Alertan que crisis acecha a la educación pública en Puerto Rico

En una carta entregada al congresista demócrata Raúl Grijalva, presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, la legisladora expresó que la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en combinación con la JSF, han colocado a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en una situación precaria.

Debilitar la UPR es debilitar el Recinto de Ciencias Médicas, donde se educan los profesionales de la salud, hacen su práctica profesional e incluso ofrecen servicios gratuitos a la comunidad, afirmó León López, del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

Aprovechó para plantear al comité que se encuentra desde el viernes en esta isla del Caribe, colonia de Estados Unidos desde hace 120 años, los efectos negativos de la ley de cabotaje a la economía puertorriqueña.

‘Agradezco la iniciativa de sesionar en la Isla para conocer de primera mano cómo van las labores de reconstrucción y el estado de la economía, (por lo que) basada en esa premisa le entregué por escrito detalles sobre varios temas de interés’, reveló.

Los congresistas estadounidenses han entrado en contacto directo con sindicalistas, dirigentes comunitarios y vecinales para conocer de primera mano el proceso de rehabilitación del país después de la devastación que causó el 20 de septiembre de 2017 el huracán María.

Los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso federal optaron por sesionar en Puerto Rico ante las quejas generalizadas de que la ayuda proporcionada por los organismos estadounidenses no llega, por lo que todavía hay 40 mil hogares sin techo y vías rurales y urbanas en condiciones deplorables.

Junto con los recortes de fondos a la UPR, que ha conllevado un alza en el coste de la matrícula a los estudiantes y ajustes en las pensiones a los trabajadores y docentes jubilados, se cierne la privatización de las escuelas públicas mediante el concepto de chárter, para ser administradas por entidades particulares.

La senadora manifestó, en relación con la ley de cabotaje que, desde su imposición hace un siglo mediante la legislación Jones, los puertorriqueños debe pagar altos costos por los productos de consumo al estar obligados a utilizar la marina mercante más cara del mundo.

A juicio de la senadora López León, ‘desde la aplicación de la Ley Jones, Puerto Rico es rehén de las empresas marítimas de bandera americana en un país donde el 90 por ciento de los suministros llegan por mar; esa injusticia la hemos estado combatiendo y seguiremos en esa lucha’.

‘Ahora que el desarrollo económico es prioridad para esta Comisión, el tema de las injustas normas de cabotaje es prioridad para abrir el mercado a la competencia’, afirmó la senadora al revelar que en la actualidad, dos empresas controlan el 80 por ciento de la carga que entra a esta isla.