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Ecuador: Trabajo infantil no desaparecerá hasta 2028, dicen las autoridades

marzo 21, 2021marzo 20, 2021Noticias

Aunque la pobreza es un motivo que promueve el trabajo de niños, también se trata de un tema cultural.

En Quito el 3% de los niños, niñas y adolescentes realiza trabajo infantil, aunque este se encuentra prohibido en la Constitución del Ecuador. Son 25.600 infantes, según determinó el estudio “Diagnóstico situacional sobre el trabajo infantil en el Distrito Metropolitano de Quito”, realizado a finales de 2019. La mayor parte de ellos, el 71%, tiene entre 5 y 14 años.

El estudio lo lideró el Consejo de Protección de Derechos, del cabildo quiteño. El objetivo que se planteó en ese momento fue crear una ordenanza que permita trabajar en la erradicación del trabajo infantil.

En la ciudad se cuenta con cuatro Cetis: Mercado Mayorista, La Mariscal, San Roque y Carollo. Además, tres “puntos Cetis”: Ofelia, Mercado San Roque y Casa Somos de Calderón (de próxima apertura este último), que brindan los mismos servicios, pero en espacios comunitarios que se consiguen a través de convenios con empresas e instituciones.

En estos se atiende a niños de 5 a 15 años, que se encuentren en riesgo de explotación laboral o “callejización”, según explica Elba Gámez, jefa de Unidad de Proyectos de Otras Temáticas, que es cualquier actividad que mantenga a un menor en la calle.

Pablo Benalcázar, gerente del Mercado Mayorista, asegura que el trabajo infantil en esta zona ha sido casi erradicado, al menos en menores de 12 años. “En las seis semanas de gestión que llevo en la administración hemos tenido dos casos de menores que se encontraban trabajando, pero como no pertenecían al mercado solo se pudo pedir que se retiren”, indicó.

Según nos cuenta, dentro de los estatutos internos existen sanciones para quienes tengan menores trabajando. La primera vez se hace un llamado de atención verbal, la segunda instancia es una amonestación escrita y una multa que va del 5 al 10% del valor del arriendo del local, y si reincide, puede ser terminado el contrato de arrendamiento por parte de la administración.

Durante la pandemia estos centros tuvieron que cerrar, sin embargo, la situación se agravó y tuvieron que reabrirse en el mes de octubre. Con las clases en línea, durante la pandemia “los niños se ubicaban en las esquinas de los parques o alrededor del teléfono de las mamitas para recibir clases”, indicó Gámez. Esto motivó a que, cumpliendo las medidas de bioseguridad, se retome el trabajo de los Cetis.

Actualmente se atiende a 300 menores y se les brinda alimentación balanceada de manera gratuita. Los horarios de atención dependen del sector y jornada de trabajo, especialmente en los mercados de Quito. También, en convenio con Cruz Roja ecuatoriana, los niños recibirán, en los próximos días, un segundo chequeo médico y pueden acceder a atención psicológica.

El Patronato despliega, de lunes a domingo, un equipo de abordaje en las zonas de mayor incidencia de trabajo infantil. El personal se encarga de realizar un acercamiento con las familias y ofertar el servicio para los más pequeños. “Hemos tenido buena acogida, ya que es una preocupación menos para los papás que realizan trabajo en calle”, añadió Gámez.

Según las autoridades, aunque la cifra se ha reducido de 10% en 2006 a 3% en 2019, no se podrá erradicar completamente, al menos, hasta el 2028. La situación preocupa, pues los efectos más comunes en los niños que trabajan pueden evidenciarse físicamente: lesiones, fiebre, heridas, quemaduras, problemas en piel y ojos y agotamiento. (I)

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/erradicacion-trabajo-infantil-quito-nota/

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Niños venezolanos trabajan para hacerle frente a la pobreza

marzo 20, 2021marzo 21, 2021Noticias

Consultados por le medio de comunicación Voz de América, los pequeños aseguran que en ocasiones deben asumir responsabilidades de adulto. El 40% de la población venezolana vive por debajo del umbral de pobreza, señala un estudio.

A pesar de sus grandes riquezas naturales, Venezuela se ha convertido en uno de los países con más necesidades de la región y líder en lo que a se refiere pobreza infantil y desempleo.

