América del Sur/Argentina/26-01-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
Por: Redacción Diario De Cuyo
Convocaron a los 5 gremios con representación federal. El ministro de Educación ratificó que «el salario le ganará a la inflación».
El gobierno nacional decretó ayer el restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente, derogada por la gestión de Mauricio Macri hace cuatro años, y convocó para la próxima semana a los cinco sindicatos con representación federal en el país y a los funcionarios del sector para acordar una agenda común en el contexto de esa Mesa Salarial Negociadora.
Con esta paritaria el Gobierno quiere marcarle el ritmo a los aumentos salariales de 2020 y eliminar de las negociaciones paritarias la «cláusula gatillo» para equipar los aumentos con el índice de inflación del Indec que tanto le está costando hacer frente a las provincias.
Se procurará determinar «un piso para todo el territorio nacional».
En ese contexto, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se comprometió a que «los salarios de los trabajadores docentes le ganarán este año a la inflación» aunque si no hay cláusula, quién sabe.
La Paritaria Nacional Docente, una de las principales herramientas reclamadas por los sindicatos del sector, fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández.
Ese instrumento convencional fue incluido en la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, sancionada en diciembre de 2005.
El decreto de convocatoria 92/20, publicado ayer en el Boletín Oficial, fue firmado por el primer mandatario, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Educación y Trabajo, Trotta y Claudio Moroni, respectivamente.
El primer encuentro negociador para la semana próxima con los gremios nacionales fue confirmado ayer por Educación en un comunicado de prensa, donde remarcó que el objetivo del diálogo anual en noviembre es «generar consensos».
Uno de los artículos del decreto 92/20 indicó que «el Ministerio de Educación convocará de forma anual en noviembre a la Comisión Negociadora del Convenio Marco, y podrá establecer en ese momento o posteriormente las negociaciones sectoriales o temáticas, en las que intervendrán las asociaciones docentes con personería gremial y los representantes de los empleadores que correspondan». «El objetivo de la convocatoria a negociaciones anuales en noviembre es generar consensos con anticipación al inicio de los ciclos lectivos», señaló la cartera educativa.
Trotta afirmó que «el restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente significa cumplir un compromiso asumido» y celebró ese «primer paso para federalizar las políticas educativas y lograr que la sociedad argentina acceda a una educación transformadora y de calidad».
El funcionario valoró que en esa Mesa Salarial, que incluye a los representantes de las 23 provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, se sume desde ahora la perspectiva de los maestros.
En declaraciones posteriores a El Destape Radio, Trotta aseveró que el Gobierno nacional planteó «el compromiso de que este año los salarios docentes le ganarán a la inflación», lo que es «distinto» a «una cláusula gatillo que implicaba empatarle» a ese proceso, precisó el funcionario en relación con la metodología instrumentada por la anterior administración.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/La-semana-que-viene-arrancara-la-negociacion-por-el-salario-docente-20200123-0011.html
Luego de que el gobierno de Mauricio Macri haya quitado la negociación nacional, el nuevo Ministro restableció la paritaria Nacional docente, a través del Decreto 92/2020 y convocará a los sindicatos la semana próxima, informaron. Mientras el gobierno envía al Congreso Nacional un proyecto de ley para pagar peso por peso la deuda que contrajo Macri y al FMI.
Paritaria nacional docente: entre los anuncios de diálogo y las necesidades del FMI
Trotta destacó que las negociaciones “van a estar vinculadas con la realidad macroeconómica argentina” y aclaró que no habrá cláusula gatillo e “intentarán” que el salario le gané a la inflación del 2020.
El nuevo Ministro de Educación Nicolás Trotta, expresó en diferentes medios que “es importante institucionalizar el diálogo que en los últimos años había sido una instancia de conflicto” y destacó que las negociaciones “van a estar vinculadas con la realidad macroeconómica argentina” mientras que hizo hincapié en que “todos reconocemos la complejidad de la realidad económica y fiscal”.
