Esta tríada, si se asume con responsabilidad y fundamentación científica, en Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Superior, sí que generará cambios significativos en la vida de las adolescentes, de las familias y de la sociedad en general.
La República Dominicana lleva varios años escuchando y repitiendo la palabra cambio. Este es un vocablo que se canta, se explica y se declama por doquier. Mientras unos repiten hasta la saciedad este término, diversas personas, colectivos e instituciones del país no solo esperan cambio, sino que están tratando de aportar para que se produzcan transformaciones pertinentes y concretas. Compartimos los deseos que hay en la población de que no se repitan las mismas prácticas y se pueda avanzar en todos los órdenes. En este contexto, hemos escuchado con frecuencia al Ministro de Educación, Profesor Roberto Fulcar, indicando que la propuesta curricular vigente hay que repensarla. La pandemia que nos afecta en estos momentos, demanda una adecuación curricular para reorientar una educación pensada con un peso esencialmente presencial y que ahora requiere una articulación con la educación virtual y la educación a distancia.
Una revisión curricular no se improvisa; requiere una preparación seria y, sobre todo, ha de ser pensada no solo para respuestas inmediatas. Ha de asumirse con una visión a más largo plazo. Antes de idear una revisión curricular, se impone una evaluación de lo realizado. Es necesario identificar qué es lo bueno e interesante que se ha hecho, además de explorar todas las acciones y prácticas que han de transformarse. Reconocemos que la calidad de la educación dominicana, tanto en el ámbito preuniversitario como en el nivel de la educación superior, es crítica. Esta realidad no la podemos eludir. Pero hemos de cuidarnos de cualquier generalización peligrosa, al asumir como punto de partida en una gestión determinada que nada sirve, que nada funciona. No compartimos posiciones extremas. Consideramos que, aunque sean mínimos, hay procesos, prácticas y culturas institucionales que aportan; y, que, a su vez, activan nuevas maneras de hacer y de aprender en los funcionarios que salen y en los que llegan.
Nos interesa recordarles a los nuevos gestores del Ministerio de Educación de la República Dominicana que cuando determinen los procesos de adecuación curricular en el contexto de la pandemia, han de tener en cuenta, con las modalidades que consideren plausibles, una tríada que tiene carácter de urgencia en nuestro país: educación sexual, educación ambiental y educación en género. El énfasis que hemos de hacer en la educación virtual no puede obviar áreas que constituyen tareas pendientes y que ya no se debe relegarlas más. Ha llegado la hora de enfrentar todos los obstáculos que bloquean intencionalmente la educación en estas tres perspectivas. En diversas ocasiones planteamos la necesidad de erradicar el lamento por embarazos de adolescentes, la histeria por los feminicidios y la neurosis por el descalabro del medio ambiente.
Esta tríada, si se asume con responsabilidad y fundamentación científica, en Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Superior, sí que generará cambios significativos en la vida de las adolescentes, de las familias y de la sociedad en general. Es una tríada que, de ser trabajada con sistematicidad, le ahorrará muchos problemas y gastos a la República Dominicana; pero, sobre todo, impulsará un desarrollo integral en las personas y en la sociedad. Las nuevas autoridades han de ser valientes y trabajar con empeño e innovación estas tres ramas del saber. Optamos por un saber que conecte con las necesidades de las personas y del tejido social.
No es recomendable formar a los estudiantes ignorando su cuerpo y escondiéndole sus funciones; no tiene sentido negar la educación en género, mientras la Ley General de Educación N° 66-97 habla de igualdad y de equidad. Mucho menos es plausible desconocer la Educación Ambiental mientras desaparecen con celeridad ríos, bosques, se reduce la biodiversidad y la Ley 94-20 de Educación y Comunicación Ambiental es una perfecta desconocida. Esta tríada no resiste más discurso ni más miedo a compromisos electorales, religiosos y empresariales. Estamos ante una tríada que no se debe esquivar.
Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/una-triada-que-no-se-puede-esquivar-8862973.html
En Canadá, las mujeres indígenas sufren altos índices de violencia.
En 2002, quienes paseaban por el barrio de Downtown East Side en Vancouver, pudieron ver que Rebecca Belmore, del pueblo indígena anishinaabe, había clavado su largo vestido rojo a un poste de teléfono. Luchaba por liberarse, y una vez liberada, con su vestido colgando en añicos y su ropa interior expuesta, leyó en silencio los nombres de las mujeres desaparecidas que tenía escritos en el brazo. Concluyó su actuación gritando los nombres uno por uno.
Belmore es una artista multidisciplinaria, y esto es parte de su obra llamada “Vigil” (Vigilia); a través de la cual rinde homenaje a las vidas de las mujeres indígenas muertas o desaparecidas de las calles de Vancouver. Ella quiere “que todas las mujeres sepan que no las han olvidado: que se evoca su espíritu y que se les da vida por el poder de nombrarlas”.
La actuación, que ahora se muestra en vídeo en las exposiciones de Belmore, puede sorprender a los observadores distraídos pero lo cierto es que en Canadá, que suele estar en lo alto de las listas que califican la calidad de vida global, las mujeres indígenas sufren altos índices de violencia. En 2014, la Real Policía Montada de Canadá confirmó que 1017 mujeres indígenas han sido asesinadas y que otras 164 han desaparecido desde 1980, a pesar de que las mujeres indígenas solo constituyen el 4.3 % de la población femenina del país.
“Vigilia” de la artista Rebecca Belmore. Foto del autora en la exposición “Rebecca Belmore: Facing the Monumental”, Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, 2019.
En un estudio de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC en inglés) se ha comprobado que las mujeres indígenas tienen tres veces más probabilidades que las no indígenas de ser asesinadas por un desconocido (16.5 %), un conocido (17 %) y por su pareja (23 %).
Ese estudio llega a la conclusión de que esas mujeres experimentan la violencia por parte de delincuentes indígenas y no indígena, mayoritariamente hombres. También revela que solo el 53 % de estos casos de asesinatos han resultado en acusaciones de homicidio, muy por debajo del 84 % de la tasa nacional de homicidios del país.
La asociación Mujeres Nativas de Quebec (QNW, en inglés) ha afirmado que, antes de la llegada de los europeos, las mujeres indígenas desempeñaban un rol esencial en la salud, espiritualidad, educación, economía y política de sus comunidades. Todo esto cambió drásticamente con la imposición de las políticas del “patriarcado europeo” que han continuado hasta hoy.
Según investigadores de varias universidades canadienses, como Marie-Pierre Bousquet y Sigfrid Tremblay, las políticas sistemáticas colonialistas impuestas por el Gobierno federal del país han tratado de asimilar a los pueblos indígenas al estilo de vida eurocanadiense, lo que erosiona su cultura e identidad nativas.
