Violencia en calles y escuelas mexicanas

Por: Juan Carlos Yáñez

Durante dos gobiernos de distintos signos partidistas y posiciones ideológicas, México se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo, sin sufrir la condición de guerra. Aunque mantuvo estabilidad financiera y logró crecimiento económico, fue incapaz de contener la explosiva escalada de violencia en franjas cada vez más amplias del territorio.

La multiplicación de los carteles de la droga, su omnipresencia, el control de zonas estratégicas, la corrupción e incompetencia oficial, fortalecieron un monstruo que devoró la tranquilidad ciudadana, como así lo demostraron las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a mitad de enero del 2020: 72.9% de la población adulta considera peligrosa su ciudad.

Un tercer partido en la presidencia, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña acabar con la violencia de inmediato. Los frentazos de la realidad han ralentizado la promesa un año después. Cifras oficiales recientes colocan en 60 mil el número de mexicanos desaparecidos entre 2006 y 2019; de ellos, 5,148 en el régimen actual, insistente en su discurso de que ya empezaron a contener la violencia.

Otros datos publicados en medios periodísticos no alientan el optimismo: entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 se localizaron 1,124 cadáveres en 874 fosas clandestinas. Y el número de muertos del gobierno actual (diciembre 2018/noviembre 2019), con cifras oficiales, alcanzan los 34,579. En la guerra contra el narco hay más muertos que en la dictadura argentina de los años setenta, en contextos políticos evidentemente distintos, pero que ilustran la magnitud de las tragedias.

La violencia de distintas formas ha penetrado también el sistema escolar. Conversaciones con profesores y directivos de una escuela de enseñanza media superior en el municipio de Tecomán (Colima), uno de los más violentos del país, nos alertaron sobre el efecto que está provocando la situación en la ciudad y su periferia: el abandono escolar por circunstancias que envuelven a las familias implicadas en hechos violentos ligados al narcotráfico.

Asaltos escolares
El 10 de enero, apenas dos días después de la vuelta a clases por las vacaciones navideñas, México se estremeció cuando en Coahuila, entidad del noreste y frontera con Estados Unidos, un alumno de sexto año de instrucción primaria, portando dos pistolas, asesinó a su maestra e hirió a otros seis compañeros, para suicidarse enseguida.

La conmoción ocupó por algunas horas programas de radio, televisión, prensa digital y escrita. Las instituciones educativas y las autoridades se pronunciaron. Entre lo más sensato que leí, la declaración de Luis Arriaga, rector de una universidad jesuita, que escribió: “Nuestra respuesta puede ser restricción de derechos o una apuesta clara por las libertades. Nosotros desde los centros educativos jesuitas -colegios y universidades- optaremos por las libertades”.

El ruido de las noticias, sin embargo, no fue siempre acompañado del silencio de la reflexión inteligente. Aparecieron las acusaciones a programas de videojuego, a la negra herencia de la masacre de Columbine, el 20 de abril de 1999, y luego una cacería a la familia del menor homicida, que terminó con el abuelo en la cárcel acusado por omisión.

“Operativo mochila”, esto es, revisión de los bolsos y mochilas de los alumnos en las escuelas, se convirtió en la medida más socorrida para enfrentar situaciones semejantes. Expertos y voces cautas pedían cuidado ante el vocerío: que si debe ser obligatoria, que viola los derechos humanos de los niños, si los padres y madres están de acuerdo o en contra.

A la semana siguiente algunas ciudades del país comenzaron los operativos. El 15 de enero, en el estado de Tlaxcala, un alumno de escuela secundaria, 13 años, apuñaló a su maestra, agrediéndola en siete ocasiones, según la prensa. El estudiante/agresor/niño había sido expulsado porque le habían detectado navajas.

