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México: Cada hora, una mujer pidió ayuda por violencia de género: RNR

En los últimos dos meses de 2020, cada hora una mujer pidió apoyo a la Red Nacional de Refugios (RNR) ante una situación de violencia y riesgo, de las cuales cuatro de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio, informó la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias.

En un balance final de la campaña, en la que también participó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la Red precisó que fueron atendidas 11 mil 132 mujeres con sus hijos, de las cuales 75 por ciento «fueron agredidas por sus parejas o ex parejas».

La RNR agregó que los hijos de mujeres víctimas de violencias familiares también habían sufrido diversos tipos de agresiones entre ellas, entre las que destacan violencia física (27.94 por ciento), psicológica (28.36 por ciento), patrimonial (21.24 por ciento), trata infantil (16.50 por ciento) y sexual (5.65 por ciento).

Por otra parte, las organizaciones que impulsaron la campaña detallaron que del 3 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 acompañaron a  530 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias, a través de asesorías gratuitas vía telefónica.

De las víctimas, las principales formas de violencia que sufrieron fueron violencia psicológica, violencia sexual, violencia física y violencia económica.

Señalaron que los resultados de la campaña demuestran la urgencia de que las autoridades impulsen acciones que puedan inhibir la prevalencia de la violencia de género, «promoviendo políticas públicas intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad».

A continuación el comunicado completo:

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) y Católicas por el Derecho a Decidir A.C. (CDD) presentaron una radiografía de las violencias contra las mujeres luego de la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias ¡Por una nueva normalidad sin violencias!

Durante la campaña, que inició el 3 de septiembre de 2020 y concluyó el 28 de febrero de 2021, se acompañó a  530 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias, a través de asesorías gratuitas vía telefónica.

Los tipos de violencias que fueron atendidos son: violencia psicológica, principalmente cometida por parte de la pareja de la víctima o por una persona de su ámbito familiar, asimismo se pudo identificar que las mujeres son violentadas por agresores no identificados y en cuarto lugar por funcionarias/os de escuelas.

Destacaron además que en los casos de violencia sexual está es perpetrada principalmente por familiares, pero también por personas desconocidas, tanto en el ámbito familiar como en el espacio laboral.

También fueron acompañados casos de violencia física, los cuales en su mayoría se cometieron por parte de la pareja, por otros  familiares y por personas  desconocidas en el espacio público.

De la misma forma, en el periodo de duración de la campaña fueron asesorados y documentados casos de violencia económica, ejercida principalmente por  las  parejas, otros familiares y  por instituciones públicas.

Si bien en la mayoría de los casos de violencia atendidos las agresiones  fueron cometidas por parte de  las parejas o personas conocidas de la víctima, también fueron atendidos diversos casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, así como casos de feminicidio por desconocidos, lo que evidencia que la violencia comunitaria prevalece a pesar de la pandemia por Covid19.

Las edades de las mujeres, niñas y adolescentes que fueron acompañadas osciló entre 1 año y los 76 años de edad, lo que da cuenta de que las violencias ocurren en diferentes momentos del ciclo de vida de las mujeres. Aún así, la mayor parte de la población atendida se encuentra en el rango de los 30 a los 40 años de edad.

De las 530 mujeres, niñas y adolescentes asesoradas, el 11% se identifica como perteneciente a un pueblo originario y 7.74% habla alguna lengua indígena.

Los estados en donde se ubican las mujeres atendidas fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México ,Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, es decir, en 22 distintas entidades de la República. Jalisco, Chiapas y Aguascalientes fueron los estados en donde se atendieron a más mujeres.

Las mujeres en situación de violencias acompañadas en el marco de la Campaña #DistanciaSeguraySinViolencias se ubican en poblaciones urbanas (3,755 casos), semiurbanas (85 casos) y en zonas rurales (70 casos).

De las mujeres acompañadas 24.29%, se dedican a las actividades del hogar; 22.22% se dedican a actividades profesionales; 19.96% se dedican al comercio; 14.88% son estudiantes; 0.38% se dedican a la agricultura, entre otras actividades.

De acuerdo con los registros de atención, 211 mujeres refirieron haber acudido a otras instancias o instituciones. Al menos el 57.79% de ellas, señaló que en dichas instancias se sintió escuchada pero no se resolvió satisfactoriamente su problema, en tanto que el 33.67% manifestó que no fue escuchada ni atendida. Solo 8.54% estimó que fue escuchada y la situación que la llevó a solicitar la atención se resolvió satisfactoriamente.

