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Contra la impunidad por las violaciones en la guerra de Bosnia

Europa/Bosnia/16 Abril 2020/elpais.com

Mujeres bosnias, serbias y croatas, algunas de ellas víctimas, trabajan unidas desde 2003 para ofrecer todo tipo de ayuda a las miles de personas que sufrieron violencia sexual durante el conflicto de los Balcanes

A pesar de ocupar los bajos de un edificio, la sede de la ONG Mujeres Víctimas de la Guerra pasa completamente desapercibida en un barrio de clase trabajadora en Sarajevo. No hay ninguna placa ni cartel en la puerta de entrada y una cortina cubre los cristales de las miradas de los curiosos, o de posibles atacantes. Dentro, en una humilde oficina, un grupo de mujeres valientes, algunas de ellas víctimas, proporciona desde el año 2003 todo tipo de ayuda a los miles personas que sufrieron cualquier tipo de violencia sexual durante la guerra que desangró Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995.

«Han profanado la tumba de una de las fundadoras y hasta siete u ocho veces ha habido ataques contra la residencia de nuestra presidenta. Pero el Ayuntamiento del pueblo no ha hecho nada para protegerla. En general, el trabajo de la asociación molesta a los políticos», explica Amela Hasecic, alma de la ONG e hija de su histórica presidenta. A partir de unas de 6.000 declaraciones, la entidad ha podido identificar a más de 2.700 agresores y a más de 10.000 mujeres violadas durante la guerra. Pero se calcula que el número real de víctimas de este tipo de agresión durante el conflicto bélico oscila entre las 20.000 y 40.000.

«En el caso del ejército serbobosnio, la violación fue utilizada de forma sistemática como un arma de guerra con el objetivo de destruir las familias y llevar a cabo una limpieza étnica. Soldados de otras etnias también cometieron este tipo de crímenes, pero por decisiones individuales «, comenta Amela Hasecic, una mujer de mediana edad y una mirada llena de determinación. Su madre, Bakira Hasecic, fue víctima de las tropas serbias en Visegrado, y su testimonio fue clave en alguno de los juicios celebrados en La Haya por parte del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia.

Si bien las fundadoras de Mujeres Víctimas de la Guerra fueron una treintena de bosníacas —término usado para referirse a las personas de religión musulmana en Bosnia—, pronto se sumaron a la iniciativa mujeres croatas y serbias. En un país en el que las tensiones entre los tres grupos mayoritarios, bosníacos, serbios y croatas, están aún a flor de piel, esta entidad ofrece un bello ejemplo de cooperación multiétnica. «La única división que cuenta es entre víctimas y criminales», es uno de los mantras de la ONG.

Terapia contra el estigma social

Entre las tareas de la entidad figura recopilar toda la información posible para conservar la memoria histórica, y por ello registran las declaraciones de cada nuevo miembro. También proporcionan asistencia material, psicológica y jurídica a las víctimas y a sus hijos. Muchas de las mujeres violadas decidieron abortar, otras conservaron sus hijos, pero las hubo que los dieron en adopción o se los quedó el agresor. Algunas fueron utilizadas como esclavas sexuales durante meses.

La entidad ha identificado a 62 de estos hijos perdidos, y si lo quieren las dos partes, facilita el reencuentro. Hasta ahora, lo ha hecho ya en ocho ocasiones. Además, ha apoyado a los chavales con becas de estudio y ayudas a la inserción profesional. Con el objetivo de eliminar el estigma social que sufren estos jóvenes, colabora con una asociación nueva llamada Hijos Olvidados de la Guerra, creada por la activista Anja Jusic. Ella misma nació fruto de un estupro.

«La terapia es muy importante, porque en una sociedad como la bosnia, muchas víctimas han sufrido una muerte psicológica. Solemos trabajar con grupos de diez personas, y nos encontramos una vez por semana durante cerca de un año. Pero claro, nos adaptamos a la necesidad de cada persona «, dice Besima Catic, una psicóloga que trabaja con este perfil de víctima desde el inicio de la guerra. La asociación incluye también unos 270 hombres víctimas de agresiones sexuales, que en algunos casos incluían mutilaciones.

«Con las mujeres, el objetivo es hacer desaparecer el sentimiento de culpa y vergüenza. El trabajo con los hombres es diferente. Se trata de hacerles entender que, pasara lo que pasara, no han perdido su virilidad. A muchos, las esposas los abandonaron», añade la psicóloga, que considera más difícil trabajar con los hombres víctimas porque les cuesta más hablar de lo sucedido.

Según Catic, un momento muy importante en el proceso de cura es la declaración ante un tribunal. Cuando la ONG cuenta con suficientes pruebas, presenta una denuncia a la fiscalía. Hasta ahora, ya se han celebrado docenas de juicios. «El solo hecho de encontrarse en un tribunal, y ver el agresor en el banquillo ya tiene un efecto curativo. Ayuda a retirar el sentimiento de culpa y confirma el estatuto de criminal del violador», sostiene la psicóloga.

Catic se encarga también de preparar psicológicamente a las mujeres para el difícil momento de tener que revivir en público el trauma. Gracias a la labor de entidades como esta, una resolución del Consejo de la ONU de 2008 reconoce la violación como «un crimen de guerra». En Bosnia, las víctimas reciben una pensión del estado de unos 250 euros mensuales.

