Esperamos que la lectura de estos artículos contribuya al debate urgente sobre la direccionalidad que como sociedad queremos imprimir a nuestras prácticas a partir de la integración de las tecnologías digitales en todas las dimensiones de la vida. Para que, desde una perspectiva crítica y lúdica, podamos participar con mejores herramientas en la apropiación de estas tecnologías para la emancipación y autonomía. Del Prólogo
Autoras(es): Susana Morales. Elizabeth Vidal. [Coordinadoras]
Editorial/Edición: CLACSO. Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2588&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1652
Internet Ciudadana entrevistó a Anita Gurumurthy y Nandini Chami, de IT for Change, India, sobre los retos a los que se enfrenta el mundo, y en particular el Sur Global, con la revolución de la inteligencia artificial. IT for Change ha elaborado varios estudios sobre tecnologías digitales, en los que, entre otras cosas, proponen el término «inteligencia digital» como concepción más amplia de este fenómeno en desarrollo. Es también la secretaría de la coalición mundial Just Net. Entrevista realizada por Sally Burch (ALAI).
1) ¿Cuál es la diferencia entre «inteligencia artificial» e «inteligencia digital»? ¿De qué manera nos ayuda el término «inteligencia digital» a comprender mejor la nueva era tecnológica?
El término inteligencia artificial desconoce los orígenes sociales de la inteligencia que produce una determinada tecnología. Mistifica la máquina. Pero el término inteligencia digital está más orientado a los sistemas. Pone de relieve la interacción entre los sistemas humanos y digitales en la resolución de problemas y la toma de decisiones, algo cada vez más habitual en el mundo de la Cuarta Revolución Industrial (4RI). El término inteligencia digital también parece tener más fundamento histórico: no implica un fetiche por las máquinas; parece reconocer la revolución de la IA como parte de una evolución más larga de las tecnologías de computación, Internet y Big Data. Esta lógica sistémica –en la que la inteligencia está integrada en las relaciones tecnosociales que componen el sistema– nos ayuda a no perder nunca de vista que el conocimiento social y el trabajo humano son la materia prima de la revolución de la inteligencia que posibilitan las nuevas facultades de la tecnología digital, en particular las tecnologías de IA.
2) Está en curso un debate internacional sobre las implicaciones de la IA, especialmente desde que se lanzó el Chat GPT4. En su opinión, ¿cuáles son las principales amenazas (y/o ventajas) de este tipo de tecnología, y qué podemos hacer al respecto, desde una perspectiva de justicia digital y comunidad?
Los milagros de la IA –incluido el fenómeno del Chat GPT– son, en efecto, trascendentales. Se trata de una coyuntura histórica muy parecida al momento Gutenberg, cuando la producción masiva de libros a través de la imprenta coadyuvó a cambios en las instituciones de la civilización. La IA puede aumentar la creatividad humana y cambiar la división social del trabajo para potenciar y transformar. Puede ser para la emancipación individual o para hacer realidad el sueño keynesiano de una vida mejor para todos. Sin embargo, el statu quo no se orienta en absoluto hacia este potencial. Hoy en día, la IA está firmemente arraigada en la lógica de la financiarización con esteroides, basada en el desprecio descarado de la dignidad humana y el bienestar de la sociedad.
La mayor amenaza que plantean las actuales trayectorias de desarrollo de la IA es la exacerbación de la crisis medioambiental. Hay nuevas evidencias que parecen indicar que la IA puede ser más un problema que una solución a nuestra lucha contra el cambio climático, la escasez de agua y el elevado consumo de energía. Algunas estimaciones sugieren que el consumo de agua para entrenar el gran modelo lingüístico GPT 3 de Open AI fue equivalente a la cantidad necesaria para llenar la torre de refrigeración de un reactor nuclear. Incluso a las start-ups y los desarrolladores de tecnología que trabajan por una industria de IA más ética y transparente les cuesta abordar el reto de la sostenibilidad. La start up HuggingFace consiguió entrenar su propio modelo lingüístico de gran tamaño BLOOM en un superordenador francés alimentado con energía nuclear, produciendo una huella de emisiones inferior a la de la mayoría de modelos de tamaño similar; pero una vez completado el entrenamiento, en la fase previa al despliegue, BLOOM emitió una huella de carbono equivalente a la de 60 vuelos entre Londres y París.
El bucle tecnológico de la IA generativa1 también ha abierto la caja de Pandora de explotación laboral. Como demostró la polémica de Sama en Kenia, los modelos lingüísticos y las herramientas de moderación de contenidos sólo pueden perfeccionarse gracias al trabajo de innumerables trabajadores de contenidos que se adentran en la basura tóxica de contenidos odiosos y violentos que provocan traumas psicológicos. El bienestar y la salud mental de los trabajadores son víctimas de la lamentable ausencia de protecciones en la cadena de valor de la inteligencia artificial para realizar trabajos de tan alto riesgo.
