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México: El pin parental, la nueva avanzada de la agenda nacional de la derecha

América/México/05/08/2020/Autor: Marcos Nucamendi/Fuente: piedepagina

 

Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista

 

PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.

A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos  conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.

De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.

Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.

Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.

“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.

La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.

Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres

Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.

Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.

La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.

Estado, único rector de contenidos educativos

El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.

Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.

Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.

Jason Goh | Pixabay.

Grupos conservadores, detrás del pin parental

El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.

A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.

Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.

“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.

Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.

Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.

El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.

En marcha, agenda nacional antiderechos

El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.

Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.

Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.

En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.

Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos

Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.

“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.

Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.

La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.

María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.

*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

Fuente: https://piedepagina.mx/el-pin-parental-la-nueva-avanzada-de-la-agenda-nacional-de-la-derecha/?s=pin+parental&submit=Buscar

Imagen: Flirck y Jason Goh | Pixabay

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Libro(PDF): «Heteronomías en las ciencias sociales. Procesos investigativos y violencias simbólicas»

Reseña: CLACSO

Este trabajo no busca cuestionar ni desacreditar la imprescindible actividad académica, ni sus enormes aportaciones sociales, ni dejar de reconocer el trabajo serio, riguroso y socialmente incidente que han realizado y realizan una gran cantidad de científicos sociales. Sabemos y reconocemos que desde las ciencias sociales se imprime mucho esfuerzo, conocimiento y compromiso en aras de resolver problemas económicos, políticos, psicosociales y ecológicos y que esta labor la realizan de manera cotidiana y sistemática colegas que trabajan con una enorme empatía social y respeto a las comunidades, los grupos o los sectores sociales con quienes investigan. Sin embargo, también reconocemos sesgos importantes inscriptos en el propio campo científico donde prevalecen orientaciones vinculadas con enfoques neoliberales de la ciencia, donde más allá de la perspectiva teórica con la que se investiga, predomina la impronta neoliberal monológica, heteronómica y extractivista que incluye violencia simbólica y participa en la reproducción de las relaciones de poder dominantes.

De la Introducción de José Manuel Valenzuela Arce

Autor (a): José Manuel Valenzuela Arce.

Editorial/Edición: CLACSO

Año de publicación: 2020

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-633-1

Idioma: Español.

Descarga: Heteronomías en las ciencias sociales. Procesos investigativos y violencias simbólicas

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2215&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1406

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La violencia sexual contra las mujeres indígenas: más que indisciplina

El trabajo de la brasileña Rita Segato y las dominicanas Ochy Curiel y Yuderkys Espinosa, introduce la palabra colonialismo para pensar lo específico de la relación entre el “Estado”, y las comunidades indígenas y afro que habitan territorios propios.

En mi columna anterior llamé la atención sobre la importancia de pensar la situación de la violencia sexual contra las mujeres indígenas y afro en nuestro país a la luz del lente de lo interseccional. Sugerí que si seguimos pensando que la violencia sexual siempre es la misma, la expropiación de la subjetividad de las mujeres, no vamos a avanzar mucho en comprender por qué se despliega de manera distinta entre distintos actores en distintos lugares ni vamos a poder reflexionar sobre las mejores maneras de prevenirla y repararla.

No es solamente darnos cuenta que la violencia sexual contra mujeres indígenas y afro tiene características de crueldad y sevicia, de desprecio, que generalmente no están presentes en la violencia sexual contra otras mujeres. Es darnos cuenta que los cuerpos de distintas mujeres están marcados por distintos significados y, por tanto, que “tomarlos” quiere decir cosas diferentes.

Me ha costado mucho trabajo empezar a entender el punto de vista de las mujeres indígenas y afro. Cuando intenté trabajar con algunos grupos indígenas en la pregunta por las mujeres y mandé como mensajera a una de las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la respuesta que recibí es que “ellos no quieren pasar otra vez por esa línea de preguntas. Les basta decir que su mundo está estructurado por dos polos complementarios y que en esa complementariedad hay igualdad”.

Por mucho tiempo no encontré lecturas relacionadas con el feminismo indígena que no replicaran esta frase de cajón. En la torre de marfil que es la Universidad de los Andes, he tenido pocas oportunidades de aprender de mujeres afro. Encontré algunas en mis estudios en el exterior. En mis cursos de los últimos años, y haciendo homenaje al reclamo de que las voces de mujeres diversas entren en los salones de clase, he asignado lecturas que me sugieren mis estudiantes y hemos visto juntos vídeos en los que se expone el proyecto del feminismo negro.

