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La estafa del Primero de Mayo

Por: Roberto Patiño

Llegando al Primero de Mayo, la mayoría de los venezolanos parecía haber hecho sus quinielas sobre el monto en que quedaría el salario mínimo en Venezuela, una práctica común en un país donde la supervivencia de buena parte de los trabajadores está atada a la decisión de un solo hombre, dada la ausencia de mecanismos para el consenso entre empresarios y el Estado, el desconocimiento a los gremios independientes y la persistencia saboteadora de un sindicalismo oficial, leal con los intereses del régimen. Sólo los más pesimistas pudieron haber acertado sobre la estafa que se anunciaría horas más tarde y que pudimos ver en directo por las cámaras de Venezolana de Televisión.

Como ya es conocido por todos, Nicolás Maduro no aumentó el salario mínimo integral que queda en un estimado de cinco dólares al momento de escribir este artículo (según la tasa de cambio oficial), incrementó los Cesta Ticket a cuarenta dólares y el llamado Bono de la guerra económica subió hasta los treinta dólares, después de haber anunciado, el día anterior, que el Bono sería de veinte dólares, lo que es otra evidencia del nivel de improvisación de las medidas económicas y la inquietud que debió generar en Miraflores las primeras reacciones a los anuncios.

Lo ocurrido el 1 de mayo en Venezuela pone a nuestra nación en el último escalafón en los salarios en la región y uno de los más bajos del mundo, condena a la pobreza a quienes dependen de su trabajo en la administración pública, margina a los pensionados del país que no tienen derecho a los Cesta Ticket y le quita beneficios a los trabajadores al no incluirse los llamados “bonos” en las prestaciones sociales. Todo esto en medio de una parafernalia oficial que celebra el origen sindical y obrero del líder máximo de una revolución que llegó al poder levantando, entre otras banderas, el de las luchas sindicales y donde Hugo Chávez criticó las “bonificaciones” como estrategia engañosa para compensar el salario sin aumentar las jubilaciones.

Lo ocurrido en el país a comienzos de este mes, afectará a la administración pública al empujar a sus trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo o abandonar definitivamente sus cargos, tendrá efectos muy concretos sobre la calidad de los servicios públicos, desmantelará los restos de la educación pública venezolana y su sistema sanitario, mantendrá a los trabajadores movilizados y expulsará a miles de venezolanos fuera de su patria, familias que deberán buscar subsistir en otras partes del mundo, todas estas consecuencias  de un sistema de gobierno que carece de una política económica coherente y que ha apelado a la represión como la única y quizás más efectiva estrategia para garantizar la “paz” en la calle.

A la estela del escándalo de corrupción que se desveló en el interior de la industria petrolera venezolana, con un estimado de 3 mil millones de dólares perdidos (hay quienes elevan esta cifra hasta los 9 mil millones, e incluso más, gracias a la ausencia de datos oficiales) es imposible considerar que la precariedad de los salarios en el país se debe a las sanciones y el bloqueo imperial. La miseria a la que fuimos condenados el 1 de mayo fue una decisión política, improvisada, embadurnada de argumentos ideológicos endebles, una imposición que demuestra la desconexión del régimen con el país y un acto de doloroso cinismo en el que se exige a las mayorías una “resistencia” que los poderosos no son capaces de practicar.

La humillación que vivimos aquella tarde nos recuerda la certeza de que la única posibilidad que tienen los venezolanos para vivir en su país está en la capacidad que tengamos para organizarnos, de manera solidaria, con los gremios y sindicatos que siguen movilizados en la calle y, sobre todo, en la medida que sigamos trabajando por el cambio pacífico que desean la mayoría de los venezolanos.

Sólo el regreso de la democracia, con todas las garantías políticas que conllevan, los trabajadores tendrán la capacidad de exigir y negociar sus condiciones laborales dentro de una economía que ofrezca garantías para el emprendimiento y reglas de juego claro para los inversores.

Luchar por este cambio ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

www.rpatino.com

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/la-estafa-del-primero-de-mayo/

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Venezuela: No habrá protección a niños, niñas y adolescentes si el Estado no da recursos

Sin recursos ni redes de trabajo conjunto entre el Estado venezolano y la sociedad civil, no habrá la debida protección de la vida de niños, niñas y adolescentes.

Así lo afirmó la coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia(OVV), Gloria Perdomo, en su análisis sobre lo que expone el libro Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela, víctimas ignoradas e invisibles.

Perdomo, en entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, habló sobre las preocupantes cifras de violencia que encontraron y la escandalosa cantidad deniños, niñas y adolescentes (NNA) fallecidos. En algunos casos, no se sabe si mueren por descuido, negligencia o alguna situación más grave que pudiese ser institucionalmente penada.

“El Estado en esta materia tiene que poner recursos. No es solo dar un discurso, no es elaborar una infografía, no es publicar una valla bonita. Hay que poner recursos para programas de salud mental, de atención a las personas lesionadas y heridas, programas de escuelas de padres y seguimiento y monitoreo a las familias que están en riesgo, programas de asistencia económica a familias que están en una situación crítica”, afirmó la representante del OVV.

De acuerdo con Perdomo, las necesidades son muchas, pero el primer paso en el camino hacia la solución es liberar recursos y unificar esfuerzos entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil encargada de proteger a NNA porque la crisis humanitaria en Venezuela está siendo un obstáculo grande para el desarrollo eficiente de la labor de los Consejos de Protección, que actualmente no están activos en la totalidad del territorio nacional. Pero donde sí están, no manejan los recursos suficientes ni para imprimir un papel.

