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Las maquilas y los trabajadores

Por Luis Britto García

Los regímenes de zona franca permiten a los inversionistas aprovechar los servicios públicos, la seguridad jurídica y la educación y salud de los trabajadores de un país sin contribuir significativamente con el gasto público que los costea.

Desde comienzos de la Revolución Industrial luchan los trabajadores por sus derechos, y los capitalistas por negárselos. Tres estrategias marcan su política laboral. La primera, la conversión de toda relación estatutaria en contractual. La segunda, la transformación de todo mecanismo público de protección social en privado. La tercera, la progresiva desaparición de la relación laboral y del propio trabajador del campo de las relaciones jurídicas.

La maquila

El modelo privilegiado para la explotación globalizada del trabajo es la maquila. Consiste en una factoría que las transnacionales instalan en un país del Tercer Mundo para cumplir total o parcialmente un proceso cuyo producto se exporta en su casi totalidad, a fin de aprovechar la baratura de la mano de obra y diversos incentivos, tales como la suspensión de las leyes laborales y todo tipo de privilegios como exenciones y exoneraciones fiscales.

Las maquilas fueron introducidas en México en 1965 por el presidente Díaz Ordaz en virtud del Programa de Industrialización de la Frontera desarrollado por Arthur D. Little Co. en imitación de otro proyecto similar creado en Portugal. Su base es una medida proteccionista del gobierno de Estados Unidos, que desde 1964 premia con tarifa preferencial la importación de bienes previamente exportados del país para su elaboración, y exime de impuestos dicha exportación.

De unas 3.000 maquilas instaladas en México para comienzos de siglo, capitales estadounidenses son propietarios del 40%, y otro 47% es poseído por compañías mexicanas subsidiarias de estadounidenses. Vale decir, mediante la maquila el capital estadounidense evita cumplir con las leyes de su país y evade asimismo las de aquél donde se instala. Al principio se les limitaba vender en México un porcentaje de su producción, para que ésta no compitiera deslealmente con la industria local; desde la firma del TLCAN, esta restricción no existe.

Un modelo trasnacional

Bajo principios similares funcionan las maquilas instaladas en Centroamérica y en Asia. La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CISL) con sede en Ginebra comparó las condiciones de las maquilas de Centroamérica con las de los campos de concentración, y denunció que en ellas se cometían violaciones contra los derechos humanos tales como golpizas, abuso sexual y la distribución de anfetaminas para soportar las arduas jornadaas de trabajo, que promedian entre 10 y 12 horas diarias, con frecuentes horas extras no pagadas.

Los salarios oscilan entre 1,40 y 1,90 dólares, mucho más bajos que el salario mínimo legal de 2,83 dólares diarios. De trece sindicatos que había en Guatemala en 1990, en 1996 sólo restan tres: sus miembros son acosados hasta que se disuelven, y las empresas cierran y se trasladan en cuanto enfrentan cualquier problema laboral (Peace Brigades International: “Trade Unions and the Maquila Sector- Guatemala Special Report”, septiembre 1996).

Ínfima remuneración

En éste, como en la mayoría de los enclaves transnacionales en el Tercer Mundo, el negocio estriba en el costo ínfimo de la fuerza laboral. Los derechos cobrados por Michael Jordan por uso de su imagen para un calzado deportivo eran mayores que toda la remuneración cancelada a los maquiladores asiáticos que lo fabricaban.

En 1985, un trabajador manufacturero ganaba 1,26 dólares por hora en México, y 9,56 en Estados Unidos. En 1992, el mexicano ganaba 2,07 dólares por hora, y el estadounidense 11,3: casi seis veces más. (INEGI, mayo-agosto 1993, 30, cit. por Estévez, Edna (1998): Globalización, transnacionales e integración; Vadell Hermanos Editores, Caracas,148). A principios de siglo la hora de trabajo, cuya remuneración promedio es de 21 dólares en Estados Unidos, cuesta 5 dólares en México, donde las leyes laborales son menos exigentes y los sindicatos incapaces de imponerse.

Noam Chomsky hace notar que el colapso de la economía mexicana subsiguiente a la instauración del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 1995, según la prensa financiera “transformó México en una fuente barata (es decir, más barata aún!) de artículos manufacturados con unos salarios industriales que son la décima parte de los de Estados Unidos” (Chomsky 1999, 127).

Mujeres y niños

Refiriéndose también a la experiencia mexicana resume Edna Estévez: Es decir, las maquilas desarrollan actividades productivas y/o de servicios, a veces contaminantes, intensivas en mano de obra barata, no cualificada y preferentemente, femenina (constituyen más del 90% de la mano de obra contratada), aunque utilizan también a niños de 12 años (igual que la primera producción industrial). Trabajo que le permite ahorrar hasta 25.000 dólares al año por empleado. (Estévez 1998, 149)

En República Dominicana me dicen conocedores del tema que la preferencia por la mano de obra femenina se debe a que la consideran más dócil y menos propensa a protestar por las duras condiciones de trabajo.

En el mismo sentido, hace notar Jean Ziegler que las maquiladoras de la industria del juguete por lo regular hacen trabajar a sus obreros jornadas de 16 horas, siete días a la semana, sin pago especial por horas extras ni salario nocturno, salario mínimo ni permisos por maternidad, gracias a lo cual los costos salariales apenas representan el 6% del precio de venta al público (Ziegler, Jean: (2003) Los nuevos amos del mundo; Ediciones Destino S.A. Barcelona,131).

Eliminación del fuero laboral

Las fuentes de los beneficios de las maquilas son el trabajo peligroso, preponderantemente femenino o infantil y mal remunerado. Todas surgen de la derogación o la violación de un estatuto que protege al trabajador, en aras de un supuesto libre consentimiento contractual. Todas dependen de la exclusión de su personal del campo de la protección laboral. En todo el Tercer Mundo se repiten experiencias similares, aunque la explotación maquiladora es particularmente inmisericorde en los llamados Tigres del Asia, en México y en los países centroamericanos.

Como reconocen los mismos asesores de la política exterior estadounidense en el Documento Santa Fe II: “Muchos de los mexicanos que cruzan la frontera méxico-norteamericana son hombres que por lo general no pueden obtener empleo en las maquiladoras, ya que las principales habilidades manuales y el trabajo a destajo son mejor desempeñados por las mujeres. Este empleo excesivo de mujeres ha tendido a debilitar la estructura familiar y a exacerbar las ya pésimas condiciones sociales, ambientales, sanitarias y educacionales en los pueblos fronterizos” (Santa Fe II 1988).

Paraísos fiscales transnacionales

A esto hay que añadir que los regímenes de zona franca permiten a los inversionistas aprovechar los servicios públicos, la seguridad jurídica y la educación y salud de los trabajadores de un país sin contribuir significativamente con el gasto público que los costea.

En dichas “zonas especiales de producción” por lo regular el inversionista está exonerado de pagar los derechos de importación de las materias primas y de exportación de los productos elaborados, además de que por lo regular los demás tributos le son dispensados gracias a los infames Tratados contra la Doble Tributación y otras normas de privilegio inconstitucional.

Así, el Estado debe cubrir el déficit fiscal recargando los impuestos al valor agregado y al consumo sobre los depauperados trabajadores, puesto que dichas zonas francas por lo regular son islas donde no rigen los derechos humanos pomposamente proclamados en Cartas y constituciones.

Por lo cual reconoce el Informe sobre Desarrollo Humano 1999 de la ONU que “cuando no se permite a 27 millones de trabajadores de las 845 zonas francas industriales que hay en el mundo organizarse en sindicatos, eso constituye una violación de los derechos de los trabajadores al igual que de sus derechos humanos” (PNUD 1999, 86). La libertad de mercado presupone la eliminación de todas las demás.

En fin, el sistema maquilador tiene efectos simétricos con respecto a la fuerza laboral de los países desarrollados y los subdesarrollados. Si los países pobres obtienen empleos miserables, los trabajadores de los países ricos pierden los suyos y pasan a integrar un ejército industrial de reserva que deberá aceptar salarios cada vez más bajos y condiciones menos favorables. En la globalización las condiciones laborales tienden inexorablemente hacia el mínimo común denominador.

Balance

En resumen, las maquilas o zonas especiales sólo producen beneficios para las transnacionales, y arrojan efectos negativos para todos los demás participantes:

1)P ara la clase trabajadora, que sólo labora en ellas en condiciones de discriminación sexista, sobreexplotación y remuneración ínfima, y a la cual arrebatan la totalidad las conquistas sociales y laborales ganadas mediante arduas luchas de décadas.

2) Para el Estado, que en virtud de los Infames Tratados contra la Doble Tributación, contratos de estabilidad tributaria, exenciones, exoneraciones y otros privilegios inconstitucionalmente otorgados a las transnacionales, prácticamente no percibe de éstas impuestos con los cuales costear la educación, salud y pensiones de los trabajadores y otros gastos indispensables.

3) Para la economía del país donde se instalan, que sólo opera una fase del proceso productivo, y casi nunca recibe para su consumo interno la producción maquiladora, en su mayoría destinada a mercados externos y a precios incosteables para los nacionales.

4) Para la soberanía nacional, que pasa a ser fragmentada en zonas donde no se aplican las leyes de la República ni operan sus tribunales, como si hubieran sido militarmente ocupadas por potencias extranjeras.

5) Y en fin, para las organizaciones políticas gestoras: Rafael Caldera dio el primer paso para la instalación de maquilas en Venezuela en 1997 con la anulación de la retroactividad de las prestaciones sociales y demás conquistas laborales. Su partido no volvió a ganar jamás una elección

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Los jóvenes españoles, más pesimistas que hace un año respecto a su futuro laboral

Por: ABC

El 43,3% de los estudiatnes cree que la situación será peor o mucho peor en los próximos meses.

Los jóvenes españoles se muestran cada vez más preocupados por su futura incorporación al mercado laboral. El 43,3% de los jóvenes se siente pesimista y cree que la situación será peor o mucho peor en un futuro, dato que contrasta con los resultados del año anterior, donde solo el 34% de los jóvenes se sentían preocupados, según se desprende del VII Informe Young Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles elaborado por Abanca, Esic, Herbalife Nutrition y Praxis MMT.

En este sentido, detalla Ep, las mujeres son las que se muestran más pesimistas al respecto (43,7%), aunque no lejos de la preocupación que sienten los hombres (42,9%). Los jóvenes de Aragón (57,4%), Castilla y León (52,9%) y Navarra (51,4%), son los más pesimistas de España en relación a la situación del empleo juvenil en los próximos cinco años, mientras que los de Canarias (50,7%), Andalucía (40,9%) y Murcia (40,5%), son los que ven el futuro con más optimismo.

«El último año ha despertado las inseguridades y miedos de los más jóvenes. La crisis sanitaria por el coronavirus ha disparado la preocupación que muestran por su futuro laboral. Si bien en años anteriores se veía un aumento en la esperanza por su situación laboral, este último año ha dado un cambio radical y la consecuencia es un aumento del pesimismo entre los más jóvenes, que tienen dudas sobre si podrán encontrar un empleo fácilmente cuando terminen sus estudios debido a la situación que estamos viviendo», afirma Mario Martínez, director del Informe Young Business Talents.

Más internacionales

Los factores que consideran más importantes para encontrar empleo son el interés y las ganas de trabajar (44,1%), tener un buen nivel de idiomas (42,9%), la experiencia (40,7%) y los conocimientos (39,3%). En cuanto a las condiciones que más valoran a la hora de entrar a trabajar en alguna empresa, las tres principales son: la estabilidad en el empleo (29,3%), las posibilidades de promoción (28,5%) y tener buen ambiente de trabajo y de trato (27,2%).

Como consecuencia de las actuales circunstancias, el 82% de los jóvenes españoles ha manifestado que estaría dispuesto a cambiarse de país para trabajar, siendo Estados Unidos (36,8%), Reino Unido (15,9%) y Alemania (12,1), sus destinos favoritos. Esto supone un aumento respecto al año pasado, cuando el 73,2% de los estudiantes mostraban sus ganas de cambiar de país. En este sentido, son las mujeres (43,9%) las que se muestran más dispuestas, frente al 80,5% de los hombres. Además, son los jóvenes de Cantabria (87,6%), Cataluña (86,9%), Madrid (84,9%) y País Vasco (84,8%), los que más ganas tienen de cruzar nuestras fronteras.

Más preparados que sus padres

Según los datos extraídos del estudio realizado a 9.708 alumnos de entre 15 y 21 años, el 76,5% de los jóvenes españoles creen estar mejor preparados que sus padres, aunque esta opinión desciende respecto al año anterior (82,4%). Son las mujeres (79,1%), las que se muestran más convencidas, frente al 73,7% de los hombres. Por comunidades autónomas, los jóvenes de las Islas Baleares (85,7%) son los españoles que sienten estar mejor preparados que sus padres, seguidos de los de Extremadura (81,3%) y Andalucía (79,5%).

La gran mayoría de los jóvenes (69,4%) tiene claro que cuando terminen sus estudios actuales, quieren estudiar una carrera universitaria. Las mujeres se muestran más seguras sobre su futuro académico (74,9%), respecto a los hombres (63,7%). Así, los estudiantes de País Vasco (83,8%), Madrid (81,8%), y Asturias (79,4%), son los más decididos a estudiar en la universidad.

El tipo de carrera universitaria que más interés les despierta a los jóvenes españoles son las relacionadas con ADE y empresariales (19,1%); economía y finanzas (18,8%), humanidades y sociales (17,8%) y Derecho (15,5%). Los hombres se decantan por carreras de empresariales y economía (21%), mientras que en las mujeres su carrera favorita sería de tipo humanidades y sociales (20%). Las carreras de derecho y educación también son más predominantes en el caso de las mujeres que los hombres.

Emprendedores

A pesar de la pandemia, el 50% de los jóvenes que tenía pensado emprender en un futuro manifiesta que va a continuar con sus planes de emprendimiento, y el 13% apuesta por emprender como una forma para garantizarse un empleo. En general, al 27% de los jóvenes españoles les gustaría en un futuro ser emprendedores y crear su propia empresa, frente a ser funcionarios (19,9%) o ser empleados en una empresa (13,8%). Respecto al año pasado, la tendencia por el emprendimiento muestra un ligero aumento (26,8%), mientras que bajan los deseos por ser funcionario (22,6%) o trabajar en una empresa (22,3%). Ser emprendedor es lo que más les gustaría a los hombres encuestados (32%), frente al 23% de las mujeres. A ellas les atrae más que a los hombres un empleo público (22% y 17,5% respectivamente).

