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Sistema judicial

CONACyT, fiscalía y Foro Consultivo: Polvo en el viento

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

Sábado 2 de octubre, 2021

No olvidemos esta fecha. Nunca.

Infamias, vendetas revestidas de afán de justicia, desprecio a la actividad científica, pugnas, pareceres variopintos, declaraciones y posicionamientos diversos. Mucho ruido y falta de claridad. Confusión para el lego – que no desinteresado – y una serie de temas que no merecen abordarse desde la estridencia pues afectan aspectos medulares del país. Tengo claro, para mí, que:

  1. La Fiscalía de Gertz Manero hizo a un lado su autonomía por el afán de venganza (propio), y de la mano del menosprecio a la actividad de investigación (propia del gobierno federal, que no escatima descalificaciones a este sector) emprendió una acusación contra 31 personas en la que incluye presuntos delitos propios de una mente delirante, y la envía a un juez del penal donde se ubican los delincuentes más peligrosos del país. En la resistencia activa y condena a esta maniobra no hay modo de eludir el máximo repudio. Con independencia de quiénes son los ahora acusados y nuestra relación con ellos (pero incluyéndolos), al defenderlos del oprobio reivindicamos el estado de derecho que a todos nos ampara.
  2. El juez que recibe la solicitud de liberar las órdenes de aprensión es un ejemplo del acierto de la división de poderes. Enhorabuena por su entereza.
  3. El mismo juzgador refiere a la resolución que al respecto ya emitió la Supera Corte de Justicia: otra ventaja del contrapeso del sistema judicial.
  4. La legalidad de la relación entre el Conacyt y el Foro Consultivo, desde su creación en 2002 y hasta el 2018 cuando se modifican los ordenamientos, es nítida. Puede, sin duda, considerase inadecuada o perfectible, pero no ilegal, de tal modo que se abre la posibilidad de reformarl, pero de su modificación a futuro no se sigue la retroactividad que se pretende llevar a cabo.
  5. Se han desatado infundios, malentendidos, delaciones inválidas que asemejan a delincuentes a quienes han tenido una beca para estudios en el extranjero por la cuantía de la inversión que implicó. Es penoso advertir la mala entraña de los que lo hacen, pues además de mostrar su estulticia, ignoran que, por ejemplo, en Brasil, con Lula y Dilma, se enviaron a estudiar a otros países a decenas de miles de jóvenes. ¿Pueden mejorar los sistemas de obtención de esos apoyos? Por supuesto, pero no descalificarlos como resultado de medios ilícitos.

Por lo anterior, que no puede extenderse en razón del espacio del que dispongo, considero que todo este galimatías produce una polvareda que oculta tareas muy necesarias para el desarrollo de la actividad académica y científica en el país. De nuevo, a guisa de ejemplo:

  1. ¿Cómo habría de organizarse un espacio de consulta y representación de las y los investigadores, legítimamente integrado mediante procesos democráticos, que contribuya al diseño de una agenda prioritaria y sensata para la investigación científica en el país?
  2. ¿Qué riesgos contiene la idea actual de contar con una “Agenda de Estado” en materia de investigación, sin aclarar la forma en que se procesa, habida cuenta de una tendencia a confundir al Estado con el gobierno en turno y sus perspectivas unilaterales y de corto plazo?
  3. ¿Cuál es el papel que debe jugar, en el entramado institucional público, el Conacyt?

Valgan, como botones de muestra, estas tres cuestiones – hay muchas más – para advertir que la polvareda actual, a todas luces injusta, abusiva y torpe, impide atender a cuestiones de las que depende el papel de la indagación científica en México y su futuro. No es, para nada, poca cosa.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Nuevas dinámicas migratorias de Centroamérica agudizan riesgos para tutela de derechos humanos de población migrante

Noticias

Los riesgos asociados al desplazamiento son mayores cuando las víctimas son personas jóvenes: niñas, niños y adolescentes que dejan de asistir al sistema educativo o lo hacen con temor debido a factores asociados a la violencia e inseguridad, como las amenazas de las pandillas.

