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Argentina: Preocupados por la educación sexual pero aliados de Cambiemos

Argentina/18 de Julio de 2016/La Izquierda Diario

La agrupación de mujeres Mumalá, impulsada por Libres del Sur, manifestó “preocupación” por el posible desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).

En una nota de opinión, publicada en la página de Facebook de la organización y reproducida por el portal de MDZ, la coordinadora nacional de Mumalá señaló que “invertir en Educación Sexual Integral es una obligación del Estado” y que a 10 años de su sanción, no se ha garantizado desde los gobiernos provinciales la aplicación efectiva de la ley 26.150. También denuncia que el Estado niega sistemáticamente el derecho al aborto no punible reglamentado desde 1921.

Efectivamente, este es el caso –entre otros- de la provincia de Mendoza, donde Libres del Sur integra el frente Cambia Mendoza, ni más ni menos que en la Dirección de Género y Diversidad del gobierno de Cornejo. Cambia Mendoza no reglamenta el protocolo de abortos no punibles ni le destina fondos a políticas de género. El único refugio para víctimas de violencia que existe en la provincia no recibe fondos desde el año pasado.

Como parte también de su bloque legislativo, Libres del Sur votó todas las leyes que impulsó Cornejo, incluido el controvertido ítem aula que les niega el derecho a licencia por violencia de género a las trabajadoras de la educación.

En la cámara de Diputados de la Nación dieron su voto positivo para que el misógino Julián Dindart presidiera la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. La legisladora Victoria Donda justificó este apoyo por tratarse de “un acuerdo de mayorías”. El diputado renunció luego del escándalo que produjo con sus declaraciones de que las mujeres “se embarazan para cobrar un plan”.

Organizaciones de mujeres y diversidad y trabajadores del Estado han denunciado que el Ministerio de Educación y Deportes comunicó que hay contratos laborales del Programa Nacional de Educación Sexual Integralque no se renovarán. También denuncian que desde el Ministerio conducido por Esteban Bullrich se frenó la transferencia de fondos a las provincias. Sin dudas, preocupan los ataques del gobierno a la educación sexual integral, pero será difícil defenderla desde la posición de aliados.

Fuente: http://laizquierdadiario.com/Preocupados-por-la-educacion-sexual-pero-aliados-de-Cambiemos

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España: Educación obliga a colegios e institutos a crear planes contra la violencia machista

España/16 Julio 2016/Fuente: Levante-emv 

El próximo curso todos los centros públicos y concertados de Primaria y Secundaria deberán contar con un coordinador de igualdad

El próximo curso todos los colegios e institutos públicos y concertados deberán contar con un coordinador de igualdad y convivencia, entre cuyas funciones estará el desarrollo de planes de prevención de la violencia contra las mujeres. Esta es una de las grandes novedades de las instrucciones de inicio del curso 2016-17 publicadas ayer por la Conselleria de Educación.

El coordinador, que será obligatoriamente un o una docente del centro, tendrá una reducción de dos horas lectivas a la semana para poder dirigir las actividades que se programen durante el curso. Estas, subrayan las instrucciones, deben prestar «especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de genero, igualdad y no discriminación».

Educación detalla que todos estos cambios se hacen en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 de Protección integral contra la violencia de género que insta a adoptar «medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres».

Además del plan de convivencia e igualdad, las instrucciones también obligan a trabajar «en todo momento los principios coeducativos de manera transversal». Es decir que la educación en igualdad y sin distinción de sexos se deberá aplicar a lo largo de toda la jornada escolar.

Los principios coeducativos que deben abordar colegios e institutos son «la eliminación de prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo, construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, por tal de garantizar, tanto para las alumnas como para los alumnos, posibilidades de desarrollo personal integral».

Resolución de conflictos
También se trabajará en las aulas «la prevención de la violencia contra las mujeres, mediante el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres».

Además, los libros de texto y otros materiales didácticos que se utilicen o propongan en los proyectos de innovación educativa «han de integrar los objetivos coeducativos señalados». Asimismo, insisten las instrucciones, «deben utilizar un lenguaje no sexista y en sus imágenes garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres».

Por último, se exige «capacitar al alumnado para que la elección de las opciones académicas la realice libre de condicionamientos basados en el género».