“En donde existen, están, pero funcionando muy precariamente, con unos poquitos consejeros de protección, con las manos atadas porque no tienen recursos; a veces no tienen ni con qué imprimir una decisión que acaban de optar”, dijo.

“¡Los niños necesitan recursos hoy! Es en este presente porque a ese Consejo de Protección, cuando llega una emergencia, no se le puede decir: oye, espérate para cuando nos manden los recursos”, manifestó.

Órganos de protección sin proteger

Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (órganos creados en el marco de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) están para velar por el cumplimiento de los derechos de este grupo poblacional, brindar medidas de protección y promover su pleno desarrollo. Esto quiere decir que son responsables de recibir, evaluar y atender denuncias de violaciones a los derechos de los NNA, así como de brindar medidas de protección y asistencia a aquellos que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Pero la falta de recursos impide que esto se cumpla al pie de la letra de la ley. 

“Uno lo que encuentra es omisión. Cuando digo omisión es que no se está cumpliendo, no existe, la política y el plan nacional. El Consejo de Protección, si bien existe en la mayoría de los municipios del país, no tienen recursos, personal, no cuentan con cronograma, multicobertura. (Añadiendo que) estamos en una situación de emergencia humanitariaen el país (donde) debería ser prioridad atender a las víctimas”, agregó.

Igualmente mencionó que “la LOPNNA ordena que exista en cada municipio del país los Consejo de Protección, los programas, los servicios, pero para que eso funcione hace falta el dinero, la voluntad política, la decisión pública de entender que esto es una prioridad y no puede ser postergada”.

Al respecto, instó al Estado venezolano a trabajar de manera inmediata en fortalecer los Consejos. ¿Cómo? Asignando recursos, capacitando, poniendo más personal, elaborando y ejecutando programas de salud mental, económicos y de alimentación para NNA.

Asimismo, pidió al Gobierno entender que la protección a los derechos de los NNA “es una tarea que el Estado no puede hacer solo”.

En este sentido, dijo que las organizaciones de derechos humanos deben ser vistas como un aliado. Si bien, parece que critican el trabajo del Estado haciendo visible algún problema, lo hacen “para que se solucione”.

¿Qué dice el libro?

En el libro se describen las diferentes manifestaciones de violencia en el país hacia niños, niñas y adolescentes. Además en el libro se destacan las consecuencias negativas que tienen en las víctimas.

En cuanto a los tipos de violencia, el OVV menciona la violencia estructural que ocurre cuando hay condiciones de vida precarias que limitan el acceso a alimentos, servicios básicos y otros recursos esenciales para sobrevivir. Por ejemplo, NNA que llegan a los hospitales y no reciben la atención necesaria, por lo cual han muerto.

También mencionó la violencia familiar, una de las más preocupantes porque se determinaron muchos casos de tratos crueles, negligencia e incluso de infantes muertos. Además, el OVV hace mención a la violencia sexual, que se encuentra presente en todas las áreas estudiadas.

En detalle, el libro divide en grupos los delitos contra NNA durante el 2021 de la siguiente manera:

Casos de homicidios: Registraron 152 homicidios cometidos contra adolescentes y 59 contra niños y niñas.

Muertes por averiguación: 468 muertes de adolescentes y 643 muertes de niños y niñas siguen sin esclarecer y en investigación.

Delitos sexuales: 124 casos de violación contra adolescentes y 41 contra niños y niñas.

¿Qué puede hacer la sociedad?

La coordinadora del OVV dio una serie de recomendaciones sobre qué puede hacer el ciudadano para defender la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes. Lo más importante que destacó es que si alguien conoce un caso de una víctima de violencia o vulneración a sus derechos, debe hacer saber del hecho ante el Consejo Municipal de Derecho de NNA porque guardar silencio es un acto de complicidad.

“No quedarse callado aunque, en algún momento dado, sintamos temor”. Y si el hecho pone en riesgo también la vida del denunciante, lo mejor es buscar una vía para hacer llegar el caso a las autoridades o pedir a alguien más denunciar.

También mencionó que es muy valioso exigir a las autoridades atención y protección para los más vulnerables; de lo cual resaltó que ha visto a la sociedad venezolana más organizada y enfocada en promover actividades humanitarias a favor y atención de niños, niñas y adolescentes en riesgo. “Eso dice mucho de quienes somos como país… y hay que seguirlo haciendo”.

Leer más en: www.radiofeyalegrianoticias.com

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Magisterio rechaza propuesta sobre contrato colectivo: «Ministra, ocúpese del estado de la educación en Venezuela»

El pasado viernes 5 de mayo Yelitze Santaella, ministra de Educación, informó que iniciarán una consulta con el objetivo de elaborar un nuevo contrato. Los maestros están preocupados porque estiman que se romperá la contratación colectiva. «Eso es algo sumamente preocupante y peligroso para el magisterio», aseguró el presidente de Fetramagisterio

El presidente de la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela (Fetramagisterio), Nelson González, criticó la propuesta de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, de iniciar una consulta pública a fin de elaborar un nuevo contrato colectivo para el gremio docente.

