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Opinión: Tres problemas que se acentuarían con un “pin parental”

Por: Sofía García-Bullé

El costo social de restringir el acceso a la educación sexual sería enorme, principalmente para los niños, niñas, víctimas de abuso sexual y la comunidad LGBTQ.

La iniciativa conocida como “pin parental” y presentada en el Congreso del Estado de Nuevo León, México, por el diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, se perfila como un propuesta controversial, con el potencial de restringir el derecho a la educación sexual dando poder de veto a las familias.

La iniciativa propone otorgar a las familias control total sobre cómo y cuándo los hijos comenzarían a recibir información de la materia; decidiendo padres y madres de familia, a título personal, lo que consideran temas éticamente y moralmente controvertidos.

En un artículo anterior hemos explicado cómo dicha propuesta puede alterar el delicado balance entre la educación escolar, que representa un derecho básico, y la formación en casa, una primera necesidad para la infancia neolonesa.

Sin embargo, más allá de este balance, si se llegara a aprobar  la iniciativa del pin parental, el impacto que esta tendría sobre minorías sociales como menores de edad, víctimas de abuso sexual, mujeres, niñas y la comunidad LGBTQ, sería enorme.

Tres problemas que se verían agravados con la aprobación del “pin parental” 

1. Detección oportuna del abuso sexual infantil

La educación sexual básica es una herramienta crítica para prevenir y detectar el abuso sexual infantil, como lo sostiene Vicenta Hernández Haddad, psicóloga especialista en educación sexual con 30 años de experiencia. Hernández explica que muchas de las problemáticas que tenemos en México, primer lugar de abuso sexual infantil de acuerdo con la OCDE, tiene que ver con la falta de salud sexual, la cual se deslinda en primera instancia de la escasez de programas de  educación sexual clara y oportuna.

“Muchas veces cuando un menor viene al consultorio por una experiencia de abuso, nos encontramos con que ese niño no sabía los límites que debe haber entre un adulto y un niño”, comenta Hernández Haddad para el periódico La Razón. Hernández reiteró la necesidad de ofrecer recursos educativos sobre el tema inclusive en niveles básicos y no demorar la difícil, pero necesaria, conversación sobre la sexualidad hasta la pubertad o adolescencia.

Parte del problema es que muchos padres y madres de familia deciden hablar de sexualidad con los hijos solo hasta que sus cuerpos se han desarrollado lo suficiente como para ser sexualmente activos. No es común que a los adultos se les ocurra introducir el tema antes, dado que esto los obliga a pensar en la posibilidad de que sus hijos pudieran ser víctimas de abuso a temprana edad. Ninguna madre o padre se sentirían cómodos considerando esta terrible probabilidad.

Pero en un país en el que el 30 % de los agresores de menores son familiares directos y un 13 % adicional son parientes indirectos, la necesidad de una “alfabetización” en materia de educación sexual es imprescindible.  La educación sexual es la primera línea de defensa para combatir estas realidades.  Un estudio del Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, Argentina, reveló que entre el 70 % y 80 % de niños y niñas entre 12 y 14 años solo pudieron comprender que habían sido víctimas de abuso sexual hasta después de recibir clases de Educación Sexual Integral en la escuela.

La Asesora General Tutelar de Buenos Aires, Yael Bendel, enfatizó que fueron los recursos educativos obtenidos en las clases de educación sexual lo que les ayudó a comprender que fueron víctimas, así como abrirles un espacio de confianza en la escuela que les permitió contar lo sucedido.

2. Concientización sobre la salud reproductiva de la mujer y el número de embarazos infantiles y juveniles

Una de las minorías sociales más vulnerables ante la falta de educación sexual son las mujeres. La educación sexual no sólo las protege de la posibilidad de violencia y abuso sexual, sino también de embarazos infantiles, juveniles o no deseados.

El estudio realizado por el Ministerio Público Tutelar de Argentina, también mostró que el 70 % de los menores víctimas de abuso entre 12 y 14 años que acudieron a denunciar eran niñas. En México ocurren 366,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años anualmente. El embarazo precoz se califica como de alto riesgo. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres jóvenes de 15 a 19 años a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS también reveló que en los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50 % superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, en comparación con los bebés de mujeres mayores de edad, entre los  20 y 29 años.

La educación sexual es clave para reducir estas cifras. Como lo sostiene Margarita Fuster, especialista en ginecología infantojuvenil y directora del Departamento de Ginecología Infantojuvenil de la Maternidad Nacional en Argentina.