Una tercera preocupación que ha cobrado protagonismo en los meses posteriores a que ChatGPT tomara el mundo por asalto es el impacto a largo plazo de la revolución de la IA en el futuro del trabajo. Estudios realizados en los últimos meses por la OCDE y la OIT sugieren que la mano de obra de los países desarrollados corre un mayor riesgo inmediato de perder puestos de trabajo a causa de la automatización que permite la IA generativa; pero a largo plazo, se espera que este salto conduzca a una mayor productividad y a un aumento del PIB. La mano de obra del Sur global no se verá afectada de inmediato, pero esto no significa buenas noticias para sus perspectivas de subsistencia y bienestar a largo plazo. Si sus países quedan al margen de la IA Generativa y otros saltos tecnológicos de la IA, y se quedan atrapados en los segmentos de bajo valor de la economía –y se convierten en trabajadores temporales o soldados de a pie en la nueva 4RI, como los agricultores que cultivaban índigo en la revolución industrial británica–, lo que nos espera es un futuro económico neo-colonial que limita las opciones de la mayor parte del mundo.
El extractivismo de datos provenientes de esta mayoría mundial es lo que potencia la revolución de la IA. Y del mismo modo que el patrimonio público de la Web 2.0 fue canibalizado para el beneficio empresarial en la plataformización de Internet, frustrando la producción de conocimiento compartido y las posibilidades de puesta en común entre iguales, nos encontramos en otro momento similar en la revolución digital. La IA Generativa, en particular, amenaza con cooptar los bienes comunes del conocimiento público sin ninguna obligación de licencia para compartir/devolver a la sociedad. ¡Imaginemos una situación en la que los registros sanitarios del gobierno –datos abiertos gubernamentales– están siendo utilizados por las farmacéuticas para investigaciones patentadas sobre predicciones epidemiológicas que el gobierno se ve obligado a comprar/alquilar en una crisis sanitaria!
Los monopolios de patentes de las grandes farmacéuticas que impidieron la lucha contra el Covid deberían demostrarnos que se trata de una posibilidad muy real.
También deberíamos volver a centrarnos en la IA fundacional en lugar de en la generativa. La mayoría de la población mundial dedicada a la agricultura, la ganadería y los medios de vida relacionados con la agricultura, que dependen de los bosques y de los recursos naturales comunes, ¿puede recibir ayuda para prosperar en la era de la IA, especialmente en sus necesidades de adaptación y mitigación del cambio climático? ¿Cómo podemos habilitar modelos localizados de diagnóstico y predicción para activar alertas y estrategias a largo plazo? ¿Por qué nos limitamos a impulsar la compartición de más y más datos en direcciones que sólo parecen ayudar a las grandes empresas agrícolas y tecnológicas a integrar a la gente en condiciones extremadamente adversas en el mercado hipercapitalista de la IA? Los países en desarrollo tienen que encontrar la forma de aprovechar sus recursos de datos para su desarrollo autónomo en la revolución de la inteligencia, de forma similar a como un país como Tailandia, en Asia, se recuperó tras la crisis de los años 90 y reconstruyó su economía.
Anita Gurumurthy
Directora ejecutiva de IT for Change
3) Existe una gran preocupación por el robo de propiedad intelectual por parte de la IA, que arrastra y reutiliza datos, como la obra de artistas, sin reconocer la fuente. ¿Cómo proponen que enmarquemos este debate?
Ciertamente la IA generativa, capaz de desarrollar textos e imágenes visuales y de clonar voces, ha puesto en primer plano la cuestión del robo de la propiedad intelectual. Los responsables políticos lo abordan de diferentes maneras: China quiere controlar los flujos de información hacia la IA generativa; mientras que Japón primero quiso eliminar las solicitudes de derechos de autor en los conjuntos de datos utilizados para la IA generativa y posteriormente dio marcha atrás en su postura; la política de la UE y EE.UU. tiene ambivalencias sobre cuándo el uso legítimo cubre el entrenamiento de IA generativa. El equilibrio entre los derechos de los creadores y el uso de los recursos públicos del procomún del conocimiento para el desarrollo tecnológico sigue evolucionando.
Pasemos ahora a la perspectiva del creador. Los autores se encuentran viviendo la pesadilla de la ficción del «Gran Grammatizador Automático» de Roald Dahl, cuando la máquina de imitación imita sus estilos y voces mejor que ellos y la creación se convierte en una cadena de montaje de producción. Los derechos morales del autor o del intérprete creativo están en peligro cuando sus obras se canibalizan para entrenar a la IA generativa. También hay cuestiones de apropiación cultural, como el arte Warli indio que se subasta en Sotheby’s sin reconocer el contexto cultural de su producción por las tribus del bosque; preocupaciones que la comunidad maorí de Nueva Zelanda ha planteado e intentado abordar en el uso de su lengua y recursos lingüísticos para el desarrollo de modelos de formación. La concesión colectiva de licencias –el reconocimiento de los bienes culturales comunes de la literatura, el arte y el patrimonio cultural humano– parece importante. Podría crearse un mecanismo fiduciario para impedir la canibalización o la reutilización en violación de los bienes culturales comunes. En cuanto a la literatura y el arte, también hay que mantener el equilibrio entre los bienes comunes intelectuales como patrimonio público y común de toda la humanidad, y los derechos morales del autor. La propuesta de licencia colectiva del Gremio de Autores parece útil a este respecto. Esta propuesta dice: «El Gremio de Autores propone crear una licencia colectiva por la que una organización de gestión colectiva (OGC) concedería licencias de derechos en nombre de los autores, negociaría las tarifas con las empresas de IA y luego distribuiría el pago a los autores que se registraran en la OGC. Estas licencias podrían cubrir usos anteriores de libros, artículos y otras obras en sistemas de IA, así como usos futuros. Estos últimos no se licenciarían sin una autorización específica del autor o de otros titulares de derechos».
