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Llevar calzones rojos, una indigna licencia para violar en Perú

América del Sur/ Perú/08-11-2020/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

El hecho de que la sala judicial haya resaltado el uso de esa prenda es lo «más escandaloso», pero «en toda la sentencia ha habido una serie de argumentos basados en prejuicios, en estereotipos, en machismo, que ha causado bastante indignación».

Un calzón rojo de encaje es la prenda de máxima seducción en el imaginario popular y bajo ese argumento, tres jueces de Perú rechazaron una denuncia de violación de una mujer que los usaba y absolvieron a su presunto violador, en un fallo que ha indignado al país por los prejuicios machistas que sostiene.

El relato es el de una muchacha de 20 años que acude a una cita con otro joven de 22 años, toman unos tragos y el encuentro se extiende más allá de las once de la noche, la hora en que la mujer dijo a su familia que volvería a su casa.

Sin embargo, la cita se convierte en una pesadilla, pues la mujer denuncia al hombre por agresión sexual y el caso llega a los tribunales en la calurosa ciudad de Ica, al sur de Lima.

Después de meses de investigaciones, los magistrados decidieron absolver al presunto agresor por una serie de argumentos que para muchos peruanos, expertos legales y organizaciones feministas son fuente de indignación, pues muestran claramente cómo la Justicia, en lugar de proteger, revictimiza y perpetúa la violencia contra la mujer.

JUSTICIA QUE REVICTIMIZA

«A muchas mujeres y organizaciones feministas nos ha causado mucha indignación porque no es la primera vez, ni es un caso excepcional, donde la Justicia revictimiza y contribuye a esta cadena de violencias que se ejecutan contra las mujeres», declaró a Efe la vocera del movimiento feminista Manuela Ramos, Luz Mateo.

El hecho de que la sala judicial haya resaltado el uso de esa prenda es lo «más escandaloso», pero «en toda la sentencia ha habido una serie de argumentos basados en prejuicios, en estereotipos, en machismo, que ha causado bastante indignación», precisó la activista.

El peritaje psicológico hecho a la víctima la describe como una persona sumisa, dependiente e incapaz de decir un no tajante, pese a lo cual los jueces dictaminaron que ese peritaje no corresponde con una persona que lleva ropa interior de color rojo.

«Han dictaminado que este peritaje no va y por eso es que hacen hincapié a su ropa interior, que era una truza (calzón) de color rojo y con encaje», anotó Mateo.

De hecho, en la resolución judicial se afirma que «la máxima de la experiencia» señala que esa prenda es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual.

También desvirtuaría el peritaje que dice que la mujer es «tímida», en el sobreentendido que solo una mujer «atrevida» llevaría ese tipo de prenda.

ABREN INVESTIGACIÓN A JUECES

Manuela Ramos es una de las varias organizaciones que viralizaron en las redes sociales el lema #Perúpaísdevioladores para criticar la actuación de los magistrados Ronald Anayhuamán, Diana Jurado y Lucy Castro, que serán investigados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) a raíz de su controvertido fallo.

El archivamiento de la denuncia fue asimismo apelado por el fiscal adjunto provincial, Carlos Guillermo Yalle, para que se realice un nuevo juicio con las debidas garantías y se anule esta sentencia.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer manifestó su «profundo rechazo» ante los argumentos de los magistrados y agregó que la erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres solo podrá ser posible con «un Poder Judicial imparcial y consciente de su rol fundamental frente a los fines de la erradicación de la violación y discriminación basadas en género».

CASOS REPETIDOS

Esta situación se añade a otros sonados casos en los que la Justicia parece amparar a los agresores sexuales antes que a las víctimas que se han dado a conocer en Perú en los últimos meses y que evidencian la arraigada cultura de la impunidad en este tipo de casos.

Así, en septiembre último un fiscal decidió archivar una acusación de abusos contra Guillermo Castrillón, director y profesor de teatro, al que 16 de sus alumnas acusaron de abusos sexuales, bajo el argumento de que no estaban lo suficientemente traumadas por los presuntos ataques.

Castrillón obligaba a sus actrices y estudiantes, con quienes mantenía una relación jerárquica, a desnudarse, las manoseaba, introducía su pene entre las nalgas o los dedos en sus vaginas como «técnica» de enseñanza.

También habría penetrado a una mujer que quedó inconsciente en su casa durante una fiesta e irrumpido en el cuarto de una compañera de apartamento para masturbarse junto a su cama, nada de lo cual parece sostener indicios de probable delito a los ojos de un fiscal.