“La educación sexual empieza por casa. Los padres deben hablar de sexualidad con sus hijos y deben admitir que el sexo existe en la adolescencia desde edades tempranas. Y también tienen que saber que mientras más informados estén los chicos, más tarde iniciarán las relaciones sexuales y más se cuidarán tanto de un embarazo no deseado como de adquirir una infección de transmisión sexual”, explicó la directora.

La especialista además puntualizó que uno de los principales factores que contribuyen a la alta incidencia de embarazos adolescentes es la negación del mundo adulto de la dimensión sexual en los jóvenes hasta que es imposible evadir el tema. En muchas de esas situaciones, para entonces ya sucedió un embarazo adolescente o una enfermedad de transmisión sexual. Por esto es imperativo una intención educativa que parta de la cooperación entre escuelas y las familias.

3. La invisibilidad de niñxs no heteronormadxs y el acoso escolar

Otro de los sectores más vulnerados por la falta de una educación sexual completa y oportuna, es la comunidad LGBTQ. El acoso escolar con base en la homofobia, es un serio problema a nivel mundial. En México, 61 % de los estudiantes LGBTQ reportan haber sido víctimas de acoso escolar homofóbico en sus escuelas. El 92 % de los estudiantes de la población general han sido agredidos verbalmente debido a su orientación sexual, apariencia física o atuendo.

Si se restringe el acceso a la información sobre la educación sexual más básica, que sería la heteronormada, y se supedita únicamente a las consideraciones de lo que acostumbran en casa las familias, se cerraría la puerta por completo a la enseñanza sobre las relaciones afectivas y manifestaciones de la sexualidad o del género que no entren dentro del espectro heteronormativo.

El golpe para los niñxs y adolescentes que no son heteronormados sería devastador, porque se les negarían los contenidos educativos y la formación tanto ética como emocional, que les ayudaría a comprender si pertenecen a un espectro afectivo, de manifestación de la sexualidad o de género distinto.

Se les negaría, además, el derecho de existir socialmente y definirse a sí mismxs fuera de las estructuras de heteronormatividad. De la misma forma se les negaría a otros niños y niñas el conocimiento necesario para desarrollar empatía, aceptación y la convivencia con sus compañeros de clase no heteronormados.

Si las cifras de acoso escolar con base en la homofobia son altas ahora, estos números perfilan un significativo aumento si la educación sexual básica, y la inclusiva es son una responsabilidad compartida entre familias e instituciones educativas, así como un derecho natural de los niños y adolescentes.

El dictamen para la reforma constitucional que abriría la puerta al pin parental en Nuevo León tenía programado votarse el martes 26 de mayo del presente año, pero se pospuso la votación para la primera semana de junio. Sin embargo, tras un llamado público de la SEGOB a no proceder con la iniciativa, la votación volvió a posponerse hasta nuevo aviso.

Fuente e Imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/pin-parental-problemas

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Feministas venezolanas convocan al acompañamiento a mujeres, niños y niñas en situación de violencia

América del Sur/Venezuela/ALBATV

En Venezuela, las organizaciones feministas Tinta Violeta y la 5ta Ola convocan al acompañamiento a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de violencia durante la cuarentena.

Tinta Violeta: Voluntariado “Mayell Hernández”

El pasado 21 de marzo, Tinta Violeta y el Voluntariado “Mayell Hernández” publicaron un comunicado en el que alertan al Estado Nacional sobre la violencia machista en las condiciones de aislamiento social, e informaron de un acompañamiento telefónico a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“La cuarentena incrementa la violencia contra las mujeres, debido a que éstas conviven más tiempo con sus agresores, por eso pusimos a la orden nuestros teléfonos con los que cinco compañeras de Tinta Violeta acompañamos los casos. Es decir, brindamos gestión de casos, el acompañamiento médico, psicosocial y asesoría jurídica de denuncias”, explicó Daniella Inojosa, militante de Tinta Violeta.
Con más de setenta denuncias hasta abril, esta organización registra 200 llamadas. Las voluntarias a diario atienden de tres a cinco casos, incluso a mujeres que están en Chile, Estados Unidos y Argentina. “Para nosotras el acompañamiento a venezolanas trasciende las fronteras”, acotó.