Obstáculos legales en la lucha por la justicia

En 1993, la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) para investigar y juzgar a los principales sospechosos de crímenes de guerra. En total, procesó 167 personas y se iniciaron más de un centenar de juicios. A finales de 2017, el TPIY cerró sus puertas habiendo condenado a algunos perpetradores símbolo de la limpieza étnica, como Ratko Mladic, máximo líder militar serbobosnio. Ahora son los tribunales de los diversos Estados surgidos de la antigua Yugoslavia los encargados de continuar desempeñando esta labor. “El TPIY se ocupó de los casos más graves, los “peces gordos”. Los nacionales están juzgando a los cargos medios, y a los verdugos que implementaron las órdenes sobre el terreno”, explica Hikmet Karcic, investigador de Sarajevo especializado en crímenes de guerra.

Según algunos expertos, en general, el balance de estos dos años es muy negativo. “El negacionismo, revisionismo y continuo apoyo político a quienes cometieron crímenes de guerra significa que a menudo los Estados no quieren extraditar a sus nacionales. Se han firmado protocolos de cooperación regional, pero en la práctica hay a menudo más obstrucción que cooperación”, declaró hace unos meses a EL PAÍS Natalya Clark, profesora de la Universidad de Birmingam (Reino Unido), especializada en Justicia Transicional en los Balcanes.

Karcic coincide en señalar la falta de cooperación transnacional como el principal obstáculo para poner fin a la impunidad de los agresores: “Muchos de los acusados o sentenciados en Bosnia y Herzegovina cruzan a Serbia o Croacia. Se “esconden” allí, y se escudan en formalidades para evitar la extradición, como es el caso de Novak Dukic”. En cambio, hace una valoración más positiva del trabajo específico de los tribunales nacionales de su país. “Bosnia es el Estado con más casos abiertos, varios centenares. Pero es verdad que no todos los tribunales trabajan con la misma seriedad. En la República Serbia de Bosnia, donde todo el aparato judicial es serbio, es más reticente a abrir investigaciones”, asegura este joven fornido en un perfecto inglés.

Teniendo en cuenta que muchas violaciones en grupo tuvieron lugar en territorio de la actual República Serbia de Bosnia, la falta de cooperación de las autoridades judiciales es un problema grave. En algunos casos, ya sea por vínculos personales o amenazas, los acusados son absueltos. «Es por eso que pedimos que este tipo de crímenes se persigan en tribunales estatales, no en los provinciales … En un principio, solo nos dábamos por satisfechas con sentencias duras. Ahora, la mera condena, aunque sea a pocos años de prisión, ya nos parece una victoria», comenta Hasecic con aire resignado.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/27/planeta_futuro/1585322337_782761.html

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México: La homofobia también mata

Redacción: El Sol de Cuernavaca

El rechazo a las personas de la comunidad tiene un efecto directo: falta de oportunidades, educación, acceso al empleo, incluso, a la salud

La homofobia es un comportamiento que se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad. Se asocia principalmente con el rechazo a las personas LGBT+.

Si bien desde 1871 la homosexualidad es legal en México, actualmente la homofobia ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, sólo detrás de Brasil. Además, siete de cada 10 personas de la comunidad son discriminados y 75 por ciento recibe hostilidades en el ámbito laboral.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación dio a conocer los resultados de la Enadis 2017 mediante la cual se informó que en Morelos más del 60 por ciento de las personas encuestadas no aprueba que una pareja del mismo sexo viva junta.

En el Código Penal del Estado de Morelos la discriminación está tipificada como delito, siendo acreedores de uno a tres años de prisión o de 25 a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días, así como destitución e inhabilitación si es servidor público.

En los últimos años se han logrado avances en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+. En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lanzó su Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, y en 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

A pesar de ello, la organización “Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana”señaló que sin duda son avances importantes, pero aún son insuficientes para responder adecuadamente a este grave y complejo problema, “sustentado en estereotipos y prejuicios sociales muy arraigados, y frente al cual el Estado debe asumir plenamente su obligación de prevenir, investigar, procesar y sancionar los delitos derivados de la violencia ejercida en contra de las personas LGBT+”.

El Día contra la Homofobia y la Transfobia se celebra el 17 de mayo con motivo de la eliminación de la homosexualidad como enfermedad en la lista de la OMS en 1990.

Fuente: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/diversia-la-homofobia-tambien-mata-4978244.html

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La dureza de ser mujer en Mauritania

Reseña/África/Mauritania/09 Abril 2020/elpais.com

Este es el relato de una voluntaria en salud mental en el país africano donde el 66% de las niñas y mujeres han sufrido alguna forma de violencia y mutilación genital

Hace cuatro meses que llegué a Mauritania por primera vez, a través del programa EU Aid Volunteers (EUAV) de la Unión Europea, para trabajar con la ONG Médicos del Mundo.

Las mujeres caminan despacio por las polvorientas calles de Nouakchott, la capital del país. Envueltas en los colores de sus melfhas se esconden de las miradas indiscretas, custodiando mil y una historias donde ser fuerte no ha sido una opción, sino la norma. La mirada fiera, la cabeza erguida, la determinación y la valentía en sus labios agrietados. La vida duele, pero nunca se deja de caminar hacia delante.