El análisis de las asesorías brindadas, nos permite reconocer la prevalencia de las diversas formas de violencias contra las mujeres, así como la diversidad de actores que agreden a las mujeres, niñas y adolescentes en México.

Aunado a las asesorías gratuitas vía telefónica realizadas a 530 mujeres, niñas y adolescentes, la Red Nacional de Refugios, a través de sus más de 75 espacios de protección, redes sociales y líneas telefónicas, atendió a 11,132 mujeres con sus hijas e hijos, en donde el 75% de las víctimas fueron agredidas por sus parejas o ex parejas.

Como reflejo de la impunidad, el machismo y falta de acceso a la justicia, el 27% de los agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antecedentes penales, 29% usaban armas de fuego y el 14% contaba con vínculos militares o políticos.

En los últimos dos meses de 2020, cada hora una mujer se comunicó a la RNR para pedir apoyo ante una situación de violencias y riesgo, de las cuales 4 de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio.

El incremento de las violencias de género en los hogares también es una problemática que afecta a las infancias, en los espacios de protección de la RNR se detectó que las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencias familiares también habían sufrido diversos tipos de agresiones entre ellas: física con un 27.94%, psicológica con 28.36%, patrimonial con 21.24%, trata infantil con 16.50% y sexual con 5.65%.

Estos hallazgos generan información valiosa para que las autoridades impulsen de manera urgente y coordinada, acciones que puedan inhibir la prevalencia de la violencia de género, promoviendo políticas públicas intersectoriales con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

Si bien la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias -realizada con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales y la Unión Europea- concluyó este 28 de febrero, la labor como defensoras de los derechos humanos y como organizaciones de la sociedad civil, continuará en exigencia de una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes en México.

Atentamente,

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Red Nacional de Refugios A.C. (RNR)

Católicas por el Derecho a Decidir A.C

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/cada-hora-una-mujer-pidio-ayuda-por-violencia-de-genero-rnr/

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Investigación: Las periodistas en Ecuador enfrentan precariedad y violencia de género

Una investigación de Chicas Poderosas Ecuador revela que 4 de cada 10 mujeres que trabajan en medios en Ecuador perciben menos de 500 dólares mensuales y trabajan más de 40 horas a la semana. Concluye, además, que el acoso está presente en diferentes momentos de la carrera de las periodistas.

“Un presentador reconocido me agarró la pierna en un camerino, mientras nos maquillaban: ‘con esas piernas usted no necesita nada más para triunfar’, me dijo”, es el testimonio de una periodista ecuatoriana, cuya experiencia se recoge —de manera anónima— en el estudio Así Hacemos Periodismo. Se trata de una investigación desarrollada por la organización Chicas Poderosas Ecuador que exploró las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación en el país.

La investigación se centró en cinco temas principales: Empleo, Diversidad, Crecimiento laboral, Maternidad, Espacios seguros.

En cuanto al empleo, uno de los principales hallazgos es que los y las periodistas trabajan más de 40 horas semanales, incluso quienes tienen contratos a medio tiempo. Las personas entre 26 y 45 años son las que más tiempo dedican al ejercicio profesional. 4 de cada 10 mujeres que trabajan este número de horas a la semana percibe menos de 500 dólares al mes.

Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, asegura que el estudio permitió reconocer que existen muchas personas haciendo periodismo en condiciones de mucha precariedad en Ecuador.

Sobre la diversidad, en cambio, se concluye que la participación de personas de orientación sexual y origen étnico diverso es escasa tanto en los entornos laborales como en las coberturas periodísticas. “Incluso en los (medios) más nuevos y digitales, donde la presencia de personas indígenas o personas racializadas aún es casi nula”, afirma González.

Violencia sexual

El acoso y la violencia sexual que enfrentan las periodistas es una de las cosas que más llama la atención de esta investigación.  “Mi exjefe me citó fuera de horario laboral y me llevó a un hotel donde quiso abusar de mí a cambio de ayuda laboral y económica”, contó otra de las periodistas citadas en el documento.

Según los resultados, por lo menos 2 de cada 10 mujeres encuestadas han sido víctimas de contacto físico no deseado en sus lugares de trabajo. “El acoso comienza con bromas que son normalizadas, y que varían de acuerdo a la edad y la posición laboral de la periodista”, concluye el informe.

