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Infancia sin futuro

Autor: Giorgio Trucchi

Todos los días decenas de menores abandonan el país
En el primer semestre del año, al menos 4.700 menores hondureños que fueron detenidos mientras viajaban, solos o acompañados por adultos, hacia el norte han sido deportados a su país, señala el Observatorio Migratorio de Honduras. Esta es sólo una pequeña muestra de una gigantesca tragedia que se repite día tras día.

La campaña “Tolerancia Cero”, lanzada recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración, produjo la separación de más de 2.300 menores de sus padres cuando eran capturados al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Pese a la decisión del gobierno de revocar esta medida tras la lluvia de críticas recibidas, no han sido despejadas las tantas dudas sobre qué pasará con todos estos niños, niñas y adolescentes encerrados en centros de detenciones.

Tampoco se está explicando cómo podrán reunirse nuevamente con sus familias.

“A Trump se le salió el tiro por la culata. Lo que pretendía ser un mecanismo de chantaje y presión para los demócratas se convirtió en un elemento de desgaste para su propio gobierno y su partido”, dijo a La Rel, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras.

“El presidente estadounidense dio marcha atrás no porque entendió la gravedad de esta medida y de su política xenofóbica y racista, sino solamente para ahuyentar la presión sobre su gobierno.

Los menores -continuó Ruelas– no van a estar en mejores condiciones, simplemente van a ser encarcelados juntos a sus padres.

Lo más absurdo es que el gobierno hondureño no está haciendo absolutamente nada y se cree el relato de que la migración es un delito”, manifestó.
 
Infancia sin oportunidades
Huyen de la violencia y la pobreza

Para el director de Casa Alianza, el modelo económico neoliberal extractivista implementado por el actual gobierno hondureño es el principal responsable de la situación de pobreza, desesperación y violencia que obliga a miles de personas a abandonar el país.

“Garantizar al capital transnacional la posibilidad de explotar nuestros bienes comunes y una mano de obra desregularizada y muy barata no le ha funcionado al gobierno.

Tanto adultos como menores de edad no van en busca del ‘sueño americano’, sino huyendo de la pesadilla hondureña”, lamentó Ruelas. 
 
La ‘pesadilla’ tiene números
Dos niños se van a cada hora

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) calculó que, el año pasado, casi 380.000 nuevas personas se sumaron a los más de seis millones de pobres.

Actualmente, más del 68 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.

En Honduras, de cada 100 adolescentes en edad de estudios secundarios sólo hay cupo para 31. Más de un millón no accede a ningún nivel de escolarización. 25 de cada 100 adolescentes mujeres están embarazadas (Casa Alianza).

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) reportó que entre enero de 2016 y marzo de 2018 se registraron 2.125 casos de maltrato infantil, casi 80 cada mes, 63 menores de edad fueron asesinados en el primer trimestre de 2018, más de dos cada día. El año pasado fueron 262 los niños, niñas y adolescentes que perdieron la vida de forma violenta (OV-UNAH) [1].

Casa Alianza reportó una tasa de 32,8 homicidios de niños y niñas por cada cien mil habitantes en 2017, la más alta de la región.

“Honduras en una sociedad donde no existe un sistema de protección contra la violencia, ni una verdadera política social. Lo único que hace el gobierno es implementar programas asistenciales, militarizar territorios y reprimir.

Ha perdido cualquier tipo de relación con el pueblo. La gente ya no tiene alternativas y se va. El 40 por ciento de los menores de edad se van solos”, señaló Ruelas.

Basado en la cantidad de niños, niñas y adolescentes capturados durante su viaje hacia el norte y luego deportados, el gobierno de Honduras dice que cada hora un menor de edad abandona el país.

“Si a esta cantidad le agregamos un 40 por ciento de menores que logran entrar a Estados Unidos, podemos decir que cada hora se están yendo al menos 2 niños del país”, aseguró el director de Casa Alianza.

“Son niños y niñas que padecen sufrimientos terribles tanto durante el viaje, como al momento de su detención y deportación.

Cuando regresan a sus lugares de origen sufren una fuerte estigmatización que dificulta su reinserción en el tejido comunitario.

También en ese caso, la ausencia del Estado en dar soporte emocional a estos menores es total”, concluyó Ruelas.
Nota:

[1] Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Fuente: Rel-UITA

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244540
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África: El trabajo infantil es una lacra silenciosa

Redacción: Opinión

Entre los compromisos que hemos adquirido a nivel mundial a través de la Agenda 2030 hay un tema del que apenas se habla y que, sin embargo, limita las oportunidades de desarrollo físico, mental y social de 152 millones de niños y niñas en todo el mundo, llegando a poner en peligro su salud y sus vidas.

