Más del 52 % de niñas, niños y jóvenes en países en conflicto han visto interrumpida su educación, enfrentándose a una media de uno a dos años sin escolarización debido a la violencia, el desplazamiento y la destrucción de infraestructuras educativas. Y las niñas, además, son víctimas de matrimonio infantil y violencia sexual, lo que agrava su vulnerabilidad y dificulta aún más su retorno a las aulas.
Esta es una de las conclusiones que expone el informe Seguimos soñando: Niñas y jóvenes en situaciones de conflicto, elaborado por la ONG Plan International, en el Día Internacional de la Niña.
La organización, que trabaja para garantizar los derechos de la infancia y promover la igualdad de género, ha recopilado datos a partir de 9.995 encuestas realizadas a niñas, niños y jóvenes de entre 15 y 24 años en 10 países en conflicto.
Camerún, Colombia, Etiopía, Líbano y Ucrania son algunos de los países incluidos en este estudio que pone de relieve cómo el género y la edad determinan las experiencias de la juventud en situaciones de violencia armada. Además, se realizaron 104 entrevistas en profundidad que arrojan luz sobre las vivencias personales de muchas de estas jóvenes.
1 de cada 4 niñas vive con miedo a la violencia sexual
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el alto porcentaje de niñas que viven con miedo constante a la violencia sexual. Un 27 % de las niñas encuestadas expresó su temor frente a este tipo de agresión, una cifra significativamente mayor que el 17 % de los niños.
La violencia sexual, utilizada como arma de guerra en muchas de estas regiones, tiene consecuencias devastadoras no solo físicas, sino también emocionales y sociales. Muchas de las niñas que han sobrevivido a violaciones enfrentan embarazos no deseados y son estigmatizadas por sus propias comunidades, lo que las aísla y limita aún más sus oportunidades de educación y desarrollo personal.
A esto se suma el matrimonio infantil, un problema que afecta gravemente a las niñas en zonas de conflicto. Ante la falta de recursos, las familias recurren al matrimonio temprano como una supuesta forma de protección para sus hijas o como una estrategia para reducir el número de bocas que alimentar. Sin embargo, esta práctica corta de raíz las posibilidades educativas y perpetúa la desigualdad de género, ya que las niñas, ahora esposas y madres, deben asumir responsabilidades adultas a una edad en la que deberían estar en las aulas.
Sin acceso a agua, alimentos o electricidad
La interrupción de la educación en estos contextos no se debe solo a la violencia directa o a la destrucción de infraestructuras, sino también a la falta de acceso a recursos básicos.
Según el informe, el 44 % de las niñas, niños y jóvenes no tienen acceso adecuado a alimentos, el 59 % enfrenta problemas para obtener electricidad, y el 41 % carece de acceso a agua potable. Estas carencias afectan desproporcionadamente a las niñas, quienes, debido a la desigualdad de género, encuentran más obstáculos para acceder a estos recursos esenciales.
Además, el 46 % de las y los jóvenes entrevistadas reportaron no haber recibido ninguna ayuda humanitaria, lo que agrava la situación y retrasa aún más la posibilidad de volver a la escuela.
El impacto emocional de la violencia
El informe destaca que tanto niñas como niños sufren altos niveles de estrés, ansiedad y trastornos del sueño debido a la violencia.
Sin embargo, son las niñas quienes reportan mayores niveles de angustia por su constante exposición a la violencia sexual y las limitadas oportunidades para acceder a servicios de salud mental o sexual y reproductiva. Un 58 % de las niñas encuestadas vive con preocupaciones constantes, mientras que en el caso de los niños esta cifra es del 49 %.
La ONG ha hecho un llamado a la comunidad internacional para un alto al fuego inmediato en todas las zonas de conflicto, la protección de la infancia frente a violaciones graves como la violencia sexual y el reclutamiento forzoso, y la garantía de una educación segura e inclusiva.
Además, la organización insiste en la importancia de que las niñas tengan acceso igualitario a recursos básicos como alimentos y agua, y que reciban atención prioritaria si han sido víctimas de violencia sexual.