Otra de las participantes de los grupos focales contó que: “Había un productor que cada vez que pasaba al lado mío comenzaba a jadear como perro y nadie decía nada”.

Asimismo, el 13% de las periodistas ha recibido más de una vez ofertas laborales o promesas a partir de un acercamiento inapropiado, provocado por un colega hombre en una posición superior. Sin embargo, muy pocas veces estas situaciones son denunciadas, ya que no existen canales o políticas claras de denuncia en los medios de comunicación. Ante ello, el 62% de las mujeres encuestadas afirmó que los medios deben contar con protocolos de actuación y cambios en la cultura organizacional en torno a la violencia y el acoso.

Falta de datos

Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, explica que la investigación partió con la idea de recolectar datos de situaciones que “sabíamos que existían, pero sobre las que no había datos concretos y por lo tanto evidencia para enfrentarlas”.

Obtener esta data, representa así, la “posibilidad de ejercer nuestro oficio en condiciones dignas económicamente y seguras para las mujeres y personas de las disidencias sexuales”, continúa González. Sin embargo, dice que el reto es continuar con la medición y seguir estableciendo contrastes entre los géneros. Esto, porque, aún no hay datos suficientes para hablar sobre las personas de las disidencias sexuales ejerciendo esta profesión.

La metodología

La investigación se realizó, en el inicio con una encuesta online, cuya recolección y difusión ocurrió entre el 4 de agosto al 7 de septiembre de 2020.

La encuesta fue anónima y estuvo dirigida a mujeres, personas de disidencias sexuales, y hombres mayores de 18 años, trabajadores en medios de comunicación en el país. Se obtuvo una muestra de 236 encuestas. “Sin embargo, no alcanzamos el equilibrio de participación entre géneros, por lo cual insistimos en la necesidad de continuar midiendo”, dice el sitio web de Así hacemos periodismo. Adicionalmente, se realizaron dos grupos focales y ocho entrevistas a profundidad.

Chicas Poderosas es una comunidad global que impulsa el cambio inspirando y desarrollando a las mujeres en los medios. La organización está presente en 17 países, y en Ecuador desde 2019.

Fuente: https://rebelion.org/las-periodistas-en-ecuador-enfrentan-precariedad-y-violencia-de-genero/

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El Salvador: Cada día, 50 mujeres fueron víctimas de violencia entre enero y junio de 2020

América Central/El Salvador/15-01-2021/Autor(a) y Fuente: www.elsalvador.com

Entre enero y junio del año pasado se registraron 9,176 casos, de acuerdo con el Informe semestral Hechos de violencia contra la mujer. No solo incluye violencia física, sino también de otros tipos.

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 se ha sumado a los patrones culturales ya existentes, como el caso del machismo, para que se repitan actos violentos contra centenares de salvadoreñas. Foto Referencia. Archivo

Cincuenta casos diarios de violencia contra la mujer fueron reportados en el primer semestre del año pasado, de acuerdo con el Informe semestral Hechos de violencia contra la mujer, de enero a junio 2020. El dato total es de 9,176 hechos, que incluye violencia sexual, física, patrimonial, laboral y otra, según el informe hecho por el Gobierno.

En 1,569 de los casos se trata de mujeres menores de 18 años.

Los datos que se recolectar a través de la Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia son igual de preocupantes; solo el año pasado, entre enero y septiembre, a través de esa institución se recibieron 6,779 casos por posible amenaza o vulneración de los derechos de infantes y adolescentes. Aquí se incluyen casos de violencia física ( 3,890); sexual (1,955), psicológica (1,194), emocional 761, moral (89) y cultural (2).

En el año 2019, hubo 562 mujeres que recibieron atención a causa de violencia sexual, en los diferentes establecimientos de salud del país. Los departamentos con mayor egreso fueron: San Salvador (27.9%), Santa Ana (13.5%), Ahuachapán (11.2%) y La Libertad (11.0%).

Pero también hubo 3,655 atenciones ambulatorias. El departamento con mayores atenciones es San Salvador (15.2%), seguido de Usulután (15.0%) y San Vicente (11.0%).

Las alcaldías apoyan de diferentes formas en el combate a la violencia sexual y la estrategia para detectar y ubicar a víctimas se desarrolla en el seno de los talleres que imparten, ya sea de panadería, bisutería u otras, pues es ahí donde acuden las personas atraídas por la oportunidad de aprender.