Unicef define como niño a cualquier persona menor de 18 años. En las calles de la capital venezolana, la Voz de América conversó con Yusmery Brito, de 17 años, que vive en precarias condiciones junto a sus tres hijos. La joven lamenta que, debido a la pandemia y a su actual situación, en ocasiones no puede cubrir los gastos nutricionales de la familia.

“Hay veces que, hasta lloro, yo pido a Dios que me saque de esta situación, no tenía nada de nada para darle a los niños, por eso salí para la calle, para ver qué conseguía para darles de comer, aquí me pongo a veces a pedir o parquear y les llevo algo”, comenta Brito.

Otros niños venezolanos aseguraron a la VOA que deben asumir responsabilidades de adulto, para poder sobrevivir.

“Trabajo porque siempre quería comerme algo, alguna chuchería y mi abuela no tenía, nadie me lo daba y tuve que salir, pero yo estudio, hay mucha gente que pasa hambre, hay muchos indigentes en la calle, durmiendo, nunca pensé que iba a llegar a este punto”, indicó por su parte Alexander Figueroa, de 12 años.

Entre tanto, Maiber Mena, de 14 años, relata que se vio en la necesidad de abandonar la escuela para llevar alimento a su madre y hermanos.

“La situación es muy ruda, hay mucha gente que pasa hambre, no hay nada para comer, yo me iba para el colegio sin comer, mi mamá no trabajaba, a ella la botaron del trabajo, en una oportunidad vi como trabajaba limpiando vidrios, no me fue mal y no estudié más”, afirma Mena.

Fuente: https://www.descifrado.com/2021/03/19/ninos-venezolanos-trabajan-para-hacerle-frente-a-la-pobreza/

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El coronavirus ha empeorado la situación de los niños sirios

marzo 13, 2021marzo 12, 2021Noticias

Casi el 90% de los menores necesitan asistencia humanitaria a día de hoy, un aumento del 20% solo en el último año

Diez años después de estallar, la guerra sigue siendo una realidad tan tangible en Siria como las ruinas de sus edificios derruidos por los ataques que han asolado el país. Una devastadora situación que ahora suma también los efectos del covid a una población y economía gravemente damnificadas. El cierre prolongado de escuelas y el impacto socioeconómico de la pandemia han agravado un panorama especialmente complicado para los niños sirios.

Según un balance publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la guerra de Siria ha provocado la muerte o causado heridas a casi 12.000 niños, es decir una media de más de tres víctimas al día. En una comparecencia del Director Regional de Oriente Próximo de la oenegé, Ted Chaiban, la agencia ha advertido del impacto «sobrecogedor» de la guerra sobre los niños, incidiendo en que casi el 90% de ellos necesitan asistencia humanitaria a día de hoy, un aumento del 20% solo en el último año a causa de la pandemia.

“Cuando la guerra empezó nadie creía que duraría diez años. Y la realidad es que todos y cada uno de los niños sirios han sentido los efectos de una forma u otra”, ha asegurado Chaiban. Durante esta década, más de 5.700 niños, algunos de apenas siete años han sido reclutados en las filas del Estado Islámico, mientras que la desnutrición sigue amenazando la existencia y el futuro de cientos de miles. Más de medio millón de menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento. Aún así, desde Unicef, luchan por eliminar la etiqueta de “generación perdida”.

Falta de educación

“Los niños sirios no son una generación perdida. Son valientes y perseverantes, saben superar adversidades de una forma admirable. No podemos dejar que un momento defina sus vidas, por eso hay que seguir apoyándoles y educándoles”, ha asegurado Chaiban. De los casi 2,45 millones de niños que no están escolarizados en Siria, otros 750.000 niños sirios en los países vecinos no pueden recibir educación formal, entre otras razones porque ni siquiera las escuelas son un lugar seguro. Una de cada tres escuelas ha sido derruida durante la guerra o ha sido empleada con fines militares y más de 1.300 instalaciones y personal médico y educativo han sufrido ataques.

En ese sentido, preocupa especialmente la situación de las niñas, que son quienes corren más riesgos de abandonar la educación de forma prematura. Las niñas de lugares empobrecidos o devastados por la guerra son las principales víctimas de un matrimonio temprano que ya afecta al 26% de las menores sirias, el doble que antes de que estallara el conflicto, según la oenegé Plan International

Estrés Emocional

La galopante devaluación de la libra siria y la inflación disparada han complicado una situación ya de por sí crítica y han forzado que miles de niños se vean obligados a trabajar de forma prematura y en jornadas maratonianas.

