En el plantel San José Obrero, de la red de centros de educación Fe y Alegría, piden a los padres una colaboración para poder pagar la nómina de trabajadores.
Venezuela se enfrenta al reto de mantener vigente el Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria de 1870, al cumplirse 154 años del dictamen que hoy se traduce en dificultades para alumnos y profesores para asistir a las escuelas, lo que incide negativamente en educación de calidad, según expertos.
Para la docente Luisa Pernalete, con 50 años de experiencia escolar, la educación está en «emergencia» por «falta de docentes», ya que han abandonado las aulas por tener los salarios «más bajos» en «toda América Latina»: entre «25 y 40 dólares» mensuales.
«Venezuela ha perdido una cuarta parte de los docentes (…) No pueden satisfacer sus necesidades básicas y tienen que buscarse otro trabajo», dijo a EFE Pernalete, quien es parte del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría.
Sin embargo, para ella «lo más grave» es el llamado «horario mosaico», que consiste en la asistencia a clase entre «dos y tres días» a la semana, para que los maestros dediquen los demás días a otros trabajos.
En diciembre de 2023, en un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el coordinador del Observatorio Nacional por la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Lenín Romero, expuso un estudio en el que más del 80 % de una muestra de estudiantes públicos de los grados tercero y sexto registró el nivel más bajo en desempeño de lectura.
Recursos necesarios
En ese foro se reconoció la labor de Fe y Alegría, una red de centros de educación que recibe subvención del Estado. En uno de esos planteles, el San José Obrero, en Antímano, Caracas, Rafael Peña -su director- dijo a EFE que piden a los padres una colaboración de 20 dólares para pagar la nómina de trabajadores, aunque reconoció que hay progenitores que no los pueden pagar.
Valoró que el Estado siga «entregando los recursos» para la subvención, pero dijo que son insuficientes para «una educación de calidad».
«No queremos que ningún estudiante se vaya del colegio por no poder pagar y por eso vamos buscando ayuda con distintas instituciones (…) para becas», mencionó.
Gracias a estas alianzas, dijo Peña, el plantel ha superado «crisis importantes» como las inasistencias por falta de alimentación, una carencia que se ha logrado subsanar durante tres años, en los que se han suministrado alimentos a personal del colegio y estudiantes.
Estos logros se han manifestado en una asistencia del 98 %, según dijo, aunque aclara que en otros centros de la parroquia la situación no es tan alentadora.
Según el Gobierno, para el inicio del año escolar, en septiembre de 2023, arregló más de 7.000 colegios y registró 8,82 millones de estudiantes inscritos, aunque no hay información oficial sobre la asistencia y el cumplimiento de actividades escolares.
A falta de reportes públicos, han surgido estudios independientes, como la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), de la UCAB, que registró en 2023 que el 40 % de los estudiantes tuvo una asistencia irregular por huelgas o inasistencia del personal, enfermedades y falta de comida.
Durante el 2023 se registraron 812 protestas en todo el territorio nacional, lo que representa una disminución en el número de manifestaciones registradas por quinto año consecutivo del 16,54 % con respecto al año 2022, según un informe de la ONG Espacio Público.
Protestas registradas en Venezuela por sectores
El panorama de la lucha social estuvo protagonizado principalmente por la comunidad educativa, cuyo sector está constituido por docentes, personal administrativo y obreros, que de acuerdo al monitoreo de la actividad de calle, se movilizaron 282 veces, lo que representó 34,72 % del total de las protestas registradas. Este grupo de manifestantes se movilizó principalmente para exigir el cumplimiento de los derechos laborales, pago de pasivos, aumento de sueldos, y por la eliminación del instructivo Onapre.
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Las comunidades organizadas ocuparon el segundo lugar como el sector con más protestas, al totalizar 228 veces, 28,07 % del total de movimientos registrados en el 2023. Este grupo de manifestantes se caracterizó por ser altamente heterogéneo y estar conformado por estudiantes, sectores gremiales, partidos políticos, trabajadores/as públicos, activistas, docentes, comités de usuarios y transportistas.
