Nunca hubo una generación tan vigilada como la actual. Niños y adolescentes son víctimas de la recolección excesiva de datos por parte de aplicaciones, y objeto de un intenso direccionamiento de contenido publicitario específico, una intromisión que puede causar riesgos y perjuicios en sus vidas offline. Aunque es una realidad global, la vigilancia se esparce por el mundo de manera desigual: los niños y adolescentes de Europa disfrutan de niveles más altos de privacidad y protección de datos que aquellos que viven en el llamado Sur Global.
En Brasil, el 93% de los niños y adolescentes entre 9 y 17 años tiene acceso a Internet, según la investigación “TIC Kids Online Brasil”, realizada en 2021 por el Centro Regional de Desarrollo de la Sociedad de Información (Cetic.br), una organización que trabaja en colaboración con la Unesco. Son 22,3 millones de pequeños usuarios los que están detrás de las pantallas. De ellos, el 78% usa redes sociales, el 62% tiene un perfil en Instagram y el 58% participa de TikTok. Se trata de una generación de “nativos digitales” que creció conectada y desde los primeros años de vida tiene interacciones mediadas por las nuevas tecnologías. La identidad y la autoestima de esos niños están moldeadas en el ambiente virtual, y toda su actividad en la red produce datos valiosos en la era del “capitalismo de la vigilancia”.
Se estima que en los Estados Unidos un niño de 13 años ya ha producido 72 millones de puntos de datos recogidos por empresas de ad-tech. “Es un capitalismo que se alimenta de datos, del monitoreo continuo y de la vigilancia ininterrumpida de todo lo que hacemos online y extrae valor de esa vigilancia, y así prevé nuestro comportamiento e influye en él”, comenta Fernanda Bruno, profesora de Comunicación y coordinadora del MediaLab de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. “El objetivo es producir compromiso y más datos, pues eso es lo que genera valor en las plataformas. En ese universo, el niño es, de modo intenso, blanco de la extracción de datos, del direccionamiento de contenido y de la propaganda”, agrega.
Privacidad violada
Aún se desconocen las consecuencias que la recolección intensiva de información tendrá en el futuro para esta generación. Sin embargo, hoy sabemos que su privacidad está amenazada. Un estudio de Human Rights Watch (HRW) lanzó una señal de alerta al revelar que entre marzo y agosto de 2021, en plena pandemia de Covid-19, niños y adolescentes de todo el mundo fueron vigilados sistemáticamente mientras asistían a a clases online por medio de aplicaciones pedagógicas. La privacidad de los niños quedó en riesgo o fue directamente violada en 49 países, incluido Brasil, en 145 de las 163 plataformas de aprendizaje investigadas por la organización.
Entre otros datos, las plataformas podían recoger información sobre la identidad de los niños, sobre su lugar de residencia, su actividad en las clases y sobre su familia. Las tecnologías de rastreo instaladas podían incluso “seguir” a los alumnos fuera del horario de clases. “Esa recolección excesiva de datos es preocupante, en primer lugar, por una cuestión de seguridad. Algunas de esas aplicaciones extrajeron la dirección de IP del alumno, que puede determinar su localización en el radio de un kilómetro. Si esa información se filtra, puede exponer a los niños a peligros offline, a algún ataque real”, alerta Marina Meira, abogada y coordinadora de proyectos de Data Privacy Brasil.
Direccionamiento y manipulación
Human Rights Watch mostró, además, que las aplicaciones enviaron datos o permitieron el acceso a datos de menores a empresas de publicidad, la mayoría de las veces en secreto o sin el consentimiento de los padres. Meira señala que en Brasil la publicidad infantil es ilegal, y que el tratamiento de los datos personales de niños y adolescentes debería ser en su “mejor interés”, según la Ley General Protección de Datos, que entró en vigor en 2020.
“Niños y adolescentes en edad de desarrollo tienen derecho a conocer y saber cuáles son sus intereses, gustos y hábitos. A partir del momento en que hay un direccionamiento de contenido publicitario específico para cada perfil, se termina anulando ese espacio de experimentación y comprensión de la propia personalidad. La intención de esos anuncios es, en realidad, manipular a los consumidores”, afirma Meira.
Riesgos y beneficios
Con el cambio brusco de la enseñanza presencial a la enseñanza remota, también los docentes se adaptaron a las nuevas herramientas digitales como pudieron, muchas veces ignorando los riesgos y los beneficios que tenían las aplicaciones. Según la investigación “TIC Educação”, hecha también por Cetic.br en 2021, los docentes no suelen escoger una herramienta de su preferencia para usar en las clases virtuales: apenas el 45% de los docentes interviene siempre en las decisiones sobre el uso de las tecnologías digitales en las actividades escolares. Para Tel Amiel, profesor de Educación de la Universidad de Brasilia, la adopción de esas plataformas educativas que se revelaron abusivas durante el aislamiento social fue una solución paliativa, de emergencia, resultado de “años de desatención de la infraestructura de la educación básica” en Brasil.
Amiel critica la falta de transparencia de los contratos entre las redes de enseñanza y las empresas que desarrollan las plataformas. Muchos de esos contratos se hacen sin audiencia pública, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en la enseñanza superior. “Había una infinidad de plataformas alternativas completamente viables, plataformas importantes, por ejemplo, Moodle, usado por casi todas las universidades públicas, o Conferência Web, de videos, que funcionan perfectamente y son softwares libres”, dice también el activista y defensor de recursos pedagógicos abiertos.
La especialista Fernanda Bruno recuerda que la extracción y la distribución de datos para fines ajenos a la educación generaron una “bola de nieve” preocupante, ya que se pierde el control sobre los datos. “La aplicación Descomplica, por ejemplo, podía monitorear los clics y movimientos del mouse de cada alumno en la plataforma. Y una de las empresas con que la aplicación compartió los datos es Hotjar, que investiga el comportamiento de los usuarios en determinada página para mantenerlos conectados a ese sitio web. Es decir, es una empresa claramente orientada a la influencia del comportamiento online y en el caso del público infantil y adolescente eso es muy grave.
Políticas ilegibles
La falta de transparencia de las plataformas acaba transfiriendo a los padres la responsabilidad de buscar información y de protegerse de los eventuales riesgos en el uso de las aplicativos. Sin embargo, muchas veces los padres no tienen capacidad ni tiempo para dedicar a documentos oscuros y difíciles de descifrar.
“Las políticas de privacidad son ilegibles e incomprensibles para la mayoría de las personas. Es muy difícil que alguien se detenga a leer la letra chica, pero a la vez eso es una señal de que no existe una preocupación general en relación con la protección de datos”, afirma Meira, de Data Privacy Brasil. “Es injusto poner esa pesada carga en las familias. Debemos exigir del Estado y las empresas que dominan el mundo digital una actitud más activa, para que los derechos de los niños y adolescentes se respeten de modo efectivo y se creen productos que ofrezcan protección en el mundo digital”.
Vigilancia asimétrica
Aunque ya es es una realidad global, la vigilancia online se esparce por el mundo de modo desigual. En general, los niños y los adolescentes de Europa disfrutan de niveles más altos de privacidad y protección de datos que aquellos que viven en el llamado Sur Global, que cuenta con legislaciones menos rígidas. Un adolescente de 17 años que instale TikTok en Brasil, Colombia o Sudáfrica, por ejemplo, tendrá por defecto su cuenta definida como “pública”. Si estuviera en Reino Unido o Alemania, por el contrario, la aplicación ofrecería de inmediato la opción de cuenta privada. Plataformas como Instagram y Whatsapp también muestran variaciones semejantes en el tratamiento de datos según en qué país se encuentre el niño, una “discriminación por medio del diseño”, algo que critican las organizaciones de protección de la infancia.
“La vigilancia al final resulta asimétrica y aprovecha las debilidades de los países del Sur Global”. Brasil tiene una buena ley de protección de datos, pero no un buen sistema de supervisión que garantice la aplicación de la ley”, afirma Bruno. “Y hay otra cuestión que nos hace más vulnerables: la población brasileña, que padece una pobreza mayor, tiene muchas menos posibilidades de elegir la plataforma adecuada para la protección de los datos personales. En general la gente utiliza la primar aplicación que le aparece. Ya las condiciones mismas de elección están más limitadas en países como el nuestro”.
El contexto de la pandemia de la covid-19 creó las condiciones adecuadas para disponer de un marco institucional y normativo capaz de modificar las mentalidades, costumbres y valores de nuestras sociedades, impulsando nuevos deseos, hábitos y valores, pero, sobre todo, imponiendo el modo de producción de la economía digital, de plataformas.