La mayoría de las violencias diagnosticadas son agresión psicológica, patrimonial, acoso, violencia sexual y física. “Hemos atendido dos casos que han terminado en femicidios porque las autoridades, en este caso la Policía Nacional y Guardia Nacional Bolivariana, no respondieron a tiempo. Además, por falta de casas de abrigo en el país, una voluntaria mantuvo en su casa a una víctima con sus dos hijos, por estar en riesgo inminente”, denunció Inojosa. Sin embargo, este acompañamiento de Tinta Violeta continúa.

Comenzó en el 2019 con el Voluntariado Amoroso “Mayell Hernández”, a partir de dos talleres en los que participaron mujeres y hombres, quienes, con la facilitación de la profesora Yurbin Aguilar, aprendieron sobre patriarcado, círculo de violencia y violencias machistas, además de herramientas psicosociales y jurídicas para asistir a víctimas.

“Con el femicidio de Mayell Hernández, notamos que las compañeras en situación de violencia estaban muy solas. El voluntariado nace para acompañar a las mujeres, niños, niñas y adolescentes en un sistema judicial y policial que les adversa culturalmente”, señaló Daniella Inojosa, militante de Tinta Violeta.

Por su parte Yoseglis Cabrera, participante y voluntaria, expresó que «acompañar» significa “escuchar a las mujeres, demostrar que sí les creemos, ofrecerles la contención sorora de respeto y empatía en momentos de desaliento, revictimizacióny violencia. Decirles que no están solas”, resaltó.

Actualmente, con el fin de integrar a más acompañantes, el Voluntariado “Mayell Hernández” y la organización Tinta Violenta, en alianza con FALDAS-R y AVESA, abrieron las postulaciones a una formación virtual que arrancó el pasado 14 de mayo.

5ta Ola feminista: a por una Red Nacional de Voluntarias

En marco de sumar esfuerzos para la atención y acompañamiento a víctimas de violencia, la plataforma de comunicación la 5ta Ola feminista también puso a disposición sus líneas telefónicas.

Yekuana Martínez, integrante de esta plataforma, destacó que a más 10 años en la lucha feminista, las compañeras de la 5ta Ola, en las comunidades y en la institucionalidad de Estado venezolano, han acompañado a mujeres “con la certeza de que juntas es más fácil romper el ciclo de la violencia”, resaltó.

Desde inicios de abril, la plataforma comunicacional La 5ta Ola ha recibido veinte denuncias de violencias machistas en el país. “Las mujeres que solicitan el acompañamiento son diversas, hay trabajadoras, estudiantes, compañeras de urbanismos donde vivimos, compañeras cercanas a las militancia y mujeres que no conocemos”. A todas ellas, jóvenes y adultas, les ofrecen vía telefónica la asesoría psicológica y legal.

Comentó que a pesar de los avances en materia legal por los derechos de las mujeres, la cultura patriarcal se impone con trabas ante la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. “Por eso nuestra labor es brindar un punto de apoyo para que las mujeres que denuncian se mantengan firmes, aun con esta adversidad”, acotó Martínez.

Ante esta situación, la 5ta Ola pide la activación de una Red de Casas de Abrigo Temporales para el albergue, cuidado y estadía de las víctimas de violencia.

Asimismo, exigen la activación, difusión y ampliación del Protocolo Especial de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia hacia las Mujeres. También, proponen plataformas digitales de denuncias y la elaboración de campañas comunicacionales en redes sociales, radio y televisión para la prevención de la violencia de género.

Por otro lado, Yekuana Martínez, militante de la 5ta Ola, consideró necesario unificar los esfuerzos de acompañamientos en Venezuela, a través una Red Nacional de Voluntarias, que “esté compuesta por activistas, militantes, profesionales e integrantes de organizaciones, instituciones y movimientos con experiencia en prevención y atención en materia de violencia hacia las mujeres”, mencionó.

Fuente: http://www.albatv.org/Feministas-venezolanas-convocan-al-acompanamiento-a-mujeres-ninos-y-ninas-en.html

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Alarmante situación de violencia contra las mujeres

Pandemia profundiza desigualdades e injusticias.

La semana pasada, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worlwide solicitaron al máximo órgano judicial hondureño un informe sobre el trabajo de atención a casos de violencia doméstica, que deberían estar desarrollando los Juzgados de Paz mientras dure la suspensión de labores en el poder judicial por la pandemia de Covid-19.

La decisión tomada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue plasmada en el Acuerdo No. PCSJ 16-2020[1], donde se instruye a los jueces de paz recepcionar denuncias e imponer medidas de seguridad, velando por su cumplimiento.

