Entrevista a Mari Luz Sanz: “La nueva ley educativa no va a cambiar nada para el alumnado con discapacidad”

Entrevista/24 septiembre 2020/Autor: Daniel Sánchez Caballero/eldiariolaeducacion.com

  • Mari Luz Sanz es presidenta del CEMIN y su responsable de educación. Hablamos con ella de estos últimos meses de pandemia y de cómo el alumnado con discapacidad ha vivido el confinamiento y la vuelta al cole. Defiende la necesidad de hacer una evaluación de lo ocurrido durante el confinamiento. Y, como no podía ser de otra manera, repasa lo ocurrido hace unos días con el nuevo dictamen de la ONU y el texto de la nueva ley de educación, que ha comenzado ya el trámite después de 16 prórrogas.

Si el confinamiento y la suspensión de las clases presenciales fue un duro golpe para todo el alumnado, los estudiantes con discapacidad lo sufrieron doblemente: la inmensa mayoría perdió sus terapias y muchos padecieron severos problemas de conectividad o accesibilidad con las plataformas escogidas para la enseñanza a distancia, cuenta Mari Luz Sanz, presidenta del CERMIN (la rama navarra del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y su responsable para cuestiones educativas.

“Fueron los grandes olvidados”, denuncia Sanz, que exige que, llegado el caso, no se repita la situación. Esta experta lamenta también que el Estado no cumpla con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que España ratificó en 2008, y sostiene que la nueva ley educativa, que comienza estos días su trámite en el Congreso, no va a cambiar nada para los alumnos con discapacidad. “Tiene que haber una implicación de las administraciones y de toda la comunidad educativa” para que este cambio llegue, opina.

Empezamos por lo más reciente: puede ser complicado hablar de todo el Estado como si fuera uno por aquello de las competencias autonómicas y las diferentes realidades, pero, ¿cómo está yendo la vuelta al curso para las personas con discapacidad?

Aunque no es lo mismo en todo el Estado, sí hay cosas comunes. Todo el mundo tiene las mismas inquietudes. La principal demanda del CERMI a las administraciones educativas es que durante los tres meses de confinamiento los alumnos con discapacidad han sido los grandes olvidados, porque no se les han realizado las terapias específicas o las plataformas no eran accesibles. También pasaron los tres meses de verano, en los que algunos colectivos pedían que se implementasen las terapias igualmente. Así que venimos de seis meses sin interacción con el colegio. Pedimos que esto no se repita, desde luego. Si hay otro confinamiento hay que tener en cuenta las necesidades del colectivo y darles respuesta. Siempre que las familias lo pidan es necesario que el alumnado con discapacidad esté en las sesiones presenciales, incluso en escenarios de semi confinamiento.

Respecto al inicio propiamente dicho, hemos empezado el colegio con normalidad como el resto, tanto en los colegios ordinarios como de educación especial. Por ahora no tenemos noticias de que haya ningún caso ni brote que afecte a nuestro alumnado. En ordinaria confinarán clases y se tendrán que ir como todo el mundo, pero en principio no hay una mayor incidencia. Ahora estamos como todos, a verlas venir, porque ya depende de cómo evolucione esta pandemia.

¿Ha habido refuerzos de profesorado especialista, tanto en la escuela ordinaria como en la especial?

Estamos todavía sin noticias. En todas las comunidades hay demandas de profesores y los sindicatos dicen que no están llegando todas las contrataciones. Este mes de septiembre es el de impass, no todas las comunidades han empezado a la vez, pero creo que se están implementando. Pero si se van a desdoblar clases y hacer las actividades de otra manera se necesitará más profesorado de apoyo y especialistas para las intervenciones de determinadas necesidades. No renunciamos a los tratamientos específicos. Si se necesitan AL (especialistas en Audición y Lenguaje), PT (Pedagogía Terapéutica) o intérpretes de lengua de signos no vamos a pasar porque no estén, ya hemos pasado tres meses. Lo ideal habría sido que a principio de curso se hiciera una fotografía de cómo vuelve este alumnado, cómo ha influido la pandemia y la falta de atención este tiempo por si es necesario implementar más medidas. No sé si las comunidades lo harán, pero deberían pensar en hacerlo. Podemos encontrarnos con un retraso estos meses de cosas adquiridas que habría que recuperar.

