Cada víctima de violencia de género es un fracaso de la sociedad, aseguran dos supervivientes ante el millar de víctimas mortales en 16 años
Pudo ser una de las mujeres que aparecen en el triste listado de víctimas que empezó a visibilizar la violencia de género en 2003. Hace doce años Carmen Benito huyó del maltrato que sufría en su propio hogar. Sin denunciar. Sin ninguna red de seguridad. «En cuanto al maltrato, lo he tenido todo», asegura. «Cuando estás ahí es complicado salir. Sobre todo por el enganche emocional y porque no sabes lo que hay detrás de la barrera». Dos años de terapia gratuita con las estudiantes de la Universidad Complutense cada martes la ayudaron a dar el paso de fundar la Asociación de Mujeres Unidas contra el Maltrato, donde «todos los días entra un nuevo caso», dice. «A cualquiera la puede pasar, pero no hay que normalizarlo».
Casi dos años después de enumerar a las mujeres muertas en manos de los hombres con los que mantenían una relación sentimental se promulgó la Ley contra la Violencia de Género (diciembre de 2004) y dejó de ser un «delito invisible». Los recursos para la protección de la mujer han calado lentamente en la sociedad. Los primeros años del trágico listado, los asesinatos se mantuvieron por encima de 70 mujeres entre 2003 y 2010, a excepción de tres periodos. Entre 2011 y 2014, la cifra se mantuvo entre 50 y 55. En 2015 subió a 60. Desde entonces, la cifra de asesinadas se ha mantenido por debajo de las 52. Nunca ha habido menos de 47. El máximo, 76. Un millar de mujeres han sido asesinadas en 16 años, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Víctimas de la violencia de género
Hace doce años escapó de la red del crimen machista otra mujer que podría haber engrosado la vergonzosa estadística de la violencia de género. Después de pasar en los tribunales una década con un procedimiento abierto por cada una de las 16 denuncias interpuestas como imponía la legislación anterior, Ana Bella analiza por qué, a pesar de «tener ahora la mejor ley del mundo y un pacto de Estado ejemplarizante», se mantiene este tipo de agresiones. «Gracias a la ley yo estoy viva y si sirve, aunque sea para ayudar a una sola mujer, vale la pena. Imagina que es tu hija o tu hermana, qué no darías por salvarla», reflexiona la directora de la Fundación Ana Bella. «Ahora tenemos que cambiar la sociedad. El silencio nos hace cómplices. Hay que alzar la voz y hablar con las que no pueden hablar».
Cada víctima mortal muestra el fracaso de la sociedad en su conjunto, coinciden ambas supervivientes volcadas en la ayuda a otras mujeres que pasan por lo que ellas pasaron. Pero faltan pasos por dar, como garantizar la seguridad de la víctima. Toda mujer que requiera ayuda oficial está obligada a denunciar, aunque no esté preparada, frente a un juez que será quien decida si ha habido maltrato, «algo que debería ser determinado por un psiquiatra forense», solicita Carmen Benito. «Debe existir la garantía de que la vida de la mujer que se atreve a denunciar sea mejor, y no un calvario», ratifica Ana Bella. Como homenaje, por cada víctima mortal no hay que hacer un minuto de silencio. Todo lo contrario. Hay que repetir cada nombre.
*Los datos del gráfico han sido proporcionados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Fuente de la Información: https://www.diariosur.es/sociedad/mujeres-asesinadas-parejas-mil-violencia-machista-20190611172911-ntrc.html
Las mujeres víctimas de violencia de género tardan una media de 8 años y 8 meses en verbalizar su situación y expresar la violencia que sufren, ya sea contándolo a trabajadores de los servicios que en cada comunidad autónoma existen para darles apoyo y asesoramiento, o bien interponiendo denuncia contra su agresor.
Así lo concluye un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, realizado por la fundación Igual a Igual, a partir de la entrevista a más de 1.200 víctimas. El 89% de ellas afirmó haber sufrido violencia psicológica; el 68% violencia física; el 42% violencia económica; el 25% violencia ambiental y el 23% violencia sexual. Asimismo, un 15% de ellas ha sufrido todas las violencias catalogadas.
En este análisis del tiempo medio transcurrido desde que la mujer víctima comenzó a sufrir violencia de género hasta que solicitó ayuda o denunció, también se estudian las razones que llevaron a las mujeres a pedir ayuda o denunciar. La gravedad de los daños psicológicos y físicos que sufrieron es el principal motivo, según declaró la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia del estudio.
En concreto, en un 54% de los casos, las víctimas afirman que les impulsó el hecho de encontrarse «psicológicamente muy dañada», mientras que para un 41% fue la ‘última agresión’ –es decir, el daño sufrido en un episodio concreto– lo que les llevó a expresarse.
Otra de las razones, citada por el 30% de las mujeres entrevistadas, es la percepción de que los hijos ya se estaban dando cuenta de la violencia en el hogar. Con un porcentaje del 27%, le sigue como motivo el «apoyo de una persona del entorno de la víctima que la anima a pedir ayuda».
Por territorios, el tiempo medio para verbalizar esta violencia es mayor en la Comunidad de La Rioja, con una media de 12 años y 7 meses; seguida de Aragón, con 12 años y 6 meses, Canarias, con una media de 11 años y 9 meses, País Vasco, con 11 años y 7 meses, y Extremadura, con 11 años y 3 meses. Por su parte, las autonomías con datos menores a la media han sido Murcia, con 4 años y 5 meses, Asturias con 6 años y 3 meses, y Comunidad Valenciana con 7 años y 4 meses.
