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Ecuador: Rectores reclaman el presupuesto de las universidades públicas ante una posible nueva reducción

Los rectores de 26 universidades solicitaron este jueves 19 de agosto del 2021 al presidente Guillermo Lasso que disponga al Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, la atención prioritaria a la entrega de los recursos necesarios para las instituciones de educación superior (IES) públicas.

Los rectores señalan que el 18 de agosto del 2021 se evidenciaron movimientos en las cédulas presupuestarias en algunas universidades, lo cual ha generado incertidumbre. “Esto resulta contradictorio, considerando el esfuerzo de las IES públicas para el incremento de la oferta académica. Además, sorprende esta actitud después de haber mantenido reuniones la semana anterior con el viceministro de Economía y Finanzas y ayer con el ministro, Simón Cueva”, dicen los rectores en un comunicado.

En este se señala que la preocupación radica en la poca transparencia e información sobre el presupuesto, a escasos días de remitirse la Proforma 2021 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional.

En una rueda de prensa realizada este jueves, cinco rectores de universidades y escuelas politécnicas públicas manifestaron su preocupación. Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, dijo que el rumor de que podría haber una reducción aún mayor en este 2021 les pone muy inquietos “porque estaríamos en situación de un verdadero colapso institucional

María Augusta Hermida, rectora Universidad de Cuenca, señaló que las universidades públicas han ofertado 70 000 cupos al sistema de educación superior y han hecho esfuerzos por aumentar el número, pero dijo que eso debe ir acompañado de aumento presupuestario.

La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Florinella Muñoz, recordó el aporte de las instituciones durante la pandemia, con su personal e infraestructura.

Por su parte, la rectora de la Politécnica del Litoral, Cecilia Paredes, dijo que se encuentran abiertos al diálogo para dar solución al problema que atraviesan. “No queremos volver a pasar por esto en los siguientes años. Necesitamos sentarnos a conversar sobre la sostenibilidad del sistema”.

Paredes señaló que se anuncian nuevos ingresos de otras universidades al Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). “Así lo reclaman los territorios y todos estamos de acuerdo, pero no podemos estar de acuerdo en que haya más ingresos y cupos si no hay el financiamiento adecuado”.

Una de las instituciones que ingresó al Fopedeupo en el 2020 es la Universidad de las Artes. Su rector, William Herrera, dijo que eso no debe significar una reducción del presupuesto de otras universidades de mayor trayectoria e historia del país que han recibido sus recursos de este fondo.

“Este es el momento para que desde el sistema de educación superior y con los representantes del gobierno se planteen estrategias que miren de manera integral el financiamiento del sistema de educación superior, tomando en cuenta que hay otras universidades que están cerca de alcanzar su proceso de institucionalización y otras que se encuentran incluso en la fase de creación”.

Los rectores recordaron que en el anterior gobierno, durante el 2020, se consolidó una reducción de más de USD 98 millones para las IES públicas, “lo que ha generado graves afectaciones a la educación superior en el país”.

“La reducción del presupuesto y la falta de asignación oportuna de los recursos financieros inciden directamente en la calidad de la educación superior pública, atentan contra la viabilidad de las instituciones de educación superior que, al verse comprometidas en su operación y sus finanzas, deberán obligatoriamente realizar ajustes internos, lo cual incidirá lamentablemente en la reducción de la oferta académica, señalan los representantes de universidades y escuelas politécnicas públicas”, enfatizan los rectores.

Fuente: https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/rectores-universidades-publicas-presupuesto-reduccion.html

 

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Costa Rica: Consejos universitarios de universidades públicas rechazan Ley de Empleo Público

Los consejos universitarios de la Universidad de Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad de Costa Rica, así como el Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica, y la Universidad Técnica Nacional, en el marco de las funciones que se le han asignado en sus respectivos estatutos orgánicos y tomando en cuenta que el texto del Proyecto de Ley de Empleo Público. Expediente N.° 21.336, violenta la autonomía constitucional que se ha otorgado a las universidades públicas, CONSIDERAN QUE:

1. En el 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Al respecto el objetivo N.° 4

de esta Agenda es:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Es por ello que en el 2016, los presidentes de los tres Poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elecciones, junto con representantes de gobiernos locales, del sector privado, de universidades estatales y de la sociedad civil, suscribieran el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cual se reconoce la importancia de la participación de las universidades públicas para alcanzar las metas de otros objetivos (véase la nota 1).

