Un mapeo de los puntos negros y de las zonas inseguras en materia de violencia sexual es una labor invaluable.
El pasado martes alrededor de las 4.30 PM corrió la voz en Villas Agrícolas que una niña de 9 años había desaparecido.
A…. es la segunda hija de una humilde familia de inmigrantes que se caracteriza por su dignidad y seriedad. La madre asumió la jefatura de familia cuando el padre salió a buscar mejores oportunidades en Chile. La fuerte unión y respeto entre la madre y sus dos hijas, así como la presencia remota del padre, es algo reconocido por el vecindario.
Esta desaparición conmovió el sector. De inmediato la comunidad entera (vecinos, motoconchistas, compañeros de escuela, profesores, madres de familia, juntas de vecinos) se movilizó, recorriendo callejones, patios y caseríos. La solidaridad se hizo muy presente y los adolescentes compañeros de la hermana mayor participaron en todo momento de manera muy activa en la búsqueda.
Con el paso de las horas y la caída de la noche en la calle, las conjeturas de los vecinos eran cada vez más sombrías: “quizás ya no aparezca”; “¿estará viva a esta hora?”. Cerca de la casa se oía el llanto de la madre y de la hermana mayor que habían agotado todos los medios a su alcance para encontrar su familiar.
La situación de pobreza y vulnerabilidad extrema que atraviesa una gran parte de los moradores de nuestros barrios marginados hace de nuestra niñez presa fácil. El hacinamiento, las cuarterías compartidas divididas solo por un cartón, los callejones infinitos y oscuros sin salidas, barrios detrás del barrio, partes atrás, violencia endémica, crean todas las condiciones para que a la más mínima alerta cunda el pánico dentro de la población.
A pesar de la ley de silencio que impera en las comunidades, los pobladores saben a ciencia cierta quién es quién y tienen muy claro el mapa de lugares inseguros y de personas conocidas por sus problemas de comportamiento.
En estas situaciones se debe siempre recordar que, según datos de la Coalición de ONGs para la Infancia, en 2018 se registraron 1,290 casos de abusos sexuales, 2,004 casos de seducción de menores de edad y 308 casos de incesto. No se puede olvidar las tantas Esmeralda y Liz María que vieron sus sueños brutalmente tronchados de mano de un abusador vecino, pariente o amigo de la familia y hoy yacen sepultadas bajo la tierra.
Temiendo por la integridad de A…, en un barrio donde pululan los hoteles de paso y la prostitución, donde cualquier adulto mal intencionado se lleva una menor en el mejor de los casos como su pareja del momento y en el peor para prostituirla a la vista de todos, no se perdió tiempo alguno.
La Policía, alertada, prometió aumentar el patrullaje en el sector. De una vez las juntas de vecinos se activaron y la prensa se hizo eco de la desaparición. Mientras tanto se solicitaba a los comerciantes de la calle Félix Evaristo Mejía el acceso a sus cámaras para poder seguir el rastreo de los pasos de la niña.
Al pasar las horas, vecinos, niños y adolescentes copaban siempre la calle acompañando a la madre en su vía crucis. Los rumores inherentes a este tipo de situaciones iban y venían: “la vieron con su padre (el padre vive fuera)”, “abran las puertas, la niña se quedó trancada en tal sitio”, “la vieron por tal lugar o por tal otro”.
Casi a las once de la noche, la gente empezó a correr y a vociferar en todos los sentidos. La niña había aparecido en la Zurza. Poco después ella fue traída a casa temblorosa, llorosa y asustada por un hombre en un motor. Fue un momento de gran alegría para todo el sector.
A… hizo un recuento de lo que le había pasado, su relato no daba razón de las largas horas que había pasado en la calle y en la oscuridad. Estaba aterrorizada pero ilesa.
¿Qué sucedió realmente? Todo indica que la rápida difusión de la noticia y la movilización de toda la comunidad jugó un papel importante en el retorno de la niña sana y salva a su hogar.
Corrió la voz que se la había llevado un señor mayor que tiene la reputación de propasarse con las niñas. ¿Cuál es la historia real? ¿Ilusión o verdadero peligro? La familia está en manos de profesionales de la conducta que van a adentrarse en lo ocurrido y ayudarla a retomar el curso de su vida.
A pesar del sistema de protección y de la creciente toma de conciencia de las situaciones de abusos hacia la niñez, la violencia y el abuso en todas sus expresiones forman parte de la realidad de muchos niños y niñas en la República Dominicana.
La situación ha sido agravada por la pandemia y es más que nunca es necesario fomentar en nuestros barrios comunidades seguras con entornos protectores, desde las perspectivas psicológica, jurídica, y social.
En esta construcción es imprescindible que participen todas las fuerzas vivas de los sectores: desde las juntas de vecinos, iglesias, escuelas, colmaderos, motoconchistas, dueños de talleres, padres, madres y los mismos niños, niñas y adolescentes que deben hacer oír sus voces en pro de sus derechos.
A defecto de respuesta del sistema de protección la organización de las comunidades es un reto. La realización de un mapeo de los puntos negros y de las zonas inseguras en materia de violencia sexual es una labor invaluable que las comunidades pueden, una vez elaborado, llevar a la fiscalía y al CONANI para reclamar que sean respetados los derechos del niño a vivir en un ambiente protegido
Papúa Occidental* suele describirse como un lugar “remoto”, adjetivo práctico que expresa dos significados: un lugar inmaculado para unas vacaciones exóticas y demasiado lejano para que a alguien le importe un bledo.
El diario indonesio Jakarta Post da como primera razón para visitar este lugar maravilloso el poder “bucear con amigables tiburones ballena”. En el número 8 de su lista de motivos cita quedarse embobado observando a los indígenas amistosos, incluyendo a “algunos que no han sido nunca contactados” (para los aspirantes a gran explorador). Es exótico pero seguro, al menos si hacemos caso al motivo número 9: “nadar entre miles de medusas sin tentáculos urticantes”. Desgraciadamente el ejército indonesio no es tan inocuo como las gelatinosas criaturas marinas. Para confirmar esta afirmación basta con leer el informe de la Escuela de Derecho de Yale titulado “Las violaciones de derechos humanos de Indonesia en Papúa Occidental: Aplicación de la ley sobre genocidio a la historia del control indonesio”. Ese genocidio continúa en nuestros días, principalmente porque la “comunidad internacional” y sus medios de comunicación son tan poco firmes como las medusas. El Guardian, por ejemplo, culpa solapadamente a los papúes de su sufrimiento porque “llevan decenios promoviendo la secesión [de Indonesia]”.
