Centro América/Puerto Rico/19 Julio 2018/Fuente: Prensa Latina
La presidenta del organismo público, Georgina Candal Segurola, aclaró que en el proceso de cierre de escuelas no se consideraron las necesidades del estudiantado ni se dio un peso adecuado al criterio de aprovechamiento académico, además de que se violentaron los derechos de los alumnos de educación especial al no proveer la participación de sus padres, madres o encargados en el cambio de ubicación.
En su informe, la Comisión de Derechos Civiles recalcó que el Ministerio de Educación incumplió la responsabilidad básica que tiene de que sus decisiones tomen en cuenta los intereses particulares de las comunidades y personas afectadas por sus acciones.
Aseguró que las decisiones deben estar sustentadas por un peritaje articulado y después de un proceso democrático de deliberación.
El documento incluye también varias recomendaciones de la CDC, como establecer una moratoria de un año que permita un proceso ordenado mediante el cual se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar, incluyendo al alumnado y a los padres y madres.
El gobierno puertorriqueño decidió el cierre arbitrario de cientos de escuelas, mientras otras las ha traspasado a intereses particulares, como congregaciones religiosas fundamentalistas.
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