Alguna familia nos ha comentado que se ha tirado de estos especialistas en educación especial para suplir la falta de profesores. ¿Tenéis noticias al respecto?

He oído algo, pero hay que comprobarlo. Como el proceso ha ido al ralentí no tenemos toda la fotografía entera. Cuando reporten los CERMI autonómicos qué hacen sus comunidades, veremos. Es un momento complicado esta vuelta al colegio, con las normativas y protocolos. Hay que dejar que se asiente la situación para hacer la valoración y las demandas. Pero sí es un peligro que se utilice a los profesores especialistas para rellenar huecos de otro profesorado que no ha llegado. Hablamos de la brecha digital, pero también tiene que haber medios accesibles para nuestro alumnado. Si utilizas nuestra aplicación o un programa que no leen los lectores para ciegos, andaremos mal. Hay que implementar más cosas que solo tecnología.

¿No se ha tenido en cuenta al alumnado con discapacidad a la hora de elegir determinadas aplicaciones para la enseñanza a distancia, por ejemplo?

No se ha tenido en cuenta a determinado alumnado. Algunos programas no eran accesibles para los lectores del alumnado con discapacidad visual. Los que tienen dificultad auditiva encontraban algunas plataformas con problemas para comunicarse, sin acceso al subtitulado… Estas cosas dificultan la participación. También sucede que este alumnado se pierde en los grupos grandes o si se iba muy rápido. Se les ha dejado fuera a veces. Ha habido circunstancias en las que le alumnado no estaba en igualdad de condiciones. Si el sonido es malo, se congela la imagen… mal. Si es complicado para el alumnado sin problemas… A veces las herramientas que proporcionan los departamentos no son las óptimas. Pero entendemos que no estábamos para esto [en referencia a la pandemia] y nos sorprendió a todos, fue complicado. Ahora, al menos, ya tenemos la experiencia de tres meses haciendo escuela online, por lo que ya hemos visto los fallos y tenemos que ver las respuestas más adecuadas.

Muchos alumnos han pasado casi seis meses sin sus apoyos educativos. ¿Cómo ha ido eso?

No solo han sido las terapias del colegio, también en entidades, que no se han podido realizar, aunque se ha intentado de manera telemática. Pero si yo puedo dar una clase de logopedia a través de Zoom [una aplicación para hacer videoconferencias], el del colegio también puede, así de claro. Algunas discapacidades estarán más afectadas que otras. Las intelectuales, autismos, necesitan rutinas que se interrumpieron de un día para otro, no entendían nada, lo que lleva a conductas disruptivas, trastornos en la conducta… Todo se hace más difícil de manejar. Probablemente hayan perdido parte de lo que llevaran tiempo construyendo. Los que reciben fisioterapia, daños infantiles cerebrales, etc. –que reciben también intervenciones fuera del colegio– están viendo bastante mermada su capacidad física. Seis meses sin terapia son muchos meses. Cuando esto pase y veamos cómo ha influido se podrá hacer esa valoración. Por eso para nosotros sería importante que se hiciera una valoración desde los colegios. Ellos sabían cómo estaba el alumno cuando se cerró y cómo vuelve ahora. No es una revisión de su informe, sino una valoración de cómo estaba y cómo está para ver qué hemos perdido y dónde podemos poner el objetivo, porque muchos no podrán seguir donde lo dejaron, tendrán que volver para atrás. Esta valoración nos puede decir qué necesidades pueden tener, igual necesitamos meter alguna sesión más o recuperar alguna medida abandonada… Esta va a ser la realidad, sobre todo, con los niños con más dificultades y peor situación física y psicológica. Algunos habrán perdido más que otros y algunas pérdidas serán irrecuperables.

¿Cómo cuadran la normativa sanitaria y los protocolos en las escuelas con las personas con discapacidad? ¿Se ha tenido en cuenta al alumnado con discapacidad?

Son protocolos muy generales, luego cada colegios ha hecho el suyo. Creo que sí se han tenido en cuenta y los que los han hecho muy a medida son los centros de educación especial, que también tienen unos alumnos con unas necesidades más especiales.

¿Cuál es la postura del Cermi respecto a los centros de educación especial?