Por comunidades autónomas los más emprendedores se encuentran en las Islas Canarias (36,8%), Melilla (35,5%) y Cataluña (33,5%), mientras que los menos serían los de Castilla y León (19,6%). Aunque la tendencia por el emprendimiento ha crecido en los últimos años, el 92% de los jóvenes considera que es muy difícil alcanzar el éxito en las empresas que se están creando en la actualidad. Entre los motivos por los que se lanzarían a montar su propia compañía destacan: poder enfocarse al 100% en lo que les gusta (44%), ser su propio jefe y más libre (41,1%) y obtener más ingresos que siendo un empleado en una empresa (36,2%).

Fuente e Imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-jovenes-espanoles-mas-pesimistas-hace-respecto-futuro-laboral-202104081843_noticia.html

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OIT: Expertos del mundo entero piden que se reconozca la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental

Destacados expertos mundiales en salud y seguridad en el trabajo han exhortado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a incluir la seguridad y salud en el trabajo (SST) como un derecho fundamental, en vísperas del debate sobre el tema en el Consejo de Administración de la OIT, que tuvo lugar el pasado 23 de marzo.

Los sindicatos piden que la Conferencia de la OIT, en junio de 2021, sitúe la salud y seguridad en el trabajo al máximo nivel de las normas internacionales del trabajo, asignando así mayor responsabilidad a gobiernos y empleadores para salvar vidas en el trabajo, y lograr que más países ratifiquen convenios vitales sobre seguridad y salud.

Esto respondería al compromiso que figura en la Declaración del Centenario de la OIT, de 2019, que fuera adoptada unánimemente por gobiernos, trabajadores y empleadores, de garantizar salud y seguridad en el trabajo para toda la gente trabajadora.

El Collegium Ramazzini, sociedad científica independiente integrada por expertos en medicina ocupacional y ambiental, ha instado a la OIT a implementar urgentemente las decisiones adoptadas en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, idealmente durante la Conferencia de 2021.

Según el Collegium Ramazzini, “Cientos de millones de personas en el mundo entero sufren lesiones cada año a causa de su trabajo. Millones más pierden la vida. Esta masacre puede prevenirse, pero sólo si se concede a la protección de los trabajadores la mayor prioridad posible y la salud y seguridad en el trabajo se reconoce como un derecho humano fundamental. La OIT debe actuar lo antes posible reconociendo la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo”.

Salvar vidas en el trabajo

Nick Pahl, Director Ejecutivo de la Society of Occupational Medicine, asociación internacional de profesionales de la medicina ocupacional con sede en el Reino Unido, indicó: “La Society of Occupational Medicine respalda firmemente que se designe la salud y seguridad ocupacional como uno de los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Instamos al Consejo de Administración de la OIT a actuar con la debida diligencia aplicando la decisión de la Conferencia del Centenario de la OIT (108ª sesión) en 2019, con vistas a incluir la designación de la salud y seguridad en el trabajo como uno de los derechos fundamentales en el trabajo en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2021”.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Gobiernos y empleadores deberían hacer caso a estos destacados expertos. Durante demasiado tiempo, se ha venido concediendo a la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a posibles lesiones y enfermedades ocupacionales mucha menos relevancia que a los otros derechos fundamentales en el trabajo. Algunos empleadores e incluso ciertos gobiernos parecen pensar que los costes de la actividad empresarial son más importantes que las vidas de la gente trabajadora. Asignando a la salud y seguridad el estatus legal que se merece contribuiría a reparar un fallo histórico, contribuyendo además a impulsar los esfuerzos para controlar la pandemia de COVID-19”.

Fuente: https://facuso.es/sindicato/internacional/item/5987-oit-expertos-del-mundo-entero-piden-que-se-reconozca-la-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-como-un-derecho-fundamental.html

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Mundo: La pandemia une a exestudiantes de seguridad y salud en el trabajo para impulsar la investigación

Mundo/05-02-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Cursaron su maestría en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). En medio de la crisis sanitaria crearon una asociación para investigar y asesorar a entidades públicas y privadas. Saben como prevenir para trabajar “con cero contagios” de Covid-19, aseguran.

Hasta antes de la pandemia su trabajo no era considerado indispensable, en muchos casos era incluso ‘inconveniente’ dentro de las organizaciones. Algunos los veían como “esa área” de la empresa que representa un gasto innecesario, aquella que obligaba a llevar el casco de forma adecuada, llamaba la atención a quienes no asistían a un simulacro o si no se usaba la ropa de trabajo de manera correcta.

La prevención es vital. Más de 300 personas alrededor del mundo mueren cada hora debido a accidentes o enfermedades laborales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Hoy, cuando el mundo enfrenta aún altos índices de contagio y muertes por Covid-19, el trabajo de especialistas en riesgos laborales, calidad, ambiente y responsabilidad social corporativa recobra su valor. Todas las miradas se dirigen a ellos cuando se trata de volver al trabajo de forma presencial o manejar protocolos de bioseguridad y riesgos en distintas situaciones.

Estudios de aplicación real y práctica

Christian Valverde es uno de ellos y comenta cómo su perspectiva profesional cambió luego de convertirse en Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Corporativa (SIG), por UNIR.

Los conocimientos adquiridos en el máster han sido aplicados en los lugares de trabajo de Christian, en los que, asegura, “hemos tenido cero contagios por coronavirus”. “Eso es lo que queremos compartir con el país, no solo reaccionar cuando hay un problema, sino prevenir; ese el punto importante”, resalta Valverde.

Al igual que otros ecuatorianos que cursaron esta maestría en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), decidieron juntarse vía telemática para crear una asociación de exalumnos que investigue lo que sucede en el país y les permita asesorarse mutuamente, sobre todo para promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el sector público y privado.

Luego de graduarse, no están solos

Orley Quimis actualmente preside esta asociación. Él cuenta que “este ha sido un espacio muy enriquecedor”, en el que se brinda ayuda mutua para solventar temas con asesoría internacional y aplicarlos a nivel nacional, pues los exalumnos de UNIR -en Ecuador- están en diferentes provincias.

“Hemos tenido la suerte de que los expertos de la universidad, todos PhD, hacen un acompañamiento permanente, nos guían en temas relacionados a seguridad, calidad, ambiente y responsabilidad social corporativa”, dice Quimis, al tiempo que resalta que UNIR también los asesora en la constitución legal de su asociación. “Para que algún día vea la luz”, explica.

Así nació la Asociación de Profesionales en Prevención de Riesgos Laborales y Sistemas Integrados de Gestión (APPSIG), como un grupo de colegas universitarios con el propósito de continuar con una amistad adquirida en las aulas virtuales pero que trasciende lo académico, pues ahora buscan asesorar al país con sus conocimientos.

“Hemos construido estrategias sobre la marcha y sabemos qué acciones dan buenos resultados y cuáles no. Estamos altamente capacitados y lo hemos demostrado en nuestros campos de acción,” asegura Oley.

Salvar vidas. Se calcula que -diariamente- 1.000 personas fallecen debido a accidentes de trabajo, mientras que otras 6.500 lo hacen por enfermedades profesionales; estas representan  entre el 5% y 7% del total de muertes a nivel mundial.Actualmente la asociación tiene más de 200 miembros de varias ciudades del Ecuador: Ambato, Manta, Loja, Quito, Cuenca, Guayaquil, San Elena, Ibarra, y Portoviejo, que buscan aportar al desarrollo de la prevención de riesgos laborales en el país y evitar accidentes laborales (eliminando las causas que los motivaron), detectar la existencia de nuevos peligros, implantar medidas correctivas y aprovechar la experiencia adquirida para mejorar la prevención de riesgos laborales.

¿Qué servicios ofrecen para mejorar la gestión de riesgos y salud laboral? 

La asociación tiene más de 200 miembros de varias ciudades del Ecuador: Ambato, Manta, Loja, Quito, Cuenca, Guayaquil, Ibarra, y Portoviejo, que buscan aportar al desarrollo de la prevención de riesgos laborales en el país y evitar accidentes en base a estas estrategias:

  • Eliminar las causas que motivaron accidentes ocurridos en el pasado;
  • Detectar la existencia de nuevos peligros o riesgos latentes;
  • Implantar medidas correctivas; y
  • Aprovechar la experiencia adquirida para mejorar la prevención.
Fermín Torrano, director académico del máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa (SIG)

Impulsar la investigación y la formación continua de sus miembros

Los exalumnos de UNIR tienen acceso a asesorías permanentemente a nivel mundial, explica Fermín Torrano, director académico del máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa (SIG). Esta es una política de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), para lo cual se ha diseñado un sistema de ‘openclass’ (clase abierta) para continuar apoyando a sus graduados.

“Planteamos un ciclo de ‘openclass’ en el que hablaremos de los retos y desafíos que están actualmente en la sociedad, veremos cómo dar respuesta a ellos y la forma adecuada para poder realizar la inserción laboral profesional, la necesidad que tienen las organizaciones de contar en la actualidad con personas altamente capacitadas en riesgos laborales”, recalca Torrano.

La capacitación permanente ayudará a los estudiantes a mantenerse actualizados sobre el comportamiento del coronavirus y otras amenazas, y aprender de la experiencia de España y otros países.

Diana Guayanay, miembro de la asociación, trabajando en la auditoría ambiental de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas en Cariamanga.

Diana Guayanay exalumna del máster ‘SIG’, dice que “efectivamente la ayuda y el acompañamiento permanente de UNIR con los exalumnos es de vital importancia no solo para nosotros, sino para las instituciones en donde laboramos y para el país”.

Expertos fundamentales. El Covid-19 representa un riesgo inminente y obliga a las empresas a reforzar la seguridad en sus instalaciones. Los especialistas en riesgos laborales cobran una importancia significativa.Diana tiene ocho años de experiencia en el campo medio ambiental en empresas nacionales y multinacionales. “Para mí el máster fue una gran ayuda, la excelencia y el conocimiento de los temas por parte de los profesores, nos ayuda muchísimo a la hora de poner en práctica la teoría, pues no se debe olvidar que gran parte de la normativa que debemos aplicar a nivel nacional nació precisamente en ese continente (Europa). Ahora con la pandemia estos conocimientos que apenas empezaban a tomar fuerza en la práctica entraron a formar parte de la realidad empresarial a un 100% y de una sola vez y es algo que debemos reforzar”, asegura.

Y advierte que la seguridad está en manos de todos; ellos, como profesionales, siguen en una búsqueda permanente de conocimiento para ayudar a cuidar el capital al más importante que tiene el Ecuador: su gente.

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102339703/la-pandemia-une-a-exestudiantes-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-para-impulsar-la-investigacion-

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Mujer y Trabajo: Análisis para la Reconfiguración de la Agenda Social Feminista Venezolana ante la Pandemia de la COVID-19

Autora: Rose Mary Hernández

Año: febrero, 2021

              e-mail: Rosemhernandezr@gmail.com

Resumen

Una de las realidades pocos descritas en pandemia de la COVID-19 ha sido la situación de las mujeres en países que se encuentran en precariedad económica. Abordar la agenda social  feminista en Venezuela en el contexto de crisis sanitaria implica, entre otras cosas, entender el cómo ha sido la configuración del sistema mantenedor y replicador de desigualdades en este país, incluso retrocesos en los avances logrados y conquistados para la igualdad entre hombres y mujeres. Este documento es presentado con la estructura de un trabajo documental (ensayo científico), en el cual se consideró la evaluación de documentos para el análisis  y la argumentación de la autora para preconfigurar, configurar y, posteriormente reconfigurar a partir de la hermeneusis  interpretativa reflexiones pertinentes. En tal sentido, en el cuerpo introductorio, existe el despliegue de nudos críticos que permiten conocer las interrogantes que guían este trabajo, así como los objetivo rectores en cuestión. Como punto de cierre, se deja a la disposición un espacio desde la subjetividad interpretativa que invita a un conjunto de acciones que necesariamente deben ser impulsadas por las mujeres con el propósito de apoyarse en situaciones de vulnerabilidad multidimensional acrecentada en pandemia.

Constructos: Mujer, Trabajo, Agenda Social Feminista, Pandemia

Women and Work: Analysis for the Reconfiguration of the Venezuelan Feminist Social Agenda in the Face of the COVID-19 Pandemic

Abstrac 

One of the few realities described in the COVID-19 pandemic has been the situation of women in countries that are economically precarious. Addressing the feminist social agenda in Venezuela in the context of the health crisis implies, among other things, understanding how the system that maintains and replicates inequalities in this country has been configured, including setbacks in the progress achieved and conquered for equality between men. and women. This document is presented with the structure of a documentary work (scientific essay), in which the evaluation of documents was considered for analysis and the author’s argument to preconfigure, configure and subsequently reconfigure relevant reflections based on interpretive hermeneusis. . In this sense, in the introductory body, there is the deployment of critical nodes that allow us to know the questions that guide this work, as well as the guiding objectives in question. As a closing point, a space is made available from interpretive subjectivity that invites a set of actions that must necessarily be promoted by women with the purpose of supporting themselves in situations of multidimensional vulnerability increased by the pandemic.

Constructs: Woman, Work, Feminist Social Agenda, Pandemic

Introducción

Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales.
Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales.
Aristóteles (384 AC-322 AC)

A lo largo de nuestra existencia se viven períodos que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, se es dependiente de personas para satisfacer las necesidades, realizar alguna actividad, e incluso, estar protegidxs, es decir, se requiere de un cuidado y atención primaria y/o principal. En nuestras sociedades, el mecanismo para la resolución de estas atenciones se ha basado en la tradicional división sexual del trabajo que define al hombre como proveedor y sustentador económico y a la mujer como encargada de casa y cuidadora por excelencia. Sin embargo, el escenario aunque no ha cambiado en su totalidad, se cuestiona transversalmente la sustentabilidad de esta estrategia.

En el contexto de interés, como resulta el caso de Venezuela, cabe decir que, ante la crisis social-política y económica, aunado a la pandemia a causa de la COVID-19, entre las mujeres ha crecido forzosamente la participación laboral, sin que por tal razón se disminuya su capacidad de cuidado en el espacio doméstico. Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población han transformado el perfil de la demanda de cuidados/as, con una presencia creciente de población con necesidades de cuido sumamente complejas que, en muchos casos, demanda una profesionalización de esta labor.

Aunque estas tendencias ponen en jaque los cimientos tradicionales, las fronteras de
género en los hogares siguen siendo rígidas y sobrecargan a las mujeres o familiares que a su vez también ameritan de cuidados. En otras palabras, las conquistas públicas de las mujeres ante la realidad diaria en el país no han logrado recodificar los principios fundamentales de la división sexual del trabajo tradicional y, en cambio, han generado nuevas formas de desigualdades de género.

Aunado a esto, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea y, en especial, a través de lo publicado por organismos no gubernamentales en las redes sociales, como Voces de Género Venezuela, Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en  Educación, Araña Feminista, entre otros, revelan que, se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar. Los casos de COVID-19 siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales, como los refugios y las líneas de atención en los que se atiende a quienes padecen violencia en el hogar, han alcanzado el límite de su capacidad. Las mujeres pobres y marginadas corren, incluso, un mayor riesgo de contraer la pandemia y morir a causa de la enfermedad, perder los medios de subsistencia y estar expuestas a más situaciones de violencia.