Si hay cosas complicadas, una de ellas es tener una somera idea de cuál es la realidad de la violencia sexual contra la infancia. No solo en España, sino en todo el mundo. Es una de las realidades más ocultadas a pesar de que, según diferentes cálculos, tiene una prevalencia de entre el 10 y el 15 % de las y los menores.
Investigadores de la Universidad de Comillas y de la ONG Educo han elaborado su propio cálculo de prevalencia de la violencia sexual contra la infancia y han determinado que está en el 17,29 % de las niñas, niños y adolescentes (NNA) estudiando, explica Macarena Céspedes, directora de Incidencia de Educo, los estudios de los últimos 30 años. Además, han basado buena parte de sus cálculos en las denuncias que se interpusieron el año pasado según el Ministerio del Interior, un total de 9.185.
Desde la Cátedra de Derechos del Niño de Comillas y Educo, han calculado que el Estado gasta anualmente 1.300 millones de euros en atender los costes derivados de atender a las 9.185 menores de edad que presentaron denuncia. En esta cantidad se tienen en cuenta los gastos conocidos, como el protocolo sanitario que se pone en marcha; “todas las pruebas médico-forenses, si la denuncia llega o no a juicio, si hay o no sentencia, si hay cárcel o no”, explica Céspedes.
Para el cálculo final también se han tenido en cuenta cuestiones como la probabilidad de repetir curso de las personas que sufren violencia sexual. Una cifra que es el 60 % más que otras niñas y niños. Sobre este 60 % se han calculado los costes de esta repetición. También se ha computado el coste de quienes están en el sistema de acogida tras denunciar
Fuera de este cálculo quedan otras cifras que no es posible conocer, explica la investigadora, como los costes de un trabajador social o de la intervención de los servicios sociales en una familia cuando se realiza una intervención de desamparo.
Hasta 77.000 posibles víctimas
Con el porcentaje de prevalencia que han calculado las y los investigadores, el 17,29 %, se ha determinado que podrían existir hasta 77.000 víctimas de violencia sexual en nuestro país. Niñas, niños y adolescentes de lo que nada se sabe porque no ha mediado denuncia alguna.
Y es sobre esta cifra sobre la que la investigación ha intentado arrojar algo de luz sobre la parte más oculta del gasto que supone esta violencia. “Creemos que conlleva un gasto, aclara Céspedes, aunque no hayan sido detectados”. Y esto lo dicen porque las personas que sufren estas situaciones es muy probable que sufra desapego del sistema educativo y termine repitiendo, por ejemplo. Aunque no hayan denunciado y no hayan supuesto un gasto sanitario derivado de la puesta en marcha de determinados protocolos, es muy probable que haya realizado diferentes visitas al médico por problemas de ansiedad o depresión. “Sabemos que las visitas por problemas emocionales de las víctimas de violencia sexual aumentan exponencialmente con respecto a otras”.
Céspedes explica que teniendo en cuenta esta cifra de 77.000 y la prevalencia de determinadas cuestiones que afectan en mayor medida a las víctimas de violencia sexual en la infancia ha calculado, de manera conservadora, por lo bajo, cuál es el coste para el estado de estas intervenciones. Lo han cifrado en unos 3.200 millones de euros anuales. En esta cifra no están aquellos gastos de los que no se conocen sus precios.
“Estamos convencidos, dice, de que es un mínimo porque (el cálculo) lo hacemos bajo asunciones muy potentes”, como que se produce una sola vez, como que hay impactos que no se pueden mitigar, aunque lo puedas acompañar. Y el cálculo económico se ha hecho solo sobre los daños mitigables. “El daño mitigable es aquel que, si los sistemas de detección precoz o de determinación del riesgo funcionasen, se iniciaría todo un proceso de intervención, se pondrían en marcha una serie de recursos, y si se hace de forma eficaz supuestamente mitigan el daño”.