La reciente aparición de los eventos de violencia sexual contra mujeres indígenas por parte de militares y policías es por esta razón sorprendente y muy importante. Esos datos, que hace rato están en manos de las organizaciones de mujeres y funcionarios públicos, han dormido en los cajones y archivadores por más de diez años sin diferenciación y sin relevancia en el mar de impunidad que es la “violencia sexual del conflicto armado”.

En un trabajo que hicimos para el Ministerio de Justicia en 2016, mostrábamos ya que la violencia sexual contra mujeres indígenas y afro es distintiva; no solamente porque la ejercen con más frecuencia las fuerzas “regulares”, sino porque cuando la realizan grupos armados irregulares es parte de un conjunto de agresiones que generalmente termina en la muerte. Sugerimos, como lo han dicho muchos en este debate, trabajar en la reforma de las fuerzas militares.

Pero ya en ese momento estábamos convencidas de que se necesitaba algo más que las capacitaciones éticas y de género. Esta reforma estructural es parte de las transiciones y supone depuración y profesionalización de los ejércitos para darles herramientas y prestigio que les conduzca a un respeto de la normatividad que están destinados a proteger.

También sugerimos un trabajo con las jurisdicciones indígenas para fortalecer su capacidad de investigación y sanción de los daños que sufren las mujeres de la comunidad. Pensamos en ese momento, en línea con lo que han sugerido otras autoras en América Latina, que por difícil que sea la lucha interna por los derechos, la discriminación en la rama judicial es de tal magnitud que es difícil hablar de justicia: no hay traductores oficiales, no hay abogados con entrenamiento específico, se reproducen los estereotipos raciales y culturales, se prolonga indefinidamente la solución del asunto. No pudimos participar en los proyectos que siguieron a este, pero parecería que en cuatro años poco ha pasado en estos dos frentes.

El trabajo de la brasileña Rita Segato y las dominicanas Ochy Curiel y Yuderkys Espinosa, introduce la palabra colonialismo para pensar lo específico de la relación entre el “Estado”, representado como fuerzas militares, y las comunidades indígenas y afro que habitan territorios propios. En los casos que han aparecido recientemente en la prensa, ha sido difícil encontrar un enfoque que nos explique, en línea con lo que sugieren estas autoras, cómo y por qué están los militares viviendo tan cerca de los territorios indígenas. Si los territorios indígenas son los remansos de paz que nos han dibujado cuando los declaran reservas naturales, con los indígenas cuidando sabiamente a la madre tierra, ¿por qué necesitan la vigilancia de militares en las calidades y cantidades que finalmente propician estos ataques a las comunidades? Sería difícil creer que no hay intereses económicos de gran envergadura que subyacen a la movilización de esas tropas. No estoy en contra de esta estrategia en abstracto, pero es difícil no sospechar cuando se supone que el conflicto ya terminó (para unos en 2005 y para otros en 2016). ¿Será que ahora el Estado va a proteger a quienes infringen normas?

Por otra parte, ¿por qué sale todo el mundo a decir que lo que pasa es que a las comunidades indígenas no les importa la violencia sexual y que por eso a los militares hay que condenarlos con las penas más altas posibles de prisión ante la justicia ordinaria? En particular, la Corte Suprema de Justicia (según lo reporta El Espectador) ha anunciado que estos casos no pueden “salir” de la justicia ordinaria, así se cumpla el criterio de que el delito haya ocurrido en el territorio indígena, porque en la justicia indígena las víctimas carecen del acompañamiento psicológico y las garantías procesales que les ofrecen los jueces ordinarios. Por ser sujetos de especial protección, solamente pueden ser “cuidados” por los jueces “blancos”.

Raro que el proceso profundamente espiritual que han propiciado las comunidades como forma de sanación para sus víctimas, ahora resulte menos bueno que un tratamiento psicológico sometido a las lógicas del financiamiento estatal de la salud: tres citas de 15 minutos para que se cure del todo. Tampoco hay que descartar que en muchos casos las autoridades indígenas carezcan de los recursos para proteger a sus propios miembros y que castigar a personas ajenas a su cultura puede terminar en sanciones como el encarcelamiento.

El balance que habría que hacer es por cómo construimos un mundo en el que empecemos restituir el equilibrio destruido, para las mujeres y para las comunidades. Definitivamente creer que las comunidades ancestrales carecen de sistemas normativos suficientemente fuertes como para proteger a sus miembros agrega el desprecio cultural a la explotación económica que parece estar cada vez más presente en la relación entre el “Estado” y estos pueblos.

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Un genocidio está sucediendo en Nigeria ante los ojos del mundo

África/ Nigeria/ 14.07.2020/ Por: Marleidy Muñoz  /Fuente: adncuba.com.

