las y los alumnos sepan más de diversidad sexual y de género. Por último, advierte sobre la existencia de un ala transexcluyente del feminismo: “Como estudiantes trans, podemos pensar que la profe de pañuelo verde va a tener más apertura, más escucha que otra. Ahí hay una asociación de no necesariedad. No significa que no puedan ejercer violencia transfóbica”.

D.H


“Misión cumplida”

“En 2018, una mamá comentó que su ‘hijo’ de cinco años se inclinaba por todo lo que tenía que ver con el mundo femenino. Al principio hubo bastante resistencia del equipo directivo para aceptar la situación. Pero la mamá tenía otra mirada y se acercó para pedir ayuda. La docente, una chica joven, fue mucho más abierta. Fue acompañando desde el afecto todos los cambios que iba teniendo la niña. Llegó el cumpleaños de la alumna. Quiso la torta con Kitty y le cantaron el cumpleaños con el nombre que había elegido (con la sola manifestación de la niña basta para hacer todos los cambios de filiación en la documentación del jardín). Antes de eso, ella era muy retraída y solitaria. A partir de la aceptación de su identidad, empezó a jugar en ronda y estaba mucho más activa. Me fui entusiasmando con su cambio de humor y con su participación. Me encantó verla como abanderada a fin de año. Estaba con vestidito y vinchita; feliz; saltando con las amigas. ´Misión cumplida´, dije.” (Gabriela Gaspar, supervisora de Nivel Inicial de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Fuente: https://rebelion.org/la-escuela-acepta-las-disidencias-de-genero/

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