La Associació de Directors de Instituts d´Educació Secundària (Adies-PV) valora la creación de la figura del coordinador de convivencia e igualdad. «Todo lo que sea promover la educación en valores, la prevención y resolución de conflictos, mejora el clima del centro y abona el terreno para un buen funcionamiento del mismo», destaca Josep Lluís Peris, portavoz de la permanente de la Adies-PV.

Fuente: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/07/13/educacion-obliga-colegios-e-institutos/1443853.html

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Retroceso sin retorno

Por Carolina Vásquez Araya

Pienso en la Humanidad, así con mayúsculas, como un ideal fallido.

Debieron suceder muchos asesinatos, innumerables abusos y millones de violaciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas para que los medios de prensa comenzara a ceder sus privilegiados espacios a una de las mayores amenazas contra la vida y la integridad de más de la mitad de la población del continente. No era noticia. De hecho, la violencia intrafamiliar y las violaciones sexuales se consideraron, hasta hace pocos años, “un asunto privado” en el cual nadie tenía por qué intervenir.

Sin embargo y aun cuando se reconoce el gran valor de la apertura de esta línea noticiosa y de investigación, se observa un enfoque estereotipado en la forma -y patriarcal en el fondo- cuya perspectiva retrógrada se consolida por medio de un lenguaje ambiguo y la perenne sombra de sospecha sobre las víctimas como las primeras responsables de su propio drama.

Es decir, si las adolescentes descuartizadas no se hubieran ido de paseo al puerto…. Si Cristina hubiera denunciado a tiempo… Si la niña violada por su padrastro desde los 4 años hubiera hablado… Es decir, no se pone el dedo sobre el hechor sino sobre la víctima, una y otra vez no solo revictimizándola, sino transformando la violencia feminicida en una manifestación casi normal aunque perversa de la sociedad. Por lo tanto el mensaje oculto en este imaginario construido desde un sistema machista es: Mejor tomar precauciones y no exponerse. Ser casta y sumisa para no provocar. Anularse para no sobresalir.

¿Qué clase de humanos somos? ¿Este retroceso será otra Era de Extinción como la que acabó con los dinosaurios? ¿Dejamos asesinar a nuestras niñas como una ofrenda a alguna divinidad maldita? Porque hasta estas fechas avanzadas del siglo todavía se prohíbe a las mujeres salir libremente a las calles, disfrutar de un momento de esparcimiento en un sitio público sin temor a ser agredida, drogada, violada y abandonada en un cuartucho de hotel por un grupo de hombres que “solo se divertían”.

La mala noticia es que no hay escondite seguro para una niña, adolescente o mujer. Tampoco para los niños porque ellos también son presa fácil de un violador, un pedófilo, un delincuente sexual. De acuerdo con los organismos encargados de recabar datos y convertirlos en estadísticas, el escenario es aterrador. Lo que no aparece en esos cuadros es la parte más espeluznante de esta realidad de abusos continuados y de crímenes oportunistas. Son los no denunciados por miedo a la venganza, el recurso más utilizado por un violador en contra de sus víctimas.

Ese estado de indefensión en el cual sobreviven miles de mujeres en los sitios supuestamente seguros como su hogar, su escuela o su iglesia, marca de manera indeleble la vida futura de estas víctimas. ¿Será cuestión del Estado crear sistemas de protección o será responsabilidad de la sociedad vigilarse a sí misma? El Ministerio Público de Guatemala creó un Botón de Pánico (1572) como un recurso a la mano de las víctimas de abuso sexual o violencia. Pero hay miles de niñas y mujeres sin acceso a la tecnología y viviendo en un mundo de restricciones de todo tipo, al punto de creer en el imperio de la violencia como una maldición divina, a la cual debe someterse con resignación.

Es en esta involución de lo humano como un valor superior, en donde reside la maldición. Ninguna sociedad funcional y democrática se asienta sobre un sistema de violencia contra los más vulnerables, contra un sector debilitado a propósito mediante un sistema de discriminación, racismo y menosprecio capaz de cruzar generaciones, fortaleciéndose en el trayecto. Es hora de romper el silencio.

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya.com

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El Quinto Patio

Once años no es nada

Por Carolina Vazquez Araya

No estamos entendiendo. Los embarazos en niñas son producto de violación.