Ninguna. La educación tiene que ser inclusiva, así lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hace unos días salió el dictamen de la ONU de España, bastante demoledor en este sentido. No se cumple con la educación inclusiva. Cada familia es libre de llevar al colegio que le parezca, como el resto de las familias, pero nosotros apostamos por la Convención, y el artículo es específico de la educación inclusiva y hacia eso tenemos que ir, hacia una educación inclusiva y de calidad. No decimos que ordinarios sí y especiales no. Pero sí creemos que la diversidad es buena en la escuela, que interactuar con las personas con discapacidad en la escuela hace que se facilite la inclusión. La sociedad es diversa y como tal debe estar en todos los ámbitos de la vida, y por tanto también en la educación. No tenemos que tener una educación especial, sino una que se adapte a nuestras necesidades. Y las nuestras son un poquito diferentes. Solo decimos que la Administración educativa tiene que cumplir el mandato de la Convención, que en el artículo 24 dice que la educación debe ser inclusiva.

Ya que menciona el dictamen de la ONU, la resolución del comité ‘sentencia’ a España en un caso concreto de un alumno al que obligaron a escolarizar en un centro de educación especial contra el criterio de la familia. ¿España no cumple la Convención?

España ratificó la Convención de 2008. Cuando se hace, eso es derecho de obligado cumplimiento para ese Estado, y creo que no se acaba de entender. A veces en las leyes de educación te encuentras que pone “educación especial”. Pero no se pueden hacer distinciones dentro del sistema. Cambiar y hacer una educación inclusiva no se hace de hoy a mañana. Tenemos que cambiar nuestra visión de la educación y eso no se está haciendo ni se fomenta. En general la mayor parte de maestros que están ahora en la universidad cursando estudios de Magisterio están estudiando lo mismo que hace 30 años. No se habla de la discapacidad como algo dentro del sistema educativo o como algo que contemplar, ni se habla de metodologías diferentes para incorporar al alumnado diverso. Ese cambio no viene solo porque digamos que vamos a hacer educación inclusiva. Pero sin recursos ni cambios metodológicos… Tendrán que ser aulas de otro tipo, colegios arquitectónicamente diferentes. Tiene que haber una implicación de las administraciones. No vale con decir que queremos una educación inclusiva y cerramos los colegios de educación especial en tres años. No se va a poder. Tendrás que saber qué quieres hacer realmente. ¿Cómo vamos a ir a esa educación inclusiva? ¿Cómo llegamos a ella? Esto hay que hacerlo a medio o largo plazo y debe contar con la comunidad educativa, con toda ella. Tienen que saber de qué estamos hablando. No es solo que vayan al colegio, tendrá que haber más recursos, pensar en las metodologías con las que trabajar, dar diferentes herramientas a los profesionales. La comunidad educativa tiene que pensar que la sociedad es diversa y todas las personas tienen cosas que aportar. También qué aprendizajes va a traer si realmente estas aulas son diversas y tienen un alumnado que no han tenido hasta ahora. Esto tiene que ser sí o sí porque la Convención es derecho desde 2008 y seguimos sin enterarnos. Luego cada comunidad tiene sus competencias y puede ser complicado, pero para eso está el Ministerio, para liderar. A veces la gente no sabe de qué se está hablando y se posiciona sin saber.

“Se tiene que contar con la comunidad educativa”. ¿La comunidad educativa está preparada para este cambio?

No lo sé. Es muy variado, pero a veces es por desconocimiento también. Esto conlleva un cambio de mentalidad, nuevas inversiones, recursos… Igual en este momento está complicado, pero no es solo cuestión de dinero, también de cambio de mentalidad. A veces se dice, “siempre se ha hecho así”, “esto no lo vamos a poder hacer”. A veces no se está trabajando la educación inclusiva desde las propias administraciones. También se cambian los partidos al mando, el consejero, y las visiones pueden ser diferentes. Hay profesionales de la educación que están por la educación inclusiva con su granito de arena, pero no está siendo fácil. Llevamos 12 años desde que se aprobó la Convención, y no se ha visto ningún cambio significativo en este sentido. La gente especialista en educación inclusiva no está siendo escuchada. No nosotros, que somos los sujetos a los que se les tiene que dar, sino profesionales que empujan. Necesitamos esa reflexión, pero hacerla en profundidad y con un compromiso de hacia donde vamos. Las leyes educativas no pueden ser una lanzadera entre partidos, hay que llegar a consensos, pues esto es igual. Y es con trabajo, conocimiento e interés. Y aquí las cosas van muy despacito.

