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Nicaragua: Las mujeres no son libres, las mujeres no están seguras

Por: Aldania Serrano

Publicado en redclade.org

A pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, que incluye leyes que protegen a las mujeres, en el país se está viviendo una coyuntura con una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad.

Para hablar sobre la violencia basada en género en Nicaragua, se debe reconocer que los nicaragüenses se encuentran en una sociedad patriarcal. Desde que las personas nacen se les asignan roles en dependencia de su sexo biológico, como consecuencia, las mujeres y niñas están creciendo en un sistema que dicta lo que deberán hacer el resto de sus vidas.

Es importante señalar que la violencia basada en género está sustentada por el sistema patriarcal en el que dominan los hombres sobre las mujeres, la mayoría de las veces, las mujeres sufren violencia a raíz de su cuerpo y la concepción de los hombres sobre él.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 736 millones de mujeres (una de cada tres), son víctimas de violencia física o sexual realizada por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables a lo largo del decenio más reciente.

También, para ONU mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo y se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, y Nicaragua no es la expepción.

Así se manifiesta la violencia basada en género

“¿Ya tenes novia en la escuelita?”, todas las personas en Nicaragua ya han escuchado esta expresión que le dicen a los niños. Desde que son infantes se crían a los niños con la idea de que deben ser coquetos, que deben decirles ¨piropos¨ a las niñas y mujeres en la calle, pero no se les dice que en realidad eso es acoso y violencia normalizada porque invaden el espacio y la privacidad de las niñas y mujeres.

De igual forma, es violencia de género cuando a las niñas solo se les permite jugar con muñecas y jugar a ¨la cocinita¨, usar faldas y ser sumisas, porque eso es lo que la sociedad ha construido desde hace mucho tiempo. Es violencia también, que a los niños no se les permita llorar en público porque ¨los verdaderos hombres no lloran¨, porque los hombres son fuertes y deben dedicarse a trabajar para el hogar, no pueden ser sensibles porque no es parte de su naturaleza… criar a los niños con estas ideas, es violencia.

La violencia basada en género también se manifiesta con acoso callejero, con micromachismos,  y en palabras de la activista Integrante de la red de mujeres contra la violencia, Evelyn Floresestos comportamientos y conductas no deben celebrarse porque son expresiones de violencia determinadas por las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres, que se producen como:

  • Violencia física
  • Violencia psicológica
  • Violencia sexual
  • Violencia económica
  • Violencia emocional

Una de las expresiones más graves de violencia, es la conducta normalizada de hombres adultos que buscan una relación amorosa con adolescentes y jóvenes, quienes son vulnerables a ceder por algún tipo de amenaza y violencia ejercida por el adulto que goza de poder y por ello abusa del mismo. Las niñas, adolescentes y jóvenes deben ser protegidas de este tipo de abusadores.

Quiénes ejercen violencia

Generalmente, son los hombres quienes ejercen violencia hacia las mujeres, no necesariamente se puede ver en una pareja, la violencia basada en género sucede independientemente de si existe o no un vínculo entre el victimario y la víctima. La violencia también está presente en sitios de trabajo, en las calles, en las iglesias, en la familia, en las escuelas y universidades.

Qué ha cambiado en los últimos años

Gracias a los esfuerzos de las mujeres feministas, con el pasar de los años, las mujeres se han empoderado y muchas cosas del pasado han cambiado, antes los hombres eran los dueños de tierras en las zonas rurales, ahora hay mujeres productoras y dueñas de sus tierras, antes era muy común que los hombres fuesen los titulares de las casas y las herencias, ahora hay más mujeres siendo incluidas, hay más mujeres tomando responsabilidades y siendo parte de esta revolución que con el tiempo será una normalidad.

En busca de una sociedad justa

Para Flores, se debe luchar en contra de la violencia basada en género, pero para ello se necesita un trabajo armónico entre hombres y mujeres, no se trata de una competencia, si no de la construcción de una sociedad más justa y democrática, en la que los hombres y las mujeres puedan vivir en paz. Asimismo, en medida que hay democracia e institucionalidad se puede combatir la violencia de género de forma más efectiva, ya que, esto permite a las mujeres y niñas gozar de sus derechos.