Recordemos que la paritaria nacional docente, pretende negociar antes del comienzo de clases con los sindicatos que tienen reconocimiento nacional y poner un número al salario docente, que luego las provincias supuestamente deberían “cumplir” para negociar en sus respectivas localidades. Es decir que luego la negociación continúa provincia por provincia, gobernador por gobernador. Esto es así dado que la Ley Federal de Educación sigue arrastrando la principal herencia del menemismo, que es la descentralización financiera educativa en donde cada provincia se tiene que arreglar como puede con sus propios presupuestos generando grandes desigualdades educativas y salariales. Esto último lo hemos visto con la gran lucha de los y las docentes de Chubut contra el gobernador Arcioni, o ahora con la lucha de los y las trabajadoras docentes en Tucumán cuyo gobernador no cumple con la cláusula gatillo.
Abriendo el paraguas el funcionario señaló que “todos reconocemos la complejidad de la realidad económica y fiscal” y señaló que “el financiamiento educativo debe ser del 6% del PBI. No se va a lograr en un año pero ese debe ser el horizonte”. “Nuestro Gobierno ha planteado el compromiso de que este año los salarios docentes le van a ganar a la inflación. Eso es distinto a una cláusula gatillo que implica empatarle”, remató Trotta.
Hay que destacar que la inflación fue récord, entonces ¿cuánto aumentarán los salarios? Mientras que el Indec confirmó que la inflación de 2019 fue de 53,8 %, la mayor en 28 años. Durante el macrismo los precios subieron a un nivel récord desde 1991, mientras el poder de compra de los salarios se pulverizó.
Hoy la canasta familiar supera los $60000, mientras, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, una docente sin antigüedad cobra $23.923. Es decir, hay 1 millón de docentes a lo largo y ancho del país que están atentos a la discusión salarial, pero los anuncios los condenan a salarios de pobreza.
Para colmo de males, el anuncio de la vuelta de la paritaria nacional docente, se da en el marco de que el gobierno está poniendo como prioridad el pago de la deuda ilegal, ilegitima y fraudulenta sin investigar un solo centavo de la deuda contraída por el ex presidente Mauricio Macri, dejando el futuro del país en manos de los lobos de Wall Street y el Fondo Monetario Internacional.
Un ejemplo de esto es que en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof está negociando con los fondos especulativos una deuda por U$S 250 millones (correspondiente al capital del bono Buenos Aires 2021 (BP21), emitido por el exgobernador Daniel Scioli en 2011) ¿Cuántas escuelas se podrían construir con este dinero? ¿Cuánto podría crecer el salario docente? ¿Cuántos comedores y becas integrales para que ningún estudiante deje la escuela?
Mientras tanto el ministro de economía Martín Guzmán envía un proyecto de ley al Congreso para hacer “sustentable” el pago de la deuda. Negociación con gángsters. La educación no es una prioridad. Y vale la pena recordar que el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta el mes de marzo el Presupuesto 2019 de Mauricio Macri, donde la educación sufrió un brutal ajuste.
Que decidan los docentes
Desde CTERA festejaron como triunfo la convocatoria a la paritaria nacional, los mismos dirigentes kirchneristas como Yasky, Alesso y Baradel, que durante el gobierno de Macri, en la Marcha Federal Educativa, con más de 400 mil docentes de todo el país colmando la Plaza de Mayo mostrando gran disposición de lucha, nos llamaron a esperar y a “votar bien” concediendo gobernabilidad, hoy integrados al Frente de Todos, con cargos legislativos y en los Ministerios, se disponen a aceptar las prioridades de Fernández: pagar al FMI y los especuladores. Sonia Alesso declaró a la consulta del reclamo salarial que «Por el momento no tenemos pensado un porcentaje. Estamos realizando reuniones de la comisión ejecutiva para terminar de discutir una propuesta». Es decir, que Alesso y compañía pretenden sentarse a negociar el salario de 1 millón de docentes del país, sin consultarle a nadie. Deberían empezar por convocar a asambleas, para que sean los docentes que decidan qué cifra necesitamos exigir y todas las demandas para pelear por una escuela pública de calidad.
