Violencia Sexual

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A los jueces no les importa si los niños lloran

Tlachinollan

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La luchan es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la sindica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angelica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angelica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angelica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angelica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angelica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los mas altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angelica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez le ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angelica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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14 de agosto: Día de lucha contra la violencia sexual en las aulas

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“…Todas estas formas de violencia vienen de lejos: están enraizadas en las mentalidades y en las desigualdades sistémicas de género. Por lo tanto, debemos abordar las causas fundamentales de esta violencia y de los estereotipos de género para construir la igualdad en la mente de las personas”

Audrey Azoulay

La violencia sexual afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. Diversos estudios y documentos han demostrado la urgencia de combatir esta violencia de manera sistemática en el ámbito educativo:  el informe de la organización Human Rights Watch (HRW) plantea que la violencia sexual es “endémica” y de larga data dentro del sistema educativo ecuatoriano, el informe la Comisión AAMPETRA de la Asamblea Nacional del Ecuador exhorta a contar con políticas públicas para la prevención y la atención integral de los casos, y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín establece importantes estándares para prevenir, erradicar y sancionar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo.

Se entiende a la educación como un derecho humano que permite alcanzar el desarrollo integral de las personas a lo largo y ancho de la vida, así como construir su proyecto de vida y el ejercicio de sus derechos en contextos libres de violencia. Para ello, en el Ecuador se han definido leyes, normativas e instituciones que permitan garantizar y proteger los derechos. Pero ¿qué pasa cuando las instituciones no cumplen con su rol protector, cuando las declaraciones, convenciones y tratados internacionales han sido superados por las actitudes patriarcales basadas en el poder que destruye, que violenta, que vulnera? Frente a la historia de Paola Guzmán Albarracín (adolescente ecuatoriana que se quitó la vida luego de sufrir sistemáticamente violencia sexual por parte de directivos de la institución educativa donde estudiaba), asistimos al temor, la inseguridad, la desprotección, justamente en el lugar que debía garantizar sus derechos y protegerla, su escuela.

La educación no es sólo la formación de conocimientos, es también la construcción de formas de pensar, sentir y actuar. El sistema le falla a niñas, niños y adolescentes cuando mantiene y reproduce patrones estereotipados de comportamiento, cuando las prácticas sociales y culturales se basan en conceptos de inferioridad o subordinación, cuando cosifica los cuerpos como fuente de dominación y explotación.
La educación es también transformadora y es ahí en donde se debe incidir, para eliminar las relaciones de poder que ubican a la niñez como vulnerable frente al autoritarismo, que minimiza sus necesidades, que no escucha su voz.  Es urgente promover el empoderamiento, erradicar normas y estereotipos de género y otras formas de discriminación.

Cada 14 de agosto se conmemora en el Ecuador el “Día contra la violencia sexual en las aulas”. Desde la UNESCO reiteramos nuestro llamado a las autoridades nacionales para combatir de forma estructural la violencia sexual dentro del ámbito educativo y otros ámbitos en los que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes.  Nos unimos a las voces que proclaman “No más violencia a niños, niñas y adolescentes en las aulas, ni en ningún otro espacio” y ratificamos el compromiso con el Estado ecuatoriano, y especialmente con el Ministerio de Educación (MinEduc), para aportar a la educación equitativa, inclusiva, libre de discriminación y a la construcción de seres humanos iguales y respetuosos de las diversidades, en contextos libres de todo tipo de violencia.

Fuente: https://es.unesco.org/news/14-de-agosto-dia-de-lucha-contra-la-violencia-sexual-en-las-aulas

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Diego Herrera: ¿La escuela acepta las disidencias de género?

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Fue hace unos diez años. Uno de los vicerrectores del Colegio Nº 4 “Nicolás Avellaneda”, ubicado en el barrio porteño de Palermo, quiso prohibirle el ingreso a un estudiante que vestía una pollera con cadenas, larga casi hasta los pies.

No se trataba de una persona trans, sino que tenía una elección estética medieval. A veces llevaba capa y bastón. El alumno sacó el reglamento de convivencia de la mochila, se lo mostró al directivo y, sin decir una sola palabra, señaló donde decía: “No se puede usar polleras cortas”. Nada señalaba sobre las largas.

La anécdota la cuenta Marta Busca, docente jubilada del Avellaneda y pionera en la educación sexual integral (ESI): “Tuve una larga charla con ese vicerrector. Él sostenía que había que agregar al reglamento que no se permitía vestimenta extravagante. ¿Quién define si algo es extravagante? ¿Qué habría hecho esa autoridad si una alumna trans iba a la escuela?”. Lejos está Busca de presentarse como una persona que siempre estuvo por encima de los códigos de vestimenta. De hecho, recuerda otra anécdota que marcó su recorrido docente: “En 1986, en esa misma institución, había chicos que iban con peinados punks que, en ese tiempo, llamaban mucho la atención. No me molestaba la situación, pero no sabía si podían asistir con esos peinados. Lo consulté con el rector de aquel entonces, Raúl Aragón, y él me contestó que a la escuela un estudiante tiene que entrar tal cual es”.

El acto de discriminación sufrido por aquel alumno que quiso vestir pollera es útil para pensar, como mínimo, un par de cuestiones. En primer lugar, permite observar la velocidad con que se produjeron cambios en dirección a la expansión de algunos derechos: hoy, al menos en las escuelas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), no parecería posible que se pretendiera imponer una prohibición de ese tipo. Pero, sobre todo, deja en evidencia la complejidad de la vivencia de género, que no está determinada ni por el sexo biológico, ni por la vestimenta, ni por los roles que tradicionalmente la sociedad patriarcal quiso imponerles a mujeres y varones. Tal como, desde 2012, establece la Ley Nº 26.743: “Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

La citada Ley de Identidad de Género (2012) Nº 26.743 –y la posterior reglamentación (2015) de su Artículo 11 para garantizar el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales–, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) Nº 26.150 (2006), la Ley de Matrimonio Igualitario Nº 26.618 (2010), la Ley de Protección Integral a las Mujeres Nº 26.485 (2009), la Ley de Capacitación Obligatoria en Género Nº 27.499 (2018), la Ley de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes (2018) Nº 27.452 y la reciente Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo Nº 27.610 cristalizan las conquistas de los movimientos de mujeres y del colectivo LGBTIQ+. En ese proceso, y sobre todo a partir de 2015, cuando irrumpe ese #NiUnaMenos que abrió paso a la marea verde, les adolescentes tuvieron un protagonismo notable que sacudió la experiencia cotidiana de las escuelas secundarias. Tal como indica Denise Fridman, referente del Programa de Género y Diversidad Sexual de la UNIPE, estos cambios se expresaron en iniciativas para habilitar baños sin distinción de género en algunas escuelas y universidades y en protestas estudiantiles para acabar con el sexismo de los códigos de vestimenta: “Hay mucha mayor regulación en la vestimenta de las mujeres y de la diversidad sexual. Se regula menos la vestimenta de los varones cis porque se supone que no ‘provocan’. Hay una objetivación del cuerpo de la mujer, también en la escuela”. También hubo varones que acompañaron esas luchas. Por ejemplo, en 2016, un grupo de la Escuela Normal Superior Nº 1 en Lenguas Vivas “Presidente Roque Sáenz Peña”, situada en la CABA, concurrió vestido con pollera en solidaridad con sus compañeras, a quienes se les prohibía el ingreso con shorts, polleras cortas o sin corpiños.

“Estas movidas más políticas que muchas veces se arman en las escuelas son impactantes y envían un mensaje a la sociedad. Pero es necesario considerar que esos chicos no van con pollera todos los días. Estamos muy lejos de vivir en un mundo en el cual cada uno y cada una va como quiere a las escuelas”, observa Gabi Díaz Villa, licenciado en Ciencias de la Educación y activista por los derechos humanos del Colectivo Trava Trans No Binarie (TTNB). Por su parte, Fridman advierte que el mundo adulto tiene “dificultades para entender que existe un movimiento no binario, que hay pibis que no quieren ser mujeres ni varones”.