Las organizaciones en Nicaragua aportan a la eliminación de la violencia de género

Gracias a la lucha feminista, hay muchas mujeres que gozan de su libertad, las organizaciones de sociedad civil y personas profesionales aportan a la eliminación de la violencia de género con sus conocimientos, sus acciones y actividades dirigidas a mujeres nicaragüenses. Con esto, se pretende compartir a la ciudadanía las herramientas para que gocen plenamente de sus derechos y no sufran de discriminación, exclusión, y en un futuro se logre erradicar el machismo. Para ello, se debe educar sobre derechos humanos y los hombres deben admitir que el sistema patriarcal les provee privilegios de los que deben desprenderse para ser parte de esta lucha en contra de la violencia. Las organizaciones en Nicaragua son fundamentales para generar opinión, conocimiento, y para ayudar a las comunidades más necesitadas.

¿En Nicaragua hay leyes que protejan a las mujeres?

La activista Flores comenta que, a pesar de las últimas reformas en la Constitución Política de Nicaragua, sí existen leyes que protegen a las mujeres, así como la ley 779. Sin embargo, entre el marco legal, los operadores de justicia y las instituciones estatales y acciones, existe una brecha significativa, pues en Nicaragua se está viviendo una coyuntura muy fuerte, porque existe una centralización de poder y poca seguridad para la ciudadanía y a la vez múltiples crisis, en las que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son más afectadas debido a su nivel de vulnerabilidad. Según la abogada Flores, el marco legal relacionado a la protección y defensa de las mujeres no debe cambiarse, pero si se pudiese aplicar a como expresa la ley, sería lo ideal para brindar justicia a las víctimas.

Femicidios en Nicaragua

Al día de hoy, el número de víctimas de violencia supera las 66, y la cifra de femicidio en grado de frustración asciende las 100, las mujeres nicaragüenses han tenido que ser resilientes y luchar por sus vidas todos los días. No hay un espacio seguro en el que las mujeres se puedan desarrollar, por ello en conjunto se necesita erradicar la violencia de género. Y según afirma Floressolo una parte de las mujeres logra denunciar la violencia que sufre. A pesar de las leyes no se protege la integridad y dignidad de las víctimas, y a nivel de ejemplo, la activista comenta que, cuando un profesor abusa de una estudiante,  la familia de la víctima tiene que presentar muchas pruebas para que se reconozca al profesor como abusador, en lugar de apoyar y proteger a la niña, y si se confirma que el maestro es abusador, como respuesta, únicamente cambian al abusador de escuela, lo que le permite cometer nuevamente esos delitos y queda impune. No hay justicia para las niñas, no hay protección para ellas.

¿Cuál es la ruta para acabar con esta problemática?

La educación, desde el enfoque de derechos humanos en la que se les enseñe a las personas que los hombre y mujeres tienen los mismos derechos y capacidades, se debe construir una educación formal e informal más sana, más humanista y facilitadora de un futuro más próspero en Nicaragua.

Los cambios culturales también son importantes, los hombres y mujeres deben tener control de su sexualidad, la responsabilidad del futuro como familia debe ser planificado por los hombres y mujeres, la carga no tiene que ser solo de la mujer. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser parte de las nuevas formaciones.

Las víctimas son afectadas de por vida

Las víctimas de violencia no pueden desarrollarse de manera óptima, su vida corre peligro y en vista de la impunidad tienen secuelas que aumentan con el tiempo, sufren la violencia del victimario y la violencia estatal porque no tienen justicia. Si las víctimas no son atendidas pueden estar afectadas durante toda su vida.

Cuando sepas que una mujer ha sido víctima de violencia, intenta acercarte para ayudarla, escucharla y protegerla, si podes buscar ayuda psicológica, hazlo, no podemos dejarlas solas.

¿Vos cómo ayudarás a la eliminación de la violencia de género?

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/nicaragua-las-mujeres-no-son-libres-las-mujeres-no-estan-seguras/
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México: Cuando el patriarcado nos niega el derecho a estudiar

Por: Isabel Vega/La Izquierda Diario

Para las niñas y adolescentes, las labores domésticas, el embarazo y la violencia, son factores que determinan la ausencia del derecho a la educación, que se suman a la precarización y los altos costos de vida para las familias trabajadoras así como al raquítico presupuesto a la educación.

En México hay 1,642,129 niños y niñas de entre 12 y 17 años que no asisten a la escuela. Si bien las causas son diversas, el 11% no lo hace porque debe hacerse cargo de tareas domésticas o cuidar a algún familiar, por embarazos, porque se casó. Lo que es sorprendente es que el 45%, no asiste a la escuela porque no quiere o porque no le gustó.