En los últimos 14 años, los niveles nacionales de pobreza extrema han aumentado, a raíz del desplome de la actividad económica las mujeres están particularmente expuestas a los despidos y la pérdida de los medios de subsistencia. Ahora con la COVID-19, se han dado aparejadas pérdidas masivas de empleos formales, la contracción de las economías y la pérdida de medios de subsistencia, en particular, para las mujeres, quienes suelen ganar salarios más bajos y tienen empleos menos seguros que los hombres.

Los sistemas de protección social debilitados dejan indefensas a las personas más desfavorecidas de la sociedad, sin ninguna salvaguardia para capear el temporal. Este dato es reforzado por Azcona, G. (2021), autora principal del último informe de ONU Mujeres From Insights to Action y especialista superior en datos e investigación de ONU Mujeres, que: “la pandemia y las medidas para prevenir su propagación están provocando un aumento  desproporcionado de la tasa de desempleo de las mujeres (en comparación con los hombres)” (p.1), así como reduciendo su cantidad total de horas de trabajo formal para las mujeres.

En atención a esta retórica, emerge el siguiente trabajo, versado en Mujer y Trabajo: Análisis para la Reconfiguración de la Agenda Social Feminista Venezolana ante la Pandemia de la COVID-19 y con el mismo, se entretejen las siguientes inquietudes, necesarias de abordar dentro de una estructura comprensiva propia de las ciencias sociales, puntualizándose a continuación: ¿Cuál es el impacto del aumento de los puestos de trabajo de la mujer venezolana ante la condición país y la pandemia de la COVID-19?, ¿Cuáles son las condiciones de vida de la mujer venezolana ante la pandemia de la COVID-19?, ¿Cuáles aspectos deben considerarse para reconfigurar la agenda social feminista venezolana ante la pandemia de la COVID-19?

Seguidamente, conociendo estas interrogantes a partir de nudos críticos, se hace necesario trazar los propósitos relacionados, que guían el avance de este documento, señalando:

Describir el impacto del aumento de los puestos de trabajo de la mujer venezolana ante la condición país y la pandemia de la COVID-19, Resaltar las condiciones de vida de la mujer venezolana ante la pandemia de la COVID-19, Declarar aspectos para la reconfiguración la agenda social feminista venezolana.

A partir de este tejido indagativo y propositivo, calan, entonces, importancias en diferentes miradas. En lo político, en América Latina se ha configurado una agenda regional de género en múltiples conferencias regionales y mundiales que analizan la situación de las mujeres y han hecho propuestas de políticas públicas a los gobiernos. En tal sentido, en Venezuela, se han alcanzado importantes avances en las áreas educativa y laboral, entre otras. Pero, pese a los esfuerzos, persisten importantes desigualdades que no podrán ser eliminadas solo con políticas educativas, acceso a la salud o cambios legislativos, porque esas desigualdades están arraigadas en orientaciones culturales tradicionales.

Para la mujer venezolana, es difícil ganar dinero en este momento. Las personas que
trabajan para la administración pública, lo han estado realizando hacen desde casa y, ahora se ha dado una incorporación gradual a la presencialidad institucional, sin embargo, perciben su salario precario e irregular, aun así, este caso no es el de las trabajadoras del hogar, quienes también deberían tener el derecho de recibir un salario y, más aún en épocas de crisis. Algunas personas ni siquiera recibieron su salario cuando les pidieron que dejaran de trabajar a mitad del mes. Sería justo que los empleadores y empleadoras les dieran el mismo trato al conjunto de sus empleados y empleadas.

Desde lo social, uno de los principales obstáculos para la autonomía plena de las mujeres es su papel tradicional de cuidadoras, que las carga de una importante cantidad de labores domésticas, asumidas de forma casi exclusiva en muchos hogares. Pese al incremento del nivel educativo promedio de las mujeres y la tendencia a la reducción de la fecundidad, las mujeres todavía dedican mucho más tiempo que los hombres a estas tareas. Esta brecha de los cuidados aumenta en los hogares más pobres con niños pequeños y se asocia con una menor participación laboral de las mujeres que residen con su pareja.

En ese mismo orden de ideas, y, en el marco de la polarización política de Venezuela,
temas como este pasan por debajo de la mesa. Tanto en las políticas del oficialismo como en las propuestas y acciones de la oposición democrática, la grave situación de las mujeres venezolanas más pobres no forma parte de la agenda. Por ello es imprescindible recordar que la democracia y el desarrollo no serán una realidad mientras la mayor parte de la población se mantenga en una situación de precariedad y total ausencia de autonomía y libertad. De ahí la necesidad de abordar a la temática: Mujer y Trabajo: Análisis para la reconfiguración de la agenda social feminista venezolana ante la pandemia de la COVID-19.

Metodología

En cuanto a la estructura de diagramación, se hace preciso destacar que, en consideración  a la forma de acercarnos al objeto de estudio,  este trabajo se presenta como un estudio bibliográfico documental a  modo ensayo interpretativo. Parafraseando a  Reyes-Ruiz &Carmona (2020),  es una de las técnicas de la investigación cualitativa que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos resultados de investigaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y articulación con el objeto de estudio.  Por consiguiente, como estructura, se partió del abordaje previo o introducción que muestra el nudo crítico y los propósitos que se desprenden de tales interrogantes, así como dimensiones que muestran la importancia del desarrollo. Seguidamente, se encuentra el Tramo I, aludiendo a la definición de Mujer y cómo la misma se ha establecido desde las posturas opresoras a lo largo de la historia, vinculado se encuentra el siguiente Tramo II, referido a Trabajo, donde se incorporan escenarios vivenciados el contexto interno ante la pandemia y, con ello, se declaran aspectos a considerar para la reconfiguración la agenda social feminista venezolana ante la COVID-19, lo cual se corresponde con el Tramo III de esta presentación para luego dejar a la vista una ideas a modo de cierre.

En tal sentido, en este último espacio, como valor agregado a la educación se expresa una contribución al conocimiento en cuanto a la definición de Mujer, no en un plano cultural, sino como sujeta con derechos, intercalados en el área laboral. Esto es necesario, ya que también contribuye a temas sociales tales como el nivel de desarrollo y productividad del país, el crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza.

Tramo I
Mujer

Lo que molesta de los ignorantes no es su ignorancia,
sino que sepan tantas cosas que no son así.
Josh Billings (1818.1885)

En este espacio se pretende clarificar desde lo teórico el concepto de género, haciendo
énfasis en los errores más frecuentes que se cometen al utilizarlo como sinónimo de Mujer, omitiendo la pluralidad de contenidos que encierra dicho concepto, o al utilizarlo retóricamente en textos legales y discursos políticos que no necesariamente transforman la mera igualdad de derecho en una igualdad de hecho.

En tal sentido, se tiene como norte, proporcionar los elementos teóricos necesarios pero suficientes para entender el significado de Mujer desde la perspectiva de género como categoría analítica de los hechos y relaciones sociales, incluido el Derecho. Para ello voy a referirme a algunos de los aportes más significativos sobre la materia elaborados por académicas feministas que desde la antropología, la sociología, la psicología, la historia y la filosofía han nutrido, a partir de mediados de los años 70, el bagaje teórico feminista.

Quiero recalcar que, el objetivo de esta parte del estudio, no es hacer una historia del
feminismo ni de las corrientes feministas, sino dar cuenta del marco teórico, de los elementos conceptuales y metodológicos que la perspectiva de género ofrece para el análisis social y que es la base para la construcción de una perspectiva de género en el Derecho, tal como lo veremos en lo que a continuación se incorpora.

Es propicio iniciar este recorrido refiriendo a Eichner, M. (2015), quien considera que, a lo largo del tiempo, el uso más específico de la palabra mujer se encuentra vinculada a la persona del sexo femenino que ha pasado por un proceso biológico llegando a la pubertad o a la edad adulta. Esta es una definición biológica es la que más ha calado en un contexto global, y a partir de la misma, se siguió dando una baja connotación desde la interpretación social, política, económica, religiosa, entre otras dimensiones, limitado así sus derechos, relegándole funciones mínimas, participación casi inexistente, e incluso, con la posibilidad de ser la responsable del hogar en cuanto al cumplimiento de las tareas básicas y de los cuidados, lo que genera una inserción diferenciada de hombres y mujeres al mundo laboral, es la existencia de procesos de
sexualización de la división social y técnica del trabajo.

Mujer y género desde una perspectiva feminista

El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva
filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre y que lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetas humanas y de derecho, sosteniendo que, ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres.

Parafraseando a Kelly, Ch. (2017), los movimiento sociales y feministas, han buscado
promover los derechos de las mujeres, incluyendo derechos civiles y políticos como votar y ocupar cargos públicos; derechos económicos como recibir igual remuneración por igual tarea, ejercer las potestades propias del derecho privado, tales como suscribir contratos, derechos sociales como recibir una educación, ejercer sus derechos reproductivos y proteger a otras mujeres de diferentes formas de violencia como el abuso, el acoso sexual y la violencia doméstica.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances por parte del feminismo en cuanto la mujer como sujeta con derechos, la igualdad jurídica para su reconocimiento no se ha logrado a cabalidad, se requiere un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, entre otros, que aún no muestran mayor disposición. Las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un catalizador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades, a lo cual las sociedades machistas-patriarcales no están dispuestas de reconocer.

Bajo las concepciones anteriormente descritas, la perspectiva de género, surgida del bagaje académico feminista, se constituye en un instrumento crítico de análisis de los hechos e instituciones sociales, que incide además críticamente en los tradicionales paradigmas académicos. En este sentido, cuando en esta investigación utilizo el término “perspectiva de género”, me estoy refiriendo a la “perspectiva de género feminista”, es decir aquella que incide en el análisis del poder sexuado en las relaciones sociales, deslindándome de las posturas que utilizan el término “género” como una referencia meramente descriptiva de la diferencia entre los sexos y neutra en términos de poder.

Tampoco utilizo el término como sinónimo de mujeres. En este trabajo, me posiciono con las teóricas y activistas feministas que reconocen en la construcción sociocultural del género un sistema de organización y jerarquización social, una forma de organizar el poder a partir de la diferencia sexual.

Ahora bien, cuando en este ensayo se refiero a género, se está refiriendo a un tipo específico de poder, a las relaciones de poder que establecen desigualdades a partir de la diferencia sexual, a la desigualdad entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino; desigualdades en términos de acceso y distribución de recursos fácticos y simbólicos, y en términos de reconocimiento de las diferencias.

Cabe mencionar que, el género como corriente teórica y perspectiva analítica dio un vuelco a las distintas disciplinas del conocimiento a partir de la inclusión de las mujeres y el análisis crítico de su específica situación dentro de las estructuras sociales. Desde esta perspectiva se hizo notar que el género es una forma de organizar el poder en base a la sexualidad y que está presente en todas las sociedades y ámbitos de la vida social por lo cual su incorporación es necesaria a efectos de analizar los sistemas de poder y las relaciones sociales.

La necesidad de estas y otras formulaciones teóricas se hizo presente desde que las
investigaciones feministas, coherentes con la incorporación de las experiencias personales y subjetivas de las mujeres, introdujeron como método de trabajo el estudio de casos concretos. El tomar en cuenta la experiencia cotidiana de las mujeres en las investigaciones a través de los casos concretos era una exigencia que respondía por un lado, a revalorar como ámbito de estudio y de acción política el espacio doméstico y de la familia asignados a las mujeres y a lo femenino durante siglos; y por otro, a develar el hecho constatable desde la propia experiencia como mujeres, de que los cambios en las condiciones y oportunidades de vida no iban necesariamente ligados ni al discurso ni a la práctica ni a los resultados de la aplicación de determinadas políticas aún en contextos donde en lo formal se declaraban derechos y libertades iguales para todos y todas.  La relación entre lo personal y lo político ha sido una constante en el movimiento político feminista y una de las cuestiones básicas a debatir y analizar por las intelectuales y activistas feministas.

Por ello, el Feminismo plantea el análisis relacional de la vida cotidiana y el espacio
doméstico con las relaciones e instituciones sociales, las normas y el mundo de lo simbólico y cultural a fin de determinar de qué manera éstos factores (el derecho por ejemplo, como sistema normativo) permiten el cambio social o al contrario, para determinar cómo éstos se constituyen en mecanismos de reproducción o mantenimiento del status quo en tanto funcionales al sistema de dominación. Se incide en que junto a las fundamentaciones filosóficas es necesaria una comprensión sociológica, antropológica y psicológica de la situación de las mujeres y su recurrente subordinación en los distintos contextos socioculturales.

Y siendo que las construcciones socioculturales de género son estructuras que de manera transversal moldean los distintos hechos sociales y las distintas áreas de conocimiento, la hegemonía masculina naturalizada como universal mantiene y reproduce el sistema de dominación cuando se transforma en norma o precepto moral, social, institucional, religioso o legal y se intenta medir y evaluar a todas las personas según el patrón masculino-hegemónico generándose una lógica de la diferencia como dicotomía jerárquica: masculino/femenina, cultura/naturaleza, civilizado/salvaje, público/privado, etc. Esta lógica de dicotomías jerárquicas es el reflejo del poder de ese “relativo hegemónico masculino”.

Parafraseando a Scott, J (1.940). el género como categoría analítica no persigue la causalidad universal y general sino la explicación significativa, es decir, la búsqueda del significado de las cosas en la acción concreta. Y para encontrar el significado es necesario considerar tanto los sujetos individuales como la organización social y descubrir la naturaleza de sus interrelaciones, descifrar los procesos y las estructuras. Es necesario, también, saber cómo actúa el género y cómo tiene lugar el cambio. Paralelamente debe tenerse en cuenta que el poder social no está unificado ni es coherente ni está centralizado sino que existen “constelaciones dispersas de poder”, de relaciones desiguales. Sin embargo es dentro de estos procesos y relaciones donde hay lugar para construir el cambio.

Algunas reflexiones sobre el concepto de patriarcado

No es objeto de esta investigación polemizar acerca de la distinción entre patriarcado y sistema de sexo-género, sin embargo, considero importante hacer algunas observaciones al respecto con el objetivo de dejar en claro que no son los términos sino los contenidos que les asignamos lo que se torna importante a efectos de nuestra argumentación.

El concepto de patriarcado generado por la Teoría Feminista de los años setenta (Feminismo de la Segunda Ola) alude a la hegemonía masculina en las sociedades antiguas y modernas en términos de dominación y para algunas corrientes, en términos de explotación.