LA MITAD TARDÓ EN CONTAR SU CASO POR MIEDO AL AGRESOR
Entre las causas que impiden o retrasan que una mujer salga de la situación de violencia de género destaca «el miedo a la reacción del agresor», con un 50% de las respuestas obtenidas; así como creer que podía resolver este problema sola, respuesta contestada por un 45%.
Un 36% de las mujeres entrevistadas apuntan que ‘no se reconocían como víctimas’ y un 32% dice que se sentía culpable y responsable de la situación; y el 29% argumenta que sentía pena por el agresor. La falta de recursos económicos y la vergüenza a contar lo sucedido son los siguientes motivos, esgrimidos por un 28% de las víctimas que han participado en el estudio.
En este mismo apartado sobre los factores que influyen en la tardanza en denunciar, se concluye que existe una correlación entre la edad de la víctima y el tiempo que tarda en dar el paso para pedir ayuda ya que el estudio muestra que las mujeres de menos de 35 años son las que reaccionan antes.
La media más baja es la del grupo de víctimas comprendidas en el tramo de edad entre los 18 y los 25 años (2 años y 10 meses), seguidas de las menores de 18 años, con una media de 3 años y 5 meses, y las de 26 a 35 años, con una media de 4 años y 6 meses.
Por el contrario, las mujeres mayores de 65 años son las que más tiempo han empleado en tomar esta decisión, siendo la media obtenida de 26 años y 3 meses; seguida de 19 años y 8 meses para el tramo comprendido entre los 56 y los 65 años; y de 12 años y 8 meses para las mujeres que se sitúan entre los 46 y los 55 años.
Asimismo, se concluye que las cargas familiares están actuando como freno para salir de la relación violenta. En concreto, las mujeres con tres o más hijos tardan una media de 12 años y 2 meses; y las que tienen dos hijos una media de 10 años y 2 meses. De hecho, el menor tiempo empleado es para el grupo de mujeres que no tienen hijos, que tardan 3 años y 5 meses en contar su caso.
Tal y como se ha comprobado, las mujeres víctimas de violencia que convivían con su agresor han tardado en expresarse 10 años y 5 meses, es decir, un tiempo significativamente mayor que la media (8 años y 8 meses). El 74% de las mujeres participantes señalan que se encontraba conviviendo con él en el momento que comienzan a sufrir violencia de género, si bien hay un descenso notable cuando decide pedir ayuda o denunciar, pasando al 52%.
LAS MUJERES CASADAS TARDARON MÁS
Asimismo, en el grupo de las mujeres casadas el tiempo que se tarda en verbalizar es más largo, con una media de 12 años y 1 mes, por lo que se deduce que ese factor es otro de los que retrasa que la decisión sea tomada antes.
De igual forma, el nivel de formación de la mujer víctima de violencia de género también puede estar influyendo en el tiempo de tomar la decisión. Así, mujeres con estudios universitarios han mostrado un menor tiempo, siendo de 7 años y 1 meses.
De hecho, el 64% de las mujeres víctimas confesaban que dependían de los ingresos del agresor en el momento de comenzar a sufrir violencia y el 44% seguían en esta situación en el momento de pedir ayuda, por lo que, según el estudia, «se puede concluir que la dependencia económica» de estas mujeres «ha podido influido en el sostenimiento de la situación de violencia a lo largo del tiempo».
Por último, el desconocimiento de los recursos, del procedimiento judicial y el temor al mismo aparecen como otras de las razones que han llevado a la víctima a tardar más tiempo en denunciar. La respuesta «porque pensaba que no me podrían ayudar» representa un 15% de las razones consideradas por las mujeres participantes en el estudio, o «porque no sabía dónde dirigirme ni cómo pedir ayuda», con un 21%, o «el miedo y desconocimiento al proceso judicial» con un 19%.
En cuanto a la variable discapacidad, el tiempo es mayor a la media en las mujeres víctimas de violencia de género que afirman poseer, tanto alguna discapacidad física como alguna psíquica, siendo el tiempo empleado en verbalizar su situación de 14 años y 5 meses. En las que tienen una discapacidad física reconocida la media es de 14 años y 3 meses.
Fuente de la reseña: https://m.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-anos-meses-tiempo-medio-tardan-victimas-violencia-genero-expresar-denunciar-malos-tratos-20190512123308.html
En las veinticuatro horas previas a su desaparición, Tina Fontaine, una joven de 15 años originaria de la primera nación sagkeeng de Canadá, fue vista por trabajadores sociales provinciales, oficiales de la policía y funcionarios de salud.
Luego fue encontrada muerta. Su cuerpo fue tirado en el río Rojo de Manitoba, envuelto en una bolsa de plástico y una cobija con once kilogramos de piedras para hundirlo.
“Canadá y el sistema le fallaron por completo a Tina”, dijo Thelma Favel, su tía abuela y quien la crió, hace poco desde su hogar en Powerview, un pueblo cerca del lago Winnipeg y de la reserva indígena de los sagkeeng. “¿Por qué están muriendo tantas de nuestras niñas?”.
Es una pregunta que se han estado haciendo muchas personas en Canadá.