El hecho de que los lugares remotos dicten sus propias normas, o al menos que las dicten los hombres fuertes que los dirigen, tiene un gran atractivo para personas como Elon Musk, a quienes gusta hacer su voluntad sin tener que dar cuentas de ello. Y para un régimen como el indonesio es muy útil contar con un famoso multimillonario con un proyecto extravagante para poner algo del brillo que concede la celebridad a su barbarie militarizada, o para desviar la atención de la misma. El pasado diciembre, el presidente indonesio Joko Widodo ofreció a Musk parte de la isla Biak (con una población de más de 140.000 habitantes) para que juegue con su proyecto SpaceX (y acabe con los terrenos de caza tradicionales que serán destrozados en el proceso de lanzamiento de 12.000 satélites, si finalmente consigue que funcionen los lanzamientos).
Pero ¿cómo consiguió Indonesia las tierras de Papúa Occidental para regalarlas tan despreocupadamente? Para explicarlo en pocas palabras, porque la fraudulenta “Acta de Libre Elección” de 1969, reconocida por la ONU, otorgó a Indonesia (a su ejército, para ser más precisos) un acceso descontrolado a los inmensos recursos naturales de Papúa Occidental. Y, como una parte considerable del presupuesto militar procede de su control de las industrias extractivas, estos hombres se dedican a profanar y a violar la tierra y, naturalmente, a sus pobladores. Se calcula que al menos medio millón de papúes occidentales ha sido asesinados, pero no a causa de las pretensiones “secesionistas” de la población (léase derecho a la autodeterminación) sino del proceso de acaparamiento de tierras y de enriquecimiento de los militares para mantener su poder. En el lado receptor, los papúes se basan en sus cada vez más escasas tierras para la supervivencia económica, social y cultural.
Un aspecto poco conocido del genocidio que tiene lugar en Papúa Occidental es que gran parte de la violencia general que está expulsando a la población de sus tierras es violencia sexualizada. Lo cual encaja en el modelo general (por tanto no remoto) de las violaciones de guerra. Un pene es un arma de guerra biológica fácilmente transportable, por lo que en las últimas décadas se han registrado violaciones sistemáticas en las guerras de los Balcanes, Bangladés, Ruanda, Uganda, Myanmar, Timor Occidental, Congo, Sierra Leona, Liberia, Kosovo, Darfur, Papúa Occidental y otros lugares. Es una estrategia que socava la dignidad y la moral de la población víctima al destruir, a largo plazo, el tejido básico de la sociedad. Es también un instrumento sádico de tortura cuando se obliga a los hombres a presenciar la violación de sus mujeres y de sus hijas, un modo de burlarse de su masculinidad por ser incapaces de proteger a sus mujeres.
Conseguir información sobre lo que sucede en Papúa Occidental es muy complicado pues hablamos de un territorio vedado a periodistas e investigadores independientes. Si consiguen entrar en el país, todos sus movimientos son vigilados por funcionarios, y la gente teme por sus vidas si hablan con extraños. No obstante, tras denodados esfuerzos, la Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer consiguió hacerse una idea de lo que allí ocurría y concluir en 1999 que las fuerzas de seguridad indonesias utilizaban “la violación como instrumento de tortura e intimidación”. Más recientemente, al menos un estudio ha documentado “un sadismo sexual ferozmente creativo (contra los genitales de hombres y mujeres, y habitualmente con público forzado a contemplarlo)”. ¿Qué es el sadismo sexual creativo? Por poner un ejemplo, un informante “presenció cómo cortaban el pene a una serie de hombres en su aldea. Otro informante fue testigo de cómo cortaban la vagina a una mujer y obligaban a su marido a comérsela”. Este terror aparentemente aleatorio se convierte en terror absoluto, pues cualquier mujer puede ser una víctima, por lo que los pueblos indígenas huyen de sus tierras. Luego, los militares las reclaman, creando catástrofes sociales y medioambientales con todo ello.
Pero el terror no es realmente aleatorio. Es deliberado. La relación entre las industrias extractivas y la violencia sexual es evidente en los informes de violaciones sistemáticas de mujeres en los alrededores de Grasberg, donde se localiza la mayor mina de oro del mundo y la segunda mayor de cobre (de la tristemente célebre sociedad minera Freeport-McMoRan), que durante 30 años ha estado arrojando millones de toneladas de desechos de metales pesados al sistema fluvial del Ajkwa, que han destruido las tierras bajas y los bosques de manglar antes de contaminar el mar de Arafura. La policía y el ejército utilizan la violación para torturar a las mujeres cuando las interrogan sobre el paradero de sus maridos, sospechosos de ser miembros o simpatizantes del Movimiento Papúa Libre. Un testigo describe el horror que permanece en la memoria de las personas y aterroriza a poblaciones enteras durante generaciones:
“Una muchacha de doce años de la etnia amungme fue víctima de violencia sexual continuada. […] Una patrulla llegó hasta la casa donde vivía con un hermano mayor y sus padres. Cuando los soldados vieron a la víctima la invitaron a ir a su base. Como se negó a hacerlo, uno de ellos la violó delante de sus padres y luego otros soldados siguieron haciéndolo por turnos. A resultas de la violación, la muchacha quedó embarazada y dio a luz a un bebé. Posteriormente, cuando se produjo un reemplazo de tropas en la aldea, la misma muchacha volvió a ser violada, y todo esto continuó durante cinco reemplazos. Al final, la víctima parió cinco hijos”.
Si el pene se convierte en un arma en Papúa Occidental, lo mismo ocurre con los cuerpos de las mujeres. Según la oenegé Survival International, los índices de infección por VIH en la “remota” Papúa Occidental son 15 veces superiores a la media nacional, e incluso mayores en los alrededores de la mina Grasberg. “Algunos papúes creen que el ejército lleva deliberadamente prostitutas infectadas con el virus a las áreas tribales. Se sabe de soldados que ofrecen alcohol y trabajadoras sexuales a los jefes tribales para tener acceso a sus tierras y a sus recursos”.