En esta oportunidad, el seguimiento de las protestas evidenció que las exigencias de este sector estuvieron enfocadas en: denunciar fallas estructurales y el precario funcionamiento de los servicios públicos en general, exigir el respeto de los derechos políticos/civiles (garantías y cumplimientos del derecho a la protesta, en rechazo a políticas del Estado, criminalización de la actividad sindical, exigir el cierre de los centros de tortura), exigencia por el cumplimiento de los derechos laborales y derechos a la salud, en contra de los desalojos arbitrarios, en rechazo a la sentencia que condena a 16 años de cárcel a los seis sindicalistas, entre otros.
Los trabajadores/as del Estado ocupan el tercer puesto con 186 movilizaciones. Aumentos salariales, pago de compromisos y obligaciones laborales, liberación de trabajadores y sindicalistas detenidos, derogación del Instructivo Onapre, y el rechazo a políticas del Estado que afectan la garantía de derechos, formaron parte de las demandas más comunes.
Trabajadores del transporte y transportistas en general, se movilizaron en 22 (2,70 %) oportunidades para denunciar las irregularidades en el suministro de combustible, negociar el establecimiento del tabulario para regir las nuevas tarifas, exigir al Gobierno la aprobación de permisos para el funcionamiento de nuevas líneas o rutas de transporte, y rechazar la piratería.
Finalmente, los trabajadores del sector salud se desplazaron 19 veces, lo que representó 2,33 % del total de las manifestaciones realizadas este año. Personal de enfermería, camilleros, médicos, personal administrativo y obrero, protestaron para exigir reivindicaciones salariales y denunciar la falta de insumos en los centros hospitalarios.
Miles de trabajadores del sector público venezolano se han movilizado este 1 de mayo en diferentes ciudades del país para exigir mejoras salariales, condiciones laborales dignas y el respeto a sus derechos humanos.
Las protestas, que se han desarrollado en medio de un clima de tensión, han sido convocadas por diversas organizaciones sindicales y gremiales.
Lara
Con motivo del Día Internacional del Trabajador, gremios y sindicatos del estado Lara se movilizaron este miércoles en las calles de Barquisimeto para exigir salarios justos y el respeto de sus derechos laborales.
La jornada, marcada por la unidad y la determinación de los trabajadores, inició con una misa en la Iglesia San Francisco y culminará durante la mañana de este miércoles con una marcha hacia la Plaza Altagracia.
Naudy Torres, presidenta del Sindicato de Obreros Educacionales de Lara, manifestó que, en este Día del Trabajador, «no hay nada que celebrar, pero sí mucho que reclamar». Torres subrayó que los trabajadores seguirán en las calles, exigiendo un aumento salarial que les permita cubrir sus necesidades básicas.
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Carlos Giménez, presidente de FETRASINED SITE LARA, agregó que este Día del Trabajador es «quizás el más trascendental de los últimos años», ya que se encuentran «a pocos pasos de recuperar muchos derechos que se nos han conculcado».
Caracas
Centrales sindicales se concentran en Plaza Venezuela (Caracas, Distrito Capital) para exigir al Gobierno el cese de la persecución sindical y el aumento del salario mínimo en el Día Internacional del Trabajador. José Vicente Rivero, secretario general de la Central ASI Venezuela, recalca la constancia de la lucha de los sindicatos e insta a mantener las protestas.
Por su parte, la presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), Griselda Sánchez, exige en el Día del Trabajador la firma de un convenio colectivo para los trabajadores del sector educativo en torno a $600. «Sí es posible y sí es viable», asegura.
Anzoátegui
Trabajadores de la Coalición Sindical, movimiento de jubilados, dirigentes políticos y la sociedad civil del estado Anzoátegui se concentran en la plaza Bombón de Barcelona para conmemorar el Día del Trabajador con una marcha.
Los participantes exigirán, una vez más, que se lleve a cabo un ajuste salarial que tenga incidencia en la contratación colectiva y normativa laboral.
Los líderes solicitan que el sueldo se eleve a mínimo $200 y se brinden mejores condiciones laborales.