Luis Edgardo Silva, encargado de la Unidad de la Mujer, en el municipio de Delicias de Concepción, Morazán, explicó que “los talleres son un imán para que la mujer se acerquen. Para nosotros es un requisito que las mujeres deben de pasar un proceso de por lo menos ocho talleres de género para que tengan una base de cómo entender cuando hay agresiones y poder exigir sus derechos”.

El representante municipal comentó que cuando solo se ofrece el taller de género no existe demanda por parte de la población, por ello este tipo de talleres es parte de otro que brinda la comuna.

En el municipio de San Miguel, la Unidad de la Mujer y la Secretaria de la Familia de la alcaldía trabajan con otras organizaciones para ayudar a las mujeres violentadas y para orientarlas a trazar un plan de vida.

Las afectaciones psicológicas y el círculo de violencia llevan a que la víctima pueda desconocer su valor como persona, comentó Rosa Ochoa, encargada de la Secretaria de la Familia.

“Las mujeres violentadas son remitidas por la Oficina de Atención a Víctima o el ISDEMU. Nosotros les damos el seguimiento en formación. Y en paralelo el ISDEMU viene y les da charlas sobre sus derechos y cuales son las rutas de denuncia que pueden hacer de forma confidencial”, añadió Ochoa. A través de este mecanismo, el año pasado lograron ayudar a 12 mujeres violentadas.

“Cuando son remitidas, ellas vienen de un tratamiento psicológico de primeros auxilios. La mayoría vienen tímidas con miedos e inseguridades, mucho desconocimiento sobre sus habilidades y capacidades, y cuando se trabaja con ellas sus proyectos de vida, la mayoría no tiene claridad para que son buenas”, expuso.

En su mayoría las Unidades de la Mujer cuentan con programas preventivos o de acompañamiento si la víctima así lo solicita.

“Nosotros intervenimos a veces no de una manera directa porque puede existir riesgos sociales, pero transferimos la información a las autoridades pertinentes y ellos se encargan. Con nosotros es más que todo la orientación y si la víctima lo solicita se le da el acompañamiento, de lo contrario manejamos sólo cierta información, no manejamos la información precisa”, explicó a Luis Silva, de la alcaldía de Delicias de Concepción.

El año pasado, la municipalidad de San Francisco Gotera en Morazán, trabajó junto al ISDEMU un Plan de prevención contra la violencia, el cual se centró en capacitar a la mujer “para que conozca que no puede ser violentada y que hay diferentes tipos de violencia”, explicó Karina Flores, jefa de la Unidad de la Mujer, de esa comuna.

El plan fue diseñado para ser desarrollado en las comunidades con pequeños grupos de mujeres que estén informadas a donde acudir en caso de violencia sexual.

“Nosotros podemos recibir las denuncias acá y la trasladamos a la autoridades correspondientes, hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de denuncia y podemos decir que el año pasado según la Policía Nacional Civil no hubo violencia en el municipio” , comentó Flores.

Fuente e Imagen: https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/cada-dia-50-mujeres-victimas-de-violencia-enero-junio-2020/794914/2021/

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Perú: Más de 2,000 casos de violencia a menores fueron atendidos en hospital Cayetano Heredia

América del Sur/Perú/06-01-2021/Autor(a) y Fuente: andina.pe

Servicio denominado Mamis brinda soporte emocional y físico, y continuó atendiendo desde inicio de la pandemia.