Un ejemplo de esas políticas es la Ley de Indios, vigente desde 1876, que dicta cómo el Gobierno federal se pronuncia sobre las cuestiones relacionadas con estos pueblos. Originalmente, el objetivo era su progresiva extinción de Canadá. El antropólogo Pierre Lepage dice que esta ley todavía afecta a su capacidad jurídica y socava su autonomía.
La QNW lo llama “ideología de la supresión” que comenzó con la “progresiva expropiación de los territorios” de las mujeres indígenas y las obligó a ir “de pérdida en pérdida” de recursos, autonomía, identidad y cultura.
Para esta organización, entre las consecuencias del colonialismo figura el contexto socioeconómico desfavorable en el que viven las mujeres indígenas hoy en día, lo que, a su vez, hace que aumenten los riesgos para su propia existencia. Es más, la violencia contra esas mujeres en Canadá se ha calificado de genocidio.
Para vencer su sufrimiento, las mujeres indígenas han denunciado y resistido a un sistema colonizador, racista y machista. Lento pero seguro, el arte se ha convertido en una valiosa herramienta para la expresión y para la catarsis, y les permite reclamar una versión alternativa, incisiva y desgarradora de su historia, y aceptar el papel de la sociedad también en sus desafíos actuales. Aquí están algunas de sus expresiones artísticas más conmovedoras:
“1181” de Rebecca Belmore (2014)
Belmore clavó los 1181 clavos en el tocón de un árbol, cada uno representa un caso de asesinato o desaparición de una mujer indígena registrado por las estadísticas de la Policía.
“Mil ciento ochenta y uno” de la artista Rebecca Belmore. Foto de la autora en la exposición “Rebecca Belmore: Facing the Monumental“, Museo de Arte Contemporaneo de Montreal, 2019.
“Flecos” de Rebecca Belmore (2007)
La obra es una foto de una mujer medio desnuda tumbada de lado, de espaldas a la cámara, en la que se ve una cicatriz cosida que va desde el hombro hasta abajo, y de la que salen perlas rojas, símbolo de la sangre.
Rebecca Belmore, Fringe, Cibachrome transparencia en caja de luz fluorescente. Vista de la instalación, Remai Modern 2019.
Rebecca Belmore: Frente al Monumental está a la vista hasta el 5 de mayo en el Remai Modern.
Únete a una visita guiada gratuita de la exposición este fin de semana a la 1 p.m. el sábado y domingo.
Facing the Monumental está organizado por la Galería de Arte de Ontario y curado por Wanda Nanibush, Curadora de Arte Indígena.
Belmore dice de la pieza “es el cuerpo que no desaparece”. En su trabajo, suele dibujar el cuerpo femenino con cicatrices curadas, como las que llevan muchos supervivientes, para demostrar la resistencia de las mujeres indígenas.
“Caminando con nuestras hermanas” de Christi Belcourt (2012-actualmente)
La artista Christi Belcourt, métis (o francomestizos), raza mestiza (blanco-indígena), realizó una instalación en la que puso en el suelo 1763 pares de palas de mocasines, bordadas con abalorios. Cada una representa a una mujer desaparecida o asesinada, y los niños que nunca regresaron a casa de las escuelas residenciales, responsables de la separación sistémica de los niños indígenas de sus familias y su cultura.
“Projecto REDress” de Jamie Black (2011)
Está instalación implicó la recolección de 600 vestidos rojos, color que simboliza la protección contra la violencia, a través de donaciones de la comunidad. Black, artista metís como Belcourt, quería que la obra fuera una respuesta estética a la violencia contra la mujer. A través de la ausencia de cuerpos femeninos que deberían llevar los vestidos crea un recordatorio visual del gran número de mujeres que ya no están.
Imágenes del proyecto “ReDress”. La foto a la izquierda es de Jamie Black, la de derecha es de Sarah Crawley. Utilizadas con autorización.
“Las tres Gracias” de Kent Monkman (2014)
Monkman, artista cree-irlandés, es conocido por crear una fuerte crítica visual que incorpora versiones alternativas de la narrativa dominante del colonialismo, todo ello desde una perspectiva personal e indígena.
Mediante la ironía, Monkman denuncia la violencia contra mujeres indígenas, incluso la explotación sexual y el prejuicio contra quienes trabajan en la industria del sexo. Por ejemplo, su cuadro “Desayuno en el césped” muestra unas prostitutas desnudas tumbadas frente de un hotel en Winnipeg, provincia donde el 70-80 % de la prostitución callejera está constituido por mujeres indígenas.
En su versión de “Las tres Gracias” de Rubens, las diosas del encanto, la belleza y la creatividad están representadas por tres mujeres indígenas con cuerpos diferentes. Con esta pieza, Monkman rinde homenaje a las “hermanas desaparecidas y muertas”; como él mismo dijo “En Canadá, hay mucha violencia contra la mujer indígena […] son más de 1300 las desaparecidas y muertas”.
Como crítico abierto de la falta de comprensión de la sociedad mayoritaria sobre los pueblos indígenas, Monkman también lucha por destacar el poder de la feminidad de las mujeres indígenas, que es muy respetada en la tradición indígena.
Cada año en este día, recordamos a nuestras hermanas desaparecidas y asesinadas.
Nuestros parientes en las tierras no cedidas de wet’suwet’en colgaron vestidos rojos para sostener los espíritus de los miles que se han perdido, pero que nunca fueron olvidados. Su campamento fue invadido ilegalmente y los vestidos fueron derribados. Pero recordamos a nuestras hermanas, hijos, hijas, madres, parejas, tías, amigos y abuelas. Los recordamos siempre.
Los unist’ot’en no consienten que haya campos de trabajo industrial en sus territorios. Estos campos de hombres aumentan la violencia contra nuestras hermanas en todas nuestras tierras.
Quenes protegen a sus hermanas también protegen la tierra. Lo hacen con amor, Sâkihiwêwin. Lo hacen por todos nosotros.
– Srta. Jefe Águila Testickle
El arte indígena es una terapia para el sufrimiento individual y colectivo. Según la Comisión de la Salud y Servicios Sociales, promueve la resistencia y surte un efecto positivo en la identidad, autoestima, bienestar emocional y salud mental y física. El arte como herramienta educativa también podría servir para que el Gobierno canadiense se responsabilice por sus políticas y promover un autentico proceso de reconciliación.
Desde el inicio de la ‘guerra contra el narco’, más de 38 mil 500 cuerpos no identificados han ingresado a los servicios médicos forenses del país para terminar en cámaras frigoríficas, fosas comunes o escuelas de medicina; algunos, incluso, fueron desaparecidos en los registros estatales, dejados en funerarias, o incinerados. Esta investigación revela la magnitud de la crisis forense que atraviesa el país.