Así, el comportamiento social se pudo regular, previsible y controlable, generando un nuevo estilo de vida, producción, consumo y de consumidores; respondiendo a intereses estratégicos del sistema capitalista. Las revoluciones tecnológicas no han sucedido por casualidad, sino que son la forma de asegurar el proceso de acumulación del beneficio capitalista en cada etapa de su desarrollo histórico.
El actual proceso está dando paso a una nueva modalidad del capitalismo basada en la economía digital, la deslocalización del trabajo y la precarización laboral, acompañada de la vigilancia y el confinamiento permanente; es una reorganización del sistema.
Este ahora llamado capitalismo de plataformas lo han bautizado con distintos nombres: inteligencia colectiva, web 2.0, capitalismo de vigilancia, feudalismo digital. No es una tecnología, ni una aplicación, sino el modelo de negocio, de la agricultura a la educación, del transporte a la administración pública, de la economía a la comunicación o la salud.
Los algoritmos procesan la información de cada individuo y la correlacionan con información estadística, científica, sociológica e histórica para generar modelos de comportamiento como herramienta de control y manipulación de masas. “Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro”, escribió George Orwell en 1984
El objetivo de esos algoritmos predictivos es conocernos lo suficiente para poder manipularnos y también sustituirnos, incluyendo tareas cognitivas como escribir artículos o pintar un Picasso.
Manuel Castells advertía que las revoluciones tecnológicas solo se producen si las sociedades disponen de un marco institucional y unas normas que fomenten nuevos deseos, hábitos, metas y valores, con capacidad de modificar las mentalidades y disolver las costumbres tradicionales, lo que posibilita nuevos cambios estructurales que permiten nuevas pautas que corrigen el comportamiento general de la población y así poder ejercer el control social.
Estas son las condiciones imprescindibles para penetrar y modificar todos los ámbitos de la existencia (sociales, económicos, políticos, etc.) y producir, consolidar y legitimar el cambio social total. Condiciones que se cumplieron en las tres revoluciones tecnológicas anteriores a la actual pandemia, señala la socióloga Carmen Torralbo.
Fue durante la crisis global económica y sobre todo financiera de 2008, que surgió la “economía de plataforma”, resultado del excedente de capital líquido tras el derrumbe de la burbuja de las puntocoms en un contexto de alto nivel de desempleo, que facilitó a la patronal imponer sus condiciones en el ámbito laboral y económico.
Para tener en claro: las plataformas digitales son mayoritariamente propiedad de empresas multinacionales -Glovo, Deliveroo, Uber, Rappi, Booking, Airbnb, Cabify, Amazon, entre otras-, las que proliferaron rápidamente acaparando actividades del sector servicios, resignificándolo y sustituyendo parte del comercio tradicional, utilizando nuevos dispositivos tecnológicos programados con inteligencia artificial y algoritmos que controlan y monitorizan todos los aspectos del proceso de trabajo y –sobre todo- a sus trabajadores.
Estas empresas son muy cuestionadas, sobre todo por la utilización y mercantilización de los ingentes datos que generan, fuente principal de sus beneficios. Esta nueva estrategia de acumulación capitalista ha debilitado las organizaciones laborales y “vende”como libertad, innovación y modernización lo que es una reedición modernizada del taylorismo -que intentó cronometrar el tiempo de ejecución del trabajo e ideó un sistema de remuneración que recompensaba el esfuerzo del obrero para aumentar la producción de este modo-, pero sin ninguna de sus ventajas.
Señala Shoshana Zuboff, socióloga, profesora emérita en la Harvard Business School y escritora estadounidense, que denominó a esta forma de funcionamiento de “capitalismo de vigilancia” y el canadiense Nick Srnicek – asociado con la teoría política del aceleracionismo y una economía posterior a la escasez- califica de “capitalismo de plataformas”.
Los datos generados en la actualidad por los usuarios en internet constituyen una materia prima y las plataformas son quienes extraen la plusvalía de ésta. Es una forma de reorganización del capitalismo que, ante la caída paulatina de la rentabilidad de la manufactura en los últimos años, se volcó hacia los datos como un modo de mantener el crecimiento económico y la producción.
Capitalismo de plataformas
Nick Srnicek define a las plataformas como “infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen”, un nuevo modelo de negocios que ha devenido en un nuevo y poderoso tipo de compañía, el cual se enfoca en la extracción y uso de un tipo particular de materia prima: los datos. Las actividades de los usuarios son la fuente natural de esa materia prima, la cual, al igual que el petróleo, es un recurso que se extrae, se refina y se usa de distintas maneras.
Las plataformas dependen de los “efectos de red”: mientras más usuarios tenga, más valiosa se vuelve una plataforma. En un ejemplo: mientras más personas googlean, más preciso se vuelve el algoritmo de Google y más útil nos resulta. Ello significa, para el autor, que hay una tendencia natural a la monopolización.
Si bien suelen postularse como escenarios neutrales, como “cáscaras vacías” en donde se da la interacción, las plataformas en realidad controlan las reglas de juego: Uber, por ejemplo, prevé dónde va a estar la demanda y sube los precios para una determinada zona. Esta mano invisible del algoritmo contradice el discurso que suelen tener estas empresas, en el cual se definen eufemísticamente como parte de la “economía colaborativa”
Srnicek postula cinco tipos de infraestructuras digitales: plataformas publicitarias (Google, Facebook), que extraen información de los usuarios, la procesan y luego usan esos datos para vender espacios de publicidad; plataformas de la nube (Amazon Web Services, Salesforce), que alquilan hardware y software a otras empresas; plataformas industriales (General Electric, Siemens), que producen el hardware y software necesarios para transformar la manufactura clásica en procesos conectados por internet.
También habla de plataformas de productos (Spotify, Rolls Royce), que transforman un bien tradicional en un servicio y cobran una suscripción o un alquiler, y de plataformas austeras porque carecen de activos: Uber no tiene una flota de taxis, Airbnb no tiene departamentos y Rappi no tiene bicicletas. El único capital fijo relevante es su software. Por lo demás, operan a través de un modelo hipertercerizado y deslocalizado
Una pandemia para imponer el modelo
Aquellas medidas transitorias llegaron para quedarse y a medida que se prolongó la pandemia, los nuevos hábitos se incorporaron en la cotidianeidad, en un proceso paralelo al ritmo que las empresas privadas crean, implantan y expanden sus diversas plataformas digitales (durante el año 2020 se decaplicaron respecto a 2019).
Esta nueva situación está permitiendo registrar, recopilar, almacenar, mercantilizar y analizar las respuestas de la mayoría social. Porque con la implantación y obligación de las TIC, todos nuestros movimientos dejan una huella electrónica, datos al desarrollarse gran parte de las relaciones, transacciones y gestiones de forma telemática.
La pandemia impulsó un inédito y profundo cambio social, un gran salto cualitativo (y cuantitativo) respecto de la situación previa: se está consolidando y legitimando la cuarta revolución tecnológica (4.0), de forma silenciosa (paradójicamente) y sin resistencia social. La pregunta es quien impulsó la pandemia…
Esta nueva revolución tecnológica tenía como objetivos la transición digital y ecológica, mientras las élites económicas y políticas, nacionales e internacionales creaban una gran expectativa de que traerá innovación, modernización, progreso, recuperación económica, equidad e igualdad, como forma de legitimar las transformaciones que ellos mismos están impulsando.
Inmersos en la “comodidad” de nuestros dispositivos digitales (en especial nuestro teléfono más inteligente que nosotros) no tomamos consciencia de lo que está sucediendo y, por lo tanto, de la acción social.
En este mundo de plataformas se producen bienes de producción y consumo digital (smartphone, móviles y ordenadores, etc.) y energéticos (vehículos eléctricos, productos de aislamientos de edificios y hogares, etc.) sin avanzar hacia condiciones de producción y relaciones laborales y de consumo más humanizadas.
Mientras, la economía verde y digital fueran solo nuevos nichos de crecimiento para la expansión de las empresas privadas, y lo mismo está sucediendo progresivamente con otros ámbitos claves: la educación y la salud, incluida la mental. Pero hay contradicciones para llevar a cabo la transición digital y la ecología porque la primera impacta en la segunda.
Dicen las estadísticas que 5.320 millones de personas de los 7.800 millones de habitantes en todo el mundo usan un teléfono móvil, lo que equivale al 67% de la población mundial total. Pero, cuidado: no todo el capitalismo es digital. Todavía hay gente que cosecha los tomates, la papa o el arroz con sus propias manos, hay quienes recogen la basura, y trabajadores manuales, que no están frente a la computadora. ¡Están a salvo?