Ministra, zapatero a su zapato. Ocúpese del estado de la educación en Venezuela, ocúpese del estado de las escuelas, ocúpese del Programa de Alimentación Escolar. Nosotros nos ocupamos de las reivindicaciones de los trabajadores. Esa no es su función, ministra”, declaró González este lunes 8 de mayo al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.

Nelson González, presidente de Fetramagisterio.

El pasado viernes 5 de mayo Santaella informó que iniciarán dicha consulta con el objetivo de elaborar un nuevo contrato colectivo, pero no detalló cuando.

«Los próximos meses también se va a instalar una comisión especialpara atender el contrato colectivo. Un contrato colectivo innovador, no basado sobre lo que venimos haciendo”, expresó durante su visita al estado Trujillo para participar en los Juegos Deportivos Estadales.

González cree que con esas declaraciones la ministra de Educación le está dando “una patada” a la mesa de discusión sobre la contratación colectiva, que desde noviembre de 2022 está suspendida, “cuando el Estado patrono no volvió, tampoco el ministerio del Trabajo”.

Preocupados

González manifestó su preocupación por esta medida que según él romperá con el esquema de la contratación colectiva, reseñó Radio Fe y Alegría Noticias.

Eso es algo sumamente preocupante y peligroso para el magisterio, porque encierra la violación del sistema jurídico venezolano. Eso significa contradecir a las organizaciones sindicales, al magisterio y a todos los trabajadores en general, con un contrato marco de la administración pública, buscando hacer una reunión normativa-laboral, donde firmen un contrato con sindicales y federaciones afines al Estado venezolano, que destruya las conquistas que tienen más de 80 y 90 años en el seno de los trabajadores venezolanos”, alertó González.

https://versionfinal.com.ve/ciudad/magisterio-rechaza-propuesta-sobre-contrato-colectivo-ministra-ocupese-del-estado-de-la-educacion-en-venezuela/

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Primero de Mayo y la esperanza

Por: Roberto Patiño

Para muchos venezolanos que aspiran a poder vivir de su trabajo honesto, aparece nuevamente la fecha del Primero de Mayo como un hito en el calendario, un día en el que la esperanza se atrinchera con la ilusión de que se tomen las decisiones necesarias para que los trabajadores dispongan de un sueldo digno.

Una aspiración que año a año es traicionada, como lo demuestra la pasiva indiferencia del Estado ante los reclamos de los trabajadores movilizados, la burla de pretender compensar los salarios con bonos entregados de manera arbitraria sin cotizar en las prestaciones sociales y las estrategias emprendidas por el régimen, a través del Instructivo Onapre, con la que se les desconoce décadas de luchas sindicales en toda la administración pública.

Con el paso del tiempo, el Primero de Mayo se está convirtiendo en Venezuela en una fecha que ha perdido su razón de ser, un día donde solo se celebra los protocolos y los gestos vacíos.

Por un lado vemos a un régimen que afirma estar al lado de la clase trabajadora, ser consciente de sus luchas, mientras recibe las bendiciones de los empleados movilizados a la fuerza delante las cámaras de Venezolana de Televisión. En la otra esquina de la realidad, observamos a buena parte de la administración pública sometida al hambre, acosada por grupos violentos en sus protestas, donde sus líderes son detenidos de manera arbitraria y donde la deserción laboral parece ser la única vía que pueden asumir todos los padres de familia responsables. Todo un sainete que convocaría a la carcajada si no fuera tan lamentable la situación a la que están sometidos los trabajadores honestos que dependen del Estado.

Si algo hemos aprendido con las malas noticias en torno a la corrupción en Petróleos de Venezuela y el sistema judicial venezolano, es que el Estado ha dispuesto de recursos suficientes para garantizar salarios dignos, pero fue una decisión política no hacerlo: el dinero siempre estuvo allí, pero era utilizado para financiar a las diversas camarillas que sustentan el poder del régimen. Ni el llamado “bloqueo” ni la corrupción son argumentos creíbles con los que se pueden defender los voceros del poder.

A pocos días del Primero de Mayo, la esperanza no debe estar al lado de la voluntad del poderoso, debe enfocarse en la organización y apoyo a los gremios movilizados en las protestas de los últimos meses.

Debemos estar allí junto a ellos, al lado de los trabajadores de la salud, junto a Mauro y Pablo Zambrano; a la líder sindical Zenaida Figuera de Sunep-Sas; Luis Cano y Carlos Julio Rivera, representantes de pensionados y jubilados; Elsa Castillo y Edgar Machado, líderes del gremio educativo; y junto a todos ellos, los trabajadores, la sociedad civil organizada y los nuevos liderazgos que se construyen de abajo hacia arriba. El esfuerzo coordinado y solidario con nuestros trabajadores en la calle es el mejor tributo que podemos dar en esta fecha. La esperanza debe movilizarnos en nuestras luchas pacíficas por el cambio democrático que quiere la mayoría de los venezolanos. Sólo en democracia, con plenas libertades, se puede comenzar a reconstruir un sistema en el que los trabajadores puedan vivir dignamente y el Primero de Mayo vuelva a ser una fecha importante.

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/primero-de-mayo-y-la-esperanza/

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El derecho a la educación es una tarea pendiente en Venezuela

La Asociación Civil Con La Escuela presentó el informe final de su programa de monitoreo “Red de Observadores Escolares 2022- 2023” cuyo objetivo principal es exponer ante la opinión pública la situación escolar venezolana.