2. La Constitución Política de Costa Rica en su artículo 84 establece que:

La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica”.

De esa manera, el citado artículo consagra seis manifestaciones de la autonomía universitaria que son importantes señalar: 1) independencia en sus funciones, 2) capacidad jurídica plena para adquirir derechos y contraer obligaciones, 3) capacidad jurídica plena para darse su propio gobierno, 4) capacidad jurídica plena para darse su propia organización, 5) patrimonio propio o hacienda universitaria, 6) financiación del Estado (véase la nota 2). Con estas se les otorga a las universidades públicas el ejercicio de todas las potestades administrativas necesarias para el desarrollo de la actividad docente, de investigación y acción social. Lo anterior, incluye la potestad de seleccionar, nombrar, evaluar, organizar y regular libremente a su personal, de acuerdo con sus propios criterios y exigencias, y las regulaciones internas que emita al efecto deben garantizar la óptima prestación del servicio universitario, el eficiente uso de los recursos institucionales y la transparencia y responsabilidad de la gestión universitaria.

3. El espíritu de la norma con la que se concibió la autonomía universitaria permite que los fondos asignados a las universidades públicas se destinen a:

a) Elaborar e impartir carreras que forman profesionales en todo el territorio nacional. Lograr su acción académica fuera de las luchas partidistas del poder político, defendiendo el interés colectivo y permitiendo una libertad crítica y propositiva mediante su abordaje a través de carreras, proyectos, programas y actividades académicas.

b) Invertir fondos para programas de becas, residencias y ayudas socioeconómicas estudiantiles a poblaciones vulnerables que de otras formas no tendrían acceso a la educación superior.

c) Formar institutos que atienden necesidades fundamentales de los costarricenses, tales como OVSICORI en temas de vulcanología y sismología, LANAMME que realiza estudios técnicos de protección de la infraestructura civil, vial y líneas vitales, el Instituto Clodomiro Picado, especialistas en suero antiofídicos, la ingeniera aeroespacial, el uso de plasma de tipo Stellarator, único en Latinoamérica y la educación a distancia.

d) Permite la libertad de cátedra en la formación de profesionales integrales que no respondan a líneas ideológicas establecidas por gobiernos de turno, sino con una visión holísticas, que atienden a las necesidades de la sociedad costarricense.

e) Brindar una educación humanista común a todos los estudiantes, más allá de la especialidad elegida.

4. La Sala Constitucional, mediante el voto N.° 1313-93, reiteró que las universidades estatales “(…) cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, y decidir libremente sobre su personal (…)”.

Igualmente, este voto determina los alcances de la independencia de estas casas de enseñanza superior estatal, ya que les confiere una autonomía especial, lo cual imposibilita a los poderes de la República detallar el destino o las partidas de gasto relacionadas con la Hacienda Universitaria, dentro del Presupuesto Nacional, sino, únicamente, debe reflejar la transferencia de los recursos necesarios y acordados, tal y como estipulan los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

5. La Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2002-08867 señala que “el artículo 84 constitucional establece una reserva normativa en favor de las universidades, en el sentido de que su poder reglamentario es el único competente para normar la organización del servicio universitario; disposiciones que integran de esta manera un subsistema jurídico particular”.

6. El Proyecto de Ley de Empleo Público. Expediente N.° 21.336 pretende homogenizar los perfiles de puestos y condiciones de ingreso, así como el régimen remunerativo, desconociendo la especificidad de las responsabilidades y la dinámica propia del servicio que prestan las distintas instituciones y Poderes de la República.

7. En el marco del análisis del Proyecto de Ley el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa reconoció la autonomía especial que tienen las universidades públicas catalogándola como una autonomía de gobierno plena, y se hizo ver lo improcedente que es para estas institucionales, el ser sometidas a Directrices del Poder Ejecutivo.

8. Con respecto al Proyecto de Ley el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) (véase la nota 3) señala que este implicará:

«a) Quebrantar el régimen de institucionalidad democrática costarricense contenido en el orden constitucional.

b) Atentar contra la descentralización de servicios estatales esenciales.

c) Revertir la despolitización del sistema de Servicio Civil defendida en nuestra Constitución Política al trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombramiento de su Director Generales.

d) Atentar contra la garantía de independencia entre poderes de la República.

e) Desalentar la educación pública, entendida como la más importante inversión social.

f) Violentar el régimen de independencia que en materia de administración, organización, planificación, gobierno y patrimonio establecen y garantizan los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.