Si bien las plataformas digitales brindan la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y dicen que uno puede aceptar el trabajo que más les convenga, dedicarse a este tipo de labor también conlleva riesgos en relación con la situación de empleo, y el goce o no de ingresos adecuados, protección social y otros beneficios.
Pero las plataformas digitales continúan implantándose, de forma acrítica, absorbiendo todo el sector público, sustituyendo las relaciones y la prestación de servicios presenciales por las virtuales: una forma de privatización encubierta, al entregarse todo el proceso de digitalización a las grandes empresas privadas, nacionales y trasnacionales.
Carecemos en (casi) todo el mundo de soberanía digital –en un contexto de gran competencia mundial para la obtención y control de estos recursos– y haber privatizado, previamente, sus recursos estratégicos (en especial telecomunicaciones y energía), dejando al descubierto una situación de gran dependencia y vulnerabilidad respecto del ámbito privado, con trascendentes consecuencias políticas, sociales y culturales.
Una de sus principales características es la demanda de trabajo no regularizado, la falta de acceso a los derechos laborales y la transmisión a los trabajadores de costos, medios de producción y horas de inactividad. Para su consolidación, las empresas-plataforma han producido discursos de mistificación de este trabajo, bien difundido por los medios hegemónicos (en el mundo y en cada uno de nuestros países).
En ese contexto, por ejemplo, se trata a los trabajadores como emprendedores, la relación laboral como una asociación, la venta o el alquiler de la fuerza laboral como un reparto de recursos con finalidad social. No obstante, los movimientos de los últimos años han demostrado que los trabajadores no captan mecánicamente estos discursos y se han rebelado contra la precariedad del trabajo al que están sometidos.
Las lógicas capitalistas y competitivas se ven favorecidas por la precariedad creciente y el individualismo de quien concentrado en su pantalla busca. La normalización capitalista de la autoexplotación habla de «un yo que se explota», cuando es algo incentivado estructural y socialmente. Las nuevas versiones del capitalismo digital están en la tejido ideológico de un mundo acelerado, que incentiva la hiperproducción como motor y la deslocalización como norma.
Para la investigadora española Remedios Zafraresulta de gran ayuda la comparación entre capitalismo y patriarcado en sus formas de autoexplotación, en tanto el patriarcado se ha caracterizado justamente por convertir a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, proyectando imaginarios que las definen en relación a los hombres, favoreciendo su aislamiento en la esfera privada y alentando en ellas la vigilancia y control de otras mujeres, es decir reproduciendo un sistema de dominación.
Esperar… esperanza
Como reza el refrán tradicional, la esperanza es lo último que se pierde. De hecho, estaba en el fondo de la famosa caja de Pandora. La esperanza, entendida como una fe optimista en que las cosas saldrán bien, sin necesidad de apoyarse en ninguna base real, es una muestra más del enorme poder que la capacidad de fantasear nos otorga a los seres humanos. Sembrar esperanza es también una forma de manipulación: si uno no encuentra soluciones, le queda la esperanza
La palabra esperanza viene de esperar, del latín sperare (tener esperanza) y ésta de spes, esperanza. El verbo sperare nos dio esperar, desesperar y prosperar. En la Biblia, esperanza es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos (y que no han recibido), es la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo.
Estamos cansados de esperar, de la obligación de tener “esperanza”, que es el reconocimiento de que no hay (¿aún?) propuesta posible en este mundo. Sabemos que, en definitiva, nuestra esperanza no vendrá de las plataformas capitalistas: quizá pueda venir de los nadies, de los sin esperanza.
*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Por: Ana Esther Ceceña, Josué García Veiga. 22/05/2021
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19… Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
El presente trabajo expone los principales usos tecnológicos digitales con fines de control y vigilancia que han sido implementados en América Latina y el Caribe como resultado del combate a la covid-19. La muestra es evidencia de una amplia y variada instrumentalización de distinta intensidad y alcance por país en la región.
Desde Chile hasta México, pasando por Honduras y República Dominicana la emergencia sanitaria es utilizada como discurso para justificar el aumento de dispositivos digitales. En función de lo anterior existen diversos ensayos y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial, cámaras con sensores térmicos, uso de drones, técnicas de geolocalización y desarrollo de programas para móviles (apps) entre otros, para múltiples fines: desde el rastreo de la covid, la detección de contagios y el seguimiento de contactos, hasta la supervisión de medidas de distanciamiento social, confinamiento, control de la información digital y automatización de prácticas médicas en diagnósticos y otros servicios relacionados.
Cabe señalar que las clasificaciones presentadas siguen la propuesta original de Whitelaw et al. (2020) publicada por la revista Lancet Digital Health y ha sido complementada con otros importantes esfuerzos de sistematizar el creciente avance de estos dispositivos, entre los que destacamos: el Covid Tracing Tracker del MIT (2020), el informe especial de Freedom on The Net 2020, The Pandemic´s Digital Shadow (Shahbaz y Funk, 2020), COVID-19 Digital Rights Tracker por TOP10VPN a cargo de Andrew Dwyer (Woodhams, 2020), la iniciativa Pandemic Big Brother (2020), el compendio de Naciones Unidas sobre iniciativas gubernamentales digitales (UN, 2020) y Fighting the Global Covid-19 Power-Grab de Privacy Internacional (2020).
La tabla es un avance en el estudio de las distintas tecnologías y su implementación por país. No obstante, debe subrayarse que su función es meramente analítica ya que su aplicación en cada país trata de una mezcla complementaria entre tecnologías y dispositivos.
Las estrategias de rastreo de la covid emplean análisis de big data y algoritmos de inteligencia artificial en conjunto de teléfonos celulares, aplicaciones digitales (apps), redes sociales, pagos con tarjetas u otros dispositivos para obtener datos en tiempo real de la ubicación de los casos positivos o posibles contagios y así determinar el avance del virus al interior de los territorios. En Argentina, la firma GranData proyecta mapas de calor diseñados para monitorear el cumplimiento de la cuarentena, basándose en información de ubicación georreferenciada recopilados por terceras apps digitales (PI, 2020). El rastreo en ocasiones se realiza mediante la información que gestionan las corporaciones de telecomunicaciones, en Chile el análisis de big data de dos empresas que integran Atelmo (Entel y Movistar) en conjunto con las Universidades de Chile y del Desarrollo, utilizan la información agregada de la red para crear mapas de calor que reflejen el nivel de movilidad por comunas.
El uso de cámaras térmicas y algoritmos de reconocimiento facial son instaladas en espacios generalmente públicos, altamente concurridos, con el objetivo de detectar patrones entre las personas que correspondan al perfil de un caso positivo: como la alta temperatura corporal. El metro de Panamá instaló cámaras térmicas en sus estaciones para detectar a viajeros con posible infección de SARS-CoV-2, se trata de cámaras con sensores infrarrojos a la entrada de las estaciones, en el área de los molinetes de acceso, para detectar personas con alta temperatura, que generen sospechas de contagio (Infobae, 2020). En la Ciudad de México el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las cámaras cuentan con algoritmos de reconocimiento facial e inteligencia artificial y en tan solo 2 segundos pueden detectar la temperatura corporal de 15 a 30 personas simultáneamente mientras éstas transitan a lo largo de los pasillos (Staff High Tech Editores, 2020). Asimismo, se instalan cámaras en los sistemas de transporte público como los autobuses de Buenos Aires y Bogotá, y en los aeropuertos de las principales ciudades (como Sao Paulo y los nuevos equipos en el San Salvador).
En el caso de Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 ha implementado algoritmos de IA desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada Distancia2, que sirven para analizar las imágenes provenientes de las cámaras y medir la distancia entre las personas para así evitar posibles contagios. La información es utilizada para actualizar de manera automática los indicadores de movimiento y mapas de calor (Riobo, Márquez y Calatayud, 2020).
Los dispositivos digitales también son implementados para garantizar el cumplimiento de medidas de cuarentena y aislamiento social. En Ecuador, el 17 de marzo de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que por decreto oficial el gobierno comenzaría a utilizar el rastreo por satélite para garantizar que los ciudadanos no traspasen la “valla epidemiológica”[1]. Otro caso es el acuerdo firmado por el gobierno de Río de Janeiro y la empresa de telecomunicaciones TIM para utilizar datos de geolocalización de sus suscriptores con el fin de monitorear el cumplimiento de las restricciones de aislamiento.