Si se trata de casi la mitad de niños, niñas y adolescentes en esta situación, es claro que no podemos hablar de simple “falta de voluntad”, pues responde a una realidad generalizada.

Es evidente, además, que estas situaciones tienen el mismo impacto para los hombres que para las mujeres en este rango de edad. Aunque es algo que podemos intuir, las cifras son espeluznantes, en el caso de quienes dejaron los estudios por casarse o juntarse, el 90% son mujeres; cuando se trata del cuidado de familiares y labores en el hogar, el 92% son mujeres; en los casos en los que el impedimento es un embarazo, el 93% de quienes dejan la escuela, son mujeres.

Según información arrojada por la Encuesta nacional sobre el uso del tiempo libre, el otro 89% de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años que no estudian, en el 19% de los casos se debe a que no tienen los recursos necesarios, en el 9% a que trabajan, el 5% porque no tienen una escuela a una distancia accesible.

Estas cifras hablan de una realidad brutal para las mujeres desde corta edad, donde la ausencia del derecho a la educación básica para las mujeres, está profundizada por el mandato patriarcal.

No solo son las consecuencias de la precarización laboral que en las familias trabajadoras obligan a niños, niñas y adolescentes a trabajar para complementar el ingreso de sus padres y madres, la falta de infraestructura o la incapacidad de las familias para costear uniformes, transporte y comida para que sus hijos e hijas puedan asistir a la escuela -y el hecho de que las escuelas no garantizan estos aspectos básicos para hablar de educación gratuita.

Es también la realidad de violencia sexual, la falta de educación sexual integral, no sexista ni heteronormada en los distintos niveles educativos y el hecho de que el aborto no sea un derecho garantizado por el Estado en cada clínica y hospital del país.

Además de que las tareas domésticas y de cuidados siguen recayendo en las mujeres, sin importar su edad, cuando estas labores deberían ser responsabilidad de los patrones, que se ahorran todos los gastos de la reproducción del trabajo -es decir la comida, el lavado de ropa, de la casa, y todas aquellas tareas que permiten al trabajador poder asistir a su centro de trabajo día con día.

Así como la precarización laboral, que recae más cruentamente sobre las mujeres, pues somos contratadas para los trabajos peor pagados y con menos derechos laborales, cargamos con la brecha laboral y además cumplimos dobles jornadas laborales, en el trabajo y en el hogar; la ausencia del derecho a estudiar, es también parte de la violencia patriarcal.

Para garantizar el derecho a la educación, organicémonos por aumento al presupuesto educativo, para que existan becas universales que cubran todos los gastos de la canasta básica sin importar la edad, para que se construyan escuelas suficientes y dignas, sin condiciones de hacinamiento, para que los y las trabajadores de la educación -donde la gran mayoría son mujeres- tengan salarios dignos.

Pero luchemos también por educación sexual no sexista ni heteronormada desde la educación básica y en todos los niveles, por aborto libre, legal, seguro y gratuito, porque las tareas domésticas sean garantizadas por los patrones y el Estado y contra la violencia patriarcal.

Para que ninguna niña, adolescente, ni joven, se quede sin el derecho a estudiar por el simple hecho de ser mujer.

Fuente de la informació e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx

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México: Mujeres presas sufrieron agresión física o sexual durante su detención

La práctica de agresión física o sexual sigue presente en México al momento de la detención de mujeres, según revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), en la que 15,5 por ciento de mujeres denunciaron agresiones físicas y sexuales por parte de la policía o autoridad que las detuvo.

De acuerdo con la información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aunque las mujeres privadas de su libertad encuestadas representan el 5,7 por ciento de la población privada de su libertad en penales mexicanos, casi 4.000 mujeres, el cinco por ciento, dijo haber sufrido violencia sexual durante la detención.

La ENPOL 2021 se realizó en 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas que concentraron 95,5 por ciento de la población privada de la libertad entre junio y julio de 2021.
En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36,2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17,2 por ciento.

La encuesta consideró entonces una muestra de 678.584 personas mayores de 18 años, privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales, la cual incluyó a la totalidad de la población femenil, que a junio de 2021 representó 5,7 por ciento del total.

Al incluir a la totalidad de la población de mujeres privadas de la libertad, será posible realizar análisis para este segmento de la población con un 99 por ciento de precisión estadística sobre las variables incluidas en el cuestionario de la encuesta, lo cual permitirá reflejar de una manera más clara y detallada sus condiciones de detención, presentación ante el Ministerio Público, proceso judicial, vida al interior del centro penitenciario y expectativas de reinserción social.