(…)

Cualquier reforma en materia de empleo público debe respetar los principios constitucionales de igualdad salarial en igualdad de condiciones, de idoneidad comprobada, de rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad y de control de legalidad y constitucionalidad de la gestión administrativa; todo lo anterior dentro de la concepción misma del Estado Social de Derecho y su institucionalidad, que igualmente poseen rango constitucional. Compete a cada uno de los sectores de la Administración Pública velar por su observancia, sin que para ello sea necesario sustituirlos en el ejercicio de sus competencias de administración y gobierno«.

9. La representación de la Asociación de Funcionarios del ITCR (AFITEC), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional (UTRAUTN) y el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), emitieron el “Criterio sobre proyecto de Ley No. 21.336 Ley Marco de Empleo Público”, en el cual manifestaron que los sindicatos de las universidades públicas de manera enérgica nos oponemos y desaprobamos el proyecto de ley de Empleo Público, pues el mismo violenta de manera grosera nuestra autonomía universitaria, y como consecuencia de esta ley conllevaría a el empobrecimiento de los servidores de las universidades públicas.

10. Las universidades públicas tienen como principios orientadores de su quehacer el derecho a la educación superior, la excelencia académica e igualdad de oportunidades, la libertad de cátedra y a la libre expresión.

11. Es responsabilidad de las universidades públicas la búsqueda de la justicia, la eficiencia, la eficacia, la apertura de espacios para el diálogo y la creación de una consciencia crítica, así como el análisis de los problemas que afronta el país.

12. Las Instituciones de Educación Superior Pública son conscientes de la situación fiscal que atraviesa el país, la cual se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19, razón por la cual con el propósito de contribuir con la discusión de esta iniciativa se elaboró y divulgó, durante el año 2019, el documento denominado “Sobre el proyecto de ley marco de empleo público” (véase la nota 4). Adicionalmente, en febrero de 2021, la Universidad de Costa Rica brindó una serie de recomendaciones en el informe titulado «Análisis del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente 21.336)» (véase la nota 5).

Lo anterior, especialmente cuando el proyecto de ley muestra, entre otras, las siguientes inconsistencias:

a) No presenta datos sobre el posible ahorro que pretende alcanzar con el establecimiento del salario único, así como del impacto en el consumo nacional al generar una reducción del poder adquisitivo de los empleados públicos, especialmente cuando esto último afecta cualquier posible reactivación de la economía nacional.

b) Contiene vicios de constitucionalidad dado que entra en contradicción con las potestades que ha brindado la Constitución Política a institucionales tales como las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las disposiciones contenidas con respecto al salario global y la gestión o evaluación del desempeño son claros ejemplos de transgresión a la políticas de autoorganización y por ende a la independencia administrativa, política, de organización y gobierno de las universidades públicas; principalmente, cuando esa independencia la faculta para regular y organizar las actividades de docencia, acción social e investigación en general, y para establecer las regulaciones propias de su régimen de empleo, los parámetros de selección y contratación del personal académico y administrativo idóneo, sus deberes, obligaciones y potestades.

c) El Proyecto de Ley es omiso con respecto a la complejidad, la diversidad y la naturaleza de las instituciones de educación superior públicas. Al respecto, cabe señalar que las universidades públicas desarrollan su quehacer a partir de tres actividades sustantivas, a saber: la docencia, la investigación y la acción social, con las cuales busca cumplir con el mandato constitucional que se le ha dado a estas instituciones y el cual justifica que se les haya otorgado la autonomía que esta iniciativa pretende violentar.

13. El Proyecto de Ley marco del empleo público, mediante su propuesta de centralizar y homogeneizar, vulnera regímenes institucionales creados históricamente en función de la materia específica a la que se dedican los entes públicos, amparados por la Carta Magna y la jurisprudencia constitucional, en particular en lo que se refiere a los regímenes de autonomía administrativa, política y funcional vigentes, e incluso podría infringir convenios y normativas internacionales, como los suscritos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

14. El Proyecto violenta el régimen de autonomía administrativa, propia de las Municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social, así como el régimen de independencia de administración, organización y gobierno exclusivo de las universidades estatales. Por otra parte, el Proyecto vulnera los derechos fundamentales derivados de la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la no discriminación. Sobre estos asuntos, también se emiten criterios contrarios a los acuerdos internacionales suscritos con la OIT.