Alguna vez escuché a Juan Carlos Tedesco, experto argentino, afirmar que en educación no hay balas de plata. Es verdad. No existen las soluciones mágicas, los milagros, ni los remedios que curan todos los males pedagógicos y escolares. El operativo mochila no es el remedio mágico, no es la bala de plata, como decía el estimado educador y político. Pongamos el ejemplo de la entidad más pequeña demográficamente, Colima. En sus 1,200 escuelas de educación básica y media superior podría instrumentarse el operativo de manera aleatoria: ¿cuánto personal policíaco, de organizaciones de derechos humanos y padres de familia necesitarían para inspeccionar cien escuelas diario? ¿Cuántas escuelas podrían visitarse en un mes? ¿Cuántas visitas recibiría una escuela cada trimestre?

No digo que no sirva. Pero pensar solo en operativo mochila refleja flojera a la hora de entender el problema que se cocina en el fondo de sucesos como los del Colegio Cervantes en Coahuila. No es solo la escuela, no son solo los alumnos. Somos también los adultos, las familias, los maestros, el contexto de violencia en que nos estamos acostumbrando a vivir.

Poco después del hecho contado aquí, vi una entrevista a Marilyn Manson, culpado de la masacre de Columbine; ¿qué les dirías a los chicos? Le preguntaron. Respondió con inteligencia y sensibilidad: nos les diría nada, los escucharía. Pues eso falta hoy en las escuelas.

El operativo mochila podría inhibir comportamientos, o detectar armas y otros objetos inapropiados cuando se aplicara, pero no es, de ninguna manera, la solución a que podemos apostar. Un poquito más de inteligencia no vendría mal a la hora de comprender y mejorar el sistema educativo. El problema no es policíaco; también es pedagógico, o es la vertiente que nos corresponde en las escuelas.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/01/27/violencia-en-calles-y-escuelas-mexicanas/

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Estados Unidos: Tiroteos ponen bajo la lupa la seguridad en las escuelas en vísperas de un nuevo curso

Redacción: Telemundo

Los tiroteos en sitios públicos han dado paso a toda una lucrativa industria de productos de seguridad personal, pero, al inicio de un nuevo año escolar, maestros y estudiantes exigen que el Congreso tome medidas para reforzar la seguridad en las escuelas.

Aunque las masacres del pasado fin de semana ocurrieron en un almacen de Walmart en El Paso (Texas) y un club en Dayton (Ohio), éstas fueron otro recordatorio de que nadie está a salvo de las balas en Estados Unidos. Entre las 31 víctimas hubo niños y estudiantes.

En lo que va de 2019, 112 personas han muerto en tiroteos masivos, o el equivalente de una cada dos días, según un análisis realizado de forma conjunta por el diario «USA Today”, la agencia de noticias AP y la Universidad Northeastern.

Y desde 2006, el país ha registrado 1,714 muertos en 311 masacres, o un incidente cada quincena. La cifra es igual de espeluznante en lo que respecta a las escuelas públicas: entre 2013 y 2018, ha habido al menos 405 incidentes de violencia en los colegios, que dejaron un saldo de 109 muertos y 219 heridos, según un análisis del grupo «Everytown for Gun Safety».

Masacres como las ocurridas en la secundaria de Columbine (Colorado) en 1999, la primaria de Sandyhook en Newtown (Connecticut) en 2012, o una secundaria en Parkland (Florida) en 2018, han dejado al descubierto las deficiencias en los sistemas de seguridad en los colegios.

Que el Congreso haga algo 

Para activistas de grupos cívicos como “Moms Demand Action”, “Everytown for Gun Safety” y la Asociación Nacional de Educación (NEA),  estos brotes de violencia también han aumentado las presiones para que el Congreso adopte de una vez medidas para mejorar la seguridad escolar, comenzando por restringir el acceso a las armas.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Sharon Watts, co-fundadora de “Moms Demand Action” (Las madres exigen acción), dijo que su grupo mantendrá la presión sobre el Congreso durante todo el receso de agosto para que el mes próximo apruebe medidas para atajar la violencia de las armas.