Otros resultados

De la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19,1 por ciento fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9,3 por ciento fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.

La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39,5 por ciento. De igual forma, 36 por ciento de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.

El 48,6 por ciento de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. El 38,4 por ciento de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23 por ciento mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

Las mujeres, como ya se indicó, también recibieron agresiones físicas y sexuales durante su detención.

Solo el 27,8 por ciento de la población privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia. De esta población, 39,2 por ciento lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que 24,8 por ciento ha estado recluida entre uno y dos años.

De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 29,8 por ciento fue condenada por homicidio -no se especifica el porcentaje de detenidos por feminicidio- y 12,2 por ciento por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en 32,7 por ciento.

Sin especificar el sexo de las personas, INEGI señala que durante 2021, 25,9 por ciento de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34,1 por ciento de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87,7 por ciento sufrió el robo de objetos personales y 4,6 por ciento fue víctima de hostigamiento sexual.

En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36,2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17,2 por ciento.

Toda la información que deriva de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 se encuentra disponible en la página de Internet del Instituto: https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/

Fuente: https://rebelion.org/mujeres-presas-sufrieron-agresion-fisica-o-sexual-durante-su-detencion/

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El Salvador: “El docente me negó el parcial diferido por no querer besarlo”, estudio revela agresiones que sufren mujeres en la UES

América Central/El Salvador/03-12-2021/Autora: Lissette Lemus/Fuente: www.elsalvador.com

Tres investigadoras de la Red de Colectivos Feministas realizaron una investigación sobre los tipos de violencia que enfrentan las mujeres dentro del campus universitario.

La investigación, en la que se entrevistó a 166 víctimas de violencia dentro de la universidad pública, indica que la mayoría de los casos no son denunciados debido al temor a represalias por parte de los agresores y a la falta de confianza en las instancias universitarias encargadas de actuar en este tipo de abusos y agresiones.

Los tres tipos de violencia más frecuentes que sufren las estudiantes son la violencia psicológica, académica y sexual.

Las investigadoras denominan la violencia académica como la situación en la que el docente valiéndose de su “relación de poder” acosa a las alumnas sexualmente y al no lograr su objetivo viene el castigo y la humillación y la vulneración académica.

“El docente me negó el parcial diferido, aun haciendo el proceso, por no querer besarlo”, relató una de las víctimas, según el estudio.

La violencia académica no está contemplada en los tipos ni en las modalidades incluidas en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Keyla Cáceres, Katherine Zelaya y Clansi Rosa fueron las encargadas de realizar la investigación. Foto EDH/ Nohemí Ángel

Según el estudio, dentro de la Universidad la violencia contra las mujeres sigue un patrón, en el que existe un vinculación de la violencia sexual con la académica, psicológica y simbólica.

“Un docente, que es magistrado, hacía que las estudiantes fuéramos a buscarlo a su sitio de trabajo para consultarle cosas que pudimos haberle consultado en la clase. Un día al despedirme me dio un beso entre la mejilla y la boca”, relató una estudiante.

En cuanto a la violencia sexual, la información recopilada revela que estudiantes, trabajadoras administrativas y mujeres docentes se enfrentan al acoso sexual, comentarios sobre su cuerpo, tocamientos y comportamientos inapropiados.

“En una ocasión un profesor me pidió que me pusiera de pie en la clase y le dijo a mis compañeros: ¿saben que es una curva? luego dijo ella es una curva”, explicó una estudiante entrevistada durante la investigación.

Perfil del agresor
Según los datos recopilados, en cuanto al cargo del agresor, en primer lugar están los docentes, luego los estudiantes que pertenecen a alguna organización estudiantil.

Ante los resultados la Red recomienda la creación de una unidad especializada para prevenir y erradicar la violencia contra la mujeres en esa institución pública, pues consideran que el Centro de Estudios de Género no realiza su trabajo.

También piden que se asigne un presupuesto enfocado en la prevención de la violencia de género en el campus y se realice un mapeo de los lugares inseguros dentro de la universidad.

Se contactó al departamento de comunicaciones de la UES para obtener una opinión de las autoridades por los resultados de este estudio, prometieron gestionar pero no hubo respuesta.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/estudio-violencia-genero-estudiante-ues/904934/2021/

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La CIDH exige al Estado proteger a las niñas de la violencia sexual y el embarazo forzado

La CIDH urge al Estado de Bolivia cumplir con su obligación de proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Bolivia a proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.

