Page 7 of 24
1 5 6 7 8 9 24

El Salvador: Cada día, 50 mujeres fueron víctimas de violencia entre enero y junio de 2020

América Central/El Salvador/15-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

Entre enero y junio del año pasado se registraron 9,176 casos, de acuerdo con el Informe semestral Hechos de violencia contra la mujer. No solo incluye violencia física, sino también de otros tipos.

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 se ha sumado a los patrones culturales ya existentes, como el caso del machismo, para que se repitan actos violentos contra centenares de salvadoreñas. Foto Referencia. Archivo

Cincuenta casos diarios de violencia contra la mujer fueron reportados en el primer semestre del año pasado, de acuerdo con el Informe semestral Hechos de violencia contra la mujer, de enero a junio 2020. El dato total es de 9,176 hechos, que incluye violencia sexual, física, patrimonial, laboral y otra, según el informe hecho por el Gobierno.

En 1,569 de los casos se trata de mujeres menores de 18 años.

Los datos que se recolectar a través de la Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia son igual de preocupantes; solo el año pasado, entre enero y septiembre, a través de esa institución se recibieron 6,779 casos por posible amenaza o vulneración de los derechos de infantes y adolescentes. Aquí se incluyen casos de violencia física ( 3,890); sexual (1,955), psicológica (1,194), emocional 761, moral (89) y cultural (2).

En el año 2019, hubo 562 mujeres que recibieron atención a causa de violencia sexual, en los diferentes establecimientos de salud del país. Los departamentos con mayor egreso fueron: San Salvador (27.9%), Santa Ana (13.5%), Ahuachapán (11.2%) y La Libertad (11.0%).

Pero también hubo 3,655 atenciones ambulatorias. El departamento con mayores atenciones es San Salvador (15.2%), seguido de Usulután (15.0%) y San Vicente (11.0%).

Las alcaldías apoyan de diferentes formas en el combate a la violencia sexual y la estrategia para detectar y ubicar a víctimas se desarrolla en el seno de los talleres que imparten, ya sea de panadería, bisutería u otras, pues es ahí donde acuden las personas atraídas por la oportunidad de aprender.

Luis Edgardo Silva, encargado de la Unidad de la Mujer, en el municipio de Delicias de Concepción, Morazán, explicó que “los talleres son un imán para que la mujer se acerquen. Para nosotros es un requisito que las mujeres deben de pasar un proceso de por lo menos ocho talleres de género para que tengan una base de cómo entender cuando hay agresiones y poder exigir sus derechos”.

El representante municipal comentó que cuando solo se ofrece el taller de género no existe demanda por parte de la población, por ello este tipo de talleres es parte de otro que brinda la comuna.

En el municipio de San Miguel, la Unidad de la Mujer y la Secretaria de la Familia de la alcaldía trabajan con otras organizaciones para ayudar a las mujeres violentadas y para orientarlas a trazar un plan de vida.

Las afectaciones psicológicas y el círculo de violencia llevan a que la víctima pueda desconocer su valor como persona, comentó Rosa Ochoa, encargada de la Secretaria de la Familia.

“Las mujeres violentadas son remitidas por la Oficina de Atención a Víctima o el ISDEMU. Nosotros les damos el seguimiento en formación. Y en paralelo el ISDEMU viene y les da charlas sobre sus derechos y cuales son las rutas de denuncia que pueden hacer de forma confidencial”, añadió Ochoa. A través de este mecanismo, el año pasado lograron ayudar a 12 mujeres violentadas.

“Cuando son remitidas, ellas vienen de un tratamiento psicológico de primeros auxilios. La mayoría vienen tímidas con miedos e inseguridades, mucho desconocimiento sobre sus habilidades y capacidades, y cuando se trabaja con ellas sus proyectos de vida, la mayoría no tiene claridad para que son buenas”, expuso.

En su mayoría las Unidades de la Mujer cuentan con programas preventivos o de acompañamiento si la víctima así lo solicita.

“Nosotros intervenimos a veces no de una manera directa porque puede existir riesgos sociales, pero transferimos la información a las autoridades pertinentes y ellos se encargan. Con nosotros es más que todo la orientación y si la víctima lo solicita se le da el acompañamiento, de lo contrario manejamos sólo cierta información, no manejamos la información precisa”, explicó a Luis Silva, de la alcaldía de Delicias de Concepción.

El año pasado, la municipalidad de San Francisco Gotera en Morazán, trabajó junto al ISDEMU un Plan de prevención contra la violencia, el cual se centró en capacitar a la mujer “para que conozca que no puede ser violentada y que hay diferentes tipos de violencia”, explicó Karina Flores, jefa de la Unidad de la Mujer, de esa comuna.

El plan fue diseñado para ser desarrollado en las comunidades con pequeños grupos de mujeres que estén informadas a donde acudir en caso de violencia sexual.