Un total de 2,094 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como otras formas de agresión física, verbal y psicológica fueron atendidos por el equipo multidisciplinario del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y Adolescente en Salud (Mamis) del Hospital Cayetano Heredia, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La directora del establecimiento de salud, Aída Palacios Ramírez, precisó que se ha podido velar por el bienestar de los menores de edad víctimas de maltrato a través del soporte emocional y psicológico.
Palacios explicó que las agresiones más comunes que se atienden en el programa son violencia sexual, psicológica, personal (intento de suicidio), familiar y maltrato por negligencia (abandono).
Existe un alto porcentaje de violencia contra los menores de 0 a 11 años, seguido por la violencia contra la mujer en sus diferentes formas.
Desde el inicio de la pandemia, el equipo de profesionales de Mamis ha continuado atendiendo a los niños, niñas y adolescentes que ingresaban por emergencia y requerían hospitalización a consecuencia de algún tipo de agresión.
La consulta externa en modo presencial se suspendió, pero se reemplazó por la teleconsulta, debido a la emergencia sanitaria, explicó la psicóloga Martha Flores Prado, coordinadora de la unidad.
Indicó que -a la fecha- se han logrado recuperar aproximadamente el 60% de víctimas de maltrato, entre hospitalización y emergencia, que ya fue dada de alta.
El Minsa señaló que, en los casos de violencia sexual, la atención se inicia con la aplicación de un kit de emergencia a la víctima (prevenir un embarazo o infección por transmisión sexual).
“Luego se informa de inmediato a la Fiscalía, se elabora un expediente médico para las acciones legales correspondientes, se continúa con el tratamiento, rehabilitación y seguimiento de la víctima”, aseguró Flores Prado.
Mamis se creó el 16 de diciembre de 1995, hace 25 años, y cuenta con un equipo de profesionales conformado por un médico ginecoobstetra, un pediatra, un psiquiatra; así como una obstetra, una enfermera, una trabajadora social, un abogado y cuatro psicólogos que brindan la atención integral a las víctimas de agresión y su entorno familiar.
Además, trabajan en la prevención de la violencia con una red de instituciones de la jurisdicción de Lima Norte.
Fuente e Imagen: https://andina.pe/agencia/noticia-mas-2000-casos-violencia-a-menores-fueron-atendidos-hospital-cayetano-heredia-828459.aspx
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Ecuador: altos niveles de violencia sexual en las escuelas

Urgen investigaciones, justicia y reparaciones.

Miles de niños, niñas y adolescentes han sufrido violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador desde 2014, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Si bien Ecuador ha adoptado importantes medidas para abordar el problema y agilizar el acceso a la justicia desde 2017, muchas instituciones educativas, la Fiscalía General del Estado, y el poder judicial aún no cumplen adecuadamente con sus políticas y protocolos.

El informe de 82 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.

“Ecuador ha fallado en su obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual en las instituciones educativas, lo cual ha tenido un impacto significativo en sus vidas, y en sus derechos a la educación, a la reparación, y sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Elin Martínez, investigadora sénior en la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Graves fallas en los sistemas de educación y justicia de Ecuador dejan a muchos niños, niñas y adolescentes desprotegidos, expuestos a terribles abusos, y en riesgo de estigmatización y revictimización”.

Según datos gubernamentales analizados por Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. Desde febrero de 2019 hasta septiembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 83 personas, incluidos sobrevivientes y sus familias, abogados y fiscales, y analizó 38 casos y datos oficiales sobre violencia sexual en instituciones educativas.

En los casos documentados figuraban delitos de violación y abuso sexual, como por ejemplo, obligar a los niños a realizar actos sexuales en las instalaciones de la escuela o sus alrededores. Algunos estudiantes también abusaron sexualmente, acosaron y cometieron violencia sexual, incluso a través de medios electrónicos o digitales, contra sus compañeros y compañeras. Algunas sobrevivientes sufrieron hostigamiento, acoso escolar e intimidación después de denunciar abusos por docentes, directores (rectores), familias de los abusadores, y asociaciones de padres.

La violencia sexual ha sido un problema endémico de larga data en el sistema educativo ecuatoriano. Pero la escala de los abusos no se conoció públicamente hasta 2017, cuando la Asamblea Nacional estableció una comisión ocasional multipartidista para investigar los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, tras una fuerte movilización por parte de familias afectadas.

La comisión, denominada AAMPETRA en referencia a un caso que implicó el abuso sexual de 41 niños y niñas en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, un colegio particular en el sur de Quito, evaluó las acciones tomadas por las instituciones estatales para prevenir y erradicar los abusos en las escuelas y brindar un acceso adecuado a la justicia, enfocándose en casos ocurridos entre 2013 y 2017. La Comisión concluyó que los ex ministros del gobierno del presidente Rafael Correa no tomaron medidas para abordar la violencia sexual.

En julio de 2017, el gobierno en funciones del presidente Lenín Moreno publicó datos que mostraban altos niveles de violencia sexual en las instituciones educativas y declaró una política de tolerancia cero. También adoptó un protocolo vinculante que obliga a los docentes, departamentos de consejería estudiantil y otro personal educativo a denunciar casos de violencia sexual en un plazo de 24 horas. Creó un registro integral de casos y una herramienta para hacer un seguimiento del registro de casos, investigaciones y juicios.

