Violencia Sexual

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España: La pornografía es la principal profesora de sexualidad de nuestros adolescentes, según un informe de Save The Children

Noticias

  • Save The Children ha dado a conocer el informe Informe ‘(Des)información sexual: pornografía y adolescencia’

  • Casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía a la que acceden por primera vez a los 12 años

  • Más de la mitad de los y las adolescentes que ven contenidos pornográficos se inspiran en ellos para sus propias experiencias y el 30% reconoce que es su única fuente de información sobre sexualidad

Los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 (el 68,2%) consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente (lo han hecho en los últimos 30 días). Este consumo se produce en la intimidad (93,9%), a través del teléfono móvil, y se centra en contenidos gratuitos online (98,5%), basados de manera mayoritaria en la violencia y la desigualdad.

Así lo revela el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia que ha elaborado Save the Children para estudiar el consumo de contenidos sexuales entre la población adolescente y el impacto que estos tienen en sus relaciones y su desarrollo. Además de arrojar luz sobre este asunto, el estudio recoge una serie de recomendaciones sobre cómo abordar la sexualidad para las familias, los profesionales de la educación y de la salud y la propia población adolescente. Del mismo modo, la organización ha elaborado una guía específica para padres y madres.

Las relaciones entre iguales, clave en la iniciación del consumo

En total, el informe ha contado con la participación de 1.753 chicos y chicas de entre 13 y 17 años, que han respondido a una encuesta y participado en diferentes talleres. El análisis se ha hecho con enfoque de género y diversidad para conocer, entre otras cuestiones, si el consumo y la percepción de lo que ven varía según el género o las preferencias sexuales o si el colectivo LGTBI se siente representado.

Según este estudio, las relaciones en grupo entre compañeros y compañeras son clave en la iniciación al consumo: el 51,2%, accede mediante el intercambio entre sus amistades de fotos o vídeos por WhatsApp o redes sociales. Ahora bien, también se dan otras realidades: para un 28,5% (principalmente chicos), la primera toma de contacto responde a una búsqueda activa, mientras que un 17,4% (en su mayoría chicas), se ha encontrado con estos contenidos de forma accidental mientras navegaba por Internet. Para el 30% de los y las adolescentes la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexualidad y casi la mitad de las personas encuestadas echa en falta tener más información sobre cuestiones afectivo-sexuales.

Falta de capacidad crítica para distinguir realidad de ficción

El estudio también revela que el 54,1% de los adolescentes, en su mayoría los chicos, cree que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo que ha visto. El 47,4% de los adolescentes que ha visto contenido pornográfico ha llevado alguna escena a la práctica. En relación a este último punto, Save the Children considera especialmente preocupante que, cuando intentan imitar lo que ven, no siempre solicitan consentimiento previo a su pareja. El 12,2% de los chicos lo ha hecho sin el consentimiento explícito de la pareja y sin que a esta le haya parecido bien, frente al 6,3% de las chicas.

Su deseo sexual se esté construyendo sobre unos cimientos irreales, violentos y desiguales propios de la ficción (Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children)

“Sin una educación afectivo-sexual incluida en el currículo y ante un mundo tecnológico lleno de posibilidades, la pornografía se ha convertido en profesora y consultorio de sexualidad para los adolescentes. El peligro no es que vean pornografía, sino que su deseo sexual se esté construyendo sobre unos cimientos irreales, violentos y desiguales propios de la ficción. También es peligroso que crean que su consentimiento, sus deseos y preferencias, o los del resto, no tienen por qué ser tenidos en consideración”, señala Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children.

El informe constata importantes diferencias entre géneros y orientación sexual. Así, mientras el 87,5% de los chicos afirma haber visto pornografía alguna vez en su vida; este porcentaje desciende al 38,9% en el caso de las chicas (aunque ligeramente más alto entre las adolescentes lesbianas). Ellos la ven casi a diario y ellas una vez a la semana o al mes. Para ellos, el primer acceso responde a una búsqueda activa o una especie de rito de iniciación. Ellas, en cambio, encuentran el contenido mucho más de manera accidental, y están más expuestas a recibirlo de personas desconocidas. Y mientras ellos lo consumen para satisfacer “necesidades instintivas”, las adolescentes lo hacen para aprender qué se espera de ellas.

Prácticas nocivas, violencia y desigualdad

Save the Children ha preguntado a los y las adolescentes si detectan violencia, desigualdad y prácticas de riesgo en lo que ven. El análisis arroja que un porcentaje alto de adolescentes sí es capaz de reconocer todo esto en la pornografía. Sin embargo, entre quienes la consumen con más frecuencia, el 36,8% no diferencia entre la ficción de las escenas y sus propias experiencias sexuales y el 38% no encuentra en ella desigualdad y premia los vídeos en los que existen jerarquías de poder. También destaca que el 27,1% de las chicas no sabe identificar prácticas de riesgo como la ausencia de preservativo.

La organización ha estudiado cómo se traslada todo esto a la realidad y ha descubierto que casi la mitad de la población adolescente (el 46,1%) no utiliza siempre métodos de protección y que el 13,7% no lo hace nunca o casi nunca. Asimismo, el 13,8% de quienes han visto pornografía han entrado en contacto, al menos una vez, con una persona desconocida con fines sexuales a través de Internet. Si bien estas conductas no tienen por qué responder directamente al consumo de pornografía, la ONG considera que son comportamientos preocupantes, ya que pueden entrañar un alto riesgo de sufrir violencia online, tan real y dañina como la física, y en caso de derivar en un encuentro real, pueden provocar que los menores sufran abusos o una agresión sexual que derive en infecciones de transmisión sexual e incluso en un embarazo no deseado.

Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia

Ante los datos que arroja el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, Save the Children recuerda la importancia de que el Congreso tramite cuanto antes la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Esta ley tiene un gran enfoque preventivo e incluye la educación afectivo-sexual como principio transversal en la enseñanza reglada, de modo que el alumnado aprendería en el aula, siempre de forma adaptada a su etapa educativa, conceptos necesarios para ser capaces de detectar la violencia o el abuso como son el consentimiento, la autonomía del cuerpo, el desarrollo de las emociones o la creación de relaciones igualitarias. La ley también incluye campañas de sensibilización para prevenir la violencia y empoderar a la infancia y adolescencia en cuestiones de educación afectivo-sexual y de educación en igualdad de género.

