Los seis activistas y sindicalistas se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Todos fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento
El Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a 16 años de prisión a seis líderes sindicales y activistas de derechos humanos, detenidos desde julio de 2021, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Justicia a través de sus redes sociales. La ONG denunció que las únicas pruebas promovidas por la Fiscalía contra Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron unas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter.
Los seis se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. El sindicalista Emilio Negrín y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
La única detención que fue ajustada a la «legalidad» fue la del defensor de derechos humanos Gabriel Blanco, gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil, quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, señaló que «una vez más que el gobierno de Nicolás Maduro y toda su comitiva han cometido una vez más un acto contra los derechos humanos, ha sentenciado a seis hombres inocentes y sin ningún tipo de prueba a 16 años de prisión, una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta».
Oropeza acusó a la jueza de «cumplir órdenes» y condenó «a una familia a no estar con sus seres queridos, ha condenado a un país, a conjdenado a un grupo de personas que creemos en la justicia y la libertad, pero no nos va a amilanar». Además, dijo que Venezuela sí necesita intervención de organismos internacionales ante una decisión judicial contra un grupo de hombres que solo pidieron sueldos justos.
El partido La Causa R y su candidato a las primarias, Andrés Velásquez, condenaron estos hechos. La organización calificó la sentencia como «infame contra unos defensores de los DDHH y los derechos de los trabajadores por una mejor calidad de vida. Un juicio amañado, sin ninguna prueba en su contra. Un castigo espantoso para ellos y sus familias. La justicia en Venezuela es una farsa».
Mientras que la Plataforma Unitaria rechazó «esta nueva violación de los derechos humanos», por un juicio que estuvo «plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos y rechazando el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) durante 2022″.
Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron la tarde de este martes 1 de agosto que los trabajadores y luchadores sociales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes fueron condenados a 16 años de prisión.
Estos activistas, que habían estado exigiendo en las calles salarios dignos y protestando contra el instructivo Onapre, fueron detenidos en julio de 2021 y han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
“El sistema de justicia de Venezuela está viciado”, publicó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde afirmó que la condena fue “arbitraria” y detalló que se utilizaron presuntas capturas de WhatsApp para justificar “conspiración”.
“El único testigo de la denuncia NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses”, agregó Provea.
Por su parte, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos denunció en su Twitter que la juez Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo “condenó a los 6 luchadores sociales sin elementos de convicción en su contra y tras un proceso judicial plagado de violaciones al debido proceso”.
Los seis detenidos se encuentran en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
El director de la Escuela de Educación de la UCAB, Carlos Calatrava, presume que en el año escolar 2023-2024 se profundizará la crisis educativa venezolana, como consecuencia de los errores e improvisaciones del Ministerio de Educación.
Caracas. Yris Nieto, madre de Valeria y Jhoan, estudiantes de bachillerato, considera que la educación que reciben sus hijos está por debajo de la calidad que deberían tener en tercero y cuarto año.
Valeria reafirmó lo expuesto por su madre. No tuvo profesor de Física, Matemática y Ciencias durante todo el año escolar 2022-203.
“Yo no tengo ningún conocimiento de Física y, aunque he tratado de aprender por mi cuenta, se me dificulta. En Matemáticas a duras penas sé multiplicar y hacer propiedades”.
Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que la mayoría de los estudiantes de la educación oficial y privada no están preparados para avanzar a un próximo año escolar.
Foto: Luis Morllo
“El sistema de educación arrastra más de 15 años continuos de ausencia de políticas ciertas en materia curricular y didáctica. Más de 80 % de las escuelas de este país no están ofreciendo calidad de la educación”.
En el informe Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, realizado por la Escuela de Educación de la UCAB, se documentó un déficit en áreas académicas como habilidad verbal y Matemáticas. Esta conclusión es el resultado de pruebas aplicadas a 1600 estudiantes de bachillerato.
Valeria contó que su aprendizaje decayó, sobre todo, durante la pandemia de COVID-19, cuando duró más de seis meses sin recibir clases. Sin embargo, ya venía con deficiencias en materias como Física y Matemática por la falta de profesores.