 

En Nigeria están ocurriendo atrocidades genocidas perpetradas por Boko Haram, un grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico y las milicias fulani. Sus crímenes continúan sin denunciarse ante la comunidad internacional mientras mueren miles de personas

Después de las atrocidades genocidas que ha sufrido la humanidad en los últimos seis años, primero en Siria Irak, perpetradas por Daesh contra minorías religiosas como los yazidíes y los cristianos; y la segunda en Myanmar, cometidas por el ejército birmano contra los musulmanes rohingya y otros grupos religiosos: continúan las barbaries.

En Nigeria están ocurriendo monstruosidades masivas perpetradas por Boko Haram, un grupo terrorista de carácter fundamentalista islámico y las milicias fulani en el Cinturón Medio. Sus crímenes continúan sin denunciarse ante la comunidad internacional y disímiles interrogantes siguen vigentes mientras mueren miles de personas:

¿Cómo explicará el gobierno nigeriano los asesinatos en masa registrados en el país? ¿Qué está haciendo el gobierno nigeriano para garantizar que los actos sean investigados y los autores procesados?

Un reportaje publicado recientemente por Forbes, centra la atención en el destino que sufren los nigerianos afectados y totalmente desprotegidos ante los conflictos y el acercamiento a estas atrocidades que han tenido algunas entidades internacionales.

Según refiere la autora del texto publicado por la revista ForbesEwelina U. Ochab, defensora de los Derechos Humanos y cofundadora de la Coalición para la Respuesta al Genocidio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre la situación en Nigeria, en noviembre de 2010. Luego la Oficina del Fiscal (OTP), recibió varias comunicaciones que sugerían hechos atroces de carácter masivo y que involucraban a militantes de Boko Haram con sede en Nigeria.

“Tras identificar múltiples problemas que requieren un escrutinio más detallado, la Fiscalía mencionó seis casos potenciales en los que Boko Haram había cometido crímenes contra la humanidad y dos casos en los que las fuerzas de seguridad de Nigeria cometieron tales crímenes”, señaló la revista Forbes y detalla que los seis casos incluyen:

1) Dirigidos a no creyentes que resultaron en varias muertes; 2) secuestros y encarcelamiento de civiles, asociados con asesinatos, torturas, tratos inhumanos y degradantes; 3) ataques a escuelas, otros edificios destinados a la educación y ataques contra estudiantes y maestros; 4) reclutamiento y uso de niños soldados; 5) ataques contra mujeres y niñas; 6) focalización intencional de edificios designados para prácticas religiosas, incluidas iglesias y mezquitas.

La consecuencia de no renunciar a su fe. Historia de una víctima

Leah Sharibu, una niña nigeriana de 15 años, fue una de las 110 colegialas secuestradas por Boko Haram de su escuela en Dapchi, Nigeria, en febrero de 2018. Forbes, precisó que a pesar de que la mayoría de las niñas han sido liberadas, Boko Haram se negó dejar ir a Leah.

Según una de las otras chicas, Leah se negó rotundamente a renunciar a su fe cristiana, razón que provocó que el grupo terrorista continúe esclavizándola.

“Atacar a mujeres y niñas es una táctica característica de Boko Haram. Somete a mujeres y niñas a abuso físico y mental, violación y violencia sexual, trabajo forzado y mucho más. Sin embargo, entre sus atrocidades, las que son de naturaleza religiosa también son importantes y no se pueden descuidar”, subrayó en su texto Ewelina U. Ochab.


Atrocidades masivas en Nigeria que requieren atención urgente

El 15 de junio de 2020, el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos del Reino Unido para la Libertad Internacional de Religión o Creencia (APPG), publicó un informe sobre las atrocidades masivas perpetradas en Nigeria por la milicia Fulani.

En el documento «Nigeria: ¿Despliegue del genocidio?» se señala: “Se desconoce el número exacto de muertes. Sin embargo, se cree que miles de civiles fueron asesinados en ataques dirigidos por pastores fulani (un pueblo nómada mayoritariamente musulmán, que vive en el Sahel) y violencia periódica en represalia.

Los pastores fulani (también llamados fulas, peuls, fulbes) “van armados hasta los dientes, matan a mujeres embarazadas y niños y destruyen nuestras granjas”, declaró Mons. William Amove Avenya, Obispo de Gboko, en declaraciones para la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN). En su diócesis, ubicada en el estado nigeriano de Benue, mayoritariamente cristiano, desde el año 2010, los ataques por grupos pertenecientes a este pueblo se han saldado con miles de muertes, con asaltos provistos de numeroso armamento, que también están provocando la huida de la población hacia el sur del país.