Save the Children pide la colaboración entre la Administración y plataformas de Internet para implementar mecanismos de regulación del acceso a contenido pornográfico

Esta formación tendría que ir acompañada, entiende Save the Children, de educación en ciudadanía digital para que la adolescencia sepa manejar las esferas principales de su vida. “Sin la adecuada educación afectiva y sexual, así como sin la formación en un uso seguro y responsable de Internet, existe una mayor exposición a situaciones y conductas de riesgo. Una actitud crítica ante la información que reciben, lo que ven y lo que comparten, es una herramienta que les acompañará toda la vida”, explica Perazzo.

Del mismo modo, Save the Children pide la colaboración entre la Administración y plataformas de Internet para implementar mecanismos de regulación del acceso a contenido pornográfico, que asegure que menores de edad no acceden a la pornografía. Estas plataformas deben concienciarse y ser responsables, asegurándose de que, si el contenido no es adecuado para menores de edad, no se les permitan el acceso a menores de 18 años. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia también pretende abordar el fomento de contenidos positivos en Internet, así como la colaboración con estos prestadores de servicios y contenidos, con el objetivo de proteger a la infancia frente a contenidos que puedan ser perjudiciales.

Save the Children lleva años trabajando para lograr la aprobación de la ley y pretende llegar al medio millón de firmas para concienciar al Gobierno y a los distintos grupos políticos sobre la importancia de acabar con la lacra social que supone la violencia contra la infancia en España.

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.

Fuente: https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/pornografia-principal-profesora-sexualidad-adolescentes-informe-save-the-children_18_3015345077.html

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Abuso sexual, ¿Quién tiene la culpa?

Tahira Vargas García

Por: Tahira Vargas García

En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

Recientemente nuestra sociedad se ha consternado grandemente por el caso de la niña de 9 años que fue violada y asesinada por un señor que era su vecino.

La violencia sexual es invisible y legitimada. Solo aparece en casos de escándalos públicos o crímenes acompañados de abuso. No se denuncia, no se registra por su normalización histórica y social.

En el estudio de masculinidades y violencia de género que realizamos para Profamilia en el 2019 se muestra la ausencia de responsabilidad y permisividad del abuso sexual en los hombres entrevistados. Estos reconocen que han sido agresores sexuales o que han tenido deseos de violar niñas, mujeres o adolescentes porque “los provocan” o porque están “solas”. En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

La permanencia del abuso sexual en nuestra sociedad está vinculada a la culpabilización de la mujer, niña, adolescente que es víctima o a la madre de la víctima, como es el caso de la niña que fue abusada. Gran parte de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido victimas de abuso sexual lo han vivido al interior de la familia siendo sus agresores padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros o cercanos a la familia, vecinos y compadres. En otros casos aparecen figuras religiosas cercanas a la familia, sacerdotes, diáconos y pastores religiosos que han cometido el abuso o figuras de poder como dirigentes políticos, legisladores, síndicos. Los hombres agresores sexuales no son culpabilizados socialmente. Esos casos pasan por el velo de la invisibilidad y la permisividad y las victimas sufrieron y continúan sufriendo las secuelas de esas historias de abuso e incesto en sus vidas.

EL manejo de la información sobre el caso de la niña abusada y asesinada en las redes sociales y la opinión pública está afectado por los elementos señalados. El imaginario machista en el que los hombres se socializan donde la mujer se convierte en objeto sexual y el hombre tiene permiso de tocar y agredirla si ella lo provoca o está “sola” le da sostén a la impunidad histórica y continua del abuso sexual y su normalización.

Erradicar los abusos sexuales es una tarea de toda la sociedad, tenemos que generar cambios en la población masculina y sus conductas agresoras y de visión de la población femenina como objeto sexual. Ningún hombre o adolescente tiene permiso para agredir sexualmente a ninguna niña, adolescente o mujer independientemente de que esté sola o acompañada, vestida o desnuda. Enseñar el respeto al cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser el objetivo de toda campaña educativa en términos mediáticos y en todos los espacios.

Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/abuso-sexual-quien-tiene-la-culpa-8853179.html

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Qué apariencia tendría una ciudad feminista

Reseñas

Reseñas/Asia/India/elpais.com

Las figuras de los semáforos son solo el comienzo. Bombay ha cambiado las tradicionales siluetas masculinas de cientos de ellos por otras de mujeres. Y crecen estas iniciativas en otras ciudades, un pequeño paso en el camino hacia urbes más igualitarias

En India, los hombrecillos de los semáforos han experimentado un cambio de sexo. De repente, buena parte de las figuras que saludan a los habitantes de Bombay desde los pasos de cebra de las calles llevan falda. La metrópoli es la primera ciudad india que ha sustituido las siluetas masculinas por otras femeninas en, de momento, 240 de estos sistemas de señalización.

Se trata de un pequeño paso para fomentar la igualdad entre sexos, un gesto que indica que el espacio pertenece a todos, incluidas las niñas y las mujeres, que a menudo tienen la sensación de ser un objeto, una presa fácil en la jungla urbana.

Elsa Marie D’Silva también creció con las miradas, las manos ávidas y la inseguridad que forman parte de la cotidianeidad de las mujeres en este país [considerado el país más peligroso del mundo por la violencia de género en repetidas ocasiones]. «Cuando eres una chica joven o una mujer, te miran insistentemente. En los espacios o en los autobuses llenos tienes miedo de que los hombres te toquen, y cuando caminas por la calle, hacen comentarios sobre ti todo el tiempo», denuncia la fundadora de la Fundación Red Dot que lucha contra la violencia sexual.

D´Silva, de 46 años considera que la campaña de las figuras en los semáforos es una buena señal: «Representa un avance importante, porque no se habla lo suficiente de nosotras. No vemos suficientes símbolos de mujeres que inspiren valor».

En las ciudades de India, las mujeres desempeñan un papel secundario. Por ejemplo, hay pocas calles, edificios o monumentos que lleven el nombre de alguna destacada. «Las figuras de los semáforos», afirma, «representan a los habitantes de la ciudad de manera igualitaria y pueden lograr que aumente la sensibilidad, pero no bastan para que las mujeres se sientan a gusto y seguras en los espacios públicos».

Hecha por y para hombres

La seguridad que se siente en una ciudad o en un barrio suele estar estrechamente relacionada con aspectos básicos como la estructura urbana o el sistema de transporte. Sin embargo, en opinión de Leslie Kern, autora de Feminist City (ciudad feminista), las ciudades de todo el mundo han sido hechas exclusivamente por y para hombres. «Las experiencias de las mujeres en la vida urbana y sus necesidades específicas siempre se han contemplado a posteriori. La razón es que la mayoría de los urbanistas y los políticos eran y siguen siendo hombres, y no tienen las mismas experiencias que las mujeres», reflexiona Kern, profesora e investigadora de Geografía, Medio Ambiente y Estudios sobre la Mujer y de Género de la universidad canadiense Mount Allison.