15. La oportuna gestión del empleo y el óptimo aprovechamiento de los recursos institucionales son preocupaciones universitarias, es por ello que se han implementado acciones encaminadas a la sana administración de la Hacienda Universitaria y del recurso humano. Estas acciones se han desarrollado en el marco de lo dispuesto en la norma constitucional y resguardando los principios y propósitos institucionales, la libertad de pensamiento y la criticidad de las realidades nacionales, por lo que bajo ninguna circunstancia proceden de entes externos.

16. Los criterios de eficiencia y eficacia económica no deben imponerse sobre “el mayor bienestar a todos los habitantes del país”, así como sobre el “más adecuado reparto de la riqueza”, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50. Sin embargo, el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público busca limitar los alcances sociales del Estado y la participación política de los trabajadores, lo cual puede generar una mayor precarización del empleo público, a la pérdida de profesionales competentes y el ensanchamiento de la brecha de la desigualdad; todo esto desde un Estado cada vez más débil y un sistema de salarios que no posee poder competitivo ni adquisitivo a futuro.

17. El Proyecto de Ley desconoce la complejidad de la gestión pública y la importancia de mecanismos democráticos para el funcionamiento del Estado de Derecho. Este Proyecto de Ley no sólo violenta el marco legal existente, sino que desestima los mecanismos de concertación democrática y genera condiciones de conflictividad social y política.

18. Las universidades estatales somos herederas de una visión de Estado inclusivo, solidario y democrático, de esta manera, conscientes que nuestras acciones del presente marcarán indeleblemente el futuro de las próximas generaciones, más allá de la crisis fiscal y los efectos adversos de la pandemia, repudiamos todas aquellas iniciativas de ley y reformas sustentadas en líneas de pensamiento ligeras, intereses cortoplacistas y mercantilistas, que so pretexto de contribuir al fortalecimiento de dicho modelo estatal, menoscaban ferozmente una institucionalidad visionaria que procuraba la supresión de toda forma de desigualdad, la defensa de los derechos inalienables de los pueblos y la promoción de un desarrollo económico sustentado en el principio de solidaridad, al cual todos y todas debemos contribuir para su consolidación.

Dado lo anterior, ACUERDA:

1. Alertar a la comunidad universitaria y nacional sobre los posibles impactos sociales, políticos y económicos que el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público puede generar en la institucionalidad, la gobernanza y la sociedad costarricense, así como sobre los vicios de inconstitucionalidad que presenta.

2. Solicitar a las rectorías de las universidades públicas que hagan un llamado urgente, coherente y claro, a la comunidad universitaria para que participe en las actividades que surjan en defensa de nuestra autonomía.

3. Publicar en diferentes medios de comunicación el presente pronunciamiento y darle la mayor difusión posible.

M.Sc. Tomas R. Marino Herrera
Presidente del Consejo Universitario, Universidad Nacional (UNA)
M.Sc. Patricia Quesada Villalobos
Directora del Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica (UCR)
Dr. Emmanuel González Alvarado
Rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN)
Ing. Luis Paulino Méndez Badilla
Rector y presidente del Consejo Institucional, Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Mag. Rodrigo Arias Camacho
Presidente del Consejo Universitario, Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Fuente: http://www.elpais.cr/2021/02/19/consejos-universitarios-de-universidades-publicas-rechazan-ley-de-empleo-publico/
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Venezuela: La Universidad del Zulia publica un pronunciamiento ante la “Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, Basado en la Reactivación del Aparato Productivo”. (documento en pdf)

La Universidad del Zulia, desde la Facultad de Humanidades y Educación y la Escuela de Filosofía de esta Institución, publican un Pronunciamiento ante la “Redimensión del Sistema Nacional de Ingreso Universitario, Basado en la Reactivación del Aparato Productivo”.

Leer el documento completo aquí: Pronunciamieno Filosofia ante RPIUN

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España: El 25% de las titulaciones de grado en las universidades públicas cubren menos del 75% de las plazas ofertadas

Un 36,9% de los ocupados graduados superiores están empleados en ocupaciones de baja cualificación.

El 13,2% de las titulaciones de grado en las universidades públicas presenciales españolas han tenido en el curso 2019-2020 un 50% o menos de la ocupación y un 11,4% adicional ha tenido una tasa entre el 51% y el 75%; es decir, que una de cada cuatro titulaciones deja de cubrir el 25% o más de las plazas ofertadas con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción.