La constatación de los avances en materia de inclusión de las diversidades de género puede causar la falsa impresión de que ya no queda nada por mejorar. Incluso, hay ejemplos de políticas educativas que apuntaron a favorecer estos avances. Tal es el caso de la Resolución Nº 2.476 (2013) de la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires, que establece la organización de clases “mixtas”. No obstante, las escuelas todavía son escenarios de disputas en los que conviven docentes y autoridades que defienden los derechos consagrados por distintas leyes nacionales y provinciales con otras y otros que resisten los cambios y hasta vulneran derechos. Al mismo tiempo, la situación en la Ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades puede llevar a generalizaciones apresuradas: Argentina presenta un paisaje muy diverso y existen grandes disparidades entre jurisdicciones.

Exclusión estructural

La realidad de la población trans en el sistema educativo no es comprensible sin atender a sus condiciones de vida generales. Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, advierte sobre la falta de información oficial, relevada a nivel nacional. Aunque también menciona la existencia de alrededor de quince estudios realizados por organizaciones sociales, universidades y áreas de género de algunas provincias. “Es necesario sistematizar toda esa información, pero los indicadores son tremendos. Todos los estudios muestran la exclusión estructural que vive la población trans en nuestro país”. La funcionaria también informa que en el próximo Censo Nacional (que debió realizarse en 2020 y fue suspendido por causa de la pandemia) se incorporará la pregunta por la identidad de género. Como es sabido, contar con datos precisos es fundamental para el diseño de políticas públicas. Mencionaremos datos de algunos estudios que pretendieron mostrar la realidad en todo el país.

El informe Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina (2016), producido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales en el marco de la Evaluación sobre el Cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por su sigla en inglés), muestra que la discriminación sufrida por este colectivo tiene su correlato en obstáculos estructurales para el acceso a derechos básicos (educación, salud, trabajo y justicia). El resultado de estas prácticas discriminatorias se expresa dramáticamente en el promedio de vida de la población trans, estimado en 35 años (1). Como explica Florencia Caballer, investigadora y trabajadora social, el término trans “designa las diversas identidades de género–y sus modos de expresión– no coincidentes con el sexo asignado al nacer: travesti, transexual, transgénero y otras como las personas de género fluido” (2).

En el marco de la Primera Encuesta sobre Población Trans (2012), Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres Trans, se produjo el Informe Técnico de la Prueba Piloto realizado en el Municipio de La Matanza por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el INADI, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el INDEC. El trabajo evidencia la ausencia de “estudios de parte de organismos estatales que tomasen exclusivamente a la población trans como objeto de análisis”. Este primer muestreo abarca a 209 entrevistades.

La encuesta arrojó que un 67% de las personas consultadas se identificaba como travesti; y, al agrupar categorías, se consideró que un 85% podía considerarse como trans femenino. El estudio confirma la vulneración estructural de derechos de este colectivo: el 80% no tenía ninguna cobertura de salud; casi un 70%, por motivos económicos, no había podido realizarse intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales; sólo el 64% había completado el Nivel Primario o la Escuela General Básica (EGB); el 50% residía en viviendas deficitarias; el 20% no realizaba ninguna actividad por la que obtuviera dinero y el 85% de las trans femeninas declararon estar o haber estado en situación de prostitución.

Otro estudio, realizado en 2014 por la Fundación Huésped y la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros Argentinas (ATTTA) (3), intentó medir el impacto de la Ley de Identidad de Género en las condiciones de vida de esta población. Con ese fin, durante 2013, se entrevistaron 498 personas trans (452 mujeres y 46 hombres) de CABA, Conurbano Bonaerense, Región Pampeana, Noreste Argentino (NEA), Noroeste Argentino (NOA), Cuyo y Patagonia. Las respuestas fueron comparadas con los resultados de grupos focales realizados en 2011.

Si bien este estudio comparte el diagnóstico hecho por la CEDAW sobre el estigma y la discriminación que pesa sobre este colectivo, también registra mejoras en aspectos que hacen a las condiciones de vida. En lo que respecta al ámbito educativo, el informe concluye que, luego de la promulgación de la ley, “se observa una clara tendencia hacia la reducción de las experiencias de discriminación (de la mitad a menos del 20%), conjuntamente con una incorporación a la educación formal (una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres trans retornaron al sistema educativo)”.

Pese al avance evidente que implica la Ley de Identidad de Género, no puede dejarse de lado que su aplicación es dispar en distintos lugares del país y que incluso las formas más habituales de violencia policial contra personas trans encuentran modos indirectos para ejercerse. Así, de acuerdo con el informe de la CEDAW, el 91% de las mujeres trans privadas de la libertad están acusadas de infringir la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, lo que “da cuenta del uso excluyente de la ley como método de criminalización”.

Deserción escolar

De acuerdo con los datos disponibles en el país, se estima que alrededor del 80% de las personas trans manifiestan socialmente su expresión de género antes de los 18 años (4). Esta información es relevante porque las transiciones llevadas adelante en edad escolar muchas veces acaban en el abandono de los estudios, a causa de la discriminación y la incomprensión sufrida de parte de pares y a menudo también de los adultos y adultas de las instituciones.

En 2013, el conocimiento público del caso de Luana –la primera niña trans que a los cinco años accedió a su cambio registral con su identidad autopercibida– fue crucial para que se inaugurara un camino en el reconocimiento de los derechos de las infancias trans. Luana contó con el apoyo decisivo de su madre, Gabriela Mansilla, y de profesionales de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). El libro Yo nena, yo princesa, publicado en 2014 con autoría de la propia Mansilla por la editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, relata las dificultades que Luana debió atravesar para que su identidad fuera reconocida y es un testimonio que enriquece el acervo de recursos de los que puede valerse la escuela. Detrás de Luana, empieza a haber niñas y niños trans que, desde muy pequeños, encuentran el acompañamiento de docentes y equipos directivos. En 2018, una maestra de un jardín de infantes porteño recibió en sala de cinco a una niña trans que, hasta ese momento, habían conocido como niño. Un día la niña les manifestó a sus pares que quería que la llamaran con el nombre que hacía poco tiempo había elegido. Una compañera empezó a reírse y la docente intervino casi sin titubear: “Cada cual tiene que sentirse bien con su nombre. A veces las mamás y los papás nos ponen un nombre porque es importante tener una identidad, pero si no nos sentimos a gusto podemos cambiarlo”.  Con respecto a la ESI, es necesario advertir que esta no puede comprenderse como una serie de contenidos estables, definidos de una vez y para siempre. Por el contrario, debe acompañar los avances y la conquista de derechos promovidos por los movimientos de mujeres y LGBTIQ+. De esta manera, los materiales diseñados para abordar la ESI deberían ser revisados para contemplar las experiencias de las infancias trans. Por otro lado, el reconocimiento de estas identidades no puede depender o estar impulsado solo por el hecho de que haya una persona trans dentro de esa comunidad educativa.

Leandra Atenea Levine Hidalgo, egresada del Colegio Carlos Pellegrini de la CABA en 2017, también contribuyó a que se creara conciencia en el interior del sistema educativo. La joven realizó su transición mientras cursaba la escuela secundaria. Sus compañeras y compañeros la eligieron para que diera el discurso de colación en el solemne salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA: “Como verán, estuve realizando mi transición de género. Un año muy difícil, pero por suerte pude transitarlo con orgullo”, expresó en un tramo del discurso de la entrega de diplomas. Levine Hidalgo contó con el apoyo de su familia y de la escuela, pero es consciente de que cuando ese acompañamiento no está presente, el tránsito por el sistema educativo se vuelve casi imposible.