Se debe agregar que también los drones son utilizados para vigilar el movimiento de los cuerpos, detección de infecciones y más comúnmente en labores informativas. En marzo de 2020 el Gobierno brasileño decretó el cierre temporal de la frontera con Uruguay como medida preventiva ante la pandemia y la 3era Brigada de Caballería Mecanizada del Ejército Brasileño voló un dron (DJI Mavic Mini Fly More Combo) para patrullar desde los cielos los límites fronterizos (Valadares, 2020). Similar al uso policiaco de drones en Chaltenango, El Salvador para verificar la movilidad de las personas y vehículos en las calles y carreteras del país (Policía Nacional Civil, 2020). En el caso de la Policía Metropolitana colombiana en conjunto con las autoridades sanitaras, los drones cuentan con cámaras térmicas que pueden detectar durante el día o la noche la temperatura corporal de individuos o grupos de personas que transitan calles públicas (Almenara, 2020). En otros casos vemos también su implementación en operaciones informativas con mensajes de audio transmitidos por medio de altavoces que sirven para comunicar las medidas gubernamentales (como el caso de Brasil, México, Ecuador, Colombia y Paraguay).
La situación de emergencia resalta la importancia no sólo de contar con información precisa y actualizada sino también de gestionarla y controlarla. En este caso vemos a los organismos internacionales, instituciones de salud, corporaciones y estados que se encargan de velar por la información avalada como “oficial” y verídica frente a las disonantes versiones que son descalificadas como distorsiones o fake news. En algunas ocasiones esto cuenta con el apoyo jurídico legal estatal, como el Decreto Supremo 4200 en Bolivia bajo la presidencia de Jeanine Áñez, que de manera ambigua y sin definición clara criminaliza toda actividad en-línea que sea considerara como “desinformación” o actos que “generen incertidumbre a la población” (Human Rights Watch, 2020).
El uso de programas digitales (apps) para dispositivos móviles destacan por su gran popularidad. El desarrollo y diseño de estas apps es atractivo por sus bajos costos, alta versatilidad para muchas funciones y su facilidad de reprogramar. Tomemos como ejemplo la app EDUS en Costa Rica que permite a los doctores acceder al expediente médico de los pacientes en tiempo real, garantizar un análisis completo del historial médico de los pacientes y determinar el tratamiento específico para cada problema de salud; además, permite un monitoreo de las distintas fases de la enfermedad para visualizar su evolución y detectar progresos o dificultades. Adicionalmente la app permite a los pacientes la revisión de medicamentos, solicitar y reservar citas médicas en los centros de salud cercanos o directamente en los hospitales (Solís, 2020). Estas apps pueden ser útiles como medio de difusión de información oficial (en el caso de las apps gubernamentales), más aún para recopilar información sensible y personal que en la mayoría de los casos realizan de manera automatizada diagnósticos con base en los propios síntomas reportados por los usuarios. La tabla 2 registra 16 países de la región que cuentan con apps digitales con los servicios de información médica y encuestas de síntomas para autodiagnóstico. En Cuba el gobierno promovió el uso de una app desarrollada por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Computación que colaboraron con el Ministerio de Educación Superior de Cuba, el Ministerio de Salud Pública y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA con el objetivo de identificar en tiempo real aquellas personas que se auto-diagnosticaron con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad, esto se realiza gracias al llenado y envío de formularios por Internet, que posteriormente son procesados y trasladados a los centros de salud (Freedom on the Net, 2020). En Ecuador, la app gubernamental SaludEC permite a los usuarios informar sus síntomas y conectarse con los servicios de salud, la app solicita permiso para acceder a la ubicación GPS y requiere que los usuarios proporcionen información de identificación confidencial. México también cuenta con un cuestionario de detección de covid-19 que recopila información personal sensible que puede ser transferida a las autoridades federales y locales.
Entre otras aplicaciones digitales que apoyan el trabajo médico de automatizar diagnósticos son los bots virtuales como R.O.S.A. (Respuesta Operativa de Salud Automática) en Panamá que gestiona consultas digitales vía WhatsApp y mediante la línea 169 ayudando a filtrar los pacientes que presentan síntomas relacionados con la covid-19 para ser remitidos a una atención médica; adicionalmente puede responder dudas sobre la enfermedad y el virus SARS-CoV-2 (Fundación Carlos Slim, 2020). También “Aurora” un bot desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana que provee información a la población sobre la covid y conecta con más de 200 médicos, a través de herramientas sociales como Whatsapp y Telegram, permitiendo a los ciudadanos realizar video llamadas y obtener asistencia general vía telefónica o texto. En tan solo menos de 24 horas de lanzada, se reportaron más de 26 000 interacciones y 17 días después, 183 860 (Cruz, 2020).
Adicionalmente las apps pueden ser complementadas con algoritmos que registren aquellos casos confirmados de covid para dar seguimiento y alerta a sus contactos considerados como posibles contagiados. En la región identificamos al menos 6 países donde las apps digitales presentan opciones de seguimiento de contactos (Brasil, Ecuador, Haití, México, Perú y República Dominicana). A pesar de que se ha señalado que estas apps tienen un bajo uso y en muchos casos se trata de aplicaciones voluntarias, nos es importante resaltar el ejercicio como un ensayo inédito de gran alcance regional en tan poco tiempo, que muestra posibles rutas para futuras experiencias de vigilancia digital.
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19 o de cualquier otro padecimiento generalizado que requiera un monitoreo preciso. Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
Los datos recopilados sirven para elaborar los mapas epidemiológicos que ayudarán a controlar al virus pero que pueden servir a fines diversos, sean comerciales (como ofrecer servicios privados o medicamentos de patente una vez que se conoce el estado de salud del individuo), o de vigilancia.
De hecho, se podría decir que mediante estas tecnologías se está estableciendo un panóptico global (un big brother) en el que todos los individuos quedarán expuestos a procedimientos de control y disciplinamiento diversos que, de conformidad con los estilos políticos en cada lugar, podrán ser abiertamente represivos o adoptarán estilos consensuales. Los dispositivos digitales de vigilancia implementados por requerimientos médicos se ven entremezclados con rasgos sociales, políticos y culturales situados, específicos de las relaciones de poder de cada territorio en concreto.
En realidad desde el momento en que los individuos incorporan voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil, están aceptando someterse a una autoridad superior y a normas y políticas no decididas por ellos. El problema es que no incorporar la aplicación equivale a quedar excluido de las fuentes de información que le permitirían tener un criterio propio sobre el caso. De esta manera sirven para generar nuevos patrones de identidad y sometimiento, generar criterios de clasificación (exclusión e integración) y códigos de acceso para restringir o permitir la movilidad de los cuerpos.
En principio son los gobiernos, y a la ocasión las autoridades de salud, quienes estarían dictando las reglas y procedimientos a seguir en esta circunstancia, pero los datos se están registrando no sólo por ellos sino por las autoridades de control de población en general, incluidas las de seguridad. O sea, que la angustia sobre la pandemia, justificada y compartida, es la puerta por la que se proporcionan informaciones privadas a bancos de datos que no se sabe quién procesa, controla y utiliza y que tienen propósitos diferentes que los de salud.
Más aún, si bien las aplicaciones pueden ser desarrolladas localmente, el destino final de los datos son las grandes y poderosas plataformas digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (gafam), que no pueden ser controladas ni por los gobiernos particulares ni por los usuarios. Por supuesto aquí hay toda una discusión sobre diferentes medidas para poner límites al poder que tienen estas plataformas, a las que habría que agregar su vínculo con el Pentágono, pero por el momento tienen la capacidad no sólo de ser las depositarias de la información recopilada y poderla procesar o utilizar como mejor convenga a sus intereses empresariales, corporativos y políticos, sino que tienen también el poder para simplemente desconectar a un país entero en caso de que quiera ponerles límites y restricciones (ver el reciente caso de Australia).
La información será presumiblemente usada para una variedad de derivaciones comerciales que la aprovechan para el control y manipulación de las emociones, deseos, gustos y rechazos de los individuos ante estímulos digitales (ver el film testimonial Los dilemas de las redes sociales) con el propósito de inducir el consumo. Pero también se sumará a las manipulaciones políticas que pueden buscar orientar preferencias electorales, la criminalización de ciertos comportamientos opositores estigmatizados (comunistas, terroristas, etc.), la movilización en torno a objetivos puntuales, incluso sexistas y racistas. Adicionalmente, el paquete de datos que se está recopilando, desde los que se ofrecen con las tarjetas de crédito y similares, hasta los que se entregan con motivo de la pandemia van configurando los perfiles de disidencia social ya sea individual o colectiva, real o potencial, que ayudará a los encargados del disciplinamiento social a ser más eficaces y precisos.