Nandini Chami
Directora adjunta de IT for Change
4) ¿Cuáles considera que son las principales problemáticas y propuestas relacionadas con la IA que deberían abordarse en espacios multilaterales como las Naciones Unidas, con el fin de promover la justicia digital y contrarrestar el excesivo poder de las grandes corporaciones digitales?
Hay un debate en curso, incluso en la India, sobre si la gobernanza de la IA se puede abordar adecuadamente en la escena mundial o si necesitamos respuestas a nivel nacional. Las democracias occidentales y el mundo mayoritario tienen formas diferentes de calibrar el equilibrio entre los derechos individuales y el bien social; esto se reconoce incluso en el debate sobre los derechos humanos, ya que la interpretación contextual de los derechos es extremadamente importante. Como demuestra un reciente estudio de la UNCTAD sobre los países del G20, lo que se entiende por datos personales sensibles se define de forma diferente en las distintas sociedades. Ideas de innovación centrada en el ser humano, transparencia y rendición de cuentas del mercado, trayectorias deseadas de desarrollo de la IA: necesitamos un modelo de gobernanza multiescalar en el que los derechos de las personas que se encuentran en los márgenes estén protegidos por algunas protecciones de derechos básicos y, al mismo tiempo, cada comunidad nacional pueda llegar a un proceso deliberativo para determinar cómo debe aprovechar la revolución de la IA e integrarse en la economía global respaldada por una legislación del desarrollo de la IA basada en los derechos humanos que sea justiciable. Es posible que una hiperliberalización de los mercados de servicios de datos no funcione en todos los países, ya que algunos podrían incluso beneficiarse al limitar su integración en la economía digital mundial.
(1) La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes y en respuesta a indicaciones. (Wikipedia)
* Anita Gurumurthy es miembro fundador y directora ejecutiva de IT for Change, donde dirige proyectos y colaboraciones de investigación con la sociedad en red, centrándose en la gobernanza, la democracia y la justicia de género, la democracia y la justicia de género.
* Nandini Chami es directora adjunta de IT for Change. Su trabajo se centra principalmente en la investigación y la promoción de políticas en los ámbitos de los derechos digitales y el desarrollo, y la economía política de los derechos de las mujeres en la sociedad de la información. Forma parte de los esfuerzos de promoción de la organización en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo en cuestiones de «datos para el desarrollo» y tecnologías digitales y justicia de género.
* Sally Burch es periodista angloecuatoriana. Directora Ejecutiva de ALAI. Es licenciada en Literatura por la Universidad de Warwick (Gran Bretaña) y diplomada en Periodismo por la Universidad de Concordia (Montreal, Canadá). Publica regularmente artículos sobre la mujer y la comunicación, el derecho a la información y los movimientos sociales.
NACIONES UNIDAS – La novela británica 1984, de George Orwell, caracterizaba una sociedad distópica en la que las personas tenían restringido el pensamiento independiente y eran víctimas de una vigilancia constante.
Publicada en 1949, la obra se planteaba como una profecía futurista con un tema de fondo: “El Gran Hermano te vigila”, algo que parece estar haciéndose realidad en 2021.
Ahora parece que vivimos en el ambiente de “1984”, donde todos nuestros movimientos son controlados esta vez por cámaras de vigilancia colocadas en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, en las autopistas, en los parques públicos, en el metro, en los centros comerciales y en los aparcamientos, violando la privacidad personal y los derechos civiles.
Un artículo publicado en The New York Times (TNYT) en septiembre, destaca que el Departamento de Policía de Nueva York ha continuado con su vigilancia masiva e ininterrumpida, desde que comenzó a hacerla sistemática tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Centre de Nueva York.
Según el diario neoyorquino, los residentes en la metrópoli realizan su vida cotidiana mientras conviven habitualmente –y la mayoría inadvertidamente- con herramientas de vigilancia digital, como programas de reconocimiento facial, lectores de matrículas o furgonetas móviles de rayos X que pueden ver a través de las puertas de los automóviles.
Además, drones de vigilancia sobrevuelan las manifestaciones masivas y los manifestantes dicen haber sido interrogados por agentes antiterroristas después de las marchas.