Por lo general el régimen indonesio se las arregla para encubrir sus atrocidades, pero puede deducirse el modo en que esta violencia sexual sistemática actúa en Papúa Occidental a partir de otros casos. En Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, las violaciones de guerra a mujeres musulmanas y croatas fueron una política oficial, violaciones controladas. “Son violaciones hasta la muerte, violaciones como forma de masacre, violaciones para matar y para que las víctimas deseen estar muertas. Es la violación como instrumento para provocar el exilio forzado, la violación para obligarte a abandonar tu hogar y que no desees regresar jamás. Es también una violación para otros la contemplen y la escuchen: la violación como espectáculo. Es la violación de la xenofobia liberada por la misoginia y desencadenada por orden oficial”. Se trataba, además, de violar con planes de futuro: fecundar a muchachas y mujeres musulmanas y croatas para construir supuestamente el Estado serbio con bebés “serbios” que se “infiltren” en el grupo de la madre. Los bebés también se convierten en víctimas cuando son rechazados o estigmatizados por el pueblo natal. En este crimen de procreación forzada, se utiliza a los hijos para envenenar a las comunidades al recordar a todos su terrible origen.
La violación a esta escala socava el sistema de valores de todo un grupo. Las víctimas, que han sufrido agresiones a causa de su identidad, sienten repugnancia por ello y no quieren vivir con ese estigma. En el contexto colonial, la violación se convierte en genocida cuando ataca a las mujeres indígenas por ser indígenas. En su estudio de la violencia sexual, Andrea Smith escribe que “todas las indígenas supervivientes a las que he orientado me has dicho en un momento u otro que desearían no ser indígenas”. La violación ha sido utilizada de forma generalizada para instilar un sistema patriarcal en las culturas indígenas. “Con el fin de colonizar a pueblos cuya sociedad no era jerárquica, los colonizadores deben en primer lugar naturalizar la jerarquía institucionalizando el patriarcado. La violencia de género patriarcal es el proceso mediante el cual los colonizadores inscriben la jerarquía y la dominación en los cuerpos de los colonizados”. Los hombres atacan al “sexo débil”, pero en cierto modo saben que deben destruir el poder de las mujeres en la comunidad. Al escribir sobre Darfur, Sarah Clark Miller observa: “La abominable eficacia de la violación genocida corrompe el papel de las mujeres como cuidadoras de las relaciones, transmisoras de las prácticas culturales y sustentadoras de significado, al utilizar estas funciones habitualmente integradoras contra la comunidad”.
Si se unen los fragmentos de información disponibles puede observase que estos son los efectos que la violación sistemática está teniendo en Papúa Occidental. Un estudio descubrió que cuatro de cada diez mujeres habían sufrido violencia por parte del Estado indonesio. Y, dado que ningún tipo de violencia se produce en solitario, no es accidental que la violencia sexual ocurra en regiones con industrias extractivas “estratégicas”, como la minería, la agroindustria de la palma de aceite o la pesca. La violencia sexual y la violencia contra la Tierra están íntimamente relacionadas.
En el campeonato del Antropoceno, Indonesia ha conseguido, mediante métodos brutales, dos primeros puestos: tener la mayor mina de oro del mundo y la mayor producción de aceite de palma del mundo. Otro probable primer puesto sería el de la “utilización de los métodos más brutales”. Impertérrita ante los avisos de la crisis climática, Indonesia continúa con sus megaproyectos, entre los que se encuentra la construcción de una carretera de más de 4.300 kilómetros a través de Papúa, una red vial que causaría daños irreparables en regiones montañosas cubiertas de espesa selva, incluyendo el Parque Nacional Lorenz, Patrimonio de la Humanidad, en busca de mayor acceso a minerales, combustibles fósiles, madera y tierra para inmensas plantaciones de palma de aceite. Esto supone, claro está, pérdida de biodiversidad, pérdida y fragmentación forestal y emisiones de gas de efecto invernadero. Una hectárea de bosque húmedo puede producir 6.000 toneladas métricas de dióxido de carbono cuando se convierte en una plantación. Los incendios de turberas en Indonesia provocan gran parte de la neblina irrespirable que ha asfixiado gran parte del sudeste asiático en los últimos años, hasta el punto de que se estima que estos fuegos han podido causar hasta 100.000 muertes prematuras, solo en 2015.
Las mujeres son violadas en Papúa Occidental para que los militares puedan mantener el poder expoliando y profanando la tierra y todo el planeta. Hace ya mucho tiempo el antropólogo Franz Boas (despojado de su doctorado en Kiev por los nazis, que también quemaron sus libros) insistía en que, dentro de la indiscutible unidad de la humanidad, no existía jerarquía alguna de “razas” (un concepto que él aborrecía), lenguas o culturas, sino una multitud de pueblos; que ninguna cultura puede pretender su superioridad natural. El término “remoto” encubre muchas cosas y sirve para crear un “nosotros” superior y un “ellos” explotable. Mientras tanto Occidente, en su superioridad, se llena la boca hablando de derechos humanos universales a la vez que ignora alegremente la extinción de modos de vida mucho más compatibles con la coexistencia en este planeta. El Banco Mundial considera que las grandes infraestructuras son un “burdo instrumento” de progreso. En Papúa Occidental, el burdo instrumento de la violación representa el tipo más perverso de progreso. Y a nadie le importa un bledo (excepto a los violadores).
* También denominada Nueva Guinea Occidental (Irian Jaya hasta 2001) es la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea e islas adyacentes en Oceanía. Fue incorporada al Estado de Indonesia en 1969, en una decisión controvertida que sigue siendo motivo de conflictos. La mitad oriental de la isla es parte del Estado independiente de Papúa Nueva Guinea. (N. del T.)
Daniel Raventós es profesor de economía de la Universidad de Barcelona y miembro del comité de redacción de la revista Sin Permiso. Presidente de la Red Renta Básica y miembro del consejo científico de ATTAC. Su último libro es La renta básica, ¿por qué y para qué? (Catarata, 2021).
Julie Wark es miembro del consejo editorial de la revista Sin Permiso, socióloga, antropóloga y especialista en sudeste asiático: Como autora ha publicado, entre otros Indonesia: Law, Propaganda and Terror (Zed Press, 1983)
Hace un año, cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, las trabajadoras agrícolas se hicieron visibles. Según el medio de comunicación que se leyese, los titulares versaban sobre lo esencial de estos trabajadores y denunciaban las malas condiciones en las que sobrevivían, o les acusaban —no siempre— soterradamente de ser el origen de brotes, causa de riesgo y de contagio.