Uno de los efectos más graves de la pandemia es la profundización de las desigualdades que ya existen en la sociedad. En este contexto, la cuarentena se convierte en fuente de mayor amenaza para muchas mujeres, niños y niñas.

Desde la entrada en vigencia de las medidas restrictivas, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM[2] ya reportó 26 femicidios – 12 de ellos en lo que va del mes de mayo -, 3 intentos de femicidio y 10 casos de violencia sexual. En total se registran 95 femicidios desde enero.

Miedo e impunidad

Hasta el 30 de abril, el Ministerio Público reportó más de 300 casos de violencia doméstica, aunque todo apunta a que la situación sea más grave por el miedo de muchas mujeres a denunciar a su agresor.

En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.

El Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla” asegura que entre marzo y abril registró casi 13 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio, y más de 32 mil denuncias desde el inicio del año.

Según el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. Más del 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad.

Es por eso que, ante esta difícil situación, las organizaciones firmantes solicitaron al máximo órgano judicial un informe sobre la implementación del Acuerdo PCSJ 16-2020.

En especial pidieron conocer la cantidad de denuncias domésticas recibidas, la cantidad de Juzgados de Paz abiertos al público y si se han realizado campañas informativas dirigidas a las mujeres.

También solicitaron conocer qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y de qué forma están monitoreando su implementación.

Nuevo Código Penal

La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Honduras podría hasta empeorar debido a la entrada en vigencia del nuevo y muy cuestionado Código Penal, que estaba prevista para el 10 de mayo.

Las muchas críticas, la presión popular y la crisis sanitaria de estos meses hizo que los legisladores aprobaran extender por 45 días más la vacatio legis.

Entre otras críticas que le han llovido al nuevo Código Penal a nivel nacional e internacional, destacan las del CDM y otras organizaciones de mujeres y feministas que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el retroceso en la defensa de la vida de las mujeres.

El nuevo texto, por ejemplo, baja de entre 30 y 40 años a entre 20 y 30 años la pena para el femicidio. Asimismo, disminuye de entre 10 a 15 años a entre 9 y 13 años la pena por violación. También desaparece el concepto de “violación especial” (pena de 15-20 años)[3].

Notas:

[1] http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoPCSJ16-2020.pdf

[2] https://derechosdelamujer.org/observatorio-2/

[3] Cuando la víctima es menor de 12 o mayor de 70 años o si la violación se comete por más de una persona o hay reincidencia

Fuente: Rel UITA

Fuente: https://rebelion.org/alarmante-situacion-de-violencia-contra-las-mujeres/
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Se necesita un esfuerzo común para dejar una pareja violenta durante el confinamiento, según expertos

Latinoamérica/Globalvoice/Belen Febres

Aunque el porcentaje varía por país, la violencia intrafamiliar afecta en promedio a una de cada tres mujeres en América Latina. Los diversos factores que la perpetúan pueden acentuarse durante la pandemia que atravesamos, y deben ser abordados desde distintos frentes.

Rosario Gómez, socia fundadora de la Casa de Refugio Matilde en Quito, Ecuador, explica que aunque se podría pensar que el primer paso para disminuir la violencia de pareja es denunciar al agresor, éste no es el caso. En realidad, más del 80% de las mujeres que viven violencia en Ecuador no la denuncian, y se requiere de un acompañamiento previo a cualquier medida legal:

En nuestros 30 años de trabajo hemos luchado por las leyes apropiadas, pero la primera entrada no debe ser jurídica. Se puede llegar a la denuncia, pero solo cuando la mujer esté más fuerte emocionalmente, haya logrado una separación afectiva del agresor, y cuente con apoyo.

Daniela Pullas, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, en Rumiñahui, Ecuador, añade que este acompañamiento es fundamental porque el proceso puede durar meses y ser desgastante para el núcleo familiar. Por eso, CEPAM ofrece soporte psicológico para la mujer y sus hijos, si los tiene, en conjunto con asistencia legal gratuita.

Gómez añade que la Casa de Refugio Matilde acoge a mujeres en alto riesgo de femicidio, pero no todas las personas que están viviendo violencia se encuentran en el mismo nivel de peligro. Por eso, se precisa detectar el nivel de riesgo de cada caso y fomentar la colaboración entre distintos sectores para generar mecanismos complementarios que aborden diversas necesidades. Por ejemplo, existen centros de atención ambulatoria que ofrecen consultas externas para casos menos críticos.