Pero Estados Unidos no está solo en esta emulación de la distopia orwelliana.
Quizá se esté convirtiendo en un fenómeno mundial a medida que la vigilancia electrónica se extiende por todos los continentes, sean los países del Norte industrial o del Sur global.
Según un nuevo estudio de la Red Africana de Derechos Digitales, publicado el jueves 21, los gobiernos de seis países africanos -Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Sudán- están llevando a cabo una vigilancia masiva y las leyes vigentes no protegen los derechos legales de los ciudadanos ante ese espionaje.
El estudio, descrito como la primera comparación sistemática de las leyes de vigilancia en África, llega en un momento en que aumenta la preocupación por la proliferación de la vigilancia digital a medida que las tecnologías se vuelven más sofisticadas y más intrusivas en la vida de la población.
Muchos gobiernos han ampliado sus facultades de vigilancia y acceso a los datos personales durante la pandemia de la covid-19, señala el estudio.
La Red Africana de Derechos Digitales aglutina a 30 activistas, analistas y académicos de 12 países africanos centrados en el estudio de la ciudadanía digital, la vigilancia y la desinformación, y forma parte del Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS, en inglés), un grupo con liderazgo mundial en la reflexión sobre investigación y política.
Tony Roberts, investigador del IDS, con sede en Londres, y coautor del informe, afirma que los Estados necesitan poderes de vigilancia para prevenir atrocidades terroristas, pero que, para ser coherentes con los derechos humanos, dichos poderes deben estar estrechamente orientados a los delitos más graves, utilizarse cuando sea estrictamente necesario y ser proporcionales a las necesidades.
Dispositivos de vigilancia electrónica. Foto: ONU Mujeres
Señala que los ciudadanos deben ser más conscientes de sus derechos a la intimidad y de las actividades de vigilancia emprendidas por sus gobiernos. La legislación puede ser útil para definir controles y equilibrios que protejan los derechos de los ciudadanos y proporcionen transparencia.
“Pero la sociedad civil necesita la capacidad de controlar las prácticas de vigilancia y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley”, subrayó en una entrevista con IPS.
El especialista aseguró que esa vigilancia promovida por los gobiernos no es solo algo de Estados Unidos y otro grupo de países, sino que “la vigilancia estatal de los ciudadanos está aumentando en Europa occidental”.
Señaló que las tecnologías digitales han facilitado y abaratado la vigilancia de los ciudadanos por parte de los Estados. Antes se necesitaba todo un equipo de personas para vigilar un objetivo, intervenir las líneas telefónicas, grabar, transcribir y analizar los datos de un solo objetivo.
“Ahora, las búsquedas en Internet y en las comunicaciones móviles están automatizadas mediante inteligencia artificial (IA) y algoritmos”, destacó Roberts.
En ese sentido, consideró que el escándalo de Cambridge Analytics mostró cómo la vigilancia de las redes sociales es utilizada por los partidos políticos en Reino Unido o Estados Unidos.
“Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo los gobiernos de Europa occidental y Estados Unidos realizan sistemáticamente una vigilancia masiva de los ciudadanos. El caso del programa espía (israelí) Pegasus mostró cómo los Estados utilizan programas maliciosos para espiar al presidente francés, a los líderes de la oposición, a los jueces y a los periodistas”, añadió.
Mientras tanto, la División de Inteligencia de la Policía de Nueva York, rediseñada en 2002 para enfrentarse a las operaciones del grupo islamista Al Qaeda, utiliza ahora tácticas antiterroristas para luchar contra la violencia de las bandas y la delincuencia callejera en Nueva York.
Según TNYT, el Departamento de Policía ha invertido recursos en la ampliación de sus capacidades de vigilancia. El presupuesto de la división de inteligencia y antiterrorismo se ha cuadruplicado con creces, gastando más de 3000 millones de dólares desde 2006, y más a través de fuentes de financiación difíciles de cuantificar, incluidas las subvenciones federales y la secreta Fundación Policial, una organización sin ánimo de lucro que canaliza el dinero y los equipos hacia el departamento a través de benefactores y donantes.
Funcionarios y exfuncionarios de la policía afirman que estas herramientas han sido eficaces para frustrar docenas de atentados. Y el departamento tiene la obligación, dicen, de reutilizar sus herramientas antiterroristas para la lucha diaria contra el crimen, dijo TNYT.
Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo al diario que su organización ya estaba preocupada por la vigilancia policial sigilosa en la década de los 90. Ya poco antes de los ataques, su organización había trazado un mapa de todas las cámaras que pudo encontrar en la ciudad. En retrospectiva, reconoció, fue una labor ingenua.
“Hicimos un mapa, y teníamos puntos, teníamos chinchetas en ese momento donde había cámaras. Y cuando lo hicimos, había un par de miles”, dijo Lieberman. “Repetimos la encuesta en algún momento después del 11-S, y había demasiadas cámaras para contarlas”, añadió.