Desde finales de noviembre de 2022  la organización implementó este proyecto con la aplicación de 4 encuestas para  generar información de dominio público sobre el estado de los derechos educativos en Venezuela y la situación de escuelas, alumnos y docentes en 79 planteles de educación inicial, primaria y media, ubicados en siete estados del país.

Durante la presentación el Coordinador General de Con la Escuela, Oscar Iván Rose, informó que “el estudio mostró que garantizar el derecho a la educación es una tarea pendiente en Venezuela”. El educador recuerda que en la CRBV en su artículo 103 está establecido este derecho pero la realidad es que “las escuelas sufren deterioro en su infraestructura, la repitencia aumenta y la calidad del aprendizaje disminuye”.

Un dato a destacar dentro del informe final presentado por la Asociación Civil Con la Escuela es que el 68% de las escuelas públicas son las más afectadas por la escasez de docentes. “Debemos tener presente que docentes bien formados, apoyados y valorados son esenciales para garantizar educación de calidad y lograr cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Por esta razón, los docentes son prioridad para la UNESCO”, señaló el coordinador de Con la Escuela.

Como conclusión este informe presenta tres puntos:
1. Múltiples factores vulneran el derecho a la educación de los estudiantes
2. La precaria situación de los docentes afecta su presencia en las escuelas y
3. Un recinto escolar deteriorado e insuficiente no garantiza el día efectivo de clases.

Para conocer en detalle el informe del Observatorio  “Red de Observadores Escolares 2022- 2023”, les invitamos a visitar la página web de Con la Escuela

https://observadorlatino.com/noticias/con-la-escuela-el-derecho-a-la-educacion-es-una-tarea-pendiente-en-venezuela/

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Con la Escuela: En Venezuela no se cumple el Artículo 103 de la Constitución sobre el derecho de todos a una educación de calidad.

En Venezuela no se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 103 de la Constitución, que establece que todo ciudadano tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, y esto lo reflejan los resultados el estudio realizado por la organización Con la Escuela.

La información con los resultados la dio a conocer el Coordinador de la Institución investigadora, Carlos Iván Rosas, luego que se informara que el estudio se realizó sobre un total de 79 escuelas, en siete estados: Anzoátegui, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Lara, Miranda y Zulia y 410 docentes y los planteles fueron clasificados en 50,6% rurales. 30,.4$ urbanos y 3,8% privados.

En el estudio se tomaron en consideración cuatro factores determinantes; La infraestructura de las instalaciones; La matricula y la deserción escolar; La situación social de los maestros y Fluidez de Lectura donde se seleccionaron 352 alumnos de tercer grado.

Asegura que múltiples factores afectan el derecho a la educación, indicando que el primero de ellos tiene que ver con el fracaso escolar y con la perdida de aprendizaje. Señala que en el 93,7 de los planteles públicos hay repitientes, mientras que los docentes señalan que solo en el 6,2% de los planteles privados hay estudiantes repitientes; asimismo se observa como el fracaso escolar golpea más a los varones que a las hembras, ya que el 57,3% de los varones repiten más que las hembras, quienes tiene un 41,7% de repitencia.

Cuando se enfoca en la calidad del aprendizaje, venimos de dos años de pandemia y se ha reconocido que ha habido perdida en el aprendizaje, evaluándose una muestra piloto de alumnos de tercer grado, se obtuvo que lee en promedio 48 palabras por minuto, cuando el estándar internacional es de 60 palabras por minuto, recordando que el texto que se les dio a leer correspondía al segundo grado, lo que evidencia que no superaban ni siquiera el segundo grado, admitiendo que hubo un porcentaje bajo que no leía absolutamente nada y allí cabe la pregunta, como un alumno que no sabía leer llegaba a tercer grado. Dijo que el objetivo es que este estudio se amplíe para determinar la magnitud del problema en todo el país.

Sobre la obligatoriedad de la educación en todos los niveles, señaló que la oferta de la educación en primaria es de 65%, mientras que en secundaria es de 25%, hay una caída en la medida que pasan de la educación primaria a secundaria, recordando que en Venezuela hay 1,5 millones de personas en edad escolar fuera de la escuela.

Tampoco en materia de cotidianidad se cumplen las cosas en la educación en Venezuela, el 56% de los pupitres está en mal estado, el 43% de los pupitres son insuficientes para atender la matricula; el 36% son insuficientes para atender la matricula; 27,9 de los pizarrones están en mal estado o inservibles; el 40% no poseen computadoras; 50% no cuentan con biblioteca escolar; el 74% no tiene laboratorios; el75% no tiene Internet; el 53% de los baños está en mal estado, lo cual es causa de inasistencia escolar; 48% de los lavamanos está en mal estado; el 36% de la grifería no funciona; las pocetas, 48,1% en mal estado, es decir que alrededor del 50% de los baños en los planteles estudiados tienen problemas.

Se refirió a la Inequidad de las instituciones, según su dependencia, siendo la escuela pública la más afectada, de cada 100 escuelas donde hay alumnos repitientes, el 93% corresponden a escuelas públicas y apenas un 7% está en el sector privado.

Con respecto a la escasez de los docentes, el 68% de las escuelas están siendo afectadas por la escasez de docentes, tanto primaria como en secundaria, es común y habitual que no haya docentes para atender a los estudiantes; solo 1/3 de las escuelas públicas tienen tanques de agua.