Además, los medios y la sociedad civil pueden jugar un rol importante durante el confinamiento. Según Gómez, se podría crear programas radiales para guiar a personas que estén viviendo violencia, o activar redes entre vecinos para que estén pendientes de lo que pasa en el barrio. Para ello, es urgente romper con la indiferencia y la cultura de silencio.

Familiares y amigos también pueden ser proveedores esenciales de recursos de apoyo, sobre todo durante la cuarentena cuando se dificulta el acceso a otros servicios. Sin embargo, Esteban Laso, psicoterapeuta y psicólogo social, explica que este acompañamiento debe ser libre de juicio, y debe respetar las decisiones de cada mujer:

Hay que comprender que la terminación de una relación de pareja violenta no ocurre de la noche a la mañana. Es fundamental no cortar el vínculo con la persona durante el proceso, no culparla si regresa con su agresor, y no demonizar a la pareja. Ayudan más las preguntas que facilitan la reflexión que los consejos, pero esto puede ser difícil y requiere un entrenamiento, por eso es importante complementar este apoyo con el trabajo de un profesional especializado.

Aparte de soporte emocional, amigos y familiares pueden brindar asistencia práctica, como un lugar para llegar, aporte económico, o ayuda con el cuidado de los hijos.

Ana (nombre protegido), una mujer ecuatoriana de 31 años que ama leer y hacer deporte y que vivió violencia por parte de su expareja, cuenta a Global Voices que el respaldo de su hermana fue decisivo:

Después de una de las veces que mi exmarido me pegó, mi hermana llegó con algunas personas y entre todos me ayudaron a salir de la casa. Sin ella, yo no me habría animado porque estaba asustada y no tenía la independencia económica para mantener a mis dos hijas sola.

Gómez explica que eliminar las situaciones de inequidad como la dependencia económica que describe Ana es indispensable para reducir la violencia. Opina que la sociedad civil ha logrado algunos avances importantes, como visibilizar la precarización del empleo y posicionar a la violencia como un problema público. Sin embargo, considera  que para lograr un cambio profundo es imprescindible que las estructuras sociales que mantienen la desigualdad se desestabilicen.

Según Pullas, para alcanzar este objetivo es fundamental que el Estado también priorice la prevención de la violencia y destine los recursos suficientes para hacerlo. La necesidad de abogar por esto es incluso más inminente durante la pandemia cuando el presupuesto se recorta.

Además, Pullas dice que se requiere mayor cumplimiento de leyes y mecanismos existentes, y que se precisa cambiar las ideas que perpetúan la violencia. Para Ana, estas normas culturales pesaron mucho, pero ahora que logró vencerlas, como profesora inculca nuevos valores desde la educación:

Te meten en la cabeza que si tienes hijos nadie te va a querer, y hay un miedo gigante a quedarte sola. Además, muchas veces permaneces en el ciclo de la violencia por miedo a que te juzguen, y eso la naturaliza. Esas son las ideas que yo intento cambiar todos los días en mis alumnos.

Por último, Laso recalca que la erradicación de la violencia debe ser un esfuerzo en conjunto, y que, si bien la prevención es fundamental, este trabajo no puede recaer únicamente en las mujeres:

La concientización debe dirigirse hacia los testigos y perpetradores, y no solo a las potenciales víctimas. Los hombres tenemos que recuperar nuestra capacidad de querer y ser queridos. Este es un proceso largo y profundo de transformar nuestra forma de entender lo que es ser hombre y ser humano. Solo así lograremos el cambio auténtico y duradero que tanto necesitamos.

Si estás viviendo violencia en Ecuador durante la cuarentena, puedes llamar a ECU 911, o buscar más información en este protocolo o en las páginas de CEPAM y la Fundación Casa de Refugio Matilde.
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¿Quién reconstruirá el sistema educativo?

Por: Mauro Jarquin

El pasado 7 de mayo Esteban Moctezuma se unió a la Junta Nacional Virtual con la Comisión de Educación de la Coparmex en un ejercicio de rendición de cuentas sobre la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la pandemia de Covid-19. La Comisión –cuyos orígenes se remontan hacia los años 70, en plena disputa entre la confederación empresarial y el gobierno de Luis Echeverría por el contenido socializante de los libros de texto– está actualmente encabezada por Luis Durán, presidente y director general de Laureate International Universities México y consejero de Aspen Institute México, la organización que con financiamiento de fundaciones empresariales realizó el Laboratorio de Educación, a través del cual el gobierno federal buscó legitimar la continuidad de una reforma educativa gerencial.