Muchos hombres no pueden imaginar lo que se siente al ser acosada en cualquier momento, tener que apretujarse en el autobús estando embarazada, o coordinar el cuidado de los hijos, con las compras y el trabajo. La división de la ciudad en zonas residenciales, comerciales, de oficinas o industriales pasa por alto el día a día de las mujeres, que por lo general estan obligadas a compaginar su profesión con otras tareas, como el cuidado de los hijos, y con frecuencia deben recorrer grandes distancias entre su casa, el jardín de infancia, el parque, el colegio, los proveedores de servicios (como el médico) y su lugar de trabajo…

Además, ellas dependen más del transporte público que los hombres. Sin embargo, rara vez este medio las lleva directamente de un lugar a otro, lo cual no solo supone tiempo, sino que también afecta a la seguridad de las viajeras. Las ciudades suelen invertir más en construir vías céntricas que en calles peatonales y sistemas de transporte público.

Si bien algunas infraestructuras, como los pasos subterráneos, pueden facilitar el flujo del tráfico, para las mujeres estos túneles ocultos son desagradables, y en caso de agresión sexual se convierten en una ratonera. Además, sin ascensores o escaleras mecánicas, son una barrera para las madres con cochecitos de niño.

Cuenta Kern que, cuando vivía en Londres y se quedó embarazada de su hija, de la noche a la mañana todo se convirtió en una carrera de obstáculos. «De repente parecía que la ciudad me estuviese diciendo que yo no pertenecía a ella», recuerda. «Ya no cabía en el transporte público con el cochecito de bebé ni podía moverme fácilmente por la calle, y la gente me miraba como si no se me hubiese perdido nada en el espacio público».

La falta de ascensores y escaleras mecánicas, así como los escalones, las escaleras con giros demasiado bruscos, las puertas giratorias, las cuestas muy empinadas, las curvas cerradas, los aseos públicos demasiado pequeños, las plazas o las vías estrechas por las que circula un gran número de personas y en las que no queda sitio para los carritos de niño dificultan el tránsito de las madres por la ciudad.

La ciudad feminista

¿Cómo debería ser, entonces, una ciudad justa? «El urbanismo feminista sería aquel que reconociese y remunerase los cuidados no pagados, y en el que las necesidades de las mujeres se tomasen en consideración tanto en el diseño como en las decisiones presupuestarias», aclara Kern. Las ciudades que incorporan la perspectiva de género tienen en cuenta el efecto de cualquier proyecto sobre las circunstancias de la vida de las mujeres y de los hombres. Por igual. Esto incluye, por ejemplo, preguntar a las mujeres qué necesitan y qué quieren antes de ejecutar una obra.

Según Kern, habría que modificar y ampliar los sistemas de transporte público y crear más opciones de vivienda que incluyan alternativas a la familia nuclear tradicional. La co-vivienda, en la que varias familias monoparentales y nucleares viven en comunidad y comparten espacios colectivos turnándose en la cocina, el cuidado de los niños y otras tareas domésticas, ofrecen una posibilidad para aligerar la carga femenina.

De momento, la ciudad feminista es una utopía, pero muchos centros urbanos de todo el mundo están experimentando con pequeñas intervenciones, como baños para mujeres sin techo, equipos móviles contra la violencia de género o incluso esta de Bombay y otras, con figuras femeninas en los semáforos. «El paso hacia la ciudad feminista no vendrá sencillamente de arriba, de los urbanistas y los políticos», piensa Kern. A menudo son las mujeres, así como las organizaciones ciudadanas, las que impulsan estos cambios con sus iniciativas.

Lugares peligrosos

Según Elsa Marie D'Silva, en India también sería importante rediseñar el transporte público para que sea más seguro para las mujeres. En los trenes y los autobuses ya hay asientos y compartimentos especiales para ellas, pero la activista denuncia que
Según Elsa Marie D’Silva, en India también sería importante rediseñar el transporte público para que sea más seguro para las mujeres. En los trenes y los autobuses ya hay asientos y compartimentos especiales para ellas, pero la activista denuncia que «fuera de esos espacios segregados nadie garantiza tu seguridad». DEBAJYOTI CHAKRABORTY NUR PHOTO A TRAVÉS DE GETTY IMAGES

En el marco del proyecto Safer Cities for Girls (ciudades más seguras para las niñas), la ONG de ayuda a la infancia Plan Internacional hizo una encuesta a niñas y mujeres de grandes ciudades como Delhi, El Cairo, Hanoi, Kampala o Lima preguntándoles sobre sus experiencias con el acoso sexual, la discriminación y la violencia, y recogió ideas para hacer las ciudades más seguras.

En las llamadas marchas por la seguridad, las jóvenes recorrieron las calles de su barrio e hicieron fotografías de los lugares peligrosos y los puntos problemáticos, como la falta de alumbrado o los aseos públicos que no se pueden cerrar, y los señalaron en mapas digitales. La documentación digital tiene como fin contribuir a sensibilizar a la población, pero también exigir cambios concretos a la policía, el ayuntamiento o los gobiernos.

En los últimos meses, la organización ha pedido a las niñas y las mujeres de las grandes ciudades alemanas que compartan sus experiencias. En el mapa de Ciudades Seguras, las participantes han marcado, por ejemplo, carriles para ciclistas o paradas no iluminados, o puntos de encuentro de «grupos de hombres sospechosos» que merodean cerca de los bancos, en las plazas públicas o en las estaciones de metro.

Según Elsa Marie D’Silva, en India también sería importante rediseñar el transporte público para que sea más seguro para las mujeres. En los trenes y los autobuses ya hay asientos y compartimentos especiales para ellas, pero la activista denuncia que «fuera de esos espacios segregados nadie garantiza tu seguridad».

A finales de 2012, varios hombres violaron brutalmente a una joven en Nueva Delhi. La víctima murió a causa de las heridas. El caso desencadenó un debate nacional sobre la violencia sexual. D’Silva también quiso hacer algo y fundó con unas amigas la plataforma de microfinanciación Safecity con el objetivo de documentar y denunciar el alcance de las agresiones sexuales. Desde entonces, numerosas chicas y mujeres han aportado más de 13.000 historias que incluyen desde los comentarios de contenido sexual hasta las violaciones.