La muerte de Tina en 2014, así como la exoneración del hombre blanco acusado de matarla, fue una de las muchas muertes y desapariciones de mujeres y niñas indígenas que han conmocionado a los canadienses en los últimos años. La creciente violencia de este tipo hizo que hace tres años el primer ministro Justin Trudeau iniciara una investigación nacional con un presupuesto de 54 millones de dólares, con la promesa de identificar las causas de la situación.
Durante la investigación se han escuchado los testimonios de casi 1500 familias de personas que fueron víctimas y de sobrevivientes en audiencias en todo el país, que en ocasiones fueron muy emotivas, como parte de la promesa que hizo Trudeau para superar lo que definió como décadas de “humillación, descuido y abusos” de las poblaciones indígenas canadienses —llamadas primeras naciones— y para promover la reconciliación.
Los hallazgos serán hechos públicos este lunes 3 de junio y la comisionada jefe, la jueza indígena Marion Buller, indicó recientemente que las conclusiones incluirían recomendaciones para que los homicidios de mujeres de las primeras naciones automáticamente sean atendidas como asesinatos de primer grado. También se espera que le exijan resultados a las autoridades policiales.
Sin embargo, algunos activistas y defensores de personas indígenas comentan que, sin importar las buenas intenciones, la investigación ha estado marcada por la falta de transparencia y una mala comunicación con las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas.
“Justin Trudeau intenta que se vea con anteojos de color rosa un capítulo muy oscuro de la historia canadiense”, dijo Kim O’Bomsawin, cineasta indígena que hizo el documental Quiet Killing, el cual examina la violencia hacia las integrantes de las primeras naciones. “Esto solo se trata de más palabras”.
Aun así y antes de que sea hecha pública, la investigación ha puesto al país frente a la hora de la verdad en este tema.
Un memorial en honor a Tina en la orilla del río Rojo en Winnipeg, donde fue encontrado su cuerpo en 2014CreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
Entre los casos recientes que han renovado la atención en el tema está el de Cindy Gladue, trabajadora sexual indígena de 36 años y madre de tres hijos quien se desangró hasta morir en una tina de motel en Edmonton en junio de 2011: el hombre acusado de su asesinato, Bradley Barton, un conductor de tractocamiones de Ontario, fue exculpado en el juicio por un jurado de personas blancas.
Los defensores de los derechos humanos dicen que Gladue fue deshumanizada durante el juicio, a tal punto que entre la evidencia presentaron su pelvis, conservada en formol.
Después de que la Corte de Apelaciones de Alberta ordenó rehacer el juicio en 2017, Barton apeló esa decisión ante la Corte Suprema de Canadá, que estableció el 24 de mayo que sí debe ser repetido el proceso, con cargos de homicidio culposo. El magistrado Michael Molddaver escribió que el sistema de justicia penal había traicionado a Gladue.
Los expertos dicen que la violencia contra niñas y mujeres indígenas está muy arraigada en la historia canadiense.
De la década de 1870 a 1996, Canadá forzó a miles de niños de primeras naciones a acudir a escuelas residenciales donde se pretendía suprimir sus lenguajes y su cultura. Muchos fueron abusados física, sexual y mentalmente.
El trauma de esos antecedentes ha contribuido, según expertos, a que personas de las primeras naciones registren tasas consistentemente altas de pobreza, abuso de narcóticos, alcoholismo, violencia doméstica y suicidio.
Cindy Blackstock, profesora de asistencia social en la Universidad McGill quien también dirige la Sociedad de Cuidados de Infantes y Familias de las Primeras Naciones de Canadá, dijo que hay varios otros problemas, como un financiamiento crónicamente bajo de los servicios sociales para niñas y mujeres vulnerables, así como falta de oportunidades educativas.
La violencia no ha dado tregua.
Las niñas y mujeres de las primeras naciones suman el 4 por cientode la población femenina de Canadá, pero representan el 16 por ciento de todos los homicidios de mujeres, de acuerdo con estadísticas del gobierno.
Entre 1980 y 2012, alrededor de 1181 mujeres indígenas fueron asesinadas o desaparecidas en todo Canadá, según un reporte de la Policía Real Montada publicado en 2014.
Esa cifra no ha hecho más que aumentar. Patricia Hajdu, quien fue ministra para las Mujeres, estima que el número podría ser tan alto como 4000 personas, pues muchos casos no son reportados. La policía estima que un 10 por ciento de todas las mujeres desaparecidas en Canadá son de las primeras naciones.
El centro indígena Circle of Life Thunderbird House, ubicado en el corazón de WinnipegCreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
Winnipeg, cuyo nombre se deriva de las palabras del pueblo cree para “agua turbia”, tiene la población indígena más grande de Canadá.
Ahí es donde alguien puso fin a la vida de Tina Fontaine.
En muchos sentidos, su historia es reflejo del ciclo de violencia que afecta a las comunidades indígenas. Su abuelo paterno fue enviado a una escuela residencial y se volvió alcohólico. Su madre, quien fue tutelada por el Estado desde niña, se involucró en el trabajo sexual.
Favel, la tía abuela de Tina, dijo que la joven había sido “condenada antes de nacer”. Su madre tenía 12 años cuando empezó a salir con su padre, que tenía 23 en ese entonces. Después de que se desmoronó su relación caótica y de que el padre de Tina fue diagnosticado de cáncer, Tina y su hermana Sarah fueron a vivir con Favel.
Contó que Tina era una niña feliz con un futuro que parecía prometedor. Le gustaban las matemáticas y la danza, al igual que las series de televisión sobre delitos y unidades de investigación policial. Tina quería ser trabajadora social.