A finales de octubre otro caso llamó la atención y generó un gran revuelo, después de que un abogado justificara una agresión sexual cometida por cinco hombres contra una mujer durante una reunión, al señalar que a la víctima «le gusta la vida social».

#AMiMeGustaLaVidaSocial se convirtió en una etiqueta utilizada en redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook y Tik Tok, bajo la cual grupos feministas y mujeres de distintos ámbitos de la vida social peruana denunciaron los prejuicios y argumentos utilizados para amparar a los violadores.

CULPA A LA MADRE

El caso de la absolución del presunto violador, además de asumir una responsabilidad de la víctima por sus prendas, también recoge otras culpas, como el hecho de que la denunciante había bebido alcohol voluntariamente con su agresor y que era mayor de edad.

Además, según denunció Mateo, se pretende trasladar la responsabilidad del delito a la madre de la mujer, por no haber cuidado de su hija.

Mateo indicó que los magistrados señalaron que «la mamá no busca a su hija después de las 11 de la noche, hora en que quedó en llegar a su casa, y entonces la responsabilidad se traslada a la madre», pues el juez dice que «el impulso de una madre es ir a buscar a su hija cuando no aparece».

«Básicamente, lo que hace la sentencia es justificar la violencia, pero parte de este cuestionamiento que se hace al testimonio de la víctima», afirmó la vocera de la organización feminista.

BORDEAN LAS 7.000 DENUNCIAS POR VIOLACIÓN

Las cuestionadas actuaciones de los operadores de justicia, como en el caso de Ica, son un motivo por el cual muchas víctimas de violencia sexual evitan denunciar, pues temen ser enjuiciadas por su forma de ser o incluso de vestir.

En este año de pandemia, entre enero y septiembre, Perú registró 6.893 denuncias de violencia sexual en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde el 30 % de las víctimas fueron menores de edad, pero las organizaciones feministas sostienen que los casos reales deben ser muchos más. EFE

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/llevar-calzones-rojos-una-indigna-licencia-para-violar-en-peru-8879792.html

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“No sé el nombre del padre de mi hija”

Por: Tahira Vargas García

La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”

“No sé quién es el padre de mi hija. Pregúntale a mi mama”. La madre responde: “el padre de mi hija es José, vive por aquí. El violó a mi niña un día que entró a la casa cuando ella estaba sola con su hermana. Fui al cuartel a poner la denuncia y me dijeron que lo iban agarrar nunca lo llevaron preso. El anda por ahí, mi hija le tiene mucho miedo”.

Este relato se extrae de una entrevista realizada hace unos meses en un estudio en un barrio marginado de Santo Domingo. La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año. El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”.

Continuamente en estudios que realizamos en barrios marginados y comunidades rurales del país encontramos múltiples casos como estos. Niñas de 8-12 años que han sido victimas de abuso sexual por vecinos, padres, padrastros, hermanos y tíos. El abuso sexual se produce en el silencio y el embarazo lo visibiliza.

La aprobación reciente por la Junta Central Electoral de la entrega de cédulas a menores de 12 años que tienen hijos e hijas ha escandalizado nuestra sociedad. Parece un absurdo total el que niñas menores de 12 años tengan una cedula por ser madres.

El escándalo debería ser mayor al ver que la JCE ha tenido que tomar esta medida para que no se siga reproduciendo la indocumentación de miles de niños y niñas que nacen de una madre-niña. Con ello se contribuye a la ruptura con los círculos de indocumentación y vulnerabilidad que afecta a hijos e hijas e niñas-madres.  A su vez demuestra la recurrencia y gravedad del fenómeno que no se queda en unos pocos casos aislados, sino que por el contrario tiene impacto en el ámbito nacional. Demostrándose con ello que las violaciones sexuales hacia niñas menores de 12 años son bastante frecuentes, así como su consecuente embarazo.

El otro lado de la moneda son las posibles consecuencias en el respeto a los derechos de la niñez en esta población. Se corre el riesgo de la confusión sobre su condición de niñas y que se les trate como adultas aún con edades de 9-17 años y con ello se agudice su exclusión en las familias y centros educativos, así como la legitimación de las violaciones de derechos hacia las mismas.