La integridad física y patrimonial de la población migrante en Centroamérica, así como la tutela de sus derechos humanos, enfrentan riesgos crecientes ante las nuevas dinámicas migratorias, que a partir del año 2000 han estado determinadas por el aumento en los flujos de mujeres y menores no acompañados, el desplazamiento forzado, la movilidad en grupos masivos llamados “caravanas” y el incremento de personas que solicitan el estatus de refugiados.

De acuerdo con los principales hallazgos del proyecto de investigación “Migraciones internacionales, refugiados y desplazamientos internos en Centroamérica” auspiciado por la Panamerican Development Foundation (PADF), estas nuevas dinámicas han hecho que el fenómeno migratorio sea más complejo.

En el 2018, la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) registró 315.779 solicitudes de refugio de personas de Centroamérica. Un 38% de estas las hicieron personas de El Salvador, un 27% correspondieron a nicaragüenses y 24% a hondureños.

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Salvo en el caso de los nicaragüenses, de los cuales el 73% se dirige a Costa Rica, los solicitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen como primer destino los Estados Unidos, como segundo México y España ocupa el tercer lugar para los salvadoreños y Canadá para el caso de los guatemaltecos.

Las investigaciones señalan que la falta de información sistemática y el reconocimiento de algunos Estados, han limitado la toma de conciencia pública sobre la magnitud y características del desplazamiento forzado en la región.

De acuerdo con el “Centro de Monitoreo Internacional sobre Desplazamiento Interno”, El Salvador encabezaba la lista de países del hemisferio con la mayor cantidad de personas desplazadas: 246.000 nuevas víctimas en 2018. Aunque las cifras son menores para Honduras y no hay reportes para Guatemala, los problemas que origina el desplazamiento son comunes a los tres países: desarraigo, abandono de propiedades y pérdida de empleo e ingresos.

Una de las principales amenazas en contra de la niñez y adolescencia es el reclutamiento forzado por las pandillas, el acoso y las amenazas, con mayor intensidad en El Salvador. Para las niñas y jóvenes el riesgo es mayor, ya que además de ser reclutadas como integrantes, cuando un pandillero está interesado sexualmente en ellas, todo el grupo familiar se ve amenazado para presionar a los padres a entregarlas. Las llamadas “novias de la pandilla” corren el riesgo de convertirse en esclavas sexuales de los pandilleros. Dinámica que también se presenta en Honduras y Guatemala.

Con base en información recopilada por la Fundación Cristosal, en Guatemala, Honduras y El Salvador existe un creciente número de líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos y dirigentes de organizaciones que han sido víctimas directas de situaciones de amenazas y atentados, siendo obligados a desplazarse.

Una investigación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, señaló que entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 líderes sociales en ese país, y se ejecutaron unos 884 ataques contra líderes indígenas, mujeres defensoras de derechos humanos, activistas de colectivos LGBTI, periodistas, jueces, abogados, entre otros.

En Nicaragua, a partir de abril del 2018, se comenzó a generar desplazamiento interno y externo como consecuencia de la crisis política que vive ese país. De acuerdo con un estudio realizado en 2019, 75% de las personas nicaragüenses que llegaron a Costa Rica a partir de esa fecha abandonaron Nicaragua por razones políticas, y un 51% señalaron haber recibido amenazas.

Los riesgos y vulnerabilidad asociados al desplazamiento son mayores cuando las víctimas son personas jóvenes o menores de edad.

Un estudio realizado en 2018 por Save the Children en Guatemala, señaló que en 131 centros educativos se encontró que 817 estudiantes (57.5% del total) vivían con temor de ir a la escuela debido a factores externos a la institución, 23% del estudiantes y 28% del cuerpo docente han sido víctimas o conocen a alguien que ha sido acosado por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha a la llegada o salida de la escuela.

Además, desde el 2018 las caravanas improvisadas de migrantes que salieron de Honduras, Guatemala y El Salvador marcaron un hecho relevante en las dinámicas migratorias de Centroamérica. Muchas de estas personas dependen de la caridad de los habitantes locales o de la ayuda que prestan organizaciones humanitarias e iglesias para continuar su viaje, y para tener acceso a albergues o campamentos improvisados.