Hablamos del trabajo infantil, y en particular del trabajo en condiciones extremas y peligrosas, que afecta a 73 de esos 152 millones de niños entre 5 y 17 años, en lo que supone una gravísima violación para sus derechos.

Ya sea extrayendo oro o coltán en minas de Camerún o República Centroafricana, recolectando algodón en China o Pakistán, en fábricas textiles o tecnológicas en Bangladesh o Turquía, rebuscando en vertederos en Brasil o India, o invisibles como empleadas domésticas en Filipinas o Togo, niños y niñas extremadamente vulnerables soportan largas jornadas en entornos insalubres, sufriendo distintas formas de violencia y sin ningún tipo de protección, a cambio de pagas exiguas con las que contribuir a las necesidades de sus familias.

Un niño que trabaja no va a la escuela, está expuesto a problemas de salud debidos a la contaminación con pesticidas o químicos, la falta de higiene, una alimentación insuficiente y la realización de esfuerzos excesivos para su edad, y es una víctima indefensa frente al aislamiento, los abusos y la violencia verbal, física o sexual. En todas estas situaciones, se producen graves vulneraciones de derechos: el derecho a la educación, al juego, a la salud, a la protección… en definitiva, privamos a estos niños de su derecho a ser niños.

Se han logrado avances significativos desde el año 2000. El número de niños que realizan trabajos peligrosos se ha reducido a más de la mitad. Pero el progreso es demasiado lento si queremos cumplir la promesa marcada en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acabar con el trabajo infantil para el año 2025. Por tanto, es imprescindible impulsar medidas y programas que cambien esta situación y ofrezcan esperanza y oportunidades a todos los niños.

No debemos olvidar que el trabajo infantil está vinculado a la pobreza y la vulnerabilidad. Por tanto, las estrategias para erradicarlo han de abordar estas causas profundas e interconectadas. Es fundamental que las familias cuenten con ingresos e información suficientes sobre la importancia de la educación, contar con redes eficaces para detectar y apoyar a los niños y niñas en riesgo de exclusión, así como generar cambios sociales y un entorno protector de la infancia, que condene y prevenga que los niños trabajen.

Merece una mención especial el impacto de los conflictos y otras crisis humanitarias. Ante situaciones de inestabilidad y pérdida de fuentes de ingresos, las familias activan distintos mecanismos de respuesta: utilizar los ahorros, pedir ayuda a familiares y amigos, solicitar préstamos, etc.

Cuando las crisis se prolongan en el tiempo, estas opciones se agotan y entran en juego mecanismos «negativos», entre los que se encuentra el trabajo infantil. Como ejemplo, entre los refugiados sirios en Jordania en 2015, un 47 por ciento de las familias manifestaron depender total o parcialmente de los ingresos generados por un niño o niña.

Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0706&id=259552

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España: Educación desvía dinero de las becas de excelencia para las rentas bajas

Redacción: ABC Sociedad

Modifica la normativa y sube 100 euros la cuantía de las ayudas a 250.000 alumnos

La nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, redistribuirá una parte del presupuesto que destinará para becas el próximo curso. Una de sus primeras decisiones al frente de este departamento será modificar el Real Decreto que ya tenía preparado el Gobierno del Partido Popular. Los cambios afectarán a los 20 millones de euros que, inicialmente, estaban previstos para mejorar económicamente a aquellos estudiantes que tuvieran mejores notas. Esta partida quedará reducida a diez millones, ya que los otros diez servirán para mejorar en 100 euros las becas de las familias más desfavorecidas, según aseguró a ABC el presidente de ANPE (Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza), Nicolás Fernández Guisado. «El aumento de la beca se verá compensada con la reducción del tramo relativo a la excelencia académica», señala el representante de esta organización.

El contenido de esta nueva normativa, que beneficiará a 250.000 becarios, fue ayer analizado en el Consejo Escolar del Estado, ya que debe de entrar en vigor antes de iniciarse el curso el próximo mes de septiembre. El aumento de 100 euros en la cuantía fija beneficiará a las familias con las rentas más bajas, pertenecientes al umbral 1. En este tramo se incluyen las familias de tres miembros con unos ingresos netos máximos anuales de 10.606 euros; así como los de cuatro miembros con ingresos netos máximos de 13.909.

Víctimas de violencia

Ello supone que la cuantía pasará a ser de 1.600 euros, una cifra que irá elevándose progresivamente. Además de esta cantidad, los estudiantes recibirán una parte variable, que se determina una vez concluido el proceso de solicitudes.