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210311/pandemia-agrava-situacion-ninos-sirios-11573129

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Corruption and child labour have no place in the energy transition

marzo 1, 2021febrero 27, 2021Noticias

Corruption and child labour have no place in the energy transition

Richard Kent, Researcher on Business and Human Rights at Amnesty International

The European Commission is currently wrapping up consultations on a new law that could shape the future of green energy. If adopted, the EU Battery Regulation would require all businesses in the battery industry to report on the social and environmental impact of their operations. It would ensure that batteries entering the EU market – for use in electric cars, smartphones, solar panels, and much more – are responsibly sourced and sustainable. Businesses would have to show, for example, that the minerals in their batteries do not indirectly finance armed groups or child labour, and that their supply chains are free of corruption.

The law would be a pillar of Europe’s Green New Deal, and it is long overdue. The World Bank found that production of some battery metals could increase by up to 500 percent by 2050, to meet the growing demand for electric vehicles – essential for reducing carbon emissions. Never before has mineral extraction sought to mitigate climate change on such a scale. But there are currently no laws in place to ensure green technologies do not themselves cause harm – and cause harm they do.

The real frontier of the battery revolution is not in the corridors of Brussels. It is in the unregulated cobalt mines of the DRC, where children as young as seven work in perilous conditions. It is in the vast frozen expanses of Siberia’s Taimyr Peninsula, where a nickel mining company spilled thousands of tonnes of diesel fuel into the Arctic; and in the salt flats of Latin America, where lithium extraction is threatening livelihoods. Cobalt, nickel and lithium are key components of rechargeable batteries, and we are sliding towards a situation where we have replaced one type of environmental injustice with another.

The grim irony is that these abuses are being perpetrated against the people least responsible for the climate catastrophe. Indigenous fishing communities in Papua New Guinea’s Basamuk Bay aren’t the ones pumping CO2 into the atmosphere. Yet it’s their water that was poisoned when a nickel mine dumped 23 tonnes of toxic waste into the ocean, while sourcing the minerals necessary to get drivers in Paris, Beijing and New York into electric cars. The need for regulation has never been so urgent.

Last month, Amnesty International and 66 other human rights and environmental organizations published a set of principles for businesses and governments to adopt in order to clean up battery supply chains. Many of the organizations who signed up to Powering Change represent the frontline communities most affected by the energy transition.

In Powering Change, we call on manufacturers to work towards maximum recycled content in batteries, minimize the use of hazardous materials, and manage battery waste responsibly. We call on businesses and governments alike to ensure environmental defenders and Indigenous communities are consulted and properly informed about planned operations and potential risks.

The EU Battery Regulation proposal contains several articles to improve transparency in supply chains, which is also one of our coalition’s crucial principles. In 2017, Amnesty researchers found that companies including Microsoft, Renault and Volkswagen were failing to ask basic questions about where the cobalt in their batteries came from. More than half the world’s cobalt comes from the DRC, where Amnesty has documented children and adults mining in perilous conditions, earning a couple of dollars a day to work in narrow tunnels at risk of collapse. In light of this, it’s unacceptable for businesses to shrug their shoulders about their supply chains – consumers deserve to know that their cars are not powered by human rights abuses.

This is why the European Battery Regulation could be one of the most important pieces of industry legislation ever. It would be the first legally binding initiative to clean up battery supply chains, and would force businesses to do more to protect workers, Indigenous communities and the environment.

Europe is the epicentre of the push towards a battery-powered future. Governments including the UK, Poland and Sweden are scrambling to construct multi-billion dollar battery “gigafactories”, and the European Investment Bank pledged €1 billion investment to the battery manufacturing industry in 2020. Many of the corporations that led the Second Industrial Revolution – the invention of the internal combustion engine, the mass growth of the car industry, and concurrent demand for oil – are now taking the reins of what they pledge will be a “Green Industrial Revolution.” It is imperative that this time, corporations recognize their impact on the planet and human rights, and factor this into their business models.

If the Battery Regulation is adopted, Europe would also be the epicentre of an energy transition that is genuinely clean and fair.