Se espera que como parte de la actividad, varios dirigentes tengan participación para dar a conocer las necesidades y solicitudes por cada sector.
Falcón
El dirigente gremial, profesor Oswaldo Reyes (Terri), Orador de orden en las actividades convocadas por la Coalision Intergremial del estado, en la plaza San Clemente de Coro, luego de la Eucaristía celebrada en la iglesia San Francisco, señaló, que hoy los trabajadores venezolanos luchan por sus justas reivindicaciones, por cuanto su calidad de vida está bastante menguada.
Asimismo Reyes puntualizó, que el salario es misero y el gobierno, como patrono no da visos para un aumento digno.
En lo referente a los bonos dijo que no están en contra, pero es una medida dacroniana del Gobierno nacional.
Consultado sobre la transición que podría darse en el país, luego de las elecciones del 28 de Julio para un cambio de gobierno, expresó que es necesaria para el país.
Yaracuy
En San Felipe, estado Yaracuy, se concentraron trabajadores en el centro de la ciudad, específicamente la Plaza José Joaquín Veroes, para manifestar su descontento por los b ajos ingresos salariales y la poca calidad de vida que enfrentan.
Están presentes trabajadores activos de salud, educación, abogados entre otros, también pensionados y jubilados.
De igual forma, están activistas y dirigentes de diversos partidos de oposición.
San Fernando de Apure
Trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores del estado Apure, Sindite, Sunep-Sass, Sutepss, Suma, marcharon en la mañana de este miércoles en el Paseo Libertador de San Fernando.
Sus reclamos coinciden no solo en exigir un importante salario mínimo que tenga como base los 200 dólares mensuales sino también que se restablezca la discusión de las convenciones colectivas de todos los sectores laborales
Zulia
Trabajadores públicos y pensionados zulianos protestan para exigir aumento salarial
Los trabajadores públicos y pensionados protestaron este miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador, para exigir un aumento salarial. Se concentraron a las 9.00 de la mañana en la Plazoleta de la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá desde donde partieron a la Plaza Bolívar de Maracaibo.
Henry González, presidente de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, seccional Zulia, declaró que todos los trabajadores a nivel nacional piden mejores condiciones laborales, el cese de la persecución y el libre ejercicio de la libertad sindical. “Pensar distinto no es un delito, protestar no es un delito, por el contrario es un derecho constitucional y hoy ejercemos ese derecho por nuestras mejoras salariales y nuestras mejoras contractuales”, aseguró.
Táchira
Centrales sindicales se concentraron en las inmediaciones del Mercado DIMO en San Cristóbal (estado Táchira) para exigir al Gobierno el aumento del salario mínimo y el cese a la persecución de dirigentes sindicales. Gladys Jaimes, presidenta de la seccional de la Central ASI Táchira, comentó que los trabajadores están sufriendo las malas políticas del estado venezolano, porque es de carácter público la corrupción que se ha generado en los últimos años sobre todo en PDVSA y que los trabajadores son los que están padeciendo por la crisis económica.
Por su parte, Douglas Barboza presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, denunció que la tabla de la Onapre solo les quita los derechos contractuales a los trabajadores.
Frank Andrade, secretario nacional de la oficina de Reclamo y Contratación del Colegio de Profesores de Venezuela, denunció que el magisterio venezolano ha sufrido una pérdida significativa de derechos sociales y una disminución de salarios a “niveles miserables” desde la firma de la segunda convención colectiva de trabajo en 2018. Esta situación ha afectado la calidad de la educación en el país.
Andrade destacó que el salario promedio de un docente que se ubica entre las categorías del uno al seis es de entre 40 y 50 dólares mensuales. “La gran mayoría de los docentes que está entre las categorías uno y cuatro no devenga un dólar diario”, expresó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.
El secretario nacional señaló que muchos educadores han tenido que complementar sus ingresos con otras actividades debido a los bajos salarios. Además, criticó las políticas neoliberales del Gobierno, como el reciente aumento en los pasajes, que han reducido aún más los ingresos de los docentes.
