Con tal propósito, acogió las propuestas de la exministra de Educación, Ivelise Prats, quien sugirió recurrir a procedimientos más creativos y de mayor aceptación por parte de los padres de los estudiantes y de la opinión pública.
El convenio rubricado por el ministro de Educación, Andrés Navarro, y el presidente de ADP, Eduardo Hidalgo, contempla además otras medidas a favor del magisterio y del estudiantado.
Una de ellas, la Evaluación del Desempeño a los docentes, incluirá incentivos, un viático mensual en los centros educativos rurales, y de manera puntual el pago de licencias pre y postnatal y por enfermedad.
Asimismo estableció el compromiso de las autoridades de mejorar las condiciones laborales de los profesores y las atención a los estudiantes, incluida el desayuno y el almuerzo escolar, y la distribución de uniformes y útiles escolares.
Sin embargo, el acuerdo que los firmantes consideraron beneficioso a toda la comunidad educativa, no fue aceptado por las corrientes predominantes en Azua, San Juan, Elías Piña y Barahona, que respondieron con paros. El obispo José Dolores Grullón dijo que el año escolar está en peligro en esas provincias y citó como ejemplo a la de Barahona, donde ni siquiera se ha cubierto la tercera parte del calendario escolar.
También el presidente de la comisión de Cultura del Senado, Eddy Mateo, criticó que el gremio firmara un acuerdo nacional y los dirigentes de esas provincias lo desconozcan, para riesgo del derecho de los niños a la educación.
El juez de Barahona Máximo Matos condenó a la seccional provincial de la Asociación Dominicana de Profesores a pagar 50 mil pesos (mil 55 dólares) por cada día sin docencia.
La reacción de varias corrientes magisteriales opositoras fue protestar por la medida judicial y declararse en rebeldía, pero la Juan Pablo Duarte aseguró que se plantea aplicar otros métodos de lucha para lograr sus reivindicaciones.
Ya que el sindicalismo de estado mayor se rindió, ahora procede volver a las aulas y avanzar los programas docentes porque ya el año escolar empieza su calendario regresivo, dice el texto de Prats.
Llamó a prepararse para la Evaluación de Desempeño a fin de lograr la mejor puntuación y evidenciar que las faltas no son del profesorado, sino del Ministerio de Educación.
También abogó por exigir en las escuelas transparencia administrativa e impulsar acciones inspiradas en el movimiento cívico Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad.
Otra iniciativa es visitar a las familias de los estudiantes, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación para exponer las limitaciones en cada centro y la negligencia de las autoridades.
La corriente JPD condenó la sentencia del juez contra los maestros de Barahona y la acusó de crear un mal precedente judicial, perjudicial para la lucha sindical y la protesta social en el país.
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