Las historias de estigmatización, discriminación y expulsión del “cis-tema” educativo, como lo denomina Caballer para alertar sobre una impronta que “da por sentado que todo el mundo es o debe ser cisexual” (5), proliferan en la boca de cualquier persona trans que haya pasado por la escuela. Quimey Ramos, profesora de inglés que transicionó en 2017 mientras trabajaba en una primaria de La Plata, relata la escena que presenció cuando visitó una escuela cordobesa hace dos años y medio: “Un docente le preguntó a la directora por una estudiante trans de 15 años que había empezado a ausentarse. Ella le respondió que no estaba yendo más porque ‘estaba con eso de la transición’. La directora estaba naturalizando que transicionar era motivo para la deserción y consideraba que no había nada que la escuela pudiera hacer al respecto”. En su experiencia como docente, Ramos también sufrió insultos y agresiones de estudiantes de nivel secundario que se asomaban a la ventana del aula donde daba clases.

Por su parte, Díaz Villa también advierte que no alcanza con que los cambios se limiten a los contenidos escolares: “Si bien a nivel curricular queda mucho por mejorar, hay experiencias interesantes de inclusión del tema, jornadas, capacitaciones docentes y nuevos recursos didácticos. Sin embargo, no hay que perder de vista otra línea de trabajo de las escuelas vinculada a qué cuestiones administrativas podemos flexibilizar para alojar y abrazar a un o a una estudiante trans”. Y agrega: “Hay un lugar de simple humanidad que tiene que ver con conectar con el otro o con la otra. Antes de preguntarle al Ministerio de Educación qué hacemos, hay que preguntarle al pibe o a la piba qué necesita para sentirse bien en la escuela”.

El bachillerato popular Mocha Celis (6), en el barrio porteño de Chacarita, es la primera escuela trans del mundo. Esta escuela atiende las características específicas de la matrícula que recibe: funciona por la tarde porque muchas de sus estudiantes trabajan por la noche en la prostitución. La necesidad de una institución como esta evidencia que gran parte del sistema educativo aún no contiene o expulsa a las personas trans.

La inclusión de la población trans en el sistema educativo aún está lejos de haberse concretado plenamente. Mientras la implementación de políticas públicas universales hace un lento recorrido, la disparidad de situaciones entre jurisdicciones e incluso entre instituciones de una misma jurisdicción continúa siendo notable y el peso de las iniciativas de actores individuales (familiares, docentes, directivos, supervisores) sigue haciendo la diferencia. De todas formas, es difícil desconocer que comienzan a sumarse historias de aceptación, empatía y respeto en muchas de las escuelas del país. Gabriela Gaspar, supervisora de Nivel Inicial de gestión estatal en la CABA, relata cómo se involucró para lograr que una niña trans fuera debidamente aceptada y respetada en un jardín de infantes. Para ello trabajó un año entero junto a la familia de la niña, el equipo directivo de la institución, la comunidad y, sobre todo, con la docente de aquella sala de 5 años. Cuenta Gaspar que una vez le preguntó “desde cuándo se sentía hombre” a un profesor trans de su distrito. El profesor le respondió que desde siempre, pero que nadie nunca lo había escuchado. “Me sentí muy bien porque pudimos escuchar a la niña del jardín de infantes que nos tocó acompañar y no va a tener que pasar treinta años siendo una persona que no es”, reflexiona la supervisora.

Notas:

1. Lohana Berkins, Cumbia, Copeteo y lágrimas, ALITT, 2007; Fundación Huésped, Buenos Aires y ATTTA, “Ley de identidad de género y acceso al cuidado de la salud de personas trans en Argentina”, ONUSIDA, 2014.

2. Florencia Caballer, Niñez trans en la escuela: La inclusión como paradigma de lo particular, trabajo de investigación final, Carrera de Trabajo Social (UBA), 2017.

3. Op. cit.

4. Lohana Berkins y Josefina Fernández, La gesta del nombre propio, Buenos Aires, Madres de Playa de Mayo, 2005.

5. Op. cit.

6. Ángela Gancedo y Julián Mónaco, “Secundario para todxs”, Revista Tema (uno), Nº 7, septiembre de 2016, Buenos Aires, UNIPE: Editorial Universitaria, pp. 19-23. https://editorial.unipe.edu.ar/revista-tema-uno/numero-7-trans

Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación

La necesidad de actualizar la ESI

“Uno de los grandes temas pendientes es el desarrollo de políticas públicas que acompañen a niñes y adolescentes trans en los ámbitos donde realizan sus actividades”, expresa Alba Rueda,subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La funcionaria, además, es presidenta de Mujeres Trans Argentina e investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.

¿Qué políticas públicas ha puesto en marcha el Estado Nacional para atender a la población trans?

La estructura de la desigualdad que afecta a travestis y trans en el tema de derechos implica ya mismo una agenda política de acciones. El Decreto Nº 721/20 de cupo trans en el sector público nacional garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Si bien faltan datos oficiales, es una respuesta al hecho de que la mayoría de las personas trans no lograron nunca obtener un empleo formal. Entre el 80 y el 90%, dicen los estudios sociales. Son datos alarmantes. Los sistemas de información, como el próximo Censo Nacional, van a colaborar para el diseño de estrategias. También es urgente mejorar la participación de personas travestis y trans en distintas instancias de las instituciones estatales. Una figura muy común es la del travesticidio social, que es la muerte temprana de personas travestis y trans en virtud de situaciones de discriminación que involucran a distintas instituciones. Por ejemplo, la expulsión del ámbito educativo o la falta de oportunidades laborales.

¿Se lanzaron otras líneas de intervención para mejorar la inclusión en esos ámbitos?

Dentro del ámbito de la salud, estamos desarrollando específicamente la atención en consultorios integrales. Las voces autorizadas de las organizaciones en los territorios dan cuenta de que no hubo y no hay un desarrollo de los consultorios integrales en las provincias, tal como establece el Artículo 11 de la Ley de Identidad de Género.

¿Y en materia educativa?

La población trans todavía no ha logrado ingresar al sistema educativo debido a la expulsión que hay en las instituciones. Nuestro trabajo implica no solamente levantar el eje de la educación sexual integral (ESI) en términos de formación y capacitación para toda la comunidad educativa, sino también el desarrollo de otras estrategias específicas, como las becas Progresar que están destinadas para la población trans sin límites de edad. También estamos promoviendo que las personas trans que no completaron sus estudios se inscriban en el plan FinEs.

¿Cuál fue la contribución de la Ley de Identidad de Género para mejorar las condiciones de vida de la población trans? ¿Qué falta para su efectiva aplicación?

La aprobación de la ley trajo en sí misma la instalación del sujeto político trans, como necesario para la conformación de nuestras democracias. Todo lo que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad desarrolla en torno al eje de la diversidad se basa mucho en ese marco normativo que habla no sólo sobre el reconocimiento de las identidades, sino también de la necesidad de generar acciones específicas. Uno de los aspectos menos abordados es el tema del trato digno hacia las personas trans. El Artículo 12 de la ley indica específicamente que debe respetarse la identidad, se cuente o no con el cambio de DNI. Este es uno de los puntos menos cumplidos. Realmente se necesita trabajar para que las escuelas (por mencionar uno de los ámbitos donde se dan la discriminación y la exclusión) tengan la perspectiva de la diversidad y respeten las identidades trans con o sin cambio de DNI.

¿Hay un cambio generacional positivo que se expresa en luchas estudiantiles?

Una de las grandes protagonistas dentro de la Ley IVE, por ejemplo, son compañeras jóvenes que integran los centros de estudiantes de las escuelas o el movimiento estudiantil de mujeres y diversidad o disidencia. La participación juvenil en ámbitos educativos reclama también políticas en términos de diversidad. Otra fortaleza es el lenguaje inclusivo que se ha instalado entre niñes y adolescentes.

¿Qué límites encuentra la ESI para nombrar las identidades trans en la escuela?

Estamos trabajando con las compañeras de la Dirección de ESI para actualizar contenidos que, por un lado, son responsabilidad del Estado Nacional, pero también de las jurisdicciones. Es necesario atender también a las intersecciones que hacen a las identidades: racialización, clase, territorio y, por supuesto, género.

