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España: Cáritas alerta del aumento de migrantes en situación irregular sobrevenida

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Cáritas alerta del aumento de migrantes en situación irregular sobrevenida

Cáritas ha alertado este lunes del «importante aumento» del número de personas en situación administrativa irregular, que son atendidas dentro de los programas de recursos para inmigrantes de todo el país.

Según explica la organización, este impacto se viene detectando en los últimos años y se está viendo incrementado como consecuencia de la pandemia, en la que, a causa de la masiva destrucción de empleo y de medios de vida, está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas.
«Al dejar de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social», advierte Cáritas en un comunicado, recogido por Europa Press.
Según los últimos datos de actividad aportada por las Cáritas Diocesanas de toda España, un tercio de las personas acompañadas a través de sus programas y recursos para inmigrantes están en situación administrativa irregular. Se trata de unas 120.000 personas que, además, debido a su extrema precariedad, necesitan del apoyo de Caritas durante una media que oscila entre 1 y 2 años.
PERSONAS INVISIBLES PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Desde la entidad indican que es «una realidad invisible» sobre la que ahora quieren poner el foco dentro de una nueva fase de la camapaña ‘Compartiendo el viaje’ y bajo el lema ‘Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos’.
‘Compartiendo el viaje»‘, explica Cáritas, se puso en marcha en septiembre de 2017 a instancias del Papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro y un mayor conocimiento de la realidad de las personas que se ven obligadas a migrar: hombres, mujeres, niños y niñas, cada uno con su nombre y su vivencia y un lugar de origen, tránsito y destino.
Uno de los ejes estratégicos de la acción de la organización en su lucha contra la pobreza es «el trabajo con miles de personas invisibles para las políticas públicas», como es el caso de estos inmigrantes para quienes «no existen nunca fondos oficiales, ni estatales ni europeos», puesto que se trata de personas en situación administrativa irregular y, por tanto, «no cuentan, no están, no existen».
«Hablamos de personas que hasta ayer mismo desarrollaban en nuestra sociedad un trabajo legal y remunerado en sectores de actividad económica muy relevantes, como la restauración y la hostelería, el cuidado de personas dependientes, el empleo del hogar o la mensajería», explican, para indicar que, al perder estas personas su empleo, han perdido también, según «lo establecido en la actual Ley de Extranjería, su estatus legal y, con ello, el acceso a derechos básicos».
TESTIMONIOS REALES
«En muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados», advierte Cáritas.
Para la campaña, la entidad ha hecho un recorrido por distintas situaciones de irregularidad sobrevenida en las que se encuentran personas migrantes que «ponen en evidencia» cómo las leyes pueden no ser justas, como ocurre con la Ley de Extranjería.
En este sentido, explica la entidad, tanto Cáritas Española como Cáritas Europa, defienden un planteamiento alternativo del marco legal de migración, con objeto de que la puerta de acceso a los derechos de estas personas no dependa exclusivamente del mercado laboral.
A su juicio, en la situación económica actual dominada por la crisis social y económica causada por la Covid-19, tener empleo fijo no está al alcance de la mayoría de las personas. Y en el caso de miles de personas de origen extranjero, advierte Cáritas, quedarse fuera del mercado laboral significa pasar a la invisibilidad y a la pérdida de derechos propios y de sus familiares.
«La Ley de Extranjería está orientada primordialmente a la regulación del flujo de mano de obra extranjera. Sin embargo, quienes llegan son, por encima de su condición de trabajadores, personas», apunta.
Ante esa situación, la organización propone una «integración social basada en los criterios del arraigo social», que ponga en valor «las raíces de estas personas en la comunidad donde trabajan y viven», y de «la vecindad, ordenada a través de la figura del empadronamiento».
«De esta forma, quedarían garantizar la renovación o el acceso de estas personas a una situación administrativa regular y, por tanto, al disfrute de derechos básicos: «queremos vecinos», ha concluido.
Fuente de la Información: https://madridpress.com/art/280110/caritas-alerta-del-aumento-de-migrantes-en-situacion-irregular-sobrevenida
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«Escuela bomba», un documental urgente y militante

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Redacción: Página 12

Después de que el Incaa decidiera levantar el film de Juan Mascaró programado en la sala Gaumont, ahora se lo puede ver los lunes en el Centro Cultural de la Cooperación.