Este incremento de la cuantía de las becas para las familias más desfavorecidas ha sido posible gracias al aumento de 50 millones, que incluyó el Gobierno de Rajoy en los presupuestos del Ministerio de Educación para este año. Unas cuentas que han sido ratificadas por el Gobierno socialista.

Otra de las novedades delReal Decreto, que también fue introducida por el Ejecutivo de Rajoy, se refiere a la reducción de la nota, del 5,50 al 5, para poder conseguir la beca de matrícula en el primer curso de estudios universitarios. Igualmente, como anunció el exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, las víctimas de violencia de género y sus hijos menores de edad, tendrán un tratamiento preferente, al excluirles de los requisitos académicos para recibir las becas.

Esta normativa todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministroa antes de su entrada en vigor. «Ya vamos con retraso», advierte Fernández Guisado.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-desvia-dinero-becas-excelencia-para-rentas-bajas-201807060336_noticia.html

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Gobierno de Nicaragua prioriza sistema educativo en medio de crisis

Centro América/Nicaragua/28 Junio 2018/Fuente: Prensa Latina
El gobierno nicaragüense prioriza hoy el sistema educativo al implementar planes especiales ante las afectaciones a la actividad académica y la infraestructura escolar, a causa de la ola de violencia desatada hace dos meses en el país.
El Ministerio de Educación (Mined) iniciará la reparación de 51 colegios dañados por grupos delincuenciales, según informó el asesor presidencial en temas educativos, Salvador Vanegas.

Nueve brigadas de mantenimiento y restauración trabajarán de inmediato en las afectaciones a infraestructura, mobiliario, sistema eléctrico y destrucción por incendios parciales o totales.

La entidad también repondrá la base material de estudio, útiles escolares y equipos tecnológicos necesarios.

El gobierno hará todos los esfuerzos posibles para continuar las clases en medio de la crisis sociopolítica en el país, donde actualmente funcionan el 90 por ciento de los centros educativos públicos y el 88 de los privados, de acuerdo con la fuente.

Para ello, el Mined ejecutará de forma gradual a partir de esta semana un plan especial, con guías de estudio, con el objetivo de que los estudiantes recuperen las horas lectivas y no pierden el curso escolar.

Durante los últimos dos meses, delincuentes azuzados por la extrema derecha vandalizaron y tomaron colegios, además sometieron a docentes a agresiones, secuestros, intimidación, amenazas de muerte e incendios, según denunció la titular del Mined, Miriam Raúdez.

El ambiente de zozobra y los bloqueos de vías impuestos por los grupos que pretenden desestabilizar el país, también violan el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes, así como el traslado de la merienda escolar, lo que perjudica a los más vulnerables, agregó Raúdez.

La ola de violencia iniciada el 18 de abril persiste en varios departamentos del país, pese al llamado a la paz de gran parte de la población.

Dicha espiral estalló en medio de protestas contra reformas al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.

Las reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno, según denunció la administración.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=190290&SEO=gobierno-de-nicaragua-prioriza-sistema-educativo-en-medio-de-crisis
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Cuatro comentarios sobre el problema de la violencia

Por: Luis Armando González

Se recogen a continuacion cuatro comentarios del autor a propósito de algunos tópicos relativos al problema de la violencia. Fueron escritos en diferentes momentos –el primero en 2011 y el cuarto en 2017— y en situaciones coyunturales específicas. Están, pues, fechados y situados. Asimismo, aún en su brevedad y con sus limitaciones, ponen de relieve que la violencia criminal (ejercida por el crimen organizado y las maras o pandillas) no sólo no es un problema reciente (que comenzó en 2009) sino que viene de los años noventa y que desde entonces para acá se ha complejizado. El autor está convencido de que la envergadura del accionar criminal requiere de una intervención del Estado –y no sólo del Ejecutivo—fuertemente coercitiva, a sabiendas de que la prevención es la respuesta de largo plazo para un problema tan complejo.

 

La escuela como objeto de violencia

La escuela no escapa a la violencia que se ha desatado en la sociedad salvadoreña desde la postguerra. El enfoque tradicional de la violencia en la escuela se revela sumamente limitado para entender lo que está sucediendo en estos momentos. Y es que ese enfoque tradicional se centra en la escuela como foco de violencia, es decir, en sus dinámicas internas de carácter violento que se toman como punto de partida para comprender las prácticas violentas de los adultos.