Parecería que, en la mayoría de las escuelas, la diversidad se convierte en tema solo cuando hay una persona trans en la comunidad educativa. ¿Es así?

Coincido en que el gran desafío es que se tome como un abordaje de agenda y no solo como reacción a un caso que se presente. La federalización de la educación implica un desafío muy grande para desarrollar esa prevención o esa promoción de derechos en articulación con todas las jurisdicciones. Esos desarrollos van a ser asimétricos conforme no solo a los gobiernos, sino también a las comunidades educativas y a la fortaleza que tengan.

D.H.

Quimey Ramos, docente

Entre la discriminación y la solidaridad

“Qué lindo va a ser el día que, en lugar de hacerles jurar la bandera, les pregunten a les estudiantes si les gusta el nombre que tienen”, dice Quimey Ramos, docente de “Educación y Género” en el Bachillerato Popular Mocha Celis y trabajadora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ramos es profesora de Inglés y trabajó durante varios años en una escuela primaria de La Plata. En 2017, a los 22 años, se presentó ante sus estudiantes con su identidad autopercibida.

“Cuando hay avances en materia de derechos o en libertades para comunidades vulneradas, siempre se dan a partir de las luchas de las mismas comunidades. Sin duda hubo avances, pero seguimos en una condición muy postergada”, sostiene la docente. A continuación, menciona un episodio más o menos reciente que condensa todo el camino que resta por recorrer en términos de ampliación de derechos.

“En 2015 –relata–, cuando empecé a trabajar en una escuela primaria del barrio Aeropuerto de La Plata, una de mis compañeras docentes sacó una nota que les había –confiscado– a sus estudiantes de quinto grado. Ella estaba divertida con lo ingeniosos que son los niños para hacer daño. El papel decía: ‘Soy Fulanito y ahora les voy a hacer una poesía. Mi mamá quería una mujer y mi papá, un varón. Pero lo único que salió fui yo: un maricón’. En un barrio donde había muchas urgencias, con muchas vulneraciones mediante, eses pibites sabían reconocer que existían otras identidades por fuera de lo mujer y lo varón. El problema es que ese yo estaba negativizado, y que la docente se reía de esa negativización.”

En la vereda opuesta, Ramos también destaca que existen escuelas que alojan trayectorias estudiantiles trans. “Hay escuelas, en Chubut por ejemplo, que son refugios amorosos para les niñes, incluso a pesar de que sus familias vulneren su derecho a la identidad”. En este sentido, rescata el valor de la educación sexual integral (ESI) como herramienta legal que posibilitó el tejido de redes y de comunidades afectivas más involucradas con la defensa de los derechos de las personas trans, travestis y de género no binario.

La exclusión de la población trans, pese a las transformaciones en curso, continúa siendo estructural. Por otra parte, la realidad de este colectivo tiene especificidades que añaden dificultades para desarrollar la vida. Ramos recupera lo que la militante Pía Baudracco dijo en el marco del debate que precedió a la Ley de Identidad de Género: “Cuando un niño o niña de algún otro colectivo sufre una vulneración, usualmente su familia sabe de lo que le está hablando. Hay una experiencia común. Las familias cisheterosexuales, en cambio, no suelen tener la experiencia compartida del mismo lado con nosotres”.

La situación de las pocas personas trans que hasta ahora se desempeñan como docentes también está lejos de ser la ideal. “Un compañero de Córdoba, antes de transicionar, tenía más de veinte módulos semanales de clases. Dos años después, le quedaban menos de cuatro. La gran mayoría de las horas las había tenido que licenciar o abandonar por los padecimientos que le causaba transitar esos espacios”, cuenta Ramos. También ella padeció situaciones de discriminación y maltrato: “Los chicos de la secundaria se colgaban de la ventana del fondo y me gritaban ‘puto de mierda’, ‘travuco del bosque’.(1) No podía acercarme a las ventanas de atrás porque me escupían”. Sin embargo, rescata que luego llegó el apoyo de unas compañeras: “Un día vinieron a buscarme las trabajadoras sociales del equipo de orientación y me hicieron saber que no iban a permitir que pasara eso. Lo trabajaron, y realmente las cosas cambiaron”.

En un contexto histórico muy dinámico, las experiencias escolares de las personas trans parecen presentar matices. La docente recuerda que, cuando informó que empezaría a presentarse en la escuela como Quimey, la primera reacción del director estuvo lejos de ser la adecuada. No obstante, enseguida hubo un cambio de postura: “Cuando vinieron familias a cuestionar que hubiera una travesti dando clases, el director les respondió que no estaba haciendo más que cumplir con la ley. También les dijo que podía darles el pase a otra escuela, pero que no estaba en condiciones de asegurarles que no fueran a encontrarse con otra docente como yo”. Del mismo modo, Ramos recupera el gesto solidario de un grupo de compañeras: “Sabemos que con el sueldo docente se tarda un montón en armar un ropero”, le dijeron. Luego le entregaron cinco bolsas de ropa que habían juntado para ella.

“Hay avances interesantes –insiste la docente–. Pero no voy a regalarle nada a ningún gobierno, ni voy a hacerme la fiesta dionisíaca hasta no ver que las leyes se reflejen en la vida cotidiana de las personas.” También alerta sobre la disparidad en materia de acceso a derechos: “Tenemos una ley nacional, pero se dan casos de violencia administrativa e institucional en las jurisdicciones”.

Nota:

1. La prostitución callejera suele tener lugar en las zonas aledañas al Paseo del Bosque platense. Con ese insulto, los estudiantes manifestaban que el lugar de la docente era el bosque y no la escuela.

D.H.

Sophie Joan Gaelle Salcedo Caporale, estudiante

Preguntas sin respuestas

Sophie Joan Gaelle Salcedo Caporale está feliz: recién se enteró que pronto empezará el tratamiento de hormonización femenino. Relata: “Me di cuenta a mediados o finales de 2019, cuando estaba en cuarto año del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA). Había profesores que abusaban de su autoridad y me ponían mal. Yo tenía la cabeza en otro lado: estaba investigando qué implicaba ser transgénero; si era mujer; si era no binaria; qué pronombres me gustaban”. Este año, la estudiante comenzó a cursar Animación 3D y Dibujos Animados 2D en un instituto terciario.

¿Cómo viviste tu transición de género en la escuela? 

Empecé a pintarme las uñas en segundo año y sabía que iba a ser aceptada porque el CNBA es muy inclusivo. Podía ir en pollera y con zapatillas con ruedas e iban a decirme “que crack que sos”. Esa escuela tiene otros problemas, sobre todo en términos académicos. Mi experiencia fue muy linda, también porque conocí otras personas transgénero binario y no binario. En ese entonces, todavía no sabía que era mujer: pensaba que era un varón cis, pero empecé a jugar con una masculinidad frágil. En cuarto año, en un viaje a Tilcara, ya estaba bastante fuera del clóset y usaba los pronombres femeninos. Me llevé una pollera. Uno de mis primeros vestidos me lo dio un amigo que conocí en el ingreso al CNBA. Él es un hombre trans, un hermano para mí. Cuando salí del clóset, él todavía no lo había hecho. En ese momento, se suponía que éramos dos mujeres. Después, volvimos a ser un chico y una chica. Nos reímos de eso.

¿Tuviste apoyo de tu familia?

Soy afortunada de tener una familia comprensiva. Hasta mi abuela hace todo lo posible para referirse a mí con el pronombre y el nombre que elegí.

¿Cómo ves la realidad cotidiana de las personas trans?

Tengo una amiga trans más chica que tiene una familia homofóbica y transfóbica. Sigue en el clóset, con problemas de depresión. Mirá lo que pasó con Tehuel: fue a una entrevista de trabajo y no volvió. Podríamos decir que estamos en una revolución de la inclusión, pero todavía hay tabúes. Y peligrosos.

¿La ESI aborda suficientemente todas las diversidades?

