A partir del 2 de julio, los mexicanos tendremos alguna certeza sobre el rumbo que tomará el país, en lo político. Al menos se dará a conocer al inminente ganador de la contienda electoral, quien asumirá la presidencia de la República en diciembre próximo. Sabremos, entonces, cuál será el tamaño del cambio político que queremos, es decir, conoceremos el nivel y la profundidad de las transformaciones elegidas, así como el perfil de gobierno que conducirá el cambio y el tipo de compromisos que asumirá la sociedad.
Entre los efectos del “cambio verdadero”, se encuentran, entre otras, las decisiones que se lleven a cabo en el ámbito de la educación. Será importante anotar, en ese terreno, que la decisión que se tome irá en el sentido de no dar continuidad a las políticas públicas del pasado inmediato, puestas en práctica no solo desde hace seis años, con el gobierno priista, sino desde el año 2000, en que asumieron el liderazgo político, durante dos sexenios, los gobiernos federales panistas (2000-2012); cambio verdadero y necesario que traerá, espero, frutos nuevos y refrescantes a la vida pública en el ámbito educativo.
En particular, el proyecto alternativo de nación, en materia educativa, que será respaldado por la mayoría, habrá de convertirse en el programa de gobierno para todos los mexicanos durante los próximos años; eso no sólo impactará la vida cotidiana de los ciudadanos que saldremos y ejerceremos nuestro derecho a votar el primer domingo de julio, sino que influirá en las experiencias de todos los niños, las niñas, jóvenes y adultos en las diversas comunidades del país.
Uno de los temas centrales del debate nacional sobre la educación, es definir cuáles son los criterios de “calidad” en este ámbito. Tema que será abordado, con toda seguridad, durante las consultas públicas que el nuevo gobierno organizará, a efecto de preparar el nuevo plan educativo.
No obstante, las duras críticas que se han hecho a las políticas educativas de los últimos años, en especial al gobierno de Peña Nieto, en el sentido de que se privilegió, entre otros temas, -como consecuencia de la búsqueda de “la calidad” por parte de las autoridades federales y estatales-, el “esquema evaluador” por encima del “esquema formativo” de los maestros y directivos de la escuela pública, los programas o las propuestas de gobierno expuestos por los candidatos a la presidencia en campaña, no parecen contradecir la idea de lograr una educación de «calidad» con equidad para todos.
¿Cuáles son los fundamentos de esa toma de posición por parte de los candidatos y sus partidos? ¿Qué es lo que pretenden decir, en el fondo, cuando hablan de «calidad» de la educación? ¿De qué manera nuestros políticos descifran o procesan las nociones de “calidad” frente a otros conceptos asociados como “equidad”, “cobertura”, “rezago” e “inclusión” educativos? No lo sé, para ser sinceros. Lo que sí sé es que éstos son, por definición, conceptos controvertidos cuyo análisis no es nuevo.
Para mostrar un fragmento de dicha polémica, retomo lo expresado por el investigador español, Antonio Bolívar, en un texto titulado “La educación no es un mercado”, donde el académico europeo discute la idea de que, con tal de asegurar la “calidad educativa” (con enfoque empresarial) los gobiernos han manoseado ese término, de tal manera que se ha convertido en una «fiebre» como si «la única estrategia de mejora (para la educación pública) es que «el mercado nos salve»”.