Este acercamiento no es algo fortuito ni coyuntural. Una herencia aún vigente del Salinismo es la atenta recepción que las autoridades federales han mostrado respecto a las percepciones y propuestas del sector privado en materia educativa. Actor que, por cierto, se ha integrado cada vez más –ya sea por la vía de sus cámaras o sus ramificaciones en la sociedad civil– a los procesos de deliberación sobre políticas, impulsando propuestas, programas específicos o formas de gestión del trabajo docente.

En la reunión, el secretario afirmó que el sistema educativo no se había paralizado, que los estudiantes seguían aprendiendo y que el impulso a la digitalización sería determinante para el futuro educativo nacional.

Lo dicho resulta al menos desafortunado si recordamos que al momento de tales declaraciones las cifras oficiales marcaban ya 2 mil 961 muertes por el nuevo coronavirus, una de cada tres familias mexicanas reportaba una disminución de 50 por ciento en sus ingresos mensuales, el desempleo se veía en aumento y la violencia familiar y de género se disparaba a lo largo del país.

Lo anterior aunado a una circunstancia de distanciamiento necesario para poder superar la contingencia.

De lo mencionado por Moctezuma Barragán se pueden desprender dos comentarios y una duda importante.

Parece ser que aún sigue vigente en la SEP una visión estrecha de la naturaleza y relevancia del sistema educativo en nuestra sociedad.

¿Cómo afirmar que el sistema educativo sigue trabajando cuando el dolor y la incertidumbre se han ubicado en el centro de la vida cotidiana de los estudiantes? O más preocupante aún, ¿cómo pensar que la única condición para que un sistema educativo avance es que los estudiantes aprendan contenidos particulares? Quien en algún momento ha pisado una escuela sabe perfectamente que el aprendizaje no es un elemento aislado, sino forma parte de un abanico de situaciones, prácticas y vivencias que le dan sentido a la educación. En todo caso, el aprendizaje es socialmente relevante cuando se comparte, cuando se desarrolla en común y cuando permite construir preguntas y resolver problemas de nuestra vida cotidiana. En ello, el bienestar emocional y el contacto humano resultan fundamentales.

Desde luego, hay otras perspectivas sobre el problema. Por ejemplo, aquellas que encuentran en el aprendizaje una condición sine qua non del capital humano; es decir, que conciben a la escuela y sus efectos individuales como elementos centrales para la generación de ganancia y producción de valor de cambio. Bajo esta concepción, quien aprende se guía bajo una lógica maximizadora, calculada y ajena al contexto social en el que se encuentra. Sin embargo, parte de una lectura muy cuestionable sobre la naturaleza humana, además de responder específicamente a los requerimientos del mercado de trabajo y no al imperativo complejo del bienestar en nuestras sociedades.

Si bien la narrativa oficial anuncia que el programa Aprende en Casa es seguido por ocho de cada 10 docentes y nueve de cada 10 alumnos, las evidencias de quienes trabajan día con día en las escuelas y conocen sus comunidades de trabajo no respaldan tal afirmación. A las muy conocidas desigualdades en el acceso a la tecnología se suma el hecho de que el hogar no es necesariamente el mejor ambiente para fomentar el aprendizaje. Además, los tiempos determinados para el desarrollo de contenidos no siempre son suficientes. Por otro lado, a pesar del respaldo neocorporativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al programa del gobierno federal, no ha sido sencillo para el profesorado mantenerse en contacto con los estudiantes, mucho menos si trabajan en comunidades rurales en donde no siempre viven.

Pese al home office docente y a lo que algunas autoridades educativas parecieran considerar un home schooling transitorio, el sistema educativo ha sido golpeado profundamente por la pandemia y es importante aceptarlo porque después de la contingencia será importante atender cada una de sus grietas.

Por otro lado, la digitalización de los procesos educativos ha resultado ser un componente fundamental en la respuesta de los gobiernos al cierre de escuelas, pero está lejos de ser una panacea a los problemas de accesibilidad, logro educativo y desarrollo profesional del magisterio. Como ha apuntado, entre otros, el pedagogo Philippe Meirieu, el uso acrítico de las herramientas digitales podría generar problemáticas a nivel de los procesos evaluativos y el trabajo docente. Pero también, hay que decirlo, podría abrir nichos de mercado que cuestionarían la condición de gratuidad del sistema educativo nacional.