Al respecto, Nathalia Gonzalez Seligra, de la comisión directiva de Suteba Matanza, y dirigente de la agrupación docente Marrón, señaló “Rechazamos la política del gobierno nacional y provincial de pedir mesura a los trabajadores, cuando están negociando con el FMI y especuladores sin ninguna condición y pagando todos los intereses de la deuda ilegítima e ilegal”. Ninguna negociación sin mandato y a espaldas de los docentes, y exigimos que todas las reuniones con el gobierno sean públicas, y con paritarios electos en asamblea”.
Los trabajadores de la educación necesitamos paritarias libres, sin techo para recuperar el salario perdido durante el macrismo y pelear por un salario único nacional y que todas las sumas vayan al básico y no al incentivo nacional docente, sin sumas en negro, igual a la canasta familiar. Mientras peleamos por un sistema educativo único nacional, financiado entero por el estado y abrir una profunda discusión sobre qué educación queremos para que los contenidos sean debatidos y definidos democráticamente por los docentes, los estudiantes y las familias en cada jurisdicción.
Lejos de aceptar los pedidos de mesura de Trotta, los docentes de la Marrón, en el Frente de izquierda, planteamos que debemos discutir democráticamente un plan de lucha por un presupuesto educativo que permita construir las escuelas que faltan, sin salarios de miseria, terminar con el trabajo precario, becas para los estudiantes y que todos las y los estudiantes tengan una educación pública de calidad.
A pesar de contar con más recursos por coparticipación, los gobiernos provinciales cada vez invierten menos en educación. ¿Llegó el momento de la solidaridad?
Entre las leyes sobre educación que no se cumplen en el país -y que seguramente contribuyen a los malos resultados en las pruebas internacionales- está la Ley de Financiamiento Educativo. Ya fue dicho y repetido muchas veces: es el mismo Estado el que hoy no está cumpliendo con esa norma -del año 2006- que establecía que desde 2010 el gasto consolidado en educación de todo el país debe llegar al 6% del PBI. Sólo en un año (el 2015) se llegó a esa cifra. Desde entonces el financiamiento educativo -que a grandes rasgos venía subiendo- empezó a bajar. Hoy está en 5,1%.
La primera reacción de cualquier ciudadano suele ser la indignación. ¿Cómo es que no cuidamos la educación? ¿Cómo pensamos proyectarnos hacia el futuro, sobre todo en esta era del conocimiento?
Pero la cosa se pone más espesa cuando se trata de encontrar a los responsables.
Desde los noventa son las provincias quienes administran las escuelas y, por lo tanto, las encargadas de financiar salarios docentes e infraestructura, el grueso de la inversión educativa. Un trabajo del especialista Agustín Claus, de septiembre, mostraba que 3 de cada 4 pesos que van a las aulas argentinas hoy parten de los gobiernos provinciales.
Y allí se sumaba un dato inquietante: que si bien desde 2016 esos gobiernos disponen de más recursos a raíz de una ampliación en la coparticipación federal de impuestos, en realidad están invirtiendo cada vez menos en educación -en porcentaje del PBI- que antes: del 4,5% al que llegaron en 2015 bajaron a 3,8% en 2018.
Ahora, un nuevo informe -elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación- suma nuevos datos a esta situación insólita, deprovincias cada vez más financiadas pero desinteresadas por la educación.
Muestra que, entre 2015 y 2018, los gobiernos provinciales recibieron 10 puntos porcentuales más en la proporción de fondos tributarios disponibles; sin embargo, ajustaron en 15,6% el gasto educativo. No todas las provincias por igual, claro, y eso está reflejado en el informe. Pero en el conjunto, esta fue la actitud de las provincias hacia la educación. De ajuste.
Pero, a juzgar por los títulos de las nuevas leyes, es de esperar que haya buenas noticias pronto. Ahora que la ley de “solidaridad social” salió como por un tubo y el impuestazo empieza a sumar pesos al Estado; y ahora que la suspensión del pacto fiscal les dará más recursos a los gobernadores, ahora sí tendremos garantizados el 6% del PBI en educación para todos los alumnos del país. ¿O no?
Fuente del articulo: https://www.clarin.com/opinion/ahora-educacion-_0_NGqdADwQ.html
América del sur/Colombia/10 octubre 2019/Semana Educación
El nuevo Decreto 1562 de 2019 estipula que ahora se podrán retirar las cesantías para adquirir un seguro educativo o adelantar un ahorro programado para educación superior.