Desde este enfoque, entonces, la tesis que se suele defender es que la violencia en la escuela está en la base de la violencia que se genera en la sociedad. Asimismo, en los intentos por explicar la violencia en la escuela se apela, además de a los factores que derivan de la misma dinámica escolar (por ejemplo, a la violencia represiva propia de una educación bancaria-autoritaria), a los entornos familiares y de amigos que serían los que permitirían explicar por qué los niños y adolescentes son proclives a la violencia en la escuela.

De modo casi circular, esta perspectiva de análisis propende a buscar la solución al problema de la violencia en la escuela en la atención preventiva de los entornos antes mencionados, con énfasis en la responsabilidad de la familia.

¿Cuál es la violencia en la escuela que preocupa a quienes se mueven en este marco de análisis? Su punto de mira son las agresiones entre los alumnos, las amenazas, burlas y abusos contra los más débiles, etc. A los más críticos no se les escapan las agresiones y maltratos de los maestros hacia los alumnos, ni la violencia propia de un sistema escolar bancario-autoritario.

Pero, como quiera que sea, la cuestión de fondo –en la perspectiva que reseñamos— es que la escuela es un foco de hábitos y prácticas violentas que, luego, repercuten en la sociedad, cuando quienes vivieron la violencia en la escuela se convierten en adultos.

La sociología de los años setenta fraguó esta forma de entender la violencia en la escuela. En una época en la cual la familia era una pieza sólida del engranaje social y los entornos inmediatos de amigos un fuerte condicionante de las conductas individuales, lo razonable era buscar en la familia y en esos entornos las claves de los hábitos de quienes se integraban en las escuelas –que eran el otro gran espacio de integración social. Familia, grupos de amigos, escuela y trabajo marcaban los hábitos y conductas de los individuos en esos años setenta en las sociedades occidentales industrializadas.

La serie de televisión “Los años maravillosos” refleja bien esas dinámicas tal como se dieron en la sociedad norteamericana de finales de los años sesenta y principios de los años setenta. La sociología y la psicología de esos años elaboraron sus teorías y enfoques a partir de la realidad de un capitalismo sólido, en el cual la familia, la escuela y el trabajo eran los principales ejes de integración social.

Esos enfoques y teorías tienen poca utilidad en estos momentos, a la hora de entender la violencia en las escuelas. El “capitalismo líquido”—analizado por autores como Z. Bauman y A, Guiddens— exige otras formas de abordaje del tema de la violencia. Y es que, entre otros cambios importantes (por ejemplo el peso del consumismo de marcas alentado unos medios de comunicación globalizados), la familia ha dejado de ser lo que antaño fue como matriz formadora de los hábitos básicos.

Más allá del peso de la familia actual –la familia ampliada casi ha desaparecido y en el caso de la familia nuclear hay fuertes condicionantes económicas para mantenerse como tal— en la formación de sus miembros más jóvenes, hay entornos violentos (con un componente de cultura de violencia) que son más decisivos en la creación de hábitos de los individuos que la familia y el círculo inmediato de amigos.

De hecho, el entorno violento en El Salvador está dominado por pandillas y crimen organizado. Y es a ese entorno al que hay que prestar atención si se quiere entender la violencia en las escuelas salvadoreñas. Porque las pandillas y el crimen organizado están convirtiendo a las escuelas en objetivo de sus prácticas violentas; las escuelas se están convirtiendo en víctimas propicias para sus fechorías, sobre todo porque sus jóvenes son vistos como candidatos para integrarse a las redes criminales.

En la actualidad, el grave problema de la violencia en las escuelas estriba en que pandillas y crimen organizado, en determinados lugares del país, tienen en su punto de mira a alumnos y profesores. Esa violencia externa a la escuela amenaza la vida y seguridad de sus integrantes. Es una violencia distinta a la agresividad y abusos que tradicionalmente se han generado dentro del recinto escolar; más aún, es una violencia que está dando a la violencia tradicional en la escuela otra dimensión, al introducir en ella la posibilidad de usar armas de fuego o de valerse de “ayudas” externas (de pandillas) para resolver tensiones suscitadas dentro de la escuela.

Urge, pues, tomarse en serio el nuevo carácter de la violencia contra la escuela. Este consiste en que la escuela se está convirtiendo en objeto de una violencia criminal que, de no ser contenida con firmeza, dejará mucho más dolor que el dejado hasta ahora en las familias que han perdido a sus hijos o en los profesores amenazados y chantajeados por criminales sin escrúpulos. Hay que hacerse cargo del entorno violento que rodea a las escuelas; hay que hacerse cargo de la cultura de la violencia que se propaga como hongo; y hay que hacerse cargo de lo trágico que es para una sociedad que las escuelas estén sometidas a la amenaza del crimen.