No es fácil ser mujer en la República Islámica de Mauritania. La pobreza y las desigualdades étnicas no hacen sino agravar la inequidad estructural que sitúa a las mujeres y niñas en una situación de extrema vulnerabilidad. En un contexto social en el que los roles de género están tan marcados, ellas son con frecuencia infantilizadas y despojadas de toda capacidad de decisión. En muchas comunidades, su papel es el hogar: la reproducción y la satisfacción de las necesidades de la familia. A menudo es repudiada si no logra dar descendencia, pues es a través de la fecundidad y del servilismo que cumple con la misión que tradicionalmente se le asigna. La virginidad antes del matrimonio es uno de los tesoros más preciados, lo que conduce a la estigmatización de las mujeres que no la conservan antes de casarse, conduciendo incluso a su culpabilización en caso de sufrir violencia sexual.

Cada etnia posee sus propias particularidades y esta explosión cultural dificulta hacer generalizaciones sobre la situación global de las mujeres en este país. No obstante, las estadísticas arrojan datos estremecedores, como que el 66% de las niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina, llegando este porcentaje hasta el 90% en algunas regiones. El matrimonio infantil afecta a un 35,2 % de ellas, alcanzando más de un 50% en algunos lugares. La violencia sexual y la violencia conyugal son aún más difíciles de calcular, porque muy pocas personas deciden comunicarlo a las autoridades. A pesar de que la ley concibe como delitos estas formas de violencia, esto no impide que muchas veces estén invisibilizadas debido a los tabúes existentes en torno a la sexualidad.

La violencia de género, sumada al enfoque comunitario en la resolución de problemas, frecuentemente induce a las familias a faire des arrangements (hacer arreglos) tras revelarse una agresión sexual. Es decir, los padres pactan con los violadores la recepción de una cantidad de dinero a cambio de no denunciar el delito a la policía. En otros casos, se fuerza a la mujer a contraer matrimonio con su agresor. Los padres, con estas decisiones, buscan la protección de sus hijas y del resto de la familia. No obstante, contribuyen a que la violación quede en la sombra, no habiendo un reconocimiento de la injusticia sobrevenida a las mujeres. La violencia se legitima y, por tanto, no deja de reproducirse.

Por estos motivos, Médicos del Mundo (MdM) trabaja desde hace tiempo en el fortalecimiento de un circuito de atención integral (asistencia médica, psicológica y jurídica) para víctimas. Además de la apertura en junio de 2017 de la Unidad de Atención y Cuidado de Víctimas de Violencia de Género en el hospital Materno Infantil de Nouakchott, en 2018 una segunda unidad de atención a víctimas de violencia de genero abrió sus puertas en la región de Guidimakha, al sur del país. A lo largo del 2020, otras dos unidades abrirán en la región del norte de Dakhlet-Nuadibú y al este en Bassikonou, a 20 kilómetros del campo de refugiados de Mbera.

El trabajo no finaliza con la atención médica en los hospitales, sino que se trabaja conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar una intervención holística para las supervivientes de VG. Además, MdM contribuye con la sensibilización comunitaria para concienciar sobre la violencia basada en el género y las nefastas consecuencias que algunas creencias socioculturales profundamente arraigadas pueden tener sobre la salud de las mujeres.

Mi trabajo estos meses ha consistido en el refuerzo de capacidades del personal sociosanitario que trabaja en atención directa con víctimas de violencia de género. Concretamente, he impartido formaciones sobre apoyo psicosocial y primeros auxilios psicológicos a médicos y matronas, y he realizado acompañamientos con las asistentas sociales. Estas tareas me han permitido adentrarme en las estructuras de atención a las víctimas para analizar la calidad de la asistencia psicosocial y poder proponer mejoras. Los profesionales mauritanos han sido siempre muy acogedores conmigo y, libres de prejuicio, me han permitido el acceso durante sus intervenciones individuales y grupales para poder acompañarlos durante los procesos terapéuticos que facilitan.

Es enero y el invierno mauritano nos regala 35 grados de tórrido sol. Estoy en el hospital Materno Infantil de Nouakchott y camino hacia la sala de atención social, integrada en el servicio de maternidad del centro hospitalario. Observo en silencio el trabajo de la matrona y la asistenta social mientras reciben a una adolescente superviviente de violencia sexual. Tras una entrevista inicial para comprender mejor la situación y el contexto social de la víctima, la asistente psicosocial aprovecha la espera de los análisis médicos para acompañar y dar apoyo emocional a la adolescente y su madre. Estas sesiones de apoyo son fundamentales para proteger la salud mental, al posibilitar un espacio de confianza y desahogo, sin juzgar, y promotor del bienestar de toda la familia.

Dos jóvenes mauritanos en una motocicleta.
Dos jóvenes mauritanos en una motocicleta. BECHIR MALUM

En ocasiones, la asistenta debe mediar entre los padres y la víctima, hacerles comprender que una violación nunca es culpa de quien la recibe y que todos deben estar unidos para ayudar a la hija a superar el trauma vivido. Tras la atención psicosocial y las pruebas médicas, la víctima es derivada a una organización de la sociedad civil, donde continuará recibiendo asistencia psicológica y jurídica.