Mientras tanto, el nuevo informe también identifica a Egipto y Sudán como los países en los que los derechos de los ciudadanos a la privacidad estaban menos protegidos. Esto se debe a una combinación de protecciones legales débiles, una sociedad civil débil para pedir cuentas al Estado y una mayor inversión estatal o gubernamental en tecnologías de vigilancia.
Por el contrario, a pesar de que el gobierno de Sudáfrica también viola la ley de privacidad, la determinada sociedad civil del país, los tribunales independientes y los medios de comunicación obligan con éxito al gobierno a mejorar su ley y sus prácticas de vigilancia.
En general, la investigación identificó seis factores que significan que las leyes de vigilancia existentes no protegen los derechos de privacidad de los ciudadanos en cada uno de los seis países analizados:
La introducción de nuevas leyes que amplían los poderes de vigilancia del Estado,
la falta de precisión jurídica y de garantías de privacidad en la legislación sobre vigilancia,
el aumento de la oferta de nuevas tecnologías de vigilancia que facilitan la vigilancia ilegítima,
los organismos estatales que llevan a cabo regularmente actividades de vigilancia al margen de lo permitido por la ley,
la actual impunidad de quienes cometen actos ilegítimos de vigilancia,
la debilidad de la sociedad civil, incapaz de hacer que el Estado rinda cuentas ante la ley.
Roberts dijo a IPS que el aumento de la vigilancia es una violación de los derechos civiles, concretamente del derecho a la intimidad.
“Vivía en Londres cuando tenía la mayor densidad de cámaras de seguridad del mundo. Ahora Seúl, París y Boston ostentan ese dudoso récord. Y Nueva York se está poniendo al día rápidamente”, afirmó.
A su juicio, las pruebas indican que los barrios con población negra están más vigilados que los de población blanca. El problema se agrava cuando la tecnología de reconocimiento facial se combina con la cámara de vídeovigilancia y se vincula a las bases de datos de identidad para llevar a cabo una vigilancia invasiva generalizada.
“La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la ley. Toda vigilancia es una violación de esos derechos civiles”, sentenció Roberts.
Y añadió: “Otorgamos a la policía la capacidad legal de llevar a cabo una vigilancia estrecha y limitada de los delincuentes más graves».
«Sin embargo, cualquier otra forma de vigilancia no consentida (con consentimiento previo) viola los derechos fundamentales y la vigilancia masiva de ciudadanos no acusados de ningún delito nunca está justificada en el derecho interno ni en el derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó.
Tampoco es inevitable.
En la ciudad estadounidense de Los Ángeles, por ejemplo, la prevalencia de las cámaras de vídeovigilancia es relativamente baja y la tecnología de reconocimiento facial está prohibida, recordó Roberts.
Con más de 4.600 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, los avances digitales continúan revolucionando la vida humana, pero «debemos permanecer alerta» frente a tecnologías maliciosas que «podrían poner en peligro la seguridad de las generaciones futuras», dijo el director de la Oficina de Desarme de las Naciones Unidas. Affairs (ODA) dijo al Consejo de Seguridad el martes.
“Las tecnologías digitales están poniendo cada vez más a prueba las normas legales, humanitarias y éticas existentes, la no proliferación, la estabilidad internacional y la paz y la seguridad”, advirtió Izumi Nakamitsu en la reunión dirigida por Estonia, centrada en la paz y la seguridad en el ciberespacio.
Además, continuó, están reduciendo las barreras de acceso y abriendo nuevos dominios potenciales para el conflicto, dando a los actores estatales y no estatales la capacidad de llevar a cabo ataques, incluso a través de las fronteras internacionales.
Para 2022, se estima que 28.5 mil millones de dispositivos en red estarán conectados a Internet, un aumento significativo de los 18 mil millones en 2017, según el jefe de la ODA.
Desde la desinformación hasta las interrupciones deliberadas de la red, en los últimos años ha habido un aumento espectacular en los incidentes maliciosos dirigidos a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que disminuyen la confianza entre los Estados y amenazan la infraestructura crítica que depende de ellos.
La Sra. Nakamitsu recordó la preocupación del Secretario General por el aumento de los ataques cibernéticos a los centros de salud durante la pandemia de COVOID, y pidió a la comunidad internacional que haga más para prevenirlos y ponerles fin.
“El extremismo violento y la trata de personas en línea tienen un impacto diferenciado que a menudo se pasa por alto en mujeres, hombres y niños, al igual que otras amenazas relacionadas con las TIC, como el ciberacoso, la violencia de pareja íntima y la difusión no consensuada de información e imágenes íntimas”, dijo. citando esto como la razón por la cual se debe priorizar la “participación igual, plena y efectiva” de mujeres y hombres en la toma de decisiones en el ámbito digital.
Defiéndete
Si bien las amenazas de las TIC van en aumento, también lo hacen los esfuerzos para abordarlas.