“Saturan el Semefo cuerpos de asesinados”, anunció El Diario de Juárez en marzo de 2008, mes en que los cadáveres de 40 personas no identificadas fueron enviados a la fosa común. Para mayo, otro encabezado alertaba de nuevo: “Ya no caben en la morgue”. El anfiteatro tenía 2 planchas metálicas y 14 cuerpos requerían autopsias, y guardaba otros 10 que nadie reclamó. En julio el título fue: “Saturan otra vez el Semefo”. Para entonces el promedio era de ocho cuerpos ingresados a diario, y se sumaron casi 50 exhumados de una fosa. Para diciembre -cuando los servicios periciales estaban recién ampliados y remodelados- otra nota de mal agüero se convirtió en presagio: “Colapsa el Semefo por tantos muertos”.
Las noticias sobre el inminente colapso en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez -sea por falta de espacio y de personal, truene de refrigeradores, ingreso de cadáveres de personas migrantes a las que nadie reclama, lista de espera para análisis de laboratorios- pronto se fueron repitiendo en otros estados del país, una y otra vez, en los últimos 14 años. El gobierno reconoció el problema apenas el año pasado, y lo nombró: “crisis forense”.
Ninguna autoridad ha esclarecido cuál es su magnitud.
Entre 2006 y 2019, miles de cadáveres fueron ingresados a los Servicios Médicos Forenses de todo el país. Datos inéditos obtenidos por Quinto Elemento Lab revelan que, a finales de 2019, quedaron sin ser identificados 38 mil 891 cuerpos.
En el año 2006, los cuerpos que quedaron en el anonimato dentro del sistema forense eran apenas 178, al siguiente año se duplicaron a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4 mil 408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros 4 mil 905 se acumularon.
La herencia de Calderón a esta trama fue de 9 mil 349 cadáveres anónimos. La de Peña Nieto, de 17 mil 590.
En esos 14 años el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento.
Gráfico 1. Cuerpos no identificados en México. Gráfico: Omar Bobadilla.
Esos casi 39 mil cuerpos forman parte del saldo de 14 años de la política de militarización estrenada desde el sexenio de Felipe Calderón, la “guerra contra el narco”, que desató un baño de sangre y echó gasolina a las disputas territoriales de los grupos criminales. En ese lapso, 289 mil personas han sido asesinadas y más de 70 mil, desaparecidas.
La paradoja es que cada día familias de distintas geografías se organizan en colectivos para salir a buscar a sus parientes desaparecidos, muchas veces con picos y palas, excavando con sus propias manos. Cada año madres de migrantes recorren México buscando pistas sobre sus hijos e hijas que nunca volvieron. Entre esos casi 39 mil cuerpos bajo el poder del Estado podría estar la respuesta que a esas familias les falta. El Estado los tiene, pero no siempre tiene la voluntad de regresarlos a casa y que tengan un entierro digno.
¿Qué se sabe de estos cuerpos?
Esta investigación, basada en solicitudes de transparencia de información pública a las autoridades forenses de las 32 entidades y la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR), arroja que 25 mil 833 de los cuerpos NI o No Identificados, correspondían a hombres y 2 mil 419, a mujeres. En 10 mil 639 no fue especificado el género en las respuestas.
Cinco estados concentran más de la mitad de esos cuerpos: Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Juntos registraron 21 mil 881 personas fallecidas sin identificar.
Gráfico 2. Cuerpos no identificados por estado. Gráfico: Omar Bobadilla.
Ningún gobierno, informe o diagnóstico ha aclarado hasta ahora cuántos son y en dónde están esas decenas de miles de cadáveres anónimos.
Sin normas nacionales homogéneas para el procesamiento, identificación y resguardo de los cuerpos, y con personal insuficiente para la estampida violenta, a los Semefo llegaron miles de cuerpos que muchas veces fueron indebidamente resguardados, poniendo en riesgo su futura identificación y trazabilidad, es decir, el registro de dónde terminó cada uno.
Cada tanto aparecen en las noticias los experimentos improvisados de algunos estados para evitar que esos cuerpos de desconocidos se estacionen en sus planchas metálicas, y dar cabida a otros recién llegados. Los casos más conocidos son los que violaron todos los derechos que tienen las personas muertas.
El gobierno de Morelos, por ejemplo, cavó sus propias fosas clandestinas en Tetelcingo, entre 2010 y 2013, para ocultar 117 cadáveres, enterró otros 84 sin placa alguna en el panteón de Jojutla que fueron descubiertos por familias de personas desaparecidas. Ellas, indignadas y enojadas, presionaron hasta su exhumación en 2016 y 2017.
En septiembre de 2018 un tráiler abandonado con cientos de cuerpos fue descubierto en Jalisco. Lo que parecía una trama de narcos fue obra de las autoridades que apilaron 322 cuerpos a bordo de dos tráileres rentados, uno de los cuales estuvo errante y sin refrigeración por calles de Guadalajara.
Las morgues móviles no eran una solución innovadora: ya antes la habían experimentado en Acapulco, Chilpancingo, Xalapa, Tijuana o en Tamaulipas y siguen siendo utilizadas. Antes de este escándalo internacional que ganó el mote de “los tráileres de la muerte”, también en Jalisco se habían dado a la tarea de incinerar en un horno a mil 559 personas; apenas 553 bolsas de cenizas contaban con los registros forenses completos que son necesarios para que alguien los pueda identificar.
Además del desborde constante en Ciudad Juárez, morgues como las de Acapulco, Chilpancingo, Cancún, Guadalajara, Xalapa, Torreón, Coatzacoalcos y Tijuana han colapsado, según reconocieron las autoridades forenses de los estados, o quedó registro en la prensa.
En 2017, por ejemplo, el Semefo de Chilpancingo paró labores: trabajadores protestaron por los olores fétidos que emanaban los cadáveres acumulados. En 2019 a las instalaciones del Sistema estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron a parar los cuerpos del anfiteatro de Tijuana, que se quedó sin cupo.
¿Dónde están los cuerpos NI?
Ante la falta de capacidad para resguardar los cuerpos, los Semefo del país encontraron una salida bajo tierra.
La crisis forense transformó al Estado mexicano en una máquina enterradora: del Semefo a la fosa común pasaron 27 mil 271 cuerpos de desconocidos -70 por ciento del total-.
Durante muchos años, personal pericial introdujo los cadáveres en bolsas de plástico y los envió a fosas comunes sin seguir un protocolo que permitiera una identificación posterior de la persona fallecida. El sitio del entierro y los registros fueron dejados a cargo de los panteoneros municipales que lo hicieron a su libre albedrío, no siempre con orden o cavando fosas individualizadas.
En Coahuila, por ejemplo, durante la implementación del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense, de 2017, se encontró que los cadáveres en las fosas comunes no eran los que indicaban los registros, ni en número, ni en descripción. En las fosas irregulares de Tetelcingo, Morelos, la Fiscalía estatal enterró 46 cuerpos y extremidades que, o no tenían datos de identificación o tenían etiquetas ilegibles. Peritos de la FGR iban por 30 cuerpos, y extrajeron más de 100.