Dirección y guion: Juan Mascaró

Música: Colectivo Escuela Nº 32 de Moreno

Duración: 68 minutos

Se exhibe únicamente en la sala del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, los lunes a las 20.

Dada la incomodidad que el asunto genera en autoridades nacionales y provinciales, la gestión actual del Incaa decidió levantar esta película de cartel, después de haberla programado en el cine Gaumont. De modo que a partir de este lunes Escuela bomba, dolor y lucha en Moreno se exhibe todos los lunes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, que funciona así como “sala de acogida”. Producida por el Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, la película escrita y dirigida por el documentalista Juan Mascaró es lo que podría llamarse documental “de denuncia”. Aunque lo que denuncia no es desconocido. Estrenada justo un año después de sucedido el episodio, Escuela bomba, que se estrena con el auspicio del colectivo de documentalistas DOCA, trata sobre el recordado caso de pérdida de gas, explosión de una garrafa y muerte de la vicedirectora y un auxiliar docente de la escuela Nº 49 de Moreno, el 2 de agosto de 2018. Como se sabe, el estallido fue producto de la negligencia de las autoridades educativas y provinciales, que en el marco de la política de Estado Ausente tienen a las escuelas públicas en un estado de desatención que puede conducir, como en este caso, lisa y llanamente a la muerte de inocentes.

Lo que denuncia Escuela bomba es conocido, pero la película da uno o varios pasos más en relación con la cobertura que la televisión dio al episodio en su momento. El film, de cuya hechura participó la propia comunidad afectada, hurga hacia atrás, en las raíces del problema, y hacia delante, viendo en la reacción del vecindario de Moreno un posible modelo a seguir. Bucea también hacia el fondo del asunto, al indagar en el dolor de compañeros de trabajo, docentes y parientes de Sandra Colomano y Rubén Rodríguez, víctimas de la conflagración.Ese paso que da la película se ve expresado en términos visuales en el plano inicial. Primero se ve la pantalla de un televisor, informando del hecho a primeras horas de la mañana de ese día 2. Luego otras pantallas con otros noticieros y finalmente la superposición de todas las voces, en una suerte de Torre de Babel sonora en la que no se entiende nada. Recién entonces el documental dirigido por Juan Mascaró inicia su narración.

Escuela bomba, título tomado de boca de uno de los testimoniantes (que describe a las escuelas de la Provincia de Buenos Aires como bombas de tiempo) es un documental tan urgente como la propia explosión. Documental militante también, como evidencian las consignas de los créditos finales. La película dirigida por Mascaró (de quien hace unas semanas se estrenó Bazán Frías, elogio de un crimen) no pretende ser sumamente elaborada o sofisticada. Es una herramienta. Una herramienta de conocimiento, en primera instancia. Conocimiento proveniente de los testimonios de maestrxs de la escuela, de la compañera de Rodríguez (que también es docente), de militantes de organizaciones docentes, de directores de escuelas, funcionarios educativos y especialistas en políticas laborales. Basándose en estadísticas oficiales, el laboralista Oscar Martínez aporta un dato: en Argentina muere, por accidentes laborales, un trabajador cada 20 horas. 400 por año. Colomano y Rodríguez fueron dos de esos cuatrocientos.

“Esto no fue un accidente, fue un asesinato”, sostiene Hernán Pustilnik, maestro de la escuela Nº 49, que afronta un doble duelo. “Es duro aceptar que uno viene a la escuela a morirse”, sostiene a su turno la secretaria de la escuela, Karina Rabinovici, ante la información de que de ochenta escuelas inspeccionadas, 78 no tenían sus instalaciones de gas en condiciones. “Hablan pero no saben lo que es la escuela pública”, levanta la voz Mabel Zurita, viuda de Rubén Rodríguez, aludiendo a las autoridades educativas en el acampe popular que duró varios meses. “No-saben-lo que es-la escuela pública”, repite, para que quede claro. Tal vez sí lo sepan: la escuela pública es ese lugar en el que se cae. Tanto como para seguir cayendo, los títulos finales informan que noventa escuelas de la Provincia de Buenos Aires permanecen cerradas, por no tener las instalaciones en regla. Escuelas-bombas de tiempo, en las que se cae y a veces se muere.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/210302-escuela-bomba-un-documental-urgente-y-militante

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