Sin duda mi columna ya les parece disco rayado, pero si no menciono en este espacio a Mariela Vásquez Díaz, su existencia pasará inadvertida porque una niña embarazada no es noticia hasta cuando muere. Mariela era una adolescente de 15 años. “No lloren por mí, tomé la decisión porque estaba embarazada” reza la escueta nota con la cual explica su decisión de suicidarse. El mismo procedimiento de colgarse de una soga fue utilizado por Diana Marisol Carrillo López, de 18 años y con siete meses de gestación, quien decidió poner fin a su vida en mayo del año pasado.

Así como Mariela y Diana, miles de menores son abusadas sexualmente por hombres de su entorno cercano, algunas desde sus primeros años de vida. Lo excepcional en estos casos es haber tomado la decisión de acabar con su vida. A muchas otras víctimas de violación la vida se les acaba más lentamente y de distinto modo: convirtiéndose en adultas sin haber disfrutado su niñez, cargando con un hijo cuando ni siquiera tienen conciencia de su propia infancia, enfrentando un futuro cortado de tajo por un adulto abusador cuyos crímenes quedarán impunes al ser tolerados por una sociedad patriarcal que mira hacia otro lado.

¿Recuerdan a la niña de 11 años rescatada por la Procuraduría General de la Nación hace pocos días, presuntamente embarazada por su padrastro? ¿Y otra de 13 años, originaria de Quiché, ingresada al hospital Roosevelt con 28 semanas de gestación? Son solo ejemplos de un problema de enormes dimensiones poco advertido por la ciudadanía. De acuerdo con el Observatorio de Salud Reproductiva, Osar, Guatemala registró aproximadamente 58 mil embarazos en niñas y adolescentes durante los primeros siete meses de 2015 y 71 mil en 2014. Por si fuera poco, de las 680 denuncias registradas en 2014 por abuso sexual contra menores, apenas se resolvieron 40 con condenas. Esos números tan marcadamente desiguales constituyen ya de por sí la evidencia de impunidad en uno de los delitos más recurrentes y perturbadores de esta sociedad. Se supone que el sub registro en este tema alcanza dimensiones dantescas, dadas las cifras de embarazos que los superan largamente.

Pero algo sucede que el Estado se abstiene de tomar acciones correctivas para reducir o eliminar esta pandemia de abusos contra la niñez guatemalteca. Si es presión de las instituciones eclesiásticas o simple desidia de las autoridades, no está tan claro, más parece una poderosa combinación de ambas con un componente adicional: el desprecio por esta importante mitad de la población conformada por niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Al no tener voz ni voto en las decisiones concernientes a su vida, su salud, su acceso a la educación, se encuentran en una tremenda desigualdad de condiciones en un sistema que las ha marginado históricamente y continúa haciéndolo por obra y gracia de una casta política corrupta y clientelista.

El sistema –con su paredón de influencias capaz de bloquear cualquier iniciativa paritaria- provoca un daño irreversible a estas generaciones de nuevas ciudadanas cuyo destino está sujeto a la desvalorización de su sexo, el desprecio por su esencia femenina, la discriminación profunda desde las bases de la cultura en la cual nacieron. Los intentos por desarrollar campañas de educación destinadas a erradicar la ignorancia sobre salud sexual y reproductiva se estrellan una y otra vez contra un machismo pasado de siglo. Es hora de entender que no es un asunto de moral sino de justicia y supervivencia. Y que de políticas correctas de un Estado laico depende la vida de miles de seres humanos.

elquintopatio@gmail.com

Artículo enviado por su autora a la redacción de OVE

Imagen tomada de: http://www.embarazo-precoz.com/wp-content/uploads/2014/07/embarazo-precoz1.jpg

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Entrevista a Alejandra Rodriguez:»La Universidad no está exenta de la violencia de género»

19 Junio 2016/Fuente: La Haine/Autor: Mario Hernández

Mario Hernández (M.H).: Con Alejandra, Consejera de la Facultad de Ciencias Sociales. Hace unos días atrás, previamente a la movilización del viernes bajo la consigna “Nos queremos vivas, a todas” se produjo un intento de secuestro en la plaza Houssay, donde están las facultades de Medicina, Ciencias Económicas y Sociales, un hecho que no fue una novedad, recordemos que en la Facultad de Ciencias Económicas hay una estudiante desaparecida desde hace más de diez años: Florencia Penacchi. Y recordemos también que hace unos años tuvimos una situación muy delicada en la sede de la Facultad de Psicología en la calle Hipólito Yrigoyen en el barrio de Once, y luego hubo denuncias también en el IUNA por este tipo de situaciones. También en la Facultad de Ciencias Sociales en la calle Santiago del Estero, se han sucedido una serie de hechos de violencia y acoso contra las estudiantes que me gustaría que nos comentes.