This article was originally published in EU Observer

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/corruption-and-child-labour-have-no-place-in-the-energy-transition/

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Mundo: El trabajo infantil amenaza con extenderse por América Latina por la pandemia

febrero 19, 2021febrero 17, 2021Noticias

Mundo/América Latina/19-02-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Autoridades de América Latina y el Caribe se comprometieron este jueves y extendieron su llamado para acelerar acciones que eviten un incremento de los 10,5 millones de niños que trabajan en la región debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en las economías de los hogares más vulnerables.

Los presidentes de Colombia, Guatemala, Perú, así como representantes de Costa Rica y Jamaica respondieron de este modo al llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para participar en el lanzamiento del Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil.

En un evento virtual, el director regional de la OIT, Vinicius Pinheiro, alertó que, a consecuencia de los efectos sociales y económicos de la pandemia, «en un año se puede retroceder los avances de una década» contra la explotación y el trabajo infantil.

La OIT estimó que el año pasado unos 300.000 niños y adolescentes «podían regresar al trabajo infantil por el impacto de la crisis».

En ese sentido, pidió a las autoridades de la región a tener «un compromiso sostenido del más alto nivel para poner fin al trabajo infantil» y apostar por acciones conjuntas para enfrentar este problema multicausal.

«Es tiempo de actuar de manera decisiva para mantener lo logrado, en lugar de retroceder», anotó Pinheiro.

A nivel mundial, el trabajo infantil se redujo en casi 100 millones de menores, entre el 2000 y 2016, y actualmente afecta a unos 150 millones de niños y adolescentes, según cifras de la OIT.

Niñas trabajadoras

Durante el evento, la activista peruana Sofía Mauricio dio un conmovedor testimonio sobre su propia vida como empleada doméstica desde los 7 años de edad, cuando dejó su humilde casa en la andina localidad de Cajabamba para trabajar en distintos hogares hasta llegar a la ciudad de Lima.

El trabajo en casas de extraños, donde recibía maltratos y violencia, «nos deja cicatrices y una generación sin el derecho de disfrutar de su niñez», afirmó Mauricio.

La pérdida del trabajo y el incremento del trabajo precarizado en los adultos por la pandemia, «tiene como resultado el incremento del trabajo infantil, donde muchos trabajarán solo por la comida», anotó la también directora del programa No Somos Invisibles.

Precisamente, la pérdida de empleos como efecto de la pandemia y el incremento de la pobreza monetaria podría afectar directamente a 51,6 % de la población infantil, anotó la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena.

Efecto del cierre de escuelas

El cierre de escuelas tiene un impacto en la seguridad alimentaria de los niños de los sectores vulnerables y estas son «condiciones que aumentan las posibilidades de incorporación prematura de los niños al mercado laboral en condiciones precarias», indicó Bárcena.

«Al menos 109.000 a 320.000 niños podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los 10,5 millones que ya están en trabajo infantil», estimó.

La Cepal, en conjunto con la organización de las Naciones Unidas, ha propuesto universalizar el acceso a la seguridad social, garantizar la educación para todos, sin discriminación, y con adaptación a las nuevas tecnologías, entre otros aspectos, para garantizar el mejor desarrollo de los niños en la región.

Colombia reduce cifras

El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que en su país unos 58.000 niños dejaron de trabajar, entre 2018 y 2019, reduciendo su tasa de trabajo infantil a 5,4 % de la población.

Con acciones como la capacitación y herramientas de registro de este flagelo, Colombia tiene a más de 11.000 menores registrados con la actividades que desempeñan y verificados para restablecer su derecho a la educación, indicó el mandatario.

Duque reiteró que su compromiso es impedir y erradicar esta actividad en su nación con miras al objetivo de desarrollo de las Naciones Unidas, de eliminar el trabajo infantil hacia el 2025.

Plan piloto en Guatemala

A su vez, el gobernante de Guatemala, Alejandro Giammatei, expresó que «ahora más que nunca, lucharemos porque nuestros niños puedan ser niños».

Giammatei resaltó que más del 33 % de su población es menor de 14 años y, por lo tanto, el Ejecutivo ha priorizado políticas y acciones que permitan alcanzar el desarrollo social de este sector.

El mandatario detectó la necesidad de ampliar la cobertura en educación y protección civil, pues ahora «se suman los desafíos derivados del Covid-19 que generan mayor vulnerabilidad», especialmente en la zona rural de su país.