Estos procedimientos erráticos desembocan en lo que llaman “pérdidas administrativas”.
Lo explica en entrevista el asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México, Hugo Soto Escutia: “Si se identifica, esa persona queda en una fosa donde hay más de 50 personas, 32, 40, equis número, y no sabe bien en qué posición quedó, en qué nivel, etcétera, ahí lo pierde el Estado. Por eso se le llama la pérdida administrativa, por una cuestión administrativa del Estado”.
El otro destino más común para los cuerpos sin identificar son las gavetas en los Semefo. Un 14 por ciento de cuerpos sin nombre que no yacen en fosas comunes esperan a ser identificados dentro de cuartos con cajas para cadáveres esqueletizados, cámaras frigoríficas o planchas dentro de los anfiteatros. En ese limbo permanecen 5 mil 446.
Foto 2. Gavetas dentro del Semefo de la Fiscalía de Nayarit. Crédito: Karina Cancino.
Pero el que estén más a la vista no garantiza que serán identificados.
En 2011, por ejemplo, se descubrió que el moderno anfiteatro de Ciudad Juárez “guardaba” 26 cuerpos de mujeres, algunas de ellas buscadas por sus madres durante años, las cuales constantemente preguntaban por su paradero en el mismo Semefo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) encontró que 47 cuerpos que deambulaban en las morgues itinerantes de Jalisco contaban con los datos necesarios para haber sido identificados.
Entre esta porción de NI embodegados en instalaciones forenses están, por ejemplo, los cuerpos extraídos de fosas de Iguala y sus alrededores cuando se hacía la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014. Alrededor de 90 ocupan gavetas del CEMEFOFE de la FGR en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información recabada, de esos casi 39 mil cuerpos NI, 954 fueron reducidos a ceniza: tres en Tamaulipas, el resto en Jalisco. La única esperanza para quienes les buscan es que los peritos hayan integrado correctamente sus expedientes, con foto y análisis genético incluido. La FGR no mencionó en sus respuestas la incineración de 10 cuerpos exhumados de fosas en San Fernando, Tamaulipas, el último día del sexenio de Calderón.
Al menos 2 mil 589 cuerpos fueron donados a escuelas de Medicina. Es posible que los estudiantes estén aprendiendo con los cuerpos de personas buscadas por sus familias.
Universidades como la de Guadalajara han contribuido a esta crisis humanitaria: incineró 118 de los cuerpos donados por Instituto Forense.
En otros 53 casos son funerarias privadas las que tienen en su poder los restos. En Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las fiscalías delegaron su obligación de resguardar los cuerpos a estos negocios particulares.
Foto 3. Capilla en jardín funerario de Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La doble desaparición
En el colmo, en siete estados, perdieron cuerpos.
Es la situación de 999 cadáveres de los que las autoridades forenses no saben aclarar su destino final aunque sus peritos fueron los últimos que los examinaron dentro de sus instalaciones. Reconocieron este desorden que raya en lo delictivo las fiscalías de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. El registro de su resguardo final se perdió en el laberinto institucional.
Un caso paradigmático es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que respondió que tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones.
Las autoridades forenses de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz no entregaron la información sobre el destino final de 2 mil 528 cuerpos NI, que equivale a 6.5 por ciento del total nacional de cuerpos no reclamados. Sólo es posible saber que fueron registrados y que continúan en calidad de desconocidos.
La Fiscalía de Guanajuato evadió responder cuántos cuerpos no identificados tenía: tras reiteradas solicitudes de Transparencia sólo reconoció que contaba con “153 archivos básicos completos” con descripción de características que permitan posteriores identificaciones.
Después de una queja ante el Instituto de Transparencia de Guanajuato, entregó información sobre 701 cuerpos inhumados en fosa común, pero informó que desconoce cuántos fueron posteriormente identificados. La fiscalía no respondió a la solicitud de entrevista solicitada.
No hay forma, entonces, de saber la magnitud exacta de la crisis forense.
En esta investigación sólo mencionamos cuerpos completos y osamentas. Por los Semefo pasan cientos de miles de restos y fragmentos humanos. En varios estados del país, los criminales han utilizado ácido o fuego para destruir cuerpos o volverlos irreconocibles.
Gráfico 3. Destino final de los cuerpos sin identificar. Gráfico: Alejandra Saavedra.
Diagnóstico desconocido
En junio de 2019, durante el primer informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas expuso que en el país hay 37 mil cuerpos a los que posiblemente no se les practicó necropsia, 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos.
No se especificó la metodología del diagnóstico, el número de personas fallecidas no identificadas, sus características, su distribución en las entidades federativas y dónde se encontraban (ver recuadro sobre “el informe secreto”).
Tampoco el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano civil e independiente que vigila el cumplimiento de la Ley general en materia de desapariciones, supo cómo se llegaron a esos resultados. “Nosotros conocemos igual que todos el Power Point que se presentó en una reunión, tuvimos dudas precisamente sobre las metodologías usadas para llegar a esta cifra (…) seguimos sin tener muy claras las metodologías con las que se han llegado primero a 26 mil y luego a 37 mil”, explica Volga de Pina, integrante de este Consejo.
Encinas mencionó que la “emergencia forense” se debe a falta infraestructura, personal, recursos, cementerios forenses y protocolos homologados para la conservación de cadáveres.
Aunque Quinto Elemento Lab envió diversas solicitudes de información para pedir una copia del diagnóstico completo, este fue negado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) alegando que solo la FGR contaba con él, mientras que la Fiscalía argumentó que el diagnóstico no estaba concluido.
Los estados de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas, en cambio, sí entregaron a Quinto Elemento Lab una copia del cuestionario que respondieron para ese informe.
Las respuestas que las autoridades de estos tres estados enviaron para la conformación del diagnóstico forense muestran una realidad desoladora: en el caso de Baja California Sur, la dirección de servicios periciales reconoció que la carga de trabajo está en aumento, pero no así el personal operativo. En tanto Tamaulipas, que recibe en promedio 10 cadáveres al día, respondió que puede tardar de tres días a un mes para identificar a una persona; en algunos casos hasta dos años si no cuenta con confrontas genéticas. El cuestionario respondido por el Semefo de la ciudad de Puebla es escueto: escrito a mano, a veces ilegible y tachado, se alcanza a leer: “La carga de trabajo ha aumentado, 10 cadáveres x día y rebasado. Casos complejos”.
Documentos 1. Cuestionario respondido por autoridades forenses de Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. Crédito: Documentos obtenidos vía solicitudes de información pública.
Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, considera que es injusto estigmatizar a los servicios médicos forenses hablando de “crisis forense”.