Cuando los datos indican un punto conflictivo, D’Silva, su equipo y las afectadas se reúnen con las autoridades, las empresas de transporte, la policía y los habitantes de la zona e intentan encontrar soluciones entre todos. Por ejemplo, se han organizado sesiones en las que las jóvenes han pintado murales en los aseos públicos, las calles o los colegios donde ha habido casos reiterados de acoso.

El año pasado, la fundación organizó miles de talleres en los que mujeres y hombres jóvenes hablaron de experiencias dolorosas. Además, los chicos aprendieron que el acoso no es una diversión, y que deben adoptar una postura activa contra la violencia sexual. Y es que los cambios físicos por sí solos no bastan para crear una ciudad en la que las niñas y las mujeres se sientan más seguras.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/10/05/planeta_futuro/1601906471_000087.html

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Estudio. Macroencuesta de violencia contra la mujer: datos, experiencias y violencia revelada

Noticias

Imagina que eres una de las mujeres seleccionadas para ser entrevistada para la Macroencuesta de violencia contra la mujer. Imagina que formas parte de ese 57,3% de mujeres que, en esta última edición de la encuesta, ha declarado haber sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer en algún momento de su vida (si lo ponemos en números, el 57,3% de las mujeres serían aproximadamente unos 11.688.411 de mujeres).

Imagina que formas parte del 1,4% que ha sufrido violencia sexual en los últimos 4 años (en cifras estimadas serían unas 285.823 mujeres). Imagina que eres como ese 49% de mujeres que en la última macroencuesta han identificado al agresor con un amigo o conocido (frente al 21,6% que ha dicho que el agresor fue un hombre de su familia y un 39,1% que ha declarado que fue un desconocido).

Imagina que NO formas parte de ese 8% de mujeres que sí han denunciado la violencia sexual sufrida. Imagina que si te preguntaran, “¿por qué no denunciaste?”, tu respuesta podría ser: “por vergüenza, apuro, no quería que nadie lo supiera” o “porque piensas y/o pensaste en ese momento que la culpa era tuya” o “por temor a que no te creyeran”.

Imagina que nunca se lo contaste a nadie. O quizás sí. Quizás se lo contaste a una amiga, o a dos. Puede que alguna de tus amigas te dijera: “a mí también. Pero no lo había contado”. Y ahí se quedaron vuestras historias. En la intimidad de vuestro círculo de mujeres.

Cuando se habla de datos de violencia machista, se asume que no estamos conociendo toda la violencia que realmente existe. Sabemos que se producen muchas más agresiones machistas de las que se recogen en la macroencuesta de violencia contra la mujer o en otras estadísticas y estudios similares.

Solemos hablar de que solo vemos “la punta del iceberg” de la violencia contra las mujeres. Como se viene indicando desde el año 2015 en la propia introducción al informe de la macroencuesta –pero también en otras encuestas como la Encuesta europea de violencia contra la mujer– esto se debe a que a través de las encuestas solo extraemos la “violencia revelada”: “es decir, las experiencias de violencia que las personas encuestadas, en este caso las mujeres residentes en España de 16 o más años, deciden compartir durante las entrevistas”.

Hay muchas cuestiones de carácter general a las que podemos seguir responsabilizando de que la violencia machista siga siendo uno de los problemas sociales más graves que tenemos en la actualidad. Pero en este artículo queremos centrarnos en una cuestión concreta, de carácter metodológico, que sí hace bien su papel a la hora de medir y visibilizar la prevalencia – este concepto tan familiar ahora en tiempos de pandemia – de la violencia machista hoy día.

Pocas veces se habla de cómo se administran las encuestas – esto es, cómo se hacen las encuestas a las personas seleccionadas que van a formar parte de la muestra-. Sin embargo, es necesario destacar que la Macroencuesta de violencia contra la mujer, desde su edición del  año 2015, toma como referencia las Directrices para la producción de estadísticas de violencia contra la mujer elaboradas por la División de Estadística de las Naciones Unidas en cuestiones tan relevantes como la administración del cuestionario.

En la introducción del documento de resultados de la Macroencuesta, tanto de 2015 como la de 2019 – publicada en septiembre de 2020- , se explica que “la forma de realizar las entrevistas puede producir diferencias importantes en esta violencia revelada”. Por este motivo, la Macroencuesta, siguiendo los estándares internacionales, se lleva a cabo de forma presencial – en el caso de esta última encuesta, el trabajo de campo se hizo durante el 2019- por un equipo formado específicamente en violencia machista e incluyendo técnicas que faciliten el proceso de recogida de información como es el uso de tarjetas para aquellas preguntas más complejas e íntimas.

Como tuvimos la oportunidad de explicar en el “Análisis desde una Perspectiva Feminista Interseccional de la 2ª edición de la Encuesta de Violencia Machista en Cataluña” – proyecto en el que trabajamos la diseñadora Ester Serraz y yo como investigadora, en colaboración con el equipo del Observatori de la Igualtat de Gènere del Institut de Catalá de les Dones – : “para recoger información sobre la violencia contra las mujeres hay que tomar la perspectiva de las propias mujeres y poner en primer lugar la experiencia subjetiva de vivir este tipo de violencias”.

Las encuestas llamadas de “victimización”, como la Macroencuesta, no son solo una invitación a responder preguntas, si no una petición para que se compartan etas experiencias en un contexto que las mujeres pueden sentir como artificial y poco cercano.

Por eso, para garantizar el bienestar y la seguridad de las mujeres encuestadas en primer lugar y, en segundo lugar, para optimizar al máximo la recogida de información sobre violencias vividas, es necesario preparar con cuidado, la forma en la que se van a hacer las preguntas por parte de “un equipo especializado que pueda hacer de la recogida de la información una situación en la que las mujeres se sientan cómodas para contestar a las preguntas y compartir sus experiencias en un contexto profesional de confianza e intimidad”.

Tener en cuenta estas medidas a la hora de diseñar el cuestionario y su administración no solo va a tener un impacto directo en el volumen y calidad de la información recogida sino también va a impactar en la experiencia vivida por la propia mujer encuestada y, con toda seguridad, en la experiencia de las encuestadoras encargadas de hacer las preguntas.