Uno de los temas que abordaron los medios, cuando se acababa el confinamiento pero las fronteras seguían cerradas, fue el de las temporeras varadas en territorio español sin que nadie pareciera hacerse cargo de su regreso a casa. Muchas de esas temporeras que se quedaron retenidas más tiempo del proyectado, que trabajaron como nunca al ser menos —al llegar menos contingentes— que en temporadas anteriores, forman parte del grupo de 14.000 temporeras reclutadas mediante el régimen de contratación en origen que se espera este año. Su estancia, sin embargo, está siendo mucho más silenciosa que en las temporadas anteriores.
Angels Escrivá integra el colectivo feminista Mujeres24h. Especula que si este año se está hablando menos de las temporeras es para no agitar los ánimos: las personas migrantes que ya residen en la provincia o los propios autóctonos están necesitados de recursos y por tanto de trabajo. En los comentarios a las pocas noticias disponibles donde se habla de llegadas de una y otra fase de trabajadoras se adivina un clima social difícil. Esta profesora de la Universidad de Huelva que reside en un pueblo observa cómo muchos de sus vecinos están volviendo al campo. Por otro lado, las fincas donde residen estas mujeres están cerradas a cal y canto por la crisis sanitaria, así, las temporeras marroquíes se hallan más aisladas que nunca.
La pugna en la justicia que algunas de ellas iniciaron en 2018 no está dando sus frutos. Según comparte Aintzane Márquez, de Women’s Link, organización que representa a varias de estas mujeres, todo está paralizado y va muy lento. Sus defendidas, al denunciar acoso laboral y violencia sexual, asumieron el riesgo de no ser contratadas nunca más, y también la vergüenza ante sus familias. Suspendidas en un limbo, ya no se trata solo de saber si habrá sentencias favorables, los tiempos de la justicia no se adaptan a su realidad y, en cierto modo, ya están siendo castigadas.
Este año, a diferencia de los anteriores, nadie ha pedido asistencia a Women’s Link. “No se nos ha consultado, lo cual no significa que no haya habido ninguna denuncia en ningún caso. Al final, las organizaciones que están en terreno son las que tienen información directa de lo que está ocurriendo ahí y creo que hay que abrir los espacios para que esas mujeres tengan acceso, para que las mujeres puedan informarlas. Que accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”.
“Es importante que las mujeres accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”
Jornaleras en Lucha es una de estas organizaciones independientes en terreno. Es desde ahí que han contribuido a visibilizar la situación de las jornaleras del campo, no solamente las marroquíes, también las migrantes que ya residen en Huelva, así como las locales, todas ellas explotadas de distintas maneras por un campo que paga barato el trabajo esencial. La integrante de Jornaleras en Lucha, Ana Pinto, constata que aún estando encerradas en las fincas, han sido contactadas por algunas de estas mujeres marroquíes con diversas problemáticas que están tratando de resolver. Pero también insiste en poner el foco no solo en estas temporeras, sino también en tantas mujeres, sin papeles, que malviven en los poblados y que no están en una situación mejor.
Para Escrivá la invisibilidad vuelve porque, después de todo, se asume que las condiciones de trabajo para las personas migrantes son peores, ¿si no para qué les contrarían? Por eso la realidad de las temporeras marroquíes saltó a los medios cuando fueron abusos sexuales los denunciados. Con las denuncias sin resolver, lo único que ha quedado en evidencia es que la vulnerabilidad de estas mujeres es muy consistente. “Hay que revisar muchas cosas, y una de ellas es que aquellas trabajadoras que denuncien no puedan venir otro año porque nadie las llama. Cómo van a denunciar si saben que las consecuencias son que el año que viene no vienen”, apunta Márquez que insiste en que es responsabilidad del Estado y las empresas informar, prevenir y proteger “y que no recaiga el peso en las propias temporeras”. Herramientas para denunciar y un sistema que fiscalice, serían requisitos irresponsables, reflexiona esta abogada.
Para Márquez, el compromiso de un feminismo interseccional encarnado en colectivos como Jornaleras en Lucha, o de abogadas como Pastora Filigrana ha supuesto una baza central para avanzar en los derechos de estas trabajadoras, lo que no se mueve es la justicia “patriarcal”. “El acceso de las mujeres a la justicia en general es difícil, y cuando al hecho de ser mujeres le sumas ser migrante o racializada, o estar en una situación socioeconómica precaria, se complica aún más. El caso de las temporeras es un ejemplo clarísimo”.
La vulnerabilidad del contrato en origen, no solo les expone al abuso laboral, a las malas condiciones habitacionales, o incluso al acoso sexual. Redunda en su salud y por tanto en su vida. “En agosto visitamos a algunas de las temporeras que se habían quedado a raíz de problemas de salud”, narra Escrivá, había un caso grave, una mujer a la que habían detectado un cáncer de mama de forma tardía. Según les hizo saber Jornaleras en Lucha la mujer se había detectado un bulto en marzo y hasta después de confinamiento no pudo ser diagnosticada. Desde la empresa la animaron a volver a Marruecos. En agosto, cuando finalmente empezaba el operativo de retorno, la mujer fue a hacerse la PCR reglamentaria, y allí sanitarios valoraron su Estado —la metástasis le había afectado los huesos— y decidieron que no podía viajar. Murió en noviembre. Mujeres 24h denuncia “el abandono sanitario al que están sometidas estas mujeres, que no tienen cartilla sanitaria a pesar de ser repetidoras”, mujeres que además no cuentan con los medios para desplazarse a centros de salud o a urgencias y que además tienen dificultades para hacerse entender por el personal sanitario.
El discurso de la esencialidad que saltara a los medios en los momentos álgidos del confinamiento es un eco lejano. Tampoco la demanda de regularización que un potente movimiento migrante puso sobre la mesa consiguió su propósito. “No puede ser que quien es más imprescindible sea quien peores condiciones de vida tenga, esto es una barbaridad”, se rebela Pinto. Para esta activista el problema es que interesa tener “un ejercito de personas a las que poder explotar fácilmente”. Pinto piensa que es necesario hacer un trabajo de pedagogía con la clase obrera local para explicarles que la regularización de las compañeras y compañeros migrantes también les beneficiaría.