El presidente de la República, Iván Duque, presentó el Decreto 1562 de 2019, que estipula nuevos mecanismos para poder retirar las cesantías para financiar la educación superior de dependientes de los trabajadores mediante las modalidades de ahorro programado y seguro educativo.
El mandatario explicó que actualmente la gran mayoría de ciudadanos que querían invertir recursos de sus cesantías en educación, lo podían hacer retirando parcialmente o totalmente sus cesantías para pagar matrículas en Instituciones de Educación Superior.
En ese sentido, el presidente precisó que con el decreto se incluyeron herramientas de financiamiento para cursar estudios de educación superior a largo plazo con el retiro de las cesantías.
¿Qué dice el decreto?
En materia del retiro parcial de cesantías para adelantar estudios, el decreto reitera lo estipulado en normatividad anterior, que indica que el retiro se puede hacer para el pago de matrículas en instituciones y programas técnicos debidamente acreditados, ya sea del empleado, su cónyuge o dependientes menores de 25 años.
La primera novedad está en el parágrafo 1 del artículo 2 del nuevo decreto, el cual indica que el retiro de las cesantías se podrá realizar para el pago de créditos destinados a la educación superior y programas técnicos.
El pago lo efectuará el fondo dentro de los cinco días hábiles siguientes directamente a la entidad que otorgó el crédito para fines educativos.
La segunda y principal novedad del decreto es que ahora también se podrán retirar parcialmente para destinarlas a las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según preferencia y capacidad.
Por tal razón, el decreto habilita a los fondos de cesantías ofertar productos de seguro educativo, así como programas para el pago anticipado de la educación superior de los dependientes del afiliado.
«Esto es darle a Colombia una herramienta muy poderosa de aseguramiento. Esto es darle al país la posibilidad de que muchas familias inviertan con antelación y con mejores precios para la educación de sus hijos», dijo el presidente, quien aseguró que el decreto es una herramienta crucial para las familias que quieren que sus hijos vayan a las universidades privadas .
Asimismo, el Jefe de Estado indicó que el ahorro programado permite destinar un flujo de recursos para un fin determinado, en este caso, construir anticipadamente un capital que respalde el gasto futuro en la educación superior de los hijos o dependientes del trabajador.
El Decreto 1562 de 2019 se expidió el 30 de agosto de 2019 y fue firmado, además del Presidente Duque, por la Ministra del Trabajo, Alicia Arango; el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, y el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.
Estos esquemas buscan que los dineros de las inversiones sociales se desembolsen de acuerdo a los objetivos de los proyectos. Siegrid Holler, socia de Instiglio, y panelista en la Cumbre Líderes por la Educación, explica el modelo.
Semana Educación: Según estudios de la OCDE, en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza, a pesar de que la inversión social ha venido creciendo considerablemente en las últimas décadas. ¿Por qué sucede esto y cómo puede ayudar el mecanismo basado en resultados?
Siegrid Holler: Un motivo por el cual puede estar pasando esto es que, a pesar de las grandes inversiones que se han venido haciendo, tal vez estas no han sido lo más efectivas. Esto quiere decir que no se han traducido en los resultados deseados. El financiamiento basado en resultados busca precisamente esto, que se financie con un enfoque y atando recursos a los resultados logrados.
Esto funciona cuando tienes una entidad, puede ser pública o privada, que decide financiar la totalidad o parte de los recursos de un programa por resultados. Entonces se tiene que predefinir a qué nos referimos con resultados, que en el caso de educación podemos referirnos a resultados cuando hablamos de logros de aprendizaje versus repartir materiales educativos. El resultado es que se aprenda no que se reparta el material. O en Educación para trabajo, una actividad es capacitar a población en empleabilidad y el resultado sería la colocación efectiva y la retención del trabajador en el tiempo. Entonces es empezar a enfocarnos menos en las actividades o productos y más en los resultados que se buscan.
S.E.: ¿Qué otros beneficios trae un modelo de Financiamiento Basado en Resultados?