“Ningún estudiante está llegando a las competencias requeridas, ya que los promedios nacionales pasaron de 9.44 puntos, en una escala de 0 a 20, en 2021 a 8.21 en habilidad matemática para 2022. Ni siquiera se está llegando a la calificación mínima aprobatoria de 10 puntos”, detalló Calatrava.
Por su parte, Jhoan considera que las clases que recibe no son suficiente, en alusión a que solo va dos veces por semana al colegio. Dijo que en tres horas les dan solo tres materias y en estas no se incluye Matemática.
“Solo he visto matemática en un lapso y eso fue el año pasado (2022), siempre los profesores terminan yéndose”.
Foto: Luis Morillo
Sin brecha educacional
En una prueba realizada por la UCAB, a través de la plataforma quizizz, se encontró que existen casi tres puntos de diferencia en la educación que brindan los colegios privados y públicos. El promedio fue de 9,80 de 20 puntos, en contraste a las instituciones públicas en las que el índice fue de 7,87.
No obstante, Calatrava aseguró que no hay brechas entre la educación privada y la gestionada por el Estado en este año escolar que termina. “En términos de rendimiento y los análisis que hemos publicado, se confirma que no hay diferencia en la calidad de educación ofrecida en ambos tipos de escuela. La única diferencia es que en las escuelas privadas sí hay una presión de las instituciones por cumplir con el calendario escolar completo”.
Al contrario de sus hijos, Yris considera que sus sobrinos están más preparados y esto se debe a que estudian en un colegio privado.
“Los profesores se van a los colegios privados porque reciben mejor salario y mejores condiciones”, alegó.
Calatrava recordó que la educación privada no escapa de la realidad de precariedad, pues está integrada al mismo sistema, comparten los mismos educadores, sirven a la misma sociedad y cumplen las directrices de las autoridades educativas del país.
Nivel académico inadecuado
Recientemente, Valeria, hija de Yris, le dijo que ya no quería estudiar porque en el colegio no aprende lo correspondiente a su edad. “Me dijo: me cambias de colegio o me pagas un curso de uñas, porque ya no tengo motivación de seguir en este liceo”.
Calatrava explicó que cuando la niñez y la adolescencia no reciben educación de calidad lo demuestran en las mediciones sobre el rendimiento y, además, las deficiencias educativas no le permiten explotar su potencial y no logran sacar todo el potencial a su personalidad.
Agregó que los estudiantes de bachillerato salieron muy mal de este año escolar, alertó que los índices son muy bajos para la educación. “Los adolescentes no están formados para la vida, menos para afrontar los retos de la vida adulta. No demuestran niveles mínimos de competencia para afrontar la universidad”.
Tareas dirigidas como alternativa
El Observatorio de Educación de la organización FundaRedes apunta que en los últimos años se ha evidenciado el deterioro de la calidad educativa en Venezuela, además de un aumento de la deserción escolar y el éxodo docente.
A esto se suma la deficiencia del contenido que se imparte. Ante estas disfuncionalidades, padres y representantes se han visto en la obligación de recurrir a las tareas dirigidas, una opción en la que muchos ven como una alternativa ante la crisis educativa.
Foto: Luis Morillo
Mariela Castellano, madre de Yusbeli, estudiante de primer año, aseguró que en la escuela a la que asiste su hija hay muchas fallas en materias como Matemática y Física. El horario de clases se reduce a cuatro horas semanales, por lo que decidió pagarle tareas dirigidas desde la pandemia de COVID-19.
“Tomé la decisión de pagarle tres horas diarias a mi hija en tareas dirigidas. Pago $6 semanales, pero son necesarios. Yo soy una mujer con solo tercer año y no es mucho lo que puedo enseñarle a mi hija. Para mí ha sido una alternativa ante la precaria educación que esta recibiendo en la escuela”, contó la mujer de 40 años.
Aunque las tareas dirigidas no son nuevas en el país, estos lugares han tomado mayor popularidad desde que las competencias académicas no se alcanzan en las escuelas. Así lo demostró la ONG Un Estado de Derecho, cuando en 2022 publicó que 40 % de los niños y niñas en edad escolar, entre 6 y 16 años, acuden a estos centros alternativos
Por su parte, Calatrava insistió en que los refuerzos académicos no tienen tanta efectividad en el aprendizaje de la niñez y la adolescencia, porque son acciones de complemento. “Para que sean totalmente eficientes se requiere que ocurra a cabalidad aquello que debe reforzarse. Es decir, la asistencia plena a la jornada diaria en la escuela, en la totalidad de días hábiles del calendario escolar”.