Recordó que en 2020 su gobierno inició un plan piloto que incluyó el mapeo de programas dirigidos a la infancia y una política pública en municipios con el acompañamiento de la OIT.

Bicentenario sin trabajo infantil

Por su parte, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, recordó que este año su país celebra el bicentenario de la independencia y expresó sus deseos de «confianza y esperanza en el futuro, que podamos consolidar el sueño libertario y lograr que los niños accedan al desarrollo pleno y seguro de toda su potencialidad».

Sagasti afirmó que Perú tiene una trayectoria sostenida en lucha contra el trabajo infantil, mediante la ratificación de los convenios de la OIT sobre la edad mínima para trabajar y sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

«Estos compromisos están siendo implementados a través de la estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil», agregó.

Costa Rica comprometida

Por su lado, el vicepresidente de Costa Rica, Marvin Rodríguez, declaró que «un país que no protege a su niñez, es un país que compromete su futuro», tras señalar los esfuerzos que su nación realiza para alcanzar el referido objetivo de desarrollo.

«No es posible que se prive del derecho al estudio, se limite sus derechos plenos, con la intención de apoyar a sus familias. Esta situación agrava nuestra realidad en tiempos complicados», afirmó Rodríguez.

En tanto, el ministro de Trabajo de Jamaica, Karl Samuda, instó a las entidades privadas a unirse a la campaña «Jamaica dice no al trabajo infantil» y anunció una campaña integral de educación pública.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102340700/el-trabajo-infantil-amenaza-con-extenderse-por-america-latina-por-la-pandemia

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República Dominicana: Los niños y niñas no deben trabajar para sostener el hogar

febrero 9, 2021febrero 8, 2021Noticias

Los propios niños y adolescentes aseguran que sus progenitores les obligan a buscar dinero, ya sea vendiendo o pidiendo

Francis Williams es psicólogo especializado en terapia familiar. Actualmente, es encargado de la Sección de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle y Peores formas de Trabajo Infantil en el Conani. De su experiencia, comparte para este especial de Diario Libre: “Trabajo infantil, la invisibilidad de un delito cotidiano”, los riesgos de una niñez que es empujada por la pobreza y, en ocasiones, por la negligencia de los padres, a salir a las calles en busca de un sustento para sí o de toda la familia.

El trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo o actividad que priva a los niños y niñas de su infancia plena, limitando el desarrollo adecuado de sus facultades, ya que estas actividades son perjudiciales para la salud física y mental, haciéndoles vulnerables.

Al hablar de trabajo infantil es necesario enfatizar qué es “infancia” y qué es “trabajo”, pues hay una amplia variedad de posiciones relativas a estos dos conceptos. Aunque el concepto trabajo tiene varios significados, para el caso que nos ocupa, el término suele emplearse con referencia a la actividad que se realiza a cambio de una remuneración. Mientras que infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta la pubertad.

El concepto de trabajo infantil hace alusión a que los niños realicen ciertas actividades con fines lucrativos. Por tanto, suele asociase con la explotación infantil, también llamada esclavitud infantil. Es la utilización de niños en trabajos normales o peligrosos, para fines económicos familiares o de otra índole, de menores de edad por parte de adultos, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los niños, niñas y adolescentes y el disfrute de sus derechos.

En algunos casos, los niños, niñas y adolescentes van a las calles por negligencia de sus padres, madres o tutores, ya que, en ocasiones, los niños y adolescentes aseguran que sus progenitores les obligan a buscar dinero, ya sea vendiendo o pidiendo en espacios públicos o en las inmediaciones de las plazas comerciales. En otros casos, se van a las calles a hurtadillas de sus padres por vivir en situaciones de maltrato o abuso en cualquiera de sus manifestaciones, experimentados en su seno familiar.

Bajo otras circunstancias, se han identificado desde bebés en brazos hasta adolescentes, los cuales son utilizados por personas adultas para pedir y luego quitarles lo que reciben. Así también niños, niñas y adolescentes en espacios públicos, huérfanos o abandonados por sus progenitores o expulsados de sus casas por conflictos familiares.

Para visualizar globalmente la situación en la que se encuentran millones de niños y niñas en relación a este tema, el 12 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Éste se centra en el impacto de la crisis, desde la perspectiva garantista de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

En ocasiones, los niños y adolescentes aseguran que sus progenitores les obligan a buscar dinero, ya sea vendiendo o pidiendo en espacios públicos o en las inmediaciones de las plazas comerciales.