Los testimonios de la investigación de campo realizada por la Fundación Cristosal en El Salvador y Honduras en el año 2019, afirman que las víctimas del desplazamiento forzado no encuentran amparo en las instituciones policiales ni en el sistema judicial para la investigación de los casos, ni tampoco para beneficiarse de asistencia legal y de protección.

Por ejemplo, 7 de cada 10 personas atendidas por Cristosal en el 2018 por desplazamiento no presentaron ningún tipo de denuncia. Para las víctimas, interponer una denuncia supone un alto costo y el riesgo de sufrir represalias, lo que implica para ellas una situación de desamparo.

El relevante y a la vez controversial tema de los desafíos de la población migrante es uno de los tantos que están contemplados en las preguntas de una novedosa herramienta de investigación y análisis llamada Test Identidades.

Quienes respondan este test, pueden comparar su posición sobre diversos temas con otras personas de su país u otros países de Centroamérica. El test es gratuito, corto y sencillo y puede responderlo al ingresar a este enlace: www.testidentidades.com

Fuente: https://www.estrategiaynegocios.net/newsletter/newsletter2015/1426542-330/nuevas-din%C3%A1micas-migratorias-de-centroam%C3%A9rica-agudizan-riesgos-para-tutela-de-derechos-humanos

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El dolor del silencio

Daniel Seixo

Por: Daniel Seixo

“El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora un peso que la aplasta; la ha convertido en obrera, sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre”

 

Se llamaba Verónica Rubio, tenía 32 años y era una mujer trabajadora y madre de dos niños de nueve meses y cuatro años. Se llamaba Verónica y lamentablemente decidió quitarse la vida tras ser acosada, humillada y señalada repetidamente por la filtración de un video de carácter sexual con el que sin pretenderlo, se terminó convirtiendo en la comidilla de su entorno más cercano. Un vídeo enviado cinco años antes por la víctima a un antiguo novio y compañero de trabajo en la fábrica de camiones de Iveco en la que trabajaban, resultó suficiente para que el acoso laboral y la violencia machista, se propagase fruto del dedo acusador y el silencio cómplice hasta llevarla al extremo de decidir no poder soportarlo más.

Al silencio de la empresa, sus compañeros y los grupos de WhatsApp por los que el que acoso machista circuló impunemente, se suma ahora el silencio de la justicia. Un sistema judicial repetidamente incompetente cuando de juzgar el terrorismo machista se trata y que asegura impertérrito mostrarse incapaz de lograr identificar a la primera persona que divulgó el contenido que llevó a Verónica a la muerte. La misma justicia de la Operación Araña o la clausura de Egin, asegura ahora mostrarse incapaz de desenredar la madeja  que sigue a la declaración de la ex pareja de Verónica y a la de otros compañeros de la víctima, que aseguran haber recibido en sus teléfonos móviles los vídeos que la llevaron a quitarse la vida. Pero aun cuando la justicia pudiese seguir el hilo de la vergüenza y la complicidad con el crimen, resultaría laborioso resolver con verdadera justicia un caso en el que no media denuncia previa de la víctima.

Pese a que Verónica decidiese no presentar esa denuncia únicamente motivada por un infructuoso intento de soterrar aquella locura, pese a que el terror y la intencionalidad del delito resulte obvio para todos nosotros, pese a que los cientos de dedos que presionaron la tecla y el cuello de su propia compañera vayan a salir impunes. Pese a todo ello, la justicia del estado español resuelve declararse incapaz. Y resuelve hacerlo una vez más cuando es la vida de una mujer la que nos han arrebatado.