Es una suerte poder sumergirse en una especialidad tan poco desarrollada en Mauritania: la salud mental y el apoyo psicosocial a las personas que han sufrido episodios traumáticos de naturaleza sexual. A lo largo de estos meses, seguiremos trabajando una estrategia transversal en los proyectos que Médicos del Mundo desarrolla en el país. Una tarea nada sencilla donde apenas hay profesionales de la psicología y donde los afectados son generalmente rechazados por la comunidad o conducidos a curanderos tradicionales para que les ayuden a sanar a través de prácticas mágico-religiosas.

No es fácil ser mujer en la República Islámica de Mauritania. Pero las mujeres y niñas mauritanas nos son meros agentes pasivos receptores de violencia, se trata de que a través de la protección y la prevención, progresen hacia su autonomía, facilitar que sean ellas las protagonistas de sus procesos. Así, es posible desarrollar pequeñas acciones que puedan contribuir a lograr grandes cambios en un futuro, tender una mano para fortalecer su resiliencia.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/31/planeta_futuro/1585666689_491553.html

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El poder de las peticiones ‘online’ para frenar la violencia sexual en las telenovelas

Asia/Tailandia/19 Marzo 2020/elpais.com

Han nacido series más realistas y con menos machismo en Tailandia gracias a la campaña que inició un espectador indignado

En la popular telenovela tailandesa Game Rai Game Ruk se reproduce una situación en la que un hombre agarra a una mujer y se abalanza sobre ella mientras la chica grita e intenta golpearlo. La escena luego cambia a un entorno romántico frente a un lago, donde la pareja parece estar abrazándose. Pero después, los personajes vuelven al escenario original y ella deja de defenderse, cediendo a sus avances.

El mensaje subyacente: un hombre domina a una mujer y ella se rinde y se enamora de él. Este ha sido un tema recurrente en las telenovelas tailandesas (y no solo) en horario de máxima audiencia durante décadas, pero ha comenzado a cambiar gracias, en gran medida, a la campaña que ha iniciado en Internet un espectador indignado.

Es común que lleguen a nuestras bandejas de entrada solicitudes para firmar peticiones online. Para conseguir el apoyo de la sociedad para una causa, todo lo que hay que hacer es completar un cuestionario en alguna de las plataformas web creadas para este fin y enviarlo: la petición estará lista instantáneamente para compartir con todo el mundo.

El arquitecto Nitipan Wiprawit, de 41 años, se sentía cansado de ver ciertas escenas en televisión. Un día dijo “basta” y lanzó una campaña para poner fin a la normalización de la violencia sexual en las telenovelas tailandesas. La petición pronto obtuvo más de 59.000 firmas, provocó un debate nacional y condujo a la publicación, en 2016, de las primeras regulaciones éticas para los canales de televisión con respecto a la representación de la violencia de género en estas series.

Las directrices aprobadas establecían claramente lo que se podía mostrar y contra lo que se debía advertir, pero no se diseñaron para censurar la representación de la agresión sexual contra las mujeres. Se consideraron simplemente una recomendación necesaria para los productores, así como un recordatorio de su compromiso constructivo con la educación de la sociedad tailandesa.

Sin embargo, solo unos meses después de la publicación de las regulaciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión de Tailandia (NBTC) tomó medidas contra el productor de la popular serie de televisión Club Friday por continuar representando escenas de violencia contra las mujeres. Supinya Klangnarong, que en ese momento era miembro de la comisión de la NBTC, apoyaba activamente a Wiprawit y manifestó que el programa había violado la Ley de Radiodifusión por presentar escenas contra el código de conducta moral tailandés.

El drama presentaba una escena en la que un hombre colocaba a la fuerza la cara de una villana frente al tubo de escape de una motocicleta. También mostraba la violación de la misma mujer mientras otra miraba y, riéndose, grababa la escena en vídeo. El programa había sido etiquetado como apto para todas las edades. El castigo resultó en una multa de 1.450 dólares al canal de televisión, unos 1.280 euros. Y lo que es más importante, sentó un precedente.

Ejemplo de telenovela tailandesa con escenas de violencia de género.

¿Cuándo se normalizó la violación en las telenovelas? El doctor en filosofía y profesor adjunto de estudios de la sexualidad en la Escuela de Graduados de Lenguaje y Comunicación de Tailandia, Jaray Singhakowinta, explica que es difícil determinar cuándo comenzaron a aparecer estas escenas de violencia sexual, ya que la mayoría de las series televisivas son adaptaciones de novelas que contienen escenas de violación.

El experto dice que algunas de estas historias son tan populares que se han convertido en películas y telenovelas hasta diez veces desde la década de 1970. Entre las más conocidas, se encuentra Son Dao Phra Suk, Ban Sai Thong y Ku Kam. Varias obras clásicas de la literatura tailandesa, como Khun Chang Khun Phaen, describen violaciones cometidas por un protagonista masculino que no recibe ningún tipo de castigo.

Pero Singhakowinta explica la verdadera razón por la que estos programas de televisión son tan populares: es, probablemente, debido al desarrollo general de las tramas, no solo a la representación de las escenas de violación. Señala que el abuso sexual “no tiene lugar en la vida real de los tailandeses». De hecho, una conocida celebridad tailandesa, Boom Panadda, lideró en 2014 una campaña pública para evitar la revocación de la pena de muerte para los condenados por delitos sexuales.