En la actualidad, la pandemia producida por el COVID-19 ha tenido un impacto tanto económico como en el mercado laboral y, por consiguiente, en los medios de vida de las personas. Desafortunadamente, los niños suelen ser los primeros en sufrir. Esta crisis puede llevar a cientos de niños en nuestro país a ser más vulnerables frente al trabajo infantil.

Con miras a proteger y garantizar los derechos de los niños en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se articulan todas las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (Asociaciones Sin Fines de Lucro), comprometidas en la provisión, protección y participación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Una de las estrategias utilizadas en la actividad, con resultados muy favorables es la implementación de la Campaña Nacional de Crianza Positiva, la cual se efectúa a través de la participación activa que realizan las instancias locales y los más de dos mil (2,000) facilitadores, quienes por medio de los talleres muestran a padres, madres y tutores que existen modos de disciplinar a los hijos con un estilo de crianza basado en el respeto a los hijos, criándolos con amor, a través de una corrección no maltratante, ni abusiva.

Por medio de esta campaña se han sensibilizado más de setenta mil (70,000) familias en toda la geografía nacional, llegando a cada rincón de la geografía nacional. Actividad que a pesar de la pandemia no ha cesado, ya que, en tiempos de pandemia, permaneciendo un tiempo en casa, es cuando más se necesita contar con herramientas que fomenten el buen trato a los niños, niñas y adolescentes.

La Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes) es el norte para actuar frente a las situaciones del trabajo infantil en sus peores formas.

Tomando en cuenta que en nuestro país existe el Sistema Nacional de Protección, compuesto con varias instituciones, como son Ministerio de Trabajo, Ministerio Salud Pública y Asistencia Social, la Procuraduría General de la República, entre otros, en el caso que nos ocupa, el Ministerio de Trabajo como entidad que preside el conjunto de instituciones pertenecientes al Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil (CDN), establecido mediante el Decreto 144-97, tiene la responsabilidad de coordinar las estrategias y acciones llevadas a cabo por el Estado dominicano para la prevención y erradicación del trabajo infantil en la República Dominicana.

El CDN está integrado por el Ministerio de Trabajo, Conani, la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los Ministerios de Salud Pública, Ministerio Público, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Deportes, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de la Mujer, el Fondo de las Naciones Unidas, sector empresarial, entre otras instituciones. Este Comité se reúne bimensualmente de manera ordinaria y cuantas veces sea necesario de manera extraordinaria.

En el Protocolo de Actuación de Lucha contra el Trabajo Infantil, del año 2014, se contemplan algunas acciones para el trabajo articulado con las instituciones que inciden en este flagelo y forman parte del SNP (Ministerio Trabajo, Educación, Deportes, etc.).

Hay una coordinación importante con el Ministerio de Trabajo para el referimiento de los casos que detectan en trabajo infantil, con la intención de que sean remitidos al Conani para restitución de los derechos vulnerados y seguimiento, considerando que el Ministerio de Trabajo aborda la sanción al empleador. De igual forma, las demás instituciones del SNP participan a través de los Directorios Municipales y Directorio Nacional.

Por otro lado, se ha organizado una Red de Servicios con las organizaciones que trabajan con la protección de NNA en situación de calle y víctimas de las peores formas de trabajo infantil, con la intención de aunar esfuerzos y estrategias para la prevención y asistencia de los casos.

Además de apoyar los programas infantiles, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia participa activamente en la protección y promoción de los derechos de la infancia.

Francis Williams es psicólogo especializado en terapia familia. ( FUENTE EXTERNA)

Conani, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección, contempla una respuesta multisectorial entre los actores que intervienen estos casos. Es importante destacar la eficacia en el engranaje interinstitucional, pues cada institución involucrada de manera directa lleva a cabo acciones cónsonas con el rol que cada una debe jugar en el marco de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

El trabajo infantil es un problema global que afecta el desarrollo de millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) debido a la asignación de tareas, remuneradas o no, que sustrae a esta población de aquellas actividades y experiencias propias de su edad, y que además son necesarias para una vida saludable y plena. A pesar ello, el trabajo infantil se encuentra desproporcionalmente más acentuado en los países en vías de desarrollo, donde los derechos de NNA son vulnerados de manera consuetudinaria, y el problema no se visibiliza en la magnitud que lo amerita por razones fundamentalmente culturales, socioeconómicas, políticas, así como por una débil institucionalidad.