Con lo anterior, podemos decir que el secretario parece vivir en un escenario donde la negación de los problemas se ha convertido en su solución, pero debemos tomar en cuenta que después de este momento crítico en la historia educativa nacional, las cosas no serán como antes, o no exactamente como antes. Si bien es un imperativo concluir el ciclo escolar en todo el país para preservar la salud y la vida de las poblaciones, es también momento para hacer preguntas respecto a hacia dónde caminar, qué aspectos del sistema educativo atender y cómo comenzar. Una que considero fundamental es: ¿Quién reconstruirá el sistema educativo tras la pandemia?

Aprovechando la cercanía con el gobierno y alejados sustancialmente del trabajo cotidiano en las escuelas, grupos privados de interés han alzado la mano, con propuestas que van desde el desarrollo de un currículum educativo nacional ante emergencias por organizaciones civiles pro empresariales, hasta la profundización de la digitalización educativa.

Ya veremos si el ingreso a la nueva normalidad significa también un rostro más explícito del gobierno empresarial de la educación.

Politólogo

Twitter: @MaurroJarquin

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2020/05/16/opinion/011a1pol?partner=rss

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Colombia: La lucha en Cali contra la violencia de género en medio de la pandemia

América del Sur/Colombia/10-05-2020/Autor(a):María Paula Ardila/Fuente: www.elespectador.com

Según las autoridades, en lo que va de la cuarentena se han registrado cerca de 400 llamadas por estos hechos.

Uno de los grandes problemas que se disparó a raíz de la implementación del aislamiento preventivo fue el aumento en los índices de violencia contra mujeres y niñas. En muchos casos, las tensiones económicas en medio de la crisis sanitaria se convierten en uno de los factores de riesgo que pueden potenciar la violencia en el interior de los hogares. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres, sobre las dimensiones de género en la crisis del COVID-19 y los impactos diferenciados, la emergencia puede llevar a algunas mujeres a permanecer en relaciones de pareja violentas debido a la dependencia económica.

Se trata, eso sí, de un fenómeno que se agudiza en este tipo de situaciones, pero que viene registrando altos índices desde mucho tiempo antes de que comenzara la pandemia. Según cifras de la Policía Nacional, durante 2019 se registraron 464 casos de violencia intrafamiliar en el país e incluso solo el fin de semana del Día de la Madre fueron asesinadas siete mujeres.

En ese mismo fin de semana, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se presentaron 53 casos de presunto delito sexual, 44 de ellos contra la mujer. Además, las tasas de violencia intrafamiliar y los hechos de violencia en pareja fueron de 162 y 330 eventos respectivamente, en los que la mujer fue quien recibió más agresiones y la vivienda fue el lugar más recurrente. De ahí que la cuarentena facilite la configuración de escenarios de violencia, en los que el riesgo recae sobre todo en las mujeres que deben permanecer aisladas junto con sus agresores.

El fenómeno presenta cifras particularmente alarmantes en algunas ciudades como Cali, en donde solo el primer trimestre de este año la Fiscalía tipificó 11 feminicidios y en el marco de la cuarentena cerca de 400 mujeres han hecho llamadas a la Subsecretaría de Equidad de Género para solicitar ayuda por violencia durante el aislamiento. Esto sin contar los subregistros debido al miedo que sienten las mujeres de denunciar a sus agresores, incluso, por no encontrar mecanismos que faciliten las denuncias sin ponerlas en riesgo.

¿Qué hacer cuando la mujer no puede pedir ayuda porque está en cuarentena con el agresor?

Hasta el momento, en la Subsecretaría estamos elaborando un protocolo de lenguaje indicativo o en claves. Lo estamos creando a partir de esa necesidad que surge para comunicarnos con las mujeres telefónicamente. También abrimos la posibilidad de comunicación vía Whatsapp, ya que es un medio más discreto. En la campaña “Ruidazo por las mujeres” estamos buscando poner una serie de afiches con la ruta de atención en tiendas y droguerías, incluso capacitar a algunas personas que puedan ofrecerle a la mujer información.

¿Cuáles son las líneas de atención para las mujeres en Cali?

Tenemos una línea que es 24 horas: 310 516 2760. Hay otra en horario de oficina: 350 803 2031.

En caso de que deban salir de sus casas porque fueron violentadas en medio de la cuarentena, ¿hay hogares de acogida para ellas?