Fueron las feministas radicales quienes fundamentaron su análisis de la realidad en función al concepto de patriarcado. Para ellas, el patriarcado es una situación sistemática de dominación masculina por la cual los hombres particulares son agentes activos de la opresión de las mujeres en tanto a través de la sexualidad de las mismas y su capacidad reproductiva, satisfacen sus intereses específicos de obtención de placer sexual y reproducción (en términos de producción de hijos).

Por tanto, la sexualidad y reproducción serían los elementos clave de la sujeción femenina, esto sin negar la existencia de otros aspectos de dominación patriarcal como el laboral (división sexual del trabajo) o la extracción de apoyo emocional que refuerza el ego masculino, entre otras. Así tenemos por ejemplo que para Millett, K. “el sexo es una categoría social impregnada de política” porque implica un conjunto de relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder que determina relaciones de dominación y subordinación de lo masculino hacia lo femenino. Millett afirma el carácter patriarcal de las sociedades actuales y de todas las civilizaciones históricas sosteniendo que “todas las vías de poder (…) se encuentran por completo en manos masculinas”, que se basa y al mismo tiempo sustenta una ideología de la superioridad masculina, que ha penetrado en la cultura y que transciende las clases sociales.

Al respecto, Amorós, C. (2014), define el patriarcado como “el conjunto metaestable de pactos, asimismo metaestables, entre los varones, por el cual se constituye el colectivo de éstos como género-sexo y, correlativamente, el de las mujeres” (p.12). Así el patriarcado es una organización social o conjunto de prácticas que crean el ámbito material y cultural que le es propio y favorece su continuidad. Esta definición sostiene que el patriarcado es metaestable.

Esto significa que el patriarcado se adapta a cada nueva estructura económica y/o política y, además que, sin negar la existencia de intereses contrapuestos entre los hombres, existe entre ellos acuerdos tácitos o explícitos que permiten la continuidad de la hegemonía masculina. Amorós (ob cit), considera como sinónimos los términos patriarcado y sistema sexogénero, pues sostiene que un sistema igualitario no produciría la marca de género, la marca de la pertenencia a un determinado grupo social con determinadas características y funciones y que se adquiere mediante el proceso de socialización. La socialización de género tiende a inducir a una identidad sexuada, determina rangos distintos para hombres y mujeres y prescribe roles sexuales.

Los cuestionamientos que desde el Feminismo se han dado a las teorías del patriarcado inciden en que si bien se ofrece un análisis desde el sistema de género no explican cómo funciona el sistema y a pesar de que afirman la primacía del sistema patriarcal en todo el orden social no demuestran cómo la desigualdad de géneros estructura el resto de desigualdades y las otras áreas de la vida social que aparentemente no se vinculan con el género. Las críticas contra las teorías del patriarcado también recaen sobre su argumento base, señalándose que si la dominación de las mujeres procede de la apropiación de su capacidad reproductiva o de su sexualidad por parte de los hombres, la subordinación de las mujeres estaría determinada por las diferencias físicas como única variable, lo que implicaría asumir un significado inherente al cuerpo humano dejando de lado la construcción sociocultural y la historicidad del género.

En atención a Rubin, G (2018), precisa que los términos “patriarcado”, “modo de reproducción” y “sistema sexo-género” se propusieron con la finalidad de distinguir entre sistemas económicos y sistemas sexuales, incidiendo en que los sistemas sexuales tienen cierta autonomía y que no siempre se pueden explicar en términos de fuerza económica. El término “modo de reproducción” fue propuesto en oposición al de “modo de producción” pero, como objeta Rubin, esa terminología vincula economía con producción y sistema sexual con reproducción, con lo cual se limitan los contenidos de ambos sistemas obviando el hecho de que tanto en el sistema de producción como en el de reproducción tienen lugar producciones y reproducciones. La autora sostiene que no se pueden relegar los diversos aspectos de la reproducción social al sistema sexual ni limitar el sistema sexual a la reproducción en su sentido biológico o en su sentido social.

Además, Rubin (o bit) argumenta que, aunque patriarcado se introdujo para diferenciar las fuerzas que mantienen el sexismo de otras fuerzas sociales como el capitalismo, el término conduce a confusión pues tiene el inconveniente de no distinguir entre la capacidad y la necesidad humana de crear un mundo sexual (la forma como cada sociedad trata el sexo, el género y los bebés) y uno de los modos en los que empíricamente se han organizado los mundos y las relaciones sexuales. En efecto, el patriarcado es una forma de dominación específica que se basa en el poder de los padres o patriarcas sobre esposas, hijos, rebaños y dependientes.

Otro inconveniente que trae consigo el término patriarcado es, a decir de Rubin, que no toma en cuenta la diversidad de formas de organización por género del que informan los estudios antropológicos y que no pueden describirse como patriarcales, pues el poder de los hombres sobre las mujeres no se basa en sus papeles de padres o patriarcas sino en su masculinidad adulta colectiva manifestada en cultos secretos, casas de hombres, guerras, redes de intercambio, conocimientos rituales y procedimientos de iniciación.

Podemos decir entonces que, el término sistema sexo-género es un término nuevo que
intenta superar las limitaciones de los término patriarcado y modos de reproducción. Además, el concepto de sistema sexo-género remarca su carácter histórico y las especificidades culturales de cada sociedad. Considero que estas características dialogadas en este espacio, abren un abanico de posibilidades para el análisis y las estrategias de cambio social, político y cultural, y que merece, a posterior, ser estudiada y sometida a procesos reflexivos, cuando se apunta a la construcción de una sociedad más justa, que favorezca la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Tramo II
Trabajo

El Estado de Bienestar es un sistema de solidaridad donde se protege a las personas frente a la vulnerabilidad en la medida en que se desarrollan políticas públicas coherentes en igualdad, equidad y confianza. Este Estado es un derecho no un privilegio. Este momento, procura describir el impacto del aumento de los puestos de trabajo de la mujer venezolana ante la condición país, así como resaltar las condiciones de vida de la mujer venezolana ante la pandemia de la COVID-19.

En tal sentido, se incorporan elementos del cómo la crisis económica nacional afecta más duramente a las mujeres. Esto se debe a lo siguiente: Las mujeres suelen ganar salarios más bajos. Las mujeres tienen menos ahorros. La economía informal concentra un número muchísimo más alto de mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a la protección social. Es más  probable que las mujeres sean quienes deban ocuparse del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y, por lo tanto, deban abandonar el mercado laboral. La mayoría de las familias monoparentales son encabezadas por mujeres.

Ahora, bien, como punto de arranque, es necesario introducir una breve revisión internacional, encontrando que, durante los últimos cincuenta años se ha ampliado el consenso sobre la necesidad de la participación plena de las mujeres en diversos ámbitos de la vida social, para lograr sociedades democráticas y con desarrollo sostenible. Tal es la importancia que se le atribuye a esta condición, que la igualdad de género aparece como el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas.

La búsqueda de equidad de género no consiste exclusivamente en promover indicadores paritarios entre hombres y mujeres en diversos aspectos económicos y sociales como ingreso, educación o acceso a la salud. Sin embargo, modificar estos indicadores requiere reconocer las bases detrás de las históricas diferencias entre ambos sexos, y supone comprender con mayor profundidad los condicionantes que impiden una autonomía plena de las mujeres en varios planos que se interrelacionan: autonomía económica, autonomía física y autonomía en la toma de decisiones En América Latina se ha configurado una agenda regional de género en múltiples conferencias regionales y mundiales que analizan la situación de las mujeres y han hecho propuestas de políticas públicas a los gobiernos. Se han alcanzado importantes avances en las áreas educativa y laboral, entre otras. Pero, pese a los esfuerzos, persisten importantes desigualdades que no podrán ser eliminadas solo con políticas educativas, acceso a la salud o cambios legislativos, porque esas desigualdades están arraigadas en orientaciones culturales tradicionales.

Uno de los principales obstáculos para la autonomía plena de las mujeres es su papel
tradicional de cuidadoras, que las carga de una importante cantidad de labores domésticas, asumidas de forma casi exclusiva en muchos hogares. Para Marchionni (2020), pese al incremento del nivel educativo promedio de las mujeres y la tendencia a la reducción de la fecundidad en toda América Latina, las mujeres todavía dedican mucho más tiempo que los hombres a estas tareas.

Esta brecha de los cuidados aumenta en los hogares más pobres con niños pequeños y se asocia con una menor participación laboral de las mujeres que residen con su pareja. En este contexto en el que las mujeres llevan la responsabilidad del cuidado de sus hogares, niños, enfermos y adultos mayores, las medidas de confinamiento necesarias por la covid-19 han tenido importantes repercusiones. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), “el cierre de los centros de estudio implica un incremento del cuidado de los niños en los hogares, mientras que la red de salud colapsada por la atención a los enfermos de covid-19 traslada a los hogares el cuidado de otras dolencias” (p 4).

Todas estas nuevas  responsabilidades recaen mayoritariamente sobre las mujeres, especialmente sobre las más pobres. A este incremento de las labores de cuidado dentro del hogar se agregan otros impactos sobre las mujeres. Las más vulnerables se ocupan en gran medida en el trabajo doméstico y es difícil mantener estos empleos en medio de las medidas de emergencia (Cepal, ob cit). Al mismo tiempo, los sectores económicos en los que ha aumentado más el desempleo por efecto de la pandemia son los que concentran mayor empleo femenino. Por último, la convivencia en el núcleo familiar de forma permanente, ante la imposibilidad de salir a trabajar o a estudiar, ha aumentado también significativamente el riesgo de violencia de género y ha disminuido las posibilidades de las víctimas para pedir ayuda.

En ese orden de ideas, las mujeres venezolanas comparten la situación descrita para América Latina. Sin embargo, la emergencia humanitaria compleja de los últimos años, ha aumentado la desigualdad de género en el país latino. Una de las principales causas de la mayor desigualdad es la pérdida de autonomía física de las mujeres, al no poder decidir sobre su fecundidad por la escasez de métodos anticonceptivos y el deterioro de los servicios de salud públicos, que ha terminado por causar graves incrementos en la mortalidad materno infantil con una tasa que se calcula por encima de 110 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos registrados, Kislinger, L. (2019).

Adicionalmente, cinco de cada diez mujeres son pobres menstruales; es decir, no pueden adquirir productos para la absorción del flujo menstrual, lo que acarrea dificultades adicionales para la inserción educativa o laboral de estas niñas y mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020, la participación laboral de las mujeres venezolanas es cuarenta y tres (43) por ciento: la tasa más baja de América Latina (UCAB, 2020). Esto significa un importante retroceso en su autonomía económica, cónsono con su intensa dedicación a las labores del hogar: 13 horas diarias para el conjunto de las mujeres y 16 horas entre las que no tienen un empleo fuera del hogar. Este promedio es superior al reportado para la región latinoamericana (8 horas diarias). La diferencia radica en las peores condiciones de la situación venezolana, que obliga a las mujeres a dedicar largas horas a conseguir agua, gas para cocinar o comida.

Con unas condiciones de partida mucho más precarias que las de otras mujeres latinoamericanas, las venezolanas deben además, enfrentar los efectos de la covid-19: pérdida de sus pocos empleos, aumento de las tareas de cuidado en el hogar y mayor probabilidad de violencia intrafamiliar. Si ya las desigualdades de género aumentaban, los efectos de la pandemia podrían contribuir a la consolidación de esta tendencia.

Otro dato significativo de incorporar en este momento, son las cifras aportadas por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), las cuales reflejan que, entre el 1 y el 5% de las mujeres del país sudamericano se prostituyen ante la falta de alternativas y debido a la crisis económica agravada por el coronavirus. La trata de mujeres venezolanas hacia otros países también se ha disparado de manera muy grave, sobre todo hacia México, donde se estima que este año haya más de 50.000 mujeres obligadas a vender su cuerpo.

Esto resulta preocupante, sin embargo, a pesar de haberse convertido en un problema
grave, el Ministerio de Salud no aporta datos desde hace varios años sobre las trabajadoras sexuales, y los activistas y ONGs que trabajan con ellas se quejan de que deben trabajar sin datos ni información. Las últimas estadísticas oficiales datan de 1997 y en aquel momento se hablaba de que en el país sudamericano había 371.000 mujeres prostituyéndose.

En época de coronavirus, las mujeres prostitutas están más expuestas a contagiarse del virus y sufren un impacto económico negativo debido al confinamiento. Así lo ratificó el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Espinal (2020), quien aseguró que, estas trabajadoras “se encuentran entre las más vulnerables”(p.02). Además, de acuerdo a cifras que maneja la OPS en Venezuela, se estima que entre el 1 y el 5% de la población adulta de mujeres se dedican a la prostitución en el país caribeño. Es una cifra que califican como dramática.

Con la crisis económica en el país también han aumentado el número de mujeres que
deciden irse de Venezuela y emigrar a otros países en busca de una vida mejor. Pero su sueño de mejorar, muchas veces se frustra y se convierte en una pesadilla porque terminan siendo víctimas de trata y obligadas a trabajar como empleadas sexuales en el lugar de destino. Uno de los países donde hay más venezolanas en esta situación lamentable es México, donde una investigación llevada a cabo por varios medios de comunicación locales, por el diario venezolano El Universal (2020) y por el portal web de investigación también venezolano Armando Info (2020), se asegura que, “Organizaciones mexicanas criminales dedicadas al narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Los Cuinis, comenzaron a atraer mujeres venezolanas con buen aspecto físico a México para prostituirlas sin su consentimiento” (p.2). El problema comenzó en 2013, pero se ha agravado durante los últimos años y se estima que para este 2020 haya más de 50.000 víctimas, todas mujeres jóvenes y niñas entre 12 y 35 años.

En consecuencia, la cifra de mujeres venezolanas víctimas de trata ha aumentado un
300% en los últimos dos años, según las cifras aportadas por la investigación de estos medios, y ONGs como Paz Activa y Centro de Justicia y Paz, que trabajan con la trata de personas, esclavitud moderna y trabajo forzoso, afirman que en el ránking mundial de este delito, Venezuela ocupaba en 2018 el puesto número 18 del mundo, apenas superada por Perú en la región latinoamericana. El 70% de las víctimas son mujeres y los 25% menores de edad entre 7 y 14 años.

Sin embargo, en el marco de la crisis política de Venezuela, estos temas no son discutidos. La bancada del oficialismo, al igual que quienes adversan, no se hacen partícipes del sentir común y la embarazosa situación de las mujeres venezolanas en estado de pobreza no es incorporada a los diálogos significativos. Por ello es imprescindible recordar que la democracia y el desarrollo no serán una realidad mientras la mitad de la población se mantenga en una situación de precariedad y total ausencia de autonomía y libertad.

De acuerdo con el estudio “Comprendiendo el impacto de la pandemia en las mujeres
venezolanas que trabajan”, realizado por Deloitte (2020), el 82% de las mujeres dijeron que su vida ha sido impactada negativamente por la pandemia. El mismo reporte arroja que 65% de ellas afirma que ahora tienen mayores responsabilidades en el cuidado de sus hogares y familia; mientras que 1 de cada 3 señala tener mayor carga laboral que antes.