La ESI debería estar en todos los colegios y desde el jardín. Hay que dejar de separar “chicos” y “chicas” para abordar determinados temas. Tiene que hablarse de los paradores de testosterona (o puberty blockers), que interrumpen la pubertad. Deberían verse cuatro sistemas genitales como mínimo: cisfemenino, cismasculino, transfemenino y transmasculino. ¿Qué pasa con el pene después de la hormonización? ¿Y con la vagina? ¿Qué pasa con las intervenciones quirúrgicas? Más que nada porque en la edad escolar muchas personas trans pueden tomar decisiones. Si quiero saber cómo podrían verse mis genitales luego de comenzar el tratamiento, no hay nada. La única manera es buscar imágenes porno hipersexualizadas y, la mayoría de las veces, transfóbicas: en vez de “mujer transgénero” se encuentra “hombre femenino” o “chica con pene”. No entiendo por qué el gobierno de CABA o nacional no tienen una galería de imágenes. También me da bronca que gran parte de la información esté en inglés.

¿Qué más debería modificar el sistema educativo para acompañar las trayectorias educativas de personas trans? 

Desde el día uno, deberían preguntar: nombre, pronombres y no informar sobre la situación de personas transgénero a familias que no lo sepan y puedan resultar una amenaza. Las listas escolares tienen que tener los nombres y pronombres de cada persona. Si es un hombre cisgénero que se llama Manuel García, tiene que decir “él” como pronombre. No debería pensarse que no es necesario en el caso de las personas cisgénero: también es una manera de ser aliades de las personas que luchan por sus pronombres reales y rechazan los que les asignaron de acuerdo con sus genitales.

D.H.

Gabi Díaz Villa, profesor

Un tiempo de mayor libertad

Gabi Díaz Villa, licenciado en Ciencias de la Educación, se presenta como activista por los Derechos Humanos del Colectivo Trava Trans No Binarie (TTNB), feminista, hombre trans y peronista. Es profesor de Educación Sexual Integral en institutos de formación docente e integrante del equipo de investigación “Mariposas Mirabal” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. “Después de tener un pibe o una piba trans, la escuela no sale igual, se transforma. Hay cosas que se modifican y, obviamente, para el próximo o la próxima va a ser más fácil. Hay una Ley de Identidad de Género que implica obligaciones que, gusten o no, deben cumplirse”, afirma.

Según Díaz Villa, la inclusión de las personas trans varía según la institución: “Depende de la conducción, de la población que atiende, de la comunidad y de un montón de variables más. Hay un proceso de transformación social y cultural del que las escuelas no escapan, pero, aun así, existen algunas que acompañan y otras incapaces de escuchar y entender”. Y, como feminista militante, agrega: “Hay todavía mucha sobresexualización y control sobre el cuerpo de las mujeres cis. Toda una cultura escolar les dice a las pibas que su cuerpo es tentador, distrayente y que hay que taparlo. Me parece que eso está menos cuestionado que la discriminación por transfobia, por homofobia o lesbofobia”. Aunque aclara: “También es cierto que la posibilidad que tienen las pibas de tomar la palabra dentro del aula es absolutamente mayor respecto de lo que pasaba diez años atrás”.

Si bien el investigador señala que siempre existieron transformaciones generacionales, considera que “en estas últimas décadas, hay una liberalización mayor de las prácticas corporales, de lo que está bien o mal hacer con el cuerpo”. Y agrega: “En los ochenta, por ejemplo, los pibes no podían usar el pelo largo en las escuelas”. Por otra parte, se refiere al temor docente a que las y los alumnos sepan más de diversidad sexual y de género. Por último, advierte sobre la existencia de un ala transexcluyente del feminismo: “Como estudiantes trans, podemos pensar que la profe de pañuelo verde va a tener más apertura, más escucha que otra. Ahí hay una asociación de no necesariedad. No significa que no puedan ejercer violencia transfóbica”.

D.H

“Misión cumplida”

“En 2018, una mamá comentó que su ‘hijo’ de cinco años se inclinaba por todo lo que tenía que ver con el mundo femenino. Al principio hubo bastante resistencia del equipo directivo para aceptar la situación. Pero la mamá tenía otra mirada y se acercó para pedir ayuda. La docente, una chica joven, fue mucho más abierta. Fue acompañando desde el afecto todos los cambios que iba teniendo la niña. Llegó el cumpleaños de la alumna. Quiso la torta con Kitty y le cantaron el cumpleaños con el nombre que había elegido (con la sola manifestación de la niña basta para hacer todos los cambios de filiación en la documentación del jardín). Antes de eso, ella era muy retraída y solitaria. A partir de la aceptación de su identidad, empezó a jugar en ronda y estaba mucho más activa. Me fui entusiasmando con su cambio de humor y con su participación. Me encantó verla como abanderada a fin de año. Estaba con vestidito y vinchita; feliz; saltando con las amigas. ´Misión cumplida´, dije.” (Gabriela Gaspar, supervisora de Nivel Inicial de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Fuente: https://rebelion.org/la-escuela-acepta-las-disidencias-de-genero/

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Entrevista a la educadora social Alicia Bazán Román: “La violencia sexual se está convirtiendo en el ocio entre la juventud”

Noticias

Bugchasing, fisting, chemsex o slamsex… No son simples palabras en inglés. Son algunas de las prácticas sexuales de riesgo que están en alza entre adolescentes y jóvenes y que como explica la educadora social Alicia Bazán Román, “conllevan un peligro físico, psicológico o de cualquier índole para una o más personas dentro de la misma, incluyendo enfermedades, agresiones e incluso la muerte”.

Y es que la población joven, lejos de tener sexo, normaliza dicha violencia influida por la pornografía que consume. “Confunden violencia con disfrutar de las relaciones sexuales. Tanto es así que muchos y muchas no conciben una relación sexual sin violencia, ya sean cachetadas, mordiscos, tirones de pelo o incluso cosas mucho más graves. Haciendo este tipo de cosas piensan que se disfruta más, que es una manera de expresar su excitación durante la relación sexual”.

Así las cosas el catálogo de prácticas sexuales entre la población más joven da cuanto menos escalofríos: desde quedar por internet para ir a la caza del bicho (bugchasing) y que personas con el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y que si no se trata puede causar sida), tengan relaciones con quienes no lo tienen para ver si se alguien se contagia o no; a hacer fisting (introducir un puño por el ano o vagina), lo cual puede generar daños en el esfínter, problemas en el intestino, en la próstata o incontinencia…), a tener sexo con varias personas mientras se consumen drogas (chemsex) sin utilizar ningún tipo de protección.

Un panorama que si de algo nos alerta es como manifiesta Alicia Baza Román “de vivir en una sociedad en la que una parte de la población joven refleja la desigualdad de poder, la asimetría y la violencia como método de diversión o excitación. Este tipo de prácticas sexuales conllevan la adquisición de una idea de violencia buena, ya que se utiliza para conseguir placer. Pensar que este tipo de prácticas no van a influir en la vida cotidiana es erróneo, ya que afirma y reafirma que la socialización, el pasarlo bien, el disfrute y la excitación solo se consiguen con violencia, sea cual sea el contexto. Por ello, si todo sigue igual, tendremos una sociedad en la que la violencia sea el material de ocio por excelencia”.

  • El rito del riesgo

La normalización de dicha violencia en esta etapa de la vida viene de algo tan básico como la falta de educación en igualdad y del tabú que sigue siendo hablar del sexo. “Es muy importante reivindicar una educación afectivo sexual integral y de calidad en colegios, institutos, escuelas de familias, centros de salud… Esta información no tiene que ir dirigida única y exclusivamente a adolescentes o jóvenes, sino a toda la comunidad, ya sean padres, madres, educadores y educadoras, docentes y personas para llegar a cuantas más personas mejor”, según indica esta educadora andaluza.