-A.: Efectivamente, lo que estás enumerando son hechos que atraviesan a la Universidad de Buenos Aires y como manifestamos desde nuestra organización y en cada facultad donde intervenimos, la Universidad no está exenta de la violencia de género sino que es un ámbito más donde se reproducen estas prácticas que afectan cotidianamente al conjunto de las mujeres.

Como bien dijiste, en la Facultad de Psicología tenemos el antecedente de hace algunos años cuando hubo una red de trata operando en el barrio de Once, es una manera que tienen de accionar, merodean facultades, colegios, lugares donde hay una gran concentración de estudiantes mujeres. En la facultad de Psicología en esa oportunidad fueron las estudiantes y docentes las que se organizaron para denunciar el accionar de la red de trata, se movilizaron a la comisaría, lograron incluso que se traslade del cargo al comisario que estaba aparentemente implicado, también denunciando las responsabilidades políticas del Estado, porque sabemos que las redes de trata operan en complicidad y con el amparo de distintos sectores del Estado como la justicia, la policía y el poder político.

En Sociales el año pasado tuvimos una situación similar, varias compañeras a partir de una estudiante que hizo una publicación en los grupos de la facultad en Facebook contando cómo un tipo se le acercó a las 11:00 de la noche, cuando salía de la facultad y le propuso un trabajo de promotora, algo muy extraño; a partir de esa publicación otras compañeras comentaron que habían pasado por la misma situación y ese es el modus operandi de una red de trata, un tipo, de noche, merodeando el barrio de Constitución ofreciendo trabajos de mucho dinero para lo que significaba la tarea, incluso a una compañera este tipo llegó a forcejearla intentando meterla en el auto. Ahí también fuimos los estudiantes los que nos movilizamos para hacer llegar a las autoridades la situación.

Esto nos trae a este caso que pasó en Plaza Houssay. La estudiante de Medicina relata en un audio, cómo un tipo la agarró amenazándola de muerte, la intentó meter en un auto y gracias a alguien que pasó por ahí que distrajo al hombre, pudo escaparse y salir corriendo a pedir ayuda.

Somos las estudiantes las que sufrimos este tipo de situaciones y estamos totalmente desprotegidas por los responsables que son las autoridades de las facultades, que son quienes deberían ocuparse de que los estudiantes cursemos en condiciones, de que los trabajadores también y proteger la integridad física de cada uno de los y las compañeras que asistimos a las distintas facultades.

La policía consume, fomenta, ampara y permite que las redes de trata funcionen como un kiosquito más

-M.H.: Frente a estos hechos, ¿qué actitud han adoptado las autoridades de la Universidad, las fuerzas de seguridad? Porque en el caso de Florencia Penacchi incluso en algún momento se involucró a un personaje que después apareció en una foto con el actual Presidente de la Nación y su señora en Cancún. Situación que nunca se aclaró, me estoy refiriendo a Martins, siendo que Florencia Penacchi también era empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

-A.: Vengo de la Facultad de Sociales, donde tuvimos un intercambio con las autoridades sobre otro caso de violencia que ocurrió allí. Pero concretamente sobre este caso de las redes de trata operando sobre Plaza Houssay, las autoridades de Medicina, de Económicas y de la UBA en general, no dieron ningún tipo de respuesta, de hecho es una de las exigencias que marcamos constantemente cuando surge algún caso de violencia donde hay alguna compañera que sufre algún tipo de ataque. Las autoridades deben garantizar la integridad de las personas que asisten a las casas de estudios, sin embargo, hacen oídos sordos y no ofrecen ningún tipo de salida.

Esto de la seguridad es interesante plantearlo, porque nosotros no creemos que la solución sea más policía, de hecho la policía como institución son los que consumen, fomentan, amparan y permiten que las redes de trata funcionen como si fuesen un kiosquito más. Muchos de los prostíbulos donde hay pruebas de que hay mujeres víctimas de la explotación sexual a partir de las redes de trata, funcionan con la complicidad del Gobierno de la Ciudad, de la Policía y sectores judiciales. Los Centros de estudiantes de Económicas y Medicina que están dirigidos por la Franja Morada, que es el sector político que dirige la UBA, fue a pedir más policía, pero nosotros entendemos que esa no es la salida porque son los mismos sectores implicados.