¿Qué refleja una medida como esta? Además de la gravedad del problema de las violaciones sexuales hacia las niñas, su embarazo en la expone a riesgo de muerte tenemos que se muestra con ello el fracaso del Estado Dominicano en intervenir en sus raíces que afecta a las niñas pobres de este país con elementos como los siguientes:

*Ausencia de políticas sociales dirigidas a cambiar las prácticas cotidianas de la población masculina contra las niñas sostenidas en una masculinidad machista y violenta que se exhibe con permiso para agredir sexualmente a la infancia y la niñez sin límites.

*Falta de una educación sexual dirigida a empoderar a niñas y adolescentes sobre su cuerpo desde el conocimiento de sus derechos con herramientas de protección desde el sistema educativo y desde una educación no formal

*Deficiencias en la educación de las familias sobre los derechos de la niñez y adolescencia y la ruptura con la normalización del acoso y abuso sexual.

*Negación del derecho que tienen las niñas de interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual que las expone al riesgo de muerte y afecta su desarrollo integral. Se les obliga a continuar con el embarazo fruto de una violación que las expone a riesgo en su salud y desarrollo y en la continuación del circulo de violencia que viven.

Actualmente en el Congreso se debate el Código Penal, del cual se excluyó la despenalización del aborto por las tres causales. La medida tomada por la JCE demuestra las graves consecuencias de la penalización total del aborto en una sociedad donde las violaciones y embarazos de niñas está normalizada y es parte de la cotidianidad. Nuestra infancia y niñez vive así desprotección y sometimiento a la vulnerabilidad de forma continua.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY 

Fuente: https://acento.com.do/opinion/no-se-el-nombre-del-padre-de-mi-hija-8876034.html

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De cara al sol

Por: Marisol Vicens Bello

En medio de esta crisis es indispensable que aquellos  que tienen una incidencia frente a la colectividad,  den lo mejor de sí y cumplan con su deber, las autoridades ejerciendo sus funciones con responsabilidad, los que antes gobernaron y ahora son oposición comprendiendo que hay un tiempo para todo y el suyo ahora es el de no entorpecer y contribuir con lo que conviene al país.

Estamos viviendo un momento difícil de la historia de la humanidad en el que por vivir en un mundo interconectado, se aumenta el reto de controlar la pandemia y a la vez se pone de manifiesto la forma en que inciden negativamente los malos liderazgos y las expresiones muchas veces grotescas de falta de compromiso de quienes no son capaces de comprender que el problema nos afecta a todos, y que cada quien tiene que cargar con su cuota de responsabilidad y sacrificio para acortar el camino hacia la solución y hacerlo menos traumático.

De repente la situación cambió, haciendo que a los muchos desafíos que teníamos por delante como país, se sumaran los efectos inesperados de una crisis que al igual que el virus ha atacado las actividades productivas, e impedido la reapertura de sectores que no pueden operar bajo la virtualidad o que por definición conllevan la reunión de personas, lo que aumenta nuestras muchas desigualdades pues la crisis afecta en distintos grados a unos y a otros, mientras algunos tienen la fortuna de verse beneficiados.

Entre las muchas lecciones que debemos extraer de esta crisis, está dimensionar cuantas oportunidades hemos desperdiciado para hacer las cosas bien y el enorme costo de no haberlo hecho a tiempo, cuan responsables han sido muchos actores de la sociedad porque en vez de marcar la pauta y dar el ejemplo, han preferido compartir el despilfarro o beneficiarse de este, cuantos recursos han sido malgastados y cuán perverso ha sido el círculo vicioso de la impunidad, que ha hecho aumentar exponencialmente la corrupción, ha debilitado fuertemente nuestras instituciones y la confianza ciudadana en estas, y generado una frustración que hace difícil convencer a una población que a fuerza de promesas incumplidas, de reformas postergadas y de arreglos de aposento, simplemente está renuente a sacrificarse más.

Es muy fácil quejarse de lo que otro hace mal, o adoptar discursos políticamente correctos de igualdad, transparencia, institucionalidad, respeto a la ley, buenas prácticas, pero es más difícil demostrar con los hechos que lo que se está dispuesto a exigir a los demás somos capaces de hacerlos nosotros mismos.

Ser líder implica una responsabilidad inmensa, pues lo que se haga o deje de hacer tiene impacto sobre muchos otros en cualquiera de los escenarios en el que se actúe, desde la arena política a las organizaciones de la sociedad civil, por eso deben medirse con sensatez los mensajes a dar, porque en un mundo interconectado ya no hay espacio para esconder los esqueletos en el armario ni para adoptar una pose antidemocrática y contraria a todo lo que se enarbola de cara al público y pretender que no se conozca y que no tenga un efecto nocivo en la sociedad en la que están llamados a influir positivamente.