Porque al final, de lo que se trata con una encuesta con las características y el alcance de la Macroencuesta de violencia contra la mujer, es de explorar y comprender al máximo posible la realidad de la violencia machista para poder diseñar políticas y actuaciones efectivas que sigan contribuyendo a erradicar las violencias que seguimos sufriendo las mujeres, por el hecho de ser mujeres.

Fuente: https://rebelion.org/macroencuesta-de-violencia-contra-la-mujer-datos-experiencias-y-violencia-revelada/

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México: Tras violación, maestra de Chihuahua cumple un año en demanda de justicia

Noticias

Tras violación, maestra de Chihuahua cumple un año en demanda de justicia

En 2019 se registraron 17,334 denuncias por violación a nivel nacional, según cifras oficiales. Ese mismo año, ‘Victoria’, una maestra y estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Chihuahua, presentó una denuncia tras haber sido violada por cuatro de sus colegas.

La violación tumultaria que sufrió ‘Victoria’ –nombre ficticio para proteger su identidad– se cometió el 4 de mayo de 2019. Más de un año después, solo uno de sus agresores encara un proceso penal por violación. En entrevista con Expansión Política, ‘Victoria’ narra los obstáculos institucionales a los que se ha enfrentado para que su caso no quede impune.

«Tengo confianza en que se resolverá. Sé que está muy lento y que juegan a cansarme, pero no; yo seguiré firme», expresa.

La violación

El 4 mayo de 2019, ‘Victoria’ acudió con una amiga (quien es estudiante de la UACJ) a una fiesta organizada por otro de los docentes con motivo del Día del Maestro. La reunión se llevó a cabo en casa de uno de ellos y solo asistieron siete personas.

La joven recuerda que en la fiesta hubo consumo de bebidas alcohólicas. En un punto, comenzó a sentirse muy mareada, por lo que trató de buscar a su amiga, pero cuatro de los sujetos le impidieron salir de la casa y fue cuando comenzaron a violarla.

Tres días después, ‘Victoria’, acompañada por una psicóloga y una abogada de la asociación civil Casa Amiga, acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público estatal.

“Las cosas que recuerdo (de esa noche) las declaré en la denuncia que puse el 7 de mayo. Le pedí a mi amiga que me acompañara, pero no quiso aún cuando yo le platiqué todo lo que ocurrió, porque a ella la sacaron de ahí (de la casa); y aunque en un principio me apoyaba, pues es amiga de ellos y se puso de su lado”, dice.

Las personas que ‘Victoria’ señala en su denuncia como sus agresores son Giovanni ‘G’, Alejandro ‘G’, Israel ‘G’ y Roberto ‘S’. Y aunque el quinto docente, identificado como Arturo, no fue denunciado porque no tomó participación directa en la violación, fue él quien sacó a su amiga del lugar, “supo lo que sucedió y después me difamó”, señala la joven.

Fue hasta el 4 de agosto de 2019 que las autoridades lograron la captura, y eso gracias a una supuesta falta administrativa, de uno de los sujetos identificado por ‘Victoria’ como su agresor. Los otros tres se encuentran prófugos.

“Hasta el momento, solo han detenido a Giovanni; (las autoridades) no han hecho nada por buscar a los otros tres; le escribo a los del Ministerio Público (para saber cómo va el caso), pero no me han contestado nada”, lamenta.

Revictimización y difamación

Luego de presentar su denuncia, ‘Victoria’ confió en que solo quedaba esperar a que se emitieran las órdenes de aprehensión correspondientes, pero antes de eso, su caso salió a la luz pública por una filtración al medio local El Diario de Juárez. Esto no solo causó que la joven fuera revictimizada, sino que dio oportunidad para que sus agresores escaparan.

“Mi caso salió a la luz pública porque la misma Fiscalía (General del Estado) lo filtró al Diario de Juárez, que confirmó que tuvo acceso a la carpeta de investigación. En ese medio, pusieron datos sobre mí y detalles del abuso; al final todo el mundo se enteró de algo que yo no quería que se supiera públicamente. Los agresores se enteraron (de mi denuncia) por la nota y se escaparon”, acusa.

Los textos del Diario de Juárez a los que se refiere fueron publicados el 22 y el 24 de mayo de 2019. En el primero se dieron los detalles de la violación, y en el segundo, una columna titulada ‘El inocente perreo con final trágico’ , se destacó el grado académico de los docentes, refiriendo a los hechos como un “infortunio” y “falta de prudencia”, e insinuando que ‘Victoria’, con su denuncia, estaba dañando la vida de sus agresores.

Por los términos que se usaron en la columna para referirse al caso, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) exhortó al medio a ofrecer una disculpa pública, la cual no llegó y, por el contrario, El Diario de Juárez publicó que había sufrido un intento de censura.

Ella explica que a partir de ese momento comenzaron las campañas de difamación al interior de la UACJ, presuntamente por docentes y estudiantes cercanos a sus agresores, entre ellos –acusa la joven– Arturo Paz, la amiga que la llevó a la reunión y José Rurik, secretario general del Sindicato de Maestros del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).

“Algunas personas de la universidad me decían que estaban haciendo campañas de desprestigio, diciendo que yo tenía la culpa de lo sucedido o que yo lo había inventado todo», recuerda.

‘Victoria’ acudió junto con otras docentes a una reunión con el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, para ponerlo al tanto de la violación; éste, inicialmente, le externó que reprobaba los hechos, se comprometió a que no habría represalias en contra de ella ni de la personas que la apoyaban, y que se le brindaría el apoyo necesario.

Pero el 4 de agosto de 2019, día en que Giovanni fue detenido, ‘Victoria’ recibió un mensaje de texto de la coordinación de la carrera en la que era docente desde 2017; en este se le informaba que ya no podría dar clases porque estaba por iniciar su posgrado.

“La universidad, que en ese momento me tenía contratada por honorarios, me mandó un mensaje diciéndome que ya no podía dar clases porque yo iba a comenzar como estudiante de posgrado, y que Conacyt no permite trabajar y ser estudiante. Pero eso no es cierto. El reglamento de Conacyt dice que puedes trabajar siempre y cuando no rebases las ocho horas. Entonces, no tenía sentido, porque yo trabajaba cinco horas”, explica.

‘Victoria’ tuvo que resolver su situación laboral en la Universidad, que en ese entonces era su única fuente de ingresos, logrando que la restituyeran. Pero desde enero de este año, no le volvieron a ofrecer carga académica porque “no han requerido de sus servicios”, según aclaró la institución en respuesta a una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En la misma respuesta, la UACJ indicó que «no se llevó a cabo ninguna acción» para investigar o sancionar las campañas de difamación contra ‘Victoria’, pues, argumentó, la denuncia por este hecho no se presentó ante la Defensoría dentro de los 90 días naturales que establecen los estatutos generales.