Durante más de una década, grupos de expertos a nivel gubernamental han estudiado y formulado recomendaciones para abordar los peligros de las TIC existentes y emergentes para la seguridad internacional, incluidas medidas de fomento de la confianza, creación de capacidad y cooperación, mientras que el denominado Grupo de Trabajo de composición abierta ha adoptado “Recomendaciones concretas y orientadas a la acción”, dijo el funcionario de la ONU.
Mientras tanto, las organizaciones regionales también están realizando esfuerzos, desde la implementación de normas voluntarias y no vinculantes para los Estados hasta la adopción de medidas regionales pioneras de fomento de la confianza o la adopción de herramientas regionales para reducir los riesgos de las TIC.
ITU
Foto: UIT
La batalla de todos
Si bien la responsabilidad principal de la seguridad internacional recae en los Estados, las TIC son una parte integral de las sociedades, y los participantes también tienen un papel que desempeñar en la seguridad del ciberespacio, atestiguó el Alto Representante.
“Las perspectivas del sector privado, la sociedad civil y el mundo académico aportan una parte única e importante de la solución colectiva a la ciberseguridad que busca la comunidad internacional”.
Programa de desarme
La Sra. Nakamitsu dijo que la ONU «está dispuesta a apoyar a los Estados» y a otros en la promoción de un entorno pacífico de las TIC, y citó el Panel de alto nivel sobre cooperación digital del Secretario General junto con las posteriores mesas redondas que llevaron a una Hoja de ruta , que recomienda acciones para cooperación en el espacio digital.
La Agenda para el Desarme del jefe de la ONU aborda tecnologías de nueva generación que plantean desafíos a “las normas legales, humanitarias y éticas existentes; no proliferación; y paz y seguridad ”, agregó.
La agenda pide trabajar con científicos, ingenieros y la industria en la innovación tecnológica con fines pacíficos, y colaborar con los Estados Miembros para «fomentar una cultura de responsabilidad y adherencia a las normas, reglas y principios emergentes sobre comportamiento responsable en el ciberespacio».
El compromiso del Consejo es ‘primordial’
Dado que el espacio digital ha llegado a ser la base de la mayoría de los aspectos de la vida diaria, la escala y la omnipresencia de la “inseguridad” de las TIC es una preocupación importante, dijo el jefe de Desarme.
Instó a ser cauteloso sobre la asignación de responsabilidad por los ataques de las TIC, que podrían tener «consecuencias importantes, incluidas respuestas armadas no deseadas y una escalada»; Estados que adoptan «posturas ofensivas» para usos de tecnología hostiles; y el desarrollo de “capacidades potencialmente desestabilizadoras” por parte de grupos armados y criminales no estatales, “con un alto grado de impunidad”.
“La participación del Consejo de Seguridad en este tema es primordial”, concluyó el funcionario de la AOD.
Fuente e Imagen: https://news.un.org/en/story/2021/06/1094992
SUMMA y CITSE firman convenio para proyecto sobre desarrollo profesional docente en contextos de Covid-19 en América Latina
El proyecto de consultoría “Experiencias de desarrollo profesional docente en contextos Covid19 y su vinculación con tecnologías digitales” ha sido recientemente adjudicado por investigadores del Centro de Investigación para la Transformación SocioEducativa (CITSE-UCSH), iniciando un proceso de colaboración entre el CITSE y SUMMA.
La iniciativa será liderada por el Dr. Álvaro González, y será desarrollada junto a los académicos UCSH Dra. Carolina Cuéllar y Dr. Juan Pablo Queupil, del grupo “Liderazgo y Colaboración para la Mejora Educativa”, la Dra. María Angélica Guzmán, del grupo “Desarrollo Curricular y Profesión Docente”, la Dra. Olga Cuadros, del grupo “Interacciones Socio-Emocionales y Aprendizaje”, y Macarena Hernández, investigadora adjunta.
El objetivo del proyecto es identificar, describir y documentar experiencias docentes que permitan visualizar el tipo de respuestas que los docentes han desarrollado durante la emergencia del COVID19. El proyecto viene a aportar conocimiento sobre diversas experiencias de aprendizaje profesional que los docentes de países de América Latina y el Caribe han desarrollado durante y como respuesta a la pandemia, a partir de los desafíos que presentó el cierre de escuelas y el paso a la enseñanza remota.
Para ello, se buscará relevar las experiencias de 15 docentes de cinco países de la región (México, Honduras, Colombia, Uruguay y Chile), en sus esfuerzos por continuar el proceso educativo, indagando en cómo superaron los obstáculos que se les presentaron, los aprendizajes que obtuvieron y el uso que dieron a la tecnología, para asegurar que sus estudiantes sigan aprendiendo, con foco en cuestiones como la equidad, el acceso a recursos, el trabajo colaborativo, y el apoyo docente.