Al silencio de la empresa, sus compañeros y los grupos de WhatsApp por los que el que acoso machista circuló impunemente, se suma ahora el silencio de la justicia

Y puede que nosotras ya estemos cansadas, puede que nos canse el silencio cómplice y asesino de unos y otros, sus chascarrillos, sus jocosos comentarios y sus acusaciones ante una mujer que de un modo u otro, eso importa poco, hace gala de poseer una sexualidad activa, presente y real, tal como usted y como yo, como cualquiera de nosotros, meros seres humanos que ríen y lloran, escriben y follan. Porque lo quieran conocer ustedes o no, todos nosotros follamos, algunos lo hacen guarro y también con cariño, despacio, lento, en todas las posturas imaginables y con las personas que quieren o puede que con otras con las que simplemente les apetece, incluso hay algunos y algunas que follan por despecho o que engañan a sus parejas. Pero eso, nunca le debería otorgar a ningún jodido primate patriarcal la potestad para acosar laboralmente a nadie, ni mucho menos para compartir sus imágenes o hacer uso alguno de ellas o incluso poder llevar a una situación tan extrema a una mujer para que esta decida quitarse la vida dejando atrás a dos niños de nueve meses y cuatro años.

Niños a los que vuestra falsa moral burguesa de meapilas, vuestras perversiones sociales y sexuales y vuestra hipocresía de país ultracatólico plagado de templos de la explotación sexual y la esclavitud reaccionaria del cuerpo de la mujer, les ha arrebatado a su madre. Verónica, una trabajadora y madre de 32 años llevada a la muerte por el silencio de muchos, por el terror de unos pocos y por la impunidad de un sistema patriarcal, que una vez más se cobra la vida de una mujer en nuestro país. Pero ya nunca más, esto sucederá en silencio.

 

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/el-dolor-del-silencio/

 

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Los tribunales lo condenan; la historia lo absolverá

Boaventura de Sousa Santos

Por: Boaventura de Sousa Santos
Página 12

El proceso Lula da Silva pone descaradamente de manifiesto que algo está podrido en el sistema judicial brasileño, evidenciando procedimientos y prácticas incompatibles con principios y garantías fundamentales de un Estado de derecho democrático, los cuales deben ser denunciados y democráticamente combatidos.

Totalitarismo y selectividad de la acción judicial.

El principio de independencia de los tribunales constituye uno de los principios básicos del constitucionalismo moderno como garantía del derecho de los ciudadanos a una justicia libre de presiones e interferencias tanto del poder político como de poderes fácticos, nacionales o internacionales. El refuerzo de las condiciones de ejecución de esos principios se da a través de modelos de gobierno del Poder Judicial con amplia autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, en una sociedad democrática, ese refuerzo no puede deslizarse hacia un poder selectivo y totalitario, sin fiscalización y sin que exista un sistema de contrapesos. El proceso Lula da Silva evidencia un poder judicial en el que tal deslizamiento está en curso. He aquí dos ejemplos. Existe una clara disyunción entre el activismo judicial contra Lula da Silva –de forma rápida, eficaz e implacable en la acción (Sérgio Moro decretó la detención de Lula escasos minutos después de notificársele la decisión de desestimar el hábeas corpus, que aún era posible recurrir, y desde la denuncia a la ejecución de la pena transcurrieron menos de 2 años)– y la lentitud de la acción judicial contra Michel Temer y otros políticos de la derecha brasileña. Y no puede invocarse el argumento de que esa inacción fue bloqueada por maniobras del poder político porque no se conoce igual activismo del poder judicial en la denuncia de esas maniobras y en procurar superarlas.

El segundo ejemplo es la restricción totalitaria de derechos y libertades constitucionalmente consagrados. En un Estado democrático de derecho, los tribunales tienen que ser espacios de profundización de derechos. Lo que sucede en Brasil es precisamente lo contrario. La Constitución brasileña determina que nadie se considerará culpable si no es en virtud de una sentencia condenatoria firme, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso. La Constitución portuguesa tiene una norma similar. Y es inimaginable que el Tribunal Constitucional portugués determinara que una persona fuera encarcelada con su proceso de apelación en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, esto es lo que la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño hizo: restringió derechos y libertades constitucionales al determinar que, aun no teniendo el caso sentenciado, Lula da Silva podía comenzar a cumplir pena. ¿Cuál es la legitimidad social y política del poder judicial para restringir derechos y libertades fundamentales constitucionalmente consagrados? ¿Cómo puede un ciudadano o una sociedad quedar a merced de un poder que dice tener razones legales que la propia ley desconoce? ¿Qué confianza puede merecer un sistema judicial que cede a presiones militares que amenazan con un golpe si la decisión no es la que prefieren, o a presiones extranjeras, como las que están documentadas de interferencia del Departamento de Justicia y del FBI de Estados Unidos en el sentido de agilizar la condena y ejecutar la pena de prisión de Lula?