Las tecnologías digitales redefinen el espacio de la privacidad y lo íntimo, al estar presentes en mayores ámbitos de nuestra cotidianidad. Cámaras, sensores, antenas y algoritmos renuevan las medidas disciplinarias y de control en las sociedades actuales.
Como puede verse en las tablas presentados, todos los países están aplicando más o menos las mismas alternativas tecnológicas. Es cierto que su fragilidad frente a las grandes plataformas es anterior a la pandemia pero se incrementó notablemente el último año.
Estamos en la era de la ciberguerra. Los desarrollos tecnológicos de mayor impacto han surgido de los entornos militares atendiendo a las exigencias del uso dual: militar-estratégico y civil. El siglo XXI se abrió paso impulsando la idea de la guerra de espectro completo en la que todas las dimensiones de la vida son parte del terreno de batalla. Particularmente, el control de las mentes y los corazones, además del de los cuerpos, cobró una espacial significancia. Los cuerpos pueden ser controlados mediante la alimentación, los medicamentos y todos esos dispositivos que los condicionan, los fragilizan y los inducen a diferentes adicciones; también pueden ser masacrados o violentados de múltiples maneras. Pero ¿cómo hacer que las mentes y los corazones se tornen dúctiles? Ahí es donde entran en pleno todos los dispositivos electrónicos de condicionamiento, combinando todos los lenguajes posibles: imagen, movimiento, sonido, contenido, hábito. Esto último es quizá lo más importante, modificar los hábitos para que la vida no sea posible sin pasar por los aditamentos y funciones que ofrece la electrónica: computadora, ipad, teléfono móvil, tablet, etc.
La ciberguerra no se reduce a estos controles individualizados, por supuesto, implica el control e intervención en el ciberespacio como un todo. Implica controlar los sistemas informáticos del enemigo, del competidor o del disidente y desde ahí provocar su fragilización o destrucción. Pero la batalla con el sentido común de la gente es primordial para lograr vencer y dominar.
Estos sistemas están diseñados para eso: para dominar y vencer.
Marzo de 2021
– Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
– Josué García Veiga es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG-IIEc).
Documento elaborado como aporte para el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales Colectivos y Vigilancia, del proceso de las Jornadas «Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital», organizado en el marco de Internet Ciudadana.
Pandemic Big Brother (2020), The pandemic gives new opportunities to Big Brother, última actualización 10 de diciembre, disponible en: https://pandemicbigbrother.online/en/
[1] De acuerdo con María Paula Romo, la ministra de Gobierno del presidente Moreno, “se autoriza en consecuencia con el Decreto Ejecutivo del Presidente, el rastreo satelital, de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza (…) el rastreo satelital de estas personas, vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla, este aislamiento” (Rueda de prensa virtual de la ministra de gobierno en EcuadorTV, 17 de marzo 2020, ver minuto 5:05).
Zbigniew Brzezinski, ex-consejero de Seguridad Nacional durante el mandato de Carter en su libro “Entre dos edades:El papel de Estados Unidos en la era tecnotrónica”(1.971) aboga por el control de la población por una élite mediante la “manipulación cibernética” al afirmar que “pronto será posible asegurar la vigilancia casi continua sobre cada ciudadano y mantener al día los expedientes completos que contienen incluso la información más personal sobre el ciudadano, archivos que estarán sujetos a la recuperación instantánea de las autoridades”, lo que anunciaría ya la posterior implementación del programa PRISM o del reciente “affaire Spyon” de la NSA. En consecuencia, tras ser denunciado EE.UU. por intentar controlar la nube mediante programas secretos como el Programa PRISM, estaríamos ya asistiendo al final de la democratización de la información (siguiendo la senda emprendida por los llamados “países totalitarios”, mediante la imposición de leyes que prohíben el uso de determinados términos para continuar con la implementación de filtros en los servidores de los ISP. Así, según un estudio de la organización OpenNet (integrada por las universidades de Oxford, Cambridge, Harvard y Toronto), 55 países ejercerían la censura de webs con contenidos políticos o sociales “peligrosos” e impedirían asimismo el acceso a aplicaciones como YouTube o Google Maps aplicando sofisticados métodos de censura gracias a la colaboración de empresas occidentales.
Igualmente, Brzezinski, en un discurso pronunciado en una reunión del Council on Foreings Relations (CFR) advirtió que “la dominación de las élites ya no es posible debido a una aceleración del cambio social impulsado por la comunicación instantánea que han provocado el despertar universal de la conciencia política de las masas (Global Political Awakening) y que está resultando perjudicial para la dominación externa como la que prevaleció en la época del colonialismo y el imperialismo”.
Así, la necesidad de escapar al control del Big Brother en redes como Yootube, Twitter o Facebook , habría impulsado la red TOR (Dark web), creada por defensores del software libre para proteger la identidad de los usuarios. Dicha red contó en sus inicios con las bendiciones de los Gobiernos occidentales para permitir el acceso a Internet en “países totalitarios” como China, Corea del Norte, Rusia e Irán, pero tras los atentados yihadistas de París, las actividades propagandística del ISIS estarían siendo monitorizadas y filtradas por las agencias de seguridad occidentales lo que habría forzado al grupo yihadista a utilizar masivamente la nueva aplicación Telegram, al estar sus contenidos encriptados ( sus usuarios pueden formar grupos de hasta 200 personas y utilizar chats secretos donde el material propagandístico se autodestruye), con la consiguiente dificultad de los servicios secretos occidentales para acceder a sus contenidos.
En un nuevo intento para preservar el anonimato de los usuarios en la Red, asistimos a la aparición de las VPN o Red Privada Virtual, herramientas que ocultan la identidad de los usuarios y permiten mantener la comunicación con cualquier país del mundo libre de vigilancia de lo que sería paradigma el joven bloguero chino Chen Qiushi en paradero desconocido que se encargaba de radiografiar la angustia de Wuhan a través de sus vídeos colgados en Youtube a través de las VPN lo que habría impulsado a China a imponer normas para el acceso de los usuarios a dichas herramientas. La prohibición de descargar Plague Inc. para IOS en todo el territorio chino sería el penúltimo episodio para imponer una censura total en las informaciones sobre el coronavirus en Internet por parte del Politburó chino.
Asimismo, el Gobierno chino habría recurrido a los gigantes tecnológicos en su intento de monitorizar en tiempo real los contagios por coronavirus y según la agencia Reuters, el gigante Alibaba habría lanzado una función que asigna un código QR de color que representaría el estado de salud de los ciudadanos chinos. Tras completar un cuestionario, los residentes reciben un código QR basado en colores a través de la aplicación de chat DingTalk administrada por Alibaba y según el color correspondiente, deben adoptar las medidas profilácticas prescritas en dicha aplicación. Ello, aunado con la implementación del cortafuegos (firewalls) en Internet y el descomunal despliegue de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial para el reconocimiento facial de personas incluso con mascarillas (200 millones de cámaras) así como el uso de drones-policía, convertirán a China en el Big Brother que controlará en tiempo real a todos los ciudadanos chinos. Asimismo, Francia, Gran Bretaña, Indonesia y Rusia exigen eliminar los mensajes encriptados en Whatsapp y Telegram, medidas constrictoras que tendrán como efecto colateral la imposibilidad del acceso universal a la red en la próxima década y el retorno a sus orígenes de la Red de Redes, al quedar Internet convertido en herramienta exclusiva de las élites políticas, económicas y militares.
Con saldo de 11 mil muertos sobre una población mundial del orden de los 7,800 millones, la denominada pandemia del coronavirus 2 (Covid-19) −síndrome respiratorio agudo grave cuyos efectos sobre la vida social están originando pánico colectivo y una situación de excepcionalidad, emergencia y alarma mundial− ha derivado en la virtual militarización de sociedades enteras, con la consiguiente aplicación de draconianas cuarentenas con vigilancia activa bajo el argumento de intentar evitar el contagio.
Como señaló Giorgio Agamben en un artículo titulado “La invención de una epidemia”, los medios de difusión masiva y las autoridades de varios países industrializados se esforzaron por difundir un “clima de pánico”, provocando “un verdadero estado de excepción” con graves medidas de control que limitaron la libertad de movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y trabajo en regiones enteras. “En un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla”, escribió Agamben.