“Nosotros podemos recibir las denuncias acá y la trasladamos a la autoridades correspondientes, hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de denuncia y podemos decir que el año pasado según la Policía Nacional Civil no hubo violencia en el municipio” , comentó Flores.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/cada-dia-50-mujeres-victimas-de-violencia-enero-junio-2020/794914/2021/

Comparte este contenido:

Perú: Más de 2,000 casos de violencia a menores fueron atendidos en hospital Cayetano Heredia

América del Sur/Perú/06-01-2021/Autor(a) y Fuente: andina.pe

Servicio denominado Mamis brinda soporte emocional y físico, y continuó atendiendo desde inicio de la pandemia.

Un total de 2,094 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como otras formas de agresión física, verbal y psicológica fueron atendidos por el equipo multidisciplinario del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente en Salud (Mamis) del Hospital Cayetano Heredia, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La directora del establecimiento de salud, Aída Palacios Ramírez, precisó que se ha podido velar por el bienestar de los menores de edad víctimas de maltrato a través del soporte emocional y psicológico.
Palacios explicó que las agresiones más comunes que se atienden en el programa son violencia sexual, psicológica, personal (intento de suicidio), familiar y maltrato por negligencia (abandono).
Existe un alto porcentaje de violencia contra los menores de 0 a 11 años, seguido por la violencia contra la mujer en sus diferentes formas.
Desde el inicio de la pandemia, el equipo de profesionales de Mamis ha continuado atendiendo a los niños, niñas y adolescentes que ingresaban por emergencia y requerían hospitalización a consecuencia de algún tipo de agresión.
La consulta externa en modo presencial se suspendió, pero se reemplazó por la teleconsulta, debido a la emergencia sanitaria, explicó la psicóloga Martha Flores Prado, coordinadora de la unidad.
Indicó que -a la fecha- se han logrado recuperar aproximadamente el 60% de víctimas de maltrato, entre hospitalización y emergencia, que ya fue dada de alta.
El Minsa señaló que, en los casos de violencia sexual, la atención se inicia con la aplicación de un kit de emergencia a la víctima (prevenir un embarazo o infección por transmisión sexual).
“Luego se informa de inmediato a la Fiscalía, se elabora un expediente médico para las acciones legales correspondientes, se continúa con el tratamiento, rehabilitación y seguimiento de la víctima”, aseguró Flores Prado.
Mamis se creó el 16 de diciembre de 1995, hace 25 años, y cuenta con un equipo de profesionales conformado por un médico ginecoobstetra, un pediatra, un psiquiatra; así como una obstetra, una enfermera, una trabajadora social, un abogado y cuatro psicólogos que brindan la atención integral a las víctimas de agresión y su entorno familiar.
Además, trabajan en la prevención de la violencia con una red de instituciones de la jurisdicción de Lima Norte.
Fuente e Imagen: https://andina.pe/agencia/noticia-mas-2000-casos-violencia-a-menores-fueron-atendidos-hospital-cayetano-heredia-828459.aspx
Comparte este contenido:

Ecuador: altos niveles de violencia sexual en las escuelas

Urgen investigaciones, justicia y reparaciones.

Miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde 2014, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien Ecuador ha adoptado importantes medidas para abordar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, muchas instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado, y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos.

El informe de 82 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.

“Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior en la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”.

Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 83 personas, incluidos sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos y datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.

En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela o sus alrededores. Algunos estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra sus compañeros y compañeras. Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por docentes, directores (rectores), familias de los abusadores, y asociaciones de padres.

La violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano. Pero la escala de los abusos no se conoció públicamente hasta 2017, cuando la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional multipartidista para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, tras una fuerte movilización por parte de familias afectadas.

La comisión, denominada AAMPETRA en referencia a un caso que implicó el abuso sexual de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, un colegio particular en el sur de Quito, evaluó las acciones tomadas por las instituciones estatales para prevenir y erradicar los abusos en las escuelas y brindar un acceso adecuado a la justicia, enfocándose en casos ocurridos entre 2013 y 2017. La Comisión concluyó que los ex ministros del gobierno del presidente Rafael Correa no tomaron medidas para abordar la violencia sexual.

En julio de 2017, el gobierno en funciones del presidente Lenín Moreno publicó datos que mostraban altos niveles de violencia sexual en las instituciones educativas y declaró una política de tolerancia cero. También adoptó un protocolo vinculante que obliga a los docentes, departamentos de consejería estudiantil y otro personal educativo a denunciar casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas. Creó un registro integral de casos y una herramienta para hacer un seguimiento del registro de casos, investigaciones y juicios.

Sin embargo, Human Rights Watch encontró graves fallas en la aplicación de esta política y en garantizar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes. El esfuerzo se ve significativamente afectado por la grave escasez de departamentos de consejería estudiantil, que son fundamentales en la detección y denuncia de casos. En algunas instituciones educativas o distritos, los psicólogos educativos cuentan con poco apoyo y los docentes, personal educativo y autoridades distritales los disuaden de presentar denuncias. El gobierno tampoco parece haber tomado las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de sus políticas en los colegios privados.