Cuando tenía 12 años, el padre de Tina —con un pronóstico de cuatro meses de vida— fue golpeado hasta morir en medio de una discusión con dos hombres por un pago de 60 dólares.
En el duelo, Tina empezó a faltar a la escuela, a fumar marihuana y a autolesionarse. Se hizo un tatuaje con dos alas de ángel y el nombre de su padre en la espalda. Se desmoronó cuando le pidieron que escribiera una declaración sobre el impacto de la pérdida de su padre para el juicio contra quienes lo mataron.
“Se la pasaba haciendo bola el papel para escribirlo y no pudo”, recordó Favel. En su sala de estar cuelga una pintura de Tina, delgada y de ojos cafés grandes.
En junio de 2014, Tina dejó la casa de Favel y se fue a Winnipeg, a unos 120 kilómetros de distancia, para visitar a su madre. Favel le dio 50 dólares y una tarjeta telefónica de prepago; le dijo que le llamara en cuanto quisiera regresar a casa. Nunca llegó esa llamada.
En vez de eso, dijo Favel, la joven le envío a su hermana unas fotografías por mensaje que mostraban golpes en el ojo; Tina le comentó a Sarah que su madre, quien era trabajadora sexual, la había golpeado. Cuando se enteró, Favel dijo que contactó a tres agencias de asistencia familiar en la provincia de Manitoba; estas terminaron peleándose sobre a quién le correspondía atender el caso.
Después, Tina fue llevada por los servicios sociales para menores a algunos moteles locales hasta que se escapó. Empezó a vivir en la calle de la zona pobre, al norte de Winnipeg.
Se levantó un reporte de alerta ámbar con la policía de Winnipeg. Y en dos ocasiones el 1 de agosto de 2014 fue rechazada en albergues gestionados por la ciudad, según un reporte de marzo hecho por la organización social de monitoreo Manitoba Advocate for Children and Youth. El reporte hizo notar que quedó vulnerable a la explotación sexual.
El 8 de agosto, la policía de Winnipeg detuvo a un camión en el que Tina iba con un hombre alcoholizado. Las autoridades permitieron que la joven se fuera, a pesar de la alerta ámbar.
Más tarde, ese mismo día, fue encontrada inconsciente en un callejón. Fue hospitalizada y detectaron que había consumido drogas; le dijo a una trabajadora social que había estado con un hombre mayor que usaba drogas, que identificó como Sebastian. Luego fue dada de alta y trasladada a un hotel Best Western en el centro de Winnipeg por personas del Servicio para Familias y Niños.
El reporte de Manitoba Advocate hizo notar que la unidad sobre abuso infantil de la Policía de Winnipeg debería haber intervenido. En vez de eso, Tina pudo dejar el hotel sin supervisión.
El hotel en el que funcionarios del Servicio para Familias y Niños dejaron a Tina Fontaine, en 2014, después de que había sido hospitalizada.CreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
Después de que encontraron su cuerpo, la policía arrestó a Sebastian, el hombre que ella había identificado en el hospital y cuyo nombre verdadero es Raymond Cormier. Él tenía 92 condenas previas de cargos como ataque con un arma y posesión de drogas.
La policía hizo una operación encubierta para grabarlo en su casa. Los fiscales dijeron que ese audio demostraba que él intentó tener sexo con Tina y que se enojó cuando se dio cuenta de que ella tenía 15 años.
“Puse la raya y por eso terminó muerta”, se escucha en los audios.
Pero la autopsia no determinó la causa de muerte y no hubo evidencia de abuso sexual ni pruebas forenses que vincularan a Cormier. En febrero de 2018, el hombre fue exculpado de homicidio en segundo grado, lo que desató la furia en el país.
Hoy en día, algunos visitantes del río Rojo le rinden homenaje a Tina en un memorial improvisado hecho de rosas y fotografías que fue levantado en el puerto donde encontraron el cuerpo.
Su legado también se hace sentir de otras maneras.
Después de su muerte, voluntarios acuden con regularidad al río Rojo para dragar, en caso de que haya más cuerpos de niñas y mujeres indígenas asesinadas o desaparecidas.
Una tarjeta fue puesta hace poco en el memorial de Tina, ubicado cerca de donde encontraron su cuerpo. La tarjeta dice: «A la bella durmiente».CreditAaron Vincent Elkaim para The New York Times
The best educators don’t just reinforce the ideas we already know, they expand our boundaries of knowledge by exposing us to the real-life challenges and conditions that exist outside of our mental bubbles. To prepare our children for the future, they must be aware of the diversity that exists in the world outside of Alabama. They need to be fully exposed at an early age to families who speak other languages, have different religious views, and may have different familial structures than our own.
Diversity isn’t just important in a civilized society, but an important concept in the business world where the best ideas come from a wide array of minds. Children who aren’t exposed to diversity and taught to celebrate it are being set up to fail both at work and as responsible and productive citizens.
So, I was deeply disappointed – but not surprised, when Alabama Public Television (APTV) refused to air the Season 22 premiere episode of children’s cartoon Arthurcalled “Mr. Ratburn and the Special Someone” where Arthur’s teacher Mr. Ratburn gets married to his same-sex life partner Patrick.
After facing public backlash, Mark McKenzie (the Director of Programming at APTV) said the decision not to air the episode came down to airing programs that parents can ‘trust’ their children to watch. In an interview with People magazine, Marc Brown (the creator of the animated series) disagreed with their decision.