En medio de esta crisis es indispensable que aquellos que tienen una incidencia frente a la colectividad, den lo mejor de sí y cumplan con su deber, las autoridades ejerciendo sus funciones con responsabilidad, los que antes gobernaron y ahora son oposición comprendiendo que hay un tiempo para todo y el suyo ahora es el de no entorpecer y contribuir con lo que conviene al país, así como que entiendan que los cambios colectivos necesitan para darse de buenos ejemplos, y que un buen liderazgo es capaz de inspirar las mejores acciones, mientras que uno malo es capaz de extraer todo lo negativo de la naturaleza humana. Por eso más que nunca necesitamos buenos liderazgos que actúen en la sombra tal cual lo harían de cara al sol, y no solo en el ámbito político, sino en todos los espacios del quehacer social.

Fuente:  https://acento.com.do/opinion/de-cara-al-sol-8871937.html

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Honduras ante el EPU con los “pies hinchados”

Por: Giorgio Trucchi

Este 13 de octubre, 117 organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en la 36° Pre-Sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, donde presentaron una Declaración del Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado de Honduras será sometido el 6 de noviembre próximo.

En la declaración[1], las organizaciones dibujaron un escenario de país marcado por la desigualdad social, la corrupción, el aumento de casos de tortura y de los niveles de militarización.

También señalaron la creciente violación de derechos humanos a grupos vulnerables, entre otros, niñez, mujeres, poblaciones indígenas y campesinas, migrantes, personas LGBTI, defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Actualmente Honduras es el país más desigual de América Latina, con casi el 70 por ciento de la población hundida en la pobreza y más del 40 en la pobreza extrema.

Asimismo, ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos. La reciente aprobación de un nuevo código penal profundiza su criminalización.

Las organizaciones advierten que más de 140 personas defensoras de los bienes comunes han sido asesinadas entre 2010 y 2019, y que se documentaron al menos 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

La desaparición forzada de los cinco líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la criminalización y encarcelamiento de los defensores del agua de Guapinol[2] y del joven maestro Rommel Herrera Portillo, así como los ataques contra los pueblos Garífuna, Lenca y Tolupán y el desalojo de familias campesinas que exigen acceso a la tierra, son el vivo ejemplo de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres, los periodistas y la comunidad LGBTI.

Son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001.

Una impunidad casi total

La impunidad supera el 90 por ciento de todos estos casos.

Uno de los efectos de esta situación es el desplazamiento interno de al menos 250 mil personas entre 2004 y 2018, y la creciente migración hacia Estados Unidos huyendo de la violencia, la miseria y la falta de oportunidades.

En el último EPU (2015), al Estado hondureño se le formularon más de 150 recomendaciones.

“El EPU es una oportunidad que tenemos las organizaciones de derechos humanos para plantear al mundo la grave situación que vive el pueblo hondureño.

No me explico cómo es posible que la representación oficial llegue a esta cita mintiendo, una vez más, sobre la implementación de las recomendaciones”, dijo a La Rel Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

“El contexto es dramático y esta gente es experta en vender internacionalmente una imagen de país que no existe en la realidad. Si ha habido avances ha sido a favor de la barbarie. Solo en el período de la pandemia contabilizamos 12 desapariciones forzadas”, explicó.

“Además, nos preocupan los altísimos niveles de militarización de la sociedad y de la seguridad pública. Hasta vemos imputados civiles que son procesados y recluidos en unidades militares (batallones)”.

La defensora de derechos humanos aseguró que hay una perversidad de fondo.

“El afán de este gobierno es destruir al movimiento que resiste y lucha contra la colusión de los poderes político, económico, judicial y militar para garantizar los intereses del gran capital nacional y transnacional.

Hay una cantidad de recomendaciones incumplidas e ignoradas por parte del Estado de Honduras. El EPU va a ser un escenario importante para volver a exigir cambios estructurales en materias de derechos humanos”, concluyó.

Notas

[1] https://bit.ly/2SV8gTW

[2] Mientras se redactaba esta nota fue asesinado Arnold Morazán Erazo, uno de los 32 defensores de la comunidad de Guapinol, que han sido criminalizados por defender los recursos hídricos que son amenazados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.