Falta de garantías del proceso penal.

El debate mediático en torno a la prisión de Lula destaca el hecho de que el proceso fue apreciado y juzgado por un tribunal de segunda instancia que no solamente confirmó su condena, sino que además agravó la pena. Este agravamiento obligaría a una justificación adicional de culpabilidad. Desgraciadamente, la hegemonía ideológica de derecha que domina el espacio mediático no permite un debate jurídicamente serio al respecto. Si ello fuese posible, se comprendería cuán importante es cuestionar las pruebas materiales, las pruebas directas de los hechos en los que se asentó la acusación y la condena. Esas pruebas no existen en el proceso. La acusación y condena a 12 años de prisión de Lula da Silva se funda, sobre todo, en informaciones obtenidas mediante acuerdos de delación premiada y en presunciones. Además, las condiciones de recolección y validación de la prueba difícilmente pueden ser examinadas, dado que quien preside la investigación y valida las pruebas es quien juzga en primera instancia; al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal, donde el juez que interviene en la fase de investigación no puede juzgar el caso, permitiendo, así, un verdadero escrutinio de la prueba. El dominio del proceso por un juez en la fase de investigación y de juzgamiento le confiere un poder susceptible de manipulación y de instrumentalización política. Se comprende la magnitud del peligro para la sociedad y para el régimen político en caso de que este poder no se autocontrole.

Instrumentalización de la lucha contra la corrupción.

El debate sobre el Caso Lula protagonizado por un sector del órgano judicial polariza el combate contra la corrupción, colocando de un lado a los actores judiciales del proceso Lava Jato, atribuyéndoles el combate intransigente contra la corrupción, y del otro a todos aquellos que cuestionan los métodos de investigación, atropellos a los derechos y garantías constitucionales, deficiencias de la prueba, actitudes totalitarias de los tribunales, selectividad y politización de la justicia. Esa polarización es instrumental y busca ocultar justamente varios atropellos del órgano judicial, tanto cuando actúa como cuando se rehúsa a hacerlo.

El guion mediático de la demonización del PT es tan obsesivo cuanto grotesco. Consiste en la siguiente ecuación: corrupción=Lula=PT. Cuando se sabe que la corrupción es endémica, alcanza a todo el Congreso e incluso supuestamente al actual presidente de la República. El Estado de São Paulo del 7 de abril es paradigmático al respecto. Concluye el guion con la siguiente diatriba: “al igual que lo que sucedió con Al Capone, el célebre gánster americano que fue encarcelado no por sus innumerables actividades criminales, sino por evasión de impuestos, el caso del tríplex [1], que provocó la orden de prisión contra Lula, está muy lejos de resumir el papel del expresidente en el petrolão [2]”. Esta narrativa omite lo fundamental: en el caso de Al Capone, los tribunales probaron de hecho la evasión de impuestos, en tanto que en el caso de Lula da Silva, los tribunales no probaron la adquisición del departamento. Por increíble que parezca, de la lectura de las sentencias se concluye que la supuesta prueba es mera presunción y convicción de los magistrados. Las campañas antipetismo hacen recordar las campañas antisemitismo de los tiempos del nazismo. En ambos casos, la prueba para condenar consiste en la evidente no necesidad de probar.