«I’m really proud of that episode. And I will defend it to anybody who wants to talk about it. Why shouldn’t their teacher marry another man? We all know people who are gay, who are trans, and it’s something that is socially acceptable. Why is there this discomfort that it takes a leap into our national media? I don’t want children or people who are different to feel excluded. That’s not the kind of world we want to live in. And we want children to be educated so they can see there’s not just one type of family. Everyone should feel represented. I think we did that with Arthur.» Mac Brown
Roughly 10% of the world population (and that includes Alabama) identify as either lesbian, gay, bisexual, transgender, or queer (LGBTQ). What some describe as homosexual behavior has been observed in over 1,500 other animal species. Pretending the LGBTQ community (or any other minority) doesn’t exist not only damages our society as a whole, but it is deadly to the community who is marginalized and who are disproportionately suffering from violence, abuse, homelessness, and suicide.
The Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) recently released their annual Studio Responsibility Index (SRI) report that examines not only the visibility of LGBTQ characters in films but how those characters are portrayed. While great progress has been made in the seven years since SRI has been grading film studios, in 2018 out of the 110 releases from major studios only 20 (or 18.2%) of them included LGBTQ characters, and no studio has yet earned the top grade of excellent. According to their five-tier grading system, two studios received ‘failing’ ratings (Disney and Lionsgate) and three received ‘insufficient’ (Warner Brothers, Paramount, and Sony). The remaining two (Fox and Universal) received ‘good’ grades. It will be interesting to see now that Disney has acquired Fox how those grades may change next year.
The LGBTQ being represented accurately in the media isn’t just educational for those that are outside of our community, but it is vital education for the LGBTQ! I graduated from Huntsville High School in 1989 and the only visible students were two lesbians who were treated very harshly, and my first love committed suicide at the age of 15, which only drove me deeper into the closet of denial. I remained in the closet until after I joined the Navy and was finally exposed to people outside of the Alabama bubble. Until I was 20 years old, I honestly thought I was the only gay man in north Alabama. It sounds silly to say that aloud now, but because there was no LGBTQ visibility in the media, I felt alone, depressed and hopeless. I thought I was somehow broken, but it turned out that it was our society that was broken. Through exposure and education, that tide is now turning.
Because our state is so far behind on education, I do not support a boycott of donations to APTV, but I do ask people to please take time to express their views to them. The Parents and Friends of Lesbians And Gays (PFLAG) recently started a petition to thank PBS for airing the Arthur episode, so I have asked them to also forward all of those comments to APTV when completed and they agreed to do so. APTV could have taken a leading role in bettering our society through education, but unfortunately chose otherwise.
It is hard to find a member of the LGBTQ community who hasn’t been a victim of discrimination and in many cases much worse. The violence and suicide rate of LGBTQ has skyrocketed in recent years. And while one in five transgender Americans will experience homelessness at some point in their lives, the current administration is rolling back all of the legal protections for them.
My challenge to my fellow Americans and Alabamians: We have to not only deeply examine our own behavior against people who may be different than ourselves, but we must quickly put an end to victimizing the ‘other’ for political gain. There is an entire political party whose platform is based on irrational fear and marginalization of minorities, and many who try to mask their bigotry and racism under the cloak of their religion.
As a nation, we can’t fix a real problem that we refuse to even recognize as a problem and you don’t have to fully understand Constitutional Law to see the problem. The preamble to the United States Constitution states:
«We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.»
Preamble U.S. Constitution
However, before there was a Constitution there was the Declaration of Independence that stated:
«We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.»
Declaration of Independence
When we refuse to recognize an entire swath of our population, we are invalidating the very principles on which our great country was founded.
Our nation is not yet a ‘perfect Union’ but if we all come together as Americans, we can work towards achieving the goal that our founders envisioned. That all people are created equal by their creator, and that equal justice under the law is possible. That is a vision worthy of this nation, and of the world. Let’s work to make that a reality – and hopefully, APTV will eventually see the value in those founding principles.
Fuente de la información: https://www.bamapolitics.com/28438/lgbtq-visibility-educational-vital-education/
Un grupo de estudiantes y activistas independientes de la Escuela de Sociología en la Universidad Central de Venezuela impulsaron un espacio para charlar sobre la situación de las mujeres en el contexto de la crisis nacional. Se proponen darle continuidad.
Este espacio tiene la intención de impulsar un debate amplio de quienes nos consideramos simpatizantes del feminismo. Conversamos a profundidad sobre el patriarcado, el machismo y la violencia de género, conceptos que hoy están en todas la redes sociales, debido a que en los últimos años se ha visibilizado más la cuestión de la mujer, con movimientos como el #MEETOO en EE.UU, el #NIUNAMENOS sobre todo en España y las grandes luchas por la legalización del aborto en América Latina, cuya expresión más destacado ha sido la “Marea Verde” en Argentina.
Aumento alarmante de los femicidios
Mientras intercambiamos En el intercambio entre todas surgió el gran problema de los femicidios en Venezuela. Las encuestas señalan que en 2018 fueron asesinadas por diversos motivos 448 mujeres, de esta cifra 90 muertes son por violencia de género y 20 por violencia intrafamiliar. En 2018 se incrementa incrementó en 10,89 % la tasa de asesinatos a mujeres en Venezuela con respecto a 2017.