“Los fulani se han cobrado en el año 2018, muchas más víctimas que Boko Haram, pero no se hace nada”, señala el prelado.

Por su parte, Humanitarian Aid Relief Trust informa que más de 1,000 cristianos fueron asesinados entre enero y noviembre de 2019, «además de las más de 6,000 muertes estimadas desde 2015». Amnistía Internacional estima que entre enero de 2016 y octubre de 2018 «al menos 3.641 personas pudieron haber muerto, 406 resultaron heridas y quemaron 5.000 casas. Grupos locales, como la Asociación Cristiana de Nigeria, reportan cifras más altas: entre enero y junio de 2018, más de 6,000 personas fueron asesinadas por pastores fulani», publicó Forbes.

La milicia fulani continúa perpetrando atrocidades masivas en el Cinturón Medio de Nigeria. Sus crímenes continúan sin denunciarse.

A principios de este año, Lord Alton de Liverpool, la baronesa Cox, el diputado Fiona Bruce y muchos otros parlamentarios británicos escribieron a la Corte Penal Internacional (CPI), enviando nuevas evidencias de las atrocidades para la consideración de la Fiscalía.

No obstante, aún no se tiene certeza si los casos serán considerados por la CPI. Sin embargo, está claro que el Gobierno nigeriano no abordará el delito de manera adecuada o en absoluto. De hecho, según una declaración del portavoz del presidente Muhammadu Buhari, Garba Shehu, las «falsas acusaciones de persecución de los cristianos» son «una campaña muy engañosa».

“Si el gobierno nigeriano es ciego al tema de la persecución religiosa en el país, está claro que el tema no será abordado”, concluyó Ewelina U. Ochab.

Hay varios pasos que deben tomarse para abordar atrocidades genocidas. El Grupo Parlamentario de Todos los Partidos del Reino Unido para la Libertad Internacional de Religión o Creencia (APPG), -según asegura Forbes– los mapea, incluidas investigaciones y enjuiciamientos exhaustivos. Sin embargo, la respuesta integral no sucederá hasta que reconozcamos, de una vez por todas, la naturaleza y la gravedad de las atrocidades. Los crímenes deben ser reconocidos por lo que son y «una campaña muy engañosa» no es ese nombre.

Fuente de la noticia: https://adncuba.com/actualidad/internacional/un-genocidio-esta-sucediendo-en-nigeria-ante-los-ojos-del-mundo

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Las sursudanesas supervivientes rompen el tabú de la violencia sexual

África/Sudán del Sur/09 Julio 2020/elpais.com

Una ola de denuncias de agresiones se ha extendido por las redes para señalar a los responsables, para gritar el hartazgo y para generar un cambio social

“Escucha a una superviviente sursudanesa”, ha sido el mensaje recurrente en los círculos de las comunidades del país más joven de África y su diáspora en los últimos días. Lo que seguía eran los escalofriantes testimonios de todo tipo de episodios de violencia sexual sufrida por mujeres, explicados en primera persona por las… ¿víctimas? No, por las supervivientes. La ola de confesiones y denuncias se originó en la diáspora y fue impulsada por mujeres sursudanesas por todo el mundo, cuando las jóvenes residentes en el país se unieron a esta corriente, se convirtió en un tsunami dispuesto a levantarse sobre una sociedad en la que las mujeres intentan hacer oír su voz por todos los medios.

La experiencia que ha querido compartir la activista Ayak Chol Deng Alak representa de manera gráfica lo que supone un clima de violencia contra las mujeres muy enraizado. La joven sursudanesa, conocida como activista cultural y fundadora del movimiento Anataban ha explicado en tres tuits un repertorio de episodios de agresiones y abusos sexuales que empezaron cuando solo tenían ocho años y se fueron sucediendo durante su adolescencia y juventud, todo tipo de violencias y cometidos por todo tipo de hombres. Sin embargo, el cuarto mensaje sucesivo es igualmente representativo del espíritu de esta corriente de denuncias. “Ser una superviviente de la violencia sexual y la violación significa que viviré para siempre con lo que me pasó”, advertía la activista que concluía el tuit de manera contundente: “Me niego a ser una víctima”.

El fenómeno se extendió activando las redes y, en muy poco tiempo, los mensajes se difundían, se amplificaban, viajaban, se multiplicaban y traspasaban fronteras. Aunque las transiciones se produjeron de manera inmediata, la tormenta se fraguó en la diáspora en las comunidades sursudanesas de Estados Unidos, trasladándose a las de Canadá y Australia, principalmente, para irrumpir en el país, donde las mujeres, las supervivientes, las protagonistas sienten la presión de una manera más intensa.