Los demócratas y muchos magistrados brasileños que con probidad cívica y profesional sirven en el sistema judicial sin servirse de él, tienen una tarea exigente hacia adelante. ¿Cómo salir con dignidad de este pantano de atropellos con fachada legal? ¿Qué reforma del sistema judicial se impone? ¿Cómo organizar a los magistrados dispuestos a levantar trincheras democráticas contra la viscosa propagación de un fascismo jurídico-político de nuevo tipo? ¿Cómo reformar la enseñanza del derecho a fin de que las perversidades jurídicas no se transformen, por su recurrencia, en normalidades jurídicas? ¿Cómo deben autodisciplinarse internamente las magistraturas para que los sepultureros de la democracia dejen de tener empleo en el sistema judicial? La tarea es exigente, pero contará con la solidaridad activa de todos aquellos que en todo el mundo tenemos los ojos puestos en Brasil y nos sentimos involucrados en la misma lucha por la credibilidad del sistema judicial como factor de democratización de las sociedades.

Notas de los traductores

[1] Según el caso conocido como “tríplex de Guarujá”, Lula supuestamente aceptó que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de São Paulo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. No hay ninguna evidencia al respecto, pues Lula nunca fue dueño ni residió en el departamento.

[2] Petrolão es el nombre con el que se conoce un esquema de corrupción y desvío de fondos que ocurrió en Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña.

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez, para Página 12.

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Educación superior apoyará para consolidación del sistema de justicia

Noticias

México / www.20minutos.com.mx / 11 de Octubre de 2017

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Procuraduría General de la República (PGR) impulsarán acciones de profesionalización, especialización…

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Procuraduría General de la República (PGR) impulsarán acciones de profesionalización, especialización, capacitación y actualización, para consolidar la impartición de justicia en el país. El secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, y el titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, firmaron para ello el documento “Procuración de Justicia y consolidación del Sistema de Justicia Penal”. Durante la firma del convenio de colaboración respectivo, Valls Esponda destacó que con este convenio las universidades, centros e instituciones de educación superior “seguirán cultivando y abonando a la cultura de la legalidad”. “Somos conscientes de la existencia en México de un conjunto de leyes y normas que constituyen el Estado de derecho, el cual exige todas las capacidades de nuestras comunidades universitarias para conocer y procurar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y, así, alcanzar mayores niveles de bienestar social”, dijo. Explicó que las actividades académicas a desarrollar conducirán a elevar las habilidades y el desarrollo humano de los servidores públicos de la PGR, que contribuirán a la consolidación del Sistema de Justica Penal. Asimismo se promoverá entre los alumnos y egresados de las Instituciones de Educación Superior la incorporación en el Servicio de Carrera de la PGR, así como la realización del servicio social y prácticas profesionales de alumnos de las instituciones asociadas. Con la presencia de funcionarios y representantes de instituciones de educación superior, informó de las acciones que la ANUIES ha realizado, a través de convenios, para la implementación del Sistema de Justicia Penal y de la promoción de los derechos humanos, la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Entre estas acciones, dijo, está el Acuerdo para la Profesionalización y Certificación de Operadores y Comunicadores del Sistema de Justica Penal, con el programa Projusticia, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Explicó que el objetivo es desarrollar una oferta académica que se impartirá en 15 universidades asociadas y en la propia ANUIES. También destacó la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia convocada conjuntamente con la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Congreso de la Unión, para mejorar la calidad de Procuración de Justicia en México. Por su parte el titular de la PGR, Raúl Cervantes, celebró la suscripción del convenio de formación integral de los recursos humanos de la institución que tiene la responsabilidad de consolidar la impartición de justicia en México. Finalmente, señaló que este acuerdo alinea y converge con el modelo que requiere el Sistema Nacional de Justicia, por lo que reconoció y agradeció el apoyo de la ANUIES al impulsar acciones de profesionalización a través de las instituciones de educación superior
Fuente:http://www.20minutos.com.mx/noticia/281671/0/educacion-superior-apoyara-para-consolidacion-del-sistema-de-justicia/#xtor=AD-1&xts=513356

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Niños sin recursos encarcelados por no pagar tasas judiciales

Nika Knight

Por: Nika Knight

Un informe revela que niños están siendo encarcelados en Estados Unidos cuando las familias no pueden pagar las multas impuestas por el sistema de justicia de menores

Muchos Estados de EE UU están encarcelando a los niños pobres cuyas familias no pueden permitirse el lujo de pagar las cuotas del tribunal de menores o multas, tal como revela un informe publicado este miércoles, lo que equivale a castigar a los niños por la pobreza de sus familias, algo que podría ser inconstitucional.