Céspedes asegura que los cálculos económicos que se han hecho, en todo momento, son de mínimos, conservadores. Insiste en que la realidad es mucho mayor de lo que puede calcularse entre otras cosas por las diferencias, si no divergencias, en la toma de datos de las diferentes administraciones públicas, por la falta de transparencia con esta información.
Señala la responsable de Incidencia que lo que intentan, además de poner sobre la mesa una cifra económica, esta podría utilizarse en buena medida, no como reacción ante la situación, sino para tomar medidas preventivas y de detección precoz de las situaciones de violencia.
Para la organización, este ejercicio es una forma más de denuncia de la situación en la que se encuentran decenas de miles de niñas, niños y adolescentes en su día a día. Que sufren violencia sexual en su entorno más cercano.
Macarena Céspedes insiste en que la cifra de 4.500 millones recoge cálculos exhaustivos: “Hemos podido calcular qué porcentaje de personas que sufren violencia sexual acaban teniendo una adicción y cuánto cuesta esa adicción al sistema sanitario; qué porcentaje de los niños y niñas que sufren violencia sexual desarrollan una enfermedad mental como anorexia, bulimia, depresión, ansiedad crónica; cuántos niños y niñas que sufren violencia sexual acaban expulsados del sistema educativo. Y hemos podido calcular cuánto cuesta al sistema de protección la violencia sexual contra la infancia”.
Pero, al mismo tiempo, se quedan fuera muchos otras cuestiones como la pérdida de oportunidades laborales, de productividad, el capital humano que se pierde. La falta de acción y de inversión de las administraciones públicas, de las de justicia y de las personas responsables en prevención pueden suponer, y están suponiendo, un coste enorme en la vida de miles de personas todos los años.
Un ejemplo que puede ser fácil de comprender se encuentra en el documental Cómo atrapar a un monstruo, de reciente estreno en una de las principales plataformas de streaming. Cuenta la historia de un hombre que, a pesar de estar condenado a 23 años de cárcel por abusos sexuales a varios menores, pasa unos cuantos meses más en libertad. La historia, además, se remonta al tiempo en el que el protagonista era profesor, a finales de los años 60. Una historia de 40 años de abusos en diferentes instituciones como colegios o colonias de veraneo en el que, apuntan en el documental, decenas, sino cientos, de menores pudieron ser sus víctimas. El coste emocional, vital, de oportunidades laborales y sociales de todas estas personas es y pudo ser enorme. Tal vez, con información y rompiendo el tabú que pesa sobre la violencia contra la infancia, en general, y la violencia sexual en particular, casos así podrían minimizarse.
Los embarazos de niñas y adolescentes continúan imparables en América Central, donde las legislaciones para prevenirlos, cuando las hay, son letra muerta, y los Estados se dejan influenciar por sectores conservadores que se oponen a la educación sexual en las escuelas.
El más reciente episodio de esa realidad lo protagonizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al vetar, el 29 de julio, la Ley Integral de Prevención al Embarazo de Adolescentes, aprobada por el unicameral Congreso Nacional el 8 de marzo y criticada por grupos conservadores y la derecha política del país.
“No conocemos los fundamentos del veto, pero se puede pensar que esa ley sigue parada por la presión de esos grupos antiderechos”, dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la abogada Erika García, del Centro de Derechos de la Mujer.
La influencia de grupos de presión
Sectores conservadores, aglutinados en “Por nuestros hijos”, una versión hondureña del movimiento regional “Con mis Hijos no te Metas”, se han opuesto a la ley porque para ellos buscaba instaurar la “ideología de género”, como el populismo conservador internacional llama a la difusión de derechos de las mujeres y de la comunidad Lgbti.
Las Naciones Unidas mostró en junio su preocupación por las “campañas de desinformación” en torno a esa ley hondureña
La última de las marchas en favor de “la familia y la niñez”, la realizaron en Tegucigalpa, la capital del país, el 22 de julio.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”: Zuleyma Beltrán.