El detonante de todo este movimiento fue un hecho casi imperceptible. Guye Furula es una joven de origen sursudanés de 26 años que reside en Estados Unidos. Participó en un podcast Views from the Uninspired que conducen unos amigos suyos y que se compartió el 15 de junio. “Empecé a recibir mensajes que me felicitaban por mi valentía”, explica Furula. “También recibí mensajes de mujeres que habían sido agredidas sexualmente”, continúa contando la joven, “las mujeres siguieron tendiéndose la mano y compartiendo sus historias sobre sus propias experiencias de violencia y así es como empezó”. En ese podcastGuye Furula explicaba que ocho años antes había sido agredida sexualmente en una fiesta, después de quedarse inconsciente. Explicaba que no lo había denunciado por miedo, por vergüenza y por una especie de sentimiento de culpa. Explicaba cómo se había comportado la gente a su alrededor en Nebraska, donde residía, y cómo esa experiencia había marcado su vida. Algo en ese relato tocó una tecla y en ese momento se desencadenó una ola de apoyo y empatía que encontró en las redes sociales un camino para extenderse.

A Guye Furula, sin embargo, no deja de sorprenderle la reacción y todo el movimiento que se ha desatado. No era la primera vez que explicaba su experiencia. En 2015, se lanzó a hablar sobre el tema, cuando ni siquiera se lo había contado a su familia. Lo hizo en su canal de YouTube porque consideraba que su experiencia podía ayudar a otras mujeres en la misma situación. “Me chocó mucho la reacción de la comunidad y de mis compañeros”, se lamenta al recordar el momento en el que rompió el silencio. “Tuve una mala reacción porque en ese momento nadie hablaba sobre la violencia sexual y yo no me quedé callada. Ha estado sucediendo durante muchos años y ahora la gente está cansada de llevar esa carga, por eso esta vez ha sido diferente”.

En un primer momento, fueron muchas las mujeres que se decidieron a compartir sus experiencias de violencia sexual, a través de las redes sociales, derribaron las fronteras y eliminaron las distancias que separan a las diásporas repartidas por todo el mundo y a las mujeres que viven dentro de las fronteras de Sudán del Sur, desde los entornos rurales hasta las ciudades, aparecieron las historias de tíos, de primos, de amigos, de novios, de pretendientes o de desconocidos; las confidencias hablaban de violaciones, de acoso, de matrimonios forzados, de agresiones, de proposiciones intimidatorias y de todo tipo de violencias sexuales. “Mi objetivo cuando compartí mi historia”, comenta Furula, “era ayudar a otras a reunir la fuerza necesaria para hablar y compartir sus verdades. Nunca pensé que llegaría a este punto. Creo que ha sido algo hermoso ver a nuestras mujeres de Sudán del Sur hablar porque esto normalmente se esconde y no se habla en nuestra cultura”. Los mensajes de las experiencias en primera persona se mezclaban con los de otras mujeres que no se sentían con fuerzas para denunciar públicamente y compartían sus historias para que otras las publicasen.

Apoyo mutuo y sororidad eran los mensajes que se transmitían. Algunas de las participantes en la acción se ocupaban de compartir recursos e intentar hacer pedagogía, para evitar los tropiezos del lenguaje que no disminuyen la gravedad de los hechos. La insistencia de que la supervivientes no estaban solas se reforzaba con la sensación de comunidad que genera una acción colectiva en las redes. Mujeres con rasgos comunes, en este caso su origen sursudanés; y preocupaciones compartidas, la violencia sexual; que actúan al mismo tiempo y en el mismo espacio, aunque sea virtual; se sienten arropadas y contribuyentes de una misma corriente. Y nada mejor que un hashtag, una etiqueta que diese unidad a las publicaciones y terminase de poner los cimientos de esa comunidad. La rapera Khat Diew propuso #SouthSudaneseSurvivor y esta ha sido la divisa que ha aglutinado una buena parte de los mensajes de esta ola de denuncias. “Me alegro de haber podido reunirnos”, comenta Diew, “para saber que no estamos solas y de haber compartido mi historia. Nuestras mujeres son fuertes y feroces; este movimiento estaba destinado a suceder”.

Como ha ocurrido en acciones similares en otros países, las supervivientes utilizaron las redes para exponer a sus agresores, ante la impotencia de unos sistemas y de unas sociedades que no les ofrecen las garantías para utilizar las vías de denuncia institucionales. Y también en esta corriente de ruptura del tabú de la violencia sexual entre las comunidades sursudanesas empezaron a aparecer, en Twitter y en Facebook, las listas de los hombres señalados como responsables impunes de esas violencias.