¿La ley nueva va a cambiar algo?

No hace nada. Se mantiene igual, se sigue hablando de educación especial. No tiene nada que nos afecte significativamente. Aún tendrá que pasar por el Congreso y es mejorable, pero si te encuentras las mismas formulaciones en algunas cosas es difícil cambiar. No hemos logrado calar el discurso.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/09/24/la-nueva-ley-educativa-no-va-a-cambiar-nada-para-el-alumnado-con-discapacidad/

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España; Plataforma en Defensa de la Educación Pública exige la derogación de la LOMCE

España/18 de Septiembre de 2017/La Vanguardia

Varias organizaciones agrupadas en la Plataforma en Defensa de la Educación Pública se han concentrado hoy con lemas como #SIalaPública o #RevertirRetallades para exigir al gobierno la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), «una ley injusta, clasista y segregadora».

Así se ha expresado Marius Fullana, el presidente de FAMPA València y portavoz de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, que ha asegurado que «la derogación de la LOMCE es nuestra principal reivindicación y no pararemos hasta conseguirlo».

«Si el gobierno de Mariano Rajoy es incapaz de impulsar y realizar los cambios que nuestro sistema educativo necesita, o deliberadamente no quiere realizarlos, nos vemos obligados a exigir un cambio de presidente y de gobierno», ha dicho.

Ha resaltado la necesidad de «un nuevo gobierno del cambio que impulse la derogación de la LOMCE y su sustitución por una nueva ley educativa consensuada y progresista, que proteja la educación pública y derogue los recortes educativos».

«Ya hace más de un año que, en el Congreso de los Diputados, la mayoría están en contra de la LOMCE pero no se mueve nada, algo absurdo», ha dicho Fullana, y ha opinado que «el problema es que no se ponen de acuerdo».

Vicent Moreno, de Escola Valenciana, ha expresado que «la LOMCE limita la puesta en marcha de las metodologías de inmersión en las lenguas oficiales que no sean el castellano».

En su opinión, las de inmersión «son las metodologías que dan resultados y permiten que los niños dominen de manera equilibrada las dos lenguas» oficiales de la Comunitat.

Tras pedir a la Generalitat que invierte en Educación el 5 % del PIB, Moreno ha afirmado que «la persistencia de los recortes marca el inicio del curso 2017-2018 en todo el Estado español para ocho millones de alumnos y 700.000 docentes».

En la Comunitat Valenciana, «con el cambio de gobierno sí que se ha notado más voluntad, pero siempre reclamamos participación de la comunidad educativa y, desgraciadamente, no se está haciendo como querríamos», ha recalcado.

En cuanto a las infraestructuras, Vicent Moreno ha sentenciado que «lo más importante de la escuela son los niños y han de estar felices, ese es el objetivo, que sean felices y aprendan».

«Para ello, el profesorado se tiene que dedicar a trabajar pedagógicamente con los alumnos, pero a veces tiene que estar pendiente de las deficiencias de infraestructura que tienen los centros», ha dicho.

Aunque ha reconocido que hay centros que están mejorando y se está invirtiendo más en infraestructuras, ha destacado que «la cola es muy larga»; «La herencia que recogió este gobierno era un desierto, el PP no invertía en infraestructuras y su objetivo era cargarse la imagen de la escuela pública».

La Plataforma también ha exigido la recuperación de un sistema de becas «que garantice la igualdad de oportunidades» y la eliminación de la contrareforma universitaria y de las prácticas no remuneradas en FP, además de la recuperación de las plantillas y las infraestructuras docentes.

Otras de las peticiones han sido la dignificación de las condiciones laborales del profesorado y la erradicación de la precariedad laboral, el freno a la privatización del sistema educativo, la bajada de las ratios y la defensa de un modelo pedagógico plurilingüe «que garantice las plenas competencias del alumnado valenciano y sus derechos lingüísticos».