Dice que no lleva a nada constructivo repetir que en Jalisco hubo “4 tráileres con 400 cuerpos” o que en Guerrero entregaron cenizas a familiares que resultaron no ser de humanos. “Son datos que ya se manejaron”, dice el médico en entrevista.
“Se me hace injusto (hablar de) el tema de la crisis forense, No, acá tenemos una crisis de violencia, de delincuencia, que repercute en el área forense, me queda claro, pero al manejarlo como crisis forense siento que nos dejan a todos los forenses la máxima responsabilidad de todo esto cuando se ha hecho el máximo esfuerzo”.
Para Anselmo Apodaca, la violencia se combinó con falta de infraestructura, de inversión en tecnología, de personal y capacidades rebasadas. Admite también que en algunos estados no hubo visión al dotar presupuesto a las unidades de medicina legal.
Los Semefo no estaban preparados para lo que vendría. Fueron sorprendidos por la llegada masiva de las víctimas de homicidios y masacres a las que debían de atender con infraestructura deficiente: en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas las funerarias privadas les prestan sus instalaciones. O sin personal suficiente, como lo reconocen las autoridades forenses en Baja California Sur, Puebla y Tamaulipas. O sin inversión, como ocurrió en Veracruz donde 80% del presupuesto destinado al rubro fúnebre se usó para otros gastos. Tradicionalmente los Semefo han sido tratados como apestados a la hora de la repartición de recursos estatales.
“La violencia se fue incrementando y se fue abandonando en muchos lugares el presupuesto para poder fortalecerlos”, dijo Apodaca, también comisario de la Policía Federal con especialidad en criminalística. “Al no estar fortalecidos quedaron rebasados en sus capacidades (…) los Semefo fueron sobreviviendo con el presupuesto que les iba asignando cada estado”.
Considera que habría que contar los cuerpos sí identificados, que son muchos y que demuestran el buen trabajo realizado en muchos Semefo.
Sin embargo, el diagnóstico que se pretende ocultar queda ventilado cuando otras instituciones han podido echar un vistazo al funcionamiento de los servicios periciales.
Un estudio que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo sobre las capacidades forenses de Veracruz -obtenido por AVC Noticias-, reveló que de 910 cuerpos enviados a fosa común entre 2014 y 2017, sólo 187 tenían archivos básicos post mortem. Encontró también que era una constante en las fichas sobre los cuerpos ingresados en Semefo no desglosar lugar preciso de recuperación, si actualmente el cuerpo está o no identificado y el estado que guarda.
Documento 2. Diagnóstico de CICR. Crédito: AVC Noticias/Connectas
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización independiente que colabora con gobiernos y colectivos de familiares para la identificación de personas, y que participó en la Comisión Forense para revisar junto a la PGR los cuerpos NI extraídos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, encontró que las autoridades estatales y federales cometieron una cadena de errores, según documentó la CNDH en su recomendación 23 VG/2019.
Por ejemplo: terminaron en fosas comunes 31 de los 60 cuerpos exhumados aún cuando podrían haber sido identificados. Erráticamente incineraron un número indefinido de cuerpos. Retrasaron más de 4 años el cotejo de muestras genéticas de los familiares. Mezclaron osamentas de distintas personas. Perdieron pertenencias que acompañaban los restos. Levantaron reportes sobre desapariciones sin datos importantes. Entregaron el cadáver de un mexicano a una familia guatemalteca y esperaron un año para remediarlo.
En enero de 2020 la CEDH de Jalisco hizo una recomendación al IJCF y a la Fiscalía estatal en la que señaló que se borraron los datos en las etiquetas del 25 por ciento de los cadáveres NI. Cuando el sistema arrojaba una coincidencia entre cadáveres y fichas de desapariciones de otros estados, no se solicitaba colaboración para localizar a los familiares. Toma de huellas dactilares tardía a los cuerpos. Falta de confrontación de las muestras de ADN de personas que buscaban a un familiar con las muestras de ADN de los cuerpos a su resguardo. Ausencia de datos de al menos 700 cuerpos cremados en años anteriores.
El colapso de los servicios periciales es tortura para las familias.
Foto 4. Hallazgos de restos óseos en fosa. Crédito: Germán Canseco/Proceso.
El colapso forense
Quinto Elemento Lab también obtuvo información vía Transparencia para esta investigación sobre la saturación de los Semefo en el país. Al cierre de 2019, 44 de 177 Semefo estaban desbordados. Se trata de unidades en 18 estados de la república, y el de la FGR.
Es decir, uno de cada cuatro unidades que resguardan cuerpos tiene el cupo sobrepasado.
El Semefo de Xalapa guardaba 364 cuerpos más de los que le caben. Y el CEMEMOFE de la FGR tenía 164 cuerpos de más. La Zona Norte de Quintana Roo padecía una situación crítica: el anfiteatro excedía su capacidad por 85 cuerpos.
Los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz reconocieron que han recurrido a contenedores frigoríficos para el exceso de cadáveres, pero en sus respuestas no aclararon la capacidad de esas morgues improvisadas.
El Semefo de Ciudad Juárez reportó que tenía 45 cuerpos más.
En 2018 la prensa juarense informó que la morgue requería nuevas inversiones, que ingresaban 420 cadáveres por mes (la mitad, víctimas de homicidios), que a 231 cadáveres les faltaba el análisis de perfil genético, que una persona buscó 8 años a su hijo y la encontró en el Semefo, que víctimas se manifestaron para exigir información de cuerpos resguardados.
La autora de las primeras notas sobre la saturación de las morgues de 2008 es la periodista Luz del Carmen Sosa. Estos años ella ha sido testigo de la ampliación de instalaciones, el equipamiento, las nuevas contrataciones y los cursos al personal del Semefo, las certificaciones de laboratorios y, en contraste, las interminables filas de espera para la autopsia; la caravana de madres de jóvenes desaparecidas que pedían auditar el Semefo para buscar a sus hijas; la falla del sistema de refrigeración por exceso de cadáveres; el asesinato del jefe de servicios periciales; el hallazgo de fosas clandestinas que convierten a Chihuahua en segundo lugar nacional; los cuerpos que permanecieron años sin ser identificados aunque sus familias los reclamaban; los sistemáticos entierros de desconocidos en fosas de panteones municipales para desocupar espacios, y los repetidos colapsos de la morgue.
Diez años después de aquellas primeras notas, en 2018, documentó que sumaban 584 los cadáveres no reclamados.
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Foto 5. Informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda. Crédito: Benjamín Flores/Proceso.
En febrero de 2019, el Subsecretario Alejandro Encinas prometió que se crearían cinco Institutos Regionales Forenses (en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Veracruz), 15 cementerios forenses -depósitos temporales de cadáveres- en nueve estados y se daría un apoyo “extraordinario” para los servicios forenses en estados rebasados, para fortalecer capacidades estatales y para la CNB.