Fuente: https://rebelion.org/honduras-ante-el-epu-con-los-pies-hinchados/

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Abuso sexual, ¿Quién tiene la culpa?

Por: Tahira Vargas García

En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

Recientemente nuestra sociedad se ha consternado grandemente por el caso de la niña de 9 años que fue violada y asesinada por un señor que era su vecino.

La violencia sexual es invisible y legitimada. Solo aparece en casos de escándalos públicos o crímenes acompañados de abuso. No se denuncia, no se registra por su normalización histórica y social.

En el estudio de masculinidades y violencia de género que realizamos para Profamilia en el 2019 se muestra la ausencia de responsabilidad y permisividad del abuso sexual en los hombres entrevistados. Estos reconocen que han sido agresores sexuales o que han tenido deseos de violar niñas, mujeres o adolescentes porque “los provocan” o porque están “solas”. En ningún momento los hombres sancionan socialmente la agresión sexual ni demuestran la necesidad del autocontrol y respeto hacia la población femenina independientemente de su edad, condición o vestimenta.

La permanencia del abuso sexual en nuestra sociedad está vinculada a la culpabilización de la mujer, niña, adolescente que es víctima o a la madre de la víctima, como es el caso de la niña que fue abusada. Gran parte de las mujeres, niñas y adolescentes que han sido victimas de abuso sexual lo han vivido al interior de la familia siendo sus agresores padres, hermanos, tíos, abuelos, padrastros o cercanos a la familia, vecinos y compadres. En otros casos aparecen figuras religiosas cercanas a la familia, sacerdotes, diáconos y pastores religiosos que han cometido el abuso o figuras de poder como dirigentes políticos, legisladores, síndicos. Los hombres agresores sexuales no son culpabilizados socialmente. Esos casos pasan por el velo de la invisibilidad y la permisividad y las victimas sufrieron y continúan sufriendo las secuelas de esas historias de abuso e incesto en sus vidas.

EL manejo de la información sobre el caso de la niña abusada y asesinada en las redes sociales y la opinión pública está afectado por los elementos señalados. El imaginario machista en el que los hombres se socializan donde la mujer se convierte en objeto sexual y el hombre tiene permiso de tocar y agredirla si ella lo provoca o está “sola” le da sostén a la impunidad histórica y continua del abuso sexual y su normalización.

Erradicar los abusos sexuales es una tarea de toda la sociedad, tenemos que generar cambios en la población masculina y sus conductas agresoras y de visión de la población femenina como objeto sexual. Ningún hombre o adolescente tiene permiso para agredir sexualmente a ninguna niña, adolescente o mujer independientemente de que esté sola o acompañada, vestida o desnuda. Enseñar el respeto al cuerpo de las mujeres, niñas y adolescentes debe ser el objetivo de toda campaña educativa en términos mediáticos y en todos los espacios.

Este articulo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/abuso-sexual-quien-tiene-la-culpa-8853179.html

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Exigen frenar la ola de la violencia contra líderes indígenas en Costa Rica

La impunidad se ha convertido en la única respuesta de las autoridades costarricenses frente a la ola de asesinatos y hostigamientos contra líderes indígenas y defensores de los derechos humanos.


Ante este contexto de violencia que atenta contra los derechos, 46 organizaciones suscribieron un comunicado, publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde expresaron su preocupación por la impunidad estructural hacia los defensores de los pueblos indígenas.

En el comunicado alertaron que en Costa Rica rige la impunidad. Por eso, exigieron que se realice investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad. También solicitaron sanciones de todos los actos de violencia contra los líderes indígenas.

Piden al Estado desarrollar nuevas medidas que aseguren el bienestar y la vida de los activistas indígenas costarricenses.

País marcado por la impunidad

El pronunciamiento de las organizaciones surge porque desde el 2012 han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán, ubicados en Salitre y Térraba respectivamente.

Según el informe, los pueblos indígenas denunciaron reiteradas veces la ola de violencia que vivían. Por eso, la Comisión Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares internacionales (MC-312-12); sin embargo, estas no se han cumplido ni respetado.

En su pronunciamiento, las organizaciones recordaron los casos de los activistas indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera, quienes eran beneficiaros de medidas cautelares, pero fueron asesinados cuando defendían sus pueblos.

Con relación al caso de Rojas, el pasado 24 de setiembre la Fiscalía notificó a la familia su decisión de archivar la investigación. Mientras que la familia de Rivero, principal testigo del asesinato, sufre constantes amenazas.