“Entonces, en la práctica el maestro, el docente está en pobreza extrema”, dijo Andrade. La falta de respuesta del gobierno a las demandas salariales de los educadores ha llevado a una crisis en el sector, con muchos educadores renunciando y migrando. “Más de 150 mil educadores se han ido del país”, destacó.
Andrade también denunció la persecución y amenazas del gobierno venezolano hacia los educadores, lo que ha llevado a un deterioro en la calidad educativa y a un aumento de la deserción escolar. “El gobierno ha manifestado que no permitirá que los pobres salgan de la pobreza”, señaló.
Según Andrade, el Gobierno ha dejado el tema salarial en un segundo plano, enfocándose en las elecciones del 28 de julio. Muchos educadores ven en un cambio político la única solución para sus problemas.
Finalmente, Andrade aseguró que el Colegio de Profesores de Venezuela sigue en pie de lucha y continuará reclamando sus derechos. “No nos rendiremos”, concluyó.
Más de 2,6 millones de niños no asisten a clases con regularidad en Venezuela. Las aulas se están quedando vacías y así va aumentando la vulnerabilidad y se disminuyen las oportunidades de progreso para las futuras generaciones.
En Venezuela, los niños y jóvenes entre los 8 y 17 años sufren rezago escolar severo (un atraso educativo de dos años o más) y son 88% más probables de ser pobres en el futuro. Este es uno de los datos que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) presentó el pasado 15 de marzo en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde se mostró una radiografía de las vulnerabilidades y desigualdades que vivieron los venezolanos durante el año 2023.
El problema educativo en el país es multidimensional y no solo abarca el rezago escolar, sino también a las infraestructuras que se caen a pedazos, la falla en los servicios públicos, los bajos sueldos de los maestros y hasta el pensum cambiante.
La crisis en el sistema es un reflejo de la ausencia de políticas públicas y la falta de presupuesto del Gobierno de Nicolas Maduro. La prueba es el monto que otorgó este 2024: del 100% del presupuesto nacional solo 10,25 % fue destinado a la educación, de los cuales solo el 2,6% fue para la educación universitaria.
Desde 2023 los economistas hablan de crecimiento económico y deflación y las personas tienen expectativas de progreso y mayor bienestar. Sin embargo, no se puede hablar de progreso ignorando la realidad de los millones de niños y jóvenes que viven desescolarizados, lo cual repercutirá en sus ingresos económicos y oportunidades laborales en el futuro.
Veamos las estadísticas que nos presenta Encovi al respecto: en promedio, las personas que no tienen nivel educativo perciben una remuneración de 1,25 dólares la hora, para los que terminan el bachillerato el monto sube a $2,62 la hora y los que tienen estudios universitarios pueden percibir $3,94 la hora o más.
No solo más pobres, también más vulnerables
El rezago, la deserción y la desescolarización no solo más pobre a la población de niños y jóvenes, sino también más vulnerables. El índice de vulnerabilidad propuesto por Encovi se centra en aquellas áreas que afectan la calidad de vida de los hogares.
El profesor Luis Pedro España, uno de los investigadores a cargo de la presentación, explicó que el 78% de la vulnerabilidad moderada o severa se concentra en el 30% mas pobre del país.
Foto Miguel Zambrano / AFP
“Los hogares son vulnerables en mayor medida en aquellas áreas donde las condiciones son más difíciles de cambiar desde el ingreso de las familias”, agregó España. Durante el 2023, la educación ocupó el 5to lugar en el índice de vulnerabilidad de Encovi, afectando al 11% de la población.
Las personas que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad son la población entre 6 y 17 años que no asiste a ningún centro educativo, los niños y jóvenes de 8 a 17 años con rezago severo y los adultos de 18 años o más que no completaron o tienen menos de los 11 años de nivel educativo.
Población escolarizada: aumentó, pero no lo suficiente
En 2023, según la Encovi, el porcentaje de la población escolarizada subió a 66%, lo que representa un incremento de tres puntos porcentuales en comparación con el 2022 y ubica al país en una cifra parecida de escolaridad a la que se tenía pre-pandemia.