Concentración de apoyo a las temporeras de la fresa explotadas en Huelva. J DE LA JARA
El lugar de las feminismos
Las denuncias de violencia sexual de las temporeras salieron a al luz en pleno momento de apogeo de los feminismos. Si bien se acusó a las feministas de estar lejos de esas luchas, también hubo muchas movilizaciones de apoyo a estas mujeres. En 2021 los debates en torno a los feminismos van por otros derroteros. “Siento que se está perdiendo el tiempo, desde el mismo movimiento feminista y desde muchos lugares, también partidos políticos y demás, se está perdiendo el tiempo en cosas como son las polémicas, y los debates en torno de las compañeras trans, o las compañeras prostitutas”, lamenta Pinto.
A la activista le preocupa la fragmentación de luchas y apunta a que el feminismo tiene que centrar su mirada en las mujeres que más apoyo necesitan: “no podemos continuar hablando de feminismo, de progresismo y de avances si ni siquiera estamos hablando que aquí hay sectores de trabajo que están súper feminizados, que la mayoría de ellas son migrantes y que están viviendo unas vidas que son de auténtica barbaridad”.
Escrivá no cree que haya bajado la sensibilidad sobre el tema, y considera que persiste la solidaridad. Cuenta cómo el 8 de marzo se hicieron corrillos de comadres —ya que manifestarse no podían— y hablaron entre otras cosas sobre por qué “no se está hablando tanto del feminismo o de las vulneraciones de los derechos de las mujeres ahora. Me recuerda mucho a la crisis anterior, en el sentido que cuando parece que hay otras preocupaciones estos temas, la situación de las mujeres, pasan a ser secundarios”, considera.
Tímidos avances
En el lado positivo de la balanza, desde Women’s Link ven algunos cambios tanto en el sistema en general, como en el papel en particular de las empresas. Pero matiza Márquez: “Creo que no sirven solo el cambio sobre el papel, sino que tiene que haber un control de que efectivamente lo que viene en el papel se está cumpliendo”. A este respecto aclara que aún hay algunos casos abiertos y que han participado en una investigación para una relatoría de las Naciones Unidas, “tanto el Estado como las empresas han contestado”, concede.
“El día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos”
Pinto piensa que a este paso, antes o después, serán las personas migrantes quienes tomen la iniciativa. “Van a ser los que tomen finalmente las riendas y van a parar. Y el día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, ese va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos, y esas personas no pueden estar aquí trabajando como un ejército de reserva para hacer los trabajos más fundamentales y a la vez más precarizados”. Ellas de momento están a la espera de que las inspección de trabajo responda a las más de 20 denuncias que pusieron el año pasado.
En el horizonte tienen una reunión con el ministerio de Igualdad, y planean reunirse también con el de Trabajo y el de Agricultura. Quieren así trasladar el pulso a las instituciones para que estas legislen: “Son quienes tienen el poder de cambiar todo esto en base a leyes, no nos queda otra para empezar. Por eso es un paso que un ministerio nos quiera escuchar”.
Una cuestión europea
De momento, donde se les ha escuchado a las Jornaleras en Lucha ha sido en el Parlamento Europeo. Allí fueron invitadas el pasado 8M por el grupo GUE/NGL que aglutina a las izquierdas alternativas. “Fue un gran altavoz. Nos dijeron también que iban a trabajar con nosotras. Al menos no han dicho ‘ahí os quedáis y apañaros como podáis”, al menos se ve un compromiso y que nos tienen en cuenta como un proyecto político y sindicalista”.
Para Pinto, la falta de alternativas de trabajo empuja a la gente a aguantar su situación para no poner en juego su último sustento. “Las compas que vienen de los pueblos, y toda la que va llegando a trabajar, no está conforme con lo que hay pero se tiene que aguantar porque no tienen otra cosa. Es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que hay que cambiar, y es que nos han hecho dependientes de este modelo de agricultura, un modelo de agricultura intensiva que además arrasa con todo, no solo con los derechos de la gente”.
También desde una perspectiva europea la organización italiana Terra presentó recientemente su trabajo, Il Caporalato, una questione meridionales. Italia, Spagna, Grecia. “El hecho de que al final, para que este modelo productivo se sostenga gran parte del peso recae en el eslabón más débil, las y los trabajadores, es algo que es común a los tres países. Queríamos poner en evidencia que esta cuestión de la explotación de los trabajadores en la agricultura se tiene que abordar a nivel europeo”, reflexiona Mariangela Paone, la autora del capítulo dedicado a España.
Y cuando la activista italiana habla de nivel europeo, se refiere también a una fiscalización en esa escala: “un organismo de coordinación, porque hay empresas que contratan de un país a otro, como las ETT transnacionales, y también porque las dinámicas de explotación son parecidas”. Paone habla del trabajo gris, que es como se llama en Italia al hecho de que el trabajador tenga menos jornada laboral declarada de la que realmente trabaja. Así se aparenta legalidad ante una inspección de trabajo. Este tipo de explotación no es exclusivo de aquel país.
“El hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa”
Trabajadores en gris, en negro, temporales, bajo el régimen del “caporalato”, para Terra! ha sido positivo que durante la pandemia aflorase todo ese trabajo, “el hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa, que evidentemente deja a estas personas desprotegidas ante cualquier chantaje que puedan sufrir de cara a los productores”. Recuerda también que la debilidad se correlaciona —aunque no se justifica— con la de muchos productores para quienes es complicado seguir adelante dado el estrangulamiento de precios. En todo caso, el reconocimiento a trabajos esenciales, no ha durado mucho tiempo.
Esa es la impresión también de Fabio Ciconte, director de Terra, quien describe la política actual italiana como algo muy lejano a estos debates, después de que el país optara por un limitado proceso de regularización. “Gracias a la interpelación de entidades como Terra ha habido un debate político en el gobierno muy fuerte sobre esto. La regularización se hizo. El decreto ley se aprobó, el problema, desde nuestro punto de vista, es que esta regularización ha tenido límites”.