Según el profesor de la Universidad de Granada, la crítica a lo que se ha dado en llamar: «el circuito de la calidad educativa» tiene sólidos argumentos en contra. Desde finales del siglo pasado, Bolívar ha señalado por ejemplo lo siguiente: «… los centros educativos se han visto sometidos a unos nuevos «gurús» de la calidad que, con un lenguaje extraño en unos casos o cambiando la semántica en otros, prometen –sin necesidad de nuevos recursos humanos o materiales– dar la calidad demandada a los centros escolares. Esta fiebre ha llegado también al mundo universitario, donde proliferan Unidades de Evaluación de la Calidad. Lo que sucede es que, en este caso, el problema no es tan grave como en la escolaridad obligatoria, aun cuando los posibles efectos, más allá de la retórica con que se presentan, sean los mismos. Y es que apelar a un deseo básico de los productores y de los clientes genera lógicas expectativas: ¿quién no desearía una educación de «calidad»?»… «Dejando aparte la ironía anterior, el asunto es más serio, en cuanto que se inscribe dentro de una reestructuración o reconversión de la escuela pública, donde se alinean un amplio espectro de tendencias: descentralización y autonomía para transferir la responsabilidad de la gestión a la propia escuela, nuevos roles del profesorado, promover un espíritu competitivo intercentros (públicos y privados) con una diversidad de proyectos y ofertas, que incremente la elección por los clientes. Esta nueva «ideología» de gestión de los centros públicos pretende hacerlos sobrevivir mediante la satisfacción de las demandas de los consumidores…» (1)
En el año 2005, el mismo autor expuso, así mismo, una crítica ácida hacia esa llamada “fiebre por la calidad educativa” centrada en las mejoras a la escuela, sin aterrizar en su impacto hacia los aprendizajes escolares: “De acuerdo con las lecciones aprendidas, un nuevo paradigma de la política educativa y de la innovación aboga por un equilibrio entre las presiones externas que estimulen la mejora con la necesaria autonomía escolar, donde el aprendizaje de todos los alumnos se constituye en el foco del cambio. A su servicio se subordinan los cambios curriculares, organizativos o apoyos de la política educativa que puedan promoverlo.” … “Por eso, nos estamos replanteando el papel de la escuela como organización y volviendo, en parte, a situar el nivel del aula en nuestro núcleo de preocupación, para lograr un buen aprendizaje para todos.” (2)
La cuestión es entonces definir si la «calidad educativa» en México será un atributo, una característica o una “cualidad” a alcanzar o lograr por parte del sistema educativo, y si su estrategia estará definida en función de lograr avances en términos de “mejorar escuelas” o “ampliar horarios escolares”, sin cambiar las prácticas docentes ni los estilos de aprendizaje de los educandos, como razonamiento central de sus políticas públicas. No estoy en contra de la idea, sin embargo, de que, al promover cambios positivos en los niveles de logro en los aprendizajes escolares de los estudiantes, sobre todo de educación secundaria y de media superior, se combaten también las inequidades y las desigualdades sociales. Pero para ello, antes, debe impulsarse un programa de acompañamientos oportunos para que el docente participe, convencido, del cambio en sus prácticas; el director cambie su perfil y su accionar como líder académico que es, y los estudiantes y padres de familia asuman y enfoquen sus compromisos para empujar hacia la preparación integral de las personas, proceso que luego habrá de expresarse en términos de aprendizajes.
Como puede verse, esto nos plantea la necesidad de discutir cómo se orientará la educación pública de ahora en adelante, con qué criterios, y cómo se rediscutirá, de manera crítica, el concepto de la “calidad educativa”, que hoy en día está elevado, desde 2012, a rango constitucional.
En resumen, el punto es si se va o no dejar atrás, en su caso, ese discurso de la «Calidad Educativa», que proviene de la lógica del mercado y de la tradición más atrasada de la administración (que no gestión) de las instituciones educativas, o si México va a arribar a otros horizontes conceptuales y operativos, donde la educación no sea solo reducida al circuito de “la calidad”, de forma vertical y sin consultar a las figuras educativas, fenómeno que hasta este momento ha dominado las políticas públicas en México y en el mundo.
Pienso que el asunto va más allá, porque ponderar la “calidad educativa” en términos de aprendizajes (que a menudo se reduce a la fórmula de “estudiar para el examen”), solo nos da un indicador, un factor, ciertamente importante, pero no suficiente como para hablar de manera integral y completa de “calidad” educativa para todos con equidad. En tal sentido, me pregunto: ¿Cuál es el papel del maestro, del directivo, de los padres de familia y los estudiantes en este proceso de cambios? ¿Cómo llamar “de calidad” a un sistema educativo que expulsa a más de 400 mil jóvenes de secundaria y educación media superior al año, y los deja a la deriva? ¿Cómo hablar de “calidad educativa” cuando los maestros que no aceptan los nuevos términos de la normatividad son cesados de manera arbitraria? ¿Cómo defender ese esquema de “calidad” en un sistema que no es capaz de dar cobertura educativa a todos los niños entre 3 y 4 años? Y, entre otros problemas ¿Cómo está expresada la “calidad educativa” en un país que, hace algunos años, contaba con casi 10 millones de personas, mayores de 15 años, en el analfabetismo o con educación básica inconclusa?
En esos términos considero que habrá de enmarcarse una parte importante de los debates por venir, con la idea de recrear un nuevo proyecto de país y un renovado proyecto de educación para México; de manera horizontal y desde abajo, no de forma vertical ni desde arriba.
(1) Antonio Bolívar. (1999) La educación no es un mercado. Crítica de la “Gestión de Calidad Total”. Aula de innovación educativa, 83-84, pp. 77-82.
(2) Antonio Bolívar. ¿Dónde situar los esfuerzos de mejora?: Política educativa, escuela y aula. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 92, p. 859-888, Especial – Out. 2005.
Fuente: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/06/20/educacion-calidad-y-proyecto-de-nacion
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