Muchas víctimas y sus familias también se encontraron con serios obstáculos en su búsqueda de justicia. Los procedimientos judiciales a menudo se retrasan y no siempre se llevan a cabo respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por Human Rights Watch muestran que solo el tres por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron a juicio entre 2015 y 2019. La mayoría de las familias dijeron haber sentido que tenían que luchar para obtener justicia, en ocasiones empleando sus propios recursos económicos, lo cual, a su vez, afectó la salud mental y el bienestar de toda la familia.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de secundario que fue violada por el vicerrector de su escuela durante más de un año. Paola se suicidó en 2002. La corte ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola y que celebrase a más tardar en diciembre 2020 una ceremonia pública de alto nivel para reconocer su responsabilidad internacional.

Antes de dejar la presidencia en mayo de 2021, el presidente Moreno debería asegurarse que se cumplan todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en junio, o que estén en proceso de ser implementadas dentro de los plazos establecidos por el tribunal, dijo Human Rights Watch. Moreno también debería ofrecer, sin demora, una disculpa pública a los y las sobrevivientes de violencia sexual en las instituciones educativas. El gobierno de Moreno debería establecer de manera expedita un fondo nacional de reparaciones para sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales de tribunales nacionales.

Ecuador debería adoptar una agenda estatal de tolerancia cero ejecutable a largo plazo, con un fuerte énfasis en la prevención de casos, y en una respuesta adecuada ante abusos, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos para implementar sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes.

También debería aumentar y garantizar el apoyo a los departamentos de consejería estudiantil y equipos de psicólogos educativos, asegurar que tanto las escuelas públicas como privadas cumplan con su obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente. Las instituciones judiciales deberían garantizar que los procesos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familias, defendiendo sus derechos a un juicio justo y a una justicia reparadora.

“Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y abordar la violencia sexual en sus instituciones educativas son importantes, pero también deberían enfocarse en prevenir estos abusos”, dijo Martínez. “Para que la tolerancia cero sea una realidad, es necesario que todos los docentes y personal educativo y gubernamental protejan a los y las estudiantes y garanticen que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las escuelas”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/12/09/ecuador-altos-niveles-de-violencia-sexual-en-las-escuelas

 

Comparte este contenido:

La violencia machista como exponente de desigualdad urbana

Reseñas/Noviembre 2020/elpais.com

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exigimos una visión de género en las políticas públicas de nuestras ciudades y metrópolis

La Violencia contra las Mujeres y las Niñas (VAWG, por sus siglas en inglés) es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y más toleradas en todo el mundo. Tiene lugar en todas partes del espacio urbano: en el hogar, en el trabajo, en las plazas públicas, los parques, los mercados, las calles, los baños o el transporte público. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, debe invitarnos no solo a visibilizar y denunciar esta preocupante situación, que se ha visto empeorada enormemente durante la pandemia de la covid-19, sino también a exigir la incorporación de una visión de género en toda política pública de nuestras ciudades y metrópolis.

Que las mujeres y niñas se sienten inseguras en las grandes ciudades no es una sorpresa para nadie. En todo el mundo, la atención y el acoso no deseados, el miedo a las agresiones y los abusos cuando viajan solas, después de la noche e incluso a plena luz del día cambian la forma en que experimentan la vida en la ciudad, según la ONG Plan International. Más que nunca, la crisis de la covid-19 nos ha revelado que, efectivamente, ellas experimentan el espacio público de una manera diferente a la de los hombres y los niños, ya que son víctimas de diversas formas de desigualdad, discriminación y violencia.

Las medidas actuales como el distanciamiento social y los toques de queda, han reducido el número de personas en la calle, lo que ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia sexual; esta realidad puede afectar aún más a la autonomía de las mujeres y al acceso al empleo y a los servicios esenciales durante el encierro, según explica ONU Mujeres. Dicho de otro modo, la violencia en los espacios urbanos es uno de los principales obstáculos para su participación como ciudadanas de pleno derecho.

Ellas experimentan el espacio público de una manera diferente a la de los hombres y los niños, ya que son víctimas de diversas formas de desigualdad, discriminación y violencia.

La violencia de género también se comete en el entorno privado o doméstico y, el alarmante aumento de la misma se ve reflejado en datos: en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Hablamos de un momento en que muchas mujeres y niñas deben convivir día tras día con su agresor en un contexto de aislamiento social y con unos servicios de apoyo inaccesibles o interrumpidos, en muchos casos.

Precisamente, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones MetropolisCities Alliance y CGLU lanzan una campaña que pone el foco en la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios urbanos de todo el mundo, tanto en el ámbito privado como el público, los espacios digitales e, incluso, en los propios gobiernos e instituciones. Bajo el lema Liberemos nuestras comunidades, ciudades y metrópolis de la violencia de género, instan a gobiernos locales, regionales y metropolitanos a adoptar urgentemente un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva de género en todos los esfuerzos y servicios para responder a la crisis de la pandemia.