Por esta razón, Arturo Paz, a quien la joven señala como testigo de la violación y partícipe de las campañas de hostigamiento, sigue impartiendo clases en la UACJ.

A la par, ‘Victoria’ sufrió revictimización por parte de su abogada, que le fue asignada por Casa Amiga. Desde la audiencia inicial contra Giovanni, celebrada el 6 de agosto de 2019, la litigante le sugirió a su clienta que, si quería, no se presentara a la próxima audiencia, la cual llegó el 8 de agosto. Ese día, el inculpado declaró que la joven lo inventó todo por “cuestiones políticas”.

Al día siguiente, a Giovanni lo vincularon a proceso por violación. ‘Victoria’ se reunió con su abogada para que le entregara el expediente, pues hasta ese punto se le negó supuestamente para que no se filtrara información, y fue cuando le insinuó, tal como hizo la defensa de Giovanni, que ella lo había inventado todo.

“Mi abogada parecía como que le estaba creyendo (a Giovanni). Yo empezaba a ver actitudes extrañas por parte de ella. Entonces me citó en su despacho y le pregunté que qué seguía. Ella me dijo, textualmente ‘es que, maestra, a usted nadie la obligó a ir a esa fiesta, nadie la obligó a tomar, ¿no será más bien que usted se inventó la violación porque alguien se lo metió en la cabeza?’”.

Además, en Casa Amiga le reclamaron por haber ofrecido una entrevista. Para entonces, ‘Victoria’ ya había pedido asesoría con otros abogados en la Ciudad de México, y cuando la asociación se enteró, le retiró el apoyo legal.

Sin avances en el proceso

A más de un año de la captura y vinculación a proceso de Giovanni, no hay avances: es el único detenido y no se le ha dictado sentencia. ‘Victoria’ ha tenido que acudir a los juzgados hasta en tres ocasiones debido a los amparos presentados por la defensa del imputado, pero todas las audiencias se suspenden por una u otra razón.

La joven afirma que en todos estos meses ha intentado comunicarse con el Ministerio Público a cargo de la investigación para localizar a los otros tres agresores, pero no le responden.

Este medio consultó a la Fiscalía de Chihuahua sobre el caso, y la respuesta fue que, aunque los demás implicados están prófugos, se sigue trabajando para llevarlos ante la justicia.

A inicios de este año, al ver que su caso no avanzaba en Chihuahua, ‘Victoria’ viajó a la Ciudad de México para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General del Estado y el Diario de Juárez por filtración de datos y difamación; contra Casa Amiga, por no haberle brindado una defensa legal adecuada; y contra la UACJ por hostigamiento y violación a sus derechos laborales.

La UACJ, a la que también se le pidió una postura, afirmó que a partir de este caso se dio prioridad a la creación de un protocolo de actuación para atender de manera específica los casos de violencia de género que podrían suscitarse dentro y fuera de la Universidad.

“En colaboración con un grupo de profesoras-investigadoras y abogadas adscritas a la Oficina del Abogado General, se trabajó para integrar un proyecto de protocolo para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual, el cual, actualmente se encuentra en proceso de revisión y se pondrá a disposición de la comisión redactora de normatividad de la universidad; se pretende que sea aprobado por el Consejo Universitario y entre en vigor este mismo año”, respondió la casa de estudios a Expansión Política.

“Aquí en Juárez todo está muy hermético y todo está coludido. No tenemos mucho apoyo en este tipo de situaciones. Constantemente matan, secuestran y violan a mujeres, y las autoridades no hacen nada”, lamenta ‘Victoria’.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de Quintana Roo, Chihuahua tiene la tasa más alta de violación a nivel nacional: 16.3 por cada 100,000 habitantes.

Por total de casos, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional, con 619 denuncias registradas de enero a julio de este año. En el mismo periodo, la línea de emergencia 911 recibió 2,180 llamadas de auxilio por violación a nivel nacional, de las cuales, 159 eran provenientes del estado fronterizo.

Fuente de la información: https://politica.expansion.mx/estados/2020/10/04/tras-violacion-maestra-de-chihuahua-cumple-un-ano-en-denuncia-de-justicia-uacj

 

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Brasil enfrenta una «epidemia silenciosa» de violencia sexual contra niñas

Noticias

El aborto legal de una niña de diez años puso en evidencia nuevamente la «epidemia silenciosa» de la violencia sexual contra las menores en Brasil, un país que registra en promedio seis interrupciones voluntarias de embarazo al día y cuatro abusos a cada hora en niñas de hasta catorce años.

«Estamos frente otra epidemia. Es una violencia sistemática y Brasil no consigue ver la dimensión de esta violencia silenciosa en el que las víctimas se callan o son calladas», dijo a Efe Luciana Temer, directora de la ONG Instituto Liberta, especializada en el combate al abuso sexual infantil.

Para Temer, abogada y excomisaria policial, el caso de la niña que fue sometida el domingo a un aborto legal en Recife, capital del estado de Pernambuco, después de ser violada y quedar embarazada de su tío, preso este martes en Belo Horizonte y que confesó que abusaba de la menor desde los seis años, «no es una excepción».

«Es un caso que arroja luz sobre una violencia, pero no es un caso aislado ni individualizado. Este tipo de violencia es cotidiana y, según la plataforma Foro Brasileño de Seguridad Pública, a cada hora cuatro niñas menores de catorce años son violentadas», subrayó la especialista, también profesora universitaria de Derecho.

Violencia sexual

El país registró en 2018 su mayor índice de mujeres violadas, con 60.041 casos en el año, lo que representa 180 ataques sexuales por día, según datos del Foro Brasileño de Seguridad de Pública, publicados en 2019 y en el que se registró que el 54 % de las víctimas eran menores de trece años y el 82 % del sexo femenino.

Sin embargo, Temer considera que los datos, basados en cifras oficiales de hospitales y comisarías especializadas de Policía, reflejan cifras «infinitamente menores» porque «la realidad es mucho peor», y puso como ejemplo que la estadística es liderada por las regiones sur y sudeste (60 %), las más desarrolladas del país.

«Hay un número alto de subnotificación. Es obvio que en las regiones norte, nordeste (las más pobres) y centro-Oeste el número es mucho mayor. Existe menos notificación porque muchas veces la mayoría de casos (72 %) ocurre dentro de casa», apuntó la jurista, quien es una de las hijas del expresidente Michel Temer (2016-2018).