Señaló que uno de los mayores problemas en nuestra educación es la inasistencia, señalando que ha una multitud de causas, y ronda entre un 20% y un 50% durante todo el año, pero todas tienen problemas de inasistencia, lo cual se agrava con el incumplimiento del calendario escolar, cuando se aplicó la encuesta ya se había perdido cerca de un 8% de clases

En cuando a las condiciones de las escuelas, estas son más preocupantes , tanto en la pública, como la urbana y la rural, señalando que las fallas en los servicios públicos traen suspensiones de clases, el agua afecta a un 20% de las escuelas; la electricidad, 11% y el gas, 6,3% en aquellas escuelas que todavía tienen el Programa de Alimentación Escolar; el98% de los docentes dijeron que sus alumnos no recibían el pasaje estudiantil; el 24% de los docentes reportaban que los alumnos no asistían por la falta de transporte y esto conduce a que el 98% de los alumnos vayan a la escuela a pie, explicó Rosas.

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Radiografía de la crisis universitaria en Venezuela

El 6 de marzo del 2021, la OPSU anunció que el pago de nóminas de docentes y trabajadores de las universidades sería a través del Sistema Patria, quitándole el trabajo a las direcciones de Recursos Humanos.

“Matar tigres”. Eso hacen los profesores universitarios en Venezuela para sobrevivir: mientras en países como México, Perú o Ecuador el salario mínimo de estos profesionales supera los dos mil dólares, en Venezuela puede estar por debajo de los 10 dólares al mes.

Tirso García, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Oriente (Apudo), aseguró que hay docentes desesperados que trabajan hasta de vigilantes en busca de sueldos que permitan llevar comida a sus hogares.

En pocas y duras palabras, lo que gana un trabajador universitario no alcanza para vivir y por eso han tenido que realizar otras actividades para conseguir ingresos extras. También hay quienes viven de las remesas que les envían sus familiares desde el exterior. Los más desafortunados viven situación de pobreza extrema.

“Hay quienes laboran como vigilantes privados para poder subsistir con los 80 dólares que les pagan. Algunos dan clases en liceos e institutos, y otros trabajan como transporte público para medio mantenerse dentro de este país, porque los sueldos realmente no alcanzan”, lamentó García en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), explicó que la canasta alimentaria familiar en febrero de 2023 se ubicó en 11.873,34 bolívares, que equivale a 482,26 dólares.

Por ello se requiere de 91,33 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familia, mientras algunos trabajadores universitarios no tienen ni para movilizarse, provocando que las casas de estudios tomen medidas especiales para continuar las clases.

El vicerrector administrativo de la Universidad del Zulia, designado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), Clotilde Navarro, señaló que un empleado, profesor u obrero universitario que viva lejos de esta casa de estudios la tiene muy difícil en cuanto a pagar traslado.

“Si un trabajador gana 10 dólares mensuales, no tiene cómo venir. Por eso hemos venido aplicando una política con horarios mosaicos, porque no podemos exigirle esa permanencia de los 5 días”, precisó Navarro a Radio Fe y Alegría Noticias.

Dependiendo de las horas cumplidas de trabajo y de la experiencia profesional, un obrero calificado en grado 1 gana 130 bolívares y en su calificación más alta, que es grado 7, alcanza los 195,09 bolívares mensuales.

Mientras tanto, quienes trabajan como personal administrativo ganan entre 159,26 bolívares y 310,73 bolívares; finalmente un docente universitario gana entre 27,14 bolívares, como auxiliar docente III de Tiempo Convencional (TCV) 2 horas, hasta 522,16 bolívares como titular dedicación exclusiva.

Cabe destacar que dependiendo del nivel de formación con el que ingresen a la casa de estudios, los educadores pueden ir ascendiendo en la escala de valoración según sus años de servicio y la preparación que vaya adquiriendo en el camino como estudios de postgrado, doctorados o especializaciones. No obstante, esos ascensos actualmente les sirven de poco debido a que la retribución monetaria es insignificante.

Fallo de origen

El 28 de julio del 2021, las autoridades del Ministerio para la Educación Universitaria junto a los dirigentes de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) firmaron la IV Convención Colectiva Única (IV CCU), lo cual fue dado a conocer por el entonces titular de la cartera para la educación, Eduardo Piñate, a través de su cuenta en Twitter.

Según el artículo 452 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, “la convención colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser acordada en una reunión normativa laboral, especialmente convocada o reconocida como tal, entre una o varias organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y uno o varios patronos, una o varias patronas o sindicatos de patronos y patronas, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una misma rama de actividad”.

Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), así como otras asociaciones y sindicatos de trabajadores universitarios cuestionaron este anuncio por no ser tomados en cuenta para la discusión y aprobación de dicho contrato, excluyendo de esta manera a asociaciones reconocidas por años y favoreciendo a la FTUV, una federación gremial cuestionada por su aparente tendencia oficialista.

La firma de la IV CCU no respondía a las necesidades básicas de los trabajadores universitarios, con salarios establecidos que en aquel momento rondaban cerca de los 10 dólares, ante una canasta básica alimenticia que ya superaba un poco más de los 300 dólares, según declaraba la presidenta de la Fapuv, Lourdes Ramírez.

Un año después, en marzo del 2022, el Gobierno nacional estableció un salario mínimo de 130 bolívares y un bono de alimentación de 45 bolívares. Sin embargo, el aumento de sueldo resultaba insignificante debido a la inminente devaluación del bolívar frente al dólar, moneda que prácticamente rige la economía del país actualmente.