Así lo destaca la Fundación CYD, que ha presentado este jueves el Informe CYD 2019, la XVI edición de su informe anual sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo. El acto, transmitido por streaming, ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación CYD, Ana Botín; el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CYD, Javier Monzón; y el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril.

Según pone de manifiesto el informe, en el curso 2019-2020 existían en España 87 universidades activas (50 públicas y 37 privadas). Desde 1998, año de la creación de la última universidad pública, las privadas han ido aumentado su número, creándose algo más del 50% de las actualmente existentes, así como la tasa de participación en el conjunto de estudiantes matriculados.

Tras seis años consecutivos con variaciones anuales negativas en el número de matriculados en grado para el conjunto del sistema universitario español, en el curso 2018-2019 ha ascendido ligeramente (cerca de 3.000 estudiantes) hasta alcanzar los 1.290.455 alumnos. Sin embargo, contrasta la evolución negativa (por séptimo año consecutivo) de los matriculados de Grado en las universidades públicas frente a la variación positiva en las privadas.

En el caso del máster oficial, también por séptimo año consecutivo, aunque se registra un incremento de alumnos en los dos tipos de universidades, el crecimiento de las públicas es inferior al de las privadas.

Otro dato que aporta el informe es que, según información de las universidades que participan en U-Multirank (que brinda una clasificación internacional de las instituciones de educación superior y del cual Fundación CYD forma parte de su Consorcio), los programas ofrecidos de forma completamente online en la universidad española (antes de la pandemia) suponían únicamente un 2,76% de la oferta total y un 1,29% en las universidades europeas.

Sobrecualificación

Los datos que recoge el Informe CYD 2019 indican que se mantiene la tendencia de sobrecualificación, es decir, un alto nivel de graduados ocupando puestos de trabajo que no requiere dicha titulación (sobrecualificación) y un elevado nivel de titulados superiores con un nivel de competencias reducido en comparación con el resto de los países de la OCDE (sobretitulación).

La sobrecualificación se expresa, según Eurostat, por el hecho de que un 36,9% de los ocupados graduados superiores están empleados en ocupaciones de baja cualificación, el porcentaje más elevado de todos los países de la UE. Todo ello se desarrolla en un contexto en que, en perspectiva europea, el 38,6% de la población española de 25 a 64 años se encuentra en posesión de una titulación de nivel superior, más de 5 puntos porcentuales por encima del dato de la UE-28. Sin embargo, también se detecta que el 38,7% de los españoles solo tiene, como máximo, estudios obligatorios, lo que sitúa al país en el lugar 26 de la UE-28. Además, solo el 22,7% dispone de estudios secundarios postobligatorios no terciarios, el porcentaje más reducido de la UE-28.

Si se relacionan estos datos con los indicadores de inserción laboral de los graduados superiores, España era en 2019 el tercer país de la UE con una tasa de empleo más baja, el segundo con mayor tasa de paro, más del doble que la europea (8,1% frente a 3,7%) y el decimocuarto, de los 34 países de la OCDE con datos, según la prima salarial de los graduados superiores en relación a los ocupados con estudios postobligatorios no terciarios (Bachillerato y ciclos formativos de grado superior).

Financiación

Por otro lado, el gasto total anual en educación superior por estudiante a dedicación completa era en España en 2016 un 19% inferior al del promedio de la OCDE. Además, el gasto en educación superior por alumno disminuyó en España de 2010 a 2016 casi un 15% frente al continuo ascenso experimentado por la OCDE. El indicador español de gasto público en educación superior sobre gasto público total era el undécimo más reducido de la OCDE.

Atendiendo, específicamente, a los presupuestos liquidados de las 47 universidades públicas españolas presenciales, los ingresos totales (9.363 millones de euros en 2018) siguen siendo un 9,9% inferiores a los datos del 2009, lo que da idea de la pérdida de recursos del sistema universitario público.

Por otro lado, entre los cursos 2007-2008 y 2017-2018, España ha sido uno de los países (según datos de la OCDE publicados en Education at a Glance 2019) que más incrementó los precios de las matrículas en las universidades públicas. Dicho aumento se llevó a cabo en buena parte de las comunidades autónomas, aunque de manera muy desigual, existiendo en el territorio español una gran disparidad a nivel regional de los precios públicos universitarios, como consecuencia de la descentralización de las competencias de fijación y variación de precios en la educación superior.