S.H.: Primero, que se defina cuál es el objetivo que busco. Segundo que se empiece a medir rigurosamente; en la mayoría de los casos los resultados de los programas no se miden. Tercero, que los miren constantemente para ver si me estoy acercando o no al logro de los resultados. Y, por último, poder enfocar el financiamiento a los resultados, pues al estar pagando por lo que funciona debería traducirse en flexibilidad adicional pues no hay una necesidad tan fuerte del gobierno o financiadores de mirar al detalle las actividades que se están ejecutando porque yo sé que le estoy dando unos incentivos apropiados a quienes están implementando para que alcance el objetivo. Entonces los implementadores ya no tienen que estar trabajando desde un mecanismo muy rígido, una sobreespecificación de actividades, sino que ellos pueden ir viendo cómo les va. Medir, aprender, si algo no funciona se mejora, si algo funciona se escala para poder lograr el mayor impacto posible.
S.E.: ¿Cómo llega Instiglio a proponer proyectos con financiamiento basado en resultados?
S.H.: Al inicio cuando llegamos a Colombia fuimos los primeros en empezar a hablar y tratar de implementar mecanismos de financiación basada en resultados, específicamente bonos de impacto. Algo clave al inicio fue buscar algunos champions que también creyeran en el potencial de estos mecanismos y quisieran empezar a experimentar en Colombia, donde claramente había las condiciones para experimentar con estos mecanismos. Así tuvimos la suerte de trabajar con aliados clave de fundaciones privadas como la Fundación Corona, la Fundación Julio Mario Santo Domingo y Bolívar Davivienda. Con ellos empezamos a trabajar con donantes como la Cooperación Suiza y el BID.
Gracias al aval de estas organizaciones, el gobierno se sumó con un proyecto de Prosperidad Social. Este hecho hizo que Colombia se volviera pionero en bonos de impacto social en países en vía de desarrollo, siendo el primer país en implementar este mecanismo. Fue un proyecto para brindar educación para el trabajo.
S.E.: ¿Y cómo les fue en el proyecto con el Gobierno?
Fue sumamente exitoso porque logramos que el gobierno empezara a pagar por resultados a contratistas y era la primera vez que se hacia algo así. Luego vimos la transformación en los operadores pues empezaron a cambiar sus prácticas de implementación y a cambiar la cultura de la organización para enfocarse mucho más en resultados, traduciendo este cambio en resultados superiores a los resultados de los mejores programas de empleo en países en vía de desarrollo. También cabe resaltar que se superaron las metas de colocación laboral ampliamente y de retención de los empleados. Con esto, cerramos una primera etapa de experimentación, actualmente estamos en una fase donde hay más de 35 organizaciones en el país que están implementando este tipo de mecanismos.
Ya se lanzó el segundo bono de impacto de una entidad con la Alcaldía de Cali. Esto es un gran logro pues ahora tiene dos bonos de impacto y son muchas las fundaciones privadas que se están sumando para ser nuevos inversionistas y donantes. Es de suma importancia recalcar que a partir de esta experiencia los temas de financiación basada en resultados quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo ideal sería que en el camino se empiecen a institucionalizar estos mecanismos porque abren puertas a oportunidades muy grandes, pueden ahorrar muchos recursos y hacer más efectiva la inversión.
S.E.: ¿Qué ejemplos puntales han visto en educación?
S.H.: Un caso específico en el que trabajamos nosotros es un bono de impacto de desarrollo en la India, que fue el primer bono de impacto de desarrollo a nivel mundial, y en este caso los resultados que se buscaban era mejorar los logros de aprendizaje y las tasas de matrícula de niños y niñas en la escuela. Esto es un programa que venía implementándose hace muchos años, que se habían dado unas evaluaciones muy rigurosas, evaluaciones de impacto del programa con unos resultados buenos. Pero básicamente cuando se empezó a implementar el programa bajo este esquema de pago por resultados se pusieron unas metas muy ambiciosas, eran 60 por ciento superiores a los resultados anteriores y estos resultados se superaron.
S.E.: En el caso de India que querían, por un lado, mejorar los resultados de conocimiento y, por otro lado, mejorar los índices de matrícula, ¿cuáles fueron los resultados?