El idioma tailandés también puede resultar confuso, ya que se usan dos palabras para hablar de violación. La primera, bplum, también se utiliza para «lucha libre» y puede entenderse como un acto forzado o violento que termina en la consolidación de una relación, como se describe en las telenovelas, brindando la oportunidad de absolver al maltratador. La otra, khom kheun, describe la violación como un acto criminal.

La inclusión de la violación en las telenovelas tailandesas «se entiende como un intento simbólico de satisfacer los deseos sexuales de las protagonistas femeninas, a menudo reprimidos, ignorados y prácticamente inexistentes», dice Singhakowinta.

Se cree que las mujeres buenas son sexualmente ingenuas, por lo que no pueden dar a conocer sus deseos y deben ser forzadas por los hombres que aman. La violación también ha sido representada algunas veces como un castigo del karma para las mujeres adversarias que representan el extremo opuesto de las protagonistas femeninas, explica el experto.

«La noción patriarcal de la feminidad ideal es, probablemente, la culpable de este retrato repetitivo de la violación en las telenovelas tailandesas», dice, señalando que a menudo se considera inapropiado que las protagonistas femeninas expresen sus deseos corporales en comparación con sus homólogos masculinos, cuyas expresiones sexuales son aceptadas como naturales.

«Sería inconcebible que las protagonistas femeninas señalen sus intereses sexuales, ya que esto iría en contra de la norma social prescrita para las mujeres buenas en la cual la virginidad todavía se usa como una medida simbólica de las virtudes femeninas”, sugiere Singhakowinta.

La virginidad de la mujer como una medida simbólica de la virtud femenina todavía se ve en las telenovelas, pero esto está cambiando gradualmente a medida que evoluciona la mentalidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

De hecho, después de que la representación de la violencia sexual fuera destacada en la petición de Wiprawit, han comenzado a nacer series más realistas. Otro factor que contribuye a este cambio, según Klangnarong, la exmiembro del comité de la NBTC, es que los jóvenes tailandeses “se aburren cada vez más con los dramas tradicionales de televisión y optan por series coreanas o ven Netflix”.

Aunque todavía podemos observar ciertas escenas de violencia sexual en algunos de estos canales, Klangnarong dice que el contenido se ha ajustado. «Las mujeres se muestran más abiertas, realistas y modernas». Por otro lado, las nuevas novelas y telenovelas también presentan cada vez más tramas que involucran a personas LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), algo inaudito en generaciones anteriores.

Otro ejemplo de violencia sexual en una telenovela tailandesa.

Otras campañas en internet han conseguido grandes avances. Por ejemplo, en Indonesia, una petición publicada por una coalición de varias organizaciones, campus y comunidades, pidió al ministro de Educación y Cultura regular su intervención para el acoso sexual. El ministro respondió positivamente, e incluso, solicitó al grupo escoger a cinco personas para unirse a su comité y promulgar los cambios necesarios para que los campus universitarios sean más seguros.

Otra campaña vigente en India, liderada por una actriz de Bollywood, pide advertencias legales en la pantalla cada vez que se retrata la violencia de género, de la misma forma que se advierte de los peligros para la salud cuando un actor aparece bebiendo o fumando.

Wiprawit se siente orgulloso de lo que ha logrado en Tailandia, pero quiere ir un paso más allá. Su objetivo es cambiar por completo las tramas de las telenovelas y mejorar la implementación de las directrices. Actualmente, los productores de televisión solo son castigados mucho después de que una escena de violencia sexual se haya transmitido a una amplia audiencia. Para Wiprawit ese sistema «es una tontería”.

“Hace unos meses informé al NTBC de una telenovela inapropiada que estaban emitiendo de nuevo. Como ya la había visto, conocía la historia y las escenas. Me respondieron que tenía que esperar hasta que apareciera una escena inapropiada en la televisión para presentar la queja. Deberían cambiar el proceso”, dice Wiprawit.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/16/planeta_futuro/1584363758_226998.html

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“Sólo sí es sí”: España debate una ley que obliga a que los delitos sexuales sean juzgados en base al consentimiento

El proyecto también crea juzgados especializados en violencia sexual y eleva a delito el acoso callejero.

Europa/España/ileon.com/Marta Borraz

El gobierno español aprobó esta semana un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad que sitúa el consentimiento como eje para juzgar las agresiones sexuales. Hoy en día, en España, para que haya agresión sexual se requiere violencia o intimidación.

El anteproyecto que ha aprobado el Consejo de Ministros asume la definición de consentimiento del Convenio de Estambul, que gira sobre la expresión clara de la voluntad de mantener relaciones sexuales.

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Carlos S. Campillo / ICAL Concentración en León en contra de la puesta en libertad bajo fianza de ‘la manada’

La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros este martes, incluye una referencia explícita a cómo debe entenderse el consentimiento en un acto sexual, según fuentes del Ministerio de Igualdad. Es decir, el ya clásico ‘solo sí es sí’ aparece en el articulado de la reforma del Código Penal que supone esta nueva norma, que entiende que no hay consentimiento cuando la víctima «no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto».

El objetivo de la parte penal del texto, que ha sufrido cambios en la última semana tras las objeciones y aportaciones hechas por otros ministerios -como el de Justicia-, hasta este lunes a última hora, es adaptarse al Convenio de Estambul, que obliga a que la regulación de los delitos sexuales se haga en base al consentimiento y no a otros elementos. Actualmente, para que haya agresión sexual se requiere violencia e intimidación, mientras que si no se dan estos requisitos, el hecho es considerado abuso. La nueva ley termina con esta diferencia, de forma que todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual.