Las organizaciones advierten que, desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas han experimentado un aumento de agresiones. Además, informaron que las investigaciones referentes a estos casos son inadecuadas y que no se otorga protección a víctimas ni testigos.

Hasta el momento, las autoridades costarricenses no han impuesto medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, tampoco han condenado a ningún responsable.

El activista indígena Sergio Rojas, de 59 años, fue asesinado a balazos en su habitación. Foto: Laura Rodríguez

Basta de impunidad

Las organizaciones también denunciaron las amenazas e intentos de homicidio que sufren Pablo Sibar y Minor Ortiz, ambos líderes indígenas que son beneficiarios de medidas cautelares.

Alertan que desde la llegada de la pandemia se han incrementado los ataques físicos contra los activistas indígenas, porque ellos han redoblado los esfuerzos para salvaguardar sus territorios.

El informe revela que el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad de los defensores de los derechos.

“La impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores”, señaló el pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones llaman al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas. Instan a que se reabra el caso del activista Sergio Rojas.

Foto: Costa Rica Ilustra

Costa Rica: Organizaciones internacionales hacen un llamado para que cese la violencia e impunidad en casos de personas defensoras de los pueblos indígenas

  • En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas.  El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
  • Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.

San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país.  Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.

Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.

En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.

Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.

En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.

Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.

Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.

De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.

Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.

Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.

Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.

Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.

Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!

Lista de organizaciones que apoyan la declaración

  1. Agora Association, Turkey
  2. AIDA Americas
  3. Arraigo ONG, Costa Rica
  4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
  5. Asociación Paz y Esperanza, Perú
  6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú
  7. Center for International Environmental Law (CIEL)
  8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
  9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile
  10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL)
  11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú
  12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
  13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA)
  14. Corporación La Caleta, Chile
  15. Culture Hack Labs
  16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland
  17. Environmental Defender Law Center (EDLC)
  18. Environmental Justice Foundation (EJF)
  19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
  20. Forest Peoples Programme (FPP)
  21. Front Line Defenders (FLD)
  22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
  23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa
  24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL)
  25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
  26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH)
  27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL)
  28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP)
  29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia
  30. Legal Resources Centre
  31. Londres 38, Chile
  32. National Alliance of People’s Movements of India
  33. New Wind Association, Finland
  34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT)
  35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras
  36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia
  37. Open Briefing
  38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea
  39. Project HEARD
  40. Protection International Mesoamérica
  41. Public Association “Dignity”
  42. Rainforest Fund
  43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
  44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
  45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen
  46. Success Capital

     * Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica

Fuente e imagen: https://www.servindi.org/actualidad

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México: Tras violación, maestra de Chihuahua cumple un año en demanda de justicia

Tras violación, maestra de Chihuahua cumple un año en demanda de justicia

En 2019 se registraron 17,334 denuncias por violación a nivel nacional, según cifras oficiales. Ese mismo año, ‘Victoria’, una maestra y estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Chihuahua, presentó una denuncia tras haber sido violada por cuatro de sus colegas.

La violación tumultaria que sufrió ‘Victoria’ –nombre ficticio para proteger su identidad– se cometió el 4 de mayo de 2019. Más de un año después, solo uno de sus agresores encara un proceso penal por violación. En entrevista con Expansión Política, ‘Victoria’ narra los obstáculos institucionales a los que se ha enfrentado para que su caso no quede impune.

«Tengo confianza en que se resolverá. Sé que está muy lento y que juegan a cansarme, pero no; yo seguiré firme», expresa.

La violación

El 4 mayo de 2019, ‘Victoria’ acudió con una amiga (quien es estudiante de la UACJ) a una fiesta organizada por otro de los docentes con motivo del Día del Maestro. La reunión se llevó a cabo en casa de uno de ellos y solo asistieron siete personas.

La joven recuerda que en la fiesta hubo consumo de bebidas alcohólicas. En un punto, comenzó a sentirse muy mareada, por lo que trató de buscar a su amiga, pero cuatro de los sujetos le impidieron salir de la casa y fue cuando comenzaron a violarla.

Tres días después, ‘Victoria’, acompañada por una psicóloga y una abogada de la asociación civil Casa Amiga, acudió a presentar su denuncia ante el Ministerio Público estatal.