Esos grupos “apelan a la ignorancia de las personas, al miedo, a la religión, con argumentos alejados de la realidad, dicen, por ejemplo, que a los niños les van a poner faldas y a las niñas, pantalones”, añadió García.
El Código Penal de Honduras establece que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es violencia sexual y por tanto, un delito, sin importar si hubo consentimiento por parte de la niña.
En 2022 hubo 1039 partos de niñas entre con ese rango de edad.
“Es bastante grave, y se agrava más porque no hay políticas públicas de prevención de embarazos de niñas ni adolescentes”, acotó García.
En los países de América Central, con unos 50 millones de habitantes, prevalecen visiones ultraconservadoras cuando se trata de educación sexual y reproductiva.
El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen una prohibición absoluta del aborto, a los que se les suma República Dominicana, en el Caribe. En el resto de Centroamérica la interrupción del embarazo solo se permite en algunos supuestos.
La presidenta hondureña vetó la ley con la fórmula de “vuelva al Congreso” legislativo, para que la analice nuevamente y eventualmente se ratifique si se obtienen los dos tercios de los 128 diputados.
Zuleyma Beltrán, de 41 años, narró la experiencia vivida cuando quedó embarazada a los 15 años por no tener educación sexual apropiada en El Salvador. Un segundo embarazo desembocó en una emergencia obstétrica que la llevó a la cárcel en 1999, una realidad por la que pasan muchas mujeres salvadoreñas. Imagen: Edgardo Ayala / IPS
“No sabía qué era un condón”
Sin embargo, contar con leyes de esa naturaleza tampoco asegura que el fenómeno se va a aliviar, pues sucede que los mandatos legales no siempre se cumplen.
Un informe de Unfpa señaló que en este país la tasa de embarazo en niñas y adolescentes ha bajado en más de 50 % entre 2015 y 2022.
Sin embargo, “es preocupante ver a El Salvador como uno de los 50 países del mundo con las mayores tasas de fecundidad en niñas de 10-14 años”, refirió en su último informe, publicado en este mes de julio.
Entre las niñas de 10 a 14 años, señaló el documento, la tasa de embarazo ha bajado un 59.6% al pasar de 4.7 inscripciones prenatales por cada 1000 niñas en 2015 a 1.9 en 2022.
El mapa sobre los embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador agregó que el país “necesita acelerar aún más el paso, adoptando políticas y estrategias ajustadas a las realidades diferenciadas de las niñas de 10-14 años y las adolescentes de 15-19 años”.
Esas acciones tienen que estar basadas “en evidencia”, citó el informe.
Esa referencia pareciera ser una alusión a la prevalencia de actitudes conservadoras de grupos que, al igual que en Honduras, rechazan la educación sexual y reproductiva en las escuelas.
Esa falta de conocimiento elemental sobre sexualidad, en medio de un contexto de pobreza estructural, llevó a Zuleyma Beltrán a quedar embarazada cuando era una adolescente de 15 años.
“Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo”, aseguró a IPS Beltrán, ahora de 41 años.
Y agregó: “Sufrí mucho por no tener conocimiento de muchas cosas, por vivir en la ignorancia”.
Dos años más tarde, Beltrán volvió a quedar encinta y tuvo una emergencia obstétrica. Perdió el feto y eso la llevó a la cárcel en agosto de 1999, acusada de aborto, como sucede con cientos de mujeres en El Salvador.
Este país no solo prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas, incluso en casos de violación, sino que también impone penas de hasta 30 años de cárcel a las mujeres que han sufrido abortos inducidos o espontáneos y que el sistema de justicia las criminaliza casi siempre por igual.
“El Estado no les asegura a las niñas educación sexual ni salud sexual y reproductiva, y cuando vienen las consecuencias por los embarazos o por las emergencias obstétricas, es demasiado cruel con ellas, solo les ofrece la cárcel”, añadió.
Recinos dijo que, por la presión de los grupos conservadores, el Estado ha retrocedido en la estrategia de brindar información sexual y reproductiva en las escuelas.