S.H.: En matrículas se superó la meta un 110 por ciento, es decir que se matricularon todas las niñas y un poco más, que no estaban en el sistema escolar. Y en aprendizaje se superó un 60 por ciento; es decir, con los mismos recursos se pudo lograr una meta mayor. Las metas se basaron en una evaluación de impacto previa.
Esto sucede porque se generan prácticas nuevas, no solo en los modelos de intervención sino también en la cultura organizacional. Empieza a cambiar la forma en la que los gerentes de los programas y coordinadores de campo piensan en su trabajo y tienen el foco en resultados de una manera mucho más clara. Porque se usan más dinámicas y un manejo de los datos distintos para saber qué está funcionando y qué no está funcionado, pues esto permite cambiar las cosas en la marcha y hacer evaluaciones de gestión y calidad del personal.
Este tipo de mecanismos fortalecen la capacidad de las organizaciones y de los gobiernos para no solamente dar resultados en el momento sino después porque aprenden técnicas de gestión básicas que son conocidas en el sector privado pero que no se conocen tanto en el sector social.
Fuente e imagen: https://www.semana.com/educacion/articulo/cuales-son-los-beneficios-del-financiamiento-basado-en-resultados-en-la-educacion/628520
José Joaquín Brunner, exministro de Estado en Chile e invitado de la Cumbre Líderes por la Educación habló con SEMANA Educación. Asegura que es un error centrar la política en becas como Ser Pilo Paga, pues no solo los más pobres necesitan ayudas para acceder.
José Joaquín Brunner tiene claro cómo fue, cómo es y cómo apunta a ser el sistema de educación superior en Latinoamérica. No es para menos. Gran parte de su vida la ha dedicado a conocer diferentes sistemas educativos en el mundo. Ha sido profesor, investigador y consultor del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Ahora que el ámbito universitario del país atraviesa por tiempos turbulentos, su visión es más que necesaria. Para plantear una discusión que aún no ha tomado la fuerza que merece, Brunner estará en la sexta edición de la Cumbre Líderes por la Educación. El encuentro, número uno en el país, se realizará el próximo 18 y 19 de septiembre. Semana Educación habló con él.
Semana Educación (S. E.):El sistema de educación superior en América Latina es muy distinto al de hace 50 años. ¿Cuáles han sido esos grandes cambios?
José Joaquín Brunner (J. J. B.): Uno de los cambios más significativos que han transformado y que seguirán transformando la educación superior es la expansión de la matrícula. En 1950 había 250.000 estudiantes de educación superior en Latinoamérica. Hoy, hay alrededor de 28.000.000 alumnos. Luego está la explosión de Instituciones de Educación Superior (IES). En 1950 había 75 universidades, hoy hay cerca de 11.000 IES, de las cuales más de 4.000 son universidades. Un tercer fenómeno es el de la privatización. De la matrícula total en América Latina, más de la mitad está en privadas, y de esas, más del 50 % son instituciones con fines de lucro. Países como Brasil y Perú admiten legalmente que grandes empresas funcionen como IES. Otro cambio son las fuentes de financiación, porque han dejado de ser puramente estatales. Hoy es financiada –en algunos países–, en gran medida, por las familias y por los propios estudiantes cuando contraen un crédito para estudiar.
S. E.: ¿Cómo financiar un sistema que, según usted, seguirá creciendo?
J. j. b.: La gran solución, en países como los nuestros que tienen una matrícula muy significativa en instituciones privadas, va por el lado de un buen sistema de crédito estudiantil. Hoy, hay múltiples experiencias de las cuales podemos aprender porque muchas de ellas han tenido fallas y errores. Pero existen otras que están funcionando, como en Australia o Gran Bretaña. Otro ejemplo es Chile, que tiene un sistema de créditos amplio. En este caso, el Estado se ha preocupado por diseñar un modelo con los dos componentes: gratuidad y crédito, pero que está dirigido a todos los jóvenes, independientemente si se quieren inscribir en una pública o privada. Lo único que le importa al Estado es que esas instituciones estén acreditadas.