San Miguel, 30 de noviembre de 2011

 

II

La complejización de los problemas sociales

 

Hay quienes gustan de ver los fenómenos sociales del presente (sobre todo los más graves y complejos) como surgidos por generación espontánea. Ya se trate de la pobreza, el crimen organizado, las pandillas o las inundaciones causadas por las lluvias, su postura es de extrañeza ante algo que se les revela como nuevo, como surgido de repente. Y en sus opiniones al respecto insisten, con voz de alarma, en lo inusitado de los problemas abordados. Incluso utilizan terminología hace tiempo en boga –y que en  otro tiempo rechazaron y condenaron— como si fueran los descubridores de la misma o por lo menos sus más fervientes valedores.

En estos días, por ejemplo, se ha escuchado a un ex Director de la PNC hablando –alarmado claro está—, de la situación de violencia en el país y planteando la tesis de la “territorialización” del accionar de las pandillas y el crimen organizado.  Cualquier persona desprevenida podría ser convencida de la tesis –sostenida por este ex funcionario policial— de que el crimen en el país nunca ha sido como ahora, siendo la mejor expresión de esta gravedad la mencionada “territorialización” del crimen.

Sin embargo, si alguien se toma la molestia de dar una mirada a la Revista ECA de la UCA, del año 2006, encontrará un texto titulado “Violencia social y territorialización del crimen”. Si esta misma persona busca en 1997 encontrará un número monográfico de la misma revista dedicado a la violencia. Y si en lugar de ECA da una ojeada a la Revista Realidad de 1998, encontrará un artículo que lleva por título “El Salvador en la postguerra: de la violencia armada a la violencia social”.

O sea: no hay tales de apuntar alguna novedad cuando se habla de “violencia territorializada”. Y es que esa territorialización no es algo nuevo, al igual que tampoco es nueva la elevada violencia social que actualmente golpea a la sociedad salvadoreña. Lo que sí es cierto es que la violencia social/criminal se ha hecho más compleja desde el fin de la guerra civil (1992) hasta el día de hoy; lo que sí es cierto es que fenómenos que apenas se gestaban en aquellos años ahora han alcanzado un nivel de desarrollo que los hacen casi inmanejables e incluso irreversibles. Y esto no sólo sucede con la violencia, sino con otros muchos fenómenos sociales, culturales, económicos, medioambientales: hace 20 o 30 años eran fenómenos en gestación, cuyo tratamiento era en muchos sentidos más fácil, pues se trataba de fenómenos poco complejos. Ahora, dos o tres décadas después, su complejidad es mucho mayor, y por ende su tratamiento y solución.

Entonces, lo que no conviene perder de vista, primero, es que los problemas sociales no surgen por generación espontánea, abruptamente, sino que tienen una génesis. Segundo, que los problemas sociales no son de la misma complejidad a lo largo del tiempo: siendo menos complejos en sus primeras etapas, a medida que avanza el tiempo se tornan más complejos. Y, tercero, que el tratamiento de los problemas sociales es más fácil en sus primeras fases que en las de maduración o de concreción final.

San Salvador, 14 de octubre de 2013

III

El fenómeno de la violencia y el inmediatismo

En estos días, en El Salvador, se ha agudizado la sensación de que nunca, como en estos momentos, la violencia ha desbordado cualquier capacidad de contenerla. Es como si de pronto, abruptamente y como si fuera por generación espontánea, tuviéramos niveles indescriptibles de violencia; niveles de violencia inmanejables y que desconciertan a todos, incluidas las autoridades de gobierno.

La gente vive la inmediatez de esta situación con verdadera paranoia, atrapada por temores indecibles que acechan desde cada sombra, cada espacio oscuro, cada desconocido que se cruza por nuestra acera o se cruza en nuestro camino. Ninguna medida de seguridad es suficiente, siendo una de ellas la disposición a mostrarse agresivos de manera “preventiva”, por si acaso al desconocido que viene en dirección a nosotros se le pudiera ocurrir atacarnos (más aún: es “seguro” que ese desconocido tenía la intención de agredirnos, pero lo disuadimos con nuestra “acción preventiva”).

Esta sensación actual de que la “situación está yuca”, como nunca, es alimentada por las grandes empresas mediáticas que, quizás movidas por intereses bien particulares no ajenos a sus filiaciones políticas, la promueven sistemáticamente, a través de juegos de imágenes y elaboraciones discursivas que la “inflan” en su cantidad, en su gravedad y en su novedad. Hay quienes, comentaristas bien intencionados o ingenuos, terminan cayendo en la trampa de la inmediatez.