Construyendo metrópolis más seguras: Iniciativas y prácticas inspiradoras

Algunos gobiernos a nivel local y metropolitano han empezado a tomar en serio esta cuestión, especialmente en tiempos de pandemia y aislamiento social.

A modo de ejemplo, algunas de las iniciativas recogidas en la plataforma colaborativa Ciudades para la Salud Global: En Bogotá se ha creado la estrategia Espacios Seguros en alianza con 630 tiendas y supermercados para prevenir y atender casos de violencia intrafamiliar. En Bruselas, por su parte, han lanzado la campaña Nada justifica la violencia doméstica para concienciar sobre la violencia intrafamiliar, que ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia.

Solo diseñando políticas públicas que aborden la desigualdad urbana, podremos reducir la violencia de género.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha añadido recientemente un nuevo canal de servicio para proporcionar información, apoyo y asesoramiento en casos de violencia de género: Boti, el WhatsApp de la ciudad, para aquellas que necesiten ayuda puedan solicitarla automáticamente a través del chat sin necesidad de hablar por teléfono.

Como apuntan las organizaciones impulsoras de la mencionada campaña, esta violencia no es más que el resultado de la desigualdad de género existente en las zonas urbanas, multiplicada y exacerbada por la pandemia, como venimos de ver. Además, es una cuestión derivada de múltiples factores públicos y privados, socioeconómicos y políticos que se superponen. Por ello, las intervenciones públicas dirigidas a erradicarla pasan por abordar las causas subyacentes de esa violencia, incluidas las normas sociales y culturales basadas en el género. En otras palabras, solo diseñando políticas públicas que aborden la desigualdad urbana, podremos reducir la violencia de género.

Pero fundamentalmente, todas estas reivindicaciones y propuestas acaban desembocando en un mismo mar: la necesidad de repensar nuestras ciudades y metrópolis para que sean más inclusivas, donde las autoridades, en todos los niveles, trabajen codo con codo con las mujeres y niñas, escuchen sus experiencias y necesidades, y las hagan partícipes en el diseño y la planificación urbanos. Convirtamos la crisis de la covid-19 en una oportunidad para eliminar de una vez y para siempre la violencia contra mujeres y niñas de nuestros espacios urbanos.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/11/23/seres_urbanos/1606143416_695466.html

Comparte este contenido:

¿16 o 18 años?

Por: Elisabeth De Puig

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

Poco a poco nuestra sociedad se ha ido movilizando en contra del matrimonio infantil. Hoy en día, no solamente se oyen las voces de organizaciones o instituciones como Plan Internacional, Save the Children o Unicef, que han estado en la delantera en la lucha contra este flagelo desde hace años.

Con el cambio de gobierno se sienten nuevos aires que van a la par de un mayor empoderamiento de la sociedad frente al hecho que todavía en el siglo XXI haya tantas de nuestras niñas y adolescentes presas de la violencia sexual.

Esta movilización ciudadana se comprobó cuando la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados examinó, en su sesión del pasado miércoles, el proyecto que busca prohibir el matrimonio infantil antes de los 18 años.

A raíz de un tuit del legislador Omar Fernández, que anunciaba un empate del voto en la comisión y una contrapropuesta de algunos legisladores, en el sentido de permitir la unión legal de adolescentes a partir de los 16 años, siempre y cuando su pareja no le supere de más de ocho años se sintió una vigorosa ola de protesta por las redes.

Frente a la vigilancia de la sociedad civil, la comisión de Justicia dio marcha atrás y acogió la propuesta del diputado José Horacio Rodríguez de modificar el artículo 144 del Código Civil de la siguiente manera: “El hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los dieciocho años de edad”, derogando al mismo tiempo el artículo 145 del mismo código.

Antes de la votación del pleno de la Cámara de Diputados, el presidente de la República no solamente se ha manifestado de manera tajante en contra del matrimonio entre adolescentes, sino que también ha motivado y logrado un consenso histórico de todos los partidos sobre lo que él ha llamado un compromiso político de toda la Nación y lanzado la creación de un gabinete de Niñez y Adolescencia.

De todas maneras, cualquier modificación de esta índole que no protegiera los y las adolescentes de menos de 18 años hubiera sido contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño y otros convenios internacionales ratificados por la República Dominicana que forman, junto a la Constitución, un bloque que no es divisible según la jurisprudencia.

La atención de adolescentes hasta esta edad debe incluir los mismos factores de protección que a todos los niños, niñas y adolescentes: la educación, la nutrición, la salud, la promoción de actividades familiares y recreativas, la atención del desarrollo emocional, entre otros.

Las reformas legales son importantes, pero para su efectividad se necesita un marco político adecuado. Debemos estar conscientes que ganar la batalla que se está librando ahora contra el matrimonio infantil será una gran victoria a favor de nuestras niñas y adolescentes, pero que esta será una victoria pírrica si no se lucha contra las desigualdades y si no se trabaja para generar y aplicar políticas públicas integrales con presupuestos públicos a la altura de los retos societales que afrentamos.