“Ahora son más rigurosos para no permitir que las organizaciones que trabajan en esa área vayan y den charlas sobre educación sexual integral en las escuelas”, acotó.
Ni fórmula para bebés
En Guatemala tampoco han avanzado las iniciativas de organizaciones civiles que desde 2017 han propuesto, entre otras cosas, que al menos el Estado debería de ofrecerles una reparación a las niñas y adolescentes embarazadas, para aliviarles la dura carga.
Entre esas propuestas se incluyeron al establecimiento de un plan de becas, un mecanismo para asegurar el cuido del bebé para que la madre vaya a la escuela y el suministro de fórmula para alimentarlo.
“Pero lastimosamente no logramos dar el siguiente paso, echar a andar esas medias”, afirmó Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, en conversación telefónica con IPS, desde la capital, Ciudad de Guatemala.
Barrios dijo que la mayoría de las usuarias de los servicios que ofrece esa organización, como acompañamiento legal y sicológico, “son niñas y adolescentes que por la violencia sexual empiezan una maternidad forzada”.
Aseguró que en los último cinco años han quedado embarazadas alrededor 500 000 niñas menores de 14 años, y la cantidad se incrementa al incluir a las de hasta 19 años.
“Hoy tenemos medio millón de niñas que no sabemos con qué se están alimentado ellas ni los niños y niñas productos de la violación”, subrayó Barrios, al agregar que al igual que en El Salvador y Honduras, en Guatemala se considera un delito sexual tener sexo con una menor de 14 años.
Agregó: “La sociedad normaliza que las mujeres nacemos para ser madres, y entonces da igual que una niña quede embarazada a los 10 o a los 12 años, se piensa que ella solo se ha adelantado”.
Patriarcado y capitalismo
Las expertas de Guatemala, Honduras y El Salvador consultadas por IPS sostuvieron que la raíz del fenómeno es multicausal, y sobresalen aspectos visibles del patriarcado, como los estereotipos de género y la violencia sexual, entre otros.
“El patriarcado tiene un interés de detener que las mujeres salgamos al ámbito público”, aseveró la guatemalteca Barrios.
Aseguro que la vida de una niña de 10 años queda truncada al salir embarazada. Ya no irá a la escuela y se quedará en el ámbito doméstico, “para criar hijos y estar en la casa”.
Por su parte, la hondureña Garcia señaló que también está de fondo un “sistema de opresión” que se entrelaza con el patriarcado y el colonialismo, que es la influencia de un país o región hegemónica.
“Tenemos niñas pariendo mano de obra barata para alimentar el sistema (capitalista), y se da una mayor feminización de la pobreza, niñas pariendo niñas a las que se les arruina su proyecto de vida”, comentó la abogada.
Mientras tanto, para no repetir la dura experiencia vivida, la salvadoreña Beltrán señaló que ella sí habla y enseña a su hija de 9 años sobre sexualidad.
“Para no repetir mi historia le hablo de los preservativos, de cómo una mujer se tiene que cuidar y de cómo una puede salir embarazada”, acotó.
“No quiero que pase por lo que me tocó pasar a mí”, dijo.
El Secretario General de la UMSS dijo que desconoce las denuncias.
Este martes, estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) realizaron una marcha de protesta hasta puertas del Rectorado de esta casa de estudios superiores de lucha contra la violencia a la mujer.
Las jóvenes denuncian que hay varios hechos de acoso sexual e incluso violencia sexual por parte de docentes de varias carreras, estudiantes y administrativos, pero no hubo sanciones. Exigen que autoridades universitarias fiscalicen los casos y se haga el seguimiento legal.
«Estamos presentes estudiantes autoconvocadas de todas las facultades de la Universidad Mayor de San Simón para exigir una adecuada fiscalización y seguimiento a los casos de violencia, acoso sexual y violaciones que se han realizado dentro de nuestra universidad», expresó una de las jóvenes.