Luego de que una mujer llama a la Subsecretaría y expone su caso, tenemos un violentómetro para medir cuál es el nivel de riesgo en el que está la mujer y determinar si está expuesta a feminicidio. En caso de que sí, se abre el lugar de acogida y ella puede llegar con su núcleo familiar. Allá se les da alimento, hospedaje, kits de aseo y ropa. Adentro hay un equipo permanente de enfermeras, una abogada, una trabajadora social y una psicóloga. Es importante decir que la gente piensa que nosotros podemos ir y sacar a la gente de su casa, y no podemos. No somos autoridad para eso.

El mayor problema que enfrentamos es la naturalización de la violencia. No es normal que te quiten tu celular, que te griten, que te empujen, que te controlen tu tiempo. Quienes han estudiado el tema han identificado un ciclo que inicia con lenguaje verbal que descalifica a la mujer. Ese comportamiento puede volverse recurrente y mentalmente enfermar a una persona. Luego de esto pasa a empujones, muestras de poder físico y encerramiento. Lo más común es que les quiten el celular y les controlen el tiempo en la calle. Estos elementos configuran un ciclo de violencia que pueden estar acompañados de golpes y abuso sexual.

¿Cuáles han sido los tipos de violencia más comunes y los rangos de edad donde se presenta violencia?

En cuarentena el tipo de violencia más frecuente es la psicológica, seguida de la física y la patrimonial, tal vez por el nivel de dependencia. Muchas mujeres son trabajadoras informales y no pueden salir a trabajar, entonces son sometidas por sus parejas a situaciones de discriminación. Quienes más nos llaman están entre los 25 y 35 años.

¿Hay información en línea para que las mujeres puedan conocer los tipos de violencia?

Hemos hecho seis diálogos virtuales sobre violencia hacia la mujer. Hemos hablado de economía del cuidado, de masculinidades no violentas, de pautas de cuidado y autocuidado. Hemos sacado flyers con tips respecto a su autoestima. Además, estamos desarrollando un diplomado sobre participación política de las mujeres con la agencia MBI.

Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-lucha-en-cali-contra-la-violencia-de-genero-en-medio-de-la-pandemia-articulo-918599

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México suma el femicidio de tres enfermeras y hermanas en el norte del país

Redacción: Telam

Las mujeres aparecieron muertas con claros signos de estrangulamiento en el estado mexicano de Coahuila, en un triple femicidio durante la pandemia de coronavirus.

Tres hermanas enfermeras aparecieron muertas con claros signos de estrangulamiento en el estado mexicano de Coahuila, en un triple femicidio durante la pandemia de coronavirus que demuestra que la violencia contra las mujeres y contra personal de la salud parece no tener fin en el país norteamericano, informaron las autoridades locales.

«La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila informa que elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hallazgo de tres personas del sexo femenino, sin signos vitales, en estado de descomposición y que de acuerdo a los primeros indicios habrían muerto por estrangulamiento», precisó un comunicado oficial.

Las tres hermanas fueron identificadas como Cecilia N, de 48 años; Araceli N, de 59 años y Dora N de 56 años. La Fiscalía del estado agregó que todas «se desempeñaban en el sector federal de salud», según reprodujo la agencia de noticias EFE.

Los cuerpos fueron encontrados dentro de una casa de ese estado norteño mexicano y la Fiscalía estatal ya investiga las tres muertes como femicidios, según informó el diario El Universal.

Las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas para frenar la pandemia no parecen haber frenado o al menos reducido los niveles de violencia que existen en el país, ni los femicidios ni la actual saña contra el personal de salud.

Por eso, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Mexicana advirtieron sobre su «gran preocupación por el aumento de las agresiones registradas contra el personal de salud y la infraestructura sanitaria en México».

«En estos tiempos de crisis desatados por la pandemia, es más necesaria que nunca la solidaridad, la humanidad y la generosidad de todos», señaló un mensaje del CICR, quien pidió que «respeto y gratitud» hacia el personal sanitario mexicano.

México es uno de los países de la región más golpeados con la pandemia con casi 30.000 casos y cerca de 3.000 muertos, aunque el diario estadounidense The New York Times denunció en las últimas horas que la cifra de casos y muertos en la capital, el epicentro del brote nacional, podría ser tres veces más alto de lo informado por las autoridades.

El país decretó a finales de marzo la emergencia sanitaria y estableció hasta el 30 de mayo la suspensión de actividades no esenciales y el distanciamiento social. Sin embargo, el gobierno federal anunció que las regiones menos afectadas podrían comenzar a flexibilizar las medidas la próxima semana.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202005/461442-mexico-femicidio-enfermeras.html
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