Se podían beneficiar solo trabajadoras y trabajadores de los cuidados y personal agrícola, pero los trámites eran complejos, más para los temporeros: “En lo positivo, 220.000 personas han pedido ser regularizadas, pero la mayor parte, entre el 80 y el 85% proceden del sector cuidados, pues para ellos era más fácil reunir la documentación”, explica el director de Terra. Y aunque celebra que unas cuantas personas hayan podido regularizar su situación, le hubiese gustado que hubiera más valentía política para construir cambios más sustanciosos. En plena crisis económica, con el discurso anti inmigración tan asentado y las trabajadores y trabajadoras invisibilizados de nuevo. La valentía política es un activo que se echa en falta por quienes quieren acabar con la explotación agrícola, sean inmigrantes legales o ilegales, nativos o contratados en origen. Para tener más opciones que aceptar lo que venga.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/temporeras-marroquis-siempre-esenciales-de-nuevo-invisibles/
En los últimos dos meses de 2020, cada hora una mujer pidió apoyo a la Red Nacional de Refugios (RNR) ante una situación de violencia y riesgo, de las cuales cuatro de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio, informó la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias.
En un balance final de la campaña, en la que también participó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la Red precisó que fueron atendidas 11 mil 132 mujeres con sus hijos, de las cuales 75 por ciento «fueron agredidas por sus parejas o ex parejas».
La RNR agregó que los hijos de mujeres víctimas de violencias familiares también habían sufrido diversos tipos de agresiones entre ellas, entre las que destacan violencia física (27.94 por ciento), psicológica (28.36 por ciento), patrimonial (21.24 por ciento), trata infantil (16.50 por ciento) y sexual (5.65 por ciento).
Por otra parte, las organizaciones que impulsaron la campaña detallaron que del 3 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 acompañaron a 530 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias, a través de asesorías gratuitas vía telefónica.
De las víctimas, las principales formas de violencia que sufrieron fueron violencia psicológica, violencia sexual, violencia física y violencia económica.
Señalaron que los resultados de la campaña demuestran la urgencia de que las autoridades impulsen acciones que puedan inhibir la prevalencia de la violencia de género, «promoviendo políticas públicas intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad».
A continuación el comunicado completo:
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) y Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (CDD) presentaron una radiografía de las violencias contra las mujeres luego de la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias ¡Por una nueva normalidad sin violencias!
Durante la campaña, que inició el 3 de septiembre de 2020 y concluyó el 28 de febrero de 2021, se acompañó a 530 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias, a través de asesorías gratuitas vía telefónica.
Los tipos de violencias que fueron atendidos son: violencia psicológica, principalmente cometida por parte de la pareja de la víctima o por una persona de su ámbito familiar, asimismo se pudo identificar que las mujeres son violentadas por agresores no identificados y en cuarto lugar por funcionarias/os de escuelas.
Destacaron además que en los casos de violencia sexual está es perpetrada principalmente por familiares, pero también por personas desconocidas, tanto en el ámbito familiar como en el espacio laboral.
También fueron acompañados casos de violencia física, los cuales en su mayoría se cometieron por parte de la pareja, por otros familiares y por personas desconocidas en el espacio público.
De la misma forma, en el periodo de duración de la campaña fueron asesorados y documentados casos de violencia económica, ejercida principalmente por las parejas, otros familiares y por instituciones públicas.
Si bien en la mayoría de los casos de violencia atendidos las agresiones fueron cometidas por parte de las parejas o personas conocidas de la víctima, también fueron atendidos diversos casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, así como casos de feminicidio por desconocidos, lo que evidencia que la violencia comunitaria prevalece a pesar de la pandemia por Covid19.
Las edades de las mujeres, niñas y adolescentes que fueron acompañadas osciló entre 1 año y los 76 años de edad, lo que da cuenta de que las violencias ocurren en diferentes momentos del ciclo de vida de las mujeres. Aún así, la mayor parte de la población atendida se encuentra en el rango de los 30 a los 40 años de edad.
De las 530 mujeres, niñas y adolescentes asesoradas, el 11% se identifica como perteneciente a un pueblo originario y 7.74% habla alguna lengua indígena.
Los estados en donde se ubican las mujeres atendidas fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México ,Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, es decir, en 22 distintas entidades de la República. Jalisco, Chiapas y Aguascalientes fueron los estados en donde se atendieron a más mujeres.
Las mujeres en situación de violencias acompañadas en el marco de la Campaña #DistanciaSeguraySinViolencias se ubican en poblaciones urbanas (3,755 casos), semiurbanas (85 casos) y en zonas rurales (70 casos).
De las mujeres acompañadas 24.29%, se dedican a las actividades del hogar; 22.22% se dedican a actividades profesionales; 19.96% se dedican al comercio; 14.88% son estudiantes; 0.38% se dedican a la agricultura, entre otras actividades.
De acuerdo con los registros de atención, 211 mujeres refirieron haber acudido a otras instancias o instituciones. Al menos el 57.79% de ellas, señaló que en dichas instancias se sintió escuchada pero no se resolvió satisfactoriamente su problema, en tanto que el 33.67% manifestó que no fue escuchada ni atendida. Solo 8.54% estimó que fue escuchada y la situación que la llevó a solicitar la atención se resolvió satisfactoriamente.
El análisis de las asesorías brindadas, nos permite reconocer la prevalencia de las diversas formas de violencias contra las mujeres, así como la diversidad de actores que agreden a las mujeres, niñas y adolescentes en México.
Aunado a las asesorías gratuitas vía telefónica realizadas a 530 mujeres, niñas y adolescentes, la Red Nacional de Refugios, a través de sus más de 75 espacios de protección, redes sociales y líneas telefónicas, atendió a 11,132 mujeres con sus hijas e hijos, en donde el 75% de las víctimas fueron agredidas por sus parejas o ex parejas.
Como reflejo de la impunidad, el machismo y falta de acceso a la justicia, el 27% de los agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antecedentes penales, 29% usaban armas de fuego y el 14% contaba con vínculos militares o políticos.
En los últimos dos meses de 2020, cada hora una mujer se comunicó a la RNR para pedir apoyo ante una situación de violencias y riesgo, de las cuales 4 de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio.
El incremento de las violencias de género en los hogares también es una problemática que afecta a las infancias, en los espacios de protección de la RNR se detectó que las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencias familiares también habían sufrido diversos tipos de agresiones entre ellas: física con un 27.94%, psicológica con 28.36%, patrimonial con 21.24%, trata infantil con 16.50% y sexual con 5.65%.