Con letreros como «Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor», «Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá», «No a la violencia, sí a la paz. Rompe el silencio», «Que ser mujer no nos cueste la vida», «No defiendas al violador, no defiendas al agresor», «Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca» y otros, las universitarias piden acciones ante estos hechos.
Por su parte, el Secretario General de la UMSS dijo que desconoce las denuncias y «esa clase de comportamiento».
«No tenemos conocimiento oficial de que haya esa clase de comportamientos dentro de la universidad. Oficialmente no lo sabemos», afirmó Eduardo Lavayen Panoso.
También señaló que existe una oficina dentro del campus para atender estos temas. Aseguró que, en caso de comprobarse las denuncias, aplicarán todo el rigor de la ley.
«La unidad que está encargada de conocer esta clase de demandas y, además, de resolverlas, si es el caso, es la Oficina de Protección de los Derechos de la Mujer en la Universidad ¿Cómo va a enfrentar la Universidad esta clase de actitudes? si es que hubieran; vamos a aplicar con todo el rigor de la ley lo que manda nuestro ordenamiento jurídico en protección a las mujeres especialmente», complementó.
En el país, en pleno siglo XXI, hay lugares que realizan estrategias que tienen como único objetivo convertir a una persona a determinada orientación sexual por medio del uso de métodos de violencia física, psicológica o sexual.
Por lo general, se efectúan sobre individuos que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexualidad y son llamadas terapias de conversión o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género).
De acuerdo con Tania Esmeralda Rocha Sánchez, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología, ese tipo de terapias no tendrían que ser nombradas de esa manera, “porque no hay nada que curar”, aseguró la universitaria.
Desde hace más de cinco décadas, los principales organismos e instituciones que trabajan la salud mental argumentaron que la homosexualidad no es un trastorno o padecimiento y, por lo tanto, no es algo que se tenga que curar o cambiar en las personas. Tampoco es una enfermedad de salud mental.
En ese sentido, la especialista en temas de género y diversidad sexual explicó que este tipo de prácticas son realizadas por profesionales de la salud que desafortunadamente no tienen una actualización en torno al tema, o por quienes se encuentran dentro del ámbito religioso, y muchas veces recomendados por familiares o amigos quienes, de manera engañosa, incurren incluso en cuestiones de secuestro, aislamiento de las personas y, por supuesto, actos de tortura.
Lo más grave es que esas acciones violentas quedan impunes o pasan por el secretismo, el silenciamiento e incluso la amenaza a los individuos que lo viven.
Situación histórica
Hoy en día, estas prácticas ya tienen nombre, pero históricamente siempre han existido. Por ejemplo, durante las guerras mundiales y en los campos nazis, había procesos parecidos, en los que sobre todo a hombres homosexuales se les sometía a una serie de actos de violencia o de tortura, específicamente bajo la idea de regular una cuestión hormonal, considerando que era la causa de la homosexualidad.
“Es posible que tengan mucho tiempo de existir; sin embargo, hoy en día se han hecho visibles, porque cada vez se rompe más el silencio, y en la medida en la que diferentes grupos desde el activismo, la academia, y, por supuesto, la gente que lo ha vivido ha levantado la voz para detenerlo, se ha nombrado. Se ha podido reconocer, se ha podido visibilizar e inclusive señalar que constituyen actos de violencia”, detalló Rocha Sánchez.
Asimismo, explicó que a través del tiempo ha habido un proceso de homofobia histórica y se ha pasado de considerar la homosexualidad como un delito a un pecado y una enfermedad. Con los avances científicos se intenta dar a conocer de manera sistemática que ni la homosexualidad ni el tema de las identidades trans o las expresiones de género no binarias constituyen, como tal, un problema de salud mental. “En todo caso aquellos padecimientos o malestares de carácter mental o emocional que las personas LGBTIQ+ llegan a experimentar, pues son más bien resultado de un entorno hostil, violento, de rechazo, de discriminación y de prejuicio, pero no per se de la orientación ni de la identidad o de cómo se expresa al mundo dicha identidad”, aclaró.