El matrimonio infantil generalmente ocurre fuera de la ley como «uniones informales»: las niñas se mudan -o más bien son mudadas- a hogares de hombres adultos. Estas uniones informales son más difíciles de denunciar y dejan a las niñas vulnerables sujetas al abuso y con poca protección legal contra sus maridos.

En nuestros sectores más desfavorecidos algunas niñas ven en estas uniones una forma de salir de hogares violentos, cayendo en manos de hombres tanto o más abusadores que aquellos con los que ellas convivían en sus familias de origen.

Muchas veces esta salida es aprobada por la familia que se quita una boca de encima y a menudo recibe beneficios económicos de esta situación.

Debemos estar claros, la pandemia no favorece la superación de la situación de desamparo que prevalece en nuestros barrios vulnerables y ha desmantelado muchas redes de apoyo y de protección.

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

En esta sociedad desigual una gran parte de nuestra gente con limitados recursos y escasos niveles de educación no encuentra más alternativas que desarrollar estrategias de sobrevivencia dentro del marco machista, patriarcal y violento en el cual se desenvuelve.

Violencia intrafamiliar, matrimonio infantil, embarazos precoces y feminicidios, todo tiene un hilo conductor y son productos de una sociedad que ha considerado tabú la educación sexual integral en las escuelas, que no acepta las tres causales para el aborto y que se refugia cada vez más en el conservadurismo religioso.

El marco jurídico favorable por el cual estamos propugnando aumentará la conciencia pública acerca de las consecuencias sociales, físicas y emocionales de los matrimonios precoces y debería contribuir a la movilización de las comunidades opuestas al matrimonio infantil.

Al Estado le corresponde trabajar de manera transversal y de la mano con la sociedad civil para implementar estrategias de prevención múltiples y específicas a fin de empoderar a las niñas para que estas puedan tomar decisiones sobre su vida, luchar contra la deserción escolar, mejorar su accesibilidad a la educación formal, mantenerlas en la escuela y que se casen más tardíamente. Se requiere igualmente educar y movilizar los padres y la comunidad.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/16-o-18-anos-8883964.html

Comparte este contenido:

Violaciones a mujeres dalits, herramienta de poder y sometimiento en India

Asia/India/Noviembre 2020/http://www.ipsnoticias.net/

A Shabnam, una joven del estado de Haryana, en el norte de India, le faltan dos años para terminar derecho, después de ser víctima de una violación grupal, en la que ve paralelos con la joven dalit de 19 años violada brutalmente y torturada hasta la muerte por varios hombres de una casta “superior”, en el vecino estado de Uttar Pradesh, en un caso que por una vez desencadenó protestas en todo el país.

«Ella era de tradición ‘valmiki’ como nosotros, de una familia pobre y sin tierra como la nuestra. La violaron, la torturaron y cuando murió, quemaron su cuerpo sin el consentimiento de su familia. E incluso después de todo eso, amenazaron a su familia para que se callase y no hablase de ello”, dijo Shabnam, un nombre falso a su pedido para protegerla.

En una conversación con IPS en hindi, contó que “eso es exactamente lo que yo y mi familia hemos sufrido y lo que seguimos pasando. La única diferencia es que yo todavía estoy viva».

La joven de 19 años muerta por las brutales heridas pertenecía, al igual que Shabnam, a la casta de los dalits, la comunidad más marginada y oprimida de India, conocida anteriormente como «intocables».

La muerte de la joven centró la atención en la violencia sexual que enfrentan las mujeres dalits en India, donde suman unos 100 millones según un documento de la Red Internacional de Solidaridad Dalit y otras dos organizaciones.

El informe destaca que las mujeres dalits son sometidas a «violencia y tratos inhumanos, como agresiones sexuales, violaciones y el forzado desfile desnudas», como mecanismo para mantener su posición de subordinación en la sociedad.

Shabnam tenía 17 años cuando en 2013 fue violada por 12 hombres que se turnaron para agredirla sexualmente. Durante los últimos siete años, incluso cuando su caso llegó a juicio, recibió ataques y amenazas contra su vida de tal calibre que tuvieron que ponerle protección judicial.

«La gente piensa que la violación es un solo crimen. Pero para las víctimas dalit de agresión sexual es solo el comienzo de una cadena de delitos y luchas de que duran toda la vida”, dijo a IPS la abogada Manisha Mishaal, defensora de los derechos de las mujeres dalits.

Esta abogada, que ha ayudado a Shabnam y muchas otras jóvenes en situación similar en su batalla por obtener justicia, dijo que las que sobreviven a la violación, muchas veces en grupo, enfrentan después “abuso mental, miedo, intimidación, amenazas, negación de los derechos básicos, negación de la educación y un medio de vida digno”.

“La lista es muy larga”, afirmó Mishaal antes de asegurar que “de hecho, una vez que eres violada, sigues siendo una víctima durante toda tu vida».