Luego, el 3 de agosto del 2022, el entonces ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Francisco Torrealba, informó a través de su Twitter que había sido suscrita el Acta de Homologación de la IV Convención Colectiva del sector universitario establecida en julio del 2021. Dicho acuerdo fue firmado nuevamente por la FTUV y por la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena. Esto motivó a que el personal que labora en la educación superior levantara su voz, incluso con protestas en las calles, para exigir una remuneración de al menos 400 dólares al mes.

Un salario que no es de dedicación exclusiva

Según Francisco Pinto, presidente (e) de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ), a mediados del 2008 los profesores recibían su pago basado en las normas de homologación que establecía que los sueldos debían equivaler a la canasta básica alimentaria, pero el gobierno desconoció estos procesos y estableció unilateralmente una forma de pago que con el tiempo se volvió cada vez más insuficiente.

De acuerdo a él, fue de manera unilateral porque, en estas decisiones debe participar el gobierno, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y el tercer elemento que es el representante legal de Organización Internacional del Trabajo (OIT), “para llegar a un común acuerdo del salario mínimo” y eso “no se volvió a hacer más nunca”.

Por otra parte, aseguró que el gobierno ha nombrado una serie de sindicatos afines a sus intereses, negándose a reunirse con todos los gremios y sindicatos.

“De tal manera nosotros nos hemos visto atropellados en nuestro derecho y reivindicaciones logradas. Nos encontramos hoy con un sueldo insuficiente e indigno que no llena las expectativas para el trabajo que desarrollamos”, sentenció Pinto a Radio Fe y Alegría Noticias.

Por su parte, Tirso García explicó que un docente universitario, dependiendo el cargo que posea, debe cumplir en promedio 36 horas semanales. “De esa cifra, al menos 16 horas son exclusivamente dando clases. El resto es para preparar el material de las clases o los exámenes, corrección de los mismos y atender consultas de los estudiantes”, puntualizó.

En ese sentido, David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, detalló que el trabajo docente a tiempo completo implica promover que los estudiantes discutan problemas vinculados a la sociedad y realizar trabajos de extensión vinculados a la comunidad: es decir, involucrar a la universidad con las comunidades y generar conocimiento científico que se va a compartir en los espacios universitarios.

“Si los docentes son de dedicación exclusiva deberían vivir con un salario que le permita vivir, que le permita dedicarse a la investigación, la docencia y la extensión”, afirmó Gómez Gamboa a Radio Fe y Alegría Noticias.

Pérdida de la autonomía universitaria

El 6 de marzo del 2021, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) anunció que el pago de nóminas de docentes y trabajadores de las universidades autónomas sería a través del Sistema Patria, quitándole el trabajo a las direcciones de recursos humanos de las casas de estudio superior. Esto ha provocado, según Gómez Gamboa, que los pagos se hagan reduciendo cualquier capacidad mínima que la universidad pueda gestionar al respecto, quedando el área administrativa sin autonomía.

Entonces el procedimiento tiene una nueva ruta: desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) se dirige información en relación a los pagos universitarios hacia la OPSU, la cual remite a las universidades unos formatos para que las oficinas administrativas rellenen unas casillas para determinar lo que se debe cancelar.

“Esta práctica reduce a las universidades a simplemente aceptar que desde estas instancias nacionales se les impone bajo la sanción de que, si no lo hacen, el personal no podrá cobrar las tres migajas que se les paga mensualmente a los trabajadores”, cuestionó Gómez Gamboa.

Desde un principio, gremios y sindicatos de trabajadores universitarios a nivel nacional rechazaron esta medida advirtiendo que violaba el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el respeto a la autonomía universitaria; también afecta el artículo 9 de la Ley de Universidades, que toma en cuenta la “autonomía económica y financiera, para organizar y administrar su patrimonio”.

El pago de nómina a través del Sistema Patria también afectó el manejo presupuestario de las asociaciones de profesores de las universidades públicas venezolanas.

Pinto señaló que cuando esta casa de estudios administraba el pago de nóminas, se descontaba un porcentaje a los profesores agremiados para el mantenimiento de la asociación. Pero una vez que el Estado asumió el pago de la nómina, ya las asociaciones perdieron ese ingreso. “El gobierno lo tiene secuestrado desde hace 4 años”, dijo. 

El origen del instructivo Onapre

El secretario general de Sintraudo en Anzoátegui, Ignacio Díaz, explicó que cuando Nicolás Maduro determinó el aumento de sueldo con incidencia en las tablas salariales en marzo de 2022, no anunció de inmediato cómo se le iba a dar cumplimiento a esos ajustes y se necesitaba un instructivo que sirviera como una especie de manual para aplicar el incremento. De esa forma “nace el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos (Onapre)”.

“Luego del anuncio, duró alrededor de 20 días que no llegaba ese manual, y cuando lo hizo, nos encontramos con la sorpresa de que nos redujeron todas las tablas salariales. Las primas por hijo, por familia, antigüedad, entre otras que teníamos, fueron eliminadas. Inevitablemente eso baja el sueldo y además viola cuando mínimo 10 cláusulas de la contratación que ya habían firmado los trabajadores”, comentó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Díaz calificó esta medida de inaudita y añadió que nunca se había visto algo así en la historia de lo que tiene que ver con las reivindicaciones salariales del país. “Pero ocurrió y de ahí en adelante venimos arrastrando esa calamidad”.