Foto: Luis Morillo
Deserción en aumento
En 2022, el personal docente protestó a nivel nacional, por más de ocho meses, para exigir la conformación de una mesa de resolución de conflictos a escala nacional y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que restringe varios beneficios y las contrataciones colectivas. Por los bajos sueldos, tras la aplicación del citado instructivo, muchos profesores y docentes abandonaron las aulas y quienes quedan lo hacen por vocación.
Otro de los motivos de las movilizaciones durante 2022 fue la falta de políticas públicas, poco presupuesto para el sistema educativo y problemas con la infraestructura. Conforme con los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de 574 protestas realizadas en el último septiembre, 324 correspondieron a manifestaciones docentes.
Las manifestaciones del gremio de docentes se extendieron hasta principios de este 2023.
Según Calatrava, la deserción docente en las escuelas públicas empeoró en el año escolar 2022-2023, en comparación con años periodos anteriores. “Los docentes dedicados a las Ciencias resultan más complejos de conseguir durante este año por los precarios sueldos”.
Foto referencial: Tairy Gamboa
En 2021, el Diagnóstico Educativo Venezolano (DEV 2021), indicaba que el número de docentes alcanzó 502.700 maestros. Es decir, 166.000 profesores menos que los 699.000 que trabajaban en las escuelas y liceos en 2018.
Sin embargo, Calatrava dijo que el país tiene un déficit de más de 60 % de docentes para las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales; 50 % para Ciencias Sociales y casi el mismo porcentaje para Castellano y Literatura. En total, para el año escolar 2022-2023 hubo casi 100.000 docentes menos.
“Sin maestros no hay escuela, ni educación y para cuidar a la educación, hay que cuidar a los maestros”, enfatizó.
Foto: Manuel Díaz
Qué se espera para el año escolar 2023-2024
El director de la escuela de Educación en la UCAB expresó su preocupación por el deterioro del sistema educativo venezolano. En ese sentido, aseguró que se vive una época marcada por la ausencia de reconocimiento por parte de la sociedad, así como el olvido por parte de patrones y sindicatos del mejoramiento del salario y las condiciones de trabajo.
Calatrava compartió a Cronica.Uno sus perspectivas sobre el venidero año escolar:
Aumento de la deserción escolar en los tres niveles obligatorios
Disminución del número de docentes activos, ya con mayor incidencia en Educación Inicial y Primaria
Pérdida definitiva de centros escolares por el estado de ruina de la planta física escolar
Desconocimiento del presupuesto público asignado al sector educativo
Profundización de la negativa de los sectores empresariales en apoyar a la educación y al maestro.
América del Sur/Venezuela/19-05-2023/Autoría y Fuente: www.elnacional.com
Los docentes zulianos se negaron a recibir bonos mensuales ya que estos “no poseen incidencias” y solo los obliga a permanecer con “el mismo salario estancado del año pasado.
Maestros del estado Zulia, en compañía de la Coalición Sindical Magisterial, conformada por ocho sindicatos del gremio educativo, iniciaron este lunes un paro de 24 horas en rechazo al incremento que decretó Nicolás Maduro en el marco del Día del Trabajador por considerarlo negativo para salario.
El llamado “Plantón Institucional: Quédate en casa”, planea paralizar las actividades escolares en toda la región zuliana para defender los derechos de los educadores, las reivindicaciones salariales y exigir mejores condiciones para asistir a los planteles, reseñó Versión Final.
Ante esto, los docentes zulianos se negaron a recibir bonos mensuales ya que estos “no poseen incidencias” y solo los obliga a permanecer con “el mismo salario estancado del año pasado.
«Seguimos con un sueldo estancado, un salario miserable, de hambre, de pobreza extrema, es calamitosa esta situación, por eso el magisterio zuliano llama a un plantón en el Zulia”, aseguró Cirilo Canales, presidente de la Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela, a Versión Final.