Sin embargo, Human Rights Watch encontró graves fallas en la aplicación de esta política y en garantizar el cumplimiento de sus protocolos vinculantes. El esfuerzo se ve significativamente afectado por la grave escasez de departamentos de consejería estudiantil, que son fundamentales en la detección y denuncia de casos. En algunas instituciones educativas o distritos, los psicólogos educativos cuentan con poco apoyo y los docentes, personal educativo y autoridades distritales los disuaden de presentar denuncias. El gobierno tampoco parece haber tomado las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de sus políticas en los colegios privados.

Muchas víctimas y sus familias también se encontraron con serios obstáculos en su búsqueda de justicia. Los procedimientos judiciales a menudo se retrasan y no siempre se llevan a cabo respetando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los datos de la Fiscalía General del Estado analizados por Human Rights Watch muestran que solo el tres por ciento de los casos denunciados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes fueron a juicio entre 2015 y 2019. La mayoría de las familias dijeron haber sentido que tenían que luchar para obtener justicia, en ocasiones empleando sus propios recursos económicos, lo cual, a su vez, afectó la salud mental y el bienestar de toda la familia.

En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos examinó por primera vez un caso sobre violencia sexual en instituciones educativas. En su sentencia determinó que Ecuador era responsable de los abusos contra Paola Guzmán Albarracín, una estudiante de secundario que fue violada por el vicerrector de su escuela durante más de un año. Paola se suicidó en 2002. La corte ordenó al gobierno de Ecuador que otorgase una reparación integral a la familia de Paola y que celebrase a más tardar en diciembre 2020 una ceremonia pública de alto nivel para reconocer su responsabilidad internacional.

Antes de dejar la presidencia en mayo de 2021, el presidente Moreno debería asegurarse que se cumplan todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en junio, o que estén en proceso de ser implementadas dentro de los plazos establecidos por el tribunal, dijo Human Rights Watch. Moreno también debería ofrecer, sin demora, una disculpa pública a los y las sobrevivientes de violencia sexual en las instituciones educativas. El gobierno de Moreno debería establecer de manera expedita un fondo nacional de reparaciones para sobrevivientes de violencia sexual, con un sistema de monitoreo para garantizar que las instituciones gubernamentales cumplan plenamente con las órdenes judiciales de tribunales nacionales.

Ecuador debería adoptar una agenda estatal de tolerancia cero ejecutable a largo plazo, con un fuerte énfasis en la prevención de casos, y en una respuesta adecuada ante abusos, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería aumentar los recursos para prevenir y responder a la violencia sexual en las instituciones educativas y restablecer los presupuestos para implementar sus políticas nacionales para prevenir la violencia de género y los embarazos de adolescentes.

También debería aumentar y garantizar el apoyo a los departamentos de consejería estudiantil y equipos de psicólogos educativos, asegurar que tanto las escuelas públicas como privadas cumplan con su obligación de denunciar los casos de violencia sexual, y garantizar que todas las denuncias se investiguen adecuadamente. Las instituciones judiciales deberían garantizar que los procesos se adapten adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes y apoyen a sus familias, defendiendo sus derechos a un juicio justo y a una justicia reparadora.

“Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y abordar la violencia sexual en sus instituciones educativas son importantes, pero también deberían enfocarse en prevenir estos abusos”, dijo Martínez. “Para que la tolerancia cero sea una realidad, es necesario que todos los docentes y personal educativo y gubernamental protejan a los y las estudiantes y garanticen que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros en las escuelas”.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/12/09/ecuador-altos-niveles-de-violencia-sexual-en-las-escuelas

 

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La violencia machista como exponente de desigualdad urbana

Reseñas/Noviembre 2020/elpais.com

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, exigimos una visión de género en las políticas públicas de nuestras ciudades y metrópolis

La Violencia contra las Mujeres y las Niñas (VAWG, por sus siglas en inglés) es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y más toleradas en todo el mundo. Tiene lugar en todas partes del espacio urbano: en el hogar, en el trabajo, en las plazas públicas, los parques, los mercados, las calles, los baños o el transporte público. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, debe invitarnos no solo a visibilizar y denunciar esta preocupante situación, que se ha visto empeorada enormemente durante la pandemia de la covid-19, sino también a exigir la incorporación de una visión de género en toda política pública de nuestras ciudades y metrópolis.

Que las mujeres y niñas se sienten inseguras en las grandes ciudades no es una sorpresa para nadie. En todo el mundo, la atención y el acoso no deseados, el miedo a las agresiones y los abusos cuando viajan solas, después de la noche e incluso a plena luz del día cambian la forma en que experimentan la vida en la ciudad, según la ONG Plan International. Más que nunca, la crisis de la covid-19 nos ha revelado que, efectivamente, ellas experimentan el espacio público de una manera diferente a la de los hombres y los niños, ya que son víctimas de diversas formas de desigualdad, discriminación y violencia.