Como señalan Dante Castillo-Canales, Director de Políticas y Prácticas Innovadoras de SUMMA, y Andrea Lagos Mancilla, Coordinadora de Formación Docente de SUMMA, “creemos que es de mucho valor conocer los procesos de aprendizaje profesional desarrollados en diversos contextos de América Latina. Las necesidades de formación se han multiplicado debido a que los entornos para la enseñanza y aprendizaje se han transformado sustantivamente producto del cierre de escuelas y el trabajo a distancia. En este escenario, los docentes han debido enfrentar procesos de aprendizaje profesional muy valiosos que es necesario conocer y entender. Todo ello con el propósito final de aportar al desarrollo de políticas y programas que aborden de manera efectiva las necesidades de formación docente y desarrollo profesional”.
De este modo, señalan, la iniciativa ofrece una oportunidad de repensar e imaginar ofertas institucionales de formación docente, poniendo especial atención a la diversidad de situaciones locales que viven los profesores, al rol que pueden jugar las tecnologías en formación a escala y al impacto que puedan tener finalmente dichos procesos en los aprendizajes de las y los estudiantes. Sobre todo, considerando que en los distintos países de Latinoamérica existen condiciones muy desiguales, tanto entre los países como dentro de cada uno de ellos, y teniendo en cuenta la segregación e inequidad en los sistemas educativos.
“Junto con fundación SUMMA esperamos contribuir con evidencia para que las autoridades educacionales de distintos países impulsen iniciativas de formación profesional docente e integración de tecnología en la enseñanza y el aprendizaje. Ello sin duda aportará a generar mayores condiciones de equidad para grupos de estudiantes que se hayan visto perjudicados por el cierre de sus escuelas, y pudiera mitigar otras condiciones de exclusión en nuestra región”, señaló el Dr. Álvaro González, investigador del CITSE a cargo del proyecto.
Coalición por el Desarrollo Profesional Docente a Escala
La consultoría fue convocada por Fundación SUMMA, el primer Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, que busca impulsar la investigación de vanguardia en educación y agendas compartidas de trabajo, promoviendo la innovación en políticas y prácticas para proveer soluciones a las principales problemáticas educativas en la región.
En particular, este proyecto se enmarca en los esfuerzos realizados por la Coalición por el Desarrollo Profesional Docente a Escala (TDP@scale Coalition for the Global South) que busca contribuir a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de Naciones Unidas, esto es, garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, promoviendo un desarrollo profesional docente de calidad, equitativo y sostenible a gran escala, mediado por las TIC, mediante la colaboración, la investigación y el apoyo a la implementación.
Fuente de la Información: https://www.summaedu.org/summa-y-citse-firman-convenio-para-proyecto-sobre-desarrollo-profesional-docente-en-contextos-covid-19-en-america-latina/
La educación nacional no enfrenta un buen pronóstico para 2021. Ni los problemas estructurales de la educación, ni sus asuntos coyunturales muestran señales consistentes de mejora. Y ello no representa un vaticinio pesimista, por el contrario, hoy resulta impostergable contar con un diagnóstico realista y demandar desde la sociedad un cambio de rumbo en el que se entienda que la educación no puede continuar siendo un ámbito ideologizado y mercantilizado por los poderes político y económico, sino un espacio estratégico comprometido con la formación de la niñez y la juventud con un horizonte de justicia social y de construcción de un mejor futuro nacional.
A las insuficiencias estructurales en términos de cobertura, calidad y equipamiento que han caracterizado por décadas a nuestro sistema educativo, se sumaron, en el año de la pandemia, serios problemas que ponen de manifiesto las vulnerabilidades sociales, educativas y digitales de la sociedad. Baste recordar que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hoy apenas 21.9 por ciento de la población vive en condiciones de no pobreza y no vulnerabilidad social. Eso significa que en este 2021, el legado para ocho de cada 10 mexicanos será de algún déficit en términos de ingresos, salud, vivienda o educación. De manera particular el ámbito educativo seguirá siendo afectado por la crisis sanitaria que alejó de las instalaciones físicas a 36.5 millones de niños y jóvenes que son fiel reflejo de las asimetrías sociales.
Como se sabe, las estrategias gubernamentales para contrarrestar el cierre de las instalaciones escolares se apoyaron prioritariamente en las tecnologías digitales. De tal forma, las modalidades que asociaban la educación a la tecnología lograrían ubicarse como una respuesta oportuna ante una situación de clara emergencia. Sin embargo, en ese escenario también surgirían voces que llamaban a remplazar la educación tradicional por formas pretendidamente más efectivas y modernas. En tal sentido, la educación presencial comenzó a ser caracterizada por sus inercias pedagógicas y –como si ello fuera una cuestión de simple voluntad– por su falta de apego a la tecnología. En realidad, se cuestionaba lo escolar y se discutía la vigencia de la institución: cursos, programas, estrategias didácticas e incluso maestras y maestros que, esta vez, eran remplazados por la pantalla y por conductores de televisión.