Entendemos que la violencia puede ser de forma física, psicológica, laboral, sexual, pero se resaltó que el femicidio es una de las principales causas de muerte de mujeres en Venezuela. Otro dato importante es que de la mayoría de estos crímenes los responsables son varones cercanos a las víctimas, como fueron los casos recientes de Ángela Aguirre, joven de 16 años violada y asesinada, Mayell Hernández joven de 26 años asesinada por el padre de su hija y de Carmen Méndez asesinada por su pareja (funcionario de la PNB).
Algunas reflexiones del espacio
Entre las intervenciones resaltó la definición de que la violencia hacia la mujer no es un problema individual ni particular sino un problema social. Estas ideas tienen su origen años atrás con el feminismo de la ola de los 70´s, que avanzó en visibilizar los problemas de las mujeres y hacerlos públicos, lo que permitió que surgiera un gran movimiento de mujeres, heterogéneo, que contenía diferentes tendencias: separatistas, igualitaristas y las socialistas.
Una pregunta interesante fue ¿por qué si existen leyes que protegen a las mujeres sigue existiendo la violencia de género? La reflexión fue que, la igualdad ante la ley no significa ser iguales frente la vida, entendiendo que bajo el sistema social actual, el capitalismo, persisten elementos de la milenaria opresión patriarcal y además se suman nuevas formas propias de la sociedad capitalista. Reflexionamos que el patriarcado no surge con el capitalismo, le precede históricamente, pero la opresión a las mujeres adquiere rasgos particulares bajo este modo de producción, convirtiéndose el patriarcado en el aliado perfecto del capitalismo para mantener su sistema basado en la explotación.
A nivel mundial asistimos en las últimas décadas a una cada vez más feminización de la fuerza de trabajo, así como al hecho de que la mayoría de la población pobre del mundo está compuesta por mujeres, la feminización de la pobreza. El capitalismo se sirve del patriarcado y de la opresión que éste genera para mantener la explotación, y así aumentar sus ganancias; entendiendo la explotación como aquella acción que ejerce una clase sobre otra, donde la clase poseedora de los medios de producción (empresas, bancos, tierras, etc.) se apropia del trabajo excedente de las masas trabajadoras y del producto o mercancía que estas generan.
Una de las conclusiones del espacio fue la necesidad de visibilizar los femicidios, sensibilizar a nuestros conocidos, amigos, compañeros de estudio etc. Que es necesario realizar campañas por las redes sociales y medios digitales para problematizar la violencia de género y educar sobre qué propuesta tiene el feminismo para resolverlos. También pensamos realizar una segunda conversa entre todo este próximo jueves a las 11 am en la escuela de Sociología. ¡Te invitamos a participar para darle fuerza a esta iniciativa!
Fuente de la reseña: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Nos-juntamos-en-la-UCV-para-conversar-sobre-la-violencia-de-genero-en-Venezuela
Juntos, la ONU y la UE, llevaremos la paz a nuestros hogares, comunidades y países, y a los corazones y las mentes de mujeres y niñas en todas partes
Piense en esto cuando cierre la puerta de su casa para ir a trabajar hoy: que acaba de dejar el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. Ahora eche un vistazo alrededor mientras camina por la calle, toma el tren o el autobús. Lo más probable es que una de cada tres mujeres que vea haya sobrevivido o sea víctima de violencia física o sexual. O ambas.
La violencia contra las mujeres y las niñas no es algo por lo que otras personas en entornos lejanos deban preocuparse. Está a nuestro alrededor. Está en nuestras comunidades y vecindarios, en nuestros trenes, en los lugares donde trabajamos. Está en internet, en las redes sociales, que han abierto la puerta a una gran cantidad de información, así como a la explotación y el acoso.
¿Qué vamos a hacer al respecto? Durante más de dos años, los movimientos de mujeres han dominado las conversaciones globales, creando solidaridad a través de campañas potenciadas por el acceso a la información y las redes sociales. Desde el #MeToo y el #TimesUp, destacando el acoso y abuso sexual, hasta el movimiento #NiUnaMenos, como protesta al feminicidio, las mujeres y las niñas están alzando sus voces para exigir igualdad y poner fin al abuso y a la impunidad.
La violencia contra las mujeres y las niñas ha penetrado tanto en los hogares como en la sociedad, y es una de las violaciones de derechos humanos más generalizadas en el mundo.
Romper las normas y actitudes sociales dañinas que perpetúan la violencia y que han continuado sin cesar durante generaciones requerirá determinación, ideas creativas e inversión. Aquí es donde entra en juego la Iniciativa Spotlight. La alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas —que supone un apoyo de 500 millones de euros— está diseñada para ayudar a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Esta iniciativa supone una inyección de apoyo financiero y técnico a la escala necesaria para hacer frente a esta plaga. Ayudará a las comunidades a tomar medidas para desarrollar e implementar leyes y políticas para combatir la violencia sexual y de género. Ayudará a aquellos, jóvenes y adultos, que están trabajando para cambiar el comportamiento de niños y hombres. La Iniciativa Spotlight apoyará a quienes aseguran que las víctimas tengan acceso a los servicios que necesitan. Colaborará también con quienes trabajan para mejorar el acceso a la justicia para las supervivientes y para poner fin a la impunidad de los perpetradores.