Fuente: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20170914/431278707014/plataforma-en-defensa-de-la-educacion-publica-exige-la-derogacion-de-la-lomce.html

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Chile: Educación superior

Por: Hugo Lavados

EL PROYECTO de ley sobre Reforma a la Educación Superior evidentemente no resuelve en forma importante las deficiencias ya constatadas en nuestro sector. Es claro que existe la necesidad de legislar para generar un nuevo sistema de educación superior, considerando que el funcionamiento de las instituciones es muy distinto a lo que supone la ley imperante.

Es probable que en la base de las deficiencias esté una visión sesgada sobre lo que ha ocurrido en el sistema, junto con el intento por evitar conflictos con estudiantes y autoridades de instituciones que han sido privilegiadas en todo este proceso.

Existe acuerdo en que es necesario contar con un sistema de aseguramiento de calidad no voluntario, el cual debería permitir la diversidad de proyectos educativos y diferentes niveles de complejidad institucional. Que se plantee como apoyo al sistema interno, que se base en algunos criterios, pero lejos de un “check list” al que tienden los mecanismos demasiado estructurados con muchos estándares.

Debe crearse una superintendencia que fiscalice y vele por el cumplimiento de las normativas legales, pero el proyecto le entrega demasiadas facultades, que permiten arbitrariedades y discriminaciones. La Subsecretaría se mantiene, luego que circuló una minuta que la eliminaba, perdurando una gran confianza en una planificación precisa, lo que no es razonable en una época de tantos cambios culturales, sociales, políticos, económicos y tecnológicos.

Es loable el intento por no tener una ley muy reglamentista, pero se extrema la posible discrecionalidad del regulador para definir normas, especialmente las que dicen relación con la acreditación.

Continuamos observando una incomprensible desconexión de la Educación Superior con la ciencia, tecnología e innovación, que se refleja en la nula referencia al proyecto que crearía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Chile las universidades hacen una muy alta proporción de la actividad científica; de hecho, el propio proyecto considera a la investigación para definir la acreditación y el financiamiento. Ahora bien, según como sea el apoyo estatal a las universidades, se va a tender a rigidizar el progreso de las instituciones con menor desarrollo relativo de la investigación, lo que resulta más claro al analizar la fórmula para financiar la gratuidad.

Vemos temas que no están adecuadamente interconectados entre sí, porque no se sustentan en una mirada global, coherente con el desarrollo del país, con objetivos de desarrollo del sector y de las instituciones existentes. Robustecer el sistema implica contar con normas claras y comunes para todos los actores, que den soporte a un régimen mixto de educación superior con instituciones orientadas por la calidad de la formación, y que se adecuen con flexibilidad a los nuevos tiempos. Es necesario que las normativas respondan a una mirada de futuro y generen estabilidad a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Debemos considerar que ya el próximo año una buena proporción de los jóvenes que ingresan a la Educación Superior habrán nacido en el siglo 21.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/educacion-superior-3/

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España: El PP acepta sustituir la LOMCE por una nueva ley educativa

España/28 de Noviembre de 2016/El Diario Alerta

El Grupo Popular, PSOE y Ciudadanos acuerdan un texto para crear una comisión que sirva de partida a un pacto nacional por la educación.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados acordó un texto con PSOE y Ciudadanos para la creación de la Subcomisión en la Cámara baja para el «Pacto Social y Político por la Educación», que, según indica, servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de ley educativa que «sustituya» a la LOMCE.

El contenido de este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, es fruto de semanas de negociaciones, ya que principios de este mes de noviembre los socialistas y C’s consensuaron una iniciativa que el PP no firmó. Ahora, los ‘populares’ han dado el visto bueno al texto que en el primer apartado señala que la Subcomisión elaborará un informe para el citado acuerdo y después indica que «dicho pacto servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad a partir de un amplio acuerdo parlamentario y social». Asimismo, la iniciativa apunta que se suspenderá el calendario de implantación previsto en la disposición final quinta en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor, mientras se logra el pacto y entra en vigor «la nueva ley de educación».

Los tres grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo también para que en la elaboración de dicho informe en el seno de la Subcomisión se lleven a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos, incluidas las de los representantes de las administraciones educativas. Además, han pactado que dicho informe se presente en un plazo máximo de seis mese.

Fuente: http://www.eldiarioalerta.com/articulo/espanha/pp-acepta-sustituir-lomce-nueva-ley-educativa/20161125203453004707.html

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