Una información que sin lugar a dudas serviría para cambiar la percepción y el comportamiento sexual entre la población más joven. “Sin este tipo de formación lo que se mantiene es el egocentrismo adolescente. Es decir, los errores de pensamiento o la incapacidad de la persona adolescente de diferenciar el punto de vista propio y el de otra persona presuponiendo que su punto de vista es el correcto”, añade Baza Román.

  • ¿Cómo se evidencia esto?

Se evidencia a través de cuatro errores. El primero se denomina la audiencia imaginaria, que es la creencia del adolescente de ser el centro de atención y no logra diferenciar entre lo que tiene interés para él o ella y para los demás. No entienden que su conducta pueda molestar. En segundo lugar, está la fábula personal que es cuando quien es adolescente se sobreestima, es decir, cree que sus sentimientos o experiencias son únicas, que nadie le comprende.

En tercer lugar, está la pseudoestupidez que se da cuando el adolescente racionaliza en exceso en situaciones cotidianas. Esto quiere decir que piensa en muchas posibilidades diferentes ante una situación sencilla. Y finalmente, y la que nos atañe está la hipocresía aparente. Sienten que no tienen que acatar las mismas reglas que creen que los demás si tienen que seguir. Por ejemplo, un adolescente no cree que tenga que estudiar ni hacer los deberes todos los días, pero si sus compañeros no lo hacen piensa que son unos flojos y que ellos sí deberían hacerlos. Dentro de la hipocresía aparente encontramos la sensación de invencibilidad. Durante este desarrollo vital como es la adolescencia, es común ver a adolescentes realizando prácticas de riesgo de todo tipo porque creen que son invencibles.  Es por ello que utilizan el riesgo como “prueba” de esa invencibilidad.

  • ¿Sin ese riesgo el sexo carece de sentido y excitación? 

Así es. No es lo mismo mantener una relación sexual sana que una relación sexual con prácticas de riesgo. Sienten adrenalina y excitación por el riesgo que están llevando a cabo y sus posibles consecuencias. Por tanto, al ser parte de su psicología del desarrollo en esta etapa, es muy probable que una relación sexual al uso, como la conocemos todas y todos, en su caso sea muy aburrida y necesiten incluir este tipo de prácticas de riesgo para sentir más placer o excitación. Después de la adolescencia esto suele cambiar, pero también se necesita muchísima educación afectivo sexual.

  • La mezcla de drogas y sexo significa que hay un doble mercado que se beneficia de ello: el de la pornografía y la drogadicción.

Totalmente de acuerdo. Con este tipo de prácticas encontramos un mercado en auge que se llena los bolsillos a costa de las consecuencias nefastas que paga su clientela. Actualmente, entre las prácticas de riesgo más peligrosas, vemos como muchas personas mezclan varias sustancias y tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Es una mezcla explosiva, porque el riesgo se duplica. Ya no solo puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual o, en el caso de las chicas, un embarazo no deseado, sino que además se le añade el riesgo de drogadicción, contagio de enfermedades contagiosas en el caso de drogas en las que se comparten jeringuillas, sobredosis…

  • Una de las prácticas que llevan a cabo es la del fisting, muy requerida también por los puteros.

El fisting es una de las prácticas más peligrosas en cuanto a integridad física. Puede conllevar, incluso, una visita a urgencias de manera grave. Los puteros la requieren porque consiguen afirmar esa relación de abuso de poder que existe en la prostitución, además de, como ya hemos visto, de la influencia del porno, que no es exclusiva de los adolescentes o jóvenes. Con esta práctica, el putero demuestra, una vez más, la superioridad que consigue el hombre frente a la mujer en este tipo de actos. Ya en sí la prostitución conlleva un abuso de poder por parte del putero, ya que tiene en sus manos la libertad de elegir chica, pagar por ella, y durante el rato que él quiera hacer lo que le dé la gana con ella. Si le añadimos que las mujeres no pueden negarse, obtenemos una mezcla de lo más horrible, en la que el hombre puede realizar cualquier tipo de práctica de riesgo con ellas sin importar nada más que su placer. Nunca olvidemos que la prostitución son violaciones pagadas, y que la relación de asimetría de poder conlleva realizar cualquier práctica en la que esto quede muy patente.

  • ¿Quién pierde más las chicas o los chicos con este tipo de prácticas violentas?

Aquí podemos diferenciar en dos sentidos. En el sentido físico, ambos pierden ya que realizan prácticas sexuales de un riesgo, en ocasiones extremo, que puede llegar a quitarles la vida o llevarlos al hospital de manera urgente. Ambos sexos pueden contraer enfermedades de transmisión sexual, tener problemas de drogadicción, obtener una idea del sexo errónea… Aunque en ellas habría que añadir los embarazos no deseados y lo que posteriormente se hiciera, ya sea abortar o seguir adelante.

En el sentido emocional, encontramos varias diferencias. Para ellos supone un aumento de su poder, sentirse poderosos, poner latente su capacidad para mandar, ser violentos y practicar el sexo según sus necesidades. Para ellas es muy distinto. Normalmente la chica es la sumisa, la que tiene que dejarse hacer o realizar las prácticas que su pareja sexual requiera para su placer. No se suele pensar en el placer de la mujer, lo que conlleva la sumisión, no disfrute de la relación sexual y un sentimiento de inferioridad que, a la larga, puede traer problemas de autoestima. Aunque ambos acepten realizar este tipo de prácticas, están pensadas para el placer masculino. Por lo tanto, si lo mezclamos todo, podríamos afirmar que las mujeres pierden en este tipo de prácticas, ya sea por sumisión, inferioridad, no disfrute de las relaciones, una idea concebida de relaciones sexuales insanas, o todo ello a la vez.

  • Combatir esta realidad para poder actuar requiere conocimiento, sin embargo, muchas familias la desconocen o incluso prefieren cerrar los ojos a ella. ¿Cómo se actúa contra todo ello? 

Para luchar contra esta realidad, solo tenemos un camino: información real. No todo lo que leemos en internet es cierto. Es por ello que, en vez de buscar la información a golpe de clic, deberíamos obtenerla de profesionales que conozcan estas realidades, documentados y con experiencia en este campo.

  • Estas prácticas no solo están en la población joven, también en otras edades. ¿Cuál es la diferencia cuando se llevan a cabo en una etapa vital como la adolescencia y otra más madura?

Como ya mencioné antes en la etapa adolescente se cometen muchísimos errores de pensamiento propios de la etapa de desarrollo. Esto ocurre porque el o la adolescente está forjando su identidad. Esta identidad se forma en base a tres factores: intrapersonales (sus capacidades innatas), interpersonales (seguir ejemplos, identificarse con otros u otras) y culturales (los valores de la sociedad en la que viva). Para llegar a formarse la identidad, el o la adolescente tiene que pasar por una serie de estados.

En el primer estado no establece ningún tipo de compromiso con nada. Se deja llevar. En el segundo, se basa en experiencias vitales útiles o en el modelado (adquiere conductas que ha aprendido de sus personas cercanas) sin considerar alternativas. En el tercero se encuentra con incertidumbre, aplaza decisiones y experimenta con roles diferentes. En este estado podríamos incluir la realización de prácticas de riesgo. En el cuarto y último estado se logra la identidad, en la que la persona adolescente se compromete de una manera estable y forja su identidad en base a esos compromisos.

La principal diferencia entre adolescentes y personas de otras edades que realizan este tipo de prácticas es que los primeros todavía no tienen formada una identidad real y concisa y los segundos sí. En las personas adolescentes podemos llegar a pensar que lo hacen para experimentar y saber si lo que les gusta o no, incluso podemos llegar a justificarlos por la etapa vital en la que se desarrollan, y en las personas adultas no encontramos esto, ya que son personas con una identidad creada, una personalidad forjada desde hace años y una conciencia bastante más madura.

De una manera o de otra no es justificable este tipo de prácticas en ningún rango de edad. Lo que sí podemos afirmar es que en la etapa adolescente es mucho más peligroso por las ideas que pueden obtener en cuanto a las interacciones con los demás y que aprendan que tener relaciones o socializar con sus iguales solo se puede hacer de una manera violenta, agresiva y con este tipo de prácticas.