Las cifras detrás de la violencia contra las dalits

Según el la Oficina Nacional de Registros de Delitos (NCRB, en inglés) de India los casos de agresiones físicas a mujeres han ido en aumento en este país de 1300 millones de personas.

Solo en 2019, dice el último informe de la NCRB, hubo más de 405 861 casos de agresiones a mujeres, un siete por ciento más que en 2018. Los delitos incluyen golpizas, desnudos forzados públicos, secuestro y violaciones individuales o grupales.

De estos, 13 273 agresiones sexuales, incluidos 3486 casos de violación, fueron contra mujeres de comunidades dalits.

Jacqui Hunt, directora para Europa y Eurasia de la organización mundial Equality Now y quien ha estudiado la violencia sexual contra las mujeres dalits en el estado de Haryana, achaca a la generalizada e intencionada falta de información y a los problemas para denunciar las agresiones sexuales a la policía que las cifras oficiales escondan un gran subregistro.

Mujeres dalits venden hierba al borde de la carretera cerca de Yamuna Nagar, en Haryana, en el norte de India. Según el último censo agrícola, 85 por ciento de los dalits de este estado no posee tierras. Foto: Stella Paul / IPS

Mujeres dalits venden hierba al borde de la carretera cerca de Yamuna Nagar, en Haryana, en el norte de India. Según el último censo agrícola, 85 por ciento de los dalits de este estado no posee tierras. Foto: Stella Paul / IPS

«Como consecuencia de las desigualdades de género, casta y clase, las mujeres y niñas dalits están sujetas a múltiples formas de subyugación, explotación y opresión. La violencia sexual, incluidas las violaciones individuales y grupales ha sido perpetrada contra ellas por hombres de castas dominantes, como mecanismo que refuerza las jerarquías estructurales profundamente arraigadas de India”, aseguró Hunt a IPS.

A su juicio, “los cuerpos de las mujeres se utilizan como campo de batalla para afirmar la supremacía de casta y mantener ‘en su lugar’ a las mujeres”.

La abogada Mishaal cree que casi 80 por ciento de las mujeres dalits que son violadas no denuncian debido a la presión política y social, ya que las mujeres y sus familias suelen ser amenazadas por los agresores.

Además, aseguró,  la mayoría de las sobrevivientes de violencia sexual y basada en el género (SGBV, en inglés) son niñas dalits, pero los registros de NCRB sobre la violación infantil no diferencian según la casta.

Un espacio seguro para las dalits

Para ayudar a romper el ciclo de silencio sobre los delitos contra mujeres y niñas dalits, en 2013 Mashaal fundó la Sociedad Swabhiman, una organización benéfica que brinda diversos servicios, incluido el apoyo legal y psicológico a las dalits sobrevivientes a la SGBV.

«Actualmente tenemos 25 mujeres que trabajan con nosotras de manera no fija y este es un lugar seguro para cientos de mujeres que han sido estigmatizadas, maltratadas y, pese a eso,  no tienen a nadie más a quien acudir», dijo la abogada.

Mashaal inició la sociedad porque notó que pocas organizaciones estaban ayudando a los sobrevivientes dalits víctimas de violencia sexual basada en el género y que había una falta de conocimiento y conciencia entre ellas y sus comunidades sobre sus derechos legales o los procedimientos a seguir para obtener justicia.

En varios casos, el Khap Panchayat, una poderosa y tradicional asamblea comunitaria dirigida por grupos de terratenientes, les obligaba a quedarse fuera de la reunión cuando decidía sobre las denuncias en las aldeas de las víctimas y sus familias.

Sus disposiciones son muy controvertidas y se consideran contrarias a los dalits, pero pocos se atreven a contradecirlas por temor a represalias.

Mamta, otra mujer a la que representa también Mishaal, era menor de edad cuando en 2012 fue violada en grupo por hombres de la casta «dominante». Entonces, la Khap Panchayat ordenó que se casase con uno de sus violadores y su padre, un jornalero, estaba demasiado asustado para oponerse.

Durante meses, Mamta, otro nombre ficticio para su protección, estuvo encerrada en una pequeña habitación y violada repetidamente tanto por su forzado marido como por sus amigos y familiares.

«Era como una jaula. Vivía en una habitación pequeña. Mi esposo cerraba la puerta con llave desde afuera. Como era dalit no me tocaba, salvo para tener relaciones sexuales forzadas cuando quería. Todos los días traía otros hombres y también me violaban, contó a IPS en hindi.

«Yo era como una mosca atrapada en el lodo, no podía vivir y tampoco podía volar», dijo Mamta, que ahora tiene 26 años.

Finalmente, logró escapar y descubrió la Sociedad Swabhiman. Allí conoció a muchas otras mujeres que también habían experimentado abusos y brutalidades similares. Juntas han recibido asesoramiento y formación y concienciación sobre las leyes sobre violación y agresión sexual contra mujeres.

Pero lo más importante de todo, han reunido el coraje para exigir justicia ante los tribunales.