Sin embargo, la euforia por esta corriente de liberación ha tenido que enfrentarse a algunos problemas, también. Pronto, los mensajes de apoyo, de ánimo y de solidaridad no fueron los únicos que circularon por las redes. Replicas y desmentidos, reacciones de algunos de los señalados, advertencias, amenazas o acoso, en público o en privado, volvían a poner de manifiesto que la barrera que las supervivientes intentaban saltar era realmente alta. Unas participantes en la acción reafirmaban sus posiciones; otras, intentaban alejarse; y algunas llamaban a cerrar filas y recordaban la tozudez de algunas prácticas culturales con raíces profundas.

La cultura y las normas sociales se han puesto, durante esta campaña en el centro de la crítica. “El problema de las agresiones sexuales y la violencia de género es apremiante y las mujeres de Sudán del Sur se enfrentan a una violencia sexual «innombrable» tanto en las diásporas como en el país”, advertía Khat Diew. Muchas activistas han aprovechado para recordar la normalidad con la que viven los agresores, la necesidad de que la comunidad se oponga a cualquier forma de violencia sexual y de que las familias apoyen a las supervivientes. Y en esa línea intervinieron también algunos hombres sursudaneses, en la necesidad de combatir la educación que reciben los jóvenes y de que los hombres se conciencien de la discriminación y tomen responsabilidades. “Tenemos que cambiar esta cultura que tolera la violencia”, sentenciaba Diew.

Guye Furula se lamentaba del silencio que la sociedad sursudanesa impone sobre esta violencia. “Hay niñas convertidas en novias, matrimonios arreglados y forzados que también acaban generando violaciones y agresiones sexuales. No hay ningún sistema establecido para ayudar a proteger a las mujeres”, advertía la joven. Por su parte, Khat Diew recordaba: “Es imperativo que la comunidad tome medidas para apoyar a estas supervivientes, proporcionar recursos a las mujeres en situaciones de crisis, especialmente en relación con las agresiones sexuales y la violencia de género. Las consecuencias de esta acción aparecerán en forma de educación comunitaria, de divulgación y de apoyo a las supervivientes de la violencia sexual y sus familias para poner fin a los abusos”.

Por su parte, Furual reconocía que los efectos de una acción colectiva como la que se había desarrollado eran difíciles de prever: “No sé qué saldrá de esto. He visto cambios de mentalidad. He visto consecuencias negativas. Los abusadores ya están amenazando a sus víctimas en los medios sociales. Pero también espero que ayude a una especie de curación, que los padres y las familias crean más en sus hijas. Sé que este movimiento ya ha cambiado nuestra comunidad y que nunca volverá a ser igual, pero también sé que será un largo camino para ver qué más ocurre”.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/07/06/planeta_futuro/1594028514_355472.html

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Venezuela: Al menos 19 venezolanas han sido asesinadas en el primer mes de cuarentena, según Cepaz

América del Sur/Venezuela/24-05-2020/Autor(a):Basyl Macías/Fuente: www.el-carabobeno.com 

El informe analiza los asesinatos de mujeres registrados por medios de comunicación digitales, en el período comprendido entre el primero de enero y el 13 de abril de 2020, tiempo en el que se recolectó la evidencia de los femicidios.

Según un estudio realizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), correspondiente al primer trimestre de 2020, al menos 19 mujeres asesinadas en Venezuela, durante el primer mes de la cuarentena decretada por el Ejecutivo Nacional.

El informe analiza los asesinatos de mujeres registrados por medios de comunicación digitales, en el período comprendido entre el primero de enero y el 13 de abril de 2020, tiempo en el que se recolectó la evidencia de los femicidios.

El análisis inidica que durante el primer mes de cuarentena, ocurrieron 19 femicidios. “Esto es, cada 36 horas una mujer fue asesinada en Venezuela. De estas 19 mujeres, dos eran niñas y dos adolescentes”.

Al evaluar las cifras se puede observar que en 31,5% de los casos seis de 19 de estos casos el móvil fue la venganza; en 10,5% de los casos el móvil del crimen fue por violencia sexual.

Uno de estos ataques sexuales fue contra una niña menor de 10 años.De los 19 femicidios, el 42%, o sea ocho casos sufrieron múltiples lesiones, acuchillamiento, golpes y asfixias.

En 26,1% de los femicidios el crimen fue perpetrado con armas de fuego mientras que en dos casos arrojaron el cuerpo en la vía pública y Uno de los agresores se suicidó.