Sin embargo, es necesario señalar que la educación difundida por medios digitales ha estado muy lejos de cumplir con el ideal de extenderse a grupos sociales más amplios. En vez de ello, se han hecho patentes las desigualdades de todo tipo y las mayorías volvieron a quedar al margen de los beneficios educativos. En 2020 se hicieron manifiestas las dimensiones de la brecha social y digital de los mexicanos y se pudo constatar como el estudiantado y sus familias tuvieron que asumir una parte significativa de los costos educativos en términos de equipamiento, conectividad, material documental y espacios físicos para el estudio. Eso sin contar el déficit vivido en términos afectivos, colaborativos y de socialización, difícilmente atendidos a través de la pantalla.
En el caso de la educación superior se ha hecho patente la supremacía del software propietario (Zoom, Google, YouTube) por encima de las modalidades libres. Así, las plataformas privadas han incursionado en los espacios personales e institucionales apropiándose y mercantilizando los datos de los particulares. Los corporativos informáticos fundan su acción en un modelo empresa-cliente que es transferido a la educación en una lógica en la que el conocimiento y la información devienen en mercancía. En tal sentido, se manifiesta una fuerte oposición entre las aspiraciones igualitarias de la educación pública y los intereses de los corporativos proveedores de servicios tecnológicos.
Por todo ello, hoy resulta imprescindible comprender a profundidad la racionalidad y mecanismos de operación de las modalidades digitales de enseñanza, así como su impacto real en los procesos educativos. Acaso sea posible plantear que, antes de convertirse en el remplazo de lo presencial, las herramientas tecnológicas en su conjunto pueden contribuir a su mejor desempeño. Así, el reto sería lograr que, aun tratándose de modalidades diferentes, sean orientadas hacia un fin compartido.
No cabe duda que necesitamos dar respuesta a las dimensiones estructural y coyuntural de la educación. En ambos casos las tecnologías digitales aparecen como un medio con enormes potencialidades para renovar lo educativo. Sin embargo, para atender la problemática de ese sector no basta con expresar buenas intenciones. Es preciso tomar decisiones con rigor y estrategia: estudiando las virtudes de lo digital, pero también considerando sus posibles riesgos. Es indispensable construir modalidades digitales pertinentes e igualitarias, acordes con los problemas de nuestro país –y no simplemente transfiriéndolas de otros contextos– y, por supuesto, es urgente fortalecer y renovar la modalidad presencial a la que habremos de regresar en algún momento.
¿Qué es necesario considerar para la vuelta? Sin duda debe insistirse en el tema de la cobertura en todos los niveles bajo un criterio de justicia social y exigencia académica. Es necesario contar con establecimientos educativos seguros, equipados, conectados, preparados para contingencias y situaciones calamitosas. Asimismo, deben hacerse los ajustes curriculares que permitan la plena incorporación de las modalidades digitales. Y, finalmente, ha de emprenderse un sólido programa de formación en el que maestras y maestros puedan adquirir las herramientas didácticas –presenciales y digitales– para contribuir a la educación de la niñez y la juventud mexicanas del tercer milenio. Ni más ni menos.
Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM
Es tiempo de empezar a desarrollar tecnologías alternativas que se basen en otros modelos de negocios, en la resolución de otras necesidades, que se configuren con otros procesos, como la construcción colectiva de algoritmos, que sean procesos transparentes y abiertos, que tengan principios comunitarios de manejo de datos.
Una tecnología construida por las comunidades y poblaciones que hasta ahora han sido etiquetadas como las grandes consumidoras y que nuestro grupo propone que tengan el derecho de diseñar, definir y proponer la tecnología que requieren y que quieren. Especialmente nos referimos a las mujeres, las poblaciones indígenas, las poblaciones migrantes, fronterizas, costeras, rurales, entre otros. Partimos del principio de que en estos momentos históricos en que vivimos en una sociedad digital, es un derecho humano fundamental que todo grupo social diseñe y construya la tecnología que necesita. Además, estamos convencidos y convencidas de que pueden/podemos hacerlo.
Del Pronunciamiento conjunto del Grupo de Trabajo CLACSO Apropiación de Tecnologías Digitales e interseccionalidades y RIAT.
Alejandra Agudelo Marín. Marta Bianchi. Roxana Cabello. Rosa Cicala. Mariela Cogo. Silvia Coicaud. Paola Costa Cornejo. Romina Gala. Alejandro Gelfuso. Georgina González Gartland. Oscar Grillo. Carla Grossman. Silvia Lago-Martínez. Víctor Latorre Mansilla. Marlén Martínez Domínguez. Susana Morales. María Julia Morales González. Sonia Muñoz-Muñoz. Claudia Ormeño Hofer. Lina Rosa Parra Bernal. Daniel Enrique Pichl. Patricio Pino Castillo. Martín Pizarro. Jocelyn Portugal Villar. Ana Laura Rivoir. Susana Rodríguez Morales. Flavia Samaniego. Luis Sandoval. Ester Schiavo. Juan Carlos Travela. Carlos Ulloa Jaramillo. Luis Bernardo Veas Alfaro. Elizabeth Vidal. Ana María Wee Serrano. [Autores y Autoras de Capítulo]
Editorial/Edición: CLACSO. Universidad de Los Lagos. Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales.
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