Un primer paso es poner fin a la violencia y hacer que el hogar se sienta como el refugio seguro que debería ser. Junto con nuestros socios de la Unión Europea, reafirmamos nuestra promesa de trabajar para poner fin a la violencia y otras prácticas dañinas contra mujeres y niñas en todo el mundo para el año 2030. Juntos, llevaremos la paz a nuestros hogares, comunidades y países, y a los corazones y las mentes de mujeres y niñas en todas partes.
Argentina / 28 de abril de 2019 / Autora: Marcela Isaías / Fuente: Autoeducación Digital
Distintas voces coinciden en que la clave está en la educación sexual integral
Y un día partió, en busca de algo mejor/ Ella sabía que volver sería mucho peor/ Nació en el dolor, se fue detrás de una canción/ Ella cantaba para engañar a su propio dolor..,” dice la letra de Ella #NiUnaMenos de La Berisso. La canción es sugerida por los estudiantes para reflexionar sobre la violencia de género. Esa violencia que causa abusos y femicidios como el de Micaela García. ¿Qué puede hacer la escuela para prevenirla? Distintas voces acuerdan que la clave está en la aplicación plena de la educación sexual integral (ESI).
“Que la educación sexual deje de ser un espacio que se sólo da en los últimos años, en biología y empiece a ser una materia más; que se dicte desde los primeros años y cuente con profesores capacitados para enseñarla”, resume su pedido Julia Alabern, alumna de la Nigelia Soria, integrante del centro de estudiantes de esta escuela.
Sostiene que “para hacerle frente a la violencia de género desde las escuelas, es fundamental la implementación de la ley de educación sexual integral”. Tiene un pedido puntual para las autoridades escolares, con razones bien fundamentadas: que les brinden espacio a los centros de estudiantes, ya que por lo general son los chicos y las chicas quienes toman la iniciativa “de hablar de estos temas tan tabúes”. “Los centros de estudiantes nos permiten organizar cine debate, charlas y diversas actividades de temas tan transversales como lo son la violencia machista y la educación sexual en general”.
Marcos Bomprezzi está en el último año de la escuela obligatoria y participa de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES). Sugiere escuchar (con video incluido) el tema de La Berisso para pensar en la dimensión del #NiUnaMenos. También pone el acento en que se respete la ley de ESI. “Para hacerle frente a la violencia contra las mujeres —dice—, en la escuela deberíamos tener formación en género, sobre qué es esta violencia de género y se debería respetar en todas las instituciones educativas la ley de ESI, ley que no es respetada por muchos directivos. También escuchar más a los centros de estudiantes que reclaman que se aplique correctamente esta ley, y muchas veces no se nos escucha”.
La voz del Estado
La voz del Estado llega de la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, que resalta las leyes como la ESI (26.150) y sus lineamientos curriculares, junto con diversos materiales específicos, que acercan “herramientas y perspectivas para trabajar en el ámbito educativo la prevención, detección y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Además de las leyes nacional Nº 26.485 (de protección integral a las mujeres) y provincial Nº 13.348 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.
El Programa de ESI —destaca— es el instrumento que permite “problematizar estereotipos de género, abordar las relaciones afectivas entre adolescentes y visibilizar situaciones que vulneren derechos como el abuso sexual” y que posibilita “trabajar para la construcción de relaciones democráticas e igualitarias para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Balagué afirma que Educación provincial desarrolla diversas líneas de acción en las cuales “se aborda la desnaturalización de la violencia contra las mujeres, como también estrategias ante situaciones concretas”. Menciona la capacitación docente, talleres con estudiantes secundarios, producción de afiches y folletos, trabajo articulado entre los equipos ESI y Socioeducativos ante situaciones de violencia de género; además de una jornada de prevención de violencia de género en las cinco mil escuelas provinciales.
Formación docente
Los gremios docentes también se centran en el valor de la aplicación plena de la ESI para hacerle frente a la violencia de género. Ponen el acento en la formación de los docentes, no como una capacitación más sino como un recorrido propio para cada educador y educadora.
“Desde la escuela se puede hacer mucho. Hay cuestiones que no están en debates, como el cuerpo de leyes que protegen derechos”, analiza María de los Angeles Menna, maestra de grado y dirigente de Amsafé Provincial. Cita las leyes de ESI, las de defensa de los derechos de la mujer y de protección de la infancia y adolescencia (26.061) que “ayudan a identificar los tipos de violencias en el aula y los modos en que se expresan”.
Menna, quien también es antropóloga e integra los Equipos Socioeducativos, subraya el carácter obligatorio y horizontal de esta enseñanza. Además de la necesidad de que la formación en ESI llegue a todo el magisterio para que educar en la materia no sea un trabajo ajeno ni una bajada de línea. Al respecto tiene una mirada crítica sobre el acceso al valioso material de ESI producido por Nación (cuadernos por niveles, láminas y cartillas), que enviaba a las escuelas pero que no llegaba porque era cajoneado por la Provincia. También sobre la política provincial de capacitación: “En un tema tan tabú como es el de la sexualidad, esta decisión de seleccionar uno o dos docentes para que participen de la ESI y que sean multiplicadores es casi como dar por tierra con el proyecto. Hay que ser protagonista de este proceso para poder revisar muchas prácticas que están encarnadas en nosotras”. Y recuerda que “muchas veces las propias maestras son víctimas de la violencia de género y no lo pueden asumir”.
La secretaria de Cultura y Derechos Humanos del Sadop Rosario, Silvana Cadahia, también destaca el valor de la ESI, pero con didácticas apropiadas para garantizar su implementación: “A veces se corre el riesgo que al tomarla como un contenido transversal nadie se haga cargo de esta enseñanza”.