La controversia saltó tras el caso de ‘la manada’, a la que la Audiencia Provincial de Navarra condenó por abuso sexual y posteriormente el Tribunal Supremo por agresión sexual. El caso abrió el debate sobre la tipificación de los delitos sexuales, hasta el punto de que ya en julio de 2018 la entonces vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, anunció que el «solo sí es sí» inspiraría una futura reforma.

Este ‘solo sí es sí» es una expresión popular que precisamente hizo suya el Supremo en el caso de Pamplona. El fallo asumió la definición de consentimiento que hace el Convenio de Estambul y que gira sobre la expresión de la voluntad de mantener relaciones sexuales: si no existe tal, no hay consentimiento. Es decir, la ausencia de un «no» (no moverse, no actuar o no decirlo) no equivale al consentimiento. La idea es cambiar de paradigma, según explica la penalista especializada en violencia machista, Carla Vall: «en vez de demostrar que no hubo un ‘no’ por parte de la víctima», lo que da lugar a interpretaciones basadas en que si no hay resistencia, hay consentimiento, «hay que demostrar la ausencia de un «sí» en su sentido amplio».

«La especifica referencia que se hace en el Convenio de Estambul al consentimiento, como manifestación del libre arbitrio de la persona en función del contexto, deja clara la imposibilidad de interpretar una ausencia de resistencia física como tal voluntad, la misma debe manifestarse de forma expresa o deducirse claramente de las circunstancias que rodean al hecho», sentenció el Supremo. Es decir, el consentimiento debe ser expreso. Si no lo es, es una negativa.

Esta referencia al consentimiento se ha incorporado al texto de libertad sexual en las últimas semanas, pues no aparecía en el borrador de la norma elaborada por el Ministerio de Igualdad y a la que tuvo acceso eldiario.es. El Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto este martes, justo en la semana del 8M y tras varias discrepancias surgidas en el seno del Ejecutivo, entre ellas, la de cuándo presentar la reforma de los delitos sexuales: si con la revisión integral del Código Penal, que tratará delitos como el de sedición, como prefería el Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia de Carmen Calvo o en esta ley, como defendía Igualdad.

Una ley integral

El anteproyecto señala, además, que se considerará agresión sexual todos los actos de contenido sexual que se realicen «empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o actuando de manera sorpresiva, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa». Es decir, incluye supuestos, como este último, que en el Código Penal actual son considerados abusos sexuales.

En cuanto a las penas, Igualdad ha propuesto una bajada de algunas (entre ellas, las del tipo penal de violación) y una subida de otras, según se desprende del borrador elaborado por el departamento dirigido por Irene Montero. Entre otras cosas, incorpora agravantes novedosas como que el agresor sea la pareja o expareja o el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima. Sin embargo, habrá que esperar a conocer el texto definitivo, que se está puliendo con aportaciones de otros ministerios, fundamentalmente el de Justicia.

PSOE y Unidas Podemos incluyeron en el acuerdo del Gobierno de coalición esta modificación bajo el epígrafe de «blindar el solo sí es sí» y como parte de la ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros. La norma se basa en la proposición de ley registrada por la formación morada en el Congreso en 2018 y no solo incorpora la reforma del Código Penal, sino que es una ley integral que despliega un abanico de medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas. Lo hace al estilo del sistema que ya existe para las víctimas de violencia de género en el seno de la pareja o expareja, y su objetivo es que social, jurídica y legislativamente se considere a la violencia sexual una forma de violencia machista.

El borrador de Igualdad propone, entre otras cosas, que sean los juzgados especializados en violencia de género los que se encarguen de los delitos de agresiones sexuales; la formación de todos los operadores incluidos en el proceso (jueces, fiscales o forenses) y la creación de una red de centros de atención, tanto de emergencia (abiertos 24 horas) como a largo plazo, con el objetivo de que las víctimas sean atendidas psicológicamente y se recuperen.

Fuente: https://www.ileon.com/sociedad/105857/la-ley-de-libertad-sexual-lleva-el-solo-si-es-si-al-codigo-penal-sin-voluntad-expresa-no-hay-consentimiento

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UNICEF: La generación de jóvenes mejor preparadas sigue sufriendo violencia y discriminación

ONUNOTICIAS

Dos décadas y media después de una conferencia histórica sobre los derechos de las mujeres, se ha logrado reducir el abandono escolar entre las jóvenes. Sin embargo, millones de adolescentes continúan siendo víctimas de violencia sexual y de género y sus voces siguen siendo ignoradas en la toma de decisiones.

Nunca ha habido tantas mujeres jóvenes en las aulas. Y, sin embargo, las adolescentes siguen sufriendo violencia y discriminación, alerta un informe de UNICEF, Plan Internacional y ONU Mujeres.

Más de dos décadas después de que el mundo declarara que “los derechos de las mujeres son derechos humanos”, solo se han cumplido parte de las promesas.

Se ha conseguido reducir en 79 millones la cifra de chicas que abandonan la escuela. De hecho, ellas tienen hoy más posibilidades de acudir a la secundaria que los varones. Sin embargo, estas jóvenes siguen sin tener las habilidades y el apoyo que necesitan para poder tomar decisiones sobre su futuro, vivir seguras y con dignidad.