En el 64% de los casos los culpables no han sido capturados por las autoridades.Un dato importante es que cinco niños quedaron huérfanos durante el primer mes de la cuarentena al ser asesinadas sus madres y dos de estos pequeños presenciaron el asesinato de sus madres y el suicidio de sus padre.

En el 42% de los casos, ocho de 19 asesinatos hubo arma de fuego. Uno de los casos fue el de un funcionario activo de las FAES quien asesinó a su pareja y luego se suicidó. Al investigar el lugar donde ocurrieron los crímenes el 42% de estos casos ocurrieron en la casa de la mujer mientras que en 26,3% ocurrió en la vía pública.

Vale destacar que el Monitor de Femicidios registró 167 asesinatos de mujeres durante el año 2019, el año pasado el estado más proclive a la violencia contra las mujeres fue Zulia con 25 casos, seguido por Miranda con 22 asesinatos.

Ese año 52 de las 167 víctimas fueron abandonadas en la vía pública, 18 casos de violación, en 12 casos las mujeres fueron quemadas y en seis casos fueron mutiladas.

En el año 2018 en América Latina se produjeron 3 mil 287 femicidios, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

La punta del iceberg

Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), señala que la impunidad es uno de los graves problemas en la lucha contra la violencia sexista.

“En el informe Violencia sin Límites correspondiente al año 2017, en el que manejamos las últimas cifras del Ministerio Público que salieron a la luz pública, se pudo observar que apenas el 1% de los casos de denuncias de violencia contra mujeres llegaban a juicio”, subrayó.

Encerradas con sus agresores

A ese problema hay que agregar el contexto de crisis que vive Venezuela que sumada a la del COVID-19, deja a las mujeres en condición de vulnerabilidad.“La crisis humanitaria aumenta la brecha de género en cuanto al acceso a alimentos, mejoras y seguridad y a eso debe sumarse que la cuarentena impuesta ante el COVID-19 que implica encerrar a muchas mujeres con sus agresores”.

“Si estamos obligados a permanecer en un solo espacio en el que debemos convivir, no podemos salir a drenar, entonces cualquier diferencia puede generar violencia.

”Dictar medidas de confinamiento genera más presión en los hogares, facilitan episodios de violencia y la no haber lugares a dónde acudir, las mujeres quedan atrapadas con sus agresores y si el contexto no la ayuda muchos de esos casos terminan en homicidios.

Prevenir la violencia

León asegura que es necesario identificar la situación de violencia, luego de identificado el riesgo debe informar a personas del entorno sobre lo que está viviendo, debe pedir ayuda y buscar información sobre instituciones que brindan apoyo, hay líneas de atención telefónica que pueden brindar asesoría ante casos de violencia contra la mujer.

La víctima debe tratar de permanecer en otro lugar, uno que sea más seguro, o estar en contacto con otras personas que sepan lo que ocurre y puedan brindarle protección y seguridad, tener el teléfono con saldo, así como números de teléfonos de ayuda, llamar a personas cercanas cuando se presenten situaciones de violencia.

“La comunidad familiares y amigos pueden hacer cosas, cuando las víctimas no pueden poner límites, otros deben intervenir, se debe reconocer la violencia y actuar la violencia de género es delito, no un problema privado”, señaló finalmente la activista por los derechos de la mujer.

Fuente e Imagen: https://www.el-carabobeno.com/al-menos-19-venezolanas-han-sido-asesinadas-en-el-primer-mes-de-cuarentena-segun-cepaz/

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La espiral de violencia que acompaña a las migrantes en África

Por: Iñaki Makazaga

Los testimonios de 152 africanas entrevistadas, en diferentes situaciones de movilidad y procedentes de distintos conflictos y crisis, desvelan la exposición constante a agresiones que sufren durante su tránsito

Una espiral de violencia acompaña a las mujeres migrantes en África, tan envolvente que el riesgo de sufrir agresiones en sus vidas se reproduce, incluso con más fuerza, cuando deciden abandonar sus hogares precisamente para librarse de ellas.

Así lo ha documentado durante los últimos dos años la ONG Alboan entrevistando a más de 152 mujeres migrantes en diferentes situaciones de movilidad y provenientes de conflictos con crisis de distinto origen y duración. El diagnóstico se presentó recientemente. La prioridad, dicen, es la atención médica y psicosocial así como aportarles formación profesional y acceso educativo para sus hijos. “Queríamos conocer sus demandas y sueños antes de ponernos a trabajar con ellas”, explica la directora de la organización, María del Mar Magallón.