Y agregó: “Los maestros no necesitamos bonos porque no tienen incidencia en nuestro salario integral, ya eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Necesitamos un salario base y aumentado porque eso si tiene incidencia en nuestro bono vacacional ahorita en Julio”.
El último “Plantón Institucional” que realizó el magisterio zuliano fue el pasado 10 de abril, en el que los maestros se negaron a dar clases en señal de protesta a sus exigencias para la firma del contrato colectivo y salarios dignos.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/maestros-en-zulia-paralizan-actividades-escolares-por-24-horas-necesitamos-un-salario-base-y-aumentado/
Llegando al Primero de Mayo, la mayoría de los venezolanos parecía haber hecho sus quinielas sobre el monto en que quedaría el salario mínimo en Venezuela, una práctica común en un país donde la supervivencia de buena parte de los trabajadores está atada a la decisión de un solo hombre, dada la ausencia de mecanismos para el consenso entre empresarios y el Estado, el desconocimiento a los gremios independientes y la persistencia saboteadora de un sindicalismo oficial, leal con los intereses del régimen. Sólo los más pesimistas pudieron haber acertado sobre la estafa que se anunciaría horas más tarde y que pudimos ver en directo por las cámaras de Venezolana de Televisión.
Como ya es conocido por todos, Nicolás Maduro no aumentó el salario mínimo integral que queda en un estimado de cinco dólares al momento de escribir este artículo (según la tasa de cambio oficial), incrementó los Cesta Ticket a cuarenta dólares y el llamado Bono de la guerra económica subió hasta los treinta dólares, después de haber anunciado, el día anterior, que el Bono sería de veinte dólares, lo que es otra evidencia del nivel de improvisación de las medidas económicas y la inquietud que debió generar en Miraflores las primeras reacciones a los anuncios.
Lo ocurrido el 1 de mayo en Venezuela pone a nuestra nación en el último escalafón en los salarios en la región y uno de los más bajos del mundo, condena a la pobreza a quienes dependen de su trabajo en la administración pública, margina a los pensionados del país que no tienen derecho a los Cesta Ticket y le quita beneficios a los trabajadores al no incluirse los llamados “bonos” en las prestaciones sociales. Todo esto en medio de una parafernalia oficial que celebra el origen sindical y obrero del líder máximo de una revolución que llegó al poder levantando, entre otras banderas, el de las luchas sindicales y donde Hugo Chávez criticó las “bonificaciones” como estrategia engañosa para compensar el salario sin aumentar las jubilaciones.
Lo ocurrido en el país a comienzos de este mes, afectará a la administración pública al empujar a sus trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo o abandonar definitivamente sus cargos, tendrá efectos muy concretos sobre la calidad de los servicios públicos, desmantelará los restos de la educación pública venezolana y su sistema sanitario, mantendrá a los trabajadores movilizados y expulsará a miles de venezolanos fuera de su patria, familias que deberán buscar subsistir en otras partes del mundo, todas estas consecuencias de un sistema de gobierno que carece de una política económica coherente y que ha apelado a la represión como la única y quizás más efectiva estrategia para garantizar la “paz” en la calle.
A la estela del escándalo de corrupción que se desveló en el interior de la industria petrolera venezolana, con un estimado de 3 mil millones de dólares perdidos (hay quienes elevan esta cifra hasta los 9 mil millones, e incluso más, gracias a la ausencia de datos oficiales) es imposible considerar que la precariedad de los salarios en el país se debe a las sanciones y el bloqueo imperial. La miseria a la que fuimos condenados el 1 de mayo fue una decisión política, improvisada, embadurnada de argumentos ideológicos endebles, una imposición que demuestra la desconexión del régimen con el país y un acto de doloroso cinismo en el que se exige a las mayorías una “resistencia” que los poderosos no son capaces de practicar.
La humillación que vivimos aquella tarde nos recuerda la certeza de que la única posibilidad que tienen los venezolanos para vivir en su país está en la capacidad que tengamos para organizarnos, de manera solidaria, con los gremios y sindicatos que siguen movilizados en la calle y, sobre todo, en la medida que sigamos trabajando por el cambio pacífico que desean la mayoría de los venezolanos.