En un panorama en el que 40% de las mujeres se siente imposibilitada de balancear los compromisos de trabajo y vida personal, y en el que el fin de la pandemia es aún incierto, resulta lógico preguntarse, ¿hasta cuándo podrán seguir haciéndose cargo de estas responsabilidades?.

En igual retórica, ante el notable incremento en los niveles de ansiedad y la sobrecarga emocional que expresa este sector de la población, producto del aumento de responsabilidades y el actual contexto de salud, algunas mujeres (23% de las encuestadas) se han encontrado ante el dilema de elegir entre sus actividades personales y su carrera; incluso 10% de ellas ha considerado dejar de trabajar. Esta situación representa, sin duda, un riesgo para el desarrollo profesional de las mujeres y un posible retroceso a los avances en materia de inclusión y equidad de género que se han ido alcanzando.

Puede decirse que, la pandemia ha provocado cambios adversos en la rutina de 70% de las mujeres, quienes creen que este evento tendrá un efecto directo en el progreso de su carrera profesional. De hecho, 3 de cada 5, como revela nuestro estudio, han puesto en duda querer progresar en sus carreras en este momento, cuando ven lo que esto demandaría.

Antes de la pandemia, solo 1% de las mujeres hacía home office de tiempo completo; hoy, de acuerdo con la encuesta mencionada, la cifra se elevó a 37%. En este contexto, las organizaciones deben entender que la flexibilidad laboral no implica únicamente trabajar desde casa, sino que es un concepto que va más allá. Contempla también ajustarse a los horarios y necesidades de cada individuo de la organización y desarrollar una cultura organizacional en la que se generen prácticas y se impulse la definición de políticas en la materia, evitando que quienes se adhieran a ellas se sientan excluidos o con culpa.

El encontramos a más de un año y medio de la declaración oficial de la COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), traducido en un tiempo de crisis global e incertidumbres, se ha visto con preocupación cómo el coronavirus provoca, además de una gravísima emergencia de salud, el enconamiento de muchas de las desigualdades preexistentes, debido tanto al impacto social y económico de la pandemia como a las medidas adoptadas para paliarla.

En este escenario, las mujeres han sufrido y siguen sufriendo de forma especialmente
aguda las consecuencias de estas desigualdades, al tener que enfrentarse a una mayor
vulnerabilidad y también a nuevos obstáculos para alcanzar la igualdad. Son muchos los ámbitos en los que pueden observarse estas consecuencias. Uno de los más dramáticos ha sido el de la violencia de género, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, con riesgos claros sobre el aumento de la mortalidad materna, el exceso o sobrecarga laboral para paliar el alto costo de la vida y, en otros casos, la desincorporación en el trabajo teniendo en cuenta que, el sistema de cuidados recae sobre ellas y, durante el confinamiento ha resultado cuesta arriba quien se encargue de las tareas escolares u otro tipo de actividades que cumplen los que aún se encuentran en edad formativa o ante la limitación que causa el estado de dependencia o autonomía de quien así lo tuviese.

Comprender el concepto de género ha llevado a un controversial debate, las ciencias
sociales se ven en la urgencia de encararlo con firmeza dada la connotación caótica que causa la crisis sanitaria, teniendo en cuenta que, es precisamente en este ámbito de construcción teórica donde se configuran sus variadas significaciones como categoría de análisis crítico de las relaciones sociales, que a su vez, impulsan cambios en contenidos dentro de la disposiciones legales y en propósito de políticas públicas.
Sin embargo, en el país a pesar de avances introducido por los movimientos sociales y, en especial, los feminismos, nos encontramos aún en una sociedad donde sigue predominando la atribución del trabajo productivo a los hombres y el trabajo reproductivo a las mujeres, lo cual a su vez incluye, el trabajo no remunerado en el hogar y la atención o cuidado a las personas dependientes o que no pueden atenderse por sí mismas como resulta con las niñeces, las y los adultos o discapacitados.

Aunada a esta situación, existe un punto necesario de considerar, que refiere las facciones extremas políticas, lo cual hace estar a la mujer venezolana en mayor desventaja en relación a quienes habitan en otras localidades de la región. Por un lado, existe un gobierno que dice ser socialista, feminista, pero que presenta un discurso político en el cual planes y programas distan de un bienestar común, ignorando sus obligaciones en materia de derechos humanos, y, en otro, una oposición que solicita sanciones y bloqueo económico que son cruelmente padecidos por la ciudadanía común, de menor ingreso y posibilidad, en especial las mujeres.

Incorporando apreciaciones y datos de la Organización Internacional para las Migraciones (2020), este crítico estado ha traído como consecuencia que, 5,2 millones de personas abandonen el país, fenómeno ha sido calificado como el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis globales de desplazamiento. La recesión económica nacional que se atraviesa ha sumergido a la población en una condición de pobreza: un 79,3% no tiene suficientes recursos para cubrir la canasta básica alimentaria, 1 de cada 3 personas está en inseguridad alimentaria y solo en 1 de cada 4 hogares está garantizado el servicio de agua con frecuencia diaria.

Además, el nivel de participación económica es uno de los más bajos en la región, con un 44% de la población que se refugia en la inactividad, situación que afecta en mayor proporción a las mujeres (57%) que a los hombres (29%). Asimismo, la precarización del sistema de salud ha aumentado los casos nuevos de infección por el VIH y los de tuberculosis, así como el aumento de las tasas de mortalidad infantil y materna a niveles no vistos desde 1997: 25 de cada 1 000 niños nacidos en Venezuela mueren antes de cumplir los 5 años, y 125 mujeres mueren por cada 100 000 nacidos.

Ahora, con la llegada de pandemia por COVID-19, esta realidad ha empeorado y el sentido económico como una actividad social básica en la producción de los bienes necesarios a la subsistencia de la humanidad no solo ha tomado un mayor hincapié en la explotación laboral, sino también de riesgo a la salud por encontrarnos mayor tiempo en la calle y en la primera línea de posibilidad de contagio y muerte.

Y es que esta anomalía económica ha obligado permanecer fuera de casa, en doble o triple jornadas de trabajos en horarios irregulares, extenuantes, sin protección legal de beneficios contractuales, o, sumergidas en el teletrabajo, que se hace cada día más difícil con un salario calculado en el mejor de lo casos en 30 dólares que no permite cubrir los altos costos que representa la adquisición de equipos tecnológicos de alta gama, los servicios básicos incluyendo el eléctrico, así como la conectividad, que a juicio interpretativo, deben declararse como derecho laboral en pandemia y, por ende, gratuitos.

A la par de este panorama, se encuentra el trabajo reproductivo y familiar realizado aguas adentro, en atención a la casa y quehaceres, a las ocupaciones del hogar, el cual recae principalmente en las mujeres que se encuentran en condición de pobreza como población vulnerable que, ni ellas ni la sociedad, perciben que esta responsabilidad es desigual e injusta, que el cuidado tiene que ser una responsabilidad familiar compartida y una responsabilidad del estado y de la sociedad en su conjunto.

Según la actualización de población y vivienda en Venezuela (2020), el 31% de las mujeres mayores de 15 años se dedican con exclusividad a las tareas del hogar, presentando niveles educativos más bajos, con un analfabetismo del 15,1%, más bajo que el promedio nacional que estaba en 11% para el año 2016. Igualmente, una parte importante de las mujeres incorporadas en la fuerza de trabajo también realizan trabajo reproductivo, lo que representa una carga de trabajo adicional que no comparten los hombres. De los datos disponibles en esa consulta indican que, sólo 26,9% de las mujeres incorporadas a la fuerza de trabajo no tenían hijos, la mayor parte de ellas eran menores de 19 años; 34,3% tenían uno o dos hijos, y 31,6% tenían tres o más hijos.

Debido al cierre de las instituciones públicas como medida de bioseguridad ante el COVID-19, la situación descrita representa una carga reproductiva significativa que se suma a la carga productiva. Las madres no cuentan con suficiente apoyo institucional para la atención a los niños menores de cinco años, la cobertura de pre-escolares y maternales del sector público no está disponible y los costos del sector privado, para estos servicios, son bastante elevados. Muy pocos centros de trabajo cumplen lo pautado en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (2012), en cuanto a la obligatoriedad de brindar el servicio de guarderías para los hijos de trabajadores y trabajadoras en aquellos centros de trabajo que tengan veinte o más trabajadores de ambos sexos.

Es así entonces como la mujer venezolana diariamente se enfrenta a un tejemaneje o
malabarismo para realizar el trabajo y cuidado en la coyuntura venezolana y la pandemia de la COVID-19. Los grandes desafíos se hace presente para atender las responsabilidades laborales y familiares que, por asimetría de género, asumen casi totalmente y, que obliga a establecer estrategias para poder enfrentar tan disparatada realidad fenoménica, que resalta la existencia de un Estado donde reina la explotación, pobreza, desigualdad en la repartición de las cargas productivas y responsabilidades económicas entre géneros, y donde la desigualdad en las cargas reproductivas de ambos sexos permanece inamovible, recargando a las mujeres todo el peso en las responsabilidades reproductivas.

Las mujeres en pandemia, además de trabajar para poder mantenerse y a los suyxs, se han convertido en maestras, profesoras y supervisoras de sus propixs hijxs, en cocineras, en cuidadoras de niñxs y/o adultos mayores, generalmente familiares, es decir, en administradoras y participantes activas de otras tareas del hogar. A lo largo de más de un año y medio de confinamiento, las labores en casa aumentaron de manera significativa para este sector. El escenario ha sido un gran reto, pero también cargado de cansancio y desconcierto: por un lado, la impresión de tener que estar más presente en el hogar y apoyar a la familia; por el otro, la sensación de compromiso con el trabajo y de demostrar disponibilidad absoluta, sin importar horarios.

El balanceo de estos compromisos representa un riesgo para la salud integral de las mujeres y un posible retroceso a los avances en materia de inclusión y equidad de género que se han ido alcanzando en el país. Tal desequilibrio responde a una ideología de género que pudiera ser transformada, entre otras posibilidades, por medios y mecanismos de políticas públicas educativas contundentes, pero las acciones de igualdad de género del organismo de rector de la educación en nuestro país, el Ministerio de Educación, aún marchan muy lentamente, y los medios de información y comunicación tienen contenidos profundamente sexistas que afianzan
aún más las desigualdades de género en nuestra sociedad.

En este escenario se hace inminente la formulación e implementación de prácticas sociales para superar el desequilibrio que representa adjudicar la responsabilidad familiar, predominantemente a las mujeres. Es necesario que las mujeres como movimiento organizado de la sociedad tomen las riendas de las reivindicaciones que nos corresponden para el logro de la equidad de género en el trabajo.

Los programas dirigidos a las mujeres y a las familias a abordar aspectos cruciales relacionados con la pobreza de las mujeres y de las familias, los datos que vinculan la pobreza con el tiempo que le dedican las mujeres a las tareas de cuidado necesitan considerarse e incorporarse para lograr una mayor justicia social y equidad de género.
Finalmente, el país tiene la oportunidad de crear un nuevo pacto social y de género que reconozca los impactos diferenciados que recae sobre las mujeres, especialmente sobre grupos de mayor riesgo, a través de la participación igualitaria de mujeres y la incorporación del enfoque de género en todos los espacios y en todas las acciones y políticas públicas de mitigación y recuperación.

Tramo III
Aspectos deben Considerarse para Reconfigurar la Agenda Social Feminista Venezolana ante la Pandemia de la COVID-19.

No basta con levantar al débil, hay que sostenerlo después.
William Shakespeare (1564-1616)

La pandemia de la COVID-19 ha representado un desafío en Venezuela en materia de
salud, economía, bienestar, cohesión social y derechos humanos de las mujeres. El confinamiento ha tensionado y ampliado las desigualdades de género ya existentes en el país. La economía y, con ello, en el sector laboral o de trabajo, no se ha reivindicado como ha debido de ocurrir, al contrario, sigue marcando las grandes diferenciaciones entre hombres y mujeres, siendo estas últimas quienes asumen el mayor número de ocupaciones con pagas deprimentes, así como la mayor carga doméstica. Aunado a ello, afrontan más riesgos de opresión y violencia, dadas las medidas de encierro decretadas por el gobierno para atender la emergencia sanitaria con lo cual debe permanecer mucho más tiempo con su agresor que casi siempre es parte del entorno doméstico y familiar.

Se supone que, ante esta realidad, los movimientos sociales, en especial los feministas, ha de establecer una alteración en las agendas próxima: enfatizando en la resolución de nudos críticos sociales, pero también en el tema de mujer y trabajo. Los ejes problemáticos, que quedan al descubierto drásticamente en esta pandemia, hacen una invitación a que la ocupación feminista se reestructure desde las prioridades, se revisen las alternativas estratégicas y establezcan nuevos lazos de solidaridad para salir de este desconcierto sanitario más fortalecida.

Si bien las mujeres siguen en la primera línea de la catástrofe sanitaria, su respuesta en el futuro será coral, integradora y sostenible. Por tanto debe pensarse al factor político, la calidad de la democracia, la fortaleza institucional, la sensibilidad cultural frente a las desigualdades y las reformas del Estado, como la oportunidad para la inclusión de la igualdad de género en los procesos de cambios y/o transformación. Alcanzar este estado de justicia implica incorporar la noción que las mujeres, en cuanto sujetas, no constituyen ni una clase social ni un estatus, de modo que las injusticias de género no pueden ser atribuidas solamente a un componente, sino que, incluyen tanto las injusticias económicas y la ausencia de reconocimiento de las mujeres en cuanto sujetos, como las sinrazones presentes en la forma en que se organiza la acción política y la toma de decisiones que las excluye.

La recuperación de una senda hacia el desarrollo implica, necesariamente, pensar en
políticas públicas diseñadas con un enfoque de género. No deberían abordarse estos temas como una moda o una exigencia de las agencias multilaterales para obtener financiamiento. Por el contrario, el empoderamiento de las mujeres venezolanas es condición indispensable para la disminución de la pobreza y el aumento de las oportunidades en las poblaciones más vulnerables. Es necesario retomar políticas de cuidado infantil que permitan la inserción económica de las madres y políticas de conciliación familia-trabajo, entre otras que promuevan la autonomía económica de las mujeres.

Entonces, mirar recomendaciones para reconfigurar la agenda social feminista venezolana ante la pandemia de la COVID-19, transita por:
1. Desde la mirada feminista, no solo volver sobre los fundamentos teóricos, sino también políticos organizativos, de nuestros compromisos de lucha por la emancipación nacional y universal. Los objetivos de la agenda feminista, también tienen que estar centrados en la distribución de la riqueza social, bajo una matriz que incorpore la infraestructura de cuidados de manera definitiva.