S. E.: Aquí llamamos a ese modelo Ser Pilo Paga. ¿Cree que debió continuar?
J. j. b.: Considero que este programa fue muy interesante, en el sentido en que ofrecía becas independientemente de si el estudiante iba a ir a una universidad privada o pública. Ahora, otra cosa es el diseño, que hizo que las universidades sintieran una especie de competencia desleal. Pero, además, era una iniciativa muy limitada. El error es que creemos que debemos dirigir los programas de becas a jóvenes con el decil más bajo. Sin embargo, resulta que el acceso a la educación es un problema generalizado. En ese sentido, no es suficiente un programa de becas, lo que hay que tener es un sistema de crédito abierto a todos los jóvenes del país; esa es la única solución.
La gratuidad ha traído grandes problemas a las universidades, porque está calculada de una manera que no cubre los reales costos de la docencia .
S. E.: Pero en Chile se planteó una reforma para, precisamente, hacer de la educación superior un servicio gratuito y generalizado…
J. j. b.: En el Gobierno de Michelle Bachelet, que es el Gobierno por el que voté, fui extremadamente crítico con el proyecto de gratuidad universal. Se dijo que los jóvenes chilenos debían tener gratuidad en un determinado tiempo; pero pronto el Gobierno se dio cuenta de que era completamente irrealizable y, finalmente, a lo que se llegó fue a una gratuidad focalizada. Es decir, los jóvenes que pertenecen al 60 % de menores recursos de la población chilena y que están buscando educación. Eso en el número total de nuestros estudiantes significa alrededor de un 30 %. Mientras que los jóvenes restantes, que son la mayoría, tendrán un buen esquema de financiación contingente al ingreso.
S. E.: ¿Por qué pareciera que la gratuidad es lo peor que le puede pasar a la educación?
J. j. b.: La gratuidad ha traído grandes problemas a las universidades, porque está calculada de una manera que no cubre los reales costos de la docencia que imparten una buena parte de nuestras universidades. En el caso de Chile, hay un número importante de IES que se está viendo afectado en otras actividades como en investigación, porque el subsidio de gratuidad no es suficiente. Es una política irreal, inviable y profundamente inequitativa, pues termina favoreciendo a sectores de alto y mediano ingreso de la sociedad, que son los que llegan a la universidad. Nuestros países se deben enfocar en la educación inicial, es ahí donde se tienen que invertir más recursos.
El error es que creemos que debemos dirigir los programas de becas a jóvenes con el decil más bajo. Sin embargo, resulta que el acceso a la educación es un problema generalizado.
S. E.: Finalmente, ¿cuáles son esos otros desafíos que ponen a tambalear a las IES?
J. j. b.: Están los desafíos en el ámbito global como la revolución tecnológica en todos sus aspectos. A las universidades les importa mucho ese vector porque está transformando la manera en que se organiza el trabajo en nuestra sociedad. Tenemos otros desafíos culturales y sociales, por ejemplo, la lucha contra la igualdad de los géneros. Y ante esto, las instituciones obviamente tienen dificultades para adaptarse
No se pierda la Cumbre Líderes por la Educación, el evento educativo de mayor relevancia a nivel nacional donde expertos nacionales e internacionales discutirán sobre el futuro de la educación en Colombia.
Honduras / 16 de junio de 2019 / Autor: CLADE / Fuente: Aler
En entrevista a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, aborda las actividades realizadas en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación, así como los paros y marchas impulsados por los sectores médico y educativo en el país
En las últimas semanas, docentes, médicas y médicos de Honduras han realizado protestas contra decretos que perjudican estas carreras y para defender el derecho a la educación y a la salud pública. En este contexto, se celebró en el país la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), instando por políticas públicas participativas que garanticen una educación inclusiva y con presupuesto digno.
Para comprender la situación hondureña y conocer los motivos de las movilizaciones en el país, dialogamos con Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Lee la entrevista completa:
¿Cuáles son los principales desafíos para la realización del derecho humano a la educación en Honduras actualmente?
Nos encontramos en una situación de conflicto entre el sector educativo y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las y los docentes consideran que las nuevas leyes que se han creado, como decretos ejecutivos, afectan la estabilidad laboral del magisterio en el país.