Ante la violencia de género, dice que la escuela tiene la doble tarea de fomentar a largo plazo un análisis más estructural de por qué ocurren estas problemáticas y a la vez trabajar sobre lo urgente, como son los femicidios, como pasó con la vida de Micaela García, la estudiante violada y asesinada el primero de abril pasado en Gualeguay.
Se trata —profundiza— de enmarcar el femicidio dentro de un contexto de violencia sistemática, que tiene una intencionalidad sobre los sectores históricamente más vulnerables que son los niños y niñas, los jóvenes y las mujeres.
“La escuela tiene que trabajar —se explaya— con la comprensión de los sistemas de violencia que genera este sistema desigual e injusto. Pero también ir tratando de formar subjetividades que dejen de estar en riesgo, fortalecidas unas con otras, desde la información, desde el empoderamiento colectivo. Para esto se necesitan políticas de Estado urgentes”.
En esas urgencias propone preguntarse por los estereotipos que se replican en la escuela. “Yo Soy Luna se reproduce en la primaria. Hay que tomar conciencia de que convertimos a los chicos y chicas en consumidores de ciertos modelos y también que los exponemos a una erotización temprana de sus cuerpos”, advierte sobre este programa de televisión y otros similares y define que “la escuela tiene una batalla cultural por delante”.
Mujeres de la historia
La diputada provincial Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) distingue el papel del Estado y de la ESI para responder a la violencia de género. “La violencia sexista, los femicidios, las violaciones y los abusos sexuales son las versiones más crueles de la subordinación de las mujeres en nuestra sociedad. A lo que estamos asistiendo en este momento es a un incremento y visibilización de la resistencia de las mujeres a esa subordinación histórica. A partir de esas visibilizaciones, la escuela es la principal herramienta que tiene el Estado para derrumbar ese andamiaje cultural y social que subordina a las mujeres”.
¿Qué hacer? Augsburger opina que lo primero es jerarquizar, priorizar fuertemente la ESI. Recuerda aquí parte de las discusiones que se daban en 2006 cuando era legisladora nacional y se debatía el proyecto de ESI: “Venían muchas personas planteando la no exigencia de la ESI para las escuelas confesionales, diciendo que eran las familias quienes debían decidir la orientación de esa educación para sus hijos. El debate lo ganamos mostrando las cifras de abuso sexual infantil que se da mayoritariamente en los entornos familiares y por tanto no se pude dejar libradas a las mismas esta decisión, sino que debe intervenir fuertemente el Estado para garantizar la vida sin violencias”.
Otra tarea para la escuela es “usar un lenguaje inclusivo, no sexista, genérico porque el lenguaje estructura el pensamiento”. También hay que insistir con la enseñanza de la historia de nuestras heroínas, “en las mujeres de nuestra Independencia y en aquellas más recientes que jugaron papeles protagónicos para promover un mundo más justo, como las Madres de la Plaza, las piqueteras, las Mujeres en lucha que pararon los remates en los años 90 que están absolutamente invisibilizadas”. Y considera decisivo terminar con los estereotipos de género: “Seguimos insistiendo en que las nenas son más ordenadas y los nenes más revoltosos, que tienen más interés en determinadas actividades y menos las mujeres. Hay un montón de herramientas que tenemos en nuestras manos para eliminar la subordinación de la mujer en todos los ámbitos”.
Por qué es un femicidio
¿Femicidio o feminicidio? “En la Argentina son sinónimos femicidio y feminicidio, pero se usa en general femicidio”, explica la periodista Loreley Flores integrante de la organización “Con X, comunicación plural e igualitaria”. La diferenciación entre un término y otro la sostiene la académica, antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde —continúa Flores— quien dice que femicidio es la contraparte de homicidio. Es decir, el primero sería un asesinato a una mujer (por ejemplo, en un robo) y el segundo un asesinato a un varón. Mientras que “feminicidio” es un asesinato a una mujer por cuestiones de género, es decir por ser mujer.
“Sin embargo, en la Argentina usamos el término femicidio con la connotación que le da Marcela Lagarde al término feminicidio. Con lo cual debemos hablar del «Femicidio de Micaela», ya no de asesinato porque no alcanza para decir que fue agredida por ser mujer, donde un varón violento quiso disponer de su cuerpo en una clara relación de dominación de su vida”.
Lecturas para ampliar la mirada
Una serie de lecturas amplían y acompañan el trabajo didáctico de la educación sexual integral, y en particular profundizan en la problemática de la violencia de género.
La diputada Silvia Augsburber sugiere dos académicas y autoras “que tienen un lenguaje sencillo, cotidiano y que permiten de manera inmediata ver qué se puede hacer desde la escuela”: Graciela Morgade y Catalina Wainerman.
La dirigente del Sadop Rosario, Silvana Cadahia, propone sumergirse en literatura temática como “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en ciudad Juárez”, de Rita Segato; “Historia del pecho”, de Marilyn Yalom; “Mujeres que corren con los lobos”, de Clarissa Pinkola Estés; “Pariremos con placer”, de Casilda Rodrigánez Bustos; “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”, de Alicia Fernández; “Cuerpo de mujer y experiencia de Dios”, de María Clara Lucchetti Bingemer y “Mujeres que callan”, de Marta Fernández Boccardo.
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