Pese a que el derecho al aborto legal esté garantizado en la legislación brasileña en los casos de violación, si la gestante corre riesgo de muerte o cuando el feto presenta anencefalia, muchas mujeres siguen con el acceso a la práctica negado en el país.

De acuerdo con un estudio realizado por la ONG «Artículo 19», de un total de 176 hospitales habilitados en la red pública de salud para la interrupción del embarazo, tan solo el 43 % informó que realizaba el aborto legal.

Un reciente estudio del Instituto Liberta indicó que en la ciudad de Sao Paulo, en los últimos tres meses, se presentaron 84 embarazos de niñas entre los diez y catorce años, lo que para la abogada se trata de una «violación sexual en cualquiera de las hipótesis, aún si el acto fue practicado con el consentimiento de la menor».

En ese sentido, Temer recordó que el aborto en ese tipo de casos de violencia sexual tiene que «ser respetado y obedecido».

«Es un derecho que no depende de notificación judicial. La mujer puede solicitarlo aún sin denunciar la violación. Si ella miente después la Justicia intervendrá, pero no se le puede negar el aborto», añadió.

En el caso de esta semana, la niña y su familia, oriundos de Sao Mateus, en el estado de Espírito Santo, tuvieron que viajar 1.848 kilómetros en avión hasta Recife porque en Vitoria, la capital regional, los médicos se negaron a practicar el aborto por razones éticas, según los medios locales.

«El crimen sexual está estigmatizado y eso es un equívoco. Nadie se consterna porque fue secuestrado o asaltado, pero para decir que fue abusado sexualmente hay que tomar coraje ante la sociedad y eso sólo favorece a una persona: al abusador, que puede quedar impune por décadas o hasta por toda la vida», lamentó Temer.

De los 1.024 abortos permitidos por razones médicas y judiciales en Brasil en el primer semestre, 35 fueron practicados a menores de catorce años, de acuerdo con la plataforma DataSus, del Ministerio de Salud. En 2019, el total de niñas con esas edades fue de 72, para un promedio de uno a cada cinco días.

Aborto clandestino

A pesar de la prohibición de la práctica, por lo menos una cada cinco brasileñas ya han realizado un aborto clandestino.

De acuerdo con la Investigación Nacional de Aborto, publicada en 2016 por el Instituto de Bioética Anis y la Universidad de Brasilia solo en 2015 alrededor de 503.000 mujeres interrumpieron sus gestaciones de forma clandestina en el país.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/braga/2020/08/19/brasil-enfrenta-una-epidemia-silenciosa-de-violencia-sexual-contra-ninas/

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México: El pin parental, la nueva avanzada de la agenda nacional de la derecha

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América/México/05/08/2020/Autor: Marcos Nucamendi/Fuente: piedepagina

 

Puebla se suma a la lista de otros 10 estados en el país que buscan regular los contenidos educativos por parte de padres, madres o tutores; posibilidad que atentaría con el interés superior del niño, según especialistas, al tener una mirada adultocentrista

 

PUEBLA, PUEBLA.- El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, anunció que su partido presentará una iniciativa para introducir en la legislación local el llamado pin parental.

A su juicio, tanto la Ley General de Educación de 2019, como su armonización en la entidad, establecen nuevos criterios en cuanto a la educación sexual inicial refiere, toda vez que se intenta “ideologizar o adoctrinar a las nuevas generaciones de acuerdo con el pensamiento del actual régimen”; a ese pensamiento, el diputado y los grupos  conservadores que apoyan esta iniciativa, le llaman “ideología de género”.

De ahí que Jiménez López plantee la necesidad de un candado jurídico para que los padres y las madres de familia puedan vetar o consentir los contenidos escolares que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, de la misma forma que se bloquean los canales de una televisión familiar para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o sexualmente explícitos.

Aunque todavía no se tiene una fecha exacta para la presentación del proyecto de dictamen ante el pleno, Puebla se coloca a la par de estados como Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Baja California y Chiapas, en donde ya se discutieron o se están discutiendo iniciativas similares, apoyadas indistintamente por el Partido Encuentro Social (PES), el PRI y el PAN.

Para Jessica Pérez Téllez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, la iniciativa que pretende facultar a padres y madres de familia para que censuren la educación sexual en las escuelas poblanas, mejor conocida como pin parental, tan sólo refleja un profundo desconocimiento sobre los temas de género, así como la lógica adultocentrista de quienes ven a los menores de edad como una propiedad y no como sujetos de derechos.

“La sexualidad no es algo que se pueda apagar en una persona y es lo que mucha gente piensa, que podemos decidir no tenerla (o quitársela a los menores de edad); ‘no les hables de sexualidad para que no se las despiertes’. La sexualidad está ahí, y nada de lo que se haga (desde la ley) va a eliminar la sexualidad de una persona”.

La propuesta impulsada por el PAN, sostiene por su parte María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, se contrapone además al principio de progresividad de los derechos humanos, pues no sólo pasa por alto reformas constitucionales y tratados internacionales en la materia, sino que obvia las reformas recientes a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que explícitamente facultan a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore contenidos con perspectiva de género en los programas educativos.

Ni discrecional ni absoluta, responsabilidad de padres y madres

Mientras que el pleno del Congreso de Nuevo León desechó la propuesta el 29 de mayo, el Legislativo de Aguascalientes aprobó por unanimidad, ocho días antes, una serie de reformas a la Ley de Educación; el pin parental, a decir del presidente de la mesa directiva del Congreso, Heder Guzmán Espejel, se coló entre las modificaciones. “Nos metieron un golazo”, dijo días después, una vez que la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En un comunicado conjunto con fecha 16 de junio, diversas agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Unicef, la Unesco y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, externaron su preocupación por el caso Aguascalientes.

Con base en la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño –que también deben ser observadas por las legislaturas estatales–, las agencias internacionales concluyeron que si bien las madres, los padres y los tutores tienen una responsabilidad fundamental en la crianza y el desarrollo de los menores de edad bajo su protección, esta “no es discrecional ni absoluta”.

La responsabilidad de los padres, sostienen, está condicionada a que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer “plena y prioritariamente” sus derechos. En ese sentido, una educación que tenga por objetivo la protección de estos derechos, incluyendo el de recibir una educación integral en materia de salud sexual y reproductiva, no puede estar supeditada “al consentimiento o la autorización de terceros”, ni a “las consideraciones éticas o morales de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia”.