A pesar de la creciente práctica de encarcelar adultos que no pueden pagar cuotas y multas municipales o judiciales que se ha documentado desde hace varios años, tal como reveló Common Dreams, el último informe del Centro de Derecho de Menores es el primer examen en profundidad de esta práctica dentro de el sistema de justicia juvenil estadounidense.

El informe, Debtor’s Prison for Kids? The High Cost of Fines and Fees in the Juvenile Justice System [¿Prisión de morosos para niños? El alto coste de las multas y cargos en el sistema de justicia juvenil (pdf)], documenta los resultados de una encuesta a 183 personas integradas en el sistema de justicia juvenil, incluyendo abogados, familiares y adultos que han sido encarcelados como niños en el sistema de justicia de menores en 41 Estados.

Los autores del informe descubrieron que en la mayoría de los Estados hay una cadena de tasas y multas impuestas a los niños y sus familias una vez un niño ingresa al sistema de justicia juvenil, y que «muchas leyes establecen que los jóvenes pueden ser encarcelados o de lo contrario se enfrentan a una pérdida de la libertad cuando no pueden pagar».

Todo tipo de tasas y multas

Hay miles de formas por las que los sistemas judiciales de menores imponen multas sobre las familias de los niños, tal como descubrieron los autores del informe, y luego encarcelar a los niños cuando sus familias son demasiado pobres para pagar los costes acumulados.

Muchos Estados imponen una cuota mensual a las familias cuyos hijos están en la libertad condicional. Cuando una familia no puede pagar la cuota mensual, lo que cuenta como una violación de la libertad condicional, el niño es, en la mayoría de casos, encarcelado en un centro de detención juvenil.

Si los niños están condenados a un «programa de desvío» o a un programa basado en la comunidad, lo que significa mantenerlos fuera de la prisión y ayudarles a reintegrarse en sus comunidades, las familias deben pagar los costes del programa. Sin embargo, cuando los niños sin recursos no pueden pagar, simplemente se les encarcela.

Las familias en la mayoría de los Estados tienen que pagar por las evaluaciones y pruebas ordenadas por el juez, tales como las evaluaciones de salud mental, pruebas de ETS y de drogas y alcohol. No obtener ciertas evaluaciones puede resultar en una anomalía que debe ser subsanada por el tribunal, lo que significa que el niño permanecerá en detención juvenil. Además, si las pruebas se realizan y la familia posteriormente no pueden pagar por ellas, cuenta como una violación de libertad condicional, con lo que el niño es condenado de nuevo y esto puede significar su encarcelamiento.

Algunas sentencias implican una simple multa, tales como el absentismo escolar, y la falta de pago de los resultados implica la prisión del niño. «Incluso cuando las multas no son obligatorias por ley, pueden ser tratadas como obligatorias en la práctica», apuntan los autores del informe, que describe la experiencia de un niño pobre con una multa por absentismo escolar de 500 dólares en Arkansas:

Un individuo que había estado en el sistema de justicia de menores no informó que pasó a los 13 años tres meses en una instalación cerrada debido a que no podía permitirse pagar la multa por absentismo escolar. Apareció en la tribunal sin un abogado o un padre y nunca se le preguntó acerca de su capacidad de pago o le da la opción de pagar una cantidad reducida. Se supone que tenía que pagar la multa total o pasar tiempo en la cárcel. Y éste explicó: «Mi intención era quedarme donde estaba y olvidarme de ello, quería seguir adelante y dejar pasar el tiempo porque no tengo dinero y sé que la situación [financiera] de mi madre no es buena».

«Casi todos los Estados cobran a los padres por el cuidado y el apoyo de los jóvenes integrados con el sistema de justicia de menores», añade el informe. Entre ellos se incluyen los honorarios para alojamiento y comida, ropa y cuidado de la salud mental y física, entre muchos cargos. La «la incapacidad de pagar […] puede implicar la privación de tratamiento, apoyado en la violación de la libertad condicional, o incluso enfrentarse a largos períodos de encarcelamiento», relaran. Las prisiones juveniles también cobran sus propios precios de los medicamentos recetados a los niños, a menudo incluso más caros según el informe, lo que con frecuencia resulta en altos cargos que las familias pobres no pueden permitirse el lujo de pagar e interrumpe la asistencia sanitaria necesaria para sus hijos.