En diciembre de 2019, por presión de las familias de personas desaparecidas y también con su participación, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano de expertos con autonomía técnica y científica que apoyará la identificación de los cuerpos o restos óseos en todo el país. A pesar de la urgencia de las familias de personas desaparecidas por encontrar a sus seres queridos, éste sigue sin titular y aún no funciona.
Yolanda Morán, quien busca a su hijo Dan Jereemel Fernández y es vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, considera que el presupuesto es insuficiente. Está esperanzada de que el primer día de enero arranque el Mecanismo.
A la fecha, una promesa se ha cumplido: en agosto pasado Coahuila recibió del gobierno federal un Centro Regional de Identificación. El 17 de septiembre, en Michoacán, se puso la primera piedra del que será un Centro de Resguardo Forense.
El jefe de la delegación del CICR para México, Jordi Raich, informó el año pasado en entrevista que se ha calculado que, en un escenario ideal, con los especialistas y recursos necesarios, se podrían revisar por año un estimado de 2 mil cuerpos, para tratar de devolverles la identidad. Esto significa que demoraría 20 años sin contar los nuevos ingresos. “Si no se entra en un escenario (de violencia) que se recrudezca aún más”.
Foto 6. Fosa común en el panteón Centenario de Los Mochis, Sinaloa. Crédito: Luis Brito.
La serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab y el proyecto A dónde van los desaparecidos revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Síguela en: www.quintoelab.org/crisis-forense/
Diagnóstico: Información “clasificada”
En 2018 comenzó una danza de cifras sobre los cuerpos no identificados en el país.
Para abril, el subsecretario de Derechos Humanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, Rafael Avante, soltó que eran 35 mil cuerpos no identificados en los Semefo. Nunca aclaró su fuente ni atendió a las solicitudes de información pública. Al terminar su mandato le dio otro dato a Alejandro Encinas, quien lo sucedería en el cargo: eran 26 mil.
En enero de 2019, al despedirse de su cargo, el Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera, afirmaba que habrían 36 mil 708 cadáveres NI, según los registros de huellas dactilares en la Plataforma México.
Antes de acabarse el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy FGR- realizó el “Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones”, que nunca se presentó al público, pero estimaba en 16 mil 520 el número de cadáveres conservados en Semefo o enterrados en fosas comunes de 26 estados.
El último esfuerzo para despejar la incógnita de registros post-mortem de cuerpos no identificados se hizo en marzo de 2019, a partir de que la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) fueron urgidos desde Presidencia de la República para elaborar un diagnóstico.
Funcionarios de las distintas dependencias fueron enviados del 29 al 31 de marzo a cada una de las entidades federativas para hablar con las personas a cargo de los anfiteatros y llenar un largo cuestionario sobre instalaciones y capacidades, número de especialistas y de cuerpos.
A mediados de año Encinas presentaría los resultados: había 37 mil 443 cuerpos a los que probablemente no se les hizo una necropsia. No mencionó más.
En 14 años ningún funcionario ha presentado algo más que declaraciones. Nadie ha presentado un informe completo.
La CNB y la FGR negaron el acceso al documento, en las solicitudes de información realizadas.
El diagnóstico señala que en el país hay 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar 5 mil 171 cuerpos que -a marzo de 2019- tenían 8 mil 116 cuerpos, lo que representaba un sobrecupo de 2 mil 945 cuerpos. Y que la causa de la “emergencia forense” era la falta de personal, infraestructura, recursos, panteones especializados y protocolos homologados.
El ahora consultor independiente Anselmo Apodaca, quien en 2019 era coordinador general de la Unidad de Servicios Periciales de la FGR, explicó en entrevista que el diagnóstico no se hizo público para evitar un golpeteo entre partidos políticos con base en el desempeño de los servicios forenses estatales.
“(Fue) para no evidenciar a nadie, porque era un tema también político. Los servicios periciales no manejan el tema político, pero algunos estados estuvieron renuentes por su gobernador, por su fiscal, de no dar los datos adecuadamente, esto fue al inicio. (Luego) se hizo un consenso, realmente sensibilizamos a todos los directores de periciales para que ellos, a su vez, sensibilizaran a sus fiscales. Fue un trabajo nada sencillo porque todo mundo siente que es dueño de su información, pero al hablar de bases de datos no puedes ser dueño de su información”, dijo.
Agregó que a cada duda se hablaba con los titulares de los Semefo. Otra fuente consultada bajo condición de anonimato mencionó que nunca fue posible homologar los resultados: en las prisas por darle una expedita respuesta al presidente se envió a cualquier gente a hacer auditoría a los Semefo y muchos no entendieron la jerga forense y, a su regreso a la ciudad de México no supieron traducir en detalles técnicos.
Sea por consenso entre autoridades o porque nunca fue terminado, lo cierto es que el documento sigue bajo candado.
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/un-pais-rebasado-por-sus-muertos/
Las mujeres mexicanas se organizan, demandan, luchan, son solidarias entre sí, aunque el Estado niegue sus derechos y sea cómplice de miles de muertes en el país.
Cuando me enteré de que un grupo de mujeres feministas habían tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, no pude dejar de pensar en su valentía. Pensé de inmediato que, en estos tiempos de incertidumbre -por lo menos, en 2020 y lo desatado por la pandemia de la COVID-19-, un acto político colectivo como este nos recuerda que el Estado sigue teniendo muchas deudas que no han sido saldadas. Por ello, las feministas, las madres de desaparecidxs, las mujeres y personas disidentes, conscientes de un sistema patriarcal que mata y violenta, no toleraremos más no ser escuchadxs. El detonante que da como resultado la Okupa Feminista sucedió entre el 2 y 6 de septiembre pasados.
El 2 de septiembre, distintxs familiares provenientes del estado de San Luis Potosí llegaron a la Comisión para solicitar el seguimiento de casos no resueltos de violencia y desaparición de personas -principalmente, mujeres e infantes-. Entre estxs familiares, estaba Marcela Alemán, madre de una niña que fue víctima de agresión sexual, en 2017, dentro del espacio escolar. El caso de la hija de Marcela ha tenido una serie de quejas en distintas dependencias del gobierno y, a pesar de que incluso la niña ha identificado a sus agresorxs, no ha habido una resolución. Al no recibir una respuesta satisfactoria, Marcela decidió no irse de la CNDH, sentarse en una silla y quedarse ahí hasta no solamente ser escuchada, sino atendida de manera digna, en un camino que diera luz a resolver el caso de violencia que vivió su hija. Junto con ella, Silvia Castillo, madre de un niño asesinado en 2013 en San Luis Potosí, también decidió quedarse con Marcela.