  • ¿Por dónde empezamos con quienes ya practican esto para decirles que es perjudicial?

Normalmente se trabaja desde la prevención de este tipo de prácticas. Si el problema ya es latente, lo que podríamos hacer es concienciar y hacer una campaña de prevención de riesgos. Esto quiere decir que si las personas ya han comenzado a realizar este tipo de prácticas, por lo menos que lo hagan de la manera más segura posible. Puede sonar a frivolidad, pero cuando se comienza a hablar de seguridad y prácticas seguras, muchos y muchas comienzan a concienciarse de los problemas que pueden conllevar estas prácticas y dejan de realizarlas o las hacen, pero de una manera más segura.

Tampoco podemos olvidar que muchas de ellas conllevan el uso de sustancias tóxicas, por lo que también deberíamos hablar de ellas.  El problema es que cuando se abordan las charlas sobre sexualidad en los centros educativos, solo se pone el foco en la colocación del preservativo o en las infecciones de transmisión sexual, dejando de lado un amplio porcentaje de contenidos y conocimientos necesarios, que van desde el resto de métodos anticonceptivos hasta el aborto, pasando por el tema del consentimiento y las relaciones afectivo sexuales sanas.

Por ello creo que es importante ampliar este tipo de información que se da e incluir en el currículo el tema de la drogodependencia, e incluso crear referentes positivos en estos ámbitos, como personas que hayan pasado por este tipo de experiencias y que comenten las consecuencias de estos actos. Y además no dejarlo sólo en los centros educativos, sino sacarlo a toda la comunidad. Para ello es clave reivindicar la importancia del papel de la Educación Social en todos los ámbitos de la sociedad ya que luchamos por las desigualdades y problemáticas sociales, intentando hacer de este mundo un lugar mejor, y a día de hoy todavía se nos infravalora en muchos contextos. Es por ello que desde aquí reivindico nuestro trabajo y nuestra importancia.

Fuente: https://rebelion.org/la-violencia-sexual-se-esta-convirtiendo-en-el-ocio-entre-la-juventud/

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Ecuador: Presentación estrategia interagencial para la prevención del embarazo, violencia basada en el género y violencia sexual en el ámbito educativo

Noticias

América del Sur/Ecuador/23-07-2021/Autor(a) y Fuente: es.unesco.org

En una reunión ampliada con la ministra de Educación de Ecuador, María Brown Pérez, el 5 de julio, UNICEF, UNFPA, PMA y UNESCO presentaron la estrategia interagencial para la prevención de embarazos, violencia basada en el género y violencia sexual en el ámbito educativo.

La realidad de los países de la región en cuanto a embarazos no intencionados en adolescentes, violencia de género y particularmente la violencia sexual en el ámbito educativo es alarmante, estos son fenómenos históricos y estructurales que requieren, para su correcto abordaje, una respuesta estructural, intersectorial y multinivel.

En este sentido, consideramos que las respuestas conjuntas tienen mayores posibilidades de incrementar los impactos positivos, contribuyendo con la política pública, así como su implementación en los distintos niveles de gestión territorial.

La evidencia demuestra que el trabajo en sexualidad debe estar presente en todas las áreas del conocimiento y debe abordarse de manera integral y está alineado con el ejercicio del derecho a la educación, el derecho a la salud, así como los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es nuestro compromiso brindar asistencia técnica para incorporar procesos de educación integral de la sexualidad en los sistemas educativos, con pertinencia, basados en la evidencia, con enfoque de derechos y perspectiva de género para promover el desarrollo integral del estudiantado.

Fuente e Imagen: https://es.unesco.org/news/presentacion-estrategia-interagencial-para-la-prevencion-del-embarazo-violencia-basada-en-el-genero-y-violencia-sexual-en-el-ambito-educativo

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‘Estamos contigo’: los centros de atención de Sudáfrica que brindan esperanza a las sobrevivientes de violencia sexual. Sudáfrica

Noticias

África/Sudáfrica/23-07-2021/Autor(a) y Fuente: news.un.org

En Sudáfrica, se comete un delito sexual cada diez minutos, y el número está aumentando, según las estadísticas oficiales de la policía. La ONU está trabajando en estrecha colaboración con el gobierno para garantizar que los centros de atención tengan los recursos para ayudar a las sobrevivientes de violencia sexual en todo el país, incluidas las regiones más desfavorecidas.

En el Centro de Atención Sinawe Thuthuzela, ubicado en la pequeña ciudad de Mthatha en la provincia de Eastern Cape, Lerato * , una estudiante de primer año de 20 años en la universidad local, se inclina hacia adelante en su silla, con la cabeza fija en el piso. Se ve triste, cansada y abatida, evitando cualquier contacto visual. Vestida con una camiseta rosa sin mangas y jeans descoloridos con un pequeño bolso amarillo en su regazo, Lerato ha venido para su segunda evaluación en este centro de atención para sobrevivientes de violación.

En una tranquila tarde de sábado, mientras caminaba de regreso a casa desde las tiendas, un automóvil se detuvo abruptamente en medio de la carretera y dos hombres la arrastraron violentamente adentro antes de acelerar. Luego, el automóvil se detuvo en un lugar oscuro. Conmocionada e impotente, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un hombre la violó mientras el otro observaba.

De la noche a la mañana, Lerato se convirtió en una de las últimas supervivientes de violencia sexual contra mujeres en Sudáfrica. Según las estadísticas policiales, hubo 53.295 delitos sexuales denunciados durante los 12 meses entre abril de 2019 y marzo de 2020, un aumento del 1,7 por ciento con respecto al período del informe anterior. Este es el equivalente a una ofensa sexual cada diez minutos. Y estos son solo casos denunciados a la policía. Los expertos creen que la mayoría de los delitos nunca se denuncian.

Hay más de 50 centros Sinawe en Sudáfrica que brindan apoyo a las sobrevivientes de violación.
ONU Sudáfrica
Hay más de 50 centros Sinawe en Sudáfrica que brindan apoyo a las sobrevivientes de violación.

En primera línea

Algunas mujeres, como Lerato, terminan en centros de atención creados específicamente para ayudar a las sobrevivientes de violencia sexual. Hay más de 50 centros de este tipo repartidos por toda Sudáfrica que sirven como «instalaciones integrales» o puestos de primera línea en la guerra contra la violación. Su función clave es “reducir la victimización secundaria, mejorar las tasas de condena y reducir el tiempo” entre el momento en que se comete un delito y el momento en que el perpetrador es finalmente condenado. Los centros están adjuntos o ubicados cerca de los hospitales, lo que garantiza que los sobrevivientes tengan acceso a atención médica urgente.

El Centro de Atención Sinawe Thuthuzela es un ejemplo. Sinawe significa «estamos contigo» en xhosa, uno de los once idiomas oficiales del país. Fue en este centro donde la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Sudáfrica, Nardos Bekele-Thomas, y su equipo, que incluía a la directora de ONU Mujeres en África Austral, Anne Githuku-Shongwe, convergieron para firmar un acuerdo con el gobierno para revivir los centros de atención locales en apuros, entre otros proyectos.

El plan conjunto del Equipo de País de las Naciones Unidas y del Gobierno consiste en poner a prueba un enfoque de desarrollo que se dirija a distritos específicos identificados como los más vulnerables a los obstáculos operativos. Estos atascos han ralentizado la prestación de servicios sociales básicos a las comunidades locales. Se espera que tres distritos de las provincias de Eastern Cape, Limpopo y KwaZulu-Natal se beneficien del programa denominado “modelo de desarrollo de distrito”.

Un desafío emocional

Durante muchos años, los centros de crisis de ventanilla única lograron un progreso notable para estar a la altura de las expectativas. En 2012-2013, el Centro Sinawe ganó un premio por ser el centro de atención mejor administrado de Sudáfrica.