Si bien es cierto erradicar el trabajo infantil es una tarea difícil y compleja porque muchas familias no cuentan con un ingreso o dinero suficiente para pagar los gastos de atención médica o las matrículas de la escuela, suplir las necesidades básicas de los niños, más bien es cierto que los niños y niñas no deben trabajar para sostener el hogar. Por esto es favorable que los ciudadanos denuncien cuando un niño, niña o adolescente se encuentre en una situación de vulnerabilidad, tal como el trabajo infantil en sus peores formas.

Por esto, en la actualidad el Conani, bajo las instrucciones de la Presidenta Ejecutiva, Paula Disla, se encuentra en el proceso de fortalecer las acciones protectoras, con miras a brindar una respuesta eficaz.

Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es tarea de todos.

Fuente: https://www.diariolibre.com/afondo/los-ninos-y-ninas-no-deben-trabajar-para-sostener-el-hogar-BD23647402

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15 fotos de una infancia que trabaja de sol a sol

enero 23, 2021enero 22, 2021El Pais España

En los campos mexicanos de chiles y jalapeños trabajan en condiciones de semiesclavitud cientos de niños indígenas de la etnia rarámuri

Aitor Sáez

Marisa, de unos cinco o seis años, no sabe cuál es su edad. Su madre, Josefina, asegura que trae a la pequeña al campo por los riesgos que correría si la deja sola en el rancho del patrón, donde viven. Marisa recoge chiles como cualquier adulto. Se han detectado 623 menores de edad —211 por debajo de los 15 años— en campos agrícolas de Chihuahua desde 2018 gracias a 493 inspecciones, según datos de la Secretaría estatal del Trabajo (STPS). El trabajo infantil aumentó un 8% respecto al ejercicio anterior, cuando murieron al menos 15 chicos en esos latifundios. rnrn