2. Se debe trabajar en la formulación de alternativas al neoliberalismo y mantenerse
alerta para evitar todo riesgo de entrar en el juego del razonamiento neoliberal o de servir a sus procesos de reestructuración.

3. En atención a los puntos 1 y 2, proceder a realizar estrategias de transversalización presupuestal robustas que reorienten el gasto para cumplir con el acceso y disfrute de derechos humanos en condiciones de igualdad. Sumar a la sociedad civil organizada,
pues las organizaciones cuentan con el conocimiento para su realización.

4. Incidir en el gobierno para que defina el horizonte temporal en que logrará garantizar los derechos humanos de las mujeres.

5. Es imprescindible tener en cuenta la perspectiva de género, para que las medidas
que se adopten en el corto, medio y largo plazo sean lo más efectivas posibles, tanto para las mujeres como para los hombres.
6. Finalmente, en un plano específico, cualquier conversación sana desde la agenda feminista venezolana, pasará por exigir al gobierno nacional derogar la resolución 2792 emanada en octubre 2018 por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, la cual sigue vigente y con la que se congelaron las convención colectivas de todos los sectores laborales del país luego de la reconversión monetaria y puesta en marcha del plan de recuperación económica, así como ajustar los salarios en el corto tiempo con miras a cumplir con lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución y alcanzar salarios acordes a los niveles inflacionarios.

A Manera de Cierre y Aporte a la Educación
Es cierto que este virus no entiende de clases sociales pero sus costes, el impacto de esta pandemia, sí ha aumentado aún más la brecha social, la desigualdad, y la vulnerabilidad. Para el momento de la expansión de la crisis sanitaria a finales del 2019, Venezuela se encontraba en una crisis económica iniciada durante los últimos 14 años y ahora, con la llegada de la COVID19 nos enfrentamos a una nueva, con afectación general y en especial a las mujeres.

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa afectando nuestras vidas cotidianas, las desigualdades presentes se magnifican. El virus mismo afecta desproporcionadamente a las mujeres y ha tenido un mayor impacto económico en adultas de bajos ingresos, personas de color, raza originaria, campesinas, y en la comunidad LGBTQ+. Para muchas mujeres, los efectos financieros de la pandemia se agudizan por la continua desigualdad de género en el hogar.

En general, las mujeres venezolanas hacen la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Las mismas representan el 75% de los cuidadores y pasan hasta un 50% más de tiempo brindando cuidados que los hombres. En las relaciones heterosexuales, las mujeres pasan mucho más tiempo cuidando niños y haciendo los quehaceres domésticos que sus parejas varones. Este tiempo adicional que dedican al trabajo doméstico es una de las razones principales de las brechas de género en la remuneración y en los ascensos en el trabajo.

La desigualdad de género en el hogar solo se está agravando a medida que la pandemia aumenta los cuidados y las responsabilidades del hogar. En el abordaje realizado para este ensayo, donde se contó con un total de 45 entrevistadas al respecto, el 70% de las mujeres informaron que son plenamente o principalmente responsables de las tareas domésticas durante el confinamiento y el 66% dijo lo mismo sobre el cuidado de los niños. El 80% de las mujeres también informaron que pasan más tiempo educando en casa a sus hijos o ayudándolos con la enseñanza a distancia que sus cónyuges.

Sabemos que el estricto cumplimiento de los roles de género es un factor de riesgo para la violencia sexual, es decir, algo que hace que la violencia sexual sea más probable que suceda en nuestra sociedad. Ante lo que parece una avalancha de malas noticias cada minuto de cada día, tratar de procesar las implicaciones de la pandemia a largo plazo puede ser abrumador. Pero parte de la reflexión implica analizar las estructuras de la sociedad que contribuyen a la opresión y examinar cómo nuestras propias acciones están influenciadas por normas sociales dañinas.

Cuando perpetuamos los estereotipos de género y no reflexionamos sobre los comportamientos que pueden ser dañinos, corremos el riesgo de crear comunidades que no son seguras. Las actitudes que implican desigualdad de género se encuentran entre los factores principalmente asociados a la perpetración de violencia interpersonal. Las personas que se rigen por las normas tradicionales de función de género o creen que las mujeres son inherentemente inferiores tienen más probabilidades de cometer violencia sexual.

Las normas y las creencias nocivas son la fuerza impulsora detrás de la opresión y la desigualdad en nuestra sociedad. Las expectativas culturales de lo que significa “ser hombre” y “ser mujer” ejercen influencia en todos los aspectos de nuestros comportamientos cotidianos, inclusive quién se hace cargo de la mayor parte del trabajo doméstico.

Pero, esto puede ser sustantivo: todas y todos podemos trabajar para cambiar las normas y crear una sociedad más segura y equitativa. Primero, debemos considerar la manera en que las tareas domésticas y las responsabilidades del cuidado se dividen en el hogar. Si su pareja, un integrante de la familia u otro miembro del hogar le dice que se siente abrumado, tómese el tiempo para realizar algunas de las tareas que esa persona realiza. Ya sea que cuide niños o adultos mayores, dé el ejemplo compartiendo la responsabilidad en pie de igualdad. Y siempre tómese el tiempo para reflexionar sobre si usted está haciendo su parte, independientemente de su género.

En un momento en que pequeños pasos pueden hacer una gran diferencia, no podemos permitirnos ignorar la cuestión de la desigualdad de género. Al modelar la igualdad de género en el hogar y enfrentarse a los estereotipos dañinos en nuestra vida cotidiana, podemos allanar el camino para una sociedad en la que las mujeres sean iguales en el hogar, en el trabajo y en sus comunidades, y trabajar por un mundo libre de violencia sexual.

Aspectos necesarios de considerar y que emergen durante el desarrollo de este ensayo, es que, os costes de la pandemia son fundamentalmente económicos, sí, pero no exclusivamente. No solo debemos centrar el análisis y nuestra preocupación en la desigualdad de ingresos, sino también sobre una serie de desigualdades institucionalizas en nuestra sociedad que atiende a las individualidades por ser mujer, por la edad, por la procedencia, por la pertenencia a una clase social, por la orientación sexual, por formar parte de una minoría sexual, por el nulo o escaso nivel formativo, por la presencia de una discapacidad intelectual y diversidad funcional, por la situación de dependencia de mayores y personas con discapacidad, por la existencia de enfermedades mentales o físicas, por la ausencia de vivienda o porque ésta sea infravivienda, por pertenecer a una minoría étnica, por adicciones a sustancias o de otro tipo, por residencia en poblaciones segregadas y marginales, por confinamiento en centros penitenciarios, o de inmigrantes, por el acceso a la tecnología o a la inaccesibilidad a las TIC, por la existencia de redes informales, por la adhesión a las redes formales, por la procedencia de ingresos de economía informal, por las violencias sobre las mujeres, por la violencia y los abusos sexuales a menores, etc. Estas, además, añaden opresión y discriminación, aumentando, por tanto, la vulnerabilidad, el riesgo de aislamiento y de exclusión social.

Esto es, las personas marginadas se vuelven aún más vulnerables en las emergencias. Por ello, en el contexto actual producido por el virus, la corona-crisis, los que corren más riesgo son las personas que se encuentran en los márgenes de nuestra economía y nuestra sociedad, y en ello, las mujeres son las más notorias. Estamos todavía en tiempo presente, pero mañana ya es futuro y debemos adelantarnos con medidas de protección social universales y competentes con efectos preventivos y sostenibles.

No se trata de respuestas graciables y temporales, sino de soluciones que sirvan para ampliar los derechos y las protecciones a las mujeres, y no para aumentar las filas de los precarixs y vulnerables, puesto que, se estima que 85% personas que viven en situación de pobreza y exclusión social en el país. Ante situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias donde el centro sean las personas, como aboga el enfoque de Derechos Humanos, porque en esta crisis no existen responsabilidades individuales sino consecuencias colectivas. Respuestas a través de los sistemas de protección para que las personas puedan vivir con confianza, con seguridad, con dignidad y con plena realización de sus derechos, porque los sistemas de protección social son instrumentos para la transformación social, para la democracia y para la creación de sociedades justas. Los sistemas de protección social son más que la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de la sociedad en situación social y económicamente desfavorecida.

Es necesario entender que, más allá del impacto sobre la salud, el COVID-19 afectará al mundo del trabajo en tres dimensiones: la cantidad de empleos con el consecuente aumento de desempleo y subempleo; la calidad del trabajo en relación a salarios, acceso a la protección social y horas; y los efectos sobre grupos específicos más vulnerables a los resultados adversos del mercado laboral tales como personas mayores y jóvenes, autónomos, migrantes, personas con discapacidad, con problemas de salud física o mental, y también, a las mujeres que están sobrerrepresentadas en el sector servicios y en determinadas profesiones.

Curiosamente, por la equivocada asignación de roles de género, en esta pandemia las
mujeres ocupamos mayoritariamente las profesiones y ocupaciones de primera línea, todas ellas con exposición directa: profesionales de la salud -médicas, farmacéuticas, enfermeras, auxiliares de enfermería-, trabajadoras sociales, auxiliares de gerontología, auxiliares de ayuda a domicilio de personas dependientes, limpiadoras y cocineras de centros sanitarios, de mayores, de migrantes, etc. Y, sin embargo, se señala el impacto laboral en los empleos feminizados de alto riesgo consecuencia de la corona-crisis. No podemos dejar de señalar el impacto del COVID-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en el 2015 por
la Organización de Naciones Unidas (ONU), una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

El COVID-19 afecta casi a todos los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, pero preciso destacar uno en particular: el objetivo 10, “Reducir las desigualdades”, objeto de nuestra disciplina y profesión a través de la atención directa y de la reforma social, y, además porque sobre este impactan otros como el objetivo 4 “Calidad de la educación” (en estos momentos se ha procedido al cierre de los centros educativos en todos sus niveles sustituyéndose la educación presencial por la educación online lo que supone que en muchos casos no se tenga accesibilidad y por tanto, dificultando el proceso y progreso educativo); el objetivo 5 “Igualdad de género” (los empleos y economías de las mujeres están en peligro, aumentan los niveles de violencia contra las mujeres y su mayor exposición al contagio pues representan la mayoría de las profesiones sanitarias y del trabajo social); el objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” (en estrecha relación al anterior) y 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” (las personas que viven en barrios marginales se enfrentan a un mayor riesgo de exposición debido a la alta densidad de población y a las malas condiciones de salubridad).

Finalizo este breve texto, manifestando el deseo de que esta pequeña reflexión compartida nos abra los ojos a realidades invisibles e invisibilizadas, que no son  inexistentes y hay personas que las sufren. Esperamos que no se cumpla aquella afirmación de Groucho Marx: “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Bibliografía
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Faur, Eleonor (2014) El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual. Buenos Aires, Siglo XXI editores.

Federici, Silvia. (2018). El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Editorial Traficantes de Sueños. España

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Kislinger, L. (coord.). (2019). Mujeres al límite.

Reyes-Ruiz, L. & Carmona Alvarado, F. A. (2020). La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio. Repositorio Universidad Simón Bolívar: https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/5020/Consideraciones_Elaboracio%cc%81n_Investigacio%cc%81n.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Pobreza, trabajo y escritura

Un muchacho de 14 años, Silvio Astier, se inicia en la literatura –al salir de la escuela- con los libros de bandoleros que le alquila un viejo zapatero andaluz.

La vida de Silvio, que transcurre en una zona empobrecida de Buenos Aires, se funde con los argumentos de sus primeras lecturas. Así, además de a los bandidos, el adolescente admira a personajes como Rocambole, aventurero alumbrado por el Vizconde de Ponson du Terrail en sus novelas del XIX; también tiene predilección por Baudelaire, Dostoievski y Baroja.

Aficionado a los inventos, logró fabricar un cañón. Y con otros dos camaradas, Enrique Irzubeta (“el falsificador”) y Lucio, organizan una sociedad de ladrones, el Club de los Caballeros de la Media Noche. Los tres rateros asaltaron la biblioteca de una escuela, de la que sustrajeron 27 tomos, pero un policía les sorprendió y la peripecia incluso salió en los periódicos.

Un contexto de penuria familiar y necesidad de dinero marcan la vida de Silvio Astier: los recursos sólo alcanzan para que estudie su hermana Lila. Estando en la edad de la lactancia, su madre –de magro cuerpo y miserables ropas- caminaba con la criatura en brazos y pedía limosna para mantenerlo (“de su boca hambrienta se quitaba el pan para mi boca”). El protagonista ha cumplido 15 años y, forzada porque el casero aumenta el alquiler, la familia muda de barrio, a un “siniestro caserón”.

Una tarde, mientras el joven se entrega a la lectura, su madre le espeta: “Tenés que trabajar, yo no te puedo mantener”; Silvio cuenta su reacción: “Rencor a sus palabras tercas, odio a la indiferencia del mundo, a la miseria acosadora de todos los días”. El primer trabajo es en la librería de don Gaetano, un viejo famélico que vive en un cuchitril, y que le ofrece un peso y medio, casa y comida por laborar sin horario.

Así comienza El juguete rabioso, primera novela del escritor argentino Roberto Arlt (1900-1942), publicada en abril por Ediciones Dyskolo. Este sello sin ánimo de lucro ha editado otras dos novelas del narrador, periodista y dramaturgo porteño: Los siete locos (1929) y Los lanzallamas (1931); otros títulos relevantes de Arlt son El amor brujo (1932), la colección de relatos El criador de gorilas (1941), piezas teatrales como La isla desierta (1937) y Saverio el cruel (1936) y los aguafuertes, una sección de artículos periodísticos que estrena en el periódico El Mundo en 1928.

Hijo de inmigrantes precarios –madre triestina y padre prusiano-, Roberto Arlt cursó hasta el tercer grado de primaria, fue autodidacta y –entre los 15 y 20 años- practicó diferentes oficios (dependientes de librería y mecánico entre otros); como consecuencia del maltrato paterno, abandonó el hogar familiar a los 16 años. El muchacho se acercaba a las librerías del barrio bonaerense de Flores –donde residía con su familia- y las tertulias literarias: hizo compatibles las vocaciones de escritor e inventor. “Tuve siempre que trabajar y en consecuencia soy un improvisado o advenedizo de la literatura”, reconocía en 1926 en el periódico Crítica.

Con una fuerte componente autobiográfica y escrito en primera persona, El juguete rabioso vio la luz en 1926, publicado por la editorial Latina; la intención de Arlt era titularlo La vida puerca, pero su amigo y novelista Ricardo Güiraldes le aconsejó que cambiara el propósito inicial. Un año antes publicó dos avances en la revista Proa. El volumen está dividido en cuatro capítulos: “Los ladrones”, “Los trabajos y los días”, “El juguete rabioso” y “Judas Iscariote”. Según el autor, “durante cuatro años El juguete rabioso fue rechazado por todas las editoriales”.

