Laura de Grado
Más del 52 % de niñas, niños y jóvenes en países en conflicto han visto interrumpida su educación, enfrentándose a una media de uno a dos años sin escolarización debido a la violencia, el desplazamiento y la destrucción de infraestructuras educativas. Y las niñas, además, son víctimas de matrimonio infantil y violencia sexual, lo que agrava su vulnerabilidad y dificulta aún más su retorno a las aulas.
Esta es una de las conclusiones que expone el informe Seguimos soñando: Niñas y jóvenes en situaciones de conflicto, elaborado por la ONG Plan International, en el Día Internacional de la Niña.
La organización, que trabaja para garantizar los derechos de la infancia y promover la igualdad de género, ha recopilado datos a partir de 9.995 encuestas realizadas a niñas, niños y jóvenes de entre 15 y 24 años en 10 países en conflicto.
Camerún, Colombia, Etiopía, Líbano y Ucrania son algunos de los países incluidos en este estudio que pone de relieve cómo el género y la edad determinan las experiencias de la juventud en situaciones de violencia armada. Además, se realizaron 104 entrevistas en profundidad que arrojan luz sobre las vivencias personales de muchas de estas jóvenes.
1 de cada 4 niñas vive con miedo a la violencia sexual
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el alto porcentaje de niñas que viven con miedo constante a la violencia sexual. Un 27 % de las niñas encuestadas expresó su temor frente a este tipo de agresión, una cifra significativamente mayor que el 17 % de los niños.
La violencia sexual, utilizada como arma de guerra en muchas de estas regiones, tiene consecuencias devastadoras no solo físicas, sino también emocionales y sociales. Muchas de las niñas que han sobrevivido a violaciones enfrentan embarazos no deseados y son estigmatizadas por sus propias comunidades, lo que las aísla y limita aún más sus oportunidades de educación y desarrollo personal.
A esto se suma el matrimonio infantil, un problema que afecta gravemente a las niñas en zonas de conflicto. Ante la falta de recursos, las familias recurren al matrimonio temprano como una supuesta forma de protección para sus hijas o como una estrategia para reducir el número de bocas que alimentar. Sin embargo, esta práctica corta de raíz las posibilidades educativas y perpetúa la desigualdad de género, ya que las niñas, ahora esposas y madres, deben asumir responsabilidades adultas a una edad en la que deberían estar en las aulas.
Sin acceso a agua, alimentos o electricidad
La interrupción de la educación en estos contextos no se debe solo a la violencia directa o a la destrucción de infraestructuras, sino también a la falta de acceso a recursos básicos.
Según el informe, el 44 % de las niñas, niños y jóvenes no tienen acceso adecuado a alimentos, el 59 % enfrenta problemas para obtener electricidad, y el 41 % carece de acceso a agua potable. Estas carencias afectan desproporcionadamente a las niñas, quienes, debido a la desigualdad de género, encuentran más obstáculos para acceder a estos recursos esenciales.
Además, el 46 % de las y los jóvenes entrevistadas reportaron no haber recibido ninguna ayuda humanitaria, lo que agrava la situación y retrasa aún más la posibilidad de volver a la escuela.
El impacto emocional de la violencia
El informe destaca que tanto niñas como niños sufren altos niveles de estrés, ansiedad y trastornos del sueño debido a la violencia.
Sin embargo, son las niñas quienes reportan mayores niveles de angustia por su constante exposición a la violencia sexual y las limitadas oportunidades para acceder a servicios de salud mental o sexual y reproductiva. Un 58 % de las niñas encuestadas vive con preocupaciones constantes, mientras que en el caso de los niños esta cifra es del 49 %.
La ONG ha hecho un llamado a la comunidad internacional para un alto al fuego inmediato en todas las zonas de conflicto, la protección de la infancia frente a violaciones graves como la violencia sexual y el reclutamiento forzoso, y la garantía de una educación segura e inclusiva.
Además, la organización insiste en la importancia de que las niñas tengan acceso igualitario a recursos básicos como alimentos y agua, y que reciban atención prioritaria si han sido víctimas de violencia sexual.
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