Las medidas actuales como el distanciamiento social y los toques de queda, han reducido el número de personas en la calle, lo que ha dado lugar a un mayor riesgo de violencia sexual; esta realidad puede afectar aún más a la autonomía de las mujeres y al acceso al empleo y a los servicios esenciales durante el encierro, según explica ONU Mujeres. Dicho de otro modo, la violencia en los espacios urbanos es uno de los principales obstáculos para su participación como ciudadanas de pleno derecho.

Ellas experimentan el espacio público de una manera diferente a la de los hombres y los niños, ya que son víctimas de diversas formas de desigualdad, discriminación y violencia.

La violencia de género también se comete en el entorno privado o doméstico y, el alarmante aumento de la misma se ve reflejado en datos: en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Hablamos de un momento en que muchas mujeres y niñas deben convivir día tras día con su agresor en un contexto de aislamiento social y con unos servicios de apoyo inaccesibles o interrumpidos, en muchos casos.

Precisamente, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las organizaciones MetropolisCities Alliance y CGLU lanzan una campaña que pone el foco en la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios urbanos de todo el mundo, tanto en el ámbito privado como el público, los espacios digitales e, incluso, en los propios gobiernos e instituciones. Bajo el lema Liberemos nuestras comunidades, ciudades y metrópolis de la violencia de género, instan a gobiernos locales, regionales y metropolitanos a adoptar urgentemente un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva de género en todos los esfuerzos y servicios para responder a la crisis de la pandemia.

Construyendo metrópolis más seguras: Iniciativas y prácticas inspiradoras

Algunos gobiernos a nivel local y metropolitano han empezado a tomar en serio esta cuestión, especialmente en tiempos de pandemia y aislamiento social.

A modo de ejemplo, algunas de las iniciativas recogidas en la plataforma colaborativa Ciudades para la Salud Global: En Bogotá se ha creado la estrategia Espacios Seguros en alianza con 630 tiendas y supermercados para prevenir y atender casos de violencia intrafamiliar. En Bruselas, por su parte, han lanzado la campaña Nada justifica la violencia doméstica para concienciar sobre la violencia intrafamiliar, que ha ido en aumento desde el inicio de la pandemia.

Solo diseñando políticas públicas que aborden la desigualdad urbana, podremos reducir la violencia de género.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha añadido recientemente un nuevo canal de servicio para proporcionar información, apoyo y asesoramiento en casos de violencia de género: Boti, el WhatsApp de la ciudad, para aquellas que necesiten ayuda puedan solicitarla automáticamente a través del chat sin necesidad de hablar por teléfono.

Como apuntan las organizaciones impulsoras de la mencionada campaña, esta violencia no es más que el resultado de la desigualdad de género existente en las zonas urbanas, multiplicada y exacerbada por la pandemia, como venimos de ver. Además, es una cuestión derivada de múltiples factores públicos y privados, socioeconómicos y políticos que se superponen. Por ello, las intervenciones públicas dirigidas a erradicarla pasan por abordar las causas subyacentes de esa violencia, incluidas las normas sociales y culturales basadas en el género. En otras palabras, solo diseñando políticas públicas que aborden la desigualdad urbana, podremos reducir la violencia de género.

Pero fundamentalmente, todas estas reivindicaciones y propuestas acaban desembocando en un mismo mar: la necesidad de repensar nuestras ciudades y metrópolis para que sean más inclusivas, donde las autoridades, en todos los niveles, trabajen codo con codo con las mujeres y niñas, escuchen sus experiencias y necesidades, y las hagan partícipes en el diseño y la planificación urbanos. Convirtamos la crisis de la covid-19 en una oportunidad para eliminar de una vez y para siempre la violencia contra mujeres y niñas de nuestros espacios urbanos.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/11/23/seres_urbanos/1606143416_695466.html

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¿16 o 18 años?

Por: Elisabeth De Puig

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

Poco a poco nuestra sociedad se ha ido movilizando en contra del matrimonio infantil. Hoy en día, no solamente se oyen las voces de organizaciones o instituciones como Plan Internacional, Save the Children o Unicef, que han estado en la delantera en la lucha contra este flagelo desde hace años.

