506 privados de libertad han fallecido en cuatro años del régimen de excepción, según informe de Socorro Jurídico
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2026 han muerto 502 adultos y cuatro menores de edad durante la privación de libertad que sufrieron en el marco del régimen de excepción en El Salvador, según el informe presentado por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Este 27 de marzo de 2026, mientras se brindaba el informe, era velado Gerber Oswaldo Hernández Roque, la víctima número 506. Él había sido capturado en agosto de 2023 y dentro de prisión adquirió insuficiencia renal. Gracias a la presión del SJH logró salir con medidas en 2025, pero desde entonces estuvo hospitalizado muchas veces y su cuerpo ya no resistió más.
“Hace un año que subimos su proceso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la captura arbitraria de Gerber, que tenía 33 años. Él solo permaneció un año en el penal de Izalco y luego fue traslado al penal de Quezaltepeque, ya enfermo de insuficiencia renal. Él pasó mal de salud todo 2026 y ayer (26 de marzo) murió en un hospital privado, porque en un hospital público ni siquiera tenía acceso a diálisis”, expuso Ingrid Escobar, directora del SJH.
Para el informe presentado este 27 de marzo el SJH analizó la muerte de 500 adultos y documentó que el 92 % de ellos fallecieron sin tener una segunda audiencia, es decir, todavía no se había demostrado su culpabilidad de los delitos que les imputaban.
También reportaron que 210 fallecidos estuvieron recluidos en el centro penal de Izalco y que las dos principales causas de muerte son la falta de atención médica por enfermedades (32%) y la muerte violenta (30%).
“La causa principal de muerte que indican las esquelas de Medicina Legal es edema pulmonar, pero tenemos pruebas de violencia física, de golpes en el cráneo. Tenemos toda la prueba documental y los testimonios que vamos a presentar ante instancias internacionales”, explicó Escobar.
En fosas comunes
El informe del Socorro Jurídico Humanitario también revela que el mes con mayor cantidad de privados de libertad fallecidos fue junio de 2022, cuando se reportaron 41 víctimas. Luego las cifras se redujeron drásticamente, pero Ingrid Escobar considera que eso se debe a que las autoridades han ocultado información sobre los casos.
“Lo que sucedió es que las muertes comenzaron a resonar a nivel internacional y creemos que a partir de junio de 2022 las autoridades optaron por enterrar los cuerpos en fosas comunes y muchas veces las víctimas tenían mal escrito el nombre. Esto representa una táctica para esconderlos, para que los familiares no supieran lo que había pasado y argumentar que nadie había reclamado los cuerpos”, explicó la directora del SJH.
Por ello entre las recomendaciones que brinda el informe está la petición de que el Instituto de Medicina Legal cree un álbum fotográfico con los rostros de quienes fueron enterrados en fosas comunes y que este se ponga a disposición de las familias para verificar identidades.
También solicitaron el fin de la medida del régimen de excepción y transparencia en las cifras reales de fallecidos, pues consideran que esta podría rondar los 1,500.
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