-M.H.: ¿Qué proponen?

-A.: Lo que nosotros remarcamos es que el Consejo Superior a partir de lo que fue la primera movilización de “Ni una menos”, en el Rectorado se aprobó un Protocolo de intervención en casos de violencia de género. Esto pasó a fines del año pasado y hasta hoy no fue implementado.

Los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado

-M.H.: Dejando de lado que apañaron y cubrieron a un violento, como el decano de Ciencias Económicas, denunciado por su mujer y que luego tuvo que renunciar, lo que es de resaltar es un avance importante en la conciencia, la valentía de parte de las mujeres. La movilización del viernes pasado fue una demostración cabal de eso. Pero desde el lugar de las autoridades nacionales, se ve una actitud parecida a la de las autoridades universitarias, porque el presupuesto con el que cuenta el Consejo Nacional de la Mujer es ridículo, el 0,0055%, o sea 4,50 pesos por mujer, por otro lado, la Ley de patrocinio jurídico gratuito que propuso el senador Abal Medina y fue aprobada por unanimidad en noviembre del año pasado, jamás se implementó. Esto sabiendo que la denuncia en la comisaría es el inicio de un oneroso proceso judicial que debe ser costeado por la propia víctima que ya se encuentra en un estado de vulnerabilidad.

Otro proyecto que tampoco avanza es la llamada Ley “Brisa”, que prevé una asignación para los hijos de las mujeres asesinadas. Así podríamos seguir. Veremos si Fabiana Túñez, responsable del Consejo Nacional de la Mujer, presenta como dice, un Plan nacional contra la violencia de género y marca una tendencia para empezar a concretar algunas de estas cuestiones. Porque claramente se ha avanzado en concientización y valentía pero en el terreno concreto no se ha avanzado y los femicidios han aumentado, 225 el año pasado y en lo que va de éste ya se relevaron 235, esto deja en claro que desde el punto de vista concreto no se está a la altura de las circunstancias.

-A.: La movilización del año pasado del 3 de junio fue una reacción popular ante un flagelo social que sufren las mujeres constantemente. La movilización puso en agenda los reclamos de las mujeres. Del año pasado a éste, ni el gobierno anterior y mucho menos éste dieron una salida a esta problemática. Miles y miles nos movilizamos en todo el país y, efectivamente, los casos aumentaron, se visibilizó aun más y los femicidios son moneda corriente. Y queremos remarcar que los femicidios son el eslabón final de una larga cadena que parte desde el propio Estado. Y hay que remarcar las responsabilidades políticas, y cuando hablamos del Estado hablamos de cada una de sus instituciones y sus representantes, no es una cuestión de un gobierno sino que reproducen una lógica de relación cultural que necesita tener a las mujeres con la cabeza gacha y por eso en la Universidad pasa lo mismo.

Esto de las leyes es un punto importante, hay distintas leyes presentadas por distintos sectores políticos, que algunas tienen más limitaciones que otras. Hoy en día, por ejemplo, la Comisión de la Cámara de Diputados que debería tratar proyectos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer o cualquier reclamo de las mujeres, que es la Comisión de mujer, niñez, adolescencia y familia no funciona, estamos a mitad de año y la comisión no se ha reunido nunca. Y está presidida por Julián Dindart, que fue asignado por el bloque del radicalismo y avalado por todos los sectores políticos, que es conocido porque cuando fue Ministro de salud de la provincia de Corrientes estuvo en contra del aborto no punible en dos casos de niñas que habían sido violadas y habían quedado embarazadas, eso entre otras declaraciones homofóbicas. Ese personaje es quien encabeza la Comisión de mujer en la Cámara de Diputados.

-M.H.: Además una Comisión de mujer presidida por un hombre y con estos antecedentes es algo bastante raro. Ya que tocaste el tema del aborto, no quiero dejar pasar el caso de Belén, la chica tucumana, porque es un caso que ilustra la criminalización del aborto y la falta de una perspectiva de género en los fallos judiciales. Porque como mencionaste, el otro eslabón importante es la justicia, una justicia misógina y machista.

-A.: No solo es misógina, machista y patriarcal, sino que es clasista, porque la justicia opera para un sector social en particular, Belén es el nombre ficticio de una joven tucumana que hace dos años llegó al hospital de Clínicas de Avellaneda de la Provincia de Tucumán con una hemorragia interna y en vez de recibir la asistencia que necesitaba porque se estaba desangrando, fue acusada de matar a su hijo, le pusieron un feto en la cara al que nunca se le hizo un ADN para saber si era de ella.