En el preámbulo a la edición de Espasa Calpe (1993), el novelista y ensayista Ricardo Piglia resalta la importancia de la lectura para Silvio Astier, siguiendo la pauta de Madame Bovary (confusión de vida y literatura); así, el texto de Arlt “narra el modo en que el héroe es devorado por el folletín; este muchacho de dieciséis años, que quiere ser ladrón, es un gran lector y el bovarismo es el secreto de su identidad. No le gusta la realidad y aspira a otro destino. Usa los libros como plan de acción y lee para aprender a vivir”. En El juguete rabioso son usuales las palabras en lunfardo (“pasen ché, les presento mi bulín”). Sobre el lenguaje y estilo del autor, en ocasiones “sobreactuado”, afirma Piglia: “Cuando Arlt confiesa que escribe mal, lo que hace es decir que escribe desde donde leyó, o mejor, desde donde pudo leer”.

El dinero reviste importancia en El juguete rabioso; Silvio Astier, Enrique y Lucio se deleitaban con “el dinero de los latrocinios, aquel dinero que tenía para nosotros un valor especial y hasta parecía hablarnos con expresivo lenguaje”; representa, de este modo, la antítesis del dinero abyecto que procede del trabajo penoso. Ricardo Piglia subraya esta idea en la obra de Arlt: “El dinero está puesto como causa y como efecto de la ficción (…); hacer dinero es salvarse”. También señala el valor de la pobreza: “Está en el origen de todo”.

La profesora de Literatura y autora del ensayo Roberto Arlt. Innovación y compromiso, Rita Gnutzmann, destaca el consenso en incluir la obra arltiana como parte del catálogo de autores referenciales en Argentina; A menudo, añade, se ha establecido la comparación con Borges: “El escritor marginal, anarco-revolucionario, semi-analfabeto e informal frente al burgués, integrado, estilista y de refinada cultura” (Roberto Arlt: un escritor actual, en Centro Virtual Cervantes).

En el artículo El juguete rabioso: del aprendizaje a la escritura (Revista de Literaturas Modernas, 2002), Gnutzmann subraya el estilo elaborado, el tono lírico de muchos fragmentos y el uso de metáforas (“me ceñía la frente un cilicio de nieve”); la especialista también observa en la novela el proceso de maduración de Silvio Astier; en el primer capítulo, “ataca el derecho a la propiedad y debe rendirse ante la fuerza coactiva de la policía. En el segundo debe aceptar la idea del trabajo, pero se rebela ante las humillaciones. En el tercero, lleno de ilusión por el nuevo trabajo y su capacidad de inventor, es expulsado e intenta suicidarse. En el cuarto, decide no ser juguete pasivo y toma las riendas mediante las traiciones y apuesta por el voluntario aislamiento de la sociedad”.

“Múltiples temas y episodios de sus cuentos y novelas vuelven explicable y casi fatal esta vocación paralela de inventor”, sostiene Julio Cortázar en el prefacio a las Obras completas de Roberto Arlt (Lohlé, 1981). Arlt fue alumno de la escuela mecánica de la armada. El personaje Silvio Astier ingresó, a los 16 años, como aprendiz en la Escuela Militar de Aviación; sin embargo, causó baja a los pocos días por orden del capitán Márquez, por la siguiente razón: “Aquí no necesitamos personas inteligentes, sino brutos para el trabajo”. Además, Cortázar defiende que la obra de Arlt tiene muy poco de “intelectual”; de hecho, “la escritura tiene en él una función de cauterio, de ácido revelador, de linterna mágica proyectando una tras otra las placas de la ciudad maldita y sus hombres y mujeres condenados a vivirla en un permanente merodeo de perros rechazados por porteras y propietarios”, asevera el autor de Rayuela.

Por otra parte Juan Carlos Onetti considera que Roberto Arlt escribió con genio y rabia sobre su infortunio; En el prólogo a la edición de Bruguera Alfaguara (1979), el escritor uruguayo cuenta la reacción que se produjo en Buenos Aires a la edición de El juguete rabioso: “Los intelectuales interrumpieron los dry martinis para encoger los hombros y rezongar piadosamente que Arlt no sabía escribir. No sabía, es cierto, y desdeñaba el idioma de los mandarines: pero sí dominaba la lengua y los problemas de millones de argentinos, incapaces de comentarlo en artículos literarios, capaces de comprenderlo y sentirlo como amigo que acude –hosco, silencioso o cínico- en la hora de la angustia”. Roberto Arlt, añade Onetti, no escribió tangos inmortales, pero seguro que leyó Humillados y ofendidos, la trágica novela social de Dostoievski.

Fuente: https://rebelion.org/pobreza-trabajo-y-escritura/

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El trabajo, ángulo ciego en la crisis de Covid-19

Por: Laurent Vogel/Viento Sur

A lo largo de la crisis del Covid-19, la cuestión del trabajo aparece de forma paradójica. Es uno de los principales vectores de contagio. Como tal, desempeña un papel inmenso en las desigualdades sociales a lo largo de la pandemia. Y, sin embargo, ha seguido siendo el ángulo ciego de las estrategias públicas. Este es sin duda uno de los factores que han contribuido al fracaso del desconfinamiento en la mayoría de los países europeos.

En Europa se puede considerar de forma sumaria que los poderes públicos han abordado la crisis del Covid en cuatro etapas. Las tres primeras ofrecen múltiples puntos de comparación con el resto del mundo. En el caso de la etapa actual del reconfinamiento, es demasiado pronto para distinguir lo que sería propio de Europa y lo que anticiparía la situación en otros lugares1/.

El tiempo de la gran negación y de la pequeña gripe

El primer momento es el de la negación. La expresión más brutal fue ofrecida por el poder chino al comienzo de la epidemia. El virus aparece en Wuhan, aglomeración industrial que concentra millones de obreros de los que muchos se enfrentan a la condición precaria de “migrantes internos” sometidos al control permanente del Estado y alojados en dormitorios de fábrica. Las primeras reacciones del poder consisten en imponer el silencio y la prosecución del trabajo. Quienes denuncian la situación son reprimidos. Li Wenliang, oftalmólogo en el hospital central de Wuhan, convocado por la policía el 3 de enero de 2020, es obligado a hacer su autocrítica. Cae enfermo del Covid el 10 de enero y muere el 7 de febrero de 2020. Durante semanas cruciales, las autoridades chinas descartaron y luego minimizaron toda transmisión del virus de humano a humano. La explosión de la epidemia entre los miembros del personal sanitario en Wuhan no autorizaba, sin embargo, ninguna duda. El 14 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicaba todavía que “las investigaciones preliminares llevadas a cabo por las autoridades chinas no han encontrado ninguna prueba clara de una transmisión de humano a humano”. El confinamiento de Wuhan se decide finalmente el 22 de enero a las 20h como un giro brutal cuyas condiciones han sido narradas de forma sobrecogedora por la novelista Frang Fang en su diario publicado con el título de Wuhan, ciudad cerrada.

En Europa la negación inicial reposa en otras bases. La visión neoliberal de la salud pública ha jugado un papel importante. Las políticas de austeridad se combinan en Europa con una jerarquía de prioridades en la que la prevención colectiva ocupa el último lugar. La mayor parte de los planes de preparación elaborados tras la pandemia de gripe H1N1 de 2009-2010 fueron abandonados sin ningún debate. La expresión más visible de este error ha sido la no renovación de los stocks estratégicos de mascarillas de protección. El frenado casi total de la financiación de la investigación fundamental sobre los coronavirus se inscribe en la misma tendencia. Esta investigación había conocido un auge tras el SARS (síndrome de afección respiratoria severa) en 2003 y el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) en 2012. A nivel mundial, ninguno de ellos había superado el límite de las mil muertes. Si se definen las prioridades de la investigación a partir de un criterio de ganancia sobre las inversiones, parecía absurdo asignar medios importantes para una amenaza así. Tal razonamiento solo tiene en cuenta el pasado. Los riesgos podían ser evaluados de forma diferente a la de las compañías de seguros. La crisis ecológica nos pone en contacto de forma mucho más masiva y directa con reservas de virus presentes en la fauna. La industrialización de la producción de la carne crea inmensas unidades de crianza particularmente vulnerables a los agentes patógenos. El recurso masivo al transporte aéreo contribuye a aumentar los riesgos de forma exponencial. Si nada permitía prever la fecha y el lugar de la aparición del SARS-CoV2 (el virus que causa el Covid-19), ya había sido lanzada la alerta por un cierto número de investigaciones sobre el carácter inevitable de pandemias infecciosas mucho más agresivas que en el pasado. En cuanto al sistema de salud pública, está concentrado en instituciones hospitalarias y descuida tanto la atención primaria como los niveles intermedios como la atención ambulatoria. Para las personas de edad avanzada, la segregación en residencias, cada vez más a menudo gestionadas por grupos privados, tiende a imponerse a pesar de la demostración de las ventajas en calidad de vida de las alternativas no segregadas en países como Dinamarca.

Cuando la amenaza se hizo innegable en Europa, el peso de la patronal fue determinante para acumular los retrasos. El ejemplo italiano es el más revelador. Ha sido el país europeo más tempranamente afectado. Los dos primeros casos detectados estaban relacionados con turistas chinos el 31 de enero de 2020 pero, desde la segunda mitad de febrero, numerosos nuevos casos aparecían sin la menor relación directa con China. La circulación interna del virus se ha manifestado muy en particular en las regiones industriales del Noreste (Lombardía y Venecia). La patronal se lanzó a una campaña mediática a gran escala para evitar toda medida de confinamiento. En Bérgamo, que se volverá el epicentro más trágico de la pandemia, la Confindustria (confederación patronal) difundía un video a partir del 28 de febrero para repetir machaconamente contra toda evidencia: “Nuestras empresas no han sido afectadas y seguirán adelante, como siempre”. El hashtag patronal se vuelve obsesivo durante todo el mes de marzo: #yeswework. Serán precisas huelgas masivas para que el gobierno italiano acabe por cerrar una parte de las empresas industriales.

El confinamiento: ¿una vuelta a lo esencial?

A partir de la segunda mitad del mes de marzo de 2020 fueron adoptadas medidas de confinamiento en la mayor parte de los países europeos más afectados por el Covid-19. Estas medidas estaban justificadas por la propagación muy rápida del virus, la ausencia de terapia eficaz y de vacuna, la multiplicación de los fallecimientos. Pero el descalabro de los sistemas de salud pública, golpeados por decenios de austeridad, contribuyó también a ello. El sistema sanitario corría riesgo de naufragio. La tragedia de los fallecimientos masivos en las residencias de mayores se inscribe en este marco. A lo largo de todo el año 2019, huelgas y manifestaciones del personal de las residencias de mayores en Francia habían denunciado la degradación de las condiciones de trabajo y de los métodos de administración fundados en una especie de industrialización de esta actividad de trabajo incompatible con su sentido real. Personal insuficiente, aumento de la intensidad y la estandarización del trabajo, estatus precarios, ausencia de democracia en el trabajo, estos elementos mortíferos estaban presentes.

Apareció un sistema con dos pesos, dos medidas entre la salud en los espacios públicos y la salud en el trabajo durante el confinamiento. Para el espacio público, las reglas de prevención fueron drásticas. Nunca en la historia de la humanidad se han puesto en pie en el mundo durante un lapso de tiempo tan corto medidas tan exigentes de salud pública. En el caso del trabajo, las actividades esenciales fueron mantenidas, incluso en situaciones en las que la prevención era insuficiente. En Europa, la banalización de los riesgos en el trabajo se expresó en primer lugar en la crisis de las mascarillas de protección. En lugar de reconocer su responsabilidad en la no renovación de los stocks estratégicos constituidos en 2009-2010, la mayor parte de los gobiernos pasaron semanas explicando que utilizar mascarillas era algo inútil, incluso contraproductivo, en la mayor parte de las situaciones. Así, el 2 de abril de 2020, Anthony Smith, un inspector de trabajo en Francia, fue suspendido por su dirección por haber querido imponer la distribución de mascarillas al personal de una asociación que efectuaba atención domiciliaria2/. En Dinamarca, durante varias semanas, prosiguió el trabajo en los hospitales mientras la inspección renunciaba a efectuar controles en ellos considerando que habría expuesto a sus agentes a un peligro demasiado elevado.

La definición de lo que eran las actividades esenciales ha sido un tema conflictivo. Nadie ha puesto en cuestión la necesidad de mantener en actividad el sector de la salud o el de la producción de alimentos. Los gobiernos adoptaron criterios demasiado amplios de forma que se mantuviera la actividad de sectores industriales como la producción aeronáutica o se permitiera a gigantes del e-comercio como Amazon desarrollar su actividad.

Para la actividades que podían efectuarse en teletrabajo, esta modalidad ha sido hecha obligatoria o fuertemente recomendada según los países. El teletrabajo constituye un factor de protección efectivo contra la circulación del virus. Presenta sin embargo otra faceta diferente: la de desigualdades muy fuertes que derivan de la posibilidad de adaptar la actividad real a esta organización, de las condiciones de vivienda y de los accesos tanto al material adecuado como a conexiones de calidad, de las dificultades ligadas al cúmulo de trabajo remunerado y del trabajo familiar no remunerado. Este último factor pesa de forma muy particular sobre las mujeres. El cierre de las escuelas, la discontinuidad de numerosos servicios relacionados con las personas con discapacidades, enfermas o de edad avanzada han implicado una fuerte agravación de la doble jornada de trabajo de las mujeres. Las tensiones psicológicas y el “retorno” masivo a tiempo completo de los hombres al hogar han contribuido a exacerbar violencias intrafamiliares.

Dos opciones se ofrecían para las actividades no esenciales incompatibles con el teletrabajo: el paro temporal, con asunción de cargas específicas por la seguridad social, y el mantenimiento de ciertas actividades no esenciales asumiendo el respeto de reglas de higiene (a menudo reducidas solo al mantenimiento de la distancia física).

El fracaso del desconfinamiento: ¿culpa de jóvenes de fiesta?