En los 50 estados, existe una ley que considera que si un niño y su familia no pueden permitirse el lujo de restitución de cargos, es decir, el pago a la víctima o víctimas del crimen del niño, una sentencia habitual en la corte juvenil, el chico es encarcelado.Por otra parte, los centros de detención de menores son, a menudo, inseguros e inhumanos, tal como destacó Common Dreams.

Las multas impuestas por el tribunal de menores son «altamente onerosas», según el informe. El coste medio de la participación en el sistema juvenil es 2.000 dólares en caso del Condado de Alameda, California, por ejemplo, y «para los jóvenes encarcelados durante largos períodos de tiempo, los costos pueden ser significativamente más altos».

Familias divididas

La deuda divide a las familias que ya están luchando con las consecuencias de la pobreza, señala el informe.

«La deuda crea un distanciamiento entre los padres y sus hijos», apuntó uno de los encuestados, recordando que «… hablé con una familia donde una abuela había tomado la custodia de su nieto, pero cuando se enfrentan a estas tarifas insuperables, se le dijo (por un empleado del condado) que la única manera de que pudiera evitar el pago era entregar la custodia. Dados sus limitados ingresos, ha considerado seriamente renunciar a la custodia de su nieto, lo que lo convertiría en custodia del Estado…».

En algunos casos, los padres pueden incluso verse encarcelados si no pueden pagar las cuotas del sistema judicial de menores de sus hijos. «En varios Estados, los padres, como los jóvenes, se pueden encontrar en desacato, ya sea civil o penal, por falta de pago», indica el informe.

«Los padres también pueden enfrentarse a una mayor responsabilidad financiera a través de las comisiones de cobro y los intereses devengados por los pagos, así como a sentencias civiles por falta de pago», añaden los autores del informe. «Cuando los padres se enfrentan el encarcelamiento o el aumento de la deuda por falta de pago, tienen aún menos recursos para dedicar a educar, ayudar y apoyar a sus hijos.»

Los autores del informe observan además que encarcelar a los niños ante la incapacidad de sus familias para pagar las cuotas podría ser inconstitucional:

Vale la pena señalar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado claro que un individuo no puede ser encarcelado por no pagar si el tribunal no lleva a cabo una primera determinación de pobreza y establece que la falta de pago fue intencional. El Tribunal Supremo ha declarado también que los tribunales deben considerar «medidas alternativas de sanción distintas del encarcelamiento» para los acusados pobres. Sin embargo, algunos Estados no requieren ni premeditación, ni capacidad de pago en sus leyes, y sólo unos pocos explícitamente prohíben o limitan el encarcelamiento por falta de pago.

Además, el Tribunal Supremo sostiene que «los tribunales deben dar aviso significativo y, en los casos apropiados, consejo, cuando ejecutar las multas y honorarios». Este derecho es aún más importante para los niños, que carecen tanto de la capacidad de desarrollo como sel conocimiento legal para representarse a sí mismos.

«Por otra parte», continúa el informe, «cuando se necesita más investigación, varios estudios sugieren que los costes judiciales, honorarios y multas han limitado el beneficio fiscal para los Estados y condados, dada la dificultad de su recogida de las familias pobres y los altos costes administrativos al tratar de hacerlo».

El Centro de Derecho de Menores detalla las políticas que varían en las tarifas del sistema judicial de menores, Estado por Estado, en una nueva página web, y también destaca los pocos condados y estados que están tratando de solucionar el problema.

«En última instancia, las autoridades estatales y locales deben establecer modelos más sostenibles y eficaces para la financiación de los sistemas judiciales en lugar de imponer los costes sobre los jóvenes y sus familias que simplemente no pueden permitirse el lujo de pagar», apunta el Centro de Derecho de Menores.

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