- 1. Marisa, de unos cinco o seis años, no sabe cuál es su edad. Su madre, Josefina, asegura que trae a la pequeña al campo por los riesgos que correría si la deja sola en el rancho del patrón, donde viven. Marisa recoge chiles como cualquier adulto. Se han detectado 623 menores de edad —211 por debajo de los 15 años— en campos agrícolas de Chihuahua desde 2018 gracias a 493 inspecciones, según datos de la Secretaría estatal del Trabajo (STPS). El trabajo infantil aumentó un 8% respecto al ejercicio anterior, cuando murieron al menos 15 chicos en esos latifundios. AITOR SÁEZ
- 2. El 4 de septiembre una niña de seis años fue arrollada por un autocar en una granja de Camargo mientras sus padres pizcaban chile. Muchas de las muertes de menores en los cultivos se produce por atropello, al arrancar sin revisar que haya niños bajo los autos, en búsqueda de la única sombra que existe en la desértica planicie de Chihuahua. También habido fallecimientos por golpes de calor al pasar más de ocho horas a temperaturas de hasta 45 grados. En oa imagen, dos niños van en camioneta hacia los campos de jalapeños junto a otros trabajadores. AITOR SÁEZ
- 3. A la izquierda, Carmela, de 12 años, quien dice ir a cosechar por voluntad propia. A la derecha, Barragán almuerza junto a su hijo, también de 12 años, a quien asegura que debe traer a ayudarlo para completar un irrisorio salario de unos 250 pesos diarios (unos ocho euros). AITOR SÁEZ
4. El propietario de la finca, Alejandro Chávez, cuenta que algunas veces ha tratado de frenar el ingreso de menores, pero entonces el resto de trabajadores se solidarizan y se niegan a faenar ese día. Por cada hectárea de chile, se ingresan unos 100.000 pesos (4.000 euros). Por las 150 hectáreas de Chávez las ganancias se elevan a medio millón de euros anuales. AITOR SÁEZ
5. Daisy, de tres años, y su madre Macrina, de 21, recogen chiles. La mayoría de jornaleros en los campos de chile de Chihuahua son rarámuri que tuvieron que abandonar la Sierra Tarahumara (unos 300 kilómetros al este) debido a la sequía y al crimen organizado. Sus tierras se ubican en el llamado Triángulo Dorado, feudo del narcotráfico dedicado a la tala ilegal y a la siembra de amapola y marihuana. AITOR SÁEZ
6. Tanto el Gobierno de Estados Unidos como autoridades de Chihuahua han detectado formas de esclavitud moderna en los cultivos de la región. Una vez en las granjas, algunos trabajan hasta 15 horas al día bajo amenaza de despido y reciben un mínimo sueldo o ningún pago. Algunos trabajadores son amenazados o maltratados físicamente por abandonar sus trabajos, y se estima que en México hay 341.000 víctimas de esclavitud moderna, según el último Índice Mundial de Esclavitud. AITOR SÁEZ
7. Las monosilábicas conversaciones con los rarámuri se estancan en algún punto. La mayoría hablan un castellano limitado, nunca lo necesitaron en la inhóspita serranía donde tampoco había escuelas. “Lo imprescindible, de entrada, es un traductor. Sin poderse comunicar, no pueden acceder a ningún derecho. AITOR SÁEZ
8. Cuando en 2018 la Secretaría de Trabajo (STPS) lanzó la primera ronda de inspecciones sorpresa, detectaron un promedio de tres menores en cada campo. Desde entonces la mayoría de los productores ha optado por poner guardias en la entrada de sus ranchos, o bien, dar aviso al crimen organizado. n sus tres años de funcionamiento, la STPS ha abierto 38 procesos condenatorios que se canalizaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para su sanción como delito penal. Sin embargo, ningún caso ha llegado a sentencia. AITOR SÁEZ
9. Guadalupe Carrillo llegó de la sierra en 2019 junto a su marido y bebé. Viven en un cuarto de nueve metros cuadrados. Para ganar espacio ha colocado unos palés y lonas afuera para utilizar el exterior de cocina. AITOR SÁEZ
10. Muy pocos latifundistas ofrecen alojamiento en sus ranchos, como los hermanos Chávez, que construyeron unas barracas de hormigón para dar techo a sus jornaleros. Alfonso Silva vive con su esposa y dos hijas, y trabaja en el desecado del chile para producir chipotle, una labor mejor pagada que la colecta. Pese al hacinamiento y compartir baño con otras 50 personas, considera que las condiciones son buenas. AITOR SÁEZ
11. Varios jejenes, unos diminutos mosquitos, se amontonan en los ojos del bebé de Guadalupe para alimentarse de sus legañas. La comunidad rarámuri desplazada sufre discriminación social y graves dificultades de acceso a los servicios básicos. Terminan sobreviviendo al margen de la sociedad empezando por la imposibilidad de entender el castellano sin un traductor que las instituciones no suelen disponer por falta de recursos y voluntad política. AITOR SÁEZ
12. Barracones de madera y lata donde habitan los trabajadores de Godea, comercializadora de chile, cuyo propietario niega el acceso a este medio. En muchos de los ranchos se ha colocado seguridad privada para obstaculizar el acceso a las inspecciones de las autoridades estatales. En varias ocasiones, los equipos de inspección han sido interceptados por varias camionetas con hombres con armas largas. AITOR SÁEZ
13. Daisy, de tres años, y su madre Macrina, de 21. En Camargo, las autoridades localizaron el pasado año a 24 menores rarámuri laborando en campos agrícolas y tan solo a 18 en la escuela. La única aula móvil para esta población queda a 36 kilómetros y el aula fija más cercana, a 250. Una mujer del pueblo los cuida por 50 pesos al día, una cuarta parte de su mísero jornal, un precio caritativo imposible de asumir. AITOR SÁEZ
14. La explotación infantil en campos se penaliza con cárcel. Pese a que se han abierto 38 procesos sancionatorios contra productores, ninguno ha llegado a sentencia y tan solo en dos casos las autoridades estatales han impuesto multas, recientemente. Guadalupe y su bebé, en su vivienda. AITOR SÁEZ
15. Las manos de Marisa, la niña que nunca ha celebrado su cumpleaños: enchiladas, agrietadas, donde el campo esculpió toda su crueldad hasta robarles el tacto. Ha pasado diez sofocantes horas arrodillada, pizcando unos 400 chiles, cinco baldes, 50 pesos (dos euros).

Fuente: https://elpais.com/elpais/2021/01/15/album/1610730904_858575.html#foto_gal_15