Estos hallazgos generan información valiosa para que las autoridades impulsen de manera urgente y coordinada, acciones que puedan inhibir la prevalencia de la violencia de género, promoviendo políticas públicas intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.
Si bien la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias -realizada con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales y la Unión Europea- concluyó este 28 de febrero, la labor como defensoras de los derechos humanos y como organizaciones de la sociedad civil, continuará en exigencia de una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes en México.
Atentamente,
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Red Nacional de Refugios A.C. (RNR)
Católicas por el Derecho a Decidir A.C
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/cada-hora-una-mujer-pidio-ayuda-por-violencia-de-genero-rnr/
Una investigación de Chicas Poderosas Ecuador revela que 4 de cada 10 mujeres que trabajan en medios en Ecuador perciben menos de 500 dólares mensuales y trabajan más de 40 horas a la semana. Concluye, además, que el acoso está presente en diferentes momentos de la carrera de las periodistas.
“Un presentador reconocido me agarró la pierna en un camerino, mientras nos maquillaban: ‘con esas piernas usted no necesita nada más para triunfar’, me dijo”, es el testimonio de una periodista ecuatoriana, cuya experiencia se recoge —de manera anónima— en el estudio Así Hacemos Periodismo. Se trata de una investigación desarrollada por la organización Chicas Poderosas Ecuador que exploró las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación en el país.
La investigación se centró en cinco temas principales: Empleo, Diversidad, Crecimiento laboral, Maternidad, Espacios seguros.
En cuanto al empleo, uno de los principales hallazgos es que los y las periodistas trabajan más de 40 horas semanales, incluso quienes tienen contratos a medio tiempo. Las personas entre 26 y 45 años son las que más tiempo dedican al ejercicio profesional. 4 de cada 10 mujeres que trabajan este número de horas a la semana percibe menos de 500 dólares al mes.
Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, asegura que el estudio permitió reconocer que existen muchas personas haciendo periodismo en condiciones de mucha precariedad en Ecuador.
Sobre la diversidad, en cambio, se concluye que la participación de personas de orientación sexual y origen étnico diverso es escasa tanto en los entornos laborales como en las coberturas periodísticas. “Incluso en los (medios) más nuevos y digitales, donde la presencia de personas indígenas o personas racializadas aún es casi nula”, afirma González.
Violencia sexual
El acoso y la violencia sexual que enfrentan las periodistas es una de las cosas que más llama la atención de esta investigación. “Mi exjefe me citó fuera de horario laboral y me llevó a un hotel donde quiso abusar de mí a cambio de ayuda laboral y económica”, contó otra de las periodistas citadas en el documento.
Según los resultados, por lo menos 2 de cada 10 mujeres encuestadas han sido víctimas de contacto físico no deseado en sus lugares de trabajo. “El acoso comienza con bromas que son normalizadas, y que varían de acuerdo a la edad y la posición laboral de la periodista”, concluye el informe.
Otra de las participantes de los grupos focales contó que: “Había un productor que cada vez que pasaba al lado mío comenzaba a jadear como perro y nadie decía nada”.
Asimismo, el 13% de las periodistas ha recibido más de una vez ofertas laborales o promesas a partir de un acercamiento inapropiado, provocado por un colega hombre en una posición superior. Sin embargo, muy pocas veces estas situaciones son denunciadas, ya que no existen canales o políticas claras de denuncia en los medios de comunicación. Ante ello, el 62% de las mujeres encuestadas afirmó que los medios deben contar con protocolos de actuación y cambios en la cultura organizacional en torno a la violencia y el acoso.
Falta de datos
Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, explica que la investigación partió con la idea de recolectar datos de situaciones que “sabíamos que existían, pero sobre las que no había datos concretos y por lo tanto evidencia para enfrentarlas”.
Obtener esta data, representa así, la “posibilidad de ejercer nuestro oficio en condiciones dignas económicamente y seguras para las mujeres y personas de las disidencias sexuales”, continúa González. Sin embargo, dice que el reto es continuar con la medición y seguir estableciendo contrastes entre los géneros. Esto, porque, aún no hay datos suficientes para hablar sobre las personas de las disidencias sexuales ejerciendo esta profesión.
La metodología
La investigación se realizó, en el inicio con una encuesta online, cuya recolección y difusión ocurrió entre el 4 de agosto al 7 de septiembre de 2020.
La encuesta fue anónima y estuvo dirigida a mujeres, personas de disidencias sexuales, y hombres mayores de 18 años, trabajadores en medios de comunicación en el país. Se obtuvo una muestra de 236 encuestas. “Sin embargo, no alcanzamos el equilibrio de participación entre géneros, por lo cual insistimos en la necesidad de continuar midiendo”, dice el sitio web de Así hacemos periodismo. Adicionalmente, se realizaron dos grupos focales y ocho entrevistas a profundidad.
Chicas Poderosas es una comunidad global que impulsa el cambio inspirando y desarrollando a las mujeres en los medios. La organización está presente en 17 países, y en Ecuador desde 2019.
América Central/El Salvador/15-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com
Entre enero y junio del año pasado se registraron 9,176 casos, de acuerdo con el Informe semestral Hechos de violencia contra la mujer. No solo incluye violencia física, sino también de otros tipos.
El confinamiento por la pandemia del COVID-19 se ha sumado a los patrones culturales ya existentes, como el caso del machismo, para que se repitan actos violentos contra centenares de salvadoreñas. Foto Referencia. Archivo
Cincuenta casos diarios de violencia contra la mujer fueron reportados en el primer semestre del año pasado, de acuerdo con el Informe semestral Hechos de violencia contra la mujer, de enero a junio 2020. El dato total es de 9,176 hechos, que incluye violencia sexual, física, patrimonial, laboral y otra, según el informe hecho por el Gobierno.
En 1,569 de los casos se trata de mujeres menores de 18 años.
Los datos que se recolectar a través de la Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia son igual de preocupantes; solo el año pasado, entre enero y septiembre, a través de esa institución se recibieron 6,779 casos por posible amenaza o vulneración de los derechos de infantes y adolescentes. Aquí se incluyen casos de violencia física ( 3,890); sexual (1,955), psicológica (1,194), emocional 761, moral (89) y cultural (2).