La Dra. Nomonde Ndyalvan, una mujer enérgica, muy motivada y entusiasta, dirige el Centro Sinawe, que se encuentra frente al Hospital General provincial de Mthatha. Ella tiene varios roles como activista en temas de género, discapacidad y salud mental.

El Dr. Nomonde Ndyalvan comenzó a trabajar en el Centro Sinawe en 2002.
El Dr. Nomonde Ndyalvan comenzó a trabajar en el Centro Sinawe en 2002., por ONU Sudáfrica

Un médico calificado, el Dr. Ndyalvan, de 53 años, comenzó como voluntario en 2002, un año después del lanzamiento del Centro Sinawe. A pesar de los innumerables y formidables obstáculos a los que se enfrenta como directora, se percibe fácilmente la gran energía y el entusiasmo que muestra una vez que comienza a hablar sobre su trabajo en el centro.

“La gerencia necesitaba médicos, consejeros, especialistas en salud mental y enfermeras para trabajar aquí. Fue un desafío emocional saber cómo estaban siendo violadas las mujeres ”, recuerda. Ella misma discapacitada, dice la Dra. Ndyalvan como activista de la discapacidad, “Me di cuenta de que las personas con discapacidades eran blanco de violaciones. Y las estadísticas sobre esto son altas «.

La búsqueda de una solución a largo plazo

Conmocionada por la enormidad de la violencia sexual en el distrito, la Dra. Ndyalvan optó por trabajar a tiempo completo en el centro en marzo de 2009. “No había un médico a tiempo completo. Los pacientes esperaban todo el día a que llegaran los médicos universitarios y solo los atendían por la noche ”.

Con el paso de los años, el modelo Thuthuzela ganó fama. Los informes de incidentes de sobrevivientes de violación se dispararon a medida que más mujeres se sentían lo suficientemente seguras como para denunciar los casos a la policía y los centros de atención. Los fiscales mejoraron su juego; el resultado fue un alto índice de condenas de infractores. Debido a que los centros de atención ofrecían entornos dignos y amigables, redujeron el trauma secundario entre los sobrevivientes.

Objetivo 5 de los ODS: Igualdad de género.

“Ahora vemos entre 60 y 80 pacientes al mes en temporada baja”, dice la Dra. Ndyalvan, sentada detrás de su escritorio de oficina, a tiro de piedra del Hospital General de Mthatha. “Durante las vacaciones y las temporadas festivas, los casos de violación aumentan entre 100 y 120 por mes. Cubrimos a pacientes a una distancia de hasta 200 km. Vamos más allá del municipio de OR Tambo ”. OR Tambo es uno de los municipios más pobres de la provincia de Eastern Cape, y es el más afectado por la pobreza de las nueve provincias de Sudáfrica.

El desafío para la ONU y el Gobierno es restaurar los centros de atención a su antiguo yo si Sudáfrica quiere encontrar una solución duradera al flagelo de la violencia sexual o de género dados los recursos limitados a su disposición.

* No es su nombre real.

La ONU y la igualdad de género

  • La ONU dice que la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino una base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible.
  • Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible , el ODS 5 sobre igualdad de género, tiene como objetivo poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo.
  • La importancia de proteger los derechos de las mujeres se ha destacado durante la  pandemia de COVID-19  con un aumento global de las denuncias de violencia doméstica y de género.
  • A nivel mundial, una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años, ha sufrido violencia física y / o sexual por parte de una pareja íntima en los últimos 12 meses.

Fuente e Imagen: https://news.un.org/en/story/2021/07/1095642

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Haití: Mantener la atención sanitaria en medio de la violencia extrema y la incertidumbre

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Para describir la vida diaria hay que recurrir al vocabulario de la guerra. La capital de Haití, Puerto Príncipe, está dividida en muchas líneas de frente. Barrios enteros están bajo el control de grupos armados que cambian territorios. En las zonas pobladas y empobrecidas las calles tienen barricadas y en algunas áreas hay francotiradores que disparan a lo que ven.

Los enfrentamientos entre bandas han forzado a miles de residentes a abandonar algunos barrios, mientras que en otros, como Cité Soleil, la población se encuentra atrapada por los combates. Naciones Unidas calcula que 18.000 personas están desplazadas, acogidas por familiares o en lugares mal adaptados como escuelas o iglesias.

Se trata de un nuevo fenómeno, dado que la mayoría de ellos han huido durante las últimas semanas debido al repunte de los enfrentamientos. Las principales rutas de acceso a Puerto Príncipe están controladas por bandas y entrar o salir de la ciudad se ha convertido en una tarea complicada. Además de los combates, hay un elevado nivel de criminalidad, con robos, secuestros y extorsiones.

En este contexto, hay muchas víctimas de la violencia, especialmente heridos. En nuestro hospital en Tabarre, MSF ha dado atención a más de 600 personas heridas desde principios de año, la mayoría de las cuales son de los distritos de Martissant, Cité Soleil, Croix des Bouques o Bel Air, que es escenario de enfrentamientos.

Desde abril hemos hecho frente a varias oleadas de heridos que han provocado que incrementemos nuestra capacidad de hospitalización. Ha habido días en los que nuestros equipos han recibido hasta a 20 pacientes. De media, más del 60 por ciento de los pacientes de traumatología son víctimas de heridas de bala o arma blanca.

Por otra parte, MSF ha seguido atendiendo a víctimas de violencia sexual o de género en Puerto Príncipe y Gonaives. Si bien Haití ha estado afectado por la violencia crónica desde hace años, la situación se ha deteriorado de forma gradual durante el último año.

Las instalaciones sanitarias no están ya exentas de los ataques y nuestras actividades médicas se han visto alteradas por una sucesión de incidentes críticos. En febrero, un hospital de MSF dedicado al tratamiento de personas con quemaduras graves en el distrito de Drouillard tuvo que cerrar porque fue rodeado por los combates.

Los cerca de 20 pacientes que aún estaban en el hospital tuvieron que ser trasladados y el hospital aún no ha reabierto. Hemos mantenido un puesto médico de avanzada en el que estabilizar y enviar a los heridos o a las víctimas de quemaduras.

Durante el mes pasado, una explosión de violencia en el barrio de Martissant puso en la línea de frente, a prueba, al personal del centro de emergencias de MSF. Durante muchos días, el personal médico tuvo que atender a los heridos mientras se protegía de las balas perdidas y una de nuestras ambulancias fue robada.

El 26 de junio, la estructura fue objetivo de disparos directos y fue finalmente evacuada para no seguir poniendo en peligro a los pacientes y el personal. Más allá de estos episodios extremos, hay una violencia ordinaria que amenaza a todos. Cuando vamos a las calles, nuestros trabajadores sanitarios, como la población, viven con temor a las balas perdidas o los robos.

Un empleado de MSF que trabajaba en Tabarre fue asesinado el 25 de mayo por hombres armados una vez que había terminado su turno en el hospital y se dirigía a casa. Este estado permanente de inseguridad limita el acceso de la población a la atención sanitaria.

El sistema sanitario es ya extremadamente desigual, con una atención privada disponible sólo para los que pueden permitírsela, mientras que las instalaciones públicas carecen de los recursos básicos. En este contexto, es un desafío mantener las actividades médicas.

El personal y los pacientes tienen que llegar a las instalaciones médicas y volver de ellas con seguridad, pero no hay garantías de que puedan lograrlo. En un momento en el que MSF debería expandir sus actividades para responder a las crecientes necesidades médicas de la población, incluidas las relacionadas con un aumento de los casos de COVID-19, estamos teniendo problemas para mantener abiertas nuestras instalaciones.

Hoy es urgente darse cuenta de que Haití está sumido en una situación de violencia e inseguridad total que se suma a una gran crisis sanitaria. El asesinato del presidente, Jovenel Moise, agrega incertidumbre a un país que parece estar al borde del caos.

Fuente: https://www.europapress.es/internacional/noticia-haiti-mantener-atencion-sanitaria-medio-violencia-extrema-incertidumbre-20210715153629.html

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