Así, desde finales de abril, profesoras, profesores y estudiantes, así como la clase médica, se vienen sumando a paros con el objetivo de presionar para que dichos decretos sean abolidos. Se lucha por el respeto a la relación y a la estabilidad laboral, tanto de docentes como de las médicas y los médicos.
En este contexto, también se ve afectado el derecho humano a la educación, pues como forma de presión han entrado en paro las clases en los centros educativos. Sin embargo, esto pasa justamente porque hay poca apertura de los poderes Legislativo y Ejecutivo para escuchar las reivindicaciones y planteamientos de docentes, médicas y médicos.
En este marco, ¿cuáles son las principales demandas del Foro Dakar Honduras, para que se pueda realizar el derecho a la educación de todas las personas?
Una educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva es nuestra principal demanda. Es uno de los principios por los cuales nació el Foro Dakar Honduras, y continuaremos luchando por este tema.
Otra de nuestras demandas es una política educativa inclusiva. Estamos en diálogo con todas las organizaciones que forman parte del Foro, para elaborar una propuesta de política de educación inclusiva, que sea llevada al Congreso Nacional para aprobación.
Demandamos una infraestructura educativa que considere a la población con diferentes discapacidades. Además, instamos por el aumento de los presupuestos para la educación, a nivel global, pero también por presupuestos especiales y dirigidos a garantizar los derechos de las personas con discapacidad o en situaciones extremas de vulnerabilidad.
¿Qué actividades se han impulsado en Honduras para la SAME 2019, y cuáles son las próximas acciones planeadas en este marco?
Del 24 al 30 de abril, el Foro Dakar Honduras, en conjunto con sus organizaciones miembro que trabajan el tema de la inclusión, realizó diferentes actividades. Entre ellas, foros públicos en universidades y escuelas rurales. En dichos encuentros, tuvimos la presencia de la vice-Ministra de la Inclusión Social, y de profesoras de educación básica que trabajan en barrios de Tegucigalpa y pudieron evidenciar la falta de datos estadísticos sobre la población con alguna discapacidad que está en el sistema educativo público.
En estos debates, se han planteado las dificultades del sistema para incluir a la población que vive en situaciones de vulnerabilidad, ya sea porque tienen alguna discapacidad, por su situación de pobreza o porque viven en zonas rurales.
En alianza con nuestras organizaciones miembro, formulamos una solicitud al Estado de Honduras, destacando la importancia de temas como la inclusión y la financiación educativa para los sectores más vulnerables, como las niñas, niños y jóvenes que dejan sus estudios por la pobreza o porque son migrantes. Otro punto que subrayamos es la importancia de no emitir decretos que van en contra de los derechos de docentes y que fomentan la no transparencia en el sector educativo.
Los dos decretos que llevaron a las manifestaciones actuales son decretos de emergencia, y autorizan la destitución de personal, tanto en la educación como en la salud. También facultan la realización de compras sin adoptar los procedimientos previstos para estas adquisiciones por el poder público.
Desde 2015, cuando se adoptó el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, referido a la educación, del cual el Estado de Honduras es signatario, ¿hubo avances para la educación en Honduras en términos legislativos, de prácticas y políticas?
Sí, hubo avances. El Estado hondureño ha formulado el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 (PESE), en el cual se establecen los diferentes lineamientos para este campo hasta el 2030. También se firmó un Memorando de Entendimiento con la Alianza Mundial por la Educación (AME).
Tenemos el reto de la financiación educativa en el país. Los recursos que se han gestionado no son suficientes para hacer cumplir el PESE. Otro reto es la falta de claridad sobre quién será responsable por la conducción del Plan.
Por otro lado, existe el nuevo conflicto que se presenta entre el gobierno y docentes, médicas y médicos. Es algo reciente, pero que está paralizando algunas actividades importantes, como la docencia en los centros educativos, lo que hace que las políticas anden más lentamente.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Educación, que es la instancia máxima de toma de decisiones sobre la educación en el país, ha formulado una serie de políticas públicas que están siendo socializadas y discutidas. Ellas abordan la formación docente, la infraestructura educativa y lineamientos para la educación y la financiación. Podemos decir que hay avances y propuestas sobre la mesa para discutir los retos. El Foro Dakar participa en estos espacios de diálogo, presentando sus observaciones políticas.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
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