En 2016, un 70% de las víctimas de tráfico de personas para explotación sexual fueron mujeres y niñas. Una de cada 20 jóvenes de entre 15 y 19 años -unos 13 millones en  el mundo- ha sido víctima de una violación, una de las formas más violentas de abuso sexual.

“Acceder a la educación no es suficiente. Tenemos que cambiar el comportamiento y la actitud de la gente hacia las jóvenes. La verdadera igualdad solo llegará cuando todas las jóvenes estén a salvo de la violencia, sean libres para ejercer sus derechos y sean capaces de disfrutar de igualdad de oportunidades en la vida”, aseguró la directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Henrietta Fore

El informe, “Una Nueva Era para las Jóvenes: Haciendo Balance de 25 años de Progresos”, se publica coincidiendo con la campaña Generación Igualdad , que celebra el 25 aniversario de la Declaración de Beijing para avanzar los derechos de las mujeres y niñas.

“Las adolescentes sufren niveles de discriminación más altos como resultado de su edad y su género y siguen siendo marginadas en sus comunidades y en los espacios de toma de decisiones, permaneciendo invisibles para las políticas de los Gobiernos”, explicó la directora ejecutiva de Plan Internacional, Anne-Birgitte Albrectsen, que aseveró que “empoderar” a estas chicas aporta un triple beneficio social: para las jóvenes hoy, para las mujeres adultas que serán y para la próxima generación de niños.

“Si no entendemos esto y acabamos con la discriminación que sufren las chicas, tenemos muy pocas posibilidades de lograr los ambiciosos objetivos de igualdad de género de la Agenda 2030”, añadió.

Mientras las mujeres y niñas tengan que dedicar tres veces más tiempo y energía que los hombres al cuidado de la casa, las oportunidades para pasar de la escuela a buenos trabajos van a estar fuera de su alcance, señaló la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Violencia

UNICEF/Holt

Las chicas corren más riesgo de sufrir violencia en las aulas, en casa, en su comunidad y en internet.

El informe señala que el matrimonio infantil y la mutilación genital siguen minando las vidas y el potencial de millones de niñas. Cada año, 12 millones son forzadas a contraer matrimonio y 4 millones corren el riesgo de ser mutiladas.

El porcentaje de mujeres jóvenes que ven bien que un hombre golpee a su esposa es igual que el de hombres jóvenes.

Mala salud

El reporte también saca a la luz problemas de salud para las jóvenes que eran impensables hace 25 años. A medida que la globalización ha transformado las dietas tradicionales, ha aumentado el consumo de comida rápida procesada y bebidas azucaradas. Esto ha hecho que la incidencia de sobrepeso entre niñas y jóvenes de 5 a 19 años se haya duplicado entre 1995 y 2016, pasando de un 9% a un 17%. Hoy hay 155 millones de chicas con sobrepeso, frente a 75 millones en 1995.

Las chicas también están más expuestas a contraer enfermedades de transmisión sexual. Hoy, 970.000 adolescentes de entre 10 y 19 años viven con VIH, frente a 740.000 en 1995. Ellas representan tres de cada cuatro nuevos contagios.

Enfermedades mentales

© UNICEF-Estey

Los últimos 25 años también han traído nuevas preocupaciones sobre la salud mental de las jóvenes, en parte, por el uso excesivo de las nuevas tecnologías.

El suicidio es hoy la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años, solo superada por problemas durante la maternidad.

Medidas

El informe pide actuar en varias áreas:

  • Celebrar y aumentar las oportunidades para jóvenes de todos los orígenes, dándoles voz y escuchando sus opiniones e ideas sobre sus cuerpos, comunidades, educación y futuro.
  • Aumentar las inversiones para que las chicas tengan las capacidades necesarias para la cuarta revolución industrial.
  • Acabar con la violencia de género, el matrimonio infantil y la mutilación genital.
  • Invertir para tener datos desagregados por edad y sexo en áreas como la violencia de género, la adquisición de capacidades, nutrición y salud mental.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2020/03/1470531

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El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Lidia Falcón

El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Cuando en este luctuoso comienzo del año 2020 contamos ya con 8 asesinadas por la violencia machista, observo que la reforma de la Ley de Violencia de 2004 no entra en los primeros propósitos del nuevo gobierno de izquierdas. Desde que hace más de tres años se comenzaron los trabajos parlamentarios de lo que debería ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en los que participaron los 13 grupos parlamentarios de aquel momento, aconsejaron 90 expertos en sesiones que duraron 9 meses y se acabó pariendo un texto ilegible de más de 200 artículos, nada ha variado en el siniestro panorama de la vida de las mujeres maltratadas.

A los femicidios hay que añadir que el Ministerio del Interior ofrece el terrible dato de que entre enero y septiembre de 2019 se presentaron por mujeres 32 denuncias diarias por abusos y agresiones sexuales, es decir casi mil mensuales, lo que supone ratificar la hipótesis que siempre mantuvimos en el Partido Feminista de que se producen unas 15.000 violaciones anuales, contando de manera muy prudente las que no se denuncian.