Sin minimizar la gravedad de la epidemia, y cuando ya había una recesión económico-financiera en ciernes en varios países y sistemas de salud pública colapsados por las políticas neoliberales, los diversos lenguajes del poder −entre ellos los jurídicos, culturales y mediáticos− han venido adoptando un léxico médico y hasta epidemiológico, pero también militar con fines de control de población.
Así, tras las medidas de confinamiento social punitivas decretadas inicialmente por las autoridades chinas, seguidas de las de los gobiernos de Italia, Francia, España y Bélgica, se decretaron posteriores cierres de frontera de corte xenofóbico por Canadá y Estados Unidos, lo que vino a reforzar la patologización de los extranjeros y las segregaciones raciales ya en curso en América del Norte y Europa, y ello derivó en el aislamiento de 500 millones de personas en el mundo.
El miedo a la peste o la plaga y el pánico colectivo generado por el despliegue mediático en clave de “seguridad sanitaria”, ha sido aprovechado de manera oportunista en América Latina −vía una suerte de biologización de la política como en la Alemania nazi−, por el régimen asesino de Sebastián Piñera en Chile, quien decretó un estado de sitio sanitario con prohibición de movilizaciones callejeras en vísperas del plebiscito nacional para reformar la Constitución, previsto para el 26 de abril. A lo que se sumó el aplazamiento indefinido de la elección presidencial en Bolivia, decretado por el régimen golpista de Jeanine Áñez, que debía verificarse el próximo 3 de mayo. En ambos casos, siguiendo de nuevo a Agamben, el poder soberano y la vida nula podrían explicar esos procedimientos del poder y convertir la emergencia (el estado de excepción) en norma, como advirtiera de manera temprana Walter Benjamin.
En ese contexto, tras el bombardeo mediático, el esloveno Slavoj Zizek detectó ciertos elementos de “histeria racista” en el nuevo coronavirus y también “epidemias de virus ideológicos” latentes en nuestras sociedades, entre ellos, las noticias falsas (fake news) y teorías conspirativas paranoicas.
Al respecto, cabe consignar que en febrero último, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich –en el pico de la lucha contra el coronavirus en Wuhan, en la provincia de Hubei−, las autoridades de Beijing consideraron a Estados Unidos una “amenaza” y a través del ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, deslizaron que desde los primeros casos de pacientes infectados estaban siendo sometidos a una “guerra híbrida” por el Pentágono.
El propio presidente Xi Jinping utilizó la palabra “guerra”. Y el vocero de la Cancillería china, Zhao Lijian, manejó en un tweet explosivo la posibilidad de que una delegación de 300 soldados del ejército de Estados Unidos, que participaron en los Juegos Militares de Wuhan en octubre de 2019, haya introducido el virus en esa ciudad asiática. Incluso, medios periodísticos chinos han insistido en una presunta conexión entre el cierre, en agosto pasado, de un laboratorio militar de armas biológicas declarado “inseguro” en Fort Detrick, en Maryland, donde está instalado el Comando Médico del Pentágono, con los juegos militares y la epidemia.
La campaña de propaganda de los medios occidentales con eje en el miedo, el pánico y la incertidumbre, tuvo como blanco deliberado inicial a China, para aislarla y satanizarla en el marco de la prolongada guerra comercial con Estados Unidos.
El 1 de marzo, Michel Chossudovsky, de Global Research, preguntó si EU tenía conocimiento previo de la pandemia Covid-19 y sus probables impactos. Y mencionó que el 18 de octubre del año pasado, dos meses antes del brote en Wuhan, el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, llevó a cabo un “ejercicio de simulación” de una epidemia de coronavirus nCoV-2019, en la ciudad de Nueva York.
En el Evento 201 Simulación, se “simuló” un colapso de un 15% de los mercados financieros. El ejercicio fue patrocinado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Fundación Bill & Melinda Gates, el Foro Económico Mundial, Bloomberg y la Fundación Hopkins. El 17 de marzo, un grupo de científicos occidentales concluyó que el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, no se creó en un laboratorio ni es un virus manipulado de forma intencionada.
Vía el poder blando (soft power) de sus paquetes de ayuda médica humanitaria a Europa y América Latina, China se ha reposicionado geopolíticamente de manera rápida, mientras, de cara al “virus extranjero”, el eje Trump-Johnson-Bolsonaro viene impulsando una salida neomaltusiana inspirada en el darwinismo social.
Según el marxista británico Michael Roberts, la gran mayoría de los economistas convencionales han llegado a un consenso: pronostican una caída mundial del PIB real mundial en al menos dos trimestres consecutivos del 2020. Habrá una contracción producto de la pandemia Covid-19 y del “confinamiento” como respuesta. El Instituto Internacional de Finanzas (organismo de investigación de la banca internacional) calcula que la economía de EU se contraerá en un 10% y la de Europa en un 18% a fines de junio de este año. Sin embargo, aunque esas economías luego se recuperarán, Roberts dice que se habla muy poco del devastador impacto en miles de millones de personas del llamado “Sur Global”.
Como señala David Harvey, el COVID-19 no es una fluctuación repentina. Es un shock verdaderamente poderoso en el corazón del consumismo que domina en los países más prósperos. Según el geógrafo británico, el presidente Trump realizó “una imitación del Rey Canuto frente a una potencial marea de enfermedades y muertes”. El hecho de que Trump haya perdido el tiempo durante tantas semanas puede resultar costoso en muchas vidas humanas.
Harvey dice que si China no puede repetir el papel que jugó en 2007-8 en el rescate del capitalismo mundial, entonces la carga de la salida de la actual crisis económica se trasladará a los Estados Unidos. Y he aquí la gran ironía: “Las únicas políticas que funcionarán, tanto económica como políticamente, son mucho más socialistas que cualquier cosa que pueda proponer Bernie Sanders. Los programas de rescate tendrán que iniciarse bajo la égida de Donald Trump, presumiblemente bajo la máscara de Making América Great Again”.
Harvey agrega que todos los republicanos que se opusieron de manera visceral al rescate de 2008, tendrán que comerse el cuervo o desafiar a Donald Trump. Y este personaje podría llegar a cancelar las elecciones de este año “por la emergencia” e imponer una “presidencia autoritaria del Imperio” para salvar al capital y al mundo de “los disturbios y de la revolución”.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/la-pandemia-del-miedo/
¿Qué pueden hacer la izquierda y los movimientos sociales frente a las fake news, el poder algorítmico y el «big data»? ¿Qué papel pueden jugar frente al nuevo capitalismo tecnológico?
Hablar de nuevas tecnologías está de moda. La palabra cyber se repite una y otra vez. Todo lo que la contiene se nos presenta como algo interesante, novedoso, atractivo e inentendible. En definitiva, se nos muestra como algo mágico. Ciertamente, el espacio web ofrece una herramienta que es cada vez más técnica y, en algunos casos, incomprensible. Sin embargo, las dificultades en la comprensión no deberían ser la excusa para que los movimientos sociales no formen parte del debate tecnológico y, sobre todo, político, respecto de la tecnología.
La tecnología es una herramienta y, como tal, su destino no está escrito de antemano. Es innegable que se ha apoderado de buena parte de nuestras vidas y que ha formateado nuestras relaciones económicas, políticas y sociales. Pero esto no significa que no podamos otorgarle una dirección: definir hacia donde queremos que se conduzca. La posibilidad de utilizar la tecnología para el bien (y que sus beneficios alcancen a todos) es tan real como la posibilidad de que sea utilizada de mala manera y que sus beneficios sean acaparados por unos pocos. En lo que se refiere a la tecnología, lo central es su diseño y su regulación. Esto puede evitar que sea conducida hacia donde quieren quienes hoy detentan su poder.
Propiedad de los datos
El primer gran tema de debate a escala global es el de la propiedad de los datos. De más está decir que el «big data» generado a cada momento desde cualquier dispositivo electrónico (principalmente el teléfono móvil, pero también cualquier otro conectado a la red) es hoy el mayor generador de ganancias a escala global. Se dice que los datos son el nuevo «oro de Potosí», evocando una materia prima altamente valiosa que el mundo más desarrollado extraía explotando a América Latina, sin dejar absolutamente nada en la región. Sin embargo, en el caso del oro, la propiedad se define de forma clásica: le pertenece a quien la posee. En cambio, en el caso de los datos, las cosas son más complicadas. Además de que pueden ser copiados, el acceso a los datos habilita la generación de ganancias, incluso cuando no se tiene su propiedad. El fuerte lobby existente en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para conseguir la propiedad de los datos y prohibir el acceso por parte de gobiernos, evidencia esta situación. Se necesita una regulación que los transforme en «oro» para eliminar cualquier posibilidad de repartir las ganancias y esto es lo que las grandes empresas de tecnología están impulsando.