Los siguientes días, colectivas feministas -a quienes las madres habían contactado-, así como más familiares de personas desparecidas, asesinadas o violentadas de alguna manera, llegaron a la CNDH con el fin de exponer, apoyar, acompañar y exigir, de manera colectiva, la resolución de sus denuncias. El domingo 6 de septiembre, las colectivas feministas dijeron que no obtuvieron respuesta ni solución de las demandas y, durante ese día, cambiaron el nombre del edificio a “Okupa Casa Refugio Ni Una Menos México”. Como parte del proceso de ocupación de este órgano público, encargado de proteger los derechos humanos, las chicas efectuaron pintadas en el inmueble, sobre todo, a imágenes de hombres considerados “héroes de la patria”, y declararon al lugar un refugio para otrxs familiares y víctimas de violencia.
Entre sus demandas y la búsqueda de resolución de sus denuncias -que significan vidas, experiencias y personas a las que se les han violado sus derechos como seres humanos-, lxs familiares y feministas han solicitado la renuncia de la titular de la CNDH, la cual se niega a hacerlo, ya que argumenta que ella está “haciendo su trabajo”.
Imagen: Quetzalli Nicte Ha González
Hasta el 15 de septiembre, no se había llegado a ningún acuerdo; por el contrario, las declaraciones efectuadas por las autoridades del Estado, sobre todo, por Andrés Manuel López Obrador, fueron reduccionistas. El presidente mexicano reconoció que la okupa es resultado de “una demanda justa” y “un asunto político”, sin embargo, con la incapacidad de resolver que lo ha caracterizado, declaró: “Yo no me equivoco: abrazado por el conservadurismo”. Nuevamente, esta declaración demuestra que la jefatura del país, en vez de atender, se justifica y, desde el complejo de sabotaje a su gobierno, no asume ni atiende las injusticias que lxs familiares y víctimas de violencia han vivido.
Además de la okupa efectuada en la CNDH en la capital mexicana, otras colectivas feministas de diversos estados se han sumado. Han habido otras tomas del mismo organismo público (a nivel estatal), en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, el Estado de México, entre otros. Uno de los casos más sonados fue la toma de la CODHEM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México) por distintos grupos de feministas en Ecatepec, donde fueron desalojadas de manera violenta en la madrugada el 11 de septiembre. Distintas formas de represión se han dejado ver. ¿Quién nos cuida de la policía? ¿Quién nos cuida del poder del Estado? Los actos de represión ante las protestas feministas, ante las okupas y tomas de dichos organismos nos recuerdan que, para el sistema patriarcal del Estado-nación mexicano, nosotras y nosotrxs no somos personas.
Ante todos estos eventos, llegó el AntiGrito Feminista organizado y convocado el 14 de septiembre por las colectivas y familiares que habitan la Okupa Casa del Refugio Ni Una Menos, en el mismo lugar. Este acto obedeció a una acción política que cuestiona, de alguna manera, los símbolos nacionales de México. El grito de guerra que desató la independencia un 16 de septiembre, ese grito que da origen a un país “libre y soberano”, a una nación que, como muchas veces Mónica Cejas me ha comentado, nos recuerda que las mujeres no somos parte de ella, no somos ciudadanas. Ese AntiGrito estuvo protagonizado por la participación de artistas feministas, que festejaron la okupa, y la lucha de las madres y familiares.
Imagen: Quetzalli Nicte Ha González
A pesar de las críticas efectuadas a las acciones feministas, las tomas y okupas feministas han recibido víveres, ropa y medicinas para sostener su lucha. La ayuda viene de personas que comprenden la importancia de su acto para el futuro de nuestro país y quienes le habitamos. Desde que la pandemia apareció en nuestro contexto como una amenaza vital, he tenido la sensación de que la vida ha sido congelada por el miedo. Esta okupa nos recuerda que no podemos paralizarnos ante el miedo; además, recupera las luchas, tomas del espacio público y rabia que distintas colectivas feministas hemos vivido en los últimos años. No puedo más que agradecer a todas esas mujeres, madres y familiares que están ahí poniendo el cuerpo: me devuelve la esperanza de que juntas, juntxs, podemos hacer un refugio donde los deseos de un mundo distinto pueden existir.
*Por Merarit Viera Alcazar (Feminista, bruja y música. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana -Xochimilco), Área Mujer, Identidad y Poder. Colabora en el Seminario de Investigación en Juventud (SIJ-UNAM). / Foto de portada: Quetzalli Nicte Ha González.
El grito resuena en todo el continente. Se mezcla con el torrente de los ríos, vuela encima de las cordilleras, se interna en los vericuetos de las metrópolis y sigue andando más allá de los poblados. “Nos están matando”, se escucha una y otra vez en la inmensa geografía que va de las calles resistentes de Portland a la villas de Buenos Aires, de las ardientes de Bogotá a las favelas de Rio de Janeiro, pasando por las comunidades de Tila (Chiapas) y del Cauca colombiano. “Nos están matando”.
El brutal asesinato de un abogado en Bogotá, por el delito de violar la cuarentena para comprar alcohol, disparó la rabia contenida de las 55 masacres durante lo que va de 2020, sumadas a la desesperación de semanas de cuarentena, desocupación y hambre. En apenas tres días de revuelta, hubo 11 muertos reconocidos, 72 con heridas de bala y un reguero de balazos disparados por uniformados impunes para contener lo inevitable.
La rabia de jóvenes y jóvenas se llevó alrededor de 70 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, 47 de ellos quemados y el resto destruidos. No es justicia, que no la habrá, sino rabia, bronca, enojo multiplicado por millones. No la habrá porque los crímenes de los policías pasan a la justicia militar, como sucedió con Dilan Cruz, asesinado en una manifestación pacífica de estudiantes en noviembre pasado.
Qué decir del Cauca, donde este año hubo ya cinco masacres y los paramilitares operan a sus anchas. El 11 de setiembre, Oliverio Conejo Sánchez, coordinador del Programa de Salud del Cabildo Indígena de Totoró, y su hija Emily de 22 años, fueron interceptados en la carretera y asesinados por pertenecer al Consejo Regional Indígena del Cauca, que enarbola el lema “Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra” (https://bit.ly/3kdRI58).
En Chile el Ministerio del Interior informó que entre el 18 de marzo y el 7 de julio Carabineros y la Policía de Investigaciones detuvieron a 51.439 personas, a lo que debe sumarse las detenciones por toque de queda que son otras 43.157. Es casi el doble de todas las detenciones practicadas durante el periodo anterior, comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, que afectaron a 27.432 personas y 2.431 por toque de queda, en plena revuelta con millones de personas en las calles.
Esto indica que aprovechan la pandemia para descerrajar una represión feroz sobre los sectores populares que resisten el modelo neoliberal. La “nueva normalidad” es más represión y violencia que, según los datos de la propia Fiscalía, se verifican mayoritariamente en las zona sur de Santiago, foco de concentración de pobreza, y en la zona centro, escenario de las movilizaciones.
