Universidades Privadas

El proyecto de ley que impulsa una reforma a la educación universitaria privada podría asestar un duro golpe a estos centros de enseñanza superior, al cortar su única fuente de financiamiento e imponer nuevos requisitos.
Este es el principal reclamo que expresaron los rectores asociados a la Unión de Rectores de las Universidades Privadas (Unire), en una carta enviada a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la cual dictaminó la iniciativa en abril pasado.
La propuesta sugiere la creación de un registro de tarifas, costos de cursos, cánones y cualquier otro cobro que realizan las universidades privadas a los estudiantes, el cual sería supervisado por el Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup).
El temor de los representantes de las privadas, es que el Conesup, al ser el encargado de aprobar estas tarifas, busque beneficiar a los estudiantes bajando los costos, lo que se reflejaría en un detrimento de la calidad de la educación.
“La calidad tiene un costo en bibliotecas, buenos profesores, tecnología, y las matrículas son nuestra única fuente de ingresos. El financiamiento a las universidades públicas subió este año un 7% pero las privadas solo un 3%. Además, ellas tienen un préstamo de $200 millones otorgado por el Banco Mundial, nosotros no tenemos más que los cobros que realizamos”, dijo Albán Bonilla, director ejecutivo de Unire.
Las universidades públicas son financiadas por el Estado a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que superó los ¢440 mil millones este año.
Otro reclamo tiene que ver con la obligatoriedad de acreditar, ya sea con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes) o de una agencia similar, todas las carreras universitarias en las áreas de educación, salud, arquitectura y las ingenierías en el campo de la construcción.
Asimismo, las instituciones tendrán que acreditar sus aulas, bibliotecas, laboratorios, comedores, servicios estudiantiles, procesos de admisión y de graduación y la gestión administrativa.
Esta exigencia propiciaría el cierre de universidades que ya funcionan pero que no podrían enfrentar los costos de las acreditaciones. Ante ello, el Conesup cerraría sus instalaciones o alguna de sus carreras.
“Coincidimos con lo expuesto por Unire y estamos muy preocupados de que se lanzara un proyecto no consensuado. Además, no solventaron ningún cambio de los que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa había advertido como inconstitucionales”, añadió Silvia Castro, rectora de Ulacit.
Los rectores estiman que aun cuando la iniciativa propone nuevos plazos al Conesup para aprobar solicitudes de carreras, planes de estudio y nuevas sedes, no contribuye con una solución real, ya que los plazos siempre se incumplen.
Actualmente, estas aprobaciones tardan hasta dos años, lo que afecta la oferta académica y operación de los centros universitarios.