150.000 son las que se presentan anualmente por maltrato, de las que únicamente se condenan el 31%, y la mayoría de las sentencias son de penas de prisión inferiores a 2 años que se canjean por servicios para la comunidad, es decir: por nada. En España una mujer maltratada sólo tiene el 6% de posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel.

Podemos consolarnos, como los tontos, recordando que estas cifras no están muy lejos de las europeas. Una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada; más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual; una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia.

Para acabar con esta masacre, que no padece ningún otro colectivo social,  Europa, – esa mujer que, en la mitología griega fue secuestrada por Zeus- el paraíso de las libertades y de la democracia, ha aprobado lo que llaman el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estambul, que tiene por objetivo la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica. Se presentó en Estambul en 2011 y está en vigor en Europa desde el 1 de agosto de 2014. A 2019 ya ha sido firmado por 46 países y ratificado por 34.

Pero si en los demás países europeos sucede como en España, de poco parece que ha servido ese publicitado Convenio para frenar la masacre de mujeres. Y no puede servir porque no es más vinculante que según la voluntad de los gobiernos y legisladores que rijan cada Estado, que como ha sucedido en el nuestro, es poca. Pero además no crean que ese Convenio resuelve definitivamente la indefensión en que se encuentran las mujeres. Esa Carta Magna de la Violencia se limita a pedir que se contemplen como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Teniendo en cuenta que todas esas actuaciones criminales de  hombres contra mujeres ya están contempladas en nuestra legislación penal, poca novedad introduce ese Convenio en la protección de nuestras víctimas, excepto en considerarlas a todas como tales, al margen de que se hallen o no relacionadas sentimentalmente con el agresor, como establece tan ridículamente la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de género de 28 de diciembre de 2004. Porque desde hace 16 años en España unas víctimas son mujeres y otras son género, y únicamente estas merecen la protección del Estado, lo que resulta enormemente sospechoso en estos tiempos de la «autodeterminación de género» y otras estrafalarias definiciones que nos están haciendo desaparecer del lenguaje y del planeta donde vivimos.

Como ni la famosa ley de violencia ni la de Enjuiciamiento Criminal contemplan invertir la carga de la prueba como sucede en la legislación laboral, para que no sea la víctima la que tiene que probar la comisión del delito, que en esta figura delictiva se produce habitualmente en la privacidad del hogar, la mayoría de los procesos acaban en sobreseimiento o en absolución. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida. Mientras el maltratador sigue amenazando a su mujer diariamente,  e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, continua en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. El 30% de las asesinadas tenían incluso orden de alejamiento o de protección contra su asesino. Que como se ha visto, son completamente inoperantes. En definitiva, sólo en la violencia contra la mujer se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse y el verdugo campe tranquilamente  en libertad, sin amenaza alguna.

Pero en diciembre de 2016 se reunieron pomposamente, como se hace siempre en España por parte de la clase política, para anunciar que estudiarían arduamente las medidas a adoptar para acabar con la plaga del maltrato a la mujer, y así, el resultado del intenso trabajo realizado por parte de la Subcomisión creada al efecto dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, así como por parte de la Ponencia creada dentro de la Comisión de Igualdad del Senado, parieron unos documentos que contenían un total de 214 medidas en el caso del Congreso y 267 en el caso del Senado a partir de los cuales se desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuya aprobación culminó en diciembre de 2017 con los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de Administraciones autonómicas y locales, entidades y organismos intervinientes en el desarrollo del mismo.

Para que ustedes se hagan una idea de la lucidez, claridad y eficacia del texto que dieron a luz los eminentes diputados, senadores, consultores, sindicatos, asociaciones y expertos, les reproduzco textualmente uno de sus artículos, el 117: «Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.» Y deberíamos dar un premio a quien sin ser jurista, y listo, haya entendido semejante bodrio de disposición legal, que ni siquiera lo es, puesto que el Pacto no es una ley, por lo que es preciso proceder después «a las modificaciones legales oportunas».

Si las víctimas no fueran tan desgraciadas y débiles y el Movimiento Feminista tan inútil, se habría tenido que manifestar nuestra indignación de forma contundente y eficaz ante semejante tomadura de pelo. Por el contrario, un sector de ese sumiso MF se ha mostrado muy satisfecho de semejante parto de los montes.

Pues bien, ya hemos alcanzado el 2020, ya hemos vivido expectantes y angustiadas las dos últimas legislaturas, esperando tres años que el gobierno al fin logrado con el difícil pacto de las izquierdas, se ponga a trabajar, rápida y eficazmente para erradicar la violencia contra la mujer. Y lo que estamos observando es que, de momento, las reformas anheladas de la ya caduca e ineficaz Ley de Violencia ni se proponen ni se las espera.

Mientras tanto, se asesina a dos mujeres a la semana, se viola a miles de mujeres, se maltrata a cientos de miles, y del mismo modo las denuncias se siguen archivando como las condenas son harto leves y perversamente argumentadas.

Si no cambia radicalmente tanto el criterio que han mantenido hasta ahora los legisladores como los procedimientos que han utilizado desde el derecho visigodo nuestros leguleyos, empiezo a temer que los nuevos gobierno y Parlamento y Senado seguirán la senda de sus antecesores, y se continuará engrosando la lista de maltratadas, violadas y asesinadas, con el amparo del estúpido Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Fuente de la Información: https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2020/02/08/el-estupido-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/

Autora: Lidia Falcón

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