La propiedad de la tierra o la falta de ella son factores que perpetúan las vulnerabilidades y la violencia, Según Hunt, de Equality Now, una organización internacional que defiende el acceso a los derechos de las mujeres en el mundo.

Las mujeres dalits carecen de poder económico y, a menudo, dependen de las castas dominantes para su sustento.

Cuando las sobrevivientes de agresión sexual o sus familias dependen para trabajar y obtener ingresos de alguien que pertenece a la misma casta que el agresor, o el agresor mismo es también su empleador, acceder a justicia por la violencia sexual sufrida se vuelve aún más problemático.

«Los culpables y sus cómplices y amigos a menudo ejercen su poder económico para silenciar a las sobrevivientes y testigos, lo que incluye coaccionar a las sobrevivientes o a los familiares de las víctimas para que resuelvan los casos fuera de los tribunales, llegando a acosarles en su aldea o su propio hogar”, explicó.

«Nuestro próximo informe da una indicación de cuán común es este problema. En casi 60 por ciento de los casos que estudiamos, los sobrevivientes se vieron obligados a comprometerse con algún agresor u otro hombre establecido, muchas veces debido a amenazas de represalias económicas», dijo Hunt.

Según datos del último Censo de India, 71 por ciento de los dalits carecen de tierra y laboran como jornaleros o fijos en tierras de otros.

Según el censo agrícola, en las zonas rurales, 58,4 por ciento de los hogares dalits no poseen tierras en absoluto. Esto se vuelve más sombrío en los estados dominados con mayor población de esta casta de parias, como Haryana, Punjab y Bihar, donde 85 por ciento no posee tierras.

«Esta es la razón por la que hay continuas y horribles agresiones sexuales contra las mujeres dalits porque son tres veces vulnerables. Primero, por su casta, segundo, por su género y tercero, por su condición de sin tierra», dijo Mashaal.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2020/11/violaciones-a-mujeres-dalits-herramienta-de-poder-y-sometimiento-en-india/

Comparte este contenido:

España: La pornografía es la principal profesora de sexualidad de nuestros adolescentes, según un informe de Save The Children

  • Save The Children ha dado a conocer el informe Informe ‘(Des)información sexual: pornografía y adolescencia’

  • Casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía a la que acceden por primera vez a los 12 años

  • Más de la mitad de los y las adolescentes que ven contenidos pornográficos se inspiran en ellos para sus propias experiencias y el 30% reconoce que es su única fuente de información sobre sexualidad

Los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 (el 68,2%) consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente (lo han hecho en los últimos 30 días). Este consumo se produce en la intimidad (93,9%), a través del teléfono móvil, y se centra en contenidos gratuitos online (98,5%), basados de manera mayoritaria en la violencia y la desigualdad.

Así lo revela el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia que ha elaborado Save the Children para estudiar el consumo de contenidos sexuales entre la población adolescente y el impacto que estos tienen en sus relaciones y su desarrollo. Además de arrojar luz sobre este asunto, el estudio recoge una serie de recomendaciones sobre cómo abordar la sexualidad para las familias, los profesionales de la educación y de la salud y la propia población adolescente. Del mismo modo, la organización ha elaborado una guía específica para padres y madres.

Las relaciones entre iguales, clave en la iniciación del consumo

En total, el informe ha contado con la participación de 1.753 chicos y chicas de entre 13 y 17 años, que han respondido a una encuesta y participado en diferentes talleres. El análisis se ha hecho con enfoque de género y diversidad para conocer, entre otras cuestiones, si el consumo y la percepción de lo que ven varía según el género o las preferencias sexuales o si el colectivo LGTBI se siente representado.

Según este estudio, las relaciones en grupo entre compañeros y compañeras son clave en la iniciación al consumo: el 51,2%, accede mediante el intercambio entre sus amistades de fotos o vídeos por WhatsApp o redes sociales. Ahora bien, también se dan otras realidades: para un 28,5% (principalmente chicos), la primera toma de contacto responde a una búsqueda activa, mientras que un 17,4% (en su mayoría chicas), se ha encontrado con estos contenidos de forma accidental mientras navegaba por Internet. Para el 30% de los y las adolescentes la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexualidad y casi la mitad de las personas encuestadas echa en falta tener más información sobre cuestiones afectivo-sexuales.

Falta de capacidad crítica para distinguir realidad de ficción

El estudio también revela que el 54,1% de los adolescentes, en su mayoría los chicos, cree que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. El 47,4% de los adolescentes que ha visto contenido pornográfico ha llevado alguna escena a la práctica. En relación a este último punto, Save the Children considera especialmente preocupante que, cuando intentan imitar lo que ven, no siempre solicitan consentimiento previo a su pareja. El 12,2% de los chicos lo ha hecho sin el consentimiento explícito de la pareja y sin que a esta le haya parecido bien, frente al 6,3% de las chicas.