El vocero sindical insistió en que el instructivo de la Onapre reduce los beneficios y tiene incidencia tanto en el bono vacacional como en el de fin de año, los cuales disminuyen a menos de la mitad de lo que les corresponde legalmente. “Todos deberíamos ganar mínimo el doble de lo que ganamos actualmente. Por ejemplo, yo cobro alrededor de 120 bolívares quincenales y debería estar sacando entre 240 y 250 bolívares”.

El secretario general de Sintraudo acotó que, por ejemplo, las primas familiares se las pusieron al 12.5, al igual que la prima por hijo, que representa la mitad del monto de cálculo original. Sumado a eso, la prima del 80% del sueldo básico, que era de compensación y la habían ganado en unos acuerdos (cláusula 72), se eliminaron.

“Los años de servicio ya no los toman como antes para el bono de antigüedad (cláusula 78), pues ahora solo es a partir de 30 años cuando antes era a partir de 25”, señaló.

En ese sentido, Pinto coincidió en que actualmente les reducen la mitad del monto que deberían cobrar.

“Venimos perdiendo el 45% del monto de nuestro salario”, aseguró.

Los docentes, trabajadores y obreros de las universidades se han quedado “en el aire” en cuanto al pago de salarios y demás beneficios, ante la falta de respuesta por parte del Estado desde que asumió dicha responsabilidad.

“Uno antes reclamaba ante los consejos universitarios y ellos tramitaban todos los reclamos. Ahora no sabemos, vamos a la OPSU, que es la Oficina de Planificación Universitaria, ni siquiera nos escuchan ni nos atienden”, denunció Pinto.

A su juicio, durante los últimos 5 años se han acumulado “muchas cosas” que ha motivado a la comunidad universitaria a salir a las calles a protestar por sus reivindicaciones salariales, salarios dignos y que se cumplan los beneficios laborales.

Por ello, en agosto del año pasado los trabajadores universitarios se movilizaron por todo el país para exigir el pago del bono vacacional, equivalente a 105 días de salario, que debían recibir el 10 de julio y no fue cancelado hasta luego de tres semanas. Sin embargo, el bono de fin de año (120 días de salario) fue cancelado de manera fraccionada en 4 partes.

“Resulta ser que es totalmente ilegal. Nos rebajan la mitad del monto por el cálculo que se aplica con el Instructivo Onapre, y nos van pagando de forma fraccionada. Cuando recibes el último pago de ese bono recibes la mitad de lo que te correspondía por la devaluación del bolívar”, sentenció Pinto.

Según la ONG Acceso a la Justicia, en el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el instructivo Onapre obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el instructivo también modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.

Por su parte, Navarro cuestionó que, aunque el Tribunal Supremo de Justicia plantea que no existe el instructivo Onapre, “resulta que todo nuestro presupuesto según la ley va a la OPSU y en realidad va a la Onapre que te tranca todo”.

Navarro explicó que en el país no se habla de una utopía, se habla de una realidad, razón por la cual el gobierno debe atender esta situación con la implementación de otras medidas económicas que evite que, en cada aumento de salario, el dólar se dispare y por ende el bolívar se devalúa. Aseveró que los actuales reclamos del sector universitario son en busca del bienestar sin distinción de clases.

“El aumento de sueldo debe ser una realidad, que debe venir acompañado con otras medidas económicas. ¿Cómo se para el dólar? ¿Cómo se evita la especulación? Así que (el aumento de salario) debe venir acompañado de una política económica porque si no valdrá la pena”, aseguró el profesor Navarro.

Pagos atrasados y deudas acumuladas

Clotilde Navarro informó el pasado 25 de enero que la OPSU había efectuado el pago de las prestaciones sociales a través del fideicomiso y el 8.5% de las prestaciones sociales al personal docente, administrativo y obrero, enmarcado en la cláusula 8.5 de la contratación colectiva.

“A pesar que se envió en el mes de marzo del año pasado, nos cancelaron ahora. Imagínate ahora cómo se devaluó el bolívar, por la hiperinflación”, lamentó Navarro.

Agregó que, con este pago retrasado, aún quedó pendiente 25% a cancelar a los profesores.

Este caso sirve para recordar que el listado de deudas del Estado a las universidades públicas del país es largo.

Ignacio Díaz precisó que desde 2017 no les cancelan ni la bonificación por uniforme ni mucho menos los dotan. Esto viola, según él, la cláusula 19 de la CCU.

Dijo también que desde 2012 no les cancelan prestaciones sociales como debe ser y el pago que les hicieron en enero para él representó apenas 40 bolívares.

“Hay deudas fuertes en las que el gobierno se ha desentendido y no ha cancelado”, aseguró Díaz.

En cuanto al seguro médico, el sindicalista dijo que les habían implementado, desde hace cinco años aproximadamente, el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu) que, según dijo, no ha funcionado como tal.

“Antes teníamos un seguro con unas clínicas de la zona y podíamos asistir y reclamar, pero ya no. Si se presenta una emergencia debes hacer una llamada a Caracas y de allá es que se entienden con las clínicas. Es ilógico. Cuando tienes algo a distancia, no te van a atender y es lo que ha sucedido”, agregó Díaz.