“Las cosas que recuerdo (de esa noche) las declaré en la denuncia que puse el 7 de mayo. Le pedí a mi amiga que me acompañara, pero no quiso aún cuando yo le platiqué todo lo que ocurrió, porque a ella la sacaron de ahí (de la casa); y aunque en un principio me apoyaba, pues es amiga de ellos y se puso de su lado”, dice.

Las personas que ‘Victoria’ señala en su denuncia como sus agresores son Giovanni ‘G’, Alejandro ‘G’, Israel ‘G’ y Roberto ‘S’. Y aunque el quinto docente, identificado como Arturo, no fue denunciado porque no tomó participación directa en la violación, fue él quien sacó a su amiga del lugar, “supo lo que sucedió y después me difamó”, señala la joven.

Fue hasta el 4 de agosto de 2019 que las autoridades lograron la captura, y eso gracias a una supuesta falta administrativa, de uno de los sujetos identificado por ‘Victoria’ como su agresor. Los otros tres se encuentran prófugos.

“Hasta el momento, solo han detenido a Giovanni; (las autoridades) no han hecho nada por buscar a los otros tres; le escribo a los del Ministerio Público (para saber cómo va el caso), pero no me han contestado nada”, lamenta.

Revictimización y difamación

Luego de presentar su denuncia, ‘Victoria’ confió en que solo quedaba esperar a que se emitieran las órdenes de aprehensión correspondientes, pero antes de eso, su caso salió a la luz pública por una filtración al medio local El Diario de Juárez. Esto no solo causó que la joven fuera revictimizada, sino que dio oportunidad para que sus agresores escaparan.

“Mi caso salió a la luz pública porque la misma Fiscalía (General del Estado) lo filtró al Diario de Juárez, que confirmó que tuvo acceso a la carpeta de investigación. En ese medio, pusieron datos sobre mí y detalles del abuso; al final todo el mundo se enteró de algo que yo no quería que se supiera públicamente. Los agresores se enteraron (de mi denuncia) por la nota y se escaparon”, acusa.

Los textos del Diario de Juárez a los que se refiere fueron publicados el 22 y el 24 de mayo de 2019. En el primero se dieron los detalles de la violación, y en el segundo, una columna titulada ‘El inocente perreo con final trágico’ , se destacó el grado académico de los docentes, refiriendo a los hechos como un “infortunio” y “falta de prudencia”, e insinuando que ‘Victoria’, con su denuncia, estaba dañando la vida de sus agresores.

Por los términos que se usaron en la columna para referirse al caso, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) exhortó al medio a ofrecer una disculpa pública, la cual no llegó y, por el contrario, El Diario de Juárez publicó que había sufrido un intento de censura.

Ella explica que a partir de ese momento comenzaron las campañas de difamación al interior de la UACJ, presuntamente por docentes y estudiantes cercanos a sus agresores, entre ellos –acusa la joven– Arturo Paz, la amiga que la llevó a la reunión y José Rurik, secretario general del Sindicato de Maestros del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).

“Algunas personas de la universidad me decían que estaban haciendo campañas de desprestigio, diciendo que yo tenía la culpa de lo sucedido o que yo lo había inventado todo», recuerda.

‘Victoria’ acudió junto con otras docentes a una reunión con el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, para ponerlo al tanto de la violación; éste, inicialmente, le externó que reprobaba los hechos, se comprometió a que no habría represalias en contra de ella ni de la personas que la apoyaban, y que se le brindaría el apoyo necesario.

Pero el 4 de agosto de 2019, día en que Giovanni fue detenido, ‘Victoria’ recibió un mensaje de texto de la coordinación de la carrera en la que era docente desde 2017; en este se le informaba que ya no podría dar clases porque estaba por iniciar su posgrado.

“La universidad, que en ese momento me tenía contratada por honorarios, me mandó un mensaje diciéndome que ya no podía dar clases porque yo iba a comenzar como estudiante de posgrado, y que Conacyt no permite trabajar y ser estudiante. Pero eso no es cierto. El reglamento de Conacyt dice que puedes trabajar siempre y cuando no rebases las ocho horas. Entonces, no tenía sentido, porque yo trabajaba cinco horas”, explica.

‘Victoria’ tuvo que resolver su situación laboral en la Universidad, que en ese entonces era su única fuente de ingresos, logrando que la restituyeran. Pero desde enero de este año, no le volvieron a ofrecer carga académica porque “no han requerido de sus servicios”, según aclaró la institución en respuesta a una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En la misma respuesta, la UACJ indicó que «no se llevó a cabo ninguna acción» para investigar o sancionar las campañas de difamación contra ‘Victoria’, pues, argumentó, la denuncia por este hecho no se presentó ante la Defensoría dentro de los 90 días naturales que establecen los estatutos generales.

