Europa/España/21 de febrero de 2017/Fuente: el mundo
La consejera de Educación del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, consiguió con su comparecencia del pasado miércoles en el Parlamento Vasco que todos los sindicatos del sector de la enseñanza vasca, sin excepción, mostraran su «indignación» porque la consejera centrara en los docentes la mayor parte de la carga de los malos resultados obtenidos por los alumnos vascos en las últimas pruebas PISA. Por ejemplo, la consejera propuso establecer en las universidades una prueba de acceso específico para los futuros docentes e insistió en la necesidad de que se produzca una formación continua en el profesorado, dando a entender que no se encuentran a la altura de lo que se les exige en la actualidad. Sin embargo, pasó de puntillas por otras cuestiones que las centrales consideran esenciales para el buen funcionamiento de la Educación vasca: «estabilidad de las plantillas, recortes, ratio de alumnos por profesor o el fracaso de sus políticas llevadas a cabo si el consenso de la comunidad educativa».
Todos los sindicatos coincidieron en la disposición del profesorado a seguir formándose para dar la mejor educación a los alumnos vascos, pero rechazaron que se les utilice para tapar las carencias del Departamento. Unas carencias para las que reclamarán soluciones al menos con dos huelgas en el mes de marzo: una el día 9, secundada por CCOO y UGT siguiendo la convocatoria estatal de la Plataforma por la Enseñanza Pública y otra el día 22 de marzo convocada por ELA, LAB y Steilas.
«No vamos a aceptar que la consejera haga responsables a los docentes de su propia ineficacia», señaló el representante de Educación de CCOO Euskadi, Pablo García de Vicuña, que exigió una «rectificación pública a la consejera.
«Habrá que recordar a Uriarte que los resultados del informe PISA son prácticamente calcados a los que había indicado la evaluación diagnóstica dos años antes, y la consejera no supo qué hacer ni puso las medidas oportunas», señaló García de Vicuña, que fue además muy crítico con la implantación del Programa Heziberri 2020: «Ha sido desproporcionada y tardía, los decretos curriculares han sido siempre aprobados iniciados ya los cursos correspondientes y con una implicación mínima del propio departamento a la hora de informar y formar al profesorado».
Xabier Irastorza, representante de la división de Educación del sindicato ELA, considera que el sector Educativo vasco tiene muchas cosas pendientes. «Como la consejera no quiere hablar de ellas, carga contra el profesorado». «Los recortes, la temporalidad, el número de alumnos por clase, las sustituciones de profesores… todo esto influye en la calidad de la enseñanza. Hay alumnos que llegan a tener hasta cinco tutores en un año por la temporalidad del profesorado. Pero de eso la consejera no quiere hablar», afirmó.
Tanto ELA como LAB y Steilas, convocantes de la jornada de huelga el día 22 piden aumentar las plantillas de la Educación pública en 2.000 personas en Euskadi, disminuir la temporalidad hasta el 6%, reducir un 10% el número de alumnos por clase, recuperar el poder adquisitivo del personal, que las sustituciones se realicen desde el primer día, que las bajas se paguen «en su integridad», y que se recuperen las medidas que «facilitan y acompañan» a la jubilación.
También UGT considera «asombroso y soez» que la consejera culpe al profesorado del fracaso de sus políticas.
El responsable del área de este sindicato, Joseba Muñoz consideró que la consejera ha tomado «el camino más fácil, acusar al profesorado, que es quien tiene que llevar al aula todas las ideas de la Consejería, sin haber sido ni siquiera consultado».
Muñoz culpó del deterioro de la calidad en el sistema educativo vasco a «las políticas desarrolladas por el actual equipo integrante del Departamento de Educación, quien nada más tomar posesión, finiquitó varios programas educativos» desarrollados por el anterior Gobierno del PSE, y que tenían «fuerte implicación en todos los centros educativos».
Mientras tanto, Cristina Uriarte se defendió ayer de las críticas y aseguró que la propuesta de establecer una prueba de acceso específica para acceder al Grado de Magisterio busca el «éxito» del alumnado que accede a esos estudios. Señaló que no se trata de poner el foco de las responsabilidades sobre nadie porque la responsabilidad es de «todos»: del profesorado, las familias, las administraciones y hasta de los partidos políticos. «Éste es un trabajo de todos, un trabajo en equipo», señaló la consejera.
Fuente :http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/02/17/58a711f722601d3b7c8b45df.html
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