Su deseo sexual se esté construyendo sobre unos cimientos irreales, violentos y desiguales propios de la ficción (Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children)

“Sin una educación afectivo-sexual incluida en el currículo y ante un mundo tecnológico lleno de posibilidades, la pornografía se ha convertido en profesora y consultorio de sexualidad para los adolescentes. El peligro no es que vean pornografía, sino que su deseo sexual se esté construyendo sobre unos cimientos irreales, violentos y desiguales propios de la ficción. También es peligroso que crean que su consentimiento, sus deseos y preferencias, o los del resto, no tienen por qué ser tenidos en consideración”, señala Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children.

El informe constata importantes diferencias entre géneros y orientación sexual. Así, mientras el 87,5% de los chicos afirma haber visto pornografía alguna vez en su vida; este porcentaje desciende al 38,9% en el caso de las chicas (aunque ligeramente más alto entre las adolescentes lesbianas). Ellos la ven casi a diario y ellas una vez a la semana o al mes. Para ellos, el primer acceso responde a una búsqueda activa o una especie de rito de iniciación. Ellas, en cambio, encuentran el contenido mucho más de manera accidental, y están más expuestas a recibirlo de personas desconocidas. Y mientras ellos lo consumen para satisfacer “necesidades instintivas”, las adolescentes lo hacen para aprender qué se espera de ellas.

Prácticas nocivas, violencia y desigualdad

Save the Children ha preguntado a los y las adolescentes si detectan violencia, desigualdad y prácticas de riesgo en lo que ven. El análisis arroja que un porcentaje alto de adolescentes sí es capaz de reconocer todo esto en la pornografía. Sin embargo, entre quienes la consumen con más frecuencia, el 36,8% no diferencia entre la ficción de las escenas y sus propias experiencias sexuales y el 38% no encuentra en ella desigualdad y premia los vídeos en los que existen jerarquías de poder. También destaca que el 27,1% de las chicas no sabe identificar prácticas de riesgo como la ausencia de preservativo.

La organización ha estudiado cómo se traslada todo esto a la realidad y ha descubierto que casi la mitad de la población adolescente (el 46,1%) no utiliza siempre métodos de protección y que el 13,7% no lo hace nunca o casi nunca. Asimismo, el 13,8% de quienes han visto pornografía han entrado en contacto, al menos una vez, con una persona desconocida con fines sexuales a través de Internet. Si bien estas conductas no tienen por qué responder directamente al consumo de pornografía, la ONG considera que son comportamientos preocupantes, ya que pueden entrañar un alto riesgo de sufrir violencia online, tan real y dañina como la física, y en caso de derivar en un encuentro real, pueden provocar que los menores sufran abusos o una agresión sexual que derive en infecciones de transmisión sexual e incluso en un embarazo no deseado.

Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia

Ante los datos que arroja el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, Save the Children recuerda la importancia de que el Congreso tramite cuanto antes la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Esta ley tiene un gran enfoque preventivo e incluye la educación afectivo-sexual como principio transversal en la enseñanza reglada, de modo que el alumnado aprendería en el aula, siempre de forma adaptada a su etapa educativa, conceptos necesarios para ser capaces de detectar la violencia o el abuso como son el consentimiento, la autonomía del cuerpo, el desarrollo de las emociones o la creación de relaciones igualitarias. La ley también incluye campañas de sensibilización para prevenir la violencia y empoderar a la infancia y adolescencia en cuestiones de educación afectivo-sexual y de educación en igualdad de género.

Save the Children pide la colaboración entre la Administración y plataformas de Internet para implementar mecanismos de regulación del acceso a contenido pornográfico

Esta formación tendría que ir acompañada, entiende Save the Children, de educación en ciudadanía digital para que la adolescencia sepa manejar las esferas principales de su vida. “Sin la adecuada educación afectiva y sexual, así como sin la formación en un uso seguro y responsable de Internet, existe una mayor exposición a situaciones y conductas de riesgo. Una actitud crítica ante la información que reciben, lo que ven y lo que comparten, es una herramienta que les acompañará toda la vida”, explica Perazzo.

Del mismo modo, Save the Children pide la colaboración entre la Administración y plataformas de Internet para implementar mecanismos de regulación del acceso a contenido pornográfico, que asegure que menores de edad no acceden a la pornografía. Estas plataformas deben concienciarse y ser responsables, asegurándose de que, si el contenido no es adecuado para menores de edad, no se les permitan el acceso a menores de 18 años. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia también pretende abordar el fomento de contenidos positivos en Internet, así como la colaboración con estos prestadores de servicios y contenidos, con el objetivo de proteger a la infancia frente a contenidos que puedan ser perjudiciales.

Save the Children lleva años trabajando para lograr la aprobación de la ley y pretende llegar al medio millón de firmas para concienciar al Gobierno y a los distintos grupos políticos sobre la importancia de acabar con la lacra social que supone la violencia contra la infancia en España.

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.

Fuente: https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/pornografia-principal-profesora-sexualidad-adolescentes-informe-save-the-children_18_3015345077.html

Comparte este contenido:
Page 7 of 24
1 5 6 7 8 9 24