Es un caso que tiene una serie de irregularidades, ella sufrió maltratos de todo tipo, esto sucedió hace dos años, bajo el gobierno de Alperovich, y durante ese tiempo Belén esperó su condena presa, a diferencia de otros casos como, por ejemplo, el de Marita Verón, donde todos los acusados esperaron su condena en libertad y encima después fueron absueltos en primera instancia. Belén estuvo en una cárcel durante dos años y hoy el gobierno de Juan Manzur y la justicia tucumana decidieron darle ocho años más simplemente por tener un aborto espontáneo, que ni ella sabía que lo tenía. Es un caso, como bien dijiste, de criminalización del aborto pero hacia un sector en particular, es la regimentación, el disciplinamiento y la criminalización de las mujeres pobres, jóvenes y trabajadoras.

Hoy el aborto para muchos sectores es un tema polémico que quizás no habría que debatir, pero el aborto es una realidad y cientos de mujeres jóvenes y niñas mueren por realizarse abortos clandestinos. Insisto en el tema del sector social, porque la mujer que tiene los recursos puede acceder a una clínica privada y practicarse un aborto en condiciones óptimas, las que no pueden hacerlo se mueren. Es una pelea de las organizaciones de mujeres y que particularmente nosotras venimos dando hace años, el proyecto que presenta la Campaña nacional por el aborto que lleva diez años siendo presentado constantemente para que por lo menos se discuta, ha sido cajoneado por todos los gobiernos que pasaron.

Además, en cuanto a lo de la justicia, otro caso reciente es el de una niña wichí en Salta, de doce años que padece un cuadro de desnutrición, retraso mental, que fue violada por 8 personas, quedó embarazada y la justicia y el Estado de Salta le negaron el aborto no punible, incluso incumpliendo el fallo F.A.L de la Corte Suprema que establece el aborto no punible y lo único necesario era la declaración de una mujer para poder practicárselo y que no sea penalizada.

Provincias como Tucumán y Salta incumplen este fallo y tienen protocolos restrictivos, por ejemplo, en Tucumán hay un protocolo que establece que solo la mujer que fue víctima o algún pariente muy cercano son los únicos que pueden efectivamente hacer el pedido del aborto, pero en un plazo de doce semanas.

Este caso es significativo también porque esta niña fue violada en noviembre del año pasado y esto está saliendo a la luz ahora, se le negó el aborto no punible, se le practicó una cesárea porque el feto tenía malformaciones craneanas, incluso con el riesgo de que afecte su vida porque tiene una afección pulmonar. Los propios médicos dijeron que no tenía ninguna posibilidad de vida. Esto también demuestra como la justicia actúa para un sector en concreto y que criminaliza y regimenta a las mujeres trabajadoras constantemente.

-M.H.: ¿Querés agregar algo más?

-A.: Sí, en relación a Julián Dindart, quien preside la Comisión de mujer de la Cámara de Diputados, nosotras desde el FIT y el PO, con nuestra diputada por la provincia de Mendoza que es Soledad Sosa, hicimos un pedido al Presidente de la Cámara de Diputados para que se lo remueva de su cargo porque entendemos que un tipo con estas características, que está totalmente en contra de los intereses de las mujeres, no puede presidir esa Comisión.

Ese pedido no fue escuchado y es por eso que esa Comisión hoy no se reúne y no discute estas problemáticas. Mientras que en la segunda movilización por “Ni una menos”, en su primer aniversario, fuimos nuevamente miles y miles de trabajadoras y trabajadores, mujeres, niñas y hombres que salimos a la calle porque entendemos que motivos nos sobran.

Nosotros, si bien damos la batalla institucional, en las facultades, en el Congreso, en los distintos ámbitos, entendemos que la única forma de que los reclamos de las mujeres se lleven adelante o de conseguir las conquistas que estamos reclamando va a ser a partir de la organización independiente de las mujeres, del Estado y la Iglesia que son los principales responsables en todo caso de violencia de género.

Fuente de la entrevista: http://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/la-universidad-no-esta-exenta
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Jugando a papás y mamás

 

Este corto metraje es una ventana hacia la reflexión de los valores familiares en cuanto al tema de la violencia y el maltrato familiar, en el desarrollo del mismo una niña representa e imita en sus juegos lo que evidencia en el hogar.

