El Gobierno nacional avanza con el decreto para promulgar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso hace poco más de una semana.
Sin embargo, su aplicación quedará en suspenso: al igual que ocurrió con la norma que declaró la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo pedirá al Parlamento que defina de qué partidas saldrán los fondos para cubrir los nuevos gastos.
El pasado 2 de octubre, el Senado rechazó de manera contundente los vetos presidenciales a dos leyes clave: la de Emergencia Pediátrica —conocida como Ley Garrahan— y la de Financiamiento Universitario. Con esta votación, ya son tres los vetos de Javier Milei que no lograron sostenerse en el Congreso.
A pesar de ello, la Casa Rosada prepara la promulgación formal de la norma en los próximos días, aunque sin habilitar los recursos para su ejecución.
Según cálculos de la oposición, la actualización de fondos para las universidades representa un gasto adicional del 0,14 por ciento del PBI (1.059 millones de pesos). El oficialismo, en cambio, eleva esa cifra a más de 1.500 millones de pesos.
El antecedente inmediato es el decreto 681/25 firmado el 22 de septiembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que oficializó la ley de discapacidad.
Allí se argumentó que el Congreso había omitido precisar el origen del financiamiento para cubrir los gastos que la norma implicaba.
Ahora el Gobierno insiste con la misma postura: que sea el propio Parlamento, a través de la discusión del Presupuesto 2026, el que establezca cómo se incrementarán los recursos.
En este marco, se descarta reasignar partidas del presupuesto vigente o realizar ajustes retroactivos por inflación.
No obstante, hubo reconocimientos puntuales: la Universidad Nacional de La Plata recibió 4.000 millones de pesos como compensación por el aumento de sus gastos tarifarios.
Mientras tanto, desde la oposición crecen las presiones para que el Ejecutivo cumpla con lo aprobado.
El 6 de octubre, Elisa Carrió envió una carta documento a Francos exigiendo que se reasignen las partidas necesarias para garantizar la aplicación de la Ley de Emergencia del Garrahan, ratificada días antes por el Parlamento.
El Gobierno, sin embargo, se respalda en el artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que toda norma que autorice gastos debe prever expresamente su financiamiento.
En caso contrario, su ejecución quedará suspendida hasta que las partidas sean incorporadas al presupuesto nacional. Con ese argumento, el oficialismo transfiere la responsabilidad a la oposición, que consiguió la mayoría agravada para rechazar los vetos presidenciales.
De esta manera, la estrategia oficial busca evitar un conflicto judicial inmediato y trasladar la discusión al debate presupuestario.
Según lo estipulado por la normativa citada, cualquier reconocimiento de derechos derivados de estas leyes solo tendrá eficacia a partir de la sanción de la futura ley de presupuesto en la que se contemplen los recursos necesarios.
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