Internacionalización

En términos de presencia de estudiantes internacionales con matrícula ordinaria en el sistema universitario español, solo el 1,2% de los matriculados en Grado eran extranjeros en 2017, mientras que el promedio de los países de la OCDE se situaba en un 4,4%. En el máster, el dato de España del 10,3% se quedaba más cerca del promedio de la OCDE (12,7%), superando a 9 países de los 29 considerados.

Además, según los resultados de U-Multirank en 2020, en la dimensión de orientación internacional destaca el indicador de movilidad de estudiantes, con una presencia de universidades españolas en grupos de muy buen y buen rendimiento, un 49,1% mayor que la de las instituciones de educación superior mundiales y europeas.

Sin embargo, los resultados obtenidos en el resto de los indicadores (titulaciones de grado y máster en idioma extranjero, profesorado extranjero y publicaciones en colaboración con instituciones extranjeras) muestran que el grado de internacionalización de las universidades españolas está por debajo del resto de instituciones de educación superior analizada por el U-Multirank de Europa y del mundo.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/12/17/fortunas/1608208838_074561.html

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Perú: Benavides ratifica que en el 2021 habrá 15 mil nuevas vacantes para universidades públicas

América del Sur/Perú/16-08-2020/Autor(a) y Fuente: www.andina.pe

En este Gobierno hay una apuesta muy importante por la universidad pública, destaca.

El ministro de Educación, Martín Benavides, ratificó que en el año 2021 se crearán 15 mil nuevas vacantes en universidades públicas del país a fin de que más estudiantes accedan a las oportunidades que ofrecen dichas casas superiores de estudio. Vea aquí la galería fotográfica

Benavides dijo que «en este Gobierno hay una apuesta muy importante por la universidad pública» y destacó que el proceso de licenciamiento las ha fortalecido, especialmente a las tradicionales como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad San Marcos o la Universidad San Agustín (Arequipa).
«Estamos convencidos de que tenemos que fortalecer la universidad pública. Estamos ampliando la matrícula. En el año 2021 se ampliarán a 15 mil las vacantes nuevas en la universidad pública para poder albergar, sobre todo, a estudiantes de zonas donde hubo problemas de licenciamiento», expresó al responder a nuevas interrogantes de los congresistas en el marco del pliego interpelatorio del Parlamento.
Manifestó que otras medidas para mejorar la universidad pública son fortalecer las capacidades pedagógicas de enseñanza virtual gracias a la asistencia técnica de universidades extranjeras y nacionales. Cabe indicar, dijo, que un total de 47 universidades públicas han iniciado sus clases a través de educación virtual.
De igual modo, comentó que se destinarán unos 34 millones de soles para fortalecer la infraestructura tecnológica de las universidades públicas y que pronto saldrá un decreto destinado a mejorar la conectividad en la enseñanza virtual durante la pandemia del coronavirus.
Benavides
En otro momento, Benavides refirió que la reforma universitaria ha avanzado y debe consolidarse. Destacó que el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es autónomo y técnico y aseguró que no hubo ninguna irregularidad en sus decisiones de licenciamiento o denegatoria del licenciamiento.
«No hubo beneficio alguno para ninguna universidad privada. Las que tuvieron que dejar de funcionar, porque incumplieron las condiciones básicas de calidad, fueron principalmente privadas. En ese sentido, no hubo (por parte de Sunedu) ningún tipo de beneficio para esas universidades», enfatizó.
Señaló que, con el proceso de licenciamiento, ahora es similar la oferta de universidades licenciadas públicas y privadas. «El 50% son públicas y el 50% son privadas».
Finalmente, Benavides informó que a la fecha 22,947 estudiantes de universidades con licencia denegada se han trasladado a universidades licenciadas. Agregó que para estudiantes con bajos recursos que desean trasladarse se han otorgado 4200 becas a través de Pronabec.

Tablets

Sobre la adquisición de las tablets para la educación básica regular, el ministro Benavides indicó que su portafolio hace todo lo posible para solucionar el problema suscitado en el proceso de contratación debido al lamentable comportamiento de una empresa.
Afirmó que la estrategia de cierre de brecha digital (tablets) beneficiará en una primera etapa al 88,4 % de los servicios educativos rurales de primaria y secundaria.
Fuente e Imagen: https://www.andina.pe/agencia/noticia-benavides-ratifica-que-el-2021-habra-15-mil-nuevas-vacantes-para-universidades-publicas-809866.aspx
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Exigen en Paraguay entrega sin cambios a normativa universitaria

América del sur/Paraguay/13 Agosto 2020/prensa-latina.cu

Estudiantes universitarios de Paraguay centran su atención hoy en la entrega del ‘arancel cero’ sin modificación alguna por parte de la Cámara Baja, que aplazó su análisis por espacio de 15 días.
La normativa, aprobada ya por la Cámara de Senadores, establece la prohibición del cobro de cuotas, exámenes y otros en los cursos de grado de las instituciones de educación superior dependientes del Estado.