La NEA y “Everytown for Gun Safety” promueven un plan de seguridad de ocho puntos para la verificación de antecedentes de compradores de armas; el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en las escuelas; prohibir  el acceso a las armas de personas peligrosas, y aumentar la edad para la compra de armas semiautomáticas, entre otros elementos.

Miembros del grupo “Stand with Parkland”, en realidad padres convertidos en activistas tras la pérdida de sus hijos, pidieron en una audiencia ante un comité del Senado el mes pasado una ley que prohíba la fabricación, venta y tenencia de rifles de asalto,  y condenaron la parálisis del Congreso por la presión de la conservadora Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Al advertir que la inacción del Congreso sólo producirá más tiroteos, también pidieron más ayuda para las autoridades locales y estatales.

El pasado 30 de julio los congresistas Josh Gottheimer, demócrata por Nueva Jersey,  y Elise Stefanik, republicana por Nueva York,  presentaron una legislación bipartidista, denominada el «Acta de ALYSSA», en honor a Alyssa Alhadeff, una de las 17 víctimas del tiroteo en Parkland y antigua residente de Nueva Jersey.

Estados llevan la delantera 

De aprobarse, la medida exigirá que todas las 98,000 escuelas públicas en Estados Unidos instalen alarmas “silenciosas” que los maestros puedan activar cuando un homicida irrumpe en las escuelas para alertar a la policía. También autoriza mayores inversiones para la contratación y capacitación de más agentes de seguridad en las escuelas.

La legislatura de Nueva Jersey adoptó una ley similar en febrero pasado, y otros estados también estudian sus propias medidas para fortalecer la vigilancia y protección de recintos escolares.

De hecho, en 2018, 43 estados estudiaron un total de 392 medidas y resoluciones relacionadas con la seguridad escolar, de las cuales 87 fueron adoptadas, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

En su cuenta en Twitter, el grupo “Stand with Parkland” aplaudió los esfuerzos del gobernador de Ohio, Mike DeWine, para que la legislatura en ese estado adopte un sistema universal de verificación de antecedentes de los compradores de armas, más acceso a servicios de salud mental, y restricciones para impedir que las armas caigan en manos de personas peligrosas.

Esas medidas “mantendrán seguros a los estudiantes en los colegios y harán más seguras a nuestras comunidades», dijo.

El presidente del Comité de Salud del Senado, el republicano Lamar Alexander, dijo a la prensa que su partido está explorando opciones bipartidistas para reforzar la seguridad escolar y aumentar los servicios de tratamiento para personas con trastornos mentales, pero no ofreció detalles ni fecha para el debate de esas medidas.

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, rechazó el pedido de la oposición demócrata de convocar una sesión de emergencia durante el receso de agosto para votar las medidas que aprobó la Cámara de Representantes en febrero pasado.

Esas medidas incluyen la puesta en marcha de un sistema de verificación de antecedentes de todo comprador de armas en todo lugar.

Por su parte, el Departamento de Educación prefiere que los distritos escolares y estados elaboren sus propios planes de seguridad, aunque ha puesto en marcha un programa de $15 millones para alentar a las universidades y distritos escolares a trabajar de manera conjunta para aumentar la contratación de profesionales de salud mental.

Ante la ausencia de una ley federal, los distritos escolares elaboran sus propios protocolos de seguridad, incluyendo simulacros de tiroteos.

Mientras, empresas como «Guard Dog Security» hacen su agosto con la venta loca de productos de seguridad personal, como rociadores de gas pimienta, pistolas con descarga eléctrica, y linternas de alta potencia. Sus mochilas anti-balas se venden como pan caliente en Walmart y Office Depot, con precios de hasta $220.

Fuente: https://www.telemundo.com/noticias/2019/08/08/tiroteos-ponen-bajo-la-lupa-la-seguridad-en-las-escuelas-en-visperas-de-un-nuevo

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