Sólo el regreso de la democracia, con todas las garantías políticas que conllevan, los trabajadores tendrán la capacidad de exigir y negociar sus condiciones laborales dentro de una economía que ofrezca garantías para el emprendimiento y reglas de juego claro para los inversores.
Luchar por este cambio ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Sin recursos ni redes de trabajo conjunto entre el Estado venezolano y la sociedad civil, no habrá la debida protección de la vida de niños, niñas y adolescentes.
Así lo afirmó la coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia(OVV), Gloria Perdomo, en su análisis sobre lo que expone el libro Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela, víctimas ignoradas e invisibles.
Perdomo, en entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, habló sobre las preocupantes cifras de violencia que encontraron y la escandalosa cantidad deniños, niñas y adolescentes (NNA) fallecidos. En algunos casos, no se sabe si mueren por descuido, negligencia o alguna situación más grave que pudiese ser institucionalmente penada.
“El Estado en esta materia tiene que poner recursos. No es solo dar un discurso, no es elaborar una infografía, no es publicar una valla bonita. Hay que poner recursos para programas de salud mental, de atención a las personas lesionadas y heridas, programas de escuelas de padres y seguimiento y monitoreo a las familias que están en riesgo, programas de asistencia económica a familias que están en una situación crítica”, afirmó la representante del OVV.
De acuerdo con Perdomo, las necesidades son muchas, pero el primer paso en el camino hacia la solución es liberar recursos y unificar esfuerzos entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil encargada de proteger a NNA porque la crisis humanitaria en Venezuela está siendo un obstáculo grande para el desarrollo eficiente de la labor de los Consejos de Protección, que actualmente no están activos en la totalidad del territorio nacional. Pero donde sí están, no manejan los recursos suficientes ni para imprimir un papel.
“En donde existen, están, pero funcionando muy precariamente, con unos poquitos consejeros de protección, con las manos atadas porque no tienen recursos; a veces no tienen ni con qué imprimir una decisión que acaban de optar”, dijo.
“¡Los niños necesitan recursos hoy! Es en este presente porque a ese Consejo de Protección, cuando llega una emergencia, no se le puede decir: oye, espérate para cuando nos manden los recursos”, manifestó.
Órganos de protección sin proteger
Los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela (órganos creados en el marco de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) están para velar por el cumplimiento de los derechos de este grupo poblacional, brindar medidas de protección y promover su pleno desarrollo. Esto quiere decir que son responsables de recibir, evaluar y atender denuncias de violaciones a los derechos de los NNA, así como de brindar medidas de protección y asistencia a aquellos que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad.
Pero la falta de recursos impide que esto se cumpla al pie de la letra de la ley.
“Uno lo que encuentra es omisión. Cuando digo omisión es que no se está cumpliendo, no existe, la política y el plan nacional. El Consejo de Protección, si bien existe en la mayoría de los municipios del país, no tienen recursos, personal, no cuentan con cronograma, multicobertura. (Añadiendo que) estamos en una situación de emergencia humanitariaen el país (donde) debería ser prioridad atender a las víctimas”, agregó.
Igualmente mencionó que “la LOPNNA ordena que exista en cada municipio del país los Consejo de Protección, los programas, los servicios, pero para que eso funcione hace falta el dinero, la voluntad política, la decisión pública de entender que esto es una prioridad y no puede ser postergada”.
Al respecto, instó al Estado venezolano a trabajar de manera inmediata en fortalecer los Consejos. ¿Cómo? Asignando recursos, capacitando, poniendo más personal, elaborando y ejecutando programas de salud mental, económicos y de alimentación para NNA.
Asimismo, pidió al Gobierno entender que la protección a los derechos de los NNA “es una tarea que el Estado no puede hacer solo”.
En este sentido, dijo que las organizaciones de derechos humanos deben ser vistas como un aliado. Si bien, parece que critican el trabajo del Estado haciendo visible algún problema, lo hacen “para que se solucione”.
¿Qué dice el libro?
En el libro se describen las diferentes manifestaciones de violencia en el país hacia niños, niñas y adolescentes. Además en el libro se destacan las consecuencias negativas que tienen en las víctimas.