Desde el Palacio Legislativo señalaron que la Cámara Baja alegó necesitar más tiempo para el análisis del documento, sin embargo los estudiantes recomendaron el uso del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) para cubrir los aranceles de ocho universidades públicas.

‘Consideramos que el Estado debe usar todos los recursos disponibles para paliar la crisis y garantizar la educación pública en las universidades, usando en este caso recursos genuinos como los del Fonacide’, manifestó el estudiante de la Facultad de Economía, Fabrizio Núñez.

Según estimados realizados por los estudiantes se necesitan alrededor de 17,5 millones de dólares para cubrir los aranceles de lo que resta del año y otros 30 para el año entrante.

Esto beneficiaría a unos 80.000 universitarios de Asunción, Central y el interior, señalaron los estudiantes.

El FFEI es una instancia pública con participación de la sociedad civil creada para destinar recursos a programas y proyectos con el objetivo de elevar la calidad de la educación, en la búsqueda de la excelencia educativa y la promoción de la investigación.

Por su parte, el Fonacide, es igualmente un creado a partir de los ingresos generados por la cesión de energía de la Represa de Itaipú a Brasil, parte del cual se destina a mejorar la infraestructura de las escuelas en situación de riesgo.

Además financia almuerzos escolares y becas de investigación. También se utiliza en el área de la salud, para el fortalecimiento de hospitales públicos.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=389177&SEO=exigen-en-paraguay-entrega-sin-cambios-a-normativa-univesitaria
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Colombia. Matrícula Cero exigen los estudiantes en la Universidad Nacional

Continúa la lucha estudiantil por la «Matrícula Cero»; estudiantes de la Universidad Nacional, realizan la protesta desde el 27 julio de 2020. Se encadenaron en las sedes de Bogotá, Medellín Palmira y Manizales, exigen el no pago de matrícula al Gobierno Nacional.

«No es lógico que en medio de esta emergencia sanitaria se cobre la matrícula en la universidad pública; razón por la que dicen el Estado debe responder».

Las protestas se desarrollan con los protocolos de bioseguridad establecidos; además se instaló un campamento humanitario en la portería de la carrera 26. Carlos, estudiante de Derecho, informó que “Los días previos a la toma de la sede Bogotá, fueron de preparación; se conformaron los comités de salud, pues, obviamente estamos en una pandemia y no podíamos irnos descalzos a realizar esto como si nada, y podíamos dar una excusa para que nos sacaran fácilmente, fue un tiempo de planeación”.

Al inicio de la manifestación los estudiantes tuvieron dificultades con la División de Vigilancia y Seguridad – DVS, de la Universidad Nacional; y aunque explicaron las razones de la protesta se generó un proceso de persecución en contra de los estudiantes que están en esta toma pacífica.

Carlos afirmó: “Estamos en un Estado que le gusta perseguir al pensamiento disidente, y que le gusta perseguir a la población colombiana que piensa diferente, y que tiene una actitud revolucionaria, y que tiene una actitud no conformista frente a la vida, frente a los problemas sociales en general”.

Aunque hubo una gran cobertura y divulgación a través de los distintos medios de comunicación. Según los estudiantes, los medios nacionales tergiversaron la información; afirmando que todos los semestres se le paga a los estratos uno y dos la matricula, lo cual es mentira.

Otra de las tergiversaciones seria que los estudiantes tendrían un 42% de descuento en la matrícula; afirmación que rechazo Carlos y agregó:

“Lo que se ve es que va a haber un alto porcentaje de deserción estudiantil, por la cantidad de estudiantes que están por fuera del rango de los estratos uno y dos, es de un porcentaje muy alto, es increíble”.

El Gobierno Nacional debe responder

Los estudiantes que participan en el plantón, afirman que exigencia  es para el Gobierno Duque; “el gobierno debe cubrir los déficits fiscales históricos que tiene la Universidad Nacional, que hoy es superior a los 70 mil millones y no demora en llegar a los 80 mil millones de peso. Esta es una cifra mucho menor a la que el Gobierno le regaló en plena pandemia a los bancos, suma que se acerca a los 500 mil millones”. Invitan a la comunidad universitaria a unirse a las peticiones y pretensión por Matrícula Cero y pago del déficit fiscal.