En este contexto, se debate sobre la propiedad de esos datos: ¿son de los usuarios que los generan? ¿Son de la empresa que facilita el software para «producirlos»? Dado que un individuo solo frente a una trasnacional como Google tiene un poder nulo de negociación de derechos, ¿son propiedad del Estado o este tendría una nueva función: ser un mediador sobre permisos y controles frente a estas empresas? Se trata de preguntas hoy sin respuestas.
Entre las posturas más radicales se encuentra aquella que asegura que «los datos son de aquel que los produce». El productor, por tanto, debería ser dueño de la mercancía y el poseedor de los medios de producción. «Si los datos son míos, deben pagarme por tomarlos», es la postura que se deriva de esta afirmación. Si lo que genera ganancias a las empresas es el manejo de datos y el dato existe porque el ciudadano lo genera, este debería tener alguna retribución por la extracción de los mismos. Como es evidente, los empresarios asegurarán algo bien distinto. Argumentarán que el usuario ya tiene una paga y esta es la posibilidad de utilizar una aplicación de manera gratuita. Esto, según ellos, es una forma de retribución. Sin embargo, lo cierto es que, al igual que los canales de televisión, también obtienen ganancias por publicidad, por venta de servicios corporativos y por venta de datos. Efectivamente, los niveles de ganancia que perciben no tiene relación alguna con los beneficios sociales que entregan por el uso de aplicaciones.
A este panorama se le debe sumar la pérdida de beneficios sociales en términos de diseño e implementación de políticas públicas por falta de acceso a la información por parte de los Estados y el avasallamiento de derechos como la privacidad, la desinformación y la obligatoriedad de aceptar términos y condiciones para poder utilizar una plataforma donde muchas veces se ceden derechos. Una visión más moderada llevaría a establecer marcos regulatorios reales para que la propiedad quede en manos de las empresas, pero con un Estado que se reserve la potestad de exigir acceso a los mismos en caso de ser necesario, que gestione permisos a través de mecanismos intermedios de control social (organismos de control autárquicos) y que estipule otros esquemas innovadores de regulación.
El algoritmo
Aunque hasta hace tiempo era desconocida para los ciudadanos de a pie, la palabra «algoritmo» ya está en boca de todos. Los algoritmos pueden ser definidos como un conjunto de instrucciones ordenadas que permiten solucionar un problema concreto. Hoy son claves en el desarrollo de la inteligencia artificial y la industrialización digital.
Numerosos análisis indican que, con la presencia cada vez más marcada de los algoritmos, el capitalismo del conocimiento se encuentra en jaque, dado que una vez que se conoce un código fuente solo hace falta copiarlo para replicar una tecnología. Por este motivo, los códigos fuente que implementan los algoritmos están protegidos por leyes de propiedad intelectual que preservan su secreto. Este punto es tan sustancial e importante que ya fue incluido esto en diversos acuerdos de libre comercio y creó una verdadera caja negra donde se tejen las normas que regulan y ordenan a la sociedad. Los algoritmos regulan todo: el orden de resultados en una búsqueda de Google, la cantidad de veces en la que una máquina de un casino declara un ganador y hasta la asignación de beneficios sociales por parte de un Estado. Estos algoritmos son secretos y generan controversias. Resulta cada más evidente que, en algunos casos, se necesita acceder a ese código para auditarlo y saber que no hay discriminación, verificar que no se incumplan derechos, comprobar que el algoritmo esté hecho de una forma contraria a la ley o simplemente que no tenga fallos que repercutan en la vida humana de manera negativa. Por otro lado, el debate en torno a la propiedad intelectual ha arrojado bastante evidencia de que, cuando no existen secretos, la sociedad se beneficia. Esto se ha hecho patente en áreas como la de la medicina, donde el conocimiento por parte de los usuarios, les permite acceder a medicaciones a mejor costo y sabiendo los componentes de las mismas. Lo mismo ocurre con los algoritmos. Una postura radical implicaría pedir la apertura de códigos. Es decir, que no estén amparados por las leyes de propiedad intelectual y que todos puedan acceder a mejorarlos y auditarlos. En cambio, una postura más conservadora implicaría pedir que el Estado solo tenga algoritmos de código abierto, revisables y auditables. En la esfera privada, podría existir mecanismos legales para poder auditar en caso de sospecha de discriminación y que esa auditoria pueda ser llevada adelante tanto por auditores públicos como privados. Desde el Estado deberían fomentarse y protegerse licencias creative commons, un sistema por el cual cada ciudadano puede patentar nuevas ideas y determinar que su idea puede ser utilizada por todos.
Seguridad informática
Las filtraciones de noticias, los hackeos de cuentas y sitios web y los robos de información están a la orden del día. Son la demostración palpable de que la seguridad informática es un asunto de primer orden. Aunque los casos conocidos son aquellos que por su magnitud han sido más amplificados por los medios de comunicación, el problema afecta a la ciudadanía en su quehacer cotidiano. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que ni siquiera son conscientes o perciben el problema.
La encriptación de información es de suma importancia para proteger nuestros datos personales, nuestra privacidad y nuestro dinero. Un mal sistema de seguridad equivale a dejar la puerta de nuestra casa abierta y esperar a que los ladrones (que en este caso pueden provenir de cualquier país del mundo) no ingresen a nuestro domicilio. Pero los sistemas seguros son, en su mayoría, caros. Cuanto más seguros, más caros. No es extraño, entonces, que se estén volviendo propiedad de los ricos y poderosos del mundo. De hecho, en la OMC se están impulsando negociaciones para dejar a criterio de cada empresa el nivel de seguridad informático que tendrá, sin que el Estado tenga la potestad de regular estándares mínimos. Esto conduciría a la creación de empresas de alta gama con elevados estándares de seguridad, pero accesibles solo para los ricos. En contrapartida, habría empresas con estándares más bajos, accesibles para los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos estarían más expuestos a robos y hackeos. Lo cierto es que existen soluciones más económicas, pero la falta de conciencia también suma a la irresponsabilidad y al manejo de costos. En el mundo contemporáneo, resulta inadmisible que las empresas decidan sobre la seguridad informática de todos los ciudadanos y que manejen los datos de los usuarios con desconocimiento de la población. Es necesario establecer estándares mínimos para todos. En los casos que sea necesario, se puede incluso subvencionar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a estos niveles de seguridad y no se vean obligadas a cerrar sus negocios por no poder competir. La seguridad informática no debería ser un lujo para pocos.
Empresas y censura
Otra cuestión importante es la cantidad de contenido que se publica en la web, sobre todo en las redes sociales. Existe una corriente de pensamiento que está haciendo lobby para que las empresas tomen la función de policía y eliminen los discursos de odio de las redes. Esto suena suena bien en un principio. Censurar los contenidos machistas y de odio en la web para que no esparzan su odio a través de internet y poder controlar la formación de opinión publica hacia discursos más constructivos. Pero lo cierto es que estos discursos no dejarán de existir por censurarlos y siempre encontraran cómo filtrarse. Por otro lado, es cuestionable otorgarles semejante poder a grandes empresas trasnacionales que podrán decidir, bajo sus criterios y estándares, qué censurar y qué no. Muchas personas dirán que hoy ya ejercen ese poder de censura (y es cierto) pero no están avaladas por ley y, cuando lo hacen, se forman importantes campañas en su contra. En muchos casos, de hecho, se ven obligadas a reestablecer las cuentas censuradas y a cambiar sus políticas debido a la mala imagen que les depara la censura. Si se asumiera la decisión de otorgarle a las empresas el poder de policía en las redes sociales: ¿qué garantizaría que no bloqueen comentarios políticos por considerarlos de odio, aun cuando no haya insultos expresos? ¿Y si bloquearan videos de manifestaciones? La amplificación de las manifestaciones en Chile, por poner solo un caso, se produjo en las redes sociales. Lo que se veía allí era sustancialmente distinto a lo que relataba el discurso de los grandes medios. Si las empresas hubiesen tenido el monopolio de la censura en redes, los ciudadanos no podrían haber accedido a la información real de lo que allí sucedía. Darle a las empresas la capacidad de intervenir podría en jaque la libre circulación de información en las redes y fomentaría la información sesgada. No debe haber habilitación para censurar contenido de ningún tipo, incluso incitaciones al odio. Distinto es el caso de actividades ilegales como la pedofilia o el tráfico de fauna silvestre que sí debe ser perseguido por su carácter ilegal.