En cuanto a los tipos de violencia, el OVV menciona la violencia estructural que ocurre cuando hay condiciones de vida precarias que limitan el acceso a alimentos, servicios básicos y otros recursos esenciales para sobrevivir. Por ejemplo, NNA que llegan a los hospitales y no reciben la atención necesaria, por lo cual han muerto.
También mencionó la violencia familiar, una de las más preocupantes porque se determinaron muchos casos de tratos crueles, negligencia e incluso de infantes muertos. Además, el OVV hace mención a la violencia sexual, que se encuentra presente en todas las áreas estudiadas.
En detalle, el libro divide en grupos los delitos contra NNA durante el 2021 de la siguiente manera:
Casos de homicidios: Registraron 152 homicidios cometidos contra adolescentes y 59 contra niños y niñas.
Muertes por averiguación: 468 muertes de adolescentes y 643 muertes de niños y niñas siguen sin esclarecer y en investigación.
Delitos sexuales: 124 casos de violación contra adolescentes y 41 contra niños y niñas.
¿Qué puede hacer la sociedad?
La coordinadora del OVV dio una serie de recomendaciones sobre qué puede hacer el ciudadano para defender la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes. Lo más importante que destacó es que si alguien conoce un caso de una víctima de violencia o vulneración a sus derechos, debe hacer saber del hecho ante el Consejo Municipal de Derecho de NNA porque guardar silencio es un acto de complicidad.
“No quedarse callado aunque, en algún momento dado, sintamos temor”. Y si el hecho pone en riesgo también la vida del denunciante, lo mejor es buscar una vía para hacer llegar el caso a las autoridades o pedir a alguien más denunciar.
También mencionó que es muy valioso exigir a las autoridades atención y protección para los más vulnerables; de lo cual resaltó que ha visto a la sociedad venezolana más organizada y enfocada en promover actividades humanitarias a favor y atención de niños, niñas y adolescentes en riesgo. “Eso dice mucho de quienes somos como país… y hay que seguirlo haciendo”.
El pasado viernes 5 de mayo Yelitze Santaella, ministra de Educación, informó que iniciarán una consulta con el objetivo de elaborar un nuevo contrato. Los maestros están preocupados porque estiman que se romperá la contratación colectiva. «Eso es algo sumamente preocupante y peligroso para el magisterio», aseguró el presidente de Fetramagisterio
El presidente de la Federación Unitaria del Magisterio de Venezuela (Fetramagisterio), Nelson González, criticó la propuesta de la ministra de Educación, Yelitze Santaella, de iniciar una consulta pública a fin de elaborar un nuevo contrato colectivo para el gremio docente.
Ministra, zapatero a su zapato. Ocúpese del estado de la educación en Venezuela, ocúpese del estado de las escuelas, ocúpese del Programa de Alimentación Escolar. Nosotros nos ocupamos de las reivindicaciones de los trabajadores. Esa no es su función, ministra”, declaró González este lunes 8 de mayo al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.
Nelson González, presidente de Fetramagisterio.
El pasado viernes 5 de mayo Santaella informó que iniciarán dicha consulta con el objetivo de elaborar un nuevo contrato colectivo, pero no detalló cuando.
«Los próximos meses también se va a instalar una comisión especialpara atender el contrato colectivo. Un contrato colectivo innovador, no basado sobre lo que venimos haciendo”, expresó durante su visita al estado Trujillo para participar en los Juegos Deportivos Estadales.
González cree que con esas declaraciones la ministra de Educación le está dando “una patada” a la mesa de discusión sobre la contratación colectiva, que desde noviembre de 2022 está suspendida, “cuando el Estado patrono no volvió, tampoco el ministerio del Trabajo”.
Preocupados
González manifestó su preocupación por esta medida que según él romperá con el esquema de la contratación colectiva, reseñó Radio Fe y Alegría Noticias.
Eso es algo sumamente preocupante y peligroso para el magisterio, porque encierra la violación del sistema jurídico venezolano. Eso significa contradecir a las organizaciones sindicales, al magisterio y a todos los trabajadores en general, con un contrato marco de la administración pública, buscando hacer una reunión normativa-laboral, donde firmen un contrato con sindicales y federaciones afines al Estado venezolano, que destruya las conquistas que tienen más de 80 y 90 años en el seno de los trabajadores venezolanos”, alertó González.
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