En números esto representa que 7,61 millones de niños y adolescentes, entre 3 y 24 años, recibieron clases en el 2023 y aunque esto parezca una cifra alentadora realmente no lo es.
Si bien aumentó la escolaridad, esta no creció proporcionalmente con la demanda demográfica de niños y jóvenes que piden estudiar.Hay una brecha de casi 4 millones de personas que siguen sin estar escolarizadas y lo necesitan. Además, los investigadores de Encovi explicaron quede esos 7,61 millones de personas, el 40% (2,6 millones de niños) no asiste a clases con regularidad, una situación que aumenta el rezago escolar y por tanto la vulnerabilidad y la pobreza futura.
“Se trata de 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes que faltan algunos días a clases, y casi el 50% de las razones aludidas con mayor frecuencia tienen que ver con la falta del personal docente por huelgas (30%) o por ausentismo (18%). Otras razones menos mencionadas, pero muy relevantes, tienen que ver con fallas en los servicios públicos y falta de comida en el hogar o la escuela”, comentó la profesora Anitza Freitez, también a cargo de la investigación.
Sin acceso a una educación de calidad, también se genera una brecha que minimiza la igualdad de oportunidades laborales y aumenta la pobreza. Durante el 2023, en Venezuela solo 1 de cada 10 niños o el 12% de la población estudió en una institución privada, lo que se traduce en 66% menos de probabilidades de que sean pobres a futuros.
Al contrario de lo que ocurre en los colegios públicos, con los cuales los niños aumentan en un 69% sus probabilidades de ser pobres solo por estudiar en este tipo de institución.
El rezago escolar: un detalle de lo que ocurre
No solo los niños y jóvenes no estudian, sino que cuando lo hacen muchas veces están atrasados al grado que por edad deberían estar cursando. Según lo reportado por Encovi, el rezago escolar aumentó en comparación con las estadísticas del 2019-2020. Entre los niños de 7 a 11 años subió de 32% a un 40% en el 2023, siendo predominante el rezago en las mujeres (37%) que en los hombres (34%).
Los adolescentes de 12 a 17 años sufren aun más rezago escolar, los hombres tienen un 55% de rezago de los cuales 18% es rezago severo (2 o más años de retraso). En el caso de las mujeres, el atraso en su escolaridad es de 46%.
Ante estas cifras la profesora Freitez manifestó que la población escolarizada con rezago severo hoy está en riesgo de quedar excluida del proceso educativo, si no se toman acciones.
En sus propias palabras: ¿por qué los jóvenes no continúan con sus estudios?
Además de las razones obvias como las fallas en el sistema educativo, en la encuesta Encovi los niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de manifestar que razones los motivan o no a seguir estudiando. En el caso de los hombres entre 12 y 17 con deserción escolar, el 31% afirmó que dejan de estudiar porque deben salir a trabajar. Otras de las razones de peso entre este grupo de edad es que simplemente no quieren seguir estudiando, así lo aseguraron un 29% de los hombres encuestados y un 27% de las mujeres.
¿Por qué no quieren seguir estudiando? El 30% afirmó que no se sienten motivados por el ambiente escolar a seguir con sus estudios. Otra de las razones es queno les parece de utilidad lo que están aprendiendo en las aulas (25% de mujeres y 13% de hombres entre 12 y 17 años opina esto).
¿Y las soluciones?
Aunque el panorama es desalentador, los profesores encargados de la presentación de la encuesta Encovi propusieron algunas políticas públicas para dar respuesta y mitigar la crisis de escolaridad en Venezuela.
En primer lugar, plantearon que se diseñen estrategias que prologuen la permanencia de los jóvenes en la escuela y que luego de allí puedan tener acceso a primeros empleos. Además, instaron al gobierno a eliminar el horario escolar mosaico, donde los educadores asisten menos días a clases.