En el año 2019, hubo 562 mujeres que recibieron atención a causa de violencia sexual, en los diferentes establecimientos de salud del país. Los departamentos con mayor egreso fueron: San Salvador (27.9%), Santa Ana (13.5%), Ahuachapán (11.2%) y La Libertad (11.0%).
Pero también hubo 3,655 atenciones ambulatorias. El departamento con mayores atenciones es San Salvador (15.2%), seguido de Usulután (15.0%) y San Vicente (11.0%).
Las alcaldías apoyan de diferentes formas en el combate a la violencia sexual y la estrategia para detectar y ubicar a víctimas se desarrolla en el seno de los talleres que imparten, ya sea de panadería, bisutería u otras, pues es ahí donde acuden las personas atraídas por la oportunidad de aprender.
Luis Edgardo Silva, encargado de la Unidad de la Mujer, en el municipio de Delicias de Concepción, Morazán, explicó que “los talleres son un imán para que la mujer se acerquen. Para nosotros es un requisito que las mujeres deben de pasar un proceso de por lo menos ocho talleres de género para que tengan una base de cómo entender cuando hay agresiones y poder exigir sus derechos”.
El representante municipal comentó que cuando solo se ofrece el taller de género no existe demanda por parte de la población, por ello este tipo de talleres es parte de otro que brinda la comuna.
En el municipio de San Miguel, la Unidad de la Mujer y la Secretaria de la Familia de la alcaldía trabajan con otras organizaciones para ayudar a las mujeres violentadas y para orientarlas a trazar un plan de vida.
Las afectaciones psicológicas y el círculo de violencia llevan a que la víctima pueda desconocer su valor como persona, comentó Rosa Ochoa, encargada de la Secretaria de la Familia.
“Las mujeres violentadas son remitidas por la Oficina de Atención a Víctima o el ISDEMU. Nosotros les damos el seguimiento en formación. Y en paralelo el ISDEMU viene y les da charlas sobre sus derechos y cuales son las rutas de denuncia que pueden hacer de forma confidencial”, añadió Ochoa. A través de este mecanismo, el año pasado lograron ayudar a 12 mujeres violentadas.
“Cuando son remitidas, ellas vienen de un tratamiento psicológico de primeros auxilios. La mayoría vienen tímidas con miedos e inseguridades, mucho desconocimiento sobre sus habilidades y capacidades, y cuando se trabaja con ellas sus proyectos de vida, la mayoría no tiene claridad para que son buenas”, expuso.
En su mayoría las Unidades de la Mujer cuentan con programas preventivos o de acompañamiento si la víctima así lo solicita.
“Nosotros intervenimos a veces no de una manera directa porque puede existir riesgos sociales, pero transferimos la información a las autoridades pertinentes y ellos se encargan. Con nosotros es más que todo la orientación y si la víctima lo solicita se le da el acompañamiento, de lo contrario manejamos sólo cierta información, no manejamos la información precisa”, explicó a Luis Silva, de la alcaldía de Delicias de Concepción.
El año pasado, la municipalidad de San Francisco Gotera en Morazán, trabajó junto al ISDEMU un Plan de prevención contra la violencia, el cual se centró en capacitar a la mujer “para que conozca que no puede ser violentada y que hay diferentes tipos de violencia”, explicó Karina Flores, jefa de la Unidad de la Mujer, de esa comuna.
El plan fue diseñado para ser desarrollado en las comunidades con pequeños grupos de mujeres que estén informadas a donde acudir en caso de violencia sexual.
“Nosotros podemos recibir las denuncias acá y la trasladamos a la autoridades correspondientes, hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de denuncia y podemos decir que el año pasado según la Policía Nacional Civil no hubo violencia en el municipio” , comentó Flores.
Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/cada-dia-50-mujeres-victimas-de-violencia-enero-junio-2020/794914/2021/
América del Sur/Perú/06-01-2021/Autor(a) y Fuente: andina.pe
Servicio denominado Mamis brinda soporte emocional y físico, y continuó atendiendo desde inicio de la pandemia.
Un total de 2,094 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como otras formas de agresión física, verbal y psicológica fueron atendidos por el equipo multidisciplinario del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente en Salud (Mamis) del Hospital Cayetano Heredia, informó el Ministerio de Salud (Minsa).
La directora del establecimiento de salud, Aída Palacios Ramírez, precisó que se ha podido velar por el bienestar de los menores de edad víctimas de maltrato a través del soporte emocional y psicológico.
Palacios explicó que las agresiones más comunes que se atienden en el programa son violencia sexual, psicológica, personal (intento de suicidio), familiar y maltrato por negligencia (abandono).
Existe un alto porcentaje de violencia contra los menores de 0 a 11 años, seguido por la violencia contra la mujer en sus diferentes formas.
Desde el inicio de la pandemia, el equipo de profesionales de Mamis ha continuado atendiendo a los niños, niñas y adolescentes que ingresaban por emergencia y requerían hospitalización a consecuencia de algún tipo de agresión.
La consulta externa en modo presencial se suspendió, pero se reemplazó por la teleconsulta, debido a la emergencia sanitaria, explicó la psicóloga Martha Flores Prado, coordinadora de la unidad.
Indicó que -a la fecha- se han logrado recuperar aproximadamente el 60% de víctimas de maltrato, entre hospitalización y emergencia, que ya fue dada de alta.
El Minsa señaló que, en los casos de violencia sexual, la atención se inicia con la aplicación de un kit de emergencia a la víctima (prevenir un embarazo o infección por transmisión sexual).
“Luego se informa de inmediato a la Fiscalía, se elabora un expediente médico para las acciones legales correspondientes, se continúa con el tratamiento, rehabilitación y seguimiento de la víctima”, aseguró Flores Prado.
Mamis se creó el 16 de diciembre de 1995, hace 25 años, y cuenta con un equipo de profesionales conformado por un médico ginecoobstetra, un pediatra, un psiquiatra; así como una obstetra, una enfermera, una trabajadora social, un abogado y cuatro psicólogos que brindan la atención integral a las víctimas de agresión y su entorno familiar.
Además, trabajan en la prevención de la violencia con una red de instituciones de la jurisdicción de Lima Norte.
Fuente e Imagen: https://andina.pe/agencia/noticia-mas-2000-casos-violencia-a-menores-fueron-atendidos-hospital-cayetano-heredia-828459.aspx
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