Y es que cualquier esfuerzo de conocimiento está encaminado a vencer las trampas de la inmediatez y de las apariencias. El abordaje de los fenómenos sociales exige cumplir con el requisito de vencer sus apariencias, de ir más allá de lo que se nos ofrece inmediatamente, sobre todo cuando eso que “vemos”, “sentimos” o “percibimos” de un fenómeno social está inflado por empeños mediáticos mal intencionados.

La violencia es un fenómeno social. Como tal, hay expresiones suyas que afectan directamente a las personas, y que es natural que para ellas eso sea lo único que importe. Más aún, no sólo es eso lo que cuenta, sino que –dadas las limitaciones espaciales y temporales de la percepción y dadas las consecuencias dañinas e inmediatas de la violencia en sus vidas— es natural que lo que las afecta ahora de la violencia sea visto y sentido como lo más grave, pues lo que sucedió antes o lo que está detrás de lo que les afecta no tiene ninguna relevancia práctica.

Sin embargo, el analista de lo social –el sociólogo, principalmente— no puede proceder de la misma manera, porque lo suyo es el conocimiento de la realidad social. Y para conocer hay que ir detrás de los fenómenos, para explicarlos y, en la medida de lo posible, sugerir mecanismos de intervención en ellos.

En el caso de la violencia, ir detrás de sus manifestaciones inmediatas, por más duras y dramáticas que se nos presenten, es una tarea de primera importancia para quienes estudian lo social. Este “ir detrás” supone indagar sus raíces históricas y su evolución, pues los fenómenos sociales –por más que la inmediatez nos los muestre como salidos de la nada— tienen una dinámica de gestación y evolución. Sin esta constatación, no se entiende que dejados por sí mismos seguirán evolucionando y haciéndose más complejos y difíciles de resolver. Y es que esa evolución de los fenómenos sociales avanza, por lo general, hacia una mayor complejidad o, cuando menos, complicación de los mismos.

Justamente, la violencia social en El Salvador, principalmente la que involucra a las maras y al crimen organizado, se ha venido complejizando y complicando desde 1994. No es el momento de analizar los hitos de esa complejización (y complicación) –ni para analizar el papel jugado por distintos gobiernos en ese proceso—, pero sí para señalar que desde ese momento hasta la fecha ha habido distintas etapas críticas en la dinámica de la violencia, siendo la actual una etapa de mayor complejidad y complicación, pero no una situación absolutamente distinta de otras anteriores en su gravedad o impacto social.

Y si no se realiza, ahora, una intervención decisiva en la dinámica de la violencia en el país, en 10 o 20 años el problema será más complejo y complicado, pero en continuidad (y relativa ruptura) con las dinámicas previas, fraguadas 30 o 40 años antes. Por supuesto que a esa generación de salvadoreños, si todavía tenemos empresas mediáticas como las que predominan en estos momentos, les parecerá que viven momentos apocalípticos, sin solución posible, con una violencia aparentemente surgida de la nada, que afecta sus vidas y que los amenaza por doquier, sin que haya nada que hacer para protegerse. No hay nada más delicado para la convivencia ciudadana que la sensación de indefensión de los individuos; esta sensación ha venido calando en la convivencia de los salvadoreños desde el fin de la guerra civil. Se la tiene que revertir, con una intervención de envergadura dirigida por el Estado y con la confluencia de las distintas voluntades (universitarias, empresariales, intelectuales, religiosas, políticas, profesionales y gremiales) que en el país están dispuestas a sumarse al esfuerzo por hacer de El Salvador un lugar de convivencia pacífica, tolerante y justa.

Eugene, Oregon, 29 de abril de 2014

IV

 

Violencia criminal y prevención de la violencia

Por distintas razones, algunas loables y otras no tanto, en los juicios acerca de la violencia criminal se fueron estableciendo criterios de carácter ético que lenta, pero casi inexorablemente condujeron a dejar de lado la realidad dura e hiriente de la violencia criminal, que a su vez fue justificada apelando a las condiciones de exclusión y pobreza de sus agentes, o a su ingenuidad e inocencia dada su minoría de edad.

Mientras esto sucedía en las discusiones y cátedras académicas (cuyos análisis y conclusiones irradiaban hacia las esferas públicas y privadas) los criminales reales (no los que reciben en los libros denominaciones más suaves como “personas en conflicto con la ley”) no dejaban –y aun no dejan– de causar dolor en la sociedad, siendo lo más doloroso de sus acciones los asesinatos de personas inocentes a lo largo y ancho del país. Desde los años noventa, la violencia criminal ha causado una verdadera sangría en El Salvador. Ahí están los datos para quien quiera verlos. Pero detrás de los datos, hay personas concretas  cuyas vidas llegaron a su fin violentamente por obra de criminales sin escrúpulos. Eso ya no puede ni debe seguirse tolerando.