“Todas piden vivir en contextos seguros junto a sus hijas e hijos, y recuperar así la vida que llevaban antes de sufrir la violencia”, concreta. Desde el principio, la ONG quiso detectar los riesgos a los que se exponen las mujeres migrantes del continente tanto por el hecho de ser mujeres como por el motivo de su desplazamiento. Y así amoldar al máximo su manera de trabajar con cada una de ellas. Por eso, una de sus primeras conclusiones del trabajo ha sido incorporar también nuevas maneras de acompañar, a la vez que mantienen exigencias históricas como reclamar la protección internacional con el estatus de refugiadas para todas ellas por el hecho de sufrir violencia de sexual y de género.

Nuevos marcos normativos de protección

El estatus de refugiada, la obtención de permisos de residencia y la reagrupación familiar facilitaría la prevención de nuevas violencias a estas mujeres que se ven obligadas a desplazarse por las agresiones sufridas en origen y se exponen a nuevas violencias durante todo el camino, como explican en el diagnóstico.

Los países en los que han realizado el trabajo de escucha activa han sido Marruecos, como país de tránsito de muchas mujeres de camino a Europa; los campos de personas refugiadas de Gado en Camerún; Lóvua, en Angola; Mabán, en Sudan del Sur; Melkadida, en Etiopía y Kukuma, en Kenia. También hay participantes del entorno urbano de Luanda, en Angola y Johannesburgo y Pretoria, en Sudáfrica. También mujeres desplazadas de la República Democrática de Congo.

Para el posterior desarrollo de los programas cuentan con el apoyo de la red del Servicio Jesuita a Refugiados en el continente africano y diferentes organizaciones locales lideradas por mujeres. La organización congoleña Sinergia de mujeres por las víctimas de violencia sexual es una de ellas. Su coordinadora, Justine Masika, acudió recientemente a Bilbao a apoyar la presentación de este diagnóstico a finales del mes de febrero.

Victimas de violencias solapadas

“Ser mujer en un país en guerra convierte nuestro cuerpo en campo de batalla. Tan sólo nos queda apoyarnos entre nosotras para levantarnos todas las veces que nos violen”, explica ante una sala llena de un público que se ha acercado hasta la sede de Alboan para conocer los detalles del informe.

Masika habla con voz tranquila y en francés. Cuenta cómo en su país las mujeres sufren varias violaciones a lo largo de sus vidas al no encontrar seguridad para ellas con el desplazamiento interno. Por eso, pone en valor el proyecto al recuperar la voz de las mujeres. “En estos contextos de violencia, los más complicado es devolver la autoestima a las mujeres y el mero hecho de escucharlas, ya es un gran paso para empoderarlas”, enfatiza.

En otros contextos, como los del norte de Marruecos, en plena ruta migratoria hacia Europa la vulnerabilidad de las mujeres se incrementa al encontrarse en situación ilegal. Algo que también aporta mayor impunidad a los agresores al no poder acudir las mujeres a la justicia ordinaria.

Lo mismo ocurre también en los campos de refugiados. Lo han comprobado en Camerún, Angola, Sudan del Sur, Etiopía y Kenia donde “la violencia se traslada a este contexto por mantener costumbres como el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o la exclusión educativa de las niñas”.

En este contexto, las mujeres tampoco son capaces de denunciar ante el temor a ser expulsadas de la propia comunidad. La propuesta que se extrae de este diagnóstico contempla desarrollar campañas de sensibilización, también con hombres, en las comunidades. Y exigen mayores dotaciones económicas a las entidades responsables de los campos para mejorar las condiciones de hacinamiento “que también incrementa el riesgo de agresiones sexuales”.

Aquellas mujeres que se desplazan hacia contextos urbanos, como sucede en capitales como Luanda en Angola o Johannesburgo y Pretoria en Sudáfrica, el análisis detecta otro incremento de vulnerabilidad “al exponerse al mundo de la trata y el trabajo doméstico en condiciones serviles”.

La profesora de Relaciones Internacionales y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, Itziar Ruiz-Giménez, explica que la metodología de escucha activa del proyecto aporta un valor en sí mismo. “Ya tocaba cerrar la boca y abrir los oídos para que sean las migrantes en movimiento las que expliquen sus propios sufrimientos por el sencillo hecho de ser mujeres”, señala.

El proyecto ya está en marcha, como lo están sus protagonistas. El diagnóstico ha sido el primer paso. Ahora arrancan los trabajos para atender sus necesidades psicosociales, médicas, de formación profesional y asesoramiento jurídico. En principio, durante los próximos cuatro años 6.400 participantes de estos ocho países diferentes en contextos de desplazamiento serán acompañadas para romper la espiral de la violencia en las que viven y convertirlas en muros de contención que, tal vez, generen espacios seguros.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/04/16/planeta_futuro/1587053570_207340.html

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