La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar por completo su proyecto de vida. La Comisión observa que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral.

En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad. En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud, y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos. El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones.

Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.

Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.

Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años; y según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil se reportaron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.

Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que la continuación forzada del embarazo puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este contexto.

Ante el escenario del incremento de la violencia de género contra niñas y adolescentes, la CIDH considera fundamental que los Estados desarrollen políticas y programas que faciliten el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad y a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, garantizando su participación y el acceso a la información. En particular, insta al Estado de Bolivia a desempeñar su mayor esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada y garantizando el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

CIDH

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La Fuerza pública es el actor armado que más vulneró los Derechos Humanos en Colombia en 2021

Por: Tercera Información

La revista Noche y Niebla hace un recuento de cómo ha sido la violación de Derechos Humanos en el país, según lo recopilado en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-. El número No. 63 de esta publicación contiene un amplio informe sobre la vulneración de DDHH en el país entre los meses de enero y junio de 2021.

Según la publicación, en el Paro Nacional se desbordaron las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los organismos del Estado, como la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-. La fuerza pública se constituyó en el principal vulnerador, aún por encima de los grupos armados ilegales.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El sacerdote jesuita e investigador del Cinep Javier Giraldo afirmó que dichos resultados deben ser vistos como destellos, ya que la Red de Banco de Datos no hace estadísticas ni tiene la posibilidad de registrar la totalidad de violaciones graves a los Derechos Humanos que son perpetradas en el país cada semestre. Y que en esta ocasión en específico la monumental cantidad de atropellos contra los manifestantes desbordó por mucho sus capacidades de registro.

A pesar de ello, se puede evidenciar una sistematicidad en el accionar de esta institución y también puede evidenciarse la continuidad del fenómeno de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como en el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril de 2021.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El padre Giraldo hizo hincapié en el fortalecimiento del paramilitarismo a nivel nacional, regional y local registrando, 86 amenazas de muerte y 24 ejecuciones extrajudiciales. Además, en ese período ocurrieron 11 desapariciones forzadas, siete crímenes de violencia sexual, tres fueron reportadas como personas torturadas y tres heridas. Todo esto como el saldo de hechos cometidos por grupos paramilitares.

“Creo que ese [el paramilitarismo] es un problema que se viene complicando cada vez más desde los Acuerdos de Paz. Todos sabemos que la no implementación de los Acuerdos dio lugar a grupos que no se ciñeron a lo acordado. Además, ya desde antes en las mismas Farc hubo grupo o unidades que no se desmovilizaron porque no estaban de acuerdo con aspectos de los Acuerdos de Paz. Pero, creo que fue la no implementación de los Acuerdos lo que llevó a varios grupos a retornar a la lucha armada y nombrarse como disidencias de las Farc. Sin embargo, esto se ha ido complicando cada vez más porque hay grupos que han tomado rumbos muy distintos y algunos se han acercado a los paramilitares. En el sur del país hay indicio de que algunas de estas disidencias están colaborando con el Ejército Nacional. Hay zonas en donde realmente se ve que hay grupos armados pero no se les puede ubicar muy bien en qué posición ideológica y estratégica están, porque hay mezcla de algunos actores armados (desde los tradicionales paramilitares hasta los actores militares). Hay grupos que aparecen en un momento con escarapelas del ELN [Ejército de Liberación Nacional] y en otro momento con escarapelas de los paramilitares. Los campesinos no saben a qué atenerse, no saben con quién negociar, y esto ha dado pie a muchos desplazamientos”, reflexionó Javier Giraldo.

El informe también llamó la atención sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH- y señaló como presuntos responsables a los grupos guerrilleros, con 91 víctimas totales (47 amenazas de muerte, 13 homicidios, 20 heridos, siete víctimas de reclutamiento forzado y cuatro víctimas de tortura).

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

Por su parte, los grupos paramilitares serían responsables de 30 víctimas, 23 de estas fueron victimas de reclutamiento forzado, tres amenazas de muerte, dos heridos y una persona torturada. Del mismo modo, el Ejército Nacional y la Policía tienen la autoría conjunta de 27 crímenes.

Según el Cinep, sería Santander el departamento con el mayor número de vulneraciones de DDHH en todo el país (304 casos), seguido de Bogotá (149 casos), el Cauca (107 casos) y Boyacá (106 casos). La Revista Noche y Niebla en su edición # 63 también muestra que en los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario se presentaron en mayor medida en los departamentos del Cauca y del Chocó, seguidos por el Departamento de Antioquia y el Guaviare.