El Estado salvadoreño tiene la obligación legal y moral de utilizar con eficacia y determinación todos los recursos a su disposición para contener y someter al imperio de la ley –haciendo uso de la fuerza necesaria y suficiente— a quienes son una amenaza para la vida y los bienes de cualquier ciudadano.

Ligado con lo anterior, está el asunto de cómo se relacionan, en el combate de la violencia criminal,  el uso de la fuerza coercitiva del Estado y la prevención. Aquí se tiene que decir que ante quienes delinquen efectivamente, el Estado tiene que hacer uso de sus capacidades coercitivas, según la naturaleza (la amenaza real) del acto criminal a contener. A mayor amenaza de los criminales, mayor uso de la fuerza del Estado, pues este último debe mostrar a quienes delinquen que el crimen no paga. Es equivocado creer que la prevención debe estar orientada a quienes se dedican a delinquir.

Es equivocado y peligroso para la sociedad que el Estado se doblegue ante el crimen, o también que se exija al Estado ceder en su determinación de combatir a grupos criminales, apelando a lo mal que se sienten quienes actúan fuera de la ley. La prevención está orientada a quienes no delinquen efectivamente, pero que, dadas sus condiciones de vida, pueden correr el riesgo de terminar integrados en grupos criminales, o en cualquier caso  pueden estar en riesgo de ser víctimas de la violencia criminal.

Es falto de realismo  abanderar programas de prevención para criminales en activo que lo que hacen es usar esos bien intencionados programas para ocultarse de sus fechorías o para impedir que el Estado les dé su castigo merecido. Eso es lo que los criminales hacen ahora con la bandera de los derechos humanos, lamentablemente. La lectura que hacen de la respuesta del Estado ante el crimen –con categorías de interpretación propias de esquemas teóricos fraguados en el marco de los regímenes autoritarios de los años 60 y 70 del siglo XX— no sólo escamotea importante evidencia acerca de las dinámicas de violencia y de la respuesta del Estado ante ellas, sino que es francamente descontextualizada. La falta de imaginación teórica, el éxito que esas categorías tuvieron en un época en la cual no había manera de leer las acciones del Estado más que cómo autoritarias y represivas y el amarillismo al que se prestan expresiones como “unidades o grupos de exterminio”, “violación de los derechos humanos” y “represión estatal”, entre otras, enturbian la posibilidad de elaborar marcos interpretativos adecuados para los fenómenos sociales y políticos del presente.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/193486

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Violencia impacta en la niñez latinoamericana y caribeña

Centro América/07 Junio 2018/Fuente: Prensa Latina
Un informe de Save the Children reveló que las tasas de homicidio más altas del mundo se concentran hoy en América Latina y el Caribe, lo que impide el pleno desarrollo de los infantes.
Según el estudio, cerca de 75 niños, niñas y adolescentes entre cero y 19 años mueren cada día debido a la violencia interpersonal, registrándose las cifras más altas en Honduras, Venezuela, Colombia, El Salvador, Brasil, Guatemala, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Belice, Panamá, Haití y Jamaica.

Si bien hay avances en muchos indicadores, la violencia sigue siendo la principal amenaza para los niños y adolescentes en la región, afirmó la directora para América Latina y el Caribe de Save the Children, Victoria Ward, quien mostró preocupación por estos indicadores.

‘A pesar de los avances en materia legislativa para proteger a la niñez, todavía vivimos en un contexto sumamente violento, donde decenas de niños y niñas son asesinados cada día’, apuntó.

En su segundo año de edición, el informe Las múltiples caras de la exclusión describe un panorama desalentador en la región, al reflejar indicadores asociados a problemas de salud, desnutrición, exclusión de la educación, trabajo infantil, matrimonio y embarazo precoz.

Solo en Guatemala, la mitad de los niños menores de cinco años tienen retraso en el crecimiento debido a la alta tasa de desnutrición, explicó Lyda Guarin, especialista regional de protección contra la violencia.

El texto refiere que entre las amenazas sobresale también la prevalencia de embarazos entre las adolescentes, un fenómeno ‘que parece estar disminuyendo en todas las regiones, excepto en América Latina y el Caribe’, acotó Ward.

Datos de Save the Children reflejan que actualmente en la región, el 11 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años están casadas o en unión, siendo República Dominicana (27,5), Ecuador, Belice, Honduras y Nicaragua las naciones con más incidencia en este indicador.