Estado, único rector de contenidos educativos

El 5 de julio, las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), se pronunciaron al respecto.

Esto en vista de que cada vez son más los congresos locales que abren la discusión en torno a lo que el Gobierno Federal considera “una injerencia de padres y madres” en los contenidos educativos, asunto sobre el que tiene rectoría exclusiva y constitucional el Estado Mexicano; entonces eran cinco entidades, ahora son once, con Puebla.

Advirtieron que cualquier reforma que se apruebe en la dirección contraria de los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos, el marco internacional a favor de lo que se conoce como el Interés Superior de la Niñez, así como el artículo tercero sobre la rectoría del Estado, podrá ser considerada por la autoridad competente –la SCJN– como inconstitucional. Un documento de análisis jurídico vigente quedó de ser enviado a todos los congresos locales a fin de evitar la presentación de este tipo de iniciativas.

Jason Goh | Pixabay.

Grupos conservadores, detrás del pin parental

El Frente Nacional por la Familia, Iniciativa Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Alianza Nacional de Padres de Familia, son algunas de las organizaciones que abiertamente promueven la introducción del pin parental en México, y que han seguido de cerca las discusiones en las legislaturas locales.

A esta plataforma se han sumado integrantes del Senado, como Manuel Añorve (PRI), Lily Téllez (PAN) y Víctor Fuentes (PAN). Este último presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación a finales de febrero, a la que denominó “Con mis hijos no te metas” y que va en el mismo sentido que las iniciativas estatales; a la fecha, sigue sin ser discutida por la comisión respectiva.

Los senadores participaron incluso en un foro virtual auspiciado por las organizaciones antes mencionadas, el 13 de julio, donde además de defender la propuesta del pin parental, se pronunciaron en contra de las supuestas presiones ejercidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que los congresos locales den marcha atrás a las discusiones sobre el pin parental.

“La secretaria de Gobernación no tiene por qué derribar la puerta de las casas, entrar, y quitarle a los papás la forma en la que quieren educar a sus hijos”, dijo Lily Téllez, en tanto que Víctor Fuentes, senador por Nuevo León, acusó a Sánchez Cordero de inclinar la votación en aquel estado, en contra de la iniciativa.

Nuevo León, cabe recordar, fue el primer estado de la República en poner a discusión el pin parental, el 22 de enero de este año, de la mano del diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien fue expulsado de Morena en junio de 2019 tras publicar un comentario transfóbico en Twitter.

Sin embargo, la propuesta de que sean los padres y las madres de familia quienes autoricen los contenidos educativos que involucren, por ejemplo, cuestiones de identidad de género, feminismo, aborto y diversidad, no surgió en México.

El intento de trasladar al campo educativo el concepto bloqueo (pin), que suele activarse en las televisiones y otros dispositivos electrónicos para que los menores de edad no se expongan a contenidos violentos o explícitamente sexuales, viene de España, del partido de ultraderecha Vox.

En marcha, agenda nacional antiderechos

El pin parental, es preciso señalar, es tan sólo un punto que se inscribe en una agenda nacional conservadora mucho más amplia, a veces referida como agenda antiderechos. En ella se conjuntan dos líneas de acción para el terreno legislativo: por un lado la intención de bloquear proyectos que busquen ampliar el catálogo de derechos obtenidos y, por otro, la promoción de iniciativas que empaten con ciertos valores familiares tradicionales.

Estas líneas de acción se identifican, por ejemplo, en el análisis que realiza el Frente Nacional por la Familia a través de su observatorio legislativo “Observaxion”, en donde se califican positiva o negativamente, distintas propuestas a nivel estatal y federal.

Iniciativas en materia de despenalización del aborto, identidad de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental o lesbomaternal, muerte asistida, uso de anticonceptivos, baños públicos neutros, uso lúdico de la marihuana, lenguaje inclusivo y prohibición de las terapias de conversión, tienen una calificación negativa, identificada con el color rojo y con lo que llaman “ideología de género”.

En tanto que aquéllas en materia de protección de la vida desde el momento de la concepción, representación legal para no nacidos (fetos en gestación), licencias de maternidad o parternidad, creación de institutos municipales de familia y desde algunos meses, censura de contenidos educativos (pin parental), están coloreadas de verde.

Información confiable, necesaria para decidir y prevenir abusos

Cuando la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla acompaña casos de violencia sexual, embarazos no deseados o embarazos adolescentes, explica para LADO B su coordinadora, Jessica Pérez Téllez, es común advertir una educación sexual deficiente en casa y hasta un sesgo moral o religioso intencional.

“Podemos creer que si yo no le digo nada [a mi hijo o hija] no va a saber [sobre sexualidad] y no le voy a levantar inquietudes, cuando la realidad es que recibimos información sobre sexualidad todo el tiempo y por todos los medios […] Lo que le toca a la escuela y a las instituciones es filtrar esa información para que la que reciban sea real y confiable”.

Pensar en una educación sexual integral desde la educación inicial, sostiene Jessica, es ir más allá del acto sexual. No se trata de hablar de métodos anticonceptivos o enfermedades transmisibles por esta vía, sino adentrarse en temas de género e identidad, y de que niños, niñas y adolescentes puedan reconocer su propio cuerpo y los límites inherentes al mismo.

La aprobación de una iniciativa como el pin parental, advierte, sólo tendría consecuencias negativas: desde embarazos adolescentes y proyectos de vida truncados, hasta un aumento en los casos de abuso sexual infantil y abortos clandestinos. “[Los promotores de estas iniciativas] dicen que buscamos ideologizar […] [pero lo único] que buscamos es que las niñas y los niños puedan decidir, que tengan conocimiento sobre su cuerpo”.

María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), concuerda con Pérez Téllez, pues considera que los argumentos que están detrás de este tipo de iniciativas no sólo exponen un desconocimiento profundo de lo que realmente es la perspectiva de género –que tiene que ver con el análisis de las desigualdades históricas y estructurales–, sino un desinterés por los problemas que aquejan directamente al país y al estado de Puebla, como los feminicidios, las muertes maternas o la violencia sexual. “Se requiere una educación con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género desde temprana edad para prevenir estas situaciones”.

*Con información de Natasha Konzevik y Enrique López

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

Fuente: https://piedepagina.mx/el-pin-parental-la-nueva-avanzada-de-la-agenda-nacional-de-la-derecha/?s=pin+parental&submit=Buscar

Imagen: Flirck y Jason Goh | Pixabay

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