Sabemos que los niños aprenden jugando y, generalmente, desde temprana edad comienzan a representar papeles de la vida cotidiana, siendo esta la forma para descubrir el mundo de los adultos. El juego se convierte en un escenario teatral donde ellos dan rienda suelta a lo que conocen de su entorno significativo. Dicho espacio tiene toda una intencionalidad y es que mediante el juego los niños aprenden a ponerse en el lugar de los otros, comenzar a comprender algunas situaciones, resolver problemas cotidianos, afianzar su personalidad, entre otros aspectos que van a moldear su futuro comportamiento como adultos.

Es un micro para analizar desde un lente más agudo la formación de nuestros niños y jóvenes y las consecuencias que generan los ambientes familiares donde persiste la violencia de género.

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El impacto de los casos

Algunas revelaciones provocan mayor indignación por ser más mediáticas.

Por Carolina Vásquez Araya

Los jueves de Cicig y MP se han convertido en un punto de convergencia de la atención ciudadana. La sucesión indetenible de escándalos revelados con lujo de detalles por la Fiscal General y el Comisionado de la Cicig, junto con el ministro de Gobernación, en algunos casos, y los fiscales encargados del trabajo de base, constituyen una novedad en este país de los ocultamientos.

La transparencia con la cual han procedido las instancias encargadas de las investigaciones y el armado de los expedientes dista mucho de las manipulaciones usuales cuando los involucrados son individuos de gran poder político o económico, como en estos casos. Quizá ese ha sido uno de los factores que ha motivado a la población a volver a la plaza.

Sin embargo, duele constatar que algunas denuncias incluso más graves en incidencia y alcance pasen casi inadvertidas para la ciudadanía. Entre ellas, la de la trata de personas que afecta a miles de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, cuyo destino incierto a veces se decanta por la prostitución forzada, el tráfico de órganos, la esclavitud o la muerte.

Pero si devanamos los hilos llegaremos a la conclusión de que todo está conectado de un modo u otro. Veremos que los actos de corrupción no han sido solo el saqueo de los recursos del Estado por medio de argucias administrativas o descarados robos de caja, sino también una estrategia perversa de asesinato masivo de la institucionalidad en todos sus niveles. Amarrar las cosas de tal modo que la cooptación del Estado echara sus raíces para siempre en un sistema garante de la impunidad para sus amplias organizaciones criminales.

Los objetivos resultan cada vez más claros si nos remitimos a los inicios de la campaña que llevó al poder a esta clica criminal, aunque es indispensable incluir en la fórmula a toda la casta política y a sus jefes directos: los financistas. Esa mirada en perspectiva permite captar en toda su dimensión la profunda podredumbre mental y espiritual de quienes han gobernado al país con el único fin de servirse de ese privilegio para sus beneficios personales y de grupo.

La trata de personas, uno de los crímenes de lesa humanidad más repugnantes que conciba la mente humana, ha pasado por debajo del agua gracias al poder de sus redes. La inmensa estructura construida gracias al increíble capital amasado en esta actividad y al tráfico de influencias en sectores de decisión, tiene un alcance operativo que trasciende al de otras actividades delictivas –aunque asociadas- como el narcotráfico.

Por qué el informe divulgado por la Cicig, junto con el Ministerio Público y Unicef sobre el negocio de la trata no convocó a una plaza, resulta incomprensible. Cuando nos adentramos en la descripción de las experiencias de una sola de las víctimas de este negocio maldito cuesta comprender cómo es posible tanto silencio. Cómo las víctimas escogidas por esas redes aparezcan a diario en las alertas y no haya reacción masiva de la sociedad: niñas y niños que deberían estar seguros en sus hogares, asistir a la escuela y vivir felices y protegidos, perdidos muchas veces de manera definitiva en manos de explotadores, ellos sí acunados por el sistema.

¿Alguien lo recuerda? 33 personas captadas diariamente, 64 por ciento de ellas niñas y mujeres ofrecidas “por categoría” y obligadas a atender unos 30 servicios sexuales por día. Y esos son los casos denunciados o captados por quienes se han tomado la molestia de investigar. Hay, sin duda, muchos más perdidos en esta vorágine interminable de escándalos. ¿Qué haremos por ellos?

elquintopatio@gmail.com

@carvasar

Blog de la autora: https://carolinavasquezaraya.com

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