Cámaras, vigilancia
Buena parte de las ciudades más importantes del mundo se llenaron de cámaras de reconocimiento facial. Están por todos lados, reconocen a la población y, según dicen las autoridades, cooperan con la eliminación del delito. Lo cierto es que ya son evidentes las fallas del sistema. De hecho, ha habido serios inconvenientes con sistemas que reconocen como sospechosa a gente que no está siendo buscada. Ciudadanos y ciudadanas inocentes de delitos se han visto privados de su libertad durante largas horas. El daño causado en términos de humillación y tiempo perdido es irreparable. Pero este no es el único problema. Un Estado que tiene esa capacidad de control sobre su población puede usarlo para mal. Las manifestaciones en contra del gobierno podrían ser controladas simplemente reconociendo a los participantes y tratando de amedrentarlos a posteriori. Una dictadura con estos sistemas podría producir verdaderas masacres. Es por ello que los sectores más radicales consideran que se debe reclamar la eliminación de los sistemas de reconocimiento facial de todo espacio público. De hecho, ya existe una declaración mundial de especialistas sobre el tema. Una postura más moderada sostendría la necesidad de reclamar por una moratoria, pidiendo que no se siga avanzando en esta dirección y que la capacidad ya instalada vaya eliminándose progresivamente.
Huelgas y desconexión laboral
Las nuevas tecnologías impactan en el mercado de trabajo. En este sentido, es necesario comenzar a pedir por nuevos derechos laborales a ser conquistados. Los trabajadores estamos conectados 24 horas al día. Aun cuando no respondamos un mensaje de trabajo, seguimos teniendo nuestros teléfonos celulares y recibiendo mensajes laborales que se acumulan en la bandeja de entrada. El derecho a desconexión laboral es necesario hoy, más que nunca. Pero no es el único derecho a conquistar. También los empleadores manejan enormes cantidades de información laboral y privada de los trabajadores. Se vuelve fundamental la protección de los datos de los trabajadores a fin de que esos datos no sean utilizados en contra del mismo trabajador ni puedan alimentar sistemas algorítmicos de gestión laboral. Por otro lado, los sistemas automáticos están logrando autonomía al punto de que los trabajadores pueden estar de paro, pero el sistema sigue funcionando (como el Home Banking), quitándole visibilidad al reclamo de los y las trabajadores. Así como no se pueden contratar trabajadores para reemplazar a los que están en huelga, no debería poder activarse los sistemas automáticos que reemplazan a los trabajadores. Necesitamos resignificar el derecho a huelga a fin de que no se pierda este importante instrumento de visibilización cuando la negociación falla.
Estos son solo algunos de los nuevos problemas que enfrentan nuestras sociedades en la actualidad. Las organizaciones sociales, en articulación con especialistas, pueden y deben dar estos debates. Ante los cambios que se están produciendo, esa reflexión -con perspectiva humana, solidaria y latinoamericana- resulta cada vez más imprescindible.
Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/capitalismo-tecnologia-y-movimientos-sociales/
Esa estrategia da trato de presuntos criminales a los estudiantes, pero las empresas de seguridad presionan para que se implemente por negocio.
El operativo Mochila segura no sólo es una estrategia ineficaz que criminaliza al alumno y lo convierte en un presunto culpable, también encubre factores centrales que afectan a la comunidad escolar como la precariedad emocional, el abandono y el descuido que enfrentan niños y adolescentes. La escuela se está quedando sin tejido social, advirtieron especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco y defensores de derechos humanos.
El pasado 10 enero un alumno de primaria en Torreón, Coahuila, disparó en contra de su maestra y compañeros, para después suicidarse, lo que generó la reactivación del citado operativo en la entidad, y el anuncio del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, de un análisis conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para su posible implementación, pese a que este organismo emitió en agosto pasado una recomendación en contra por considerarlo violatorio de los derechos a la educación, la intimidad y la participación de los menores.
Al respecto, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y experto en derechos de la infancia, advierte que hay un contexto normativo internacional y nacional que “establece claramente que este tipo de medidas policiacas violentan el interés superior de la niñez, pero también se olvida que detrás de estas presiones para reactivar Mochila segura hay muchos cabilderos y empresas de seguridad que sólo ven un buen negocio”.
Marcelino Guerra, profesor-investigador de la UPN, señaló que Mochila segura es un operativo que se redita 20 años después de su primera etapa de implementación en escuelas del país en 2001, pero sin problematizar las causas de la violencia dentro y fuera de la escuela.
“Escuela segura, Sendero seguro y Mochila segura fueron estrategias que llegaron a los centros escolares sin conocer ni comprender a fondo cuáles son los verdaderos problemas que generan la violencia. Sin embargo, son acciones que se imponen de forma generalizada en los planteles”, explicó.
Con estas medidas se normaliza la violencia a partir de la criminalización de los propios estudiantes, porque son quienes meten las armas, los que violentan a los otros, los que matan, son los responsables, los culpables, los criminales, mientras este discurso se normaliza, se desatienden todas las violencias que afectan a niños y adolescentes, no sólo el acoso escolar, sino el abuso, el maltrato de sus padres o su ausencia en casa por cuestiones laborales, y las violencias que los rodean en la calle o el hogar.
Institucionalizar la violencia
Roberto González, experto en violencias escolares y profesor-investigador de la UPN, señaló que a un contexto que ya violenta a los menores se suma una violencia institucionalizada que sólo reproduce más violencia y más vigilancia. Es aislamiento, insolidaridad, es no mirar al otro, afirmó.
Subrayó que la violencia letal en las escuelas es un fenómeno extremadamente raro en México, pero cuando ocurre, se disparan las alarmas, se buscan respuestas estandarizadas y se soslayan ejes prioritarios como los odios: el racismo, la homofobia, el clasismo, todo ese magma de precarizaciones que no estamos atendiendo en la escuela.
Por su parte, Juan Martín Pérez, apuntó que detrás del operativo de Mochila segura “hay muchos cabilderos, muchas empresas de seguridad privada que venden esto. Los arcos metálicos –que ya se han instalado en algunas escuelas—no son gratis, muchos se rentan porque deben tener una certificación especial de la Secretaría de Energía”.
Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón se retomó en 2007 el operativo de Mochila segura, pero tras el rechazo de los maestros a convertirse en vigilantes de sus alumnos, el programa comenzó a hacer agua, e incluso, hubo escuelas que contrataron vigilancia privada con binomio canino.
En bachillerato, agregó, se llegó al extremo de cargar el costo a las familias para aplicar pruebas antidoping a los estudiantes con el fin de detectar el consumo de sustancias ilícitas, lo que es totalmente contrario a sus derechos.
Mochila segurano sólo es violatorio del derecho a la educación y a la intimidad de niños y adolescentes, también es discriminatorio, porque sólo se aplica a los menores y no a toda la comunidad escolar. Recordó que tanto la reforma al artículo 4 constitucional, que establece el interés superior de la niñez, como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizan el derecho a la intimidad de los menores, quienes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.
Tejido social hecho garras
Al respecto, Lucía Rivera, experta en temas educativos y profesora-investigadora de la UPN, señaló que la escuela ha dejado de ser un santuario cerrado y, por lo tanto, son lugares inseguros y con muchos desafíos. No se trata, explicó, de crear y aplicar una política pública homogénea que busque dar solución a la violencia, porque se cae en una sobresimplificación que deja de lado que dentro de la propia escuela hay un tejido social que está hecho garras, hilachos.
Las exigencias del sistema, explicó, han ido en aumento para profesores y directores. Los padres de familia cada vez recurren más a las quejas y las demandas contra los maestros, por lo que el ambiente en la escuela se judicializó.
Tenemos de tensiones que ninguna política está interesada en resolver, porque se tratan como si fueran un problema local, de gestión escolar, aunque esto ocurra en casi todos los planteles. Tenemos niveles de tensión muy altos, afirmó.
Rivera enfatizó que se está llegando a una situación límite, donde todo mundo reacciona regañando a las familias, a los maestros, y tenemos que tratar de entender que estamos en niveles de precariedad que nos tienen en una condi-ción de deterioro emocional y afectivo, de desvinculación, y no se trata de caer en la lógica de una educación socioemocional, como se plantea ahora, en una visión de supervivencia, de garantizar que niños y adultos operen emocionalmente en los mínimos para ser productivos.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2020/01/19/sociedad/029n1soc
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