Por esta razón, Arturo Paz, a quien la joven señala como testigo de la violación y partícipe de las campañas de hostigamiento, sigue impartiendo clases en la UACJ.

A la par, ‘Victoria’ sufrió revictimización por parte de su abogada, que le fue asignada por Casa Amiga. Desde la audiencia inicial contra Giovanni, celebrada el 6 de agosto de 2019, la litigante le sugirió a su clienta que, si quería, no se presentara a la próxima audiencia, la cual llegó el 8 de agosto. Ese día, el inculpado declaró que la joven lo inventó todo por “cuestiones políticas”.

Al día siguiente, a Giovanni lo vincularon a proceso por violación. ‘Victoria’ se reunió con su abogada para que le entregara el expediente, pues hasta ese punto se le negó supuestamente para que no se filtrara información, y fue cuando le insinuó, tal como hizo la defensa de Giovanni, que ella lo había inventado todo.

“Mi abogada parecía como que le estaba creyendo (a Giovanni). Yo empezaba a ver actitudes extrañas por parte de ella. Entonces me citó en su despacho y le pregunté que qué seguía. Ella me dijo, textualmente ‘es que, maestra, a usted nadie la obligó a ir a esa fiesta, nadie la obligó a tomar, ¿no será más bien que usted se inventó la violación porque alguien se lo metió en la cabeza?’”.

Además, en Casa Amiga le reclamaron por haber ofrecido una entrevista. Para entonces, ‘Victoria’ ya había pedido asesoría con otros abogados en la Ciudad de México, y cuando la asociación se enteró, le retiró el apoyo legal.

Sin avances en el proceso

A más de un año de la captura y vinculación a proceso de Giovanni, no hay avances: es el único detenido y no se le ha dictado sentencia. ‘Victoria’ ha tenido que acudir a los juzgados hasta en tres ocasiones debido a los amparos presentados por la defensa del imputado, pero todas las audiencias se suspenden por una u otra razón.

La joven afirma que en todos estos meses ha intentado comunicarse con el Ministerio Público a cargo de la investigación para localizar a los otros tres agresores, pero no le responden.

Este medio consultó a la Fiscalía de Chihuahua sobre el caso, y la respuesta fue que, aunque los demás implicados están prófugos, se sigue trabajando para llevarlos ante la justicia.

A inicios de este año, al ver que su caso no avanzaba en Chihuahua, ‘Victoria’ viajó a la Ciudad de México para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General del Estado y el Diario de Juárez por filtración de datos y difamación; contra Casa Amiga, por no haberle brindado una defensa legal adecuada; y contra la UACJ por hostigamiento y violación a sus derechos laborales.

La UACJ, a la que también se le pidió una postura, afirmó que a partir de este caso se dio prioridad a la creación de un protocolo de actuación para atender de manera específica los casos de violencia de género que podrían suscitarse dentro y fuera de la Universidad.

“En colaboración con un grupo de profesoras-investigadoras y abogadas adscritas a la Oficina del Abogado General, se trabajó para integrar un proyecto de protocolo para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual, el cual, actualmente se encuentra en proceso de revisión y se pondrá a disposición de la comisión redactora de normatividad de la universidad; se pretende que sea aprobado por el Consejo Universitario y entre en vigor este mismo año”, respondió la casa de estudios a Expansión Política.

“Aquí en Juárez todo está muy hermético y todo está coludido. No tenemos mucho apoyo en este tipo de situaciones. Constantemente matan, secuestran y violan a mujeres, y las autoridades no hacen nada”, lamenta ‘Victoria’.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de Quintana Roo, Chihuahua tiene la tasa más alta de violación a nivel nacional: 16.3 por cada 100,000 habitantes.

Por total de casos, Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional, con 619 denuncias registradas de enero a julio de este año. En el mismo periodo, la línea de emergencia 911 recibió 2,180 llamadas de auxilio por violación a nivel nacional, de las cuales, 159 eran provenientes del estado fronterizo.

Fuente de la información: https://politica.expansion.mx/estados/2020/10/04/tras-violacion-maestra-de-chihuahua-cumple-un-ano-en-denuncia-de-justicia-uacj

 

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