Para leer más sobre los resultados y las propuestas de la encuesta Encovi 2023, pueden hacerlo ingresando al siguiente enlace:https://www.proyectoencovi.com
Los detalles fueron presentados por la Universidad Católica Andrés Bello este miércoles 13 de marzo.
País.- Un total de 3 millones 984 mil 517 venezolanos, con edades comprendidas entre los 3 y los 24 años, no cursan ningún tipo de estudios, según la Encuesta de Condiciones de Vida(Encovi) del año 2023, cuyos resultados fueron presentados este miércoles 13 de marzo por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El estudio demostró, tras hacer entrevistas en 16 mil 212 hogares del país, que la demanda potencial de estudiantes es de 11 millones 597 mil 754 personas, mientras que la población escolarizada es de 7 millones 613 mil 237, lo que deja a un 34 % de niños y adolescentes desescolarizados por múltiples motivos.
Entre las razones por las que estas personas abandonan los estudios, la encuesta reveló que el 19 % de las mujeres de entre 18 y 24 años que dejan de ir a clases lo hace por «embarazo, cuidar hijos o atender el hogar».
La cobertura global de educación alcanzó el 66 % en 2023, un 3 % más que en 2022, pero menos que en 2016, cuando el 76 % de la población en edad estaban escolarizados.
La Encovi, que se aplica en Caracas y en nueve de los 23 estados del país, remarcó que solo el 14 % de los hombres y el 21 % de las mujeres de entre 18 y 24 años continúan con sus estudios.
Asimismo, el estudio reveló que el 60 % de la población estudiantil asiste regularmente a clases «con cierta normalidad», mientras que un 40 % se ausenta de las aulas por motivos que incluyen la falta de comida en el plantel educativo, las huelgas del personal por mejoras salariales, los fallos en los servicios básicos y la inasistencia de docentes.
Además, el estudio concluyó que el 62 % de los estudiantes de primaria y bachillerato reciben alimentación gratuita en las escuelas y liceos, aunque solo algunos días por semana.
Según el Gobierno, unos 8,82 millones de estudiantes comenzaron en octubre pasado el año escolar vigente en más de 28 mil 300 centros educativos, lo que deja fuera a algunas universidades, especialmente del sector privado, que marcan sus propios períodos de manera independiente.
Destinar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país a la educación es una propuesta de Benjamín Scharifker, doctor en fisicoquímica, exrector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana y Carlos Fernando Calatrava, director de la Escuela De Educación de la Universidad Católica Andrés Bello.
Estas declaraciones fueron emitidas, la mañana de este martes 5 de marzo, en entrevista para el circuito radial @mundourweb, donde Scharifker comentó que este monto es lo que se invierte en otros países, sin embargo, “al no tener cifras claras en Venezuela, se hace muy difícil conocer montos exactos”.
Detalló que con esta cifra se incluye a todo el país con esfuerzo tanto del sector privado como del público, e indicó, además, que “se debe resolver la valoración de la educación por parte de la sociedad», insistiendo en que «mientras no se establezca el valor de la educación, no se podrá atender el segundo problema, el financiamiento de esta actividad que es costosa”.
“En Venezuela no tenemos a la educación como un tema de importancia nacional en el ámbito político. En el área empresarial tampoco se ha hecho este esfuerzo que los beneficia. Para valorar la educación, los profesores deben tener una compensación acorde al trabajo que hacen”.
Por otra parte, a través de distintas investigaciones, Calatrava determinó que con 75 mil millones de dólares; en 5 años se pueden construir alrededor de 24 mil escuelas, formando más de 250 mil educadores y llevando el salario de los profesores al promedio de Suramérica, aproximadamente 957 dólares mensuales.
“Si se ve como un gran pacto social para la educación, los ciudadanos pagarán felizmente los impuestos y las empresas estarían cómodamente alegres de invertir en educación”, explicó.
La falta de respaldo social, de voluntad política y ciudadana al tema educativo para darle el lugar que se merece, es lo que más duele, dijo. También advirtió que se debe avanzar en la municipalización de las escuelas, asegurando que al gobierno municipal le corresponde el preescolar y la primaria.
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