Para los estudiantes es un descaro que el Gobierno cobren un derecho fundamental en plena crisis;  La familias están sorteando la crisis en medio de la necesidad, desempleo y problemas económicos. Estas condiciones evidencia la necesidad que plantearse a la gratuidad no solo para este semestre, sino definitiva; además indican que la «Matrícula Cero» también debería aplicar para las universidades privadas.

Violaciones a los Derechos Humanos y estigmatización

“Han sido días de mucha tensión, la División de Vigilancia y seguridad nos ha tenido cercados, no hemos podido ir a buscar leña para hacer una buena fogata, no nos dejan pasar de la portería de la 26 y desde aquí hemos gestionado las necesidades que tenemos, la comunidad ha sido muy amena con nosotros, no solo la comunidad estudiantil, sino también los profesores y administrativos, nos han ayudado con mercado, con agua, sobre todo la comunidad barrial, las organizaciones sociales y movimientos también han venido a apoyarnos”.

Nicolás Garzón Becerra, estudiante de Derecho que desde el primer día les cortaron el servicio de agua que ni siquiera es potable dijo que “darse cuenta de que fuimos a la lavar algo en una llave que hay fuera de un edificio, inmediatamente quitaron el cerrojo de la llave para no dejarnos usarla”. Agregó que reciben apoyo de las familias,  el Padre Campo Elías – Capellán de la Universidad Nacional y la Primera Línea de Bogotá.

Con respecto a la negociación con la universidad; los estudiantes aseguran que: “lo único que ha hecho la universidad es mandar el comunicado número 18 de la rectoría, donde aseguran que los estudiantes son unos irresponsables por no tener en cuenta que estamos en medio de una pandemia”.

Nicolás y Carlos invitaron a los estudiantes de las diferentes universidades en todo el país para que se sumen a este ejercicio de reclamar el no cobro de la matrícula o «Matrícula Cero«.

Carlos manifiesta “que es una discusión que comunidades, sociedades, incluso países en el mundo han resuelto y es que los derechos no pueden estar sujetos al mercado, en esta pandemia nos damos cuenta de que el modelo económico que tenemos en Colombia tiene pies de barro, no es un sistema que pueda sostener una sociedad en general, que además en Colombia se comprueba que es sustancialmente desigual, es decir no puede ser que la buena educación sea un privilegio”.

El acceso a educación universitaria no debe ser un privilegio

En las universidades del país, los estudiantes han luchado porque el acceso no sea un privilegio; es deber de los gobiernos garantizarlo, las luchas iniciadas en la pandemia por «Matrícula Cero«, son semilla para las luchas por la gratuita, una educación científica y al servicio de los colombianos, no del mercado.

El gobierno debe cubrir el déficit histórico,   que solo en la Universidad Nacional asciende a 72 mil millones de pesos semestrales; y que a 2018 se calculaba en 15 billones de pesos. En medio de la pandemia el Gobierno Duque mediante decreto 662, ordenó la entrega recursos de tan solo 5 mil millones de pesos, recursos insignificantes ante déficit y desfinanciación de la educación superior.

Senadores y representantes apoyan las movilizaciones por «Matrícula Cero»

En una carta enviada por los senadores de la Bancada Alternativa a la Ministra de Educación María Victoria Ángulo  voluntad política exigieron asegurar matricula cero para los y las estudiantes de las Universidades públicas. En la comunicación expresan:

“La pandemia ha afectado notablemente los bolsillos de las familias colombianas debido a la pérdida del empleo y las restricciones a la movilidad por las cuarentenas en las distintas ciudades, afectando entre otras, las posibilidades de continuar los estudios de educación superior, calculados en alrededor del 50% de deserción a lo largo y ancho del país, según un comunicado emitido por varios rectores de las principales universidades en días pasados.

La cifra, señalan los congresistas en la misiva, es mucho más preocupante para las y los estudiantes de las universidades públicas, pues las familias de los estratos 1 y 2 que han accedido a la educación superior son quienes más han sido afectados por no contar con garantías laborales, empleo formal o posibilidad de ahorro”.

Fuente: https://kaosenlared.net/colombia-matricula-cero-exigen-los-estudiantes-en-la-universidad-nacional/

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