En Argentina la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) viene denunciando una escalada represiva que se ha cobrado alrededor de cien víctimas durante la pandemia, bajo las modalidades de “gatillo fácil”, muertes bajo custodia policial y otras modalidades. Son 6.000 asesinados en “democracia”.
Luego de la asonada policial del 9 de setiembre, cuando los uniformados se manifestaron armas en mano frente a la quinta presidencial y la vivienda del gobernador de Buenos Aires, en una supuesta demanda de aumentos salariales que fue atendida por el gobierno de Alberto Fernández, la represión siguió creciendo en los barrios populares.
El relato de Miguela, pobladora de la villa Ciudad Oculta, que la Policía le mató a su hijo Damián en diciembre de 2019, lo dice todo: “La cosa está muy picante en el barrio, no dejan a la gente ni ir a comprar. El otro día agarraron a unos niños que iban al kiosko, los pararon, los tocaron por todo el cuerpo y les pusieron el arma en la cabeza. Uno de los chicos tenía tres años” (https://bit.ly/35yTr0N).
Un artículo aparecido esta semana en Le Monde Dilomatique, sobre la asonada policial, revela para qué está la policía: “De los 90.000 policías, alrededor de un 75% son suboficiales. Muchos de estos subordinados entienden que el trabajo de sus jefes es “recaudar”; así lo dicen: “un comisario es un recaudador” (https://bit.ly/3ivjSbg). Dicen que la violencia policial se incrementó porque ya no cuentan con los ingresos de la “caja negra”, porque sus negocios los frenó la pandemia. Bronca policial que pagan los pobres.
En Tila el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno denuncian el asesinato de un compañero, “cuando el grupo paramilitar Paz y Justicia junto con personas allegadas al Ayuntamiento municipal, atacaron con armas de grueso calibre a la población de Tila que, por acuerdo de la asamblea general, se dirigía a liberar los bloqueos que estos grupos habían instalado en los accesos a la cabecera del ejido para cercar a nuestro pueblo” (https://bit.ly/2ZDRxIC).
Como señala el periodista Hermann Bellinghausen: “Pueden cambiar los gobiernos, pero la guerra de contrainsurgencia en Chiapas contra los pueblos no termina, y a juzgar por los acontecimientos de los últimos meses en las montañas de los territorios mayas, en 2020 empeoró a una escala hace años no vista” (https://bit.ly/33sAVEM).
Mientras con una mano envían paramilitares contra los pueblos, con la otra, la Cuarta Transformación amenaza centros de derechos humanos, medios de comunicación y organismos civiles que se oponen al Tren Maya y a otros mega proyectos. Sus nombres quedarán grabados a fuego en la memoria popular, al igual que los asesinos de Emiliano Zapata. Los gobiernos duran menos, mucho menos que la memoria de abajo.
“Nos están matando”. Un genocidio recorre todos los rincones de nuestra América. Los pueblos resisten, resistimos. Como sucede en Bogotá, donde el CAI del barrio Suba-La Gaitana fue incendiado y sobre sus ruinas los vecinos crearon una biblioteca popular que bautizaron como “Nuevo Centro Cultural Julieth Ramírez”, el nombre de una joven de 18 años asesinada con disparos de arma de fuego el 9 de septiembre. Luego la policía tapó el rostro de la joven, empezando por sus ojos, todo un símbolo. Más tarde, los vecinos retornaron al lugar y reconstruyeron los daños (https://bit.ly/3hqWquF).
«El libro Género y TIC presenta una novedosa aportación desde México, Latinoamérica y España a la reflexión en torno al género y las tecnologías de información y comunicación (TIC) a partir de tres grandes apartados: I. Equidad, relaciones de género y cambio; II) Igualdad, e-economía y III) Ciberfeminismo y migración, asociacionismo, derechos y apropiación de la tecnología. Dichos debates son novedosos en tanto analizan fenómenos contemporáneos que se dan en la red social de internet y modifican el desarrollo sociotécnico de diversos colectivos, los cuales, están definiendo las relaciones sociales y culturales de principio del siglo XXI en contextos y momentos clave de la historia digital de nuestras vidas. Para las ciencias sociales y las humanidades las TIC se presentan como un objeto de estudio a escala local y global, que permiten cuestionar y analizar las transformaciones socioculturales y de poder que se de establecen día a día en diversos espacios de la vida cotidiana. El libro se compone por catorce estudios que permiten repensar el uso de las TIC como un medio de lucha y resistencia para reducir las desigualdades entre los géneros. Las aportaciones ponen a prueba nuevos abordajes teóricos y metodológicos que ayudan a reflexionar el papel que se juega en torno a los fenómenos socioculturales mediados por las tecnologías de información. Este material constituye el más reciente aporte de la Colección Estudios de Género en la Frontera Sur, Editado por El Colegio de la Frontera Sur a veinte años de la publicación su primer volumen.»
Autor/a:
Tuñón Pablos, Esperanza – Compilador/a o Editor/a Mena Farrera, Ramón Abraham –
Nuevas tensiones entre manifestantes y policías protagonizaron este jueves estudiantes como parte de una jornada de protestas, que en las últimas semanas reclaman maestros en las aulas.
Las fuerzas del orden público dispersaron una movilización que pretendió honrar al presidente del Colegio de Abogados asesinado, Monferrier Dorval, con una ofrenda floral en su residencia situada en las inmediaciones de la casa presidencial.
Con gases lacrimógenos la policía frustró las protestas, mientras los alumnos se defendieron con piedras y botellas.
En el centro de la ciudad, universitarios y estudiantes de escuelas públicas reeditaron una movilización que demandó profesores en las aulas, un mes después del reinicio del curso escolar.
‘Ya perdimos clases por la pandemia y ahora llevamos un mes sin que nadie vaya al aula’, dijo uno de los alumnos.
Por su parte, sindicatos de profesores insisten en no reincorporarse a las escuelas hasta que se complete el pago de sus honorarios atrasados y las autoridades accedan a un ajuste salarial, tras depreciación de la moneda nacional y la creciente inflación.
La víspera, en el marco de las protestas de los estudiantes, manifestantes y simpatizantes atacaron el colegio Canadá-Haitiano, lo que obligó a la institución a cerrar sus puertas. A inicios de esta semana, el ministro de Educación, Pierre Josué Argenor Cadet, condenó otras agresiones contra los liceos Friz Pierre Louis, Normalien y Roger Anglade, y pidió que no utilizaran a los jóvenes con fines políticos.
Sugirió que agendas ocultas fomentan la violencia y catalogó de inadmisible que individuos manipulen y sigan atacando a los centros, violando sistemáticamente el derecho a la educación y el respeto a los demás.
En las últimas semanas alumnos de las escuelas públicas se manifestaron en varias ciudades con reclamos similares, mientras otros se unieron a las movilizaciones de maestros.
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