Con respecto al embarazo, el informe develó que más del siete por ciento de las muchachas entre 15 y 19 años dan a luz cada año, lo que indica que el promedio regional supera en 1,5 veces el mundial.

‘El matrimonio y embarazo precoz en algo están asociados a la cultura, pero también tienen que ver con legislaciones. Hay varios países que están avanzando en la disminución de matrimonios de menores de 18 años y es algo en lo que hay que seguir pensando’, explicó Guarin.

Y subrayó: ‘Los embarazos en menores de 14 años hay que verlos con una mirada crítica, porque gran parte de estos embarazos están relacionados con la violación sexual’.

Ante esta realidad, el estudio resaltó la necesidad de que los gobiernos tomen medidas para que ningún niño o niña muera por causas evitables o tratables, ni sufra violencia extrema o se vea privado de un futuro debido a desnutrición, matrimonio y embarazo precoz o trabajo forzado.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=184576&SEO=violencia-impacta-en-la-ninez-latinoamericana-y-caribena
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Cómo dueles, Guatemala

Por: Prensa Libre/Marielos Monzón/06-06-2018

Solamente un día después del entierro de Claudia Patricia Gómez, la joven migrante de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, asesinada por un patrullero gringo en la frontera de los Estados Unidos, volvemos a ver de cerca otras muertes que nos interpelan. Nuevamente un fenómeno natural en un país como el nuestro se cobra la vida de compatriotas que tienen con Claudia un denominador común: la pobreza y la exclusión de sus familias y de las comunidades en las que les tocó nacer.

Lo ocurrido con Claudia, que intentó abrirse un camino en Guatemala y no lo consiguió, y lo que pasó el domingo con decenas de niños, niñas, jóvenes y adultos de las áreas aledañas al Volcán de Fuego que murieron quemados y soterrados, o están heridos o desaparecidos, nos habla de la clase de sociedad que somos. Una que expulsa a su niñez y juventud por falta de oportunidades, por violencia y por la negación de sus derechos más elementales; una que condena a las grandes mayorías a la muerte porque su situación de vulnerabilidad les coloca en un peligro permanente. Una donde hay un grupito que lo tiene todo a costa de que miles estén sumidos en la miseria; desigualdad que le dicen.

En la portada de Prensa Libre del sábado 2 de junio había una pregunta desgarradora: ¿Es Guatemala el peor país para ser niño? La nota de Andrea Orozco nos daba la respuesta. De acuerdo con un estudio de la organización Save The Children, el nuestro es el peor lugar de América Latina para nacer y crecer. De 28 países evaluados, Guatemala está en el último puesto cuando se analizan las amenazas que afectan a las niñas y a los niños: exclusión en los servicios de salud y educación, trabajo infantil, matrimonio y embarazo adolescente y violencia extrema —hasta marzo de 2018, 126 pequeñas/os murieron decapitados, estrangulados, víctimas de la violencia armada y de armas blancas—.

Es más, “Guatemala se caracteriza por la discriminación contra las niñas”, resalta el documento, que habla también de la tasa de mortalidad infantil (30%, según datos de la última encuesta de salud materno-infantil) y de cómo de cada 10 niños/as que se ven obligados a trabajar, solamente tres reciben un pago. Este es el rostro de un sistema construido sobre la base de los privilegios de las élites, sobre el racismo y la exclusión. Esta es la cara detrás de la migración forzada de miles de niños, niñas y adolescentes que huyen de la tragedia de haber nacido pobres y chapines.

La OIM reportó en 2017 la muerte de 249 migrantes en la frontera entre México y EE. UU. Hasta marzo de 2018 se registraron 77 muertes y 18 desapariciones. Solo en 2017 fueron capturados 14 mil 827 niños, niñas y adolescentes no acompañados que salieron de un país que los expulsa, los estigmatiza y los excluye a otro que también les discrimina y les trata con violencia.

No son pobres porque quieren. Tampoco se van porque quieren, los estamos echando. ¿Y qué hace la institucionalidad pública para protegerles? ¿Qué la cancillería y la presidencia, que no tienen tiempo más que para su pleito personal con la Cicig? ¿Qué, como sociedad, además de las campañas de acopio de víveres cada vez que ocurre una tragedia?

Nada de fondo, todo puro maquillaje hasta que la realidad nos estalla en la cara otra vez. Si no fuera por misioneros como los que sostienen las casas del migrante, por organizaciones que atienden a pequeñas víctimas de violencia o por aquellas que activan la solidaridad en momentos críticos, la situación sería —porque se puede— aún peor. Nos dueles, Guatemala.

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