Asunción / 31 de marzo de 2016 / Por: EFE Asunción / Fuente: http://www.eldiario.es
La Coordinadora de Abogados de Paraguay (Coapy) presentó hoy una denuncia contra la ministra de Educación, Marta Lafuente, por lesión de confianza, tras descubrirse una supuesta sobrefacturación de productos adquiridos por el Ministerio, explicó a Efe Kattya González, representante de Coapy.
La denuncia hace referencia a unas facturas, publicadas en la web del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que detallan los montos desembolsados por productos como agua mineral o mate cocido (té de yerba mate) ofrecidos en reuniones organizadas por el Ministerio.
Según González, estas facturas evidencian que el Ministerio pagó «montos absurdos» por estos artículos, que se encuentran «casi 100 veces por encima de su precio de mercado para un minorista».
Así, reveló que en las facturas se fija en 80.000 guaraníes el precio del litro de mate cocido (unos 13 dólares), mientras que su costo para un minorista rondaría los 500 guaraníes (0,08 dólares).
Para el agua mineral, el Ministerio pagó 10.000 guaraníes (1,60 dólares) por cada botella de medio litro, que para un minorista costaría también unos 500 guaraníes (0,08 dólares).
La Coapy consideró estos hechos como «indicios de malversación de fondos públicos» y pidió que se inicie una investigación contra Lafuente, que podría revelar a más funcionarios o empresas adjudicatarias involucradas en una presunta trama de corrupción.
La representante de Coapy solicitó que la ministra de Educación dimita o sea apartada de su cargo ante estos «hechos injustificables».
González explicó que la pena por la lesión de confianza en Paraguay está establecida en hasta ocho años de privación de libertad, que podrían ampliarse si se demuestra que se cometió tráfico de influencias o hubo un enriquecimiento ilícito.
Agregó que el «despilfarro» que dan a conocer las facturas es incompatible con la situación de «precariedad» en las instalaciones de las instituciones educativas paraguayas.
Destacó además el papel de los estudiantes de secundaria en el control de los documentos relativos a las finanzas del Ministerio de Educación, accesibles a través de su página web, siguiendo las disposiciones de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública, que obliga a las instituciones estatales a divulgar todos los datos que no estén legalmente definidos como secretos.
Los estudiantes de secundaria, respaldados después por los alumnos de la Universidad Nacional de Asunción, la principal del país, protagonizaron a finales de 2015 una serie de movilizaciones que destaparon una trama de corrupción en la universidad y desencadenaron la renuncia de varios de sus dirigentes y el ingreso a prisión de su hasta entonces rector.
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