Con el cambio de gobierno se sienten nuevos aires que van a la par de un mayor empoderamiento de la sociedad frente al hecho que todavía en el siglo XXI haya tantas de nuestras niñas y adolescentes presas de la violencia sexual.

Esta movilización ciudadana se comprobó cuando la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados examinó, en su sesión del pasado miércoles, el proyecto que busca prohibir el matrimonio infantil antes de los 18 años.

A raíz de un tuit del legislador Omar Fernández, que anunciaba un empate del voto en la comisión y una contrapropuesta de algunos legisladores, en el sentido de permitir la unión legal de adolescentes a partir de los 16 años, siempre y cuando su pareja no le supere de más de ocho años se sintió una vigorosa ola de protesta por las redes.

Frente a la vigilancia de la sociedad civil, la comisión de Justicia dio marcha atrás y acogió la propuesta del diputado José Horacio Rodríguez de modificar el artículo 144 del Código Civil de la siguiente manera: “El hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los dieciocho años de edad”, derogando al mismo tiempo el artículo 145 del mismo código.

Antes de la votación del pleno de la Cámara de Diputados, el presidente de la República no solamente se ha manifestado de manera tajante en contra del matrimonio entre adolescentes, sino que también ha motivado y logrado un consenso histórico de todos los partidos sobre lo que él ha llamado un compromiso político de toda la Nación y lanzado la creación de un gabinete de Niñez y Adolescencia.

De todas maneras, cualquier modificación de esta índole que no protegiera los y las adolescentes de menos de 18 años hubiera sido contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño y otros convenios internacionales ratificados por la República Dominicana que forman, junto a la Constitución, un bloque que no es divisible según la jurisprudencia.

La atención de adolescentes hasta esta edad debe incluir los mismos factores de protección que a todos los niños, niñas y adolescentes: la educación, la nutrición, la salud, la promoción de actividades familiares y recreativas, la atención del desarrollo emocional, entre otros.

Las reformas legales son importantes, pero para su efectividad se necesita un marco político adecuado. Debemos estar conscientes que ganar la batalla que se está librando ahora contra el matrimonio infantil será una gran victoria a favor de nuestras niñas y adolescentes, pero que esta será una victoria pírrica si no se lucha contra las desigualdades y si no se trabaja para generar y aplicar políticas públicas integrales con presupuestos públicos a la altura de los retos societales que afrentamos.

El matrimonio infantil generalmente ocurre fuera de la ley como «uniones informales»: las niñas se mudan -o más bien son mudadas- a hogares de hombres adultos. Estas uniones informales son más difíciles de denunciar y dejan a las niñas vulnerables sujetas al abuso y con poca protección legal contra sus maridos.

En nuestros sectores más desfavorecidos algunas niñas ven en estas uniones una forma de salir de hogares violentos, cayendo en manos de hombres tanto o más abusadores que aquellos con los que ellas convivían en sus familias de origen.

Muchas veces esta salida es aprobada por la familia que se quita una boca de encima y a menudo recibe beneficios económicos de esta situación.

Debemos estar claros, la pandemia no favorece la superación de la situación de desamparo que prevalece en nuestros barrios vulnerables y ha desmantelado muchas redes de apoyo y de protección.

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

En esta sociedad desigual una gran parte de nuestra gente con limitados recursos y escasos niveles de educación no encuentra más alternativas que desarrollar estrategias de sobrevivencia dentro del marco machista, patriarcal y violento en el cual se desenvuelve.

Violencia intrafamiliar, matrimonio infantil, embarazos precoces y feminicidios, todo tiene un hilo conductor y son productos de una sociedad que ha considerado tabú la educación sexual integral en las escuelas, que no acepta las tres causales para el aborto y que se refugia cada vez más en el conservadurismo religioso.

El marco jurídico favorable por el cual estamos propugnando aumentará la conciencia pública acerca de las consecuencias sociales, físicas y emocionales de los matrimonios precoces y debería contribuir a la movilización de las comunidades opuestas al matrimonio infantil.

Al Estado le corresponde trabajar de manera transversal y de la mano con la sociedad civil para implementar estrategias de prevención múltiples y específicas a fin de empoderar a las niñas para que estas puedan tomar decisiones sobre su vida, luchar contra la deserción escolar, mejorar su accesibilidad a la educación formal, mantenerlas en la escuela y que se casen más tardíamente. Se requiere igualmente educar y movilizar los padres y la comunidad.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/16-o-18-anos-8883964.html

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