El daño causado a las víctimas con este tipo de prácticas es muy variable, porque en algunos casos los individuos son expuestos desde su infancia a estos procesos de tortura, pero sin duda existe una repercusión. “Las violencias sexuales correctivas suelen emplearse mucho más en la adolescencia con las chicas lesbianas o bisexuales. Muchas veces por parte de alguien conocido o familiar, lo cual, además de ser una violación a la propia persona constituye también una cuestión de impacto psicológico brutal, porque en el fondo, todas estas acciones van abonando a que las personas LGBTIQ+ lleguen a vivirse como fuera de lo normativo, con una homofobia o transfobia interiorizada, que muchas veces puede derivar en procesos de depresión o ideación suicida”.
Han dejado de considerarse problemas de salud mental.
Prohibidas en 10 países
En el mundo, sólo 10 naciones han prohibido las terapias de conversión por el daño emocional, físico y la afectación a los derechos humanos de quienes son sometidos a estas prácticas.
En nuestro país, el pasado 11 de octubre de 2022 el Senado aprobó la prohibición de las terapias de conversión sexual con una pena de hasta 12 años de cárcel a quien las realice. El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
Lo que Tania Rocha celebró, aunque aclaró que es únicamente una iniciativa dentro de muchas más que tienen que existir para que sumen a reiterar y hacer saber, a quienes quizá no se han dado a la tarea de actualizarse o de conocer más acerca del tema, que no se está hablando de cuestiones curables, y que por el contrario, estas acciones pueden ocasionar problemas muy serios de salud mental y emocional en quienes lo viven, e incluso llegar, en muchos casos, hasta el suicidio ante el rechazo y la constante violencia a la que pueden ser expuestas las personas.
La investigadora recomendó la guía Nada que curar, elaborada por la Facultad de Psicología de la UNAM en colaboración con otras instituciones y asociaciones civiles y disponible de manera gratuita para que las familias tengan más información y elementos para no dejarse persuadir o engañar por quienes quieren hacer ECOSIG, y a la vez para tener herramientas que permitan apoyar a las personas LGBTIQ+, “que puedan vivir desde un lugar mucho más pacífico, prometedor, de aceptación de sus propias vivencias”.
La falta de acceso a los hospitales de la ciudad de Puerto Príncipe, debido a la violencia y la precaria situación económica de Haití, pone en peligro la vida de las mujeres y niñas que no pueden recibir una atención sanitaria adecuada, advirtió este martes el Fondo de Población de las Naciones Unidas
La agencia de la ONU particularizó la situación de las supervivientes de violencia sexual y de las cerca de 85.000 mujeres actualmente embarazadas, de las cuales unas 30.000 darán a luz durante los próximos tres meses. en medio de la crisis que azota al país
Con una economía al borde del colapso y el desplome los servicios esenciales, los habitantes de la capital de Haití, se ven atrapados en un espeluznante fuego cruzado provocado por el aumento de la violencia de las bandas, con crecientes testimonios de asesinatos, secuestros, violaciones y desplazamientos forzados.
Entre los testimonios recabados por el Fondo está el de una mujer embarazada que perdió a su marido y todas sus pertenencias al huir de su hogar durante los altercados. La afectada actualmente depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
Otros reportes indican la violación de mujeres y niñas de nueve años por parte de miembros de bandas que buscan incitar el terror y vengarse de otros grupos rivales.
Haití cuenta actualmente con el nivel de mortalidad materna más alto de América Latina y el Caribe.
La escalada de los combates en la capital junto a la destrucción de muchos servicios esenciales y de instalaciones sanitarias tras el terremoto del año pasado en el sur del país, provocan un gran incremento de las necesidades humanitarias: más de 4,9 millones de personas precisan asistencia, entre ellas unos 1,3 millones de mujeres en edad reproductiva.