También señaló que tuvieron problemas con los centros de salud del Estado porque no les cancelaron la prestación del servicio y eso trajo como consecuencia la eliminación tácita del seguro.

Díaz indicó que además les trasladaron las nóminas al Sistema Patria y esta plataforma hace descuentos, por lo que algunos beneficios como el servicio funerario o caja de ahorros también se han alterado.

“Por ejemplo, para la caja de ahorros, yo di una orden mediante un documento para que descontará el 15% de mi sueldo básico, que se sumaría al 10% que aporta el gobierno. Sin embargo, eso no está llegando. Esto nos perjudica en cuanto al servicio funerario porque de allí es que se paga con una empresa privada”, dijo Díaz.

El dirigente enfatizó que solo en el núcleo de Anzoátegui de la UDO hay alrededor de 2 mil trabajadores, entre activos y jubilados, que no cuentan con servicio médico ni funerario. “Todo a pesar de que en las cláusulas 12, 13 y 14 de la contratación colectiva, dice que nos van a cubrir el 100% de eventos de salud y funerario”.

Por su parte, el profesor Tirso García señaló que actualmente no cuentan con una caja de ahorros y un fondo de jubilación. Se supone que en la caja de ahorros los docentes apartan el 10% de su salario y el patrono debe aportar otro 10% para sumar 20%.

Sin embargo, “resulta que tenemos más de un año que no nos deducen nuestro 10%, más los otros 10% del patrono y no se le entrega a nadie, todo se queda atrapado en el Sistema Patria”.

“Al igual que el fondo de jubilaciones, nosotros apartamos 6% y el patrono 10%, pero también quedamos sin ese 16%”, agregó.

Vale mencionar que al personal administrativo y obrero les deben más de 5 años de uniformes. A los docentes nos les entregan uniformes y, aunque hace 4 años los incorporaron a la dotación, todavía no han recibido el beneficio.

Universidades sin presupuesto para funcionar

Navarro dijo que el presupuesto que recibieron el pasado año fue de mil 800 millones de bolívares, cuando lo solicitado fue de 4 mil 600 millones de bolívares; es decir: menos de la mitad. Con ello no se podía ejecutar ni el 10% de lo que requiere el recinto universitario.

Navarro explicó que han pedido “auxilio” a empresas privadas y públicas, como la Gobernación y alcaldías, para buscar soluciones a las problemáticas que enfrentan en cuanto a la infraestructura, donde además los trabajadores universitarios lo han asumido como un compromiso para mantener abierta la universidad.

“Como dice el artículo 1 y 2 de la Ley de Universidad, aquí lo que se está planteando es la defensa de la institución. Eso nos motiva a estar en cada una de las partes llegando a niveles macros a nivel local y nacional. Eso nos permite desarrollar una política de trabajo permanente”, aseguró Navarro.

Investigación sin presupuesto

Francisco Pinto, presidente (e) de APUZ, dijo que no cuentan con laboratorios renovados ni los recursos necesarios para promover la investigación ante el recorte presupuestario. La investigación que aún se hace se basa “en el interés personal de cada investigador”.

“Muchas veces el investigador se ha tenido que costear parte de esa investigación porque la universidad no da las herramientas necesarias para concluir su trabajo de investigación”, comentó.

Por su parte, José Rengel, coordinador de la comisión de investigación de la UDO en Anzoátegui, coincidió en que la calidad para estos trabajos ha disminuido, aunque más de uno se mantiene luchando por hacerlo.

“Hace varios años que no llegan recursos para la universidad, por lo que tampoco hay recursos para investigaciones. Aunado a eso, el edificio sede, dentro del núcleo, fue vandalizado hace unos meses y no cuenta con electricidad. Además, varios equipos fueron destrozados para extraerles el cobre y demás materiales que podían ser vendidos como chatarra”, detalló a Radio Fe y Alegría Noticias.

Rengel, quien además es ingeniero mecánico, aseguró que hay alrededor de 40 personas que siguen haciendo investigaciones en la casa de estudios anzoatiguense, pero de manera individual. Añadió que, en caso de que haya un trabajo realmente interesante, se busca apoyo en la empresa privada y organismos como la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundasite), para costear el desarrollo del mismo.

“Yo llevo dos años al frente de la comisión y en ese lapso no hemos visto nada de dinero. Del presupuesto que presenta la universidad ante el Ministerio de Educación Superior, solo llega lo correspondiente a los salarios e incluso se han eliminado hasta los fondos para el mantenimiento de la infraestructura”, puntualizó.

Dijo también que la mayoría de centros de investigación, bien sea de la escuela de ciencias de salud, ciencias administrativas o cursos básicos, quedaron sin equipos tras los actos vandálicos registrados y, de no ser por ellos mismos, las instalaciones aún lucirían desastrosas.

“Nosotros mismos hemos gestionado la limpieza y recuperación dentro de lo que nuestras posibilidades nos permiten. En el edificio hacemos reuniones de vez en cuando, siempre que haya luz solar, pues no contamos con sistema eléctrico”, contó.

El coordinador de la comisión de investigación explicó también que prácticamente ya no hay profesores que tengan la oportunidad de tener una preparación mejor, en vista de que hace años se cerró la posibilidad de que pudiesen ir al exterior a realizar algún postgrado, doctorado o algo por el estilo, para luego retribuirle eso a la universidad con años de servicio.

Radiografía de la crisis universitaria en Venezuela

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