A partir de mediados de mayo de 2020 la mayoría de los gobiernos europeos opta por una vuelta progresiva a la normalidad. El confinamiento ha producido resultados alentadores. La tasa de reproducción del virus (Ro) pasó a estar por debajo del nivel 1. Las hospitalizaciones y fallecimientos conocieron una disminución muy significativa. A finales de mayo de 2020 la impresión que prevalecía era que Europa salía de la fase más crítica aunque una parte de la comunidad científica pusiera en guardia contra un exceso de optimismo. La pandemia causa estragos entonces principalmente en el continente americano. Es exacerbada allí en parte por factores políticos. Los presidentes de los dos países más poblados de ese continente (Estados Unidos y Brasil) mantienen actitudes de negación mucho más radicales y duraderas que sus homólogos europeos3/. Son sobre todo las muy fuertes desigualdades sociales las que amplían el impacto de la enfermedad. En América latina, para decenas de millones de trabajadoras y trabajadores pauperizados en el sector informal, confinarse es renunciar a comer. Los pocos mecanismos específicos de ayuda social puestos en pie son insuficientes. En los Estados Unidos, las carencias de la seguridad social privan a numerosos trabajadores y trabajadoras de remuneración en caso de ausencia por enfermedad. Esto hace difícil la puesta en cuarentena en cuanto aparecen los primeros síntomas. El peso más masivo de las desigualdades sociales puede contribuir a explicar el contraste entre Europa y América. En Europa, el confinamiento ha producido una caída muy fuerte de la mortalidad en algunas semanas. Del otro lado del Atlántico, se reduce más lentamente. Hay una desincronización entre los Estados Unidos, donde la reducción de la mortalidad es fuerte de finales de abril a mediados de junio, y el resto del continente donde el número de fallecimientos continúa creciendo hasta agosto. Asia y África no presentan un cuadro homogéneo: hay zonas particularmente críticas (India, Medio Oriente y África del Sur) y otras en las que la pandemia prosigue a un nivel relativamente bajo o parece haber sido frenada.

En Europa, si la propagación del virus se ha ralentizado, la pandemia permanece bien presente. Tiende a extenderse geográficamente con subidas en los Balcanes, en Europa central y en Portugal, donde su impacto había sido reducido durante el período precedente. A lo largo del verano, el rol de las condiciones de trabajo y de empleo aparece en múltiples ocasiones. Esas alarmas son constantemente ignoradas. Las políticas públicas tienen a mirar a otra parte: hacia la gente que celebra fiestas, hacia los comportamientos efectivamente poco solidarios de cantidad de personas que intentan compensar la angustia del período precedente. Una parrilla de lectura moralizadora parece superponerse a los datos sobre los contagios. Los lugares de ocio son vistos como focos de contaminación que muestran la inmadurez de mucha gente joven mientras que los lugares de trabajo pasan a un segundo plano. Ahora bien, las infecciones en el medio profesional siguen siendo importantes en todos los sectores que implican una actividad de gran proximidad con las personas. Es evidentemente el caso de los cuidados sanitarios, pero también de los servicios sociales, las prisiones, la policía, los transportes colectivos, etc. A partir de septiembre de 2020, la enseñanza se añadirá a esta lista. Por otra parte, la multiplicación de focos de infección (clusters) en otros sectores remite a la interacción entre malas condiciones de trabajo, formas de empleo precarizado y la infección. En Polonia y en Chequia, el trabajo en las minas ha estado en el origen de importantes focos locales o regionales. En todo el mundo los mataderos han sido señalados como centros de propagación de la enfermedad. El trabajo temporero agrícola que se caracteriza por una extrema precariedad de las condiciones de trabajo, de alojamiento y de transporte está igualmente en el origen de numerosos focos locales4/. La negativa a regularizar incondicionalmente a las y los trabajadores sin papeles en Europa ha jugado un papel tanto en este sector como entre las trabajadoras domésticas.

Es llamativo el contraste entre la progresión de los datos científicos y la insuficiencia de la prevención en el trabajo. Desde le mes de febrero hay estudios que alertan sobre la persistencia del virus en las superficies. La transmisión por aerosol está también establecida en diferentes estudios a partir de abril. El 6 de julio de 2020, 239 científicos y científicas lanzan un llamamiento demandando a la OMS que tenga en cuenta este riesgo en sus recomendaciones. Sobre el terreno, cuando se examinan las prácticas de prevención en las empresas, se ve que estos riesgos raramente son tenidos en consideración.

Si se observa la curva de fallecimientos en Europa5/, ésta había alcanzado su nivel más elevado hacia mediados de abril de 2020. Baja con fuerza a continuación para remontar poco a poco a partir de la segunda quincena de agosto y dispararse en octubre. En el curso de la última semana de octubre se supera la barrera de los mil fallecimientos diarios de nuevo a pesar de una mejora notable de la asunción terapéutica de las afecciones graves.

La voluntad de retomar las actividades económicas a cualquier precio no ha estado acompañada por los medios técnicos y humanos para detectar y trazar los contactos de las personas diagnosticadas como positivas. Numerosas y numerosos responsables políticos han compartido la ilusión de que las aplicaciones informáticas descargadas permitirían reemplazar un trabajo humano minucioso de observación e investigación. Tal trabajo habría también sido una ocasión de intercambio de informaciones sobre las circunstancias precisas de los contagios en el trabajo, la vivienda, los transportes, etc.

La adhesión a la prevención ha sido reducida por la multiplicación de señales contradictorias. El trabajo era generalmente presentado como poco problemático cuando la experiencia cotidiana de éste, en sus condiciones reales, desmentía estas afirmaciones optimistas. De otra parte, se demandaba, con razón, mantener la guardia en el resto de la vida cotidiana tanto si se trataba de actividades festivas como de contactos interpersonales. Si en el trabajo las reglas han sido raramente respetadas, ¿porqué lo habrían sido en las demás actividades? Esta cuestión remite a un problema más fundamental que atraviesa todas las fases de la pandemia: un planteamiento muy autoritario de la prevención.

Reconfinamientos parciales

A partir de comienzos de octubre de 2020, no queda ninguna duda sobre la realidad de una segunda ola en Europa. Está atestiguada por un ascenso de las hospitalizaciones, luego de los fallecimientos, en España desde el mes de agosto. La segunda ola se extiende sobre territorios más amplios que los que habían sido afectados con fuerza por la primera ola. El espectro de un hundimiento de los servicios hospitalarios vuelve a la palestra con una inquietud agravada por la constatación de los estragos ligados a un tratamiento insuficiente de las demás patologías. La mayor parte de los gobiernos europeos se resignan a nuevas medidas de confinamiento. Esta vez, en el terreno del trabajo, todo parece resumirse a una dicotomía entre actividades que pueden ser ejercidas en teletrabajo y las que deben continuar de forma presencial. Cuando unas actividades son suspendidas, la razón de ser de estas medidas no es la protección de las y los trabajadores como tales sino la limitación de los contactos públicos (cierre de establecimientos de comercio no esenciales, de gimnasios o lugares culturales, paso parcial a la enseñanza a distancia…). Si el paso al teletrabajo se ha efectuado de forma precipitada en marzo y sin encuadramiento adecuado en la ley o en las negociaciones colectivas, la situación seis meses más tarde no es mucho mejor.

Un ángulo ciego común

Las políticas sanitarias puestas en marcha han estado centradas en las barreras: distancia entre las personas, mascarillas, desinfección. Lo más a menudo han sido dictadas por las autoridades públicas. El reparto de los roles entre las personas responsables y las expertas ha sido raramente transparente y a menudo ha sido conflictivo. Una de las enseñanzas esenciales de la lucha contra el SIDA ha sido descartada en beneficio de una vuelta con fuerza de un higienismo muy reticente hacia la aportación de los conocimientos no expertos de las personas afectadas. En la mayor parte de los grupos de expertos que han rodeado la toma de decisión de las y los ejecutivos, las ciencias humanas han estado reducidas a su mínima expresión.

En esta óptica, el trabajo se reduce a un lugar de concentración de individuos de la misma forma que puede serlo una ceremonia religiosa o una actividad deportiva. En el caso del Covid-19, el contagio por vía respiratoria implica forzosamente que el trabajo debe ser considerado como un vector importante de transmisión del virus. Es una actividad colectiva por esencia que implica interacciones múltiples entre personas y materias. Una simple utilización de reglas de higiene destinadas a establecer barreras espaciales no basta. Algunas reglas son inaplicables, otras supondrían modificaciones importantes de la organización del trabajo, de las normas de productividad, del margen de maniobra de las y los trabajadores sobre su actividad.

Los dispositivos estadísticos juegan un papel importante en la gestión de la pandemia. Construyen la realidad tanto como la describen. La recogida de los datos ha sido modelada por la OMS. Trata de los datos individuales (sexo, edad, residencia, factores de comorbilidad6/, hospitalización, eventual fallecimiento,…) y no plantea ningún dato sobre la actividad profesional de las personas afectadas u otros indicadores socioeconómicos. Todo ocurre como si se tratara de gestionar una masa socialmente indiferenciada de individuos susceptibles de transmitir el virus de una persona a otra. Los datos sobre la dimensión profesional solo han emergido progresivamente, de forma muy desigual de un país a otro, combinados a veces con otros elementos sobre las desigualdades sociales de salud7/.

Existe, en nuestra opinión, una relación estrecha entre estos límites y la voluntad política de no situar la cuestión de las desigualdades sociales en el centro de la prevención contra el Covid-19. Abrir la prevención a la especificidad del trabajo, es también intervenir sobre la correlación de fuerzas entre las y los trabajadores y la patronal en las empresas.

Dos perspectivas diametralmente opuestas

La protesta desde abajo se ha desplegado en dos vertientes. Una es reaccionaria y se apoya en interpretaciones conspiracionistas. Se encuentra en ella una mezcla de racismo (contra las comunidades asiáticas, sobre todo durante las primeras semanas de la pandemia), de reivindicación de la libertad individual como un derecho absoluto, de exaltación viril de la toma de riesgos, un culto del Producto Interior Bruto (una bajada de éste conllevaría más muertes que el Covid-19 en la versión académica de este discurso) y una desconfianza instintiva hacia toda valoración científica. Los partidos políticos de extrema derecha no han logrado en general encuadrar estas reacciones, salvo quizás en España donde Vox, con sus alianzas regionales con la derecha clásica, ha jugado un papel más activo que la Lega italiana o el Rassemblement National francés. Esta protesta se alimenta de críticas justificadas contra la insuficiencia de los dispositivos de protección social (sobre todo en Italia) o contra la gestión autoritaria de la crisis. No presenta ninguna alternativa de sociedad. Es una queja virulenta por la vuelta al antiguo orden.

La otra protesta ha venido del trabajo. Tiene un potencial radical. En todo el mundo las mujeres han estado en las primeras filas en la lucha contra la pandemia. En los hospitales, en las residencias de mayores, en los supermercados… Ha sido abandonadas en condiciones de prevención desastrosas, han asegurado la supervivencia de las y los demás a menudo al precio de su propia salud. Ha habido gente que ha querido virilizar esta dinámica decretando que se trataba de heroínas. En realidad la resistencia del personal sanitario se apoya en luchas anteriores en las que se forjaron identidades colectivas.

La visión higienista adoptada por los poderes públicos se enfrenta constantemente a las exigencias del trabajo real y a la exigencia patronal de mantener la productividad. El análisis de los clusters aparecidos tras el desconfinamiento muestra que, en ciertas actividades, la protección ofrecida por simples barreras higiénicas es ilusoria. En otras actividades imponen un trabajo diferente. Enseñar, hacer teatro, conducir un autobús respetando los gestos de barrera crean a menudo situaciones insostenibles y una desestabilización de las identidades profesionales. En gran medida, es el trabajo real el que alimenta un inmenso potencial de resistencia.

Éste se ha manifestado de forma intermitente y desigual en función de los países. Aparece, desde el domingo 1 de marzo de 2020, en el Museo del Louvre de París donde el ejercicio de un derecho de retirada colectivo por el personal impone un mínimo de medidas de prevención. En Italia del Norte, estallan muchas huelgas en marzo y obligan a parar un cierto número de fábricas mientras que una revuelta desesperada se apodera de ciertas prisiones. Algunas semanas más tarde, nuevos conflictos se desarrollan en Francia para decidir qué es esencial o no desde el punto de vista de las y los trabajadores. A veces son seguidos por decisiones judiciales como en la fábrica Renault de Sandouville o en diferentes centros de logística Amazon. En Bélgica, es una aplastante mayoría del personal conductor de autobuses y tranvías la que ejerce su derecho de retirada en mayo. La dirección había puesto en cuestión una parte de las medidas de prevención a fin de preparar el aumento del tráfico ligado al desconfinamiento. Otras luchas colectivas se han desarrollado en particular entre las y los obreros agrícolas en Italia para la regularización de las y los sinpapeles. La característica común de estos movimientos es hacer converger las exigencias de la salud en el trabajo con las de la salud pública.

La democracia en el trabajo podría ocupar un lugar singular en la actualidad de los próximos meses. Es una apuesta mucho más que una certeza. El trabajo real no puede ser reducido a un simple espacio en el que se podrían aplicar tal cual barreras higiénicas. Reconocer esto es permitir a los colectivos tomar la iniciativa sobre las condiciones de producción, valorizar su experiencia y repensar el trabajo en todos sus aspectos teniendo en cuenta tanto los imperativos sanitarios como el interés real que representa para la sociedad. Más allá del Covid-19, está en cuestión la esencia de la democracia permitiendo a las personas deliberar y decidir cotidianamente en qué debe consistir su actividad productiva.

HesaMag 22. 2º semestre 2020

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

Notas

1/ La redacción de este artículo terminó el 1/11/2020. Si se consideran las cifras disponibles a finales de octubre, Europa es, con los Estados Unidos, la región del mundo en la que la segunda ola de Covid-19 golpea con más intensidad.

2/ Bajo la presión de los sindicatos, la ministra francesa de trabajo ha autorizado la recuperación de las actividades del inspector el 13/08/2020, pero ha sido trasladado a 200 km de su domicilio. En una queja dirigida conjuntamente a la Organización Internacional del Trabajo, los sindicatos franceses señalan una treintena de casos de presiones ejercidas sobre inspectores de trabajo por su dirección.

3/ En México, tercer país más poblado del continente, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es mucho menos tajante que la de Trump o Bolsonaro. Concede sin embargo una prioridad al mantenimiento de la actividad económica en detrimento de las exigencias sanitarias.

4/ Desde antes de la apertura de las fronteras en el interior de la Unión Europea, se concedieron derogaciones para hacer venir masivamente personal trabajador temporero agrícola proveniente en particular de Rumanía.

5/ Se dispone de datos de una calidad variable sobre los fallecimientos declarados que son atribuidos al Covid-19. Los excesos de mortalidad global constatados en 2020 en relación a los años anteriores permiten afinar el análisis y tener en cuenta mejor los límites del registro de fallecimientos por Covid.

6/ El papel de las condiciones de trabajo en ciertos factores de co-morbilidad como ls afecciones pulmonares no ha sido objeto de investigación sistemática hasta el momento. Constituye sin embargo un factor potencial importante de desigualdad ante la muerte.

7/ El Instituto Sindical Europeo publicará próximamente un informe sobre los datos disponibles sobre el Covid-19 como riesgo profesional.

*https://vientosur.info/el-trabajo-angulo-ciego-en-la-crisis-de-covid-19/

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