Créditos: Cinep y Revista Noche y Niebla.

El padre Javier Giraldo llamó la atención sobre los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, señalando que dichos asesinatos responden a un ataque sistemático a los líderes de base, que atenta directamente contra los procesos. El trabajo de Noche y Niebla recolectó 530 testimonios de líderes exterminados, pero valora que la cifra debe ser más alta.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/14/10/2021/la-fuerza-publica-es-el-actor-armado-que-mas-vulnero-los-derechos-humanos-en-colombia-en-2021/

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Verdades ocultas

Por Carolina Vásquez Araya

El mundo secreto de la impunidad por abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.


La violencia implícita en el acercamiento de carácter sexual hacia un niño o una niña es algo que la sociedad adulta todavía no alcanza a comprender. Es como si aquellos hombres y mujeres que alguna vez sufrieron el acoso o la violación en carne propia hubieran enterrado la experiencia en un sitio tan remoto de sus memorias, como para haber borrado incluso su capacidad de empatía hacia quienes lo han experimentado después. Durante siglos, la tragedia oculta de esos crímenes ha sido el secreto mejor guardado y sus víctimas, aún cuando pueden contarse a nivel de un buen porcentaje de la población infantil, han debido enfrentar el silencio y la negación, o el castigo por tener el valor de denunciar.

He pasado muchas décadas vinculada a medios de comunicación escrita como para haber visto en primera fila cómo los reportajes y artículos de fondo relacionados con la violencia extrema hacia mujeres, niñas y niños han tenido que entrar a codazos en las salas de redacción. Un acercamiento consciente y con carácter analítico y preventivo parece haber sido considerado marginal frente a la coyuntura política, la economía e incluso el deporte; y, cuando se asume su importancia, rara vez se presenta en las primeras cinco páginas. Cuando comencé a darle prioridad en mis columnas, alguien del medio en donde las publicaba me dijo que esos no eran temas relevantes, eran “temas de mujeres”.

Al revisar estadísticas de agresión y abuso sexual es fácil comprender, entonces, por qué las víctimas deciden no denunciar y cómo desde ese momento comienza a funcionar el mecanismo de la negación. Lo primero que surge en una víctima de violación es la vergüenza -propia y de su entorno cercano- y han pasado siglos antes de que esa puerta se abriera para dejar constancia de este aberrante tipo de violencia. Sin embargo, aun cuando los textos jurídicos han incluido en sus códigos estos crímenes -después de fuertes y prolongadas luchas de quienes han creído en la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo- todavía no existe una actitud decidida para atacarlos y castigar con firmeza a sus perpetradores, porque tampoco se ha desarrollado un criterio de justicia a nivel institucional.

De este modo, la niñez nace sin derechos. En términos generales, se encuentra sujeta -sin paliativo alguno- a la decisión y la autoridad de quienes les aventajan en edad. Sus padres, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, vecinos y quienquiera les puedan imponer su voluntad es un posible ejecutor de uno de los crímenes más impactantes y destructivos contra la niñez. Carente, esta, de la capacidad de defenderse frente a quien le supere en fuerza y credibilidad, se encuentra muchas veces, y en todos los ámbitos sociales y culturales, a merced de sus victimarios.

La huella del abuso sexual en la mente de una niña o un niño en pleno proceso de desarrollo ocasiona un daño severo que se mantiene por el resto de su vida. Esa experiencia traumática, la cual muchas veces se repite durante largo tiempo sin posibilidad de resistencia por parte de quien la sufre, persiste en forma de rechazo, miedo y vergüenza, además de tener un impacto severo en la vida sexual y la visión de sí misma. El daño permea las relaciones humanas a un nivel tan profundo como persistente y solo esa cauda debería ser suficiente motivo para dar a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, una prioridad absoluta en la prevención, investigación y correcta administración de justicia.

Las verdades ocultas en ese mundo siniestro y extendido en todos los ámbitos -el abuso sexual contra la niñez- son el germen de sociedades incapaces de sostener sus valores, de sociedades trastornadas por un sistema patriarcal fuerte y poderoso que las sume en el dolor y la injusticia y cuyos códigos han sido elaborados en función de un poder adulto cargado de misoginia y desprecio por este sector fundamental de la comunidad humana.

No existirá entorno seguro para la niñez, en tanto no sea objeto del respeto que merece.

Fuente: https://rebelion.org/verdades-ocultas/

 

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