17.000 haitianos han huido de su hogar
Concretamente en la zona de Cité Soleil, una de las más pobres de la capital haitiana y que alberga a más de 250.000 personas, fue una de las que sufrió los combates más violentos con cientos de muertos, heridos y desaparecidos
Durante los últimos meses unos 17.000 habitantes de la capital se han visto obligados a abandonar sus hogares refugiándose en campamentos improvisados o en casa de familiares, mientras la inestabilidad extrema se agudiza.
El personal del Fondo sobre el terreno está ayudando a las supervivientes de la violencia de género a buscar asistencia jurídica, psicosocial y médica, distribuyendo suministros sanitarios y lámparas solares en los lugares de desplazamiento, y evacuando a mujeres embarazadas con complicaciones par que reciban atención obstétrica y neonatal de emergencia.
Además, se han distribuido cientos de kits de higiene femenina en cuatro centros para desplazados de la capital
Ocho clínicas móviles, capacitación y…acceso a los servicios de salud
La agencia prevé desplegar ocho clínicas móviles que trabajarán juntamente con los centros de salud locales garantizando servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y niñas atrapadas en zonas de difícil acceso.
También está preparando a agentes comunitarios que conciencien sobre los riesgos y las medidas de protección contra la violencia de género, así como sobre los servicios sanitarios y los espacios seguros de recuperación disponibles para las supervivientes.
Más allá de la respuesta inmediata urge un acceso seguro a los servicios de salud y fondos para prevenir los altos niveles de embarazos no deseados y las muertes maternas, así como para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia sexual.
La representante de la agencia en Haití, Saidou Kabore, destacó que «ninguna mujer debería morir al dar a luz. Ninguna mujer debería ser víctima de una violación u otras formas de violencia de género. El UNFPA se compromete a mejorar los servicios de salud y protección y a salvar vidas».
A través de la red social TikTok, se han revivido videos de esta práctica o “tradición” de Afganistán, donde se ven niños y jóvenes bailando frente a varios hombres mayores.
Esta tradición conocida como “Bacha Bazi” qué traducida significa: “jugar con los niños”, renace desde la toma del poder de los Talibanes en Afganistán, que al tener leyes tan estrictas han logrado reducir el número de población de mujeres y dentro de la necesidad sexual y de entretenimiento, buscan la “femineidad” en niños y adolescentes hermosos.
Inicialmente, varias investigaciones de medios internacionales, afirman que esta práctica viene únicamente desde los más poderosos o altos mandos militares de Afganistán y lo que significa tener a un joven Bacha Bazi, es poder tanto monetario como en la sociedad.
Frente al tema, varios videos en TikTok se han compartido, viralizando los bailes que se publican por esta red social, que en un inicio se pensaba, era con motivo artístico propio de su cultura.
Sin embargo, varios creadores de contenido que tenían conocimiento de la práctica, que fue prohibida en 2017, empezaron a concientizar a los demás usuarios de lo que realmente significan estos bailes: abuso sexual hacia menores de edad en Afganistán.
¿Quiénes son los Bacha Bazi?
De una forma sencilla son niños y/o jóvenes, que, o fueron vendidos por sus familias, o con promesas de una “vida mejor” se fueron con “el mejor postor”.
Estos niños son los más vulnerables de la sociedad, pasan necesidades y al ver la oportunidad de un cambio con mayores ingresos económicas, toman la “decisión” de ser un Bacha Baresh, lo que traduce “niño sin barba”.
Los hombres económicamente estables o poderosos, se acercan a las comunidades más pobres para buscar a sus futuros esclavos y “amantes” para así volverlos su propiedad y presumir de la adquisición.
Por estos días se ha creado una reacción en masa donde varios creadores de todas partes del mundo, no solo por TikTok, sino también por Twitter, han denunciado que el Bacha Bazi no es más que un abuso a menores de edad disfrazado de una tradición en Afganistán.
Lo que ha logrado que en redes las personas dejen de ver esta tortura como símbolo de arte y cultura.
En el país, las normas en contra de esta práctica como tal no